Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
La Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el proceso que comenzó a partir de la reglamentación de la Ley 26.522, aprobada por el Congreso Nacional, en agosto de 2009. La plena aplicación de dicha Ley fue retardada a partir de las presentaciones en la justicia de parte de distintos políticos y grupos económicos, que reclamaban por la ley en su conjunto o por artículos en particular.
Una vez aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado, empezaron a surgir los primeros impedimentos a la total aplicación de la Ley, debido a las medidas cautelares que se sucedieron. No obstante, no hubo objeción a la mayoría de los artículos y algunos de ellos se empezaron a implementar desde la misma aprobación en el Congreso y su posterior sanción.
En la actualidad, se encuentra suspendido únicamente dos artículos de la ley referidos a la cantidad de licencias de medios de comunicación que pueden ser propiedad del mismo grupo económico en Argentina, y el tiempo para adecuarse a la ley. Estos artículos fueron suspendidos a instancias del Grupo Clarín, mediante la presentación de medidas cautelares durante los tres años posteriores a la votación de la ley.
Puesto que la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual afecta poderosos intereses, diversos grupos económicos y políticos se han presentado ante la Justicia para bloquear —en mayor o menor medida— la plena aplicación de esta Ley.
En 2009, cuando recién estaba aprobada por ambas cámaras del poder legislativo argentino, el Grupo Clarín presentó una demanda que cuestiona la constitucionalidad de los artículos 161 (el plazo de adecuación a la ley), el artículo 41 (intransferibilidad de las autorizaciones y licencias) y el artículo 45 (la cantidad de licencia que puede poseer cada licenciatario), basándose en que no respeta "derechos adquiridos". En diciembre de 2009, a tres meses de la aprobación de la ley, el juez a cargo de la causa, Edmundo Carbone, dicta una medida cautelar, sin resolver la cuestión de fondo.
Esta cautelar fue apelada por el gobierno argentino y en mayo de 2010, la Cámara Civil y Comercial Federal revocó la suspensión del artículo (el 41) que había dispuesto Carbone, pero la mantuvo para el resto de los artículos. Esto fue apelado nuevamente por el gobierno y la Corte Suprema de Justicia mantuvo la cautelar, pero exigió que se fije un plazo máximo a la cautelar para resolver la cuestión de fondo, la inconstitucionalidad o no de los artículos de la ley. La Cámara Civil y Comercial Federal en mayo de 2011 puso ese plazo en 3 años. Finalmente, después de la apelación por parte del Grupo Clarín, el 22 de mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia estableció el 7 de diciembre de 2012 como plazo concreto para el cese de la medida cautelar.
Meses más tarde y escasos días de la fecha límite, el Grupo Clarín solicitó extender la medida cautelar anterior para mantener suspendida la aplicación de la Ley, pero la Corte Suprema rechazó ese pedido el 27 de noviembre de 2012, además de solicitar al juez de primera instancia el inmediato dictado de la sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo, esto es, la decisión final sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios.
Tras casi tres años de permanecer paralizada la aplicación de la plenitud de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el 22 de mayo de 2012 la Corte Suprema de Justicia estableció el 7 de diciembre de 2012 como plazo concreto para el su cumplimiento integral. En realidad, de acuerdo con el fallo de la Corte, tal es el plazo límite para el vencimiento de las medidas cautelares. El fallo también explica que las cautelares «son resoluciones jurisdiccionales precarias y no pueden sustituir la solución de fondo porque afectan la seguridad jurídica». De este modo, la resolución del caso «Grupo Clarín SA y otros sobre medidas cautelares» ordena que se aplique el artículo 161 de la ley, que obliga a la desinversión en el caso de multiplicidad de licencias, con lo que quedan obligados tanto el Grupo Clarín como los demás grupos de medios que excedan la cantidad de licencias permitidas a deshacerse de sus activos excedentes en el plazo de un año «desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido el plazo, serán aplicables las medidas que al incumplimiento correspondiesen». De las aproximadamente 300 licencias que posee el Grupo Clarín, podrá mantener un máximo de 24, debiendo deshacerse de las demás.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia fue por decisión unánime, siendo firmado por el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y por los ministros Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi (quien manifestó no compartir todos los fundamentos de sus colegas), Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni.
