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La pandemia de COVID-19 en México, que inició en China el 17 de noviembre de 2019, se suscitó a partir del 28 de febrero de 2020. El primer caso confirmado se presentó en la Ciudad de México, y se trató de un mexicano que había viajado a Italia y tenía síntomas leves; pocas horas después se confirmó otro caso en la ciudad de Culiacán Rosales en el estado de Sinaloa y un tercer caso, nuevamente, en la Ciudad de México. El primer fallecimiento por esta enfermedad en el país ocurrió el 18 de marzo de 2020. El inicio de la vacunación se llevó a cabo el 24 de diciembre de 2020 en las entidades federativas de la Ciudad de México, Querétaro y el Estado de México.
El Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Salud, implementó una serie de medidas para prevenir y controlar los contagios en el país, entre las cuales se incluyen la extensión del período vacacional estudiantil, el confinamiento por la pandemia y el Plan DN-III-E. De un total de tres fases epidemiológicas identificadas por las autoridades sanitarias, según el grado de transmisión de la enfermedad, el 24 de marzo se decretó la fase 2 que comprende primordialmente la suspensión de ciertas actividades económicas, la restricción de congregaciones masivas y la recomendación de resguardo domiciliario a la población en general. El 30 de marzo se declaró «emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor» como consecuencia de la evolución de casos confirmados y muertes por la enfermedad en el país, lo cual dio lugar a la ejecución de acciones adicionales para su prevención y control, y el 21 de abril dio comienzo la fase 3, mediante la cual se extiendieron las actividades de prevención y control realizadas en las anteriores fases al menos hasta mediados o finales de mayo.
Algunos efectos que ha tenido la pandemia en México incluyen la generación de compras de pánico y saqueos de establecimientos, que a su vez ha conducido al eventual desabasto de productos de limpieza e higiene personal; la suspensión de eventos socioculturales; el cierre temporal o definitivo de empresas, y la caída del precio del combustible así como del peso mexicano en los mercados de divisas internacionales.
A mediados de marzo de 2020, se reportó una tasa de mortalidad de 0.26 por cien mil habitantes en el país, además de una tasa de recuperación de 40 %, en la cual 8 de cada 10 casos se recuperan «espontáneamente porque el sistema inmune elimina al virus en un periodo de 14 días y no registran secuelas o daños».
Hasta el 1 de marzo de 2021, se registraron un total de 2,089,281 casos confirmados, 186,152 defunciones y 1,639,943 recuperados asociadas con el COVID-19 en el país. Se estima que hay 2,283,465 casos positivos, 206,463 fallecidos y 42,488 casos activos.
Se reportó que, al 24 de noviembre de 2020, México poseía el último lugar de resiliencia ante el COVID-19, en una lista de 53 evaluados. Lo anterior debido a una alta tasa de mortalidad y un elevado índice de positividad, causado principalmente por un escaso número de pruebas hechas en el país
En diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer la existencia de la enfermedad infecciosa COVID-19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, tras suscitarse un brote en la ciudad china de Wuhan. Hasta el 27 de febrero de 2020, se habían confirmado 82 294 casos de infección en todo el mundo, de los cuales el 95.5 % se concentraban en China. El resto de infectados se encontraban dispersos en 57 países distintos a China, mientras que Estados Unidos, Canadá y Brasil eran las únicas naciones del continente americano con casos confirmados. En México, se tenía registro de un caso bajo investigación en el Estado de Hidalgo, y veintidós casos habían resultado negativos en otras entidades, como Jalisco, Ciudad de México, Oaxaca, el Estado de México y Guanajuato.
Observaciones:
El 27 de febrero de 2020, Hugo López-Gatell Ramírez —titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en México— informó que había un paciente hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) que había dado positivo en una primera prueba de laboratorio a COVID-19.
Al día siguiente, el 28 de febrero, se confirmaron los primeros casos: un italiano de 35 años de edad, residente de la Ciudad de México, y un ciudadano de Hidalgo que se encontraba en Sinaloa. Ambos habían viajado poco tiempo atrás a Italia. Por la noche del mismo 28 de febrero, se oficializó un tercer caso en la Ciudad de México. Estos últimos dos casos eran compañeros de trabajo que se infectaron al estar en contacto con un italiano durante una convención llevada a cabo en Bérgamo. Ese mismo día, y tras cumplir con los requerimientos sanitarios de China, el gobierno de México repatrió a tres connacionales que se encontraban en Wuhan.
El cuarto caso se confirmó el 29 de febrero, y se trató de una joven de Coahuila, de veinte años de edad, que había realizado un viaje poco tiempo atrás a Milán, Italia. Gatell Ramírez señaló que «en este momento, no hay razón científica o de salud pública para suspender actividades laborales y escolares, debido a que estamos en el escenario uno, que es trasmisión localizada en torno a los contactos. No hay trasmisión generalizada».
