Las relaciones Estados Unidos-Venezuela se refiere a las relaciones internacionales entre los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela, las cuales han sido tradicionalmente estrechas, que se caracterizan por tener un importante comercio y una relación de inversión y cooperación en la lucha contra la producción y tránsito de drogas ilícitas dentro del continente americano. Desde 1998, año en el que ganó el presidente Hugo Chávez ha habido tensión entre los dos países, sin embargo esta se ha ido restaurando desde que el 23 de enero de 2019 Juan Guaidó se juramentara como presidente de Venezuela, ya que anteriormente Estados Unidos había impuesto sanciones a altos funcionarios de Venezuela, como el presidente Nicolás Maduro, y debido a esto decidió expulsar a Todd D. Robinson y a Brian Naranjo. El 27 de enero de 2019 fue designado por la Asamblea Nacional y aceptado por el Secretario Mike Pompeo a Carlos Vecchio como Encargado de Negocios de Venezuela en Estados Unidos.
Cuando el gobierno de Cipriano Castro agobiado por las guerras civiles ya no era capaz de aplicar las exigencias de los banqueros europeos en 1902, las fuerzas navales de Gran Bretaña, Italia y Alemania bloquearon la costa venezolana, e incluso abrieron fuego contra puertos y fortificaciones costeras resultando numerosos muertos y heridos. Aunque el Secretario de Estado de Estados Unidos, Elihu Root, caracteriza a Castro como "una locura tonta" o "mono", el presidente Roosevelt se refería a las perspectivas de penetración en la región por parte del Imperio alemán como un claro desafío de los postulados de la Doctrina Monroe. Roosevelt amenazó con acciones militares contra las potencias europeas obligando así al levantamiento del bloqueo naval, posteriormente negoció con Castro el pago de la deuda externa conforme a los Protocolos de Washington firmados por las partes el 13 de febrero de 1903. Este incidente fue un importante estímulo para aplicar el Corolario Roosevelt iniciativa que sentó las bases para la posterior política norteamericana del Gran Garrote y la diplomacia del dólar.
Durante la presidencia de Juan Vicente Gómez, el petróleo fue descubierto en el Lago de Maracaibo en 1914. Gómez logró que Venezuela disminuyera de manera asombrosa la deuda externa con el otorgamiento de concesiones a empresas petroleras extranjeras, que le ganó el apoyo de los Estados Unidos y las potencias europeas. Este crecimiento de la industria petrolera nacional llevó al fortalecimiento de los vínculos económicos entre los Estados Unidos y Venezuela.
El presidente Rómulo Betancourt (1959-1964) tuvo una política exterior basada en la promoción de una alianza hemisférica anti-dictadura, la defensa del petróleo venezolano y la insistencia en buscar soluciones multilaterales a los problemas regionales a través de los mecanismos de la OEA. Por otra parte, Venezuela apoyó el programa de la Alianza para el Progreso y la política de enfrentamiento hacia Cuba, aunque no estuvo de acuerdo con una invasión militar a la isla. La conducta venezolana hacia los Estados Unidos en esos años se concentró en lograr el apoyo de Washington a su proceso interno, lo cual obtuvo con éxito. A pesar de la indiferencia norteamericana ante la ola sucesiva de golpes militares en la región y la promulgación de la llamada Doctrina Betancourt, Venezuela no se vio amenazada por un cambio de actitud desfavorable hacia Caracas por parte de la Casa Blanca.
En 1998, al ser Hugo Chávez, conocido a partir del intento de golpe de Estado realizado por él y otros militares en 1992, electo presidente de Venezuela, la larga y estrecha relación diplomática entre Venezuela y los Estados Unidos empeora progresivamente. La amistad pública de Chávez y Fidel Castro así como la importante relación comercial con Cuba han socavado la política estadounidense de aislar económicamente a Cuba, y los tradicionales lazos entre Estados Unidos y Venezuela. La postura de Chávez es lograr un precio OPEP elevado del petróleo para los Estados Unidos, alrededor de los 25 dólares americanos por barril. Durante la presidencia de Venezuela de la OPEP en 2000, Chávez hizo una gira de diez días por los países de la OPEP, y en el proceso se convierte en el primer jefe de Estado en hacer contacto diplomático con Saddam Hussein desde la Guerra del Golfo. La visita fue controvertida en Venezuela y en los Estados Unidos, aunque Chávez hizo respetar la prohibición de los vuelos internacionales hacia y desde Irak.
Venezuela es un miembro activo del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) siendo dos veces una organización apolítica internacional voluntaria entre las fuerzas aéreas del Norte y Sur de América.
