Escándalo por la venta de armas a Ecuador y Croacia cumple los años el 19 de septiembre.
Escándalo por la venta de armas a Ecuador y Croacia nació el día 19 de septiembre de 999.
La edad actual es 1025 años. Escándalo por la venta de armas a Ecuador y Croacia cumplió 1025 años el 19 de septiembre de este año.
Escándalo por la venta de armas a Ecuador y Croacia es del signo de Virgo.
La venta de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia-Herzegovina fue un escándalo político que tuvo lugar durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) en Argentina, y se refiere a una serie de ventas ilegales de armamentos fabricados en la Fábrica Militar de Río Tercero en Argentina, utilizados por Croacia y Bosnia-Herzegovina en las Guerras Yugoslavas y por Ecuador en la Guerra del Cenepa contra el Perú. La operaciones ilegales incluyeron la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995, que mató a siete personas, hirió a más de trescientas y destruyó parte de esa ciudad, que tramitó en un juicio diferente, donde se dictó sentencia condenatoria en 2014.
En 2010 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió oficialmente perdón al Perú, en nombre del Estado y el pueblo argentinos.
En 2018, veintitrés años después, la Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina, absolvió a todos los acusados argumentando que el tiempo que le llevó al poder judicial argentino resolver un caso relativamente simple, implicaba una violación a los derechos humanos de los acusados.
Desde 1992, diversas fuentes dieron cuenta del uso de armas argentinas por parte de Croacia en las Guerras Yugoslavas (1991-2001), y más adelante por parte de Bosnia-Herzegovina en el mismo conflicto, así como por parte de Ecuador en la Guerra del Cenepa (1995) contra el Perú.
En esos años gobernaba la Argentina el presidente Carlos Menem (1989-1999), quien firmó con el ministro de Defensa Oscar Camilión, tres decretos secretos entre 1991 y 1995 autorizando la venta de armas de guerra fabricadas en la Fábrica de Armas de Río Tercero, a Panamá (los dos primeros) y Venezuela (el tercero). Esas armas fueron las que finalizaron en manos de los ejércitos croata, bosníaco y ecuatoriano, y no habían sido encargadas ni por Panamá, ni por Venezuela. Adicionalmente, Panamá para esa época había sufrido la disolución de su ejército, como consecuencia de la invasión estadounidense de 1989.
El 3 de noviembre de 1995 se produjeron una serie de grandes explosiones en la Fábrica de Armas de Río Tercero que mataron a siete personas, hirieron a más de trescientas y dañaron un sector de la ciudad de Río Tercero. La investigación judicial reveló que se trató de un acto intencional con el fin de destruir pruebas de las ventas de armas a Ecuador y Croacia.
Las Guerras Yugoslavas (1991-2001) fueron una serie de violentos y crueles conflictos bélicos, plagados de violaciones de derechos humanos, de implicancias étnico-religiosas, que enfrentaron a las naciones y pueblos que integraban Yugoslavia, luego de que este país europeo se desintegrara en el marco del fin de la Guerra Fría. Yugoslavia había sido un Estado tapón de alta importancia estratégica, ubicado justo en la línea que dividía los bandos comunista y capitalista de Europa, manteniendo una postura no alineada. La caída del Muro de Berlín (1989) y la implosión de la Unión Soviética (1991), desequilibraron los precarios lazos inter-étnicos e inter-religiosos, al interior de Yugoslavia y causaron un realineamiento de sus nacionalidades internas (croatas, bosníacos, serbios, eslovenos, macedonios, albaneses, etc.) en función del nuevo orden mundial que se abrió a partir del triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría. En ese proceso de reordenamiento estratégico de las potencias mundiales, Estados Unidos y la OTAN apoyaron a Croacia y a Bosnia-Herzegovina (mayoría musulmana), mientras la debilitada Rusia, apoyó a Serbia (mayoría cristiana ortodoxa).
Perú y Ecuador se enfrentaron breve pero cruentamente, durante cinco semanas en 1995, en la llamada Guerra del Cenepa. La causa del conflicto fue la frontera aún no delimitada en el área del Río Cenepa y la Cordillera del Cóndor, así como la salida de Ecuador al río Amazonas. Ambos países se habían enfrentado en la Guerra peruano-ecuatoriana de 1941, que concluyó con el acuerdo de paz alcanzado al año siguiente en el Protocolo de Río de Janeiro, que instituyó a la Argentina como uno de los cuatro países que asumían la responsabilidad de garantizar la paz, junto a Brasil, Chile y Estados Unidos.
La mayor parte de las armas fueron enviadas a Croacia y Bosnia-Herzegovina, pero una parte sustancia importante fue enviada a Ecuador, entre ellas casi todos los cañones. En total Argentina le vendió a Ecuador 75 toneladas de armas y municiones, valuadas en 33 millones de dólares. Según el periódico peruano El Comercio, la lista de armas enviadas a Ecuador incluyó 8000 fusiles FAL, 36 cañones de 105 y 155 milímetros, 10 000 pistolas, 350 morteros, 50 ametralladoras pesadas y munición, 58 millones de balas, 45 000 proyectiles de cañón, 9000 granadas y 200 toneladas de explosivos.