En marzo, se presentaron los siguientes casos:
De acuerdo con la Secretaría de Salud, existen tres fases para que la enfermedad por COVID-19 se considere una epidemia en el país:
El 13 de mayo de 2020, la Secretaría de Economía dio a conocer el «Plan para el regreso a la nueva normalidad» cuyo propósito es retomar progresivamente las actividades productivas, sociales y educativas que estuvieron pausadas durante las fases epidemiológicas para el control de infecciones por COVID-19 en el país:
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, a principios de 2020 la situación epidemiológica en México incluye brotes de dengue y sarampión, además de los casos confirmados por COVID-19. Al 24 de marzo, se estimaron 1455 casos de dengue, 67 infecciones de sarampión y 367 diagnósticos confirmados de COVID-19. Este escenario constituye «una fuerte crisis sanitaria, no vista en varios años». Sumado a lo anterior, existe un brote de gripe estacional, caracterizado por síntomas similares a los del COVID-19.
José Luis Alomía Zegarra, director de epidemiología del gobierno federal, señaló que las víctimas por COVID-19 en el país presentaron complicaciones por afecciones crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, infección renal y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las cuales «se han recrudecido en México, principalmente por el incremento en el consumo de productos ultraprocesados y la falta de políticas públicas para prevenir este consumo». Durante los primeros dos meses de la pandemia en México, un total de 535 empleados del sector salud resultaron contagiados por la enfermedad, lo que representó más del 10 % del total de los casos confirmados hasta ese momento.
A más de un año del primer caso en México, investigaciones recientes se han enfocado en la comorbilidad preexistente como factor de riesgo ante el padecimiento, diagnóstico y tratamiento de la COVID-19. De acuerdo con hallazgos en torno a las comorbilidades, en los casos de las tasas fatales más altas, la EPOC tuvo el mayor índice de riesgo con 14.382%; le sigue la Enfermedad Renal Crónica (ERC), con 10.266%; la diabetes con 10.126%; y la hipertensión, con 8.954% (Calixto-Calderón, et al., 2021).
Los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición COVID-19, realizada entre agosto y noviembre de 2020, señalaron que, por entonces, un 25 % de la población mexicana había desarrollado anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, lo que representa aproximadamente 32 millones de personas a nivel nacional.
México cuenta con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que permite identificar cualquier caso sospechoso de haber contraído alguna enfermedad, además de dar seguimiento a su confirmación tras la realización de las pruebas de laboratorio correspondientes. Su catálogo incluye 147 enfermedades y, a partir del 21 de enero de 2020, se agregó el monitoreo del COVID-19 en el país. La metodología empleada por este sistema es referida como «Centinela», y concretamente para el estudio del COVID-19 se emplea con el fin de «tener un reconocimiento de cómo se comporta la epidemia en México y cómo se tienen que tomar las decisiones de control y prevención de acuerdo con la realidad que se identifica».
En enero de 2020 el Gobierno de México distribuyó un lote de 9100 pruebas diagnósticas de COVID-19 a laboratorios estatales de salud pública del país, así como al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), a hospitales de especialidad, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Algunos estudios particulares se han enfocado también en la seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en el personal de los laboratorios estatales de salud pública, como el de Guanajuato (LaESaP). De igual manera, se habilitó la línea telefónica 800 044 800, cuya administración es responsabilidad de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) y mediante la cual se proporciona información sobre la enfermedad infecciosa. Hasta el 18 de marzo, todavía habían 6800 pruebas disponibles del lote original, mismo día en que el gobierno anunció la adquisición de 35 000 pruebas adicionales. El 17 de marzo, el gobierno federal anunció una inversión de 3469 millones MXN para la adquisición de medicamentos, equipos de ventilación de soporte de vida e insumos de diagnóstico de la enfermedad, cuyo monitoreo recae en la Unidad de Inteligencia Financiera. El 31 de marzo la Fundación JackMa y Alibaba Group donaron 50 mil kits de diagnóstico de COVID-19 al Instituto de Salud para el Bienestar, mientras que, a principios de abril, el gobierno nacional adquirió alrededor de 10 toneladas de insumos médicos de Shanghái, ya que es «el único país a nivel mundial que posee la cantidad de insumos médicos para satisfacer las necesidades internas y con productos para poder exportar». Se espera que se realicen un total de once vuelos entre ambos países para continuar con el abasto de este tipo de productos.
La infraestructura sanitaria en México para afrontar la pandemia de COVID-19 está conformada por 33 119 unidades médicas, 82 892 consultorios y 121 435 camas, según un reporte realizado por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece). Asimismo se trabaja en coordinación con los gobiernos estatales para desarrollar planes destinados a la habilitación de «un mayor número de camas de hospitalización para pacientes crónicos en caso de agravarse el problema estimado». Existen hospitales que han sido habilitados como «centro de atención masivo» de enfermos por COVID-19, como es el caso del Hospital Juárez en la Ciudad de México.
