El Estatuto de Garantías Democráticas, también conocido como Estatuto de Garantías Constitucionales o como Pacto de garantías democráticas, fue una reforma constitucional impulsada y aprobada hacia el final del Gobierno de Eduardo Frei Montalva como condición del Partido Demócrata Cristiano (PDC) para apoyar con sus votos en el Congreso la ratificación de Salvador Allende.
La reforma apuntaba a asegurar la libertad de expresión, el derecho a reunión, el sistema nacional de educación, la inviolabilidad de la correspondencia, los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, la libertad ambulatoria y su régimen, el fortalecimiento de la propiedad privada, la limitación de la expropiación irracional, los derechos de las diversas organizaciones sociales y las bases constitucionales de la fuerza pública para impedir el paramilitarismo, entre otros.
Antes de 1989 en Chile no existía segunda vuelta electoral, por lo tanto, si un candidato presidencial no alcanzaba la mayoría de 50% de los votos, debía ser el Congreso Pleno quien debía elegir como presidente a uno de los dos candidatos más votados, aunque por tradición este siempre votó a favor del candidato con la mayoría relativa de los votos. La utilización del Congreso Pleno para confirmar al candidato con mayor número de votos ocurrió en cuatro oportunidades durante la vigencia de la Constitución de 1925, incluyendo la elección presidencial de 1970 ganada por Salvador Allende (solo elegido por el 36.63% de los votos), derrocado por un golpe de estado tres años después.
Sin embargo, la Unidad Popular (UP) por si sola no contaba con los votos en el senado para ratificar a Allende, pero sí el Partido Demócrata Cristiano. Se inició así, una intensa negociación sobre la ratificación del senado. La Unidad Popular apelaba a que era deber democrático ratificar a quién había sacado la mayor cantidad de los votos, por otra parte el Partido Demócrata Cristiano temía que la ratificación de Allende llevara a Chile a una Dictadura del proletariado, a una «cubanización» de Chile, violando el principio de Chile como República democrática, generando fuerza paramilitar a control del gobierno, así como el desconocimiento de los tratados que Chile había suscrito en materia de dignidad y libertad humana (en específico la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Nace así la necesidad de un Estatuto tanto para calmar a los sectores democratacristianos como para ratificar a Salvador Allende.
El estatuto finalmente fue aprobado por ambos partidos en octubre de 1970. A las 10:39 del 24 de octubre, se inició la votación del Congreso Pleno, dirigido por el presidente del Senado Tomás Pablo Elorza. Sufragaron 195 parlamentarios: Allende obtuvo 153 votos contra 35 de Jorge Alessandri y 7 en blanco. En consecuencia, el Congreso proclamó a Salvador Allende cumpliendo el compromiso de la Democracia Cristiana, el estatuto por su parte fue votado y promulgado el 9 de enero de 1971 vía Ley 17 398 cumpliendo el compromiso de la Unidad Popular.
El Estatuto reformulaba 24 aspectos muy diversos de la Constitución de 1925, que incluían:
Aprobado el estatuto, se refundió el texto de la Constitución de 1925, si bien calmó los temores de la Democracia Cristiana, fue fuertemente criticado por el sector más duro de la Izquierda Chilena, quienes veían en el estatuto un signo de debilidad en un gobierno que pretendía construir el socialismo. Posteriormente, Allende en una entrevista otorgada al filósofo francés Régis Debray señaló que lo había firmado por una "Necesidad táctica".
Iniciado el gobierno presidente Salvador Allende se impulsó una serie de expropiaciones del sector privado,la violencia política presente en las calles entre simpatizantes y militantes de la UP contra opositores al gobierno izquierdista, ambiente que incrementó la violencia callejera ejercida tanto por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en la extrema izquierda como aquella impulsada por el Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL) en la extrema derecha, así como asesinatos políticos como el del exministro del Interior durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, el militante demócrata cristiano Edmundo Pérez Zujovic por parte de un comando armado del grupo paramilitar de extrema izquierda Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), gatilló el fortalecimiento la acusación de que el gobierno de la Unidad Popular quebrantó este pacto.
El acuerdo fue suspendido con el Golpe de Estado en Chile de 1973, siendo derogado con la ratificación de la Constitución de 1980.
Si bien, con la aprobación de la Constitución de 1980 el estatuto se derogó, se ha reutilizado mucho la expresión Estatuto de garantías durante el retorno a la democracia o cuando se hacen reformas que implican Garantías Fundamentales, Para el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia que fue un documento suscrito por representantes de diversos partidos políticos chilenos, bajo el patrocinio de la Iglesia Católica, el 25 de agosto de 1985 que traía las bases para transitar hacia una democracia plena y a posterior, para la conformación de la Concertación de Partidos por la Democracia, se ha invocado como forma de propaganda o demostración que se firmaran acuerdos de respeto a la democracia que no se cumplirán.
También se ha señalado el Artículo 135 de la Constitución Política de 1980 como una garantía de que la Convención Constitucional no redactará un nuevo texto constitucional fuera del marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos o que contradigan los principios democráticos, de república y los tratados que Chile ha suscrito en esta materia, otros lo señalan como una limitación al proceso constituyente.
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