Los asentamientos israelíes son colonias construidas por Israel o ciudadanos israelíes a partir de 1967 en territorios conquistados durante la Guerra de los Seis Días. Se levantaron colonias en tierras concedidas al Estado árabe en la resolución 181 de las Naciones Unidas, posteriormente ocupadas por Egipto y Jordania como consecuencia de la guerra árabe-israelí de 1948, así como en tierras pertenecientes a Siria y Egipto. Israel se retiró de algunos de estos territorios en 1981 (la península del Sinaí) y en 2005 (la Franja de Gaza), pero las colonias han incrementado su número y su población. Según denuncian varias agencias de la ONU y una serie de ONG, la construcción de los asentamientos israelíes se ha realizado en numerosas ocasiones a costa del desplazamiento de palestinos y de demoliciones y expropiaciones sin indemnización de las tierras de estos
Actualmente, los asentamientos se encuentran ubicados en tres áreas:
Junto a los actuales asentamientos, también existieron otros 18 en la península del Sinaí (desmantelados en 1981, tras los acuerdos de Camp David con Egipto), 21 en la Franja de Gaza y 4 en el norte de Cisjordania (desmantelados en 2005 tras el Plan de retirada unilateral israelí).
A comienzos de 2021, según datos del gobierno israelí, 475.481 colonos viven en los 127 asentamientos y 135 "outposts" (asentamientos ilegales también según el derecho israelí, pero que reciben un importante apoyo institucional) existentes en Cisjordania, a los que hay que sumar los 201.200 colonos de Jerusalén Este a mediados de 2014. Los tres mayores asentamientos (Modi'in Illit, Ma'ale Adumim y Beitar Illit) poseen el estatus de ciudad y tienen entre 36.000 y 52.000 habitantes. Existen también más de 100 pequeños asentamientos ilegales tanto para el derecho internacional como para el israelí, denominados outpost ("puesto avanzado" en inglés), que se establecen con ayuda del gobierno israelí pero que no son reconocidos oficialmente.
La posición de Israel respecto a los asentamientos ha variado a lo largo del tiempo, desde su promoción activa pasando por la supresión de algunos y la evacuación de sus habitantes, hasta el incremento y ampliación de los asentamientos de Cisjordania. Según datos publicados a primeros de marzo de 2014 por la Oficina Central de Estadísticas israelí, en 2013 aumentó en un 123,7 % el número de «residencias que comenzaron» a construirse en Cisjordania, con respecto a 2012. La construcción de asentamientos se multiplicó en un 250% durante la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos (2016-2020) con respecto a la última legislatura de Barack Obama. Según la ONG israelí Paz Ahora, en 2020 se ha batido el récord de licencias de construcción autorizadas en los asentamientos israelíes con 12.000 nuevas viviendas.
A ojos de la comunidad internacional, los asentamientos israelíes suponen uno de los principales escollos del conflicto árabe-israelí. Numerosos tratados internacionales y resoluciones de Naciones Unidas prohíben la construcción de dichos asentamientos. Por ejemplo, la resolución 446 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas afirma "que el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, de 12 de agosto de 1949, es aplicable a los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, incluso Jerusalén". El artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, del que Israel es firmante, especifica que "la Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado". En marzo de 2021, la Corte Penal Internacional anunció el inicio de una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Palestina, entre los que se incluyen los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado.
Según estimaciones publicadas en el CIA World Factbook, el número total de colonos israelíes es de aproximadamente 556.700 personas. 391.000 en Cisjordania (2016), 18.900 en los Altos del Golán (2012) y 201.200 en Jerusalén Este (2014).
Cuando se firmaron los Acuerdos de Oslo en 1993, que establecían que "ningún bando tomará iniciativas o pasos que cambien el statu quo de Cisjordania o la Franja de Gaza hasta que se alcance un acuerdo en las negociaciones sobre un estatus permanente", la población de colonos israelíes en Cisjordania era de 160.000 personas.
Según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Israel, en 2006 la población judía en los asentamientos israelíes era de 241.500 colonos en Cisjordania y 16.500 en los Altos del Golán, mientras que no había datos por separado para Jerusalén Este. Según la Fundación por la Paz en Oriente Medio, en 2010 el número total de colonos había crecido hasta los 534.224, repartidos como sigue: 314.132 en Cisjordania (328.423 en 2011), 198.629 en Jerusalén Este y 19.797 en los Altos del Golán.
Según B'Tselem, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, a finales de 2011 se estimaba que había 515.000 colonos que vivían en Cisjordania: unos 190.423 en Jerusalén Este, según el Instituto Jerusalén para Estudios Israelíes, y unos 325.456 en el resto de Cisjordania, basándose en datos de la Oficina Central de Estadística de Israel. De acuerdo con este último organismo, en 2011 la tasa de crecimiento de la población de colonos (excluyendo Jerusalén Este) triplicó con creces la de la población en general de Israel: un 6 % y 1,8 %, respectivamente. Un 25 % del incremento de población en los asentamientos corresponde al traslado de israelíes desde el interior de Israel y a nuevos inmigrantes a Israel que se asentaron allí.
Según B'Tselem, los diferentes gobiernos israelíes han aplicado una coherente y sistemática política destinada a favorecer la emigración de los ciudadanos judíos a Cisjordania. Una de las herramientas utilizadas para este fin es conceder beneficios financieros e incentivos a los ciudadanos, ya sea directamente o a través de las autoridades locales. Según varios informes de 2012 del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, los palestinos no tienen acceso a ninguno de los incentivos fiscales y de otro tipo concedidos por el gobierno israelí a los colonos. Por otro lado, en el área C, los palestinos solo pueden construir casas y otras estructuras en el 1% del territorio, y tienen prohibición expresa de construir en el 70% de las tierras.