Si bien durante la mayor parte de la fase 1 de epidemiología solamente el sector público —específicamente los laboratorios estatales de salud pública— podía llevar a cabo las pruebas de diagnóstico del COVID-19, a partir del 19 de marzo comenzaron a certificarse ciertos laboratorios privados. El costo de las pruebas confirmatorias de COVID-19 para las autoridades sanitarias en México es de 1492 MXN; el precio al público de las pruebas de diagnóstico es regulado directamente por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Para el seguimiento de casos sospechosos y confirmados, el procedimiento consta de las siguientes acciones:
A mediados de abril, se dio a conocer el desarrollo de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica que contiene los lineamientos de atención del sector salud durante la pandemia. Si bien el documento todavía no es publicado oficialmente, López-Gatell dejó entrever que, si se presentara una situación de «recursos escasos de medicina crítica», entonces «los trabajadores del sector salud tendrán prioridad para ser atendidos, a menos que sea innecesario el esfuerzo ante una muerte casi segura. Después segmenta los grupos vulnerables, divididos por edad padecimientos crónicos o sistema inmune comprometido». De manera similar, la Secretaría de Salud rechazó la cremación como requerimiento para el manejo de los cadáveres de las víctimas del COVID-19 en México al señalar que «no hay evidencia hasta la fecha, de que exista riesgo de infección a partir de cadáveres de personas fallecidas por coronavirus». Otros criterios definidos por las autoridades sanitarias incluyen «explicar a la familia [del difunto] en términos sencillos la necesidad de no tocar ni besar el cuerpo bajo los conceptos de los mecanismos de transmisión de la enfermedad» y la necesidad de que se cuente con un «plan de disposición del cuerpo» y un servicio funerario contratado.
El 14 de abril, la Secretaría de Salud publicó el Lineamiento para la prevención y mitigación del COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida que «contempla recomendaciones para favorecer la alimentación exclusiva al seno materno durante los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, así como las correspondientes para dar continuidad al tamizaje neonatal metabólico y auditivo».
El Consejo Nacional de Salud es el principal organismo responsable de las acciones con relación a la pandemia a nivel nacional, y se apoya de los comités estatales correspondientes que son presididos por los gobernadores de cada entidad, así como de los comités jurisdiccionales de cada municipio. Asimismo colabora conjuntamente con el Comité Nacional de Emergencias, la Dirección General de Protección Civil y el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica (CONAVE). A partir de enero de 2020, diariamente se realizan conferencias para dar a conocer la situación epidemiológica vigente del país por COVID-19, a la cual acuden representantes y asesores de organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS. Los resultados se registran en un «comunicado técnico diario».
Debido a que los primeros 15 casos confirmados se originaron por el contacto con extranjeros, López-Gatell consideró que «no es necesaria la cancelación de eventos masivos, la suspensión de clases, la restricción de vuelos procedentes del extranjero o cierre de fronteras y puertos marítimos», y en cambio exhortó a la población a mantenerse «informada a través de fuentes oficiales y evitar la propagación de rumores». Las acciones que se llevan a cabo para controlar el ingreso de internacionales o connacionales al país comprenden la permanencia en su domicilio y la comunicación telefónica con Uies para solicitar medidas de prevención e información sobre dónde acudir en caso de requerir atención médica.
El 14 de marzo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) extendió el período vacacional de Semana Santa del 20 de marzo al 20 de abril en todas las instituciones educativas a nivel nacional. Asimismo, se dio a conocer el establecimiento de medidas de prevención en el interior de las escuelas, que consistían básicamente en que los docentes debían reportar cualquier síntoma de tos seca, dolor de cabeza o fiebre a las autoridades escolares. Unos días después se ampliaron las vacaciones académicas hasta el 30 de abril.
Tras una reunión llevada a cabo el 18 de marzo, se acordó la implementación de una serie de medidas de prevención y control del COVID-19 bajo la denominación de «Jornada Nacional de Sana Distancia». Otras acciones anunciadas incluyen el ajuste del presupuesto gubernamental y la ampliación de programas de gasto social, como acelerar los subsidios a la población de la tercera edad, y otorgarles un apoyo equivalente a cuatro meses de su pensión universal en los próximos meses. El 22 de marzo, el gobierno de la Ciudad de México ordenó el cierre temporal de «iglesias, teatros, museos, cines, baños de vapor, gimnasios, deportivos, zoológicos y centros nocturnos como bares, discotecas y antros». Hasta el 23 de marzo, de acuerdo con información proporcionada por la SRE, se consiguió la repatriación de 1756 mexicanos que se encontraban «varados» en distintos países de Europa, Asia y África, así como de Hispanoamérica como es el caso de varios connacionales que se hallaban en Perú. Julián Ventura, el subsecretario de la dependencia, afirmó que «se observa una dinámica de reducción paulatina de frecuencias de los vuelos. México tiene una gran conectividad de hasta dos vuelos diarios con las grandes capitales europeas. La tendencia ahora es a la baja por la baja demanda».
