La Constitución de Japón (Shinjitaito: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法 'Nihon-Koku Kenpō'?) es el documento legal refundador del Imperio japonés, tras su derrota militar en la Segunda Guerra Mundial en 1945.
La constitución proporciona un sistema parlamentario de gobierno y garantías de ciertos derechos fundamentales. En este marco, el Emperador de Japón es "el símbolo del Estado y de la unidad de la nación" y tiene un rol puramente ceremonial, sin tener ninguna soberanía. A diferencia de otros monarcas, no es el jefe de estado, aunque reciba el tratamiento como si lo fuese.
La constitución, también denominada la Constitución de la Paz (平和憲法, Heiwa-Kenpō) o la Constitución Posguerra (戦後憲法, Sengo-Kenpō) es famosa por la renuncia del derecho a la guerra que figura en el artículo 9 y, en menor medida, por la disposición de jure de la soberanía popular en relación con la monarquía.
La constitución fue redactada por un equipo de unos veinte estadounidenses durante la ocupación aliada que siguió a la Segunda Guerra Mundial, en una misión que se mantuvo en secreto hasta los años 1970. Se pretendía que reemplazase el sistema de la monarquía absoluta militarista por una forma de democracia liberal. Actualmente, es un documento rígido y no se ha hecho ninguna enmienda desde su adopción.
Los japoneses pasaron de la era de los “súbditos” (o soberanía imperial) a la de los “ciudadanos” (o soberanía popular). Pese a que mantiene la vigencia del “tennoísmo” (emperador e institución imperial como dispositivo central), la Constitución es heredera de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su afán por “defender los derechos naturales y civiles, sagrados e imprescriptibles”.
Fue promulgada el 3 de noviembre de 1946 y entró en vigor el 3 de mayo de 1947.
La Constitución tiene una longitud de aproximadamente 5.000 palabras. Consiste de un preámbulo y de 103 artículos agrupados en once capítulos, que son los siguientes:
La constitución contiene una firme declaración del principio de soberanía popular en el preámbulo. Esta es proclamada en nombre del "pueblo japonés" y declara que "el poder soberano reside en el pueblo" y
Parte del propósito de este lenguaje es para refutar la anterior teoría constitucional, según la cual la soberanía residía en el Emperador. La Constitución afirma que el Emperador es meramente un símbolo y que deriva "su posición de la voluntad del pueblo en quien reside el poder soberano" (artículo 1). El texto de la Constitución también afirma la doctrina liberal de los derechos humanos fundamentales. En particular, su artículo 97 establece que
La Constitución establece un sistema parlamentario de gobierno. El emperador lleva a cabo la mayor parte de las funciones de un jefe de Estado, pero su papel es meramente ceremonial y, a diferencia de las formas de monarquía constitucional en otras naciones, él no posee poderes discrecionales. El poder legislativo reside en una Dieta Nacional de conformación bicameral y, mientras que previamente la cámara alta denominada Cámara de los Pares estaba compuesta por miembros de la nobleza, la nueva constitución provee que ambas cámaras sean elegidas directamente.
El poder ejecutivo es ejercido por un Primer Ministro y por el gabinete responsable ante la legislatura.
El poder judicial es ejercido por la Corte Suprema de Justicia de Japón.
"Los derechos y deberes del pueblo" son una figura prominente en la constitución de la posguerra. En total, treinta y uno de sus 103 artículos están dedicados a describir en gran detalle, lo que refleja el compromiso de "respeto a los derechos humanos fundamentales" de la Declaración de Potsdam. Aunque la Constitución Meiji tenía una sección dedicada a los "derechos y deberes de los súbditos", que garantizaba "la libertad de expresión, escritura, publicaciones, reuniones públicas, y asociaciones", estos derechos fueron concedidos "dentro de los límites de la ley". Así, la libertad de creencia religiosa fue permitida "en la medida en que no interfiera con los deberes de los súbditos" (todos los japoneses estaban obligados a reconocer la divinidad del Emperador, y los que se negaron a hacerlo por sus convicciones religiosas, como cristianos, fueron acusados de lesa majestad). Estas libertades se delinean en la Constitución de la posguerra sin cualificación.
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