La población de los asentamientos israelíes en Cisjordania creció en 7.053 nuevos colonos durante la segunda mitad del año 2016, según el diario israelí Haaretz. De este crecimiento, el 43% correspondió a dos asentamientos ultra-ortodoxosː Beitar Illit y Modi'in Illit.
En términos religiosos, el 40% de los colonos israelíes en Cisjordania son judíos ortodoxos, el 30% son sionistas religiosos y el restante 30% son laicos. En un artículo publicado en septiembre de 2015 en The New York Times, citando fuentes del gobierno estadounidense, unos 60.000 de los colonos que viven en asentamientos israelíes son de procedencia estadounidense, lo que supone entre un 12% y un 15% de la población total en los asentamientos. Esta cifra es "desproporcionadamente alta" con respecto al porcentaje de población israelí con raíces estadounidenses dentro de los límites internacionalmente reconocidos del Estado de Israel.
Tras su aplastante victoria en la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel ocupó militarmente Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén Este, los Altos del Golán y la península del Sinaí. Inmediatamente después de su conquista, Israel anexionó unas 7000 hectáreas de terrenos cisjordanos al término municipal de Jerusalén en clara violación del derecho internacional. Esta anexión se realizó dejando fuera los grandes núcleos de población palestinos e incorporando zonas poco pobladas, con el objetivo de incorporar tanto territorio y tan poca población palestina como fuese posible. De las 7000 hectáreas, tan solo 600 correspondían al término municipal de la Jerusalén Este que había estado bajo ocupación jordana desde 1948; las 6.400 hectáreas restantes fueron expropiadas a unas 28 aldeas y suburbios palestinos cercanos a Jerusalén.
Entre agosto de 1967 y mayo de 1975, Israel declaró "zona militar cerrada" más de la cuarta parte de Cisjordania (unas 150.000 hectáreas correspondientes al 26,6% del territorio). Tan solo en la segunda mitad de 1967 se dio tal calificación a 68.500 hectáreas de tierras palestinas. De esta manera, estas tierras pasaron a ser inaccesibles para la población palestina salvo mediante permiso militar israelí. El 1 de agosto de 1967, nueve grandes porciones del territorio cisjordano en el Valle del Jordán fueron declaradas "zonas militares cerradas". Poco después sucedió algo similar en dos terrenos de la zona de Latrún y en una pequeña porción de terreno que llevaba desde Israel hasta el Jordán.
En 1970 se volvió a declarar "zona militar cerrada" una franja de tierra cisjordana que llevaba desde Jericó hasta la frontera sur con Israel. A mediados de los años setenta se añadieron otras 81.500 hectáreas al conjunto de zonas militares a las que los palestinos no podían ya acceder, en este caso cerca de la Línea Verde.
Durante los primeros diez años de ocupación de Palestina, las autoridades israelíes establecieron cerca de treinta pequeños asentamientos en Cisjordania con una población total de unos 4500 colonos. Para ello se basaron en la expropiación de terrenos privados palestinos para "usos militares", que posteriormente se dedicaban a la construcción de los propios asentamientos. En torno a 3100 hectáreas cisjordanas fueron expropiadas de esta manera en este periodo. Las principales zonas de asentamiento fueron el Valle del Jordán, los terrenos circundantes a Jerusalén, gran parte del Desierto de Judea y una franja de tierra en las Colinas del Sur de Hebrón. La mayoría de asentamientos se construyeron a lo largo de dos carreteras principales: la carretera Allon y la Ruta 90. El primer asentamiento israelí en territorio ocupado tras la Guerra de los Seis Días fue Kfar Etzion, creado por el gobierno del Partido Laborista israelí ya en septiembre de 1967 ante la insistencia de Hanan Porat, miembro del movimiento nacionalista y ultraortodoxo Bnei Akiva. Para evitar objeciones legales, Kfar Etzion fue calificado de asentamiento Nahal (paramilitar).
En cuanto a Jerusalén Este, después de la anexión de 7000 hectáreas de terrenos cisjordanos, Israel decretó la expropiación de más de un tercio de esta superficie de manos de sus propietarios palestinos. En estas tierras construyeron ocho asentamientos para la población judía de Israel, a los que denominaron "barrios de Jerusalén". El primero de estos asentamientos fue Ramat Eshkol, construido sobre 334,5 hectáreas de tierras de propiedad privada palestina, nombrado en honor al primer ministro israelí Levi Eshkol y concebido para establecer un nexo terrestre entre Jerusalén Oeste y el Monte Scopus. Poco después se confiscó una porción de tierra algo inferior para la construcción de Neve Yaakov, algo más al norte. Los habitantes palestinos del Barrio Judío de la Ciudad Vieja de Jerusalén fueron rápidamente expulsados de sus hogares y, en abril de 1968, las autoridades israelíes confiscaron 11,6 hectáreas de la Ciudad Vieja de Jerusalén (un 20% del total) para "usos públicos". Tanto el Ministro de Justicia como el asesor legal del Ministro de Asuntos Exteriores israelíes avisaron en 1967 que la implantación de asentamientos en territorio ocupado supondría una violación de la Cuarta Convención de Ginebra, diseñada para proteger a los civiles en tiempos de conflicto bélico.
En abril de 1968, un grupo de nacionalistas judíos liderados por el rabino Moshe Levinger solicitó y obtuvo permiso del ejército israelí para celebrar la pascua judía en un hotel de Hebrón. Armados clandestinamente por el ministro israelí Yigal Alón, poco después de llegar anunciaron su intención de "recuperar la presencia judía en Hebrón". En pocos meses, el gobierno israelí decidió la creación de un barrio judío en esta ciudad palestina. En mayo de 1970, Moshe Dayan y otros altos cargos israelíes acordaron presentar la expropiación de edificios en el corazón de Hebrón como uso militar, pese a que seguían estando ocupados por civiles.