Los comunicados técnicos diarios son las conferencias diarias en las que la Secretaría de Salud informa a la población mexicana la situación diaria sobre los casos de COVID-19 en México, así como los avances científicos y tecnológicos internacionales para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2. Es coordinado por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez y el Director General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra; sin embargo, a través del trascurso de la pandemia, diversos funcionarios sanitarios han presidido éstas conferencias, entre ellos el Director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá; el Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura; el Director de Información Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología, Christian Arturo Zaragoza Jiménez; y otros funcionarios nacionales e internacionales.
Durante la etapa de contagio de COVID-19 por el Presidente de México, Andrés Manuel Lòpez Obrador, se siguieron los protocolos de aislamiento de los contactos y el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, presidió la conferencia de prensa diaria de forma virtual, de igual forma sucedió cuando este funcionario también se contagió de COVID-19, aislàndose en este caso al doctor José Luis Alomía Zegarra, quien también proporcionó la información técnica de forma virtual.
A partir del 26 de marzo se suspendieron las actividades «no esenciales» del gobierno federal, con excepción de aquellas relacionadas con la seguridad, salud, energía y servicios de limpieza. Esta medida se hizo acompañar de una petición a las empresas y organizaciones del país a suspender el trabajo que implique la movilización de sus empleados desde sus hogares al centro de trabajo correspondiente. A su vez, una semana antes ocurrió lo mismo con la Cámara de Diputados, el Senado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se contempla que estos últimos reanuden sus sesiones al menos hasta mediados de abril.
Algunas de las medidas implementadas por el IMSS, como parte de su Plan Estratégico para la Atención de la Contingencia COVID-19, son la incapacidad laboral de «personas con sintomatología leve» con la intención de reducir «el esparcimiento del virus en oficinas públicas o privadas» —a través de la aplicación en línea del organismo—; el otorgamiento de «paquetes clínicos de prevención» con insumos como cubrebocas, alcohol en gel, un termómetro y un antiséptico bacteriano; el establecimiento de un Comando Central del Seguro Social; además de cursos de capacitación sobre la enfermedad. En opinión de Cristian Morales, representante de la OPS y de la OMS en México, el gobierno tomó una «decisión oportuna, a diferencia de lo que hicieron las entidades europeas» al decretar la fase 2 antes de cumplirse el primer mes de la llegada del COVID al territorio, aunque sugirió la implementación de un toque de queda. Asimismo, explicó que la tendencia en el país es de «una epidemia más larga que en otros países, pero más espaciada en términos de la cantidad de casos en el tiempo».
El 30 de marzo el Consejo de Salubridad General (CSG) decretó una «emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor» como consecuencia de la evolución de casos confirmados y muertes por la enfermedad en el país, lo cual dio lugar al establecimiento de medidas adicionales para su prevención y control como la suspensión inmediata de «actividades no esenciales» en todos los sectores económicos a nivel nacional durante un mes, es decir hasta el 30 de abril. El incumplimiento de estas medidas habría de contemplar la imposición de multas y sanciones penales «si se demuestra que provocaron algún contagio», así como a aquellas empresas que «despidan, rebajen o cesen el pago de salario a sus trabajadores» ante la contingencia, de acuerdo con Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Entre las actividades suspendidas se incluye la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual se llevaba a cabo desde principios de marzo de 2020. Cabe agregar que en este período la Unicef implementó un «plan de apoyo a niñas, niños y adolescentes y familias en México» destinado a «mantener la continuidad educativa y proteger la integridad física y emocional de los más jóvenes». Entre las acciones de las que consta esta estrategia se encuentra la distribución de material informativo sobre el COVID-19, programas radiofónicos traducidos a lenguas indígenas y productos de higiene personal.
El 8 de abril, la Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer la habilitación del Centro Médico Naval, en la Ciudad de México, para el ingreso de pacientes graves de COVID-19, adicionalmente a los hospitales de primer nivel, centros de aislamiento, atención médica móvil y fabricación de vestuario y equipo por parte de la Armada de México. Una semana después, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció la prórroga de pagos a sus derechohabientes que habría de extenderse hasta junio del mismo año. De forma similar, la Secretaría de Salud dio a conocer un convenio con instituciones médicas privadas para la atención de derechohabientes del IMSS, ISSSTE, Pemex, SEDENA y SEMAR, cuya vigencia habría de extenderse hasta finales de mayo del mismo año.
El 16 de abril se extendió la cobertura de la Jornada Nacional de Sana Distancia —incluido el período vacacional estudiantil— hasta el 30 de mayo, salvo en el caso de aquellos municipios en donde no se han registrado contagios masivos, en donde el programa tendría vigencia hasta el 17 de mayo. La intención de esta estrategia es «segmentar la movilidad en el país [y] evitar que las personas que viven en zonas de baja o nula transmisión del COVID-19 viajen a zonas de alta transmisión y viceversa».
