El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue una organización terrorista peruana de corte comunista y guevarista de extrema izquierda fundada en 1982. Inició su accionar en julio de 1984, y fue parte de la época del terrorismo en el Perú (1980-2000). En su informe final, la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación concluyó que el MRTA fue responsable del 1,5 % de las víctimas mortales de la lucha antiterrorista. Fue considerado como una organización terrorista por el Perú, los Estados Unidos de América, la Unión Europea[cita requerida] y otras organizaciones internacionales.[¿cuál?]
El MRTA se sirvió de asesinatos selectivos, emboscadas y atentados con coches bomba para atacar a instituciones armadas del Estado (el ejército y la policía). Al mismo tiempo, funcionaron grupos terroristas emerretistas uniformados en las regiones de la selva alta peruana. A diferencia de Sendero Luminoso, y en forma similar a otras organizaciones armadas americanas con las que mantuvo vínculos, el MRTA reivindicaba sus acciones. Sin embargo, como indica la CVR, el MRTA incurrió en acciones terroristas y criminales como asesinatos, secuestros, daño a la propiedad privada y pública, torturas, robo, extorsión.
El MRTA fue liderado por su fundador Víctor Polay Campos hasta su recaptura y encarcelamiento en julio de 1992, secundado en la línea de mando por Peter Cárdenas Schulte, jefe de los llamados comandos especiales del MRTA. Tras la captura de Polay, asumió como líder el terrorista Néstor Cerpa Cartolini hasta su muerte en la Operación Chavín de Huantar el 22 de abril de 1997, cuando una acción militar realizada por el Comando Chavín de Huántar de las fuerzas armadas peruanas recuperaron el control de la Embajada Japonesa en Lima tomada por asalto el 17 de diciembre de 1996 por un comando de 14 terroristas del MRTA, liderados por el mismo Cerpa Cartolini.
En la actualidad, esta organización se encuentra desarticulada en el plano militar, pero hay indicios de que algunos de sus exmiembros estuvieron intentando reconstruir una estructura organizativa al menos hasta la primera década del siglo XXI, infiltrándose en organizaciones civiles de extrema izquierda.
Las acciones más importantes de este grupo fueron asesinatos contra policías y militares, extorsiones y asaltos selectivos para obtener recursos y solventar sus crímenes y acciones terroristas [cita requerida]. Dichas acciones fueron el principal mecanismo para hacer notar su descontento con sectores públicos y privados peruanos. Se estima en 1039 las víctimas de sus acciones a lo largo de los años, un 1,5 % del total de víctimas como resultado de la guerra contra el terrorismo en Perú (1980-2000), de acuerdo con la Comisión de la Verdad. A diferencia del movimiento senderista, los miembros del MRTA vestían uniforme durante las acciones militares para no ser confundidos con la población civil en las zonas altoandinas.
Cuando la privación a la libertad personal se realiza por un grupo armado de manera generalizada o sistemática, constituye un crimen de lesa humanidad. Entre 1984 y 1996, la CVR obtuvo evidencias de que el MRTA habría realizado decenas de secuestros individuales y colectivos. Estos secuestros eran una práctica frecuente orientada a la obtención de beneficios políticos o económicos, por lo que sus objetivos eran usualmente empresarios de grandes negocios.
A partir del secuestro del empresario televisivo Héctor Delgado Parker (1989) el MRTA implantó en Lima las llamadas "cárceles del pueblo", ideadas por Peter Cárdenas Schulte, socavones excavados en sótanos de domicilios particulares. Eran espacios reducidos, precarios e insalubres, en donde los secuestrados eran sometidos a interrogatorios llamados "juicios populares" a la espera del pago por el rescate. En la práctica eran auténticos centros de tortura física. Esta práctica se hizo extensiva en los años 1992 y 1993, tras lo cual disminuyó su número.
Los miembros del MRTA actuaban con gran precisión al momento de la aprehensión de sus víctimas. En muchos casos, disparaban a sangre fría contra quienes trataban de impedir el secuestro o incluso contra sus víctimas si estas ofrecían resistencia, como fue el caso del empresario vidriero Pedro Miyasato Miyasato, realizado el 22 de abril de 1993. Además, según la CVR, el cautiverio implicó tratos crueles, inhumanos y degradantes [cita requerida].