Por su parte, Israel diseñó el "plan de los cinco dedos" en la Franja de Gaza para romper la contigüidad territorial de esta estrecha porción de terreno mediante la creación, entre 1970 y 1973, de cuatro bloques de asentamientos financiados por el Estado. El más meridional de estos asentamientos se construyó en la península del Sinaí, ocupada a Egipto desde 1967.
El primer asentamiento israelí en los Altos del Golán, Merom Golan, fue creado ya en 1967 y fue calificado de Nahal (paramilitar) para evitar posibles problemas legales derivados de su incompatibilidad con el derecho internacional. En enero de 1969 ya había diez asentamientos israelíes en los Altos del Golán, dos en la península del Sinaí y cinco en Cisjordania.
Hacia 1977 ya se habían construido ocho asentamientos alrededor de Jerusalén en los que vivían 33.000 colonos judíos. Sin embargo, la población de los asentamientos en el resto de Cisjordania, entre los que destacaban Kfar Etzion y Kiryat Arba, era de tan solo 4.300 colonos. Entre la Franja de Gaza y los Altos del Golán había 27 asentamientos más, mientras que en la costa norte de la península del Sinaí se estaba construyendo Yamit. Poco después de la elección de Menahem Begin como primer ministro de Israel, este viajó a Kadum, donde se encontraban temporalmente los colonos de Elon Moreh, y les prometió "muchos más Elon Morehs". Poco después se legalizaron un "campo de trabajo" en Ofra y una "zona industrial" en Ma'ale Adumim.
Un veredicto del Tribunal Supremo de Israel en 1979 hizo más complejo el proceso de expropiación de tierras palestinas para usos militares y la posterior construcción de asentamientos judíos en estas tierras. Así pues, las autoridades israelíes pasaron a declarar las tierras palestinas como "terrenos estatales", lo que les permitió seguir construyendo asentamientos en tierras que habían sido de propiedad privada palestina tanto durante el Mandato británico como durante la ocupación jordana. Entre 1979 y 1992, Israel declaró "terrenos estatales" más de 90.000 hectáreas y las dedicó casi en exclusiva al desarrollo de asentamientos, un proceso que ha continuado hasta la actualidad. De esta manera, el 22% de Cisjordania (unas 120.000 hectáreas) es a día de hoy "terreno estatal" bajo pleno control israelí. También en 1979, el gobierno israelí aprobó la aplicación extraterritorial de la ley israelí en los cinco concejos regionales de asentamientos. El número de judíos en Cisjordania comenzó a crecer rápidamente y ya se cifraba en 12.500 en 1980. Según Ian Black, un analista israelí comentó que el objetivo de su gobierno era cortar Cisjordania en pedazos "mediante una red de carreteras, asentamientos y bastiones militares hasta crear un montón de pequeños bantustanes para que [los palestinos] no vuelvan a unirse en un área contigua que pueda defender una existencia autónoma, y mucho menos independiente". En marzo de 1982, sin embargo, en el marco del proceso de paz con Egipto y de los Acuerdos de Camp David, Israel evacuó a los 2.500 colonos del asentamiento de Yamit, en la península del Sinaí, y demolió todos los edificios antes de abandonarlo.
Los gobiernos israelíes del Likud entre 1977 y 1988 construyeron más de un centenar de asentamientos en "terrenos estatales" en zonas palestinas densamente pobladas. Estos asentamientos se diseñaron y desarrollaron para establecer pasillos horizontales entre Israel y el Valle del Jordán, eliminando así la contigüidad territorial de Cisjordania y limitando la capacidad de movimiento de los palestinos. A su vez se construyeron cinco nuevas autovías y toda una red de carreteras accesible solamente para los colonos judíos de Cisjordania. Además, tan solo entre 1984 y 1988 años se construyeron doce nuevos asentamientos en la Franja de Gaza y tres más en Jerusalén Este.
En 1995, Isaac Rabin y Yasir Arafat firmaron los Acuerdos de Oslo, según los cuales Cisjordania quedaba dividida de manera provisional en tres zonas bien diferenciadas: el área A es de control administrativo y policial palestino; el área B es de control administrativo palestino y control militar israelí; y el área C es de control administrativo y militar israelí. Las áreas A y B incluyen los principales núcleos de población palestinos y constituyen 165 enclaves aislados y rodeados por el área C, en la que se encuentran todos los asentamientos israelíes. En la práctica, sin embargo, Israel todavía mantiene un control pleno sobre la totalidad de Cisjordania.
En enero de 1995, una semana después de recibir el Premio Nobel de la Paz, Isaac Rabin prometió que Israel paralizaría la construcción de nuevos asentamientos y solo expropiaría tierras palestinas para la creación de carreteras. Sin embargo, apenas unos días después el gabinete israelí aprobó la construcción de 2200 nuevas viviendas en Cisjordania. La construcción de asentamientos en Jerusalén Este no se detuvo en ningún momento, y se anunciaron planes para construir 6500 viviendas en el asentamiento de Har Homa, al sur de la ciudad. Dado que el anuncio tuvo lugar apenas unas semanas antes de la fecha de retirada israelí de la vecina ciudad de Belén, numerosos críticos palestinos e israelíes entendieron esta medida como una provocación. Aunque los Acuerdos de Oslo no entraban en detalles sobre el espinoso asunto de los asentamientos, sí que incluían una cláusula según la cual "ningún bando tomará iniciativas o pasos que cambien el statu quo de Cisjordania o la Franja de Gaza hasta que se alcance un acuerdo en las negociaciones sobre un estatus permanente". Por este motivo, ante la inminente implementación de los Acuerdos de Oslo, Ariel Sharon recomendó a los colonos: "moveos, corred y tomad tantas colinas como podáis para expandir los asentamientos, porque todo lo que tomemos ahora seguirá en nuestras manos".