El 20 de noviembre de 2012, el Grupo Clarín hizo una presentación judicial en la que le solicitó a la Corte Suprema de Justicia la extensión de la medida cautelar «más allá» del 7 de diciembre. No obstante, una semana más tarde, la Corte Suprema denegó y calificó dicha solicitud de «inadmisible», confirmando el 7 de diciembre como fecha límite para ajustarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, además de ordenar al juez de primera instancia el inmediato dictado de la sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo, esto es, la decisión final sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios.
No obstante esta decisión de la Corte Suprema, el 6 de diciembre de 2012, a un día de la fecha fijada por la Corte Suprema para el vencimiento de la cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín, los jueces Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, extendieron la medida cautelar que mantenía suspendido el artículo 161 de la Ley de Medios «hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa». Esta decisión, contraria al dictamen de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular, provocó la inmediata reacción del Gobierno, ya que el juez De las Carreras se encuentra investigado por la Justicia Penal en una causa por supuestas dádivas y cohecho. Se investiga al juez De las Carreras por haber aceptado una invitación para viajar a Miami con todos los gastos pagados por Certal, una organización de medios integrada por Clarín. En el marco de la investigación, el juez admitió que su viaje a Miami para asistir a un congreso de comunicación audiovisual fue pagado por Certal, aunque afirma haber pagado de su bolsillo los gastos en alimentación. De las Carreras no se excusó de juzgar en la causa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y se declaró competente para hacerlo, no obstante de admitir esta vinculación con una de las partes en litigio.
Dos días después, el 8 de diciembre de 2012, respecto a la decisión de los jueces Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes declaró que los jueces de la Cámara Civil y Comercial federal deberían ser sometidos a un «jury de enjuiciamiento» por no haberse excusado de la causa, ignorando las denuncias que indicaban su comprometimiento con el Grupo Clarín, una de las partes en litigio. Para Fuentes, «Si los jueces pretenden gobernar o legislar a través de sus sentencias, eso genera un conflicto de poderes que se resuelve en el Congreso de la Nación por juicio político».
A partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de establecer un plazo límite para el vencimiento de las medidas cautelares del Grupo Clarín y la entrada en vigencia de la totalidad de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se popularizaron en la sociedad manifestaciones sobre el asunto. La fecha establecida por la Corte quedó finalmente conocida por la contracción «7D» y tanto oficialistas como opositores pasaron a referirse tan solo de esta manera al acontecimiento.
Horas antes de esta extensión de la cautelar que favoreció al Grupo Clarín, suspendiendo la aplicación de la cláusula de desinversión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, la Comisión de Libertad de Expresión de la Corte Suprema respondió a un planteo de los jueces de la Cámara Civil y Comercial y exhortó al Poder Ejecutivo Nacional «cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución Nacional y a ejercer sus facultades como poder del Estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su Independencia. El reclamo es una crítica directa a la jefa del Estado, Cristina Fernández».
No obstante, el 11 de diciembre de 2012, un grupo de camaristas, jueces, fiscales y defensores públicos de todo el país publicó un documento crítico, en forma de solicitada en los diarios Página/12 y Ámbito Financiero respecto al comunicado emitido por la Comisión de Libertad de Expresión, afirmando que «La independencia del Poder Judicial no debe entenderse limitada a la relación que debe existir entre los poderes del Estado» y que «Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e incluso de las organizaciones que los representan». Este hecho puso de manifiesto la existencia de un sector disidente en el seno del Poder Judicial en lo que respecta a la postura adoptada por determinados jueces, sobre todo en lo tocante al mecanismo de recusación de jueces: «La recusación es el mecanismo procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales. Es una herramienta que contribuye al fortalecimiento de la transparencia del desempeño profesional de la magistratura», definieron los funcionarios en este comunicado.