Estados Unidos reconoció el vacío de poder durante el Golpe de Estado en abril de 2002 que derrocó brevemente a Chávez, reemplazado por el gobierno de Pedro Carmona Estanga. Después de regresar al poder, Chávez afirmó que un avión de la Fuerza Aérea estadounidense había sobrevolado y estado en Venezuela en la base aérea de la isla de la Orchila, donde Chávez se había mantenido en cautiverio.
El 14 de mayo de 2002, Chávez afirmó que había pruebas definitivas de la participación militar de Estados Unidos en el Golpe de Estado de 2002. Afirmó que se obtuvieron imágenes de radar que indicaban la presencia militar de Estados Unidos con buques de guerra y aviones en las aguas territoriales y el espacio aéreo de Venezuela. The Guardian publicó una denuncia de Wayne Madsen -un escritor con publicaciones de izquierda, exanalista de la Marina y crítico de la administración de George W. Bush- contra la Marina de Estados Unidos basada en la supuesta participación estadounidense en el golpe de estado. El Senador estadounidense Christopher Dodd pidió una investigación al Congreso mostrando su preocupación por la presunción de que Washington parece tolerar la eliminación de Chávez, la cual posteriormente comprobó que "funcionarios de Estados Unidos han actuado adecuadamente y no han hecho nada para fomentar el golpe de abril contra el presidente de Venezuela", ni tampoco proporcionar cualquier apoyo logístico naval. Según William Brownfield, embajador de Estados Unidos en Venezuela, la embajada estadounidense en Venezuela advirtió a Chávez acerca de un golpe en abril de 2002. Además, el Departamento de Estado de los Estados Unidos realizó una investigación por la Oficina del Inspector General, no encontrando pruebas de que "los programas de asistencia de Estados Unidos en Venezuela, incluidos los financiados por la National Endowment for Democracy (NED), son incompatibles con la ley de Estados Unidos o su política" o "... aportado directamente, o se destina a contribuir, a un golpe de Estado."
Chávez también alegó, durante el período posterior al golpe, que Estados Unidos siguió buscando su derrocamiento. El 6 de octubre de 2002, dijo que había frustrado un nuevo golpe, y el 20 de octubre de 2002, dijo que apenas había escapado a un intento de asesinato cuando regresaba de un viaje a Europa. Durante ese período, el Embajador de Venezuela en los Estados Unidos advirtió a la administración Bush de dos posibles intentos de magnicidio.
Venezuela expulsó al comandante John Correa en enero de 2006. El gobierno venezolano alegó que Correa, un agregado naval en la embajada de los Estados Unidos en Caracas , había hecho una recopilación de información de oficiales militares venezolanos de bajo rango. Chávez sostuvo que se habían infiltrado en la embajada de los Estados Unidos y que encontraron pruebas de espionaje de Correa. Los Estados Unidos declaró estos alegatos "sin fundamento" y respondió con la expulsión de Jeny Figueredo, asistente en jefe del embajador venezolano en Washington. Figueredo fue promovida por Chávez a viceministra de Asuntos Exteriores para Europa.
Hugo Chávez ha denunciado que los Estados Unidos tiene un plan para invadir Venezuela, un plan denominado Operación Balboa. Los Estados Unidos niega las acusaciones alegando que el Plan Balboa es una simulación militar llevada a cabo por España.
La ideología de Chávez y las tensiones entre los gobiernos venezolano y de los Estados Unidos han tenido poco impacto en las relaciones económicas entre los dos países. En 2006, los Estados Unidos seguían siendo el socio comercial más importante de Venezuela, para los dos tanto en las exportaciones de petróleo como en las importaciones generales se extendieron en un 36% durante ese año.
Con el aumento de los precios del petróleo las exportaciones de petróleo representan el grueso del comercio de Venezuela, el comercio bilateral entre los Estados Unidos y Venezuela es creciente, con lo que empresas de Estados Unidos y el gobierno venezolano se benefician mutuamente.
En la reunión de 2005 de la Organización de los Estados Americanos, una resolución propuesta por Estados Unidos de agregar un mecanismo para supervisar la naturaleza de las democracias fue considerada extensamente como un paso para aislar a Venezuela. El fracaso de la adopción de tal resolución fue considerado como políticamente significativo, expresando la solidaridad latinoamericana para con Chávez. En abril de 2017 el Presidente Donald Trump instó a la OEA a intervenir a favor de la democracia y la paz en Venezuela.
El 12 de septiembre de 2008 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó congelar cualquier cuenta bancaria o bienes que el exministro de Interior, Ramón Rodríguez Chacín, y el director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Carvajal, y Henry Rangel Silva pudiesen tener bajo jurisdicción estadounidense, declarando la existencia de evidencias de que apoyaron materialmente a las FARC en sus actividades de narcotráfico.