Además, poco después del anuncio de congelación de la construcción de asentamientos, las propias autoridades israelíes dieron comienzo a la construcción de los denominados "asentamientos ilegales" o "outposts", que si bien carecen de un apoyo oficial del Estado, reciben de este ayuda económica, apoyo logístico y protección militar. Desde 1996 se han establecido más de cien asentamientos de este tipo en Cisjordania. En 2017, el parlamento israelí aprobó una ley que permitía la legalización de estos asentamientos ilegales y su conversión, por lo tanto, en asentamientos oficiales.
En 1997, Israel declaró que todos los asentamientos israelíes tendrían consideración de "zona militar cerrada", lo que suponía un 10% de Cisjordania (unas 54.000 hectáreas). A fecha de 2019, casi un tercio de Cisjordania (176.500 hectáreas) tiene carácter de "zona militar cerrada" y es inaccesible para la población palestina. Además, desde la Segunda Intifada (2000-2005), Israel ha cerrado otras 18.000 hectáreas de terreno cisjordano a la población civil palestina, bien declarándolas "zona de costuras" o bien "Áreas Especiales de Seguridad".
La construcción del muro israelí de Cisjordania comenzó en junio de 2002. El trazado de este muro se realizó dejando 81 asentamientos del lado israelí de la barrera, preparando así el camino para una futura anexión de los mismos. En Jerusalén Este, el muro dejó del lado israelí 11 asentamientos judíos construidos en terrenos palestinos, pero dejó fuera a cerca del 40% de los habitantes palestinos que viven en el propio término municipal de Jerusalén declarado por Israel en 1967.
A mediados de agosto de 2005 comenzó la evacuación de los cerca de 9000 colonos israelíes de la Franja de Gaza, la denominada retirada unilateral de la Franja de Gaza. Muchos de los colonos se marcharon pacíficamente, aunque otros se resistieron y tuvieron que ser desalojados por el ejército israelí. En Neve Dekalim, el mayor de los asentamientos desmantelados, los colonos ortodoxos se enfrentaron al ejército, mientras que en Kfar Darom se atrincheraron en la sinagoga. Algunos colonos hicieron a sus hijos salir de sus casas con las manos en alto o con una estrella amarilla cosida a la ropa para evocar la persecución nazi. Poco después, equipos de demolición israelíes destruyeron las 2800 viviendas que habían sido abandonadas. A mediados de septiembre culminó el proceso y todas las fuerzas militares israelíes se retiraron. Sin embargo, dado que Israel todavía controla el espacio aéreo y marítimo y los puestos fronterizos de la Franja de Gaza, el derecho internacional y la ONU siguen considerándola "territorio ocupado" por Israel.
En la segunda década del siglo XXI, los asentamientos han cambiado completamente su aspecto. Ya no son bloques de caravanas o casas prefabricadas, sino ciudades en constante crecimiento con enormes bloques de apartamentos como los de Ma'ale Adumim, Beitar Illit y Modi'in Illit. Las carreteras que llevan a ellos están prohibidas al tráfico de vehículos palestinos y el muro de separación los ha rodeado para dejarlas al oeste del mismo. Los colonos disfrutan de notables beneficios fiscales, préstamos a bajo interés, exenciones de impuestos y un mayor gasto educativo por alumno del que existe en la propia Israel. Por ejemplo, una casa de cuatro habitaciones en el asentamiento de Ariel costaba 200.000$ en 2012, un precio por el que solo se podría adquirir un piso de dos habitaciones en un barrio pobre de Tel Aviv. A fecha de 2015 había 230 asentamientos israelíes reconocidos que ocupaban el 3% de Cisjordania, aunque su área de jurisdicción era muy superior.
Poco después de la Conferencia de Annapolis, Israel anunció planes para la expansión del asentamiento de Har Homa, que terminaría de aislar Jerusalén Este de Belén y el resto de Cisjordania. Poco después de la toma de posesión de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, una nueva ronda de conversaciones de paz comenzó bajo los auspicios de su Secretaria de Estado, Hillary Clinton. Aunque los Estados Unidos exigieron la completa paralización de la construcción de asentamientos, Netanyahu accedió solamente a una moratoria de 10 meses que no incluía Jerusalén Este o los proyectos ya en curso. Días después, en una reunión con sus "hermanos y hermanas" colonos, les confirmó que la construcción de asentamientos proseguiría nada más terminar la moratoria. Mahmoud Abbas se negó a participar en las conversaciones con esas condiciones.
En marzo de 2010, durante una visita oficial del vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden, Israel anunció la construcción de 1600 nuevas viviendas en el asentamiento ortodoxo de Ramat Shlomo, en Jerusalén Este. El enviado especial de los Estados Unidos a Oriente Medio, George Mitchell, calificó la noticia de un "insulto directo e increíble". Un nuevo intento de conversaciones de paz tuvo lugar en 2010, aunque se frustró rápidamente ante la negativa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a prorrogar la moratoria en la construcción de asentamientos. Apenas unas semanas antes de las elecciones de enero de 2013, Netanyahu anunció la construcción de miles de nuevas viviendas en asentamientos de Cisjordania. La construcción de asentamientos creció por séptimo trimestre consecutivo en los primeros meses de 2013. En septiembre de 2013, en el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Oslo, se conocieron cifras oficiales sobre la población de los asentamientos: el número de colonos se había doblado en esos veinte años, pasando de 262.000 en 1993 a 520.000 en 2013, en los que se incluían unos 200.000 colonos en Jerusalén Este. En 2013 se construyeron 2.534 nuevas viviendas en asentamientos de Cisjordania, una cifra que doblaba la del año anterior, 1.133 viviendas.