En septiembre de 2012, el exintendente de Morón y diputado nacional Martín Sabbatella fue designado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), con vistas al cumplimiento integral de la Ley de Medios, que debe darse, de acuerdo con el fallo de Corte Suprema de Justicia, el próximo 7 de diciembre de 2012. Para esa fecha, deberán reasignarse las señales que actualmente son operadas por el Grupo Clarín y que exceden los límites previstos por la ley sancionada hace tres años por el Parlamento, ya que expira el plazo concedido por la justicia a la vigencia de la medida cautelar que suspendió el artículo 161 de la norma, que estableció un plazo de un año para que las empresas mediáticas se desprendan de las señales que exceden los límites fijado por la ley.
La llegada de Sabbatella al AFSCA busca darle «peso político» al organismo en un momento clave. Su currículo para acceder a la AFSCA destaca como logros la creación de la oficina anticorrupción, el libre acceso a la información pública y la obligación a los funcionarios de hacer públicas sus declaraciones juradas de bienes.
La designación de Sabbatella a la conducción del AFSCA recibió el apoyo de cientos de referentes de organizaciones sociales, políticas, de Derechos Humanos y de la cultura y la educación, como Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto, Hugo Yasky, Alex Freyre, Fito Páez, Vicentico, Víctor Heredia, Soledad Silveyra, Florencia Peña, Cecilia Roth, Arturo Bonín, Víctor Hugo Morales, Eduardo Aliverti y Jorge Dorio, entre otros. También la ONG Médicos del Mundo y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos expresaron su adhesión a la designación mediante una solicitada que fue publicada en medios como Página/12, Tiempo Argentino, Diario Popular y Crónica, entre otros diarios.
Por otra parte, esta designación recibió valoraciones positivas por parte de las radios universitarias de todo el país, de políticos como Agustín Rossi y Carlos Heller, quienes consideraron que Sabbatella es «la persona ideal para conducir y para aplicar y hacer cumplir la nueva ley de medios, al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual».
También manifestaron su apoyo los legisladores del bloque kirchnerista porteño y la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.
Finalmente, la decisión de Fernández de Kirchner de designar a Sabbatella al frente del AFSCA se fundamentó, entre otras razones, porque «es un dirigente que ha evidenciado con su gestión en Morón su compromiso para desarticular poderes monopólicos y corruptos. Poner al frente del AFSCA a Martín Sabbatella, es dar una clara señal de la transparencia y capacidad de gestión que la presidenta busca para hacer plenamente efectiva la aplicación de la ley de medios», expresaron los legisladores porteños del Frente Para la Victoria y aliados del bloque en un comunicado a la prensa. En este sentido, Sabbatella declaró que la Ley «ha significado un avance legal enorme en lo que hace a democratizar la palabra y a garantizar la pluralidad de voces y la libertad de expresión, por lo que trabajar en su aplicación es un desafío inmenso y una gran responsabilidad».
El 1º. de octubre del mismo año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó la designación de Martín Sabbatella al frente del AFSCA mediante un decreto. A pesar de los intentos de impugnación por parte de algunos sectores de la oposición, como las que fueron presentadas por Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI), Laura Alonso (PRO) y Patricia Bullrich (Unión por Todos), la presidenta ratificó su decisión y, en el acto de la firma del decreto que confirmaba a Sabbatella, declaró que «nadie lo puede tildar de oficialista. Encabezaba una lista en contra de Néstor Kirchner en 2009. Debe haber pocos casos en el mundo con esta situación de pluralidad y diversidad en serio». De este modo, Sabbatella quedó confirmado como titular del AFSCA de cara a la completa aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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