Conforme aumentan los casos confirmados en el país, se ha observado un aumento de las compras de pánico en establecimientos comerciales de distintos estados, específicamente de productos de limpieza y de higiene personal. Esto ha propiciado el desabasto de cubrebocas, gel antibacterial, toallas desinfectantes y papel higiénico, entre otros artículos, tanto por consumidores nacionales como de Estados Unidos, en donde también se registra una situación similar por los efectos de la pandemia en ese país. En opinión del psicólogo clínico Steven Taylor, profesor de la Universidad de Columbia Británica y autor del libro The Psychology of Pandemics: «La difusión de noticias sobre compras de pánico, al tener un alcance exponencial en la era de las redes sociales, provoca que la gente asuma que hay motivos para temer, y tiene la necesidad de comprar en exceso, para sobrevivir ante lo que venga». Otra situación que se ha presentado es el saqueo de establecimientos comerciales en distintos municipios de entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Yucatán y Guanajuato, varios de los cuales son organizados por medio de las redes sociales, de acuerdo con la Policía Cibernética.
A partir del 15 de marzo, durante el desarrollo del torneo clausura 2020, quedaron suspendidas las actividades futbolísticas de la Liga MX, mismo día en que se sugirió a la población evitar la realización de viajes internacionales no esenciales. Esto conllevó a que algunas aerolíneas como Aeromexico e Interjet anunciaran una serie de medidas destinadas a los pasajeros para mitigar el impacto económico. A finales del mismo mes, las cadenas Cinépolis y Cinemex cerraron temporalmente sus complejos en el país.
Durante este período también se suspendieron varias actividades culturales y turísticas, como es el caso del Tianguis Turístico —cuya realización se postergó a finales de septiembre—. No obstante, a principios de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinó que no habrán de existir restricciones para los visitantes o ingreso de connacionales al país. Pese a lo anterior, el 20 de marzo se anunció un acuerdo conjunto entre los gobiernos de México y EE.UU para «suspender el tráfico no esencial» entre ambos países. En cuanto al Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, empleados gubernamentales distribuyen gel antibacterial para los usuarios en puntos estratégicos de la ciudad, específicamente en accesos y transbordos. Igualmente se instalaron sanitarios exclusivos para el personal que convive con el público en general. De forma similar, desde finales de marzo se han cancelado más de 2500 vuelos nacionales e internacionales.
A partir del 24 de marzo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la realización de pruebas de diagnóstico de COVID-19 a su comunidad de estudiantes y empleados en las instalaciones de la Ciudad Universitaria, además de atención psicológica, psiquiátrica y psicosocial a través de una plataforma de telemedicina. A lo anterior se suma la creación del proyecto «Recursos Educativos para Innovar la Docencia ante el COVID-19» por parte de la Red de Innovación Educativa (RIE360), a la cual pertenecen varias instituciones académicas del país, para «poner al alcance de la sociedad una serie de recursos, herramientas y recomendaciones de acceso abierto para desarrollar con éxito programas educativos en la emergencia sanitaria nacional creada por el coronavirus». De acuerdo con una encuesta realizada a 1000 mexicanos mayores de edad, entre el 20 y 22 de marzo, «63 % tiene miedo a contagiarse de coronavirus o de que algún integrante de su familia pueda ser víctima del COVID-19», y «(u)n 25,5 % mostró su temor a morir víctima del virus», aunque «el 28 % no está dispuesto a quedarse en casa».
El 31 de marzo, ante el advenimiento del período vacacional de semana santa, se ordenó el cierre temporal de las playas a nivel nacional. La supervisión del cumplimiento de esta medida recayó en los gobiernos estatales correspondientes.
El 26 de noviembre, se publicó el puntaje de riesgo PH-Covid19, creado por médicos y científicos mexicanos para predecir el riesgo de fallecer en caso de tener una prueba diagnóstica positiva para SARS-CoV-2. Este puntaje de riesgo se calcula con variables fácilmente disponibles (edad, sexo y comorbilidades) y fue creado para apoyar a los médicos trabajando en áreas de bajos recursos de México.
Ante los efectos del COVID-19 en el país, la agencia calificadora Moody's redujo su pronóstico del crecimiento anual de 1 a 0,9 %, mientras que la contracción económica habría de ser de 1,5 %. De acuerdo con un informe publicado por esta entidad: «México corre el riesgo de ser uno de los países que sentirá un efecto amplificado, no solo por el poco margen de sus políticas fiscal y monetaria, sino también por su debilidad macroeconómica». Uno de los factores propiciantes de esta situación es la disminución del precio del petróleo, que por ejemplo el 17 de marzo alcanzó un récord de disminución histórica, pese al incremento de su producción. Esto ha derivado en la caída del peso mexicano frente al dólar estadounidense en los mercados internacionales, con una tasa de depreciación del 1,66 %, a finales de marzo. A finales de marzo, de forma similar a Moody's, la agencia Standard & Poor's disminuyó su calificación soberana del país por los efectos económicos de la pandemia. De acuerdo con el Banco de México, hasta el 31 de marzo se han retirado 150 mil millones MXN de inversión extranjera en el país por los efectos de la pandemia, primordialmente en forma de Certificados de la Tesorería.
