Luisa Ortega Díaz cumple los años el 11 de enero.
Luisa Ortega Díaz nació el día 11 de enero de 1958.
La edad actual es 66 años. Luisa Ortega Díaz cumplió 66 años el 11 de enero de este año.
Luisa Ortega Díaz es del signo de Capricornio.
Luisa Ortega Díaz nació en Valle de la Pascua.
Luisa Marvelia Ortega Díaz (Valle de la Pascua, estado Guárico, Venezuela, 11 de enero de 1958) abogada. Fue Fiscal General del Ministerio Público (MP) de Venezuela, cargo que ejerció por designación de la Asamblea Nacional (AN), el 13 de diciembre de 2007, por un período de 7 años 2008 - 2014. Fue ratificada por el parlamento, el 22 de diciembre de 2014, por el período 2014-2021.
Ortega Díaz aceptó este segundo nombramiento por la mayoría chavista de la Asamblea Nacional, aunque no contó con el voto de las dos terceras (2/3) partes del parlamento, tal como lo que requiere la constitución venezolana.
El 5 de agosto de 2017 fue destituida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) promovida por Nicolás Maduro. Este hecho fue rechazado por la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), de mayoría opositora, que argumentó que solo esa institución tenía la potestad para removerla del cargo, según la constitución del país. Luisa Ortega Díaz ha sido considerada como Fiscal General de Venezuela en el exilio.
Ortega estudió Derecho en la Universidad de Carabobo, donde obtuvo el título de abogada. Se especializó en Derecho Penal (Universidad Santa María), donde ejerció como profesora, y en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello. También se desempeñó como consultora jurídica del canal de televisión del Estado Venezolana de Televisión.
Ingresó al Ministerio Público en abril de 2002. En el cargo de Fiscal Sexta del Ministerio Público presentó la acusasión en contra de los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero por los Sucesos de Puente Llaguno.
El 27 de febrero de 2013 se juramentó como presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad para contribuir a las investigaciones de todos los crímenes de lesa humanidad y violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por el Estado venezolano durante el lapso 1958-1998 de conformidad con la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas cometidas por los gobiernos que dirigieron al país durante dicho periodo.
Estuvo al frente del Ministerio Público durante el Juicio del líder opositor Leopoldo López. La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado este arresto por haber sido motivado políticamente, ya que estuvo marcado por graves violaciones del debido proceso y no se aportaron pruebas que vinculen al acusado con ningún delito.
Llevó adelante la investigación, procesamiento y detención de dueños y directores de una serie de pequeños bancos no simpatizantes del gobierno incursos en irregularidades en la administración de su patrimonio.
El adelanto en la investigación del ajusticiamiento de grupos insurgentes, por parte del Estado venezolano el 4 de octubre de 1982, conocida como Masacre de Cantaura, hecho ocurrido en las cercanías de la ciudad de Cantaura en el Estado Anzoátegui.[cita requerida] La solicitud de extradición y enjuiciamiento del expresidente Carlos Andrés Pérez, por la represión de las protestas y disturbios durante su gobierno, desarrollado entre los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como El Caracazo, cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana (PM) y Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) salieron a las calles a controlar la situación, siguiendo las órdenes del exgobernante.
En 2013 anunció la investigación de las declaraciones de Mario Silva sobre corrupción en el gobierno.
Durante su gestión encabezó la creación de la Escuela Nacional de Fiscales, institución docente adscrita al Ministerio Público.[cita requerida] y la de fiscalías especializadas en áreas de sensibilidad social, como la violencia contra la mujer, protección a niños, niñas y adolescentes, ambiente laboral, así como fiscalías orientadas a la investigación de delitos graves contra las personas (homicidios) o delincuencia organizada (robo de vehículos, extorsión y secuestro).
El 4 de abril de 2014, informó que el coordinador nacional del partido Voluntad Popular, Leopoldo López fue acusado por los delitos de "instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir". Posteriormente declaró haber sido presionada por Diosdado Cabello para imputar a López. El 24 de marzo de 2017 en la presentación del informe final realizado por la Comisión por la Justicia y la Verdad, declaró que la investigación declaró las responsabilidades de quienes cometieron violaciones a los derechos humanos entre 1958 y 1998.[cita requerida]
El 31 de marzo de 2017, declaró que las sentencias 155 y 156 del TSJ, son una ruptura del orden constitucional. El 24 de mayo de 2017, declaró que el estudiante Juan Pablo Pernalete fue muerto por una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), desmontando así la versión que ofrecieron Néstor Reverol, Ministro de Interior, Justicia y Paz y demás personeros del gobierno de Nicolás Maduro, quienes sostenían que Pernalete había sido asesinado con una pistola de perno cautiva.[cita requerida] El 1 de junio de 2017 introduce un recurso en el TSJ, en el cual solicita a la Sala Constitucional aclarar el significado de la progresividad de los derechos humanos, los cuales no pueden ser desmejorados, esto en relación a la sentencia 378 de dicha Sala, en donde decide que Nicolás Maduro podía convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin referendo consultivo previo, violando así la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El 12 de junio de 2017 impugnó el nombramiento de los 33 magistrados designados ilegalmente por la Asamblea Nacional en 2015, solicitando además la inhibición de estos magistrados de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ). La petición fue rechazada por el TSJ sin dar explicaciones de su decisión.