Las conversaciones de paz de los años 2013 y 2014, patrocinadas por el Secretario de Estado de los Estados Unidos John Kerry, comenzaron con el anuncio de la construcción de 1.500 nuevas viviendas en Jerusalén Este acabaron descarrilando principalmente por la continua expansión de los asentamientos. En palabras del propio Kerry, "el primer día pasó, y el segundo día pasó, y el tercer día pasó. Y entonces, por la tarde, cuando parecía que iban a conseguirlo, se anunciaron 700 nuevas viviendas en los asentamientos de Jerusalén y ahí se esfumó la oportunidad".
El 23 de diciembre de 2016, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba por 14 votos a favor y una abstención la resolución 2334, que reiteraba la condena de los asentamientos israelíes como una "flagrante violación" del derecho internacional.
A comienzos de 2017, el Knéset aprobó la denominada "Ley de Regularización de los Asentamientos en Judea y Samaria", apodada por sus críticos como la "Ley del Robo de Tierras", que legaliza con carácter retroactivo los asentamientos ilegales establecidos en terrenos de propiedad privada palestina. La ley permite a los colonos israelíes permanecer en estos terrenos privados palestinos, prohíbe a sus legítimos propietarios acceder a ellos o reclamar ante la justicia y supone la aplicación retroactiva del código civil israelí sobre un territorio que no forma parte de Israel y cuyos habitantes no pueden votar en las elecciones israelíes. El propio fiscal general del Estado de Israel, Avichai Mandelblit, considera que esta ley es ilegal porque viola la Cuarta Convención de Ginebra. El exministro de justicia israelí Dan Meridor, del Likud, la calificó de "perversa y peligrosa", y vaticinó que se utilizaría en un futuro proceso contra Israel en la Corte Penal Internacional por violar los Convenios de Ginebra.
El 15 de octubre de 2020 se anunció la construcción de otras 5.000 viviendas en los asentamientos israelíes de Cisjordania, algunas de ellas en asentamientos aislados en mitad de la región palestina. Según Paz Ahora, 2020 fue un año récord en la aprobación de licencias de construcción en los asentamientos israelíes con más de 12.000 nuevas viviendas hasta mediados de octubre. Esta cifra suponía, sin que hubiese terminado aún el año, un aumento de 4.000 viviendas sobre el anterior récord, que se había establecido en 2019. Poco después se supo que también se había dado luz verde a la construcción de 31 viviendas para colonos israelíes en el corazón de la ciudad palestina de Hebrón, incluso aunque un tribunal jerosolimitano había prohibido expresamente la construcción de viviendas en esa zona hasta la resolución de un juicio pendiente. El 12 de noviembre de 2020, la prensa israelí hacía pública la aprobación del plan de expansión del asentamiento de Ramat Shlomo, en la Jerusalén Este ocupada, para el que se aprobaron 108 nuevas viviendas. Tres días después se supo de la aprobación de 1.257 nuevas viviendas para el nuevo asentamiento de Givat Hamatos, en Jerusalén Este, cuya construcción partiría en dos el Estado de Palestina e imposibilitaría el viaje de Belén a Jerusalén, además de convertir el barrio palestino de Beit Safafa en un enclave. Este movimiento fue condenado por la Unión Europea y por la Autoridad Nacional Palestina y supondría la creación del primer nuevo asentamiento en Jerusalén Este en más de dos décadas.
El 11 de enero de 2021, la prensa israelí publicaba la aprobación de otras 800 nuevas viviendas en los asentamientos de Itamar, Beit El, Shavei Shomrom, Oranit y Givat Zeev, así como en los asentamientos ilegales de Tal Menashe y Nofei Nehemia. La prensa israelí y los políticos de la oposición atribuyeron la premura en la aprobación de estos asentamientos a la próxima toma de posesión del presidente Joe Biden en los Estados Unidos, de quien se espera que sea menos entusiasta con respecto a las colonias israelíes que su predecesor, Donald Trump. Este movimiento fue condenado por la ONU, la Unión Europea, el Reino Unido y una serie de partidos políticos y organizaciones israelíes. El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó este movimiento y llamó a Israel a "detener e invertir" la decisión de construir 800 nuevas viviendas en Cisjordania, tras lo que reiteró que los asentamientos son "uno de los principales obstáculos para la consecución de una solución de dos Estados y una paz justa, duradera y completa" en Oriente Medio. Guterres recordó que "el establecimiento por parte de Israel de asentamientos en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluido Jerusalén Este, carece de validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional".
Pese a la condena internacional, el gobierno israelí anunció el domingo 17 de enero la construcción de 780 nuevas viviendas en los territorios ocupados y poco después, el 20 de enero de 2021, Israel volvió a anunciar la concesión de permisos de construcción en sus asentamientos en Palestina, en este caso más de 2.500 nuevas viviendas repartidas entre Cisjordania, con 2.112 permisos, y Jerusalén Este, con 460. La ONG israelí Paz Ahora condenó la "disparatada carrera para aprobar tanta actividad en los asentamientos como sea posible hasta el último minuto antes del cambio en la administración de Washington", en alusión a la toma de posesión de Joe Biden en la Casa Blanca.