Las compañías automotrices Honda, Audi y Ford anunciaron el cese temporal de sus operaciones de manufactura en las plantas ubicadas en México a partir de finales de marzo de 2020. En el sector deportivo se estiman pérdidas superiores a los 500 000 MXN por fin de semana debido al cese del torneo de clausura 2020, mientras que especialistas de la industria aeronáutica en el país consideraron que la situación podría llevar a la pérdida de más de 96 000 empleos en ese rubro, lo que se traduce en 5291 millones USD. A su vez, hasta finales de marzo habían cerrado más de un centenar de hoteles como consecuencia de la baja afluencia de visitantes por la contingencia sanitaria. La industria turística de Cancún también resultó notablemente afectada y, a principios de abril de 2020, se había registrado la rescisión de más de 60 mil empleados del giro. Entre marzo y abril se reportó un incremento de entre 30 % y 40 % en las solicitudes de seguro de desempleo en la Ciudad de México, equivalente a 45 000 peticiones. Se trata de «la única región del país que cuenta con un seguro de desempleo» con el objetivo de «proporcionar los medios para que los beneficiarios encuentren un trabajo formal, lo que incluye el apoyo económico, la capacitación y la vinculación con empresas».
El 18 de marzo el Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer la evaluación de una propuesta para otorgar prórrogas fiscales a las pequeñas y medianas empresas «debido a que serán los mayores afectados ante los problemas económicos que se vivirán en el país». Según estimaciones de 2019, existen 1,8 millones de empresas con una antigüedad de menos de 5 años de subsistencia que habrían de constituir el sector económico más vulnerable ante la pandemia en el país. A mediados de abril, la Universidad Iberoamericana estableció el programa «Empresa Resiliente» cuyo «contenido [está encaminado a] orientar a empresarios y profesionales en la toma de decisiones en este momento de crisis [... y] apoyar a las compañías y prepararlas para enfrentarse a los retos económicos y sociales que se presentarán una vez que termine la cuarentena». Asimismo, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda llevaron a cabo una ampliación de los programas de subastas cambiarias para «recuperar el orden del mercado, inyectar liquidez y mitigar la volatilidad». El 19 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el cierre de aeropuertos y restaurantes para «evitar un cierre completo de la economía que perjudique a los pobres», y, casi una semana después, rechazó la reducción de impuestos y la concesión de estímulos fiscales a los empresarios. De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario, una de las prioridades durante la fase 3 de la pandemia en el país habrá de ser el abasto de alimentos a la población, por lo que ha desarrollado medidas para garantizar la cadena de suministro en coordinación con las autoridades gubernamentales. El 9 de abril, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) dio a conocer el empleo de tecnología para la importación de productos agroalimentarios con tal de garantizar el abastecimiento durante la pandemia.
El 14 de marzo de 2020, el senador Samuel García acusó al gobierno de México de ocultar la verdadera cantidad de casos confirmados de enfermedad por COVID-19, al argumentar que el ISSSTE insta a sus médicos a registrar todo caso sospechoso como influenza. Cuatro días después se suscitó una controversia diplomática cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el cierre de la pista de aterrizaje de su aeropuerto internacional debido a un vuelo desde México a ese país del cual se tenía la sospecha que llevaba a 12 pasajeros infectados por COVID-19. Sin embargo, la cancillería mexicana informó que ninguno de los tripulantes había dado positivo en las pruebas realizadas antes del vuelo. Lo anterior derivó en una discusión sobre la carencia de medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A finales de marzo de 2020 se reportó una manifestación en la frontera sur con EE. UU., que bloqueó los carriles de acceso tanto en Nogales, Arizona como en el municipio homónimo de Sonora para solicitar «revisiones más estrictas para detectar el COVID-19 en el flujo» desde territorio estadounidense.
Pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias de prevenir la congregación masiva así como el rechazo de algunos artistas, entre el 14 y 15 de marzo de 2020 se llevó a cabo el festival musical Vive Latino en la Ciudad de México, al cual asistieron más de 40 mil personas. Como medida de prevención, los organizadores tomaron la temperatura corporal de los asistentes, y se identificó a 27 personas que tenían fiebre.
De acuerdo con una encuesta realizada por Mitofsky a un millar de mexicanos entre el 20 y 22 de marzo de 2020, «el 38.6 % considera que no se están tomando las medidas correctas contra un 37% que cree que sí» para afrontar la pandemia por COVID-19, mientras que «más del 54% de los encuestados considera que hay más infectados de los que estiman las autoridades». Un 51% «opinó que ya es tiempo de prohibir a la gente que salga de sus casas durante un largo periodo». Algunos usuarios denunciaron a través de redes sociales «lo difícil que es hacerse la prueba del COVID-19 en México». Según estos testimonios, «pasar el filtro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y lograr que te realicen el test es muy complicado», y de acuerdo con ellos «en las clínicas de atención primaria no disponen de este examen, así que te recetan un tratamiento y te envían a casa bajo la calificación de potencialmente sospechoso de COVID».