Entre 1995 y 2010 las relaciones diplomáticas entre Argentina y Perú se mantuvieron congeladas en su punto histórico más bajo. En 2010 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió oficialmente perdón al Perú, en nombre del Estado y el pueblo argentinos. Como devolución el presidente peruano Alan García, dio por cerrado el "incidente" y llamó a retomar las relaciones.
El ministro de Defensa Oscar Camilión fue citado en el Senado a declarar ante una comisión investigadora presidida por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien pidió que el ministro dimitiera a su cargo. El tema fue investigado por el periodista Daniel Santoro del diario Clarín, quien publicó dos libros acerca del tema.
Según versiones periodísticas, había buen trato entre el Grupo Clarín y Menem, pero este último decidió no darle al principal grupo de medios gráficos y audiovisuales de la Argentina el acceso a la empresa de telefonía Telecom Argentina, para no entregarle un poder extra. Entonces el diario Clarín destapó el escándalo.
La investigación en Argentina se inició por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans y los hechos fueron investigados por el fiscal Carlos Stornelli, en tres causas llevadas adelante por los jueces Jorge Urso, Julio Speroni, y Marcelo Aguinsky. En 2000 la Cámara le ordenó al juez Aguinsky dejar la causa.
En el marco de las investigaciones preliminares fueron detenidos preventivamente el expresidente Carlos Menem, el exinterventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga, el exministro de Economía Domingo Cavallo y el asesor presidencial Emir Yoma.
En 2001 la Corte Suprema ordenó que las tres causas se unificaran en el fuero Penal Económico, donde se investigaba el delito de contrabando, quedando a cargo de la misma el juez Julio Speroni, quien dictó el sobreseimiento definitivo de todos los involucrados el 28 de agosto de 2003.
La Cámara de Apelaciones revocó el sobreseimiento dispuesto por Speroni, que fue objeto de severas críticas que motivaron su renuncia cuando el Consejo de la Magistratura se preparaba para someterlo a un jury de enjuiciamiento. La investigación pasó al juez Rafael Caputo, que elevó la causa a juicio en 2008, con 18 acusados, entre ellos el expresidente Menem y el exministro Oscar Camilión. Fue la primera vez en la historia argentina durante un gobierno democrático, que un expresidente de la Nación Argentina fue sometido a juicio. Resultó sorteado el Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 3 (TOPE 3), integrado por los jueces Horacio Artabe, Gustavo Losada y Luis Imas.
El juicio oral y público comenzó el 18 de octubre de 2008. Las audiencias se realizaron en las instalaciones ubicadas en la avenida Comodoro Py del barrio de Retiro y en las mismas declararon 383 testigos.
El 13 de septiembre de 2011 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos acusados.
La decisión se tomó por mayoría, con la disidencia del juez Losada. El 8 de marzo de 2013 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (Raúl Madueño, Luis María Cabral y Juan Carlos Gemignani) revocó la sentencia y dictó un nuevo fallo condenando a doce de los acusados, por contrabando de armas agravado, con excepción de Emir Yoma, Enrique de la Torre y Mauricio Musí, cuyas absoluciones en primera instancia fueron confirmadas. La Cámara estableció también que la pena correspondiente a los doce condenados sería establecida por el tribunal de primera instancia (TOPE 3).
En junio de 2013 el TOPE 3 fijó las condenas de Carlos Menem (7 años), Oscar Camilión (5 años y 6 meses), Diego Palleros (5 años), Manuel Cornejo Torino (4 años y 6 meses), Haroldo Luján Fussari (4 años y 6 meses), Carlos Alberto Nuñez (4 años y 6 meses), Jorge Antonio Cornejo Torino (4 años y 6 meses), Luis Sarlenga (4 años y 6 meses), Edberto González de la Vega (4 años y 3 meses), Julio Jesús Sabra (4 años), Carlos Franke (4 años) y Teresa Irañeta de Canterino (4 años).
El 22 de agosto de 2017, la Corte Suprema por unanimidad (Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz) hizo lugar a los recursos extraordinarios de los acusados y ordenó dictar un nuevo fallo en el menor tiempo posible.
La Corte Suprema sostuvo que faltó la garantía del “doble conforme” (dos fallos condenatorios), porque ante la absolución dictada por el tribunal oral, los procesados fueron condenados por primera y única vez en la instancia de la Cámara de Casación.
La causa fue enviada a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi) que el 4 de octubre de 2018 decidió absolver a todos los acusados debido a que no se había cumplido el "principio del plazo razonable" para arribar a una condena firme.
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