A través de un complejo mecanismo burocrático, Israel tomó el control de casi un 50% de Cisjordania, principalmente para el establecimiento de los asentamientos y la preparación de reservas de suelo para su expansión. El principal medio utilizado para este propósito es la declaración y el registro de la tierra como "tierras estatales" (State Land). Este procedimiento, utilizado sobre todo en las décadas de 1980 y 1990, se basa en la aplicación por el gobierno israelí de la Ley de Tierras otomana de 1858, que estaba en vigor antes de la ocupación. Este mecanismo dio lugar a la declaración del 16 por ciento de Cisjordania como tierras del Estado de Israel y se utilizó para la construcción de asentamientos, en particular alrededor de áreas palestinas ya edificadas. Los otros métodos utilizados, cada uno con una base jurídica diferente, son requisas por "necesidades militares", la declaración de la tierra como "propiedad abandonada" y la expropiación de tierras para "necesidades públicas." Además, Israel ha ayudado a los ciudadanos en la compra de tierras en el "mercado abierto". Al mismo tiempo, en muchos casos, los colonos tomaron el control de tierras privadas palestinas de forma independiente, mientras que las autoridades israelíes, en casi todos los casos, no hicieron cumplir la ley y no devolvieron las tierras a sus legítimos propietarios.
El Tribunal Supremo de Israel ha sancionado en general el mecanismo utilizado para tomar el control de la tierra, para dar cobertura legal a estos procedimientos. Por otro lado, Israel utiliza estas tierras confiscadas en beneficio de los asentamientos, mientras que prohíbe al pueblo palestino su uso, que está prohibido y es ilegal en sí mismo, incluso si el proceso por el cual las tierras fueron adquiridas fue justo y de acuerdo con el derecho internacional y jordano.
Según B'Tselem, en contraste con la política de planificación urbanística restrictiva seguida para las comunidades palestinas, los asentamientos israelíes en Cisjordania disfrutan de asignaciones de tierras, planificación urbanística detallada, conexión a infraestructura avanzada y vista gorda con respecto a la construcción ilegal (hay cerca de 100 asentamientos construidos sin autorización oficial, pero con apoyo y asistencia de los ministerios del gobierno israelí). A diferencia de los palestinos, los colonos tienen plena representación en los procesos de planificación urbanística.
B'Tselem afirma que, en beneficio de los asentamientos, la Administración Civil israelí cambió la clasificación de la tierra en los planes urbanísticos de la época del Mandato británico, de forma que casi todos los asentamientos de Cisjordania fueron erigidos sobre extensiones de tierras designadas como agrícolas en los planes de edificación. No obstante, en los últimos años, la Administración Civil ha aprobado cientos de nuevos planes directores que cambiaron la clasificación de la tierra, lo que permite el establecimiento de asentamientos. En la mayoría de los casos, la construcción en los asentamientos fue aprobado con carácter retroactivo, o bien por orden militar. La Administración Civil también aprobó la creación de pequeños asentamientos que suman solo unas pocas docenas o cientos de colonos, como también nuevos asentamientos localizados a pocos kilómetros de distancia de los ya existentes. De acuerdo con datos de la Administración Civil, en alrededor del 75% de los asentamientos la construcción se llevó a cabo sin los permisos apropiados.
De acuerdo con datos de la Administración Civil correspondientes a 2000-2012, y teniendo en cuenta el tamaño de la población, 3,5 más órdenes de demolición fueron emitidas y demoliciones llevadas a cabo para viviendas palestinas en la zona C que órdenes de demolición y derribos ejecutados de viviendas de colonos. Entre 2002 y 2010, 176 permisos de construcción fueron concedidos a los palestinos, mientras que al menos 15.000 unidades residenciales fueron construidas en los asentamientos durante ese mismo período, con o sin permiso. En contraste con el planeamiento parcial y restrictiva para las comunidades palestinas en la zona C, para los asentamientos en esa misma área, se elaboraron planes detallados modernos que contaron con espacios públicos, parques o bienes comunes, y en muchos casos con baja densidad de viviendas.
A los asentamientos se han destinado grandes áreas de terreno, muy por encima de sus secciones construidas. Estas áreas han sido declaradas zonas militares cerradas y están fuera del alcance de los palestinos, excepto con un permiso especial. Por el contrario, los ciudadanos israelíes, los judíos desde cualquier parte del mundo y los turistas pueden entrar libremente. En total, los asentamientos y las zonas bajo jurisdicción de los consejos regionales cubren el 63% de la zona C (bajo el control total de Israel) y a los palestinos se les prohíbe la construcción o el desarrollo en esas áreas. Aunque Cisjordania no es parte del territorio soberano de Israel, los asentamientos y los colonos están generalmente sujetos a la ley israelí. Como resultado, los pobladores disfrutan de todos los derechos de los ciudadanos en un Estado democrático, al igual que los ciudadanos israelíes que viven al oeste de la Línea Verde. Mientras tanto, los palestinos de la zona C viven bajo la ley marcial y la autoridad de la Administración Civil.
Desde 1998 el gobierno israelí ha declarado muchos asentamientos de Cisjordania como Áreas Prioritarias Nacionales (National Priority Areas), lo que les otorga beneficios tales como: reducciones fiscales, rebajas del precio de la tierra y de los costes de construcción, subvenciones para hipotecas, e incentivos en el campo de la educación, la industria, la agricultura y el turismo. En 2013, 91 asentamientos de Cisjordania fueron declarados Áreas Prioritarias Nacionales, además de 9 asentamientos recientes que incluyen tres puestos avanzados ilegales (outposts) que fueron legalizados en 2012.
Diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU han condenado los asentamientos. Entre otras, la resolución 446 o la resolución 465 (aprobada esta última por unanimidad), que condenan los asentamientos en general, los declaran nulos e instan a su desmantelamiento; también la resolución 298, referida específicamente a Jerusalén Este. Estas resoluciones se han dictado en virtud del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, siendo el Capítulo VII el único que permite la adopción de resoluciones vinculantes, en interpretación literal de la Carta. No obstante, la Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva no vinculante acerca de Namibia (21 de junio de 1971), interpretó que, con base a los artículos 24,2 y 25 de la Carta, el Consejo de Seguridad tiene poderes generales, por lo que este puede adoptar decisiones obligatorias al margen del Capítulo VII. Además, en 1993, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, "actuando bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas", aprobó un informe del Secretario General que concluyó más allá de toda duda que la ley aplicable en un conflicto armado tal y como está representada en las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y en la Convención de la Haya (IV) del 18 de octubre de 1907 ha pasado a formar parte del derecho internacional consuetudinario. Los incumplimientos de los principios contenidos en las convenciones se encuentran, por lo tanto, enmarcados en la competencia de los tribunales penales internacionales.
La resolución 446 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas afirma "que el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, de 12 de agosto de 1949, es aplicable a los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, incluso Jerusalén". El artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, del que Israel es un Estado signatario, especifica que "la Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado". El artículo 147 incluye el "traslado ilegal" en la lista de infracciones graves del Convenio. El artículo 146 de este mismo tratado establece que "Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad."
Tanto el Ministro de Justicia como el asesor legal del Ministro de Asuntos Exteriores israelíes avisaron en 1967 que la implantación de asentamientos en territorio ocupado supondría una violación del Cuarto Convenio de Ginebra, diseñado para proteger a los civiles en tiempos de conflicto bélico.
El 23 de diciembre de 2016 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución condenando la política de Israel de establecer asentamientos en territorio palestino, reafirmando que la adquisición de territorio por la fuerza resulta inadmisible, y que en tal medida «el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional», expresando además su «grave preocupación por el hecho de que la continuación de las actividades de asentamiento israelíes están poniendo en peligro la viabilidad de la solución biestatal basada en las fronteras de 1967».
La resolución, que fue aprobada con 14 votos a favor, ninguno en contra, y la abstención de Estados Unidos, «reitera su exigencia de que Israel ponga fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental» y «subraya que no reconocerá ningún cambio a las líneas del 4 de junio de 1967». Asimimo, llama a adoptar inmediatos pasos para prevenir cualquier acto de violencia contra la población civil, incluyendo los actos de terrorismo.
Los diversos gobiernos israelíes han sostenido que las comunidades israelíes autorizadas son totalmente legales y de acuerdo con el derecho internacional. Israel no reconoce la aplicación del Cuarto Convenio de Ginebra, pero aplica sus disposiciones por razones humanitarias.
Según la diplomacia israelí, la presencia judía en el territorio de la "antigua Judea y Samaria" tiene varios miles de años y ha sido reconocida como legítima por el Mandato británico sobre Palestina. Además, ciertas localidades se restablecen en comunidades judías destruidas como en Hebrón, en Gush Etzion, a lo largo del Mar Muerto, así como en referencia a lugares históricos y bíblicos. Además, el "futuro" de los asentamientos dependería de las negociaciones bilaterales emprendidas con los palestinos (de conformidad con los acuerdos de Oslo).
En noviembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que todos los productos elaborados en los asentamientos deben llevar el término "fabricado en un asentamiento israelí" en sus etiquetas. El Tribunal de Justicia europeo considera que los Altos del Golán y Cisjordania están “sujetos a una jurisdicción limitada del Estado de Israel”, que “actúa en calidad de potencia ocupante y no como una entidad soberana". De hecho, ambos territorios tienen un estatuto internacional especial, según este tribunal, que recuerda que Cisjordania pertenece al pueblo palestino, que “disfruta del derecho a la libre determinación según determina el Tribunal Internacional de Justicia”, mientras que los Altos del Golán "forman parte" de Siria. Además, el tribunal recuerda que los asentamientos contravienen al Derecho internacional y que esa política ha sido condenada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dado que "los asentamientos (...) suponen una expresión concreta de una política de transferencia de población llevada a cabo por dicho Estado fuera de su territorio, en violación de las normas del derecho internacional humanitario". Por estos motivos, no indicar que los productos han sido elaborados en un asentamiento, dejando tan solo su ubicación geográfica, podría "llevar a engaño" a los consumidores y hacerles creer que han sido elaborados por productores palestinos o sirios.
La decisión del Tribunal de Justicia tiene su origen en una medida adoptada por el Ministerio de Finanzas francés en 2016 que, dado que estos asentamientos no forman parte de Israel según el derecho internacional, obligaba a los productos elaborados en ellos a llevar en su etiqueta la fórmula "producto de los Altos del Golán (asentamiento israelí)” o “producto de Cisjordania (asentamiento israelí)".
El 14 de febrero de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo pública una lista de 112 empresas que hacen negocios con los asentamientos israelíes ubicados en el territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. La elaboración y publicación de esta lista, que se origina en una resolución del propio Consejo de Derechos Humanos de 2016, llevaba pendiente de publicación más de tres años. En ella figuran un total de 94 empresas israelíes y 18 empresas extranjeras, como las estadounidenses TripAdvisor, Airbnb, Expedia, General Mills, Booking o Motorola, la británica JCB, las francesas Alstom y Egis Rail, la luxemburguesa eDreams o la holandesa Altice. En agosto de 2019, el Consejo de Derechos Humanos ya había elaborado una lista similar de empresas que hacen negocios con el ejército de Myanmar.