Desde inicio de la contingencia en México, el personal médico de varios hospitales en todo el país protestó por la falta de insumos básicos de protección. Se sabe de protestas en Chiapas, Guerrero, Veracruz, Coahuila, Oaxaca, Sinaloa, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Hidalgo, Michoacán, Zacatecas, entre otras entidades. En la Ciudad de México hubo protestas importantes en los hospitales de Tacuba, 1.º de Octubre y Balbuena La Raza, Chalco, Hospital Regional 1, entre otros. En Baja California Norte, la carencia de equipamiento se dio a conocer a través del comediante Eugenio Derbez, quien afirmó que amistades suyas que trabajaban en hospitales de esa entidad le pidieron que hiciera público el problema. El resultado fue una serie de intercambio de acusaciones entre Derbez y diversos organismos estatales y federales que afirmaban que las declaraciones de Derbez eran falsas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó veladamente a Derbez de formar parte de una lista de artistas pagados para desprestigiar a su gobierno. Ante la falta de equipo de seguridad, la UNAM y el IPN retiraron a sus pasantes de medicina y enfermería de las clínicas. Este ejemplo fue seguido días después por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Universidad Anáhuac y las universidades públicas estatales de Baja California y Yucatán. Dichas instituciones indicaron que solo permanecerían aquellos pasantes que, de manera voluntaria, decidieran hacerlo. No obstante, en varios lugares, pasantes y practicantes denunciaron presión por parte de diversas instituciones para no abandonar la residencia o presiones para volver, señalando que se les llegó a amenazar con negarles la carta de término, requisito indispensable para obtener su grado.
A principios de abril de 2020 algunos medios reportaron la supuesta venta de insumos médicos a países como China y Estados Unidos durante el desarrollo de la pandemia de COVID-19, y la posterior adquisición a un mayor costo de estos mismos productos. El subsecretario López-Gatell advirtió que dichas ventas fueron realizadas por la industria privada asentada en el país, y no se trató de una decisión gubernamental, y que, si bien, se recompró ese material a un precio superior al que se vendió, desmintió que haya sido 20 veces el costo, como se rumoró, mientras que el canciller Marcelo Ebrard rechazó «que México le haya comprado a China cubre bocas que en febrero le vendió». De igual manera, personal médico del ISSSTE expresó su inconformidad por las condiciones sanitarias de las instalaciones en las que son tratados los pacientes de la enfermedad, además de denunciar falta de insumos y «agresiones, amenazas y ofensas por parte de altos mandos». Esto se suma a una serie de solicitudes similares planteadas por personal médico de distintos sectores del país.
A mediados del mes de abril, los gobernadores de Acción Nacional devolvieron a la federación material que, señalaron, era de pésima calidad y comprometía la seguridad de los trabajadores de salud, refiriéndose a la condición de esos materiales como «lamentable, preocupante e inaceptable». Al respecto, el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell indicó que dicho material estaba destinado para personal de limpieza o con bajo riesgo de exposición al virus.
El día 20 de marzo, el periodista Carlos Loret de Mola hizo público que, apenas un día antes, el IMSS había girado instrucciones para que los hospitales inventariaran cuántos ventiladores mecánicos y equipo de terapia intensiva asociado (autoclaves, equipos de rayos equis, monitores, camas hiperbáricas, laringoscopios, etc.) disponían en cada hospital, situación que el periodista calificó de «irresponsabilidad monumental» cuando la pandemia de COVID-19 ya se había extendido en 160 países.
A mediados del mes de abril, el gobierno federal concretó la compra del estadio de béisbol «Héctor Espino», antigua sede de los Naranjeros de Hermosillo por un monto de 511 millones 690 mil pesos. Esto como parte de una operación de 1,057 millones de pesos para la compra del Héctor Espino (70,000 metros cuadrados) y el Tomás Oroz Gaytán (93,442 metros cuadrados) de Ciudad Obregón programada desde mediados del 2019, esto como parte de una política para el fomento de la práctica del béisbol, movimiento que levantó críticas en momentos donde las protestas por falta de equipamiento se extendían por varios hospitales del país.
El 1 de mayo de 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad denunció que la delegación del IMSS Hidalgo había comprado 20 ventiladores a sobreprecio por adjudicación directa a la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del político mexicano Manuel Bartlett Díaz. De acuerdo con su publicación, el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó el 17 de abril de 2020 el contrato a esa empresa para adquirir 20 ventiladores por 31 millón de pesos. Se estimó que la compra por cada unidad fue de 1.5 millones de pesos, un sobre precio del 40% a comparación con adquisiciones previas.