La Ley de defensa de derechos humanos y de la sociedad civil de Venezuela de 2014 (S. 2142) (en inglés, Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014) es una ley aprobada en Estados Unidos y usada para imponer sanciones específicas a determinados individuos en Venezuela que fueron responsables, según el gobierno de Estados Unidos, de violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014 en dicho país. El proyecto fue presentado por el senador Robert Menendez el 13 de marzo de 2014. Fue entonces aprobada por el Senado el 7 de diciembre de 2014 y posteriormente aprobado por la Cámara de Representantes el 10 de diciembre de 2014 donde posteriormente se convirtió en ley por el presidente Barack Obama. El 18 de diciembre de 2014, el presidente Obama firmó el proyecto de ley.
El 2 de febrero de 2015, el Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso restricciones de visado a varios funcionarios venezolanos que fueron presuntamente vinculados a violaciones de los derechos humanos y corrupción política. Las restricciones de visados también incluyen a los familiares de las personas involucradas en los alegatos, con el Departamento de Estado diciendo: "Estamos enviando un mensaje claro de que los violadores de derechos humanos, quienes se benefician de la corrupción pública y sus familias no son bienvenidos en los Estados Unidos".
El 9 de marzo de 2015, el presidente Barack Obama ordenó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos congelar los bienes y activos de siete funcionarios: Roberta S. Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, comentó que las sanciones «no eran para dañar a los venezolanos o al Gobierno venezolano en su conjunto». Los alegatos para las sanciones contra funcionarios venezolanos, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyen: «erosión de las garantías de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia y abusos a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales, arrestos arbitrarios y detención de manifestantes antigubernamentales y corrupción pública significativa» y se aclaró que las sanciones no van dirigidas al país o población en general, sino «de forma específica contra "individuos" de ese país que están atentando gravemente contra los derechos humanos y las libertades de la población». González López, director general del Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional (SEBIN), fue uno de los siete funcionarios que recibieron sanciones específicas; tras el anuncio de sanciones, González López fue promovido Ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz por el presidente Nicolás Maduro, quien declaró: "He decidido nombrar al Mayor General González López Ministro de Interior, Justicia y Paz para ir con su premio del imperio americano para asegurar la paz en el país, la seguridad ciudadana y nacional". Posteriormente regresó a su cargo como director general del SEBIN.
El 19 de mayo de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Maikel Moreno junto a los siete miembros de la Sala Constitucional por considerar que habían usurpado las funciones de la Asamblea Nacional y que permitieron al presidente Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia. Entre las sanciones estuvieron la congelación de todos los bienes que los sancionados podían tener en Estados Unidos, la prohibición para ciudadanos e instituciones estadounidenses de realizar cualquier tipo de transacción con ellos y la prohibición de entrada al país.
Para el 31 de julio de 2017, un día después las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, penalizó a Nicolás Maduro congelando todos los activos sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. El 9 de agosto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos inmobilizó los bienes de ocho funcionarios relacionados con la Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo a Adán Chávez, Francisco Ameliach, Érika Farías, Hermánn Escarrá, Darío Vivas, Carmen Meléndez, al coronel Bladimir Lugo y a la rectora del Consejo Nacional Electoral Tania D’ Amelio.
El 19 de marzo de 2018, el presidente Donald Trump firmó una orden que impide a los ciudadanos estadounidenses y a las personas dentro del territorio de los Estados Unidos, a realizar transacciones con cualquier tipo de moneda digital emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela. La orden ejecutiva de Trump hace referencia al Petro y prohíbe todas las transacciones relacionadas con la misma a partir del 9 de enero de 2018.
El 18 de mayo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (en inglés Specially Designated Nationals And Blocked Persons List), agregando a Diosdado Cabello, el segundo personaje más importante dentro del chavismo y actual integrante de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Nicolás Maduro; José David Cabello hermano de Diosdado Cabello y presidente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); Marlenys Contreras de Cabello, esposa de Diosdado Cabello y Ministra de Turismo; y Rafael Sarría un empresario con propiedades dentro de los Estados Unidos y supuesto testaferro de Diosdado Cabello.
Actualmente, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro decidió expulsar a Todd D. Robinson, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela y a Brian Naranjo, jefe de la Sección Política de la embajada de Estados Unidos en Venezuela.
El 23 de enero de 2019, Nicolás Maduro, anunció el rompimiento unilateral de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, dando 72 horas a los funcionarios diplomáticos estadounidenses para que hagan abandono del país. Sin embargo, Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
Nicolás Maduro decide romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América el 23 de enero de 2019 horas después de que Juan Guaidó se juramentara como presidente de Venezuela en un acto de juramentación por la Asamblea Nacional que luego hizo que Estados Unidos lo reconociera, esto anunciado en cadena nacional.
El 24 de enero de 2019, Juan Guaidó envió una carta al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo donde solicitó ayuda humanitaria inmediata a Estados Unidos.
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