En marzo de 2021, la Corte Penal Internacional anunció la apertura de una investigación por posibles crímenes de guerra en el Estado de Palestina (lo que incluye Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este). Entre los hechos que se pretenden investigar como potencialmente constitutivos del delito de crímenes de guerra, la Corte Penal Internacional listó la guerra de Gaza de 2014, la represión israelí de la Marcha del Retorno de 2018-2019 y el establecimiento por parte de Israel de asentamientos en territorio palestino ocupado. Aunque Israel no es firmante del Estatuto de Roma y, por lo tanto, no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional, el Estado de Palestina sí lo es, por lo que la Corte dictaminó el 5 de febrero de 2021 que poseía jurisdicción sobre los territorios en los que han tenido y tienen lugar los posibles crímenes de guerra a investigar.
Un informe de finales de 2010 de la organización no gubernamental Defence for Children International señala 38 casos de ataques de colonos contra menores, con un saldo de tres adolescentes muertos y otros 42 jóvenes heridos.
La organización israelí B'Tselem informa en 2011-2012 que existen varias formas de violencia perpetrada por civiles israelíes en los Territorios Ocupados, con daños contra personas, propiedades y tierras. Han documentado actos como bloqueos de carreteras, arrojar piedras a coches y a casas, incursiones en pueblos, prender fuego a los campos y arrancar árboles. Entre 1967 y 2013, 800.000 olivos fueron arrancados en Cisjordania, y solo en los 10 primeros días de junio de 2013, 2.500 olivos fueron arrancados y quemados por los colonos israelíes en los alrededores de Nablus, destruyendo así la principal fuente de ingresos de los campesinos palestinos.
El 25 de febrero de 1995, Baruch Goldstein, un colono israelí de Kiryat Arba, cerca de Hebrón, médico y reservista del ejército israelí, entró a la Mezquita de Ibrahim con varias granadas, un rifle M-16 y varios cargadores, y disparó indiscriminadamente hacia los fieles musulmanes que se encontraban en ella, asesinando a 29 personas e hiriendo a más de 120. Él mismo murió cuando se le acabó la munición a consecuencia de los golpes de la multitud enfurecida. Goldstein está enterrado en el Parque Conmemorativo Meir Kahane de Kiryat Arba, bautizado en honor a un líder ultraderechista judío considerado terrorista por Estados Unidos e Israel, y su tumba es lugar de peregrinaje de multitud de judíos cada año en ocasión del Purim.
El 31 de julio de 2015, el asesinato de Alí Dawabsha, un niño palestino de año y medio que murió quemado vivo por varios supuestos colonos que incendiaron su casa en el norte de Cisjordania, conmocionó a la opinión internacional y fue calificado de "acto terrorista judío" por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Otra casa vecina también fue incendiada por los agresores, que dibujaron una estrella de David en sus paredes y escribieron en hebreo la palabra "venganza", firma usada en ocasiones por activistas de extrema derecha que atentan contra casas palestinas o lugares de culto musulmanes. Días más tarde el padre del niño, Saed Dawabsha, murió a consecuencia de las quemaduras que sufrió en 80% de su cuerpo, y al mes su madre, Riham Dawabsha, sucumbió debido a la gravedad de las lesiones en 90% de su cuerpo. El hijo mayor de la pareja, Ahmed, de cuatro años, seguía hospitalizado con quemaduras en 60% del cuerpo.
La violencia de los colonos se dirige también contra las fuerzas de seguridad israelíes, cuando consideran que ciertas acciones de las autoridades puedan perjudicar la actividad de sus asentamientos. Por otro lado, si bien hay casos en los que las fuerzas de seguridad israelíes son desplegadas a fin de prevenir actos de violencia, no siempre protegen a los palestinos de la violencias de los colonos aunque esta sea previsible. Y en algunos casos, la policía opta por imponer restricciones a los palestinos en vez de reprimir a los colonos violentos.
Israel tiene obligación de mantener el orden y velar por la seguridad de los palestinos en Cisjordania. Un dictamen de la Corte Suprema israelí dictó que «la protección de la seguridad y de la propiedad de los residentes era una de las obligaciones más básicas del mando militar del área», y que este «tenía que destinar fuerzas de seguridad para proteger las propiedades de los residentes palestinos».
El 2 de mayo de 1980 un grupo de palestinos pertenecientes a Fatah atacaron a balazos y con granadas de mano y explosivos a un grupo de estudiantes judíos en vísperas del shabat que regresaban caminando de la Tumba de los Patriarcas hebreos. Ocho personas fueron asesinadas y 165 quedaron gravemente heridas, entre ellas mujeres y niños.
El 26 de marzo de 2001, un francotirador palestino, asesinó a sangre fría a una bebé de diez meses, Shalhevet Pass, en el asentamiento de Hebrón. Fue una noticia internacional y el mundo entero reaccionó condenando el ataque. Los habitantes del asentamiento marcharon con pancartas que mostraban la foto de la bebé y el eslogan «No más árabes, no más terror». Pronto Shalhevet Pass se convirtió en un símbolo de la resistencia de los habitantes de los asentamientos.
En 2002 una niña pequeña judía y tres israelíes fueron asesinados durante un ataque palestino al asentamiento judío de Adora.
El 2 de mayo de 2004, Tali Hatuel, de 34 años, embarazada de ocho meses y sus cuatro hijas pequeñas, Hila, de 11 años, Hadar, de 9, Roni de 7 y Meirav de 2 años, fueron asesinadas en una carretera cerca del bloque de asentamientos de Gush Katif, en donde vivían, por un grupo de palestinos pertenecientes al Comité de Resistencia Popular.El crimen fue considerado «un acto heroico» por la organización que reivindicó el hecho y un delito de lesa humanidad por Amnistía Internacional.
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