El número de contagios y fallecidos reportados diariamente por el subsecretario de salud en sus conferencias nocturnas ha recibido cuestionamientos frecuentes, indicando un posible subregistro u ocultamiento de las cifras. Algunos periodistas señalan la posibilidad de que muchos casos de coronavirus no sean identificados y se registren como «neumonía atípica». Ha sido frecuente también la discrepancia entre los números reportados por los estados y el gobierno federal, por ejemplo, hasta el día 17 de mayo el gobierno de Puebla indicaba 301 fallecimientos a causa de COVID-19, mientras que el gobierno federal reconocía solamente 188. Casos similares en Sonora (73 reportados por el gobierno estatal contra 37 por la federación), Yucatán (105 contra 77) y Tlaxcala (108 contra 91). Una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción encontró que hasta el día 12 de mayo existían 4 mil 577 actas de defunción en la Ciudad de México que indicaban COVID-19 como causa confirmada o probable de muerte bajo la siguiente distribución: 3,209 de esas actas se incluye al COVID como sospecha o probable causa de defunción. En 323 se consigna que es COVID confirmado. Y en alrededor de un millar dice COVID, o coronavirus o SARS COV 2. en un claro contraste con la información oficial, que indicaba que hasta el 12 de mayo el gobierno de la Ciudad de México había 937 defunciones por Covid-19. Mientras que el gobierno federal en su portal coronavirus,gob.mx reportaba 123 fallecimientos sospechosos de coronavirus en la capital. Al ser cuestionado sobre los señalado por MCCI, la respuesta del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell fue indicar que esa diferencia en el número de registros era algo «obvio» y que hablar del tema del número de casos era «muy trillado». Otra controversia es el hecho de que la plataforma del sector salud únicamente registra como caso aquellos con síntomas y resultado positivo en la prueba de COVID-19. Dejando de lado aquellos casos con resultados positivos, pero asintomáticos (portadores), como ejemplo, el 23 de marzo el secretario de salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, reconoció una diferencia de cifras relacionadas con casos positivos de COVID-19 entre su estado y la Secretaría de Salud Federal, luego que el ayuntamiento a su cargo, en coordinación con la Secretaría de Salud de Yucatán, aplicó más de 100 pruebas a comerciantes de dos mercados locales de los cuales 47 resultaron positivos y solo 5 fueron contabilizados por la SSA.
Desde inicios de la contingencia, el bajo número de pruebas de detección de COVID-19 realizadas en México ha sido motivo de preocupación, a finales de abril el número de pruebas era de apenas 0.4 pruebas por cada 1000 habitantes, lo que coloca a México como el país con la menor proporción de pruebas de los integrantes de la OCDE, siendo que, en promedio, los países integrantes de dicha organización realizan 23 pruebas por cada 1,000 habitantes. Uno de los cuestionamientos más frecuentes es el rígido criterio para permitir el acceso a las mismas, lo que algunos profesionales de la salud consideran descarta casos potenciales a los que no se les aplica la prueba. Otra crítica recurrente ha sido las restricciones a instituciones y laboratorios para poder realizar las pruebas, lo que ha llevado a acusaciones de que el gobierno federal pretende deliberadamente restringe el número de instituciones que las realizan a través de un monopolio o bloqueo. Otra controversia ha sido la restricción al permitir únicamente las pruebas por PCR, dejando de lado otras alternativas, el principal argumento para esto es la preocupación de los "falsos negativos", no obstante, la crítica se ha centrado en que eso ha limitado la detección de casos al ser dependientes de un único tipo de insumos en momentos de escasez, lo que ha repercutido en un bajo número de pruebas disponibles y mucha lentitud para procesarlas. En un enfrentamiento muy mediático, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó al gobierno federal de bloquear el acceso a pruebas rápidas de detección, la respuesta del subsecretario de salud fue cuestionar la confiabilidad de dichas pruebas rápidas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó claramente contrario a cualquier programa orientado a proteger empresas, ante la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de un programa de rescate que costaría el 0.5% del PIB, el presidente mostró abierto rechazo e indicó que si una empresa quebraba, era responsabilidad de los empresarios y accionistas asumir el costo de la misma. Un posible acuerdo entre el Banco Interamericano del Desarrollo y la Iniciativa Privada no contó con el aval de la Secretaría de Hacienda por instrucción expresa del presidente, quien argumentó como principal motivo «además, no me está gustando el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. ¿Cómo que se aprueba un acuerdo y que Hacienda lo avale? ¿Qué estamos aquí de floreros? ¿Qué el presidente se entera de que hay un acuerdo y nada más van a pedirle a Hacienda que lo avale?» Así mismo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó diferir la presentación de la declaración anual, permitir el pago de impuestos en parcialidades y dar facilidades para el pago de luz, entre otros. Además urgió la emisión de un decreto a través del cual se otorguen diversas medidas de apoyo a las empresas, el presidente rechazó cualquier medida aduciendo que eso eran políticas neo-liberales y equivalentes al FOBAPROA de los años 90 y que su prioridad en cambio, era continuar con sus programas asistenciales. Grupos empresariales y analistas cuestionaron la negativa del presidente señalando que la falta de apoyo agravaría la quiebra de empresas y pérdida de empleos así como dificultar la recuperación económica.
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