Primera Línea es el nombre de un colectivo de manifestantes, en su mayoría encapuchados o con el rostro parcialmente cubierto, dedicados a enfrentar físicamente a Carabineros de Chile en el contexto del estallido social, es decir, mediante actos de desobediencia civil a los efectivos antidisturbios que proceden en las protestas. En palabras de un miembro, «se trata de disputar el poder de las autoridades». Está compuesta por una variedad de ciudadanos individuales y organizaciones de base llamadas «clanes», que carecen de autoridad central. Una amplia gama de organizaciones apoyan a la Primera Línea brindándoles ayuda, alimentos y asesoramiento legal. Los miembros son de diversos orígenes, incluidos trabajadores, inmigrantes, estudiantes universitarios e hinchas deportivos. Asimismo, fueron detenidos 16 menores de edad encapuchados e identificados como parte de esta fuerza de choque, los cuales fueron puestos a disposición del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Los miembros de la Primera Línea tienden a asumir roles distintos, como portadores de escudos, lanzadores de piedras, extintores de granadas de gas lacrimógeno, honderos, punteros láser y medicamentos para gases lacrimógenos. Entre estos, los punteros láser son los más numerosos y su función consiste en interrumpir la vista de la policía; sin embargo, hay casos en los que los punteros láser han derribado drones de vigilancia. Pese a que no tienen una posición política e ideológica homogénea, se puede determinar que son miembros pertenecientes a la oposición al gobierno de Sebastián Piñera y han adquirido una rivalidad cada vez más violenta contra Carabineros de Chile.
La Primera Línea ha sido acusada por las autoridades y algunos medios de comunicación de estar detrás de muchos delitos menores. Sin embargo, hay quienes señalan que han cumplido una función de protección a los manifestantes comunes del accionar policial y su abuso de poder. El 3 de marzo de 2020, un grupo de Primera Línea fue detenido por Carabineros haciendo cumplir la recién promulgada Ley Antibarricadas. Posteriormente, solo uno de los 44 detenidos se mantuvo en prisión preventiva, mientras que las personas restantes fueron puestas en libertad, quedando con firma bimensual. En este contexto, el presidente de la Corte Suprema de Chile, Guillermo Silva y el Fiscal Nacional Jorge Abbott, han declarado que ser parte de la Primera Línea no constituye un delito en sí mismo.
Pese a que cuando son detenidos son calificados como «presos políticos» por los propios manifestantes y algunos políticos —entre ellos Camila Vallejo, Tomás Hirsch y Claudia Mix—, tanto el Gobierno de Chile como la organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), descartaron dichas acusaciones, aseverando en diciembre de 2020 que «no existen presos políticos en Chile».
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