En 2014 Delsa Solórzano, diputada al Parlatino, anunció que demandaría a Ortega Díaz por no haber investigado las pérdidas millonarias por el uso de dólares preferenciales del sistema CADIVI.
A raíz de las sentencias 155 y 156 del TSJ en donde este le quitaba todas sus facultades constitucionales al Parlamento venezolano controlado por la oposición y se las arrogaba a sí mismo y al Presidente de la República, el 31 de marzo de 2017 la Fiscal denunció en rueda de prensa que hubo "ruptura del orden constitucional". Ese mismo día el Presidente convocó a un Consejo de Defensa de la Nación para exhortar al TSJ reconsiderar las sentencias. Al día siguiente el máximo tribunal suprimió de las sentencias las medidas cautelares que anulaban a la AN.
El 1° de mayo del 2017 el presidente anunció mediante el decreto 2830 la convocatoria a una ANC con la que la Fiscal no estuvo de acuerdo. Luego de que el TSJ se pronunciara mediante sentencia 347 dictando que el Ejecutivo podía convocar una ANC porque él actuaba en nombre de la soberanía del pueblo, la Fiscal interpuso ante el TSJ distintos recursos para la anulación de la ANC, pues a su juicio dicho proceso violaba los Artículos 5, 63, 347 y 348 de la Constitución. Luego de la negativa del TSJ a los recursos de la Fiscal, esta pidió anular el nombramiento de 13 magistrados y 21 suplentes designados el 23 de diciembre de 2015 por la AN con mayoría oficialista, pues tal nombramiento estuvo viciado por no haberse realizado según el procedimiento establecido en la LOTSJ, al mismo tiempo que pide a los magistrados impuganos inhibirse de la causa según lo establecido en los artículos 55, 56 y 57 eiusdem. El TSJ nuevamente denegó la petición de la Fiscal sin dar explicaciones de fondo de su decisión. La Fiscal solicita al TSJ antejuicio de mérito contra los magistrados que suscribieron las sentencias 155 y 156, por conspirar para alterar la forma republicana de la Nación (artículo 132 Código Penal), demanda que de nuevo es negada por el TSJ sin dar explicaciones de su decisión.
Posteriormente Pedro Carreño, diputado oficialista por el Gran Polo Patriótico (GPP) solicitó al TSJ antejuicio de mérito contra la Fiscal por la comisión de supuestos delitos graves, a saber: “atentar, lesionar, o amenazar la ética pública y la moral administrativa”; “actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución”; y de “violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”. El oficialista Carreño también solicitó al TSJ la prohibición de salida del país de la Fiscal y congelamiento de sus bienes. El TSJ accede a las peticiones del diputado oficialista y programó para el 4 de julio del 2017 la primera audiencia del antejuicio de mérito, además de que concede las medidas cautelares solicitadas de prohibir la salida del país de la Fiscal y congelar sus bienes.
El 5 de agosto el TSJ en Sala Plena, usurpando la autoridad de la Asamblea Nacional, decidió suspender del cargo a la fiscal general Luisa Ortega Díaz y comenzar su enjuiciamiento, además de congelar sus bienes, prohibirle salir del país e inhabilitarla para ejercer cargos públicos al haberse opuesto públicamente a las elecciones de una Asamblea Constituyente. Ese mismo día, la ANC que comenzaba a funcionar, por propuesta de Diosdado Cabello y con decisión unánime de sus 545 integrantes, destituyó a la fiscal general de su cargo. Ortega Díaz desconoció la sentencia del Tribunal y la decisión de la ANC por considerarlos ilegales.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA); mandatarios americanos y europeos, así como fiscales de varios países manifestaron su rechazo y desconocimiento a la destitución de Luisa Ortega Díaz.
El 19 de agosto denuncia la Fiscal General a Nicolás Maduro a través de un audio difundido por la fiscalía mexicana de Puebla en el caso Odebrecht sobre sobornos, unos 98 millones de dólares habrían recibido entre el 2005 y el 2015, esto la empuja a huir del país saliendo de la península de Paraguaná en un yate hacia Aruba y luego a Colombia. La Fiscal y otros 64 fiscales venezolanos estaban prohibidos de salir del país.
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