Según el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) se calcula que las víctimas mortales por parte de Sendero Luminoso y el MRTA durante el conflicto armado interno alcanzarían la cifra de 500 personas.
Existe un reportaje realizado a activistas de la organización Diversidad Sanmartinense (DISAM) de la ciudad de Tarapoto por Antonio López Díaz y publicado en "El País" donde el Movimiento Revolucionario Túpac Amarú tuvo operaciones subversivas y en este caso contra las minorías sexuales, donde el relato es totalmente desgarrador.
El 31 de mayo de 1989, un grupo de seis emerretistas ingresó violentamente a un bar en la ciudad de Tarapoto y asesinó a ocho travestis. Pocos días después, el semanario Cambio, órgano oficioso del MRTA, reivindicó la acción y alegó que se debió a la supuesta protección que las fuerzas del orden dispensaban a «estas lacras sociales, que eran utilizadas para corromper a la juventud». El semanario también mencionaba un asesinato de similares características acaecido en febrero del mismo año, cuando el MRTA ejecutó «a un joven "homo" muy conocido en Tarapoto».
El 17 de diciembre de 1996, un grupo armado de 14 miembros del MRTA, al mando de Néstor Cerpa Cartolini, tomó la residencia del embajador japonés en Lima y capturó a 800 rehenes pertenecientes a los sectores más encumbrados de la vida política y económica peruana, siendo la última gran acción terrorista en la historia de Perú. El MRTA exigió, como condición para liberar a los rehenes, que el gobierno peruano, presidido en ese momento por Alberto Fujimori, liberara de las cárceles peruanas a 462 integrantes de este grupo subversivo, exigencia rechazada por el gobierno. El mismo día de la toma, los insurgentes emerretistas liberaron a todas las mujeres y niños así como a aquellos hombres no considerados "objetivo" por el MRTA que se encontraban retenidos en la embajada, como un gesto humanitario, quedando un total de 72 rehenes en su poder. A partir de esta incursión y de su exigencia, empezaría la desarticulación total del MRTA.
El hecho tuvo como desenlace el asalto de la embajada por fuerzas especiales del Ejército del Perú, en un operativo llamado por el ejército como Operación Chavín de Huántar el 22 de abril de 1997 que duró 4 meses. Durante el operativo militar, murieron los 14 terroristas, incluyendo a Cerpa Cartolini, un rehén (Dr. Carlos Giusti Acuña, Vocal de la Corte Suprema) y dos comandos (Teniente Coronel Juan Valer Sandoval y Teniente Raúl Jiménez Chávez). Investigaciones posteriores y las declaraciones de testigos indican que Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito, el segundo jefe del comando del MRTA, se encontraba vivo y habría intentado rendirse. El 12 de marzo de 2001, los restos de Eduardo Cruz Sánchez fueron exhumados. Toda la evidencia hallada llevó a la fiscalía a denunciar a un grupo de comandos ante el Poder Judicial para determinar de dónde provino la orden de ejecutar a Tito cuando el enfrentamiento ya había terminado. Según la CVR, existen suficientes evidencias para presumir razonablemente que durante el operativo de rescate se incurrió en violaciones a los derechos humanos por parte del Estado peruano; por ello, recomendaba una investigación imparcial que determinara las responsabilidades del caso.
En la actualidad hay reportes de que una rama del MRTA se ha reagrupado pero esta vez bajo la denominación de Fuerzas Armadas Revolucionarias - Ejército Popular Tupacamarista (FAR-EPT) que posee el mismo corte ideológico marxista-leninista que el MRTA con un nuevo líder llamado Julio César Vásquez Vásquez que responde al alias de comandante Camilo Reyes.
Camilo Reyes desde el 2000 permanece como refugiado en Bolivia, donde ha purgado condena por el asesinato de una mujer, en una entrevista anunció el inicio de otra guerra revolucionaria desde la frontera boliviana.[cita requerida]
La Comisión de la Verdad y Reconciliación determinó que el grupo fue responsable del 1,5% de las muertes de la guerra. En sus conclusiones finales publicadas en 2003, la Comisión observó:
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