José Luis Escrivá Belmonte (Albacete, 5 de diciembre de 1960) es un economista español, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España desde 2020.
Economista de prestigio internacional experto en análisis económico y en econometría, fue presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) desde 2014 hasta 2020. También ha ejercido la presidencia de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea entre 2015 y 2019.
Otros cargos que ha desempeñado son los de jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo entre 1999 y 2004 y director para las Américas del Banco Internacional de Pagos entre 2012 y 2014.
En 2020 lideró el proyecto del ingreso mínimo vital (IMV), la prestación económica garantizada por el Gobierno de España a aquellas personas vulnerables que carecen de recursos económicos y que entró en vigor el 1 de junio del mismo año.
Nació en Albacete el 5 de diciembre de 1960. Fue educado en el colegio público San Fernando de la capital albaceteña. Con 18 años se trasladó a la capital de España para estudiar Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), obteniendo la licenciatura con premio extraordinario. Completó los estudios de posgrado en Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y en Econometría en el Banco de España.
Es hijo del traumatólogo Joaquín Escrivá Reig, presidente del Albacete Balompié entre 1953 y 1955, tío segundo de Carlos Belmonte, arquitecto alcalde de Albacete entre 1956 y 1960, que dio nombre al estadio principal de la capital manchega, y primo segundo de Carmina Belmonte, que en 1991 se convirtió en la primera mujer española en alcanzar la alcaldía de una capital en unas elecciones. Está casado y tiene dos hijos.
José Luis Escrivá inició su trayectoria en el Banco de España, donde desempeñó diferentes puestos en el Servicio de Estudios, y continuó posteriormente en Europa, donde participó activamente en el proceso de integración monetaria desde 1993 como asesor del Instituto Monetario Europeo.
Con la creación de la Unión Monetaria fue nombrado jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo en Frankfurt desde 1999 hasta 2004. Entre 2012 y 2014 fue director para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea.
Entre 2004 y 2012 trabajó en el grupo BBVA, primero como economista-jefe y director del Servicio de Estudios y, a partir de 2010, como director gerente del Área de Finanzas Públicas.
En febrero de 2014 fue nombrado el primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), órgano creado por el Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy a instancias de la Unión Europea para la fiscalización de las cuentas públicas, el cual presidió hasta enero de 2020 tras su nombramiento como ministro.
Además, en noviembre de 2015 pasó a desempeñar la presidencia de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea (EUIFIS) con sede en Bratislava desde su creación en 2015. Fue reelegido para el cargo en 2017 y, tras finalizar su mandato en noviembre de 2019, Seamus Coffey, presidente de la autoridad irlandesa, fue elegido nuevo presidente.
En enero de 2020, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez lo eligió para estar al frente del nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un departamento de nueva creación que asumió las funciones del anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en todo lo relativo a la Administración de la Seguridad Social y las políticas gubernamentales sobre migraciones e inclusión social, y del Ministerio de Hacienda, en lo relativo a clases pasivas.
Fue nombrado por el Rey de España y juró ante este el 13 de enero de 2020. Al mismo tiempo, cesó como presidente de la AIReF.
El ministro compareció por primera vez en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados el 27 de febrero de 2020, donde explicó las líneas generales de la política de su departamento. En ella, explicó, que la gestión de su ministerio rotaría en torno a tres grandes áreas: pensiones —garantizar un sistema de pensiones suficiente y sostenible—, políticas de inclusión —establecer nuevas políticas inclusivas que reduzcan la desigualdad, la incertidumbre y la exclusión social— y migraciones —nuevo marco legal que ordene y de seguridad al migrante—, todas ellas, afirmó el ministro, buscando un amplio consenso.
Una de las medidas que el ministro propuso en dicha comisión en lo relativo a la inclusión, fue el diseño de un ingreso mínimo vital (IMV). Esta es, dijo el ministro en su comparecencia, la política más relevante que llevará a cabo la nueva Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.
Con motivo de la pandemia de COVID-19 que afectó con fuerza a España, se aceleraron los trabajos en torno a este nuevo ingreso mínimo vital, una medida apoyada también por el socio de la coalición gubernamental, Unidas Podemos, a través de la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El ministro Escrivá, líder del proyecto del ingreso mínimo vital, en abril de 2020, afirmó que se estaban ultimando los últimos flecos, y que el ingreso mínimo —que tendrá carácter permanente—, se aprobaría en mayo y beneficiaría a aproximadamente 3 millones de personas. El IMV, diseñado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, con la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, fue finalmente aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de mayo.
Tras la caída de Kabul en manos de los talibanes, que supuso la creación de facto del Emirato Islámico de Afganistán, se le encargó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establecer un refugio temporal en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz para todos los colaboradores afganos de las Fuerzas Armadas Españolas durante los casi veinte años de despliegue en dicho país. En este refugio pasarían como máximo 72 horas, hasta que el Ministerio les reubicase en centros de acogida. Además, el Presidente del Gobierno ofreció a España como un centro de operaciones para gestionar la llegada de los colaboradores de la Unión Europea, también en la mencionada base aérea. Las bases de Morón y Rota también se establecieron como centros de refugiados, principalmente para los rescatados por Estados Unidos.
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