El pacto de Ralito es la denominación con que se conoce al pacto secreto, firmado en el año 2002 entre jefes de grupos paramilitares colombianos y más de cincuenta políticos de diferentes regiones de la nación, entre senadores, representantes, concejales y alcaldes para un proyecto político que prometía «refundar al país». La revelación de la existencia del documento constituyó uno de los episodios más sonados dentro del llamado escándalo de la parapolítica.
El acuerdo se firmó en secreto, por fuera del marco legal de un proceso de paz y sin el conocimiento expreso del gobierno de Andrés Pastrana, siendo ilegal, y menos sin el conocimiento de Carlos Castaño Gil como máximo líder de las AUC y otros comandantes como Doble Cero.
Su existencia fue destapada años después (noviembre de 2006) por el político Miguel Alfonso de la Espriella, quien se abstuvo de señalar a los que junto con él firmaron tal acuerdo. El texto del documento se dio a conocer en enero de 2007.
El 20 de marzo de 2007 se conoció que el Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, llamó a indagatoria a 20 políticos y un periodista firmantes del pacto, al día siguiente se conoció que la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a 5 congresistas: José de los Santos Negrete, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, William Montes y Miguel de La Espriella, por el delito de concierto para delinquir.
El lunes 14 de mayo de 2007 la Corte Suprema de Justicia emite orden de captura contra los senadores Miguel de La Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, José de los Santos Negrete y William Montes, Del mismo modo la fiscalía lo hace contra la exrepresentante Eleonora Pineda. Todos ellos acusados del delito de Concierto para delinquir agravado, ya que tanto corte como fiscalía encontraron evaluando diversos testimonios que los firmantes se habían presuntamente beneficiado políticamente del acuerdo y que no fueron obligados como algunos de ellos alegaban, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en días anteriores habría confirmado ese hecho ante los medios de comunicación.
En noviembre de 2007 el representante a la Cámara José de los Santos Negret fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia, ya que según la corte, a pesar de haber firmado el pacto no se encontraron pruebas contundentes sobre el beneficio que de esto obtuvo. El magistrado Alfredo Gómez Quintero, presidente de la Sala Penal de la Corte, explicó que luego de analizar los testimonios entregados en desarrollo de la investigación, los magistrados determinaron que la mayoría de ellos carecía de credibilidad frente al caso específico de Negrete. El representante le aseguró a la Corte que figuró en el encuentro de Ralito por llevar en su carro al entonces congresista Luis Carlos Ordosgoitia y que nunca tuvo nada que ver con la firma del documento. El abogado defensor del representante, Abelardo de La Espriella, logró demostrar que la presencia de Negrete en la reunión del 'pacto de Ralito' y la posterior firma del documento fue absolutamente accidental, ocasional y forfuita. Plantearon que no estaba probado que tenía algún interés para cometer el concierto para delinquir con las autodefensas.
Según investigaciones de "El Espectador", el pacto estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley bajo la financiación del narcotráfico y concretar, a futuro, la toma del poder político, inicialmente en la Región Caribe y más tarde al nivel nacional. Dicha estrategia se denominó “El Plan Birmania”, haciendo referencia a lo sucedido en Birmania (hoy Myanmar), país asiático donde se estableció una dictadura militar y se le señala como uno de los ejes del denominado “Triángulo de oro (Asia)” entre Laos, Birmania y Tailandia, por el cultivo de la amapola, la producción de opio y la fabricación de heroína. Carlos Castaño se negó a respaldar la iniciativa y reiteró las objeciones que ya venía haciendo en contra de los entonces líderes del Bloque Norte de las Autodefensas, Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Jiménez alias Macaco, por sus nexos con la producción de drogas ilícitas. Además informó a sus hombres de confianza de las intenciones de algunos de los jefes, a fin de buscar respaldo a su negativa a la alianza. A través de declaración pública, el miércoles 30 de mayo de 2001, Carlos Castaño Gil díjo: “Compañeros de causa, somos en las AUC, amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Este principio es inviolable. Respétenlo. Renuncio irrevocablemente a mi cargo otorgado por ustedes”.
DOCUMENTO CONFIDENCIAL Y SECRETO
Este es el listado de los firmantes del pacto de Ralito. Se especifica el cargo que ocupaban los dirigentes políticos el 23 de julio de 2001, fecha en la que se firmó el documento.
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