Se conoce como sucesos del Hospital Filtro , o también como masacre del Hospital Filtro, a los hechos ocurridos en la noche del 24 de agosto de 1994 en las inmediaciones del Hospital Filtro y del Edificio Libertad de Montevideo. En dicha ocasión, y en el momento en que se disponía el traslado de Jesús María Goitia, Mikel Ibáñez Oteiza y Luis Lizarride por pertenecer al grupo terrorista Euskadi Ta Askatasuna al Aeropuerto Internacional de Carrasco para su extradición a España, se produjo una represión por parte de la policía hacia los manifestantes con el saldo de dos muertos y más de un centenar de heridos.
Fue la más grave represión en democracia por parte de la policía a una manifestación pacífica registrada en Uruguay desde la década de 1970. Los hechos dividieron a la opinión pública uruguaya. Los manifestantes intentaban impedir la extradición de los ciudadanos vascos acusados de ser miembros de Euskadi Ta Askatasuna (ETA). La policía reprimió ferozmente la manifestación, en un hecho sin precedentes luego del retorno a la democracia en 1985.
El edificio del antiguo Hospital Filtro se levanta en Pampillo y Novas 3161 esquina Cufré, teniendo también una fachada hacia la esquina de Bulevar Artigas y Cufré. Fue mandado construir por el presidente Alfredo Baldomir en la década de 1940, a propuesta de su ministro de Salud Pública, el médico epidemiólogo Enrique Claveaux. Funcionó como centro de observación y cuarentena de pacientes infectocontagiosos, con enfermedades como fiebre tifoidea y viruela. En 1955 se transforma en un hospital para poliomielíticos. En los años 1990 hubo proyectos para transformar al Hospital Filtro en un centro policlínico metropolitano. Actualmente el edificio alberga un Centro de la Red de Atención del Primer Nivel de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) denominado "Centro de Salud Dr. Enrique Claveaux".
Desde 1992, por disposición del ministro del Interior Juan Andrés Ramírez, se siguieron los pasos de la actividad de un grupo de ciudadanos vascos, sospechosos de pertenecer a ETA, que operaban el restaurante "La Trainera" en la calle Charrúa 2388 esquina Ponce de Montevideo. El 15 de mayo de 1992 se puso en marcha el "Operativo Duque", encabezado por el inspector principal Saúl Clavería, que detuvo en Uruguay a unas 30 personas. Fue el mayor golpe asestado a la organización fuera de España y Francia.
De los 30 detenidos fueron procesados trece, de los cuales el Estado español pidió prisión para diez, y finalmente, al amparo del tratado firmado con Uruguay el 11 de noviembre de 1885, demandó la extradición de ocho de ellos: Mikel Ibañez, Luis Mari Lizarralde, Jesús Goitia, Amaia Arakistain, Juan José Urrutia, Pedro Gómez, Agurtzane Delgado y Josu Lariz. Jesús Goitia, Mikel Ibáñez y Luis Lizarralde fueron acusados de falsificación de documento público. Puesto que la extradición no podía concretarse mientras hubiera un juicio abierto en Uruguay, el fiscal Juan José Pumarega pidió la absolución de los encausados, pese a las evidencias que habían permitido el procesamiento. Uruguay sólo accedió a entregarle a España a estos tres ciudadanos, que permanecieron detenidos en la Cárcel Central de Montevideo a la espera del trámite final de la extradición.
En 1993 los ciudadanos vascos detenidos iniciaron una huelga de hambre, que luego suspendieron ante la expectativa de que fueran puestos en libertad mediante la concesión de asilo político.
Nada más producirse las detenciones se formó una Comisión de Apoyo a los Vascos Detenidos. El MLN Tupamaros salió en defensa de los presuntos etarras planteando el asilo político por medio del abogado Gustavo Puig. El 18 de noviembre de 1993 la Junta Departamental de Montevideo, donde el Frente Amplio poseía mayoría absoluta, aprobó una declaración favorable a "adoptar una decisión humanitaria (...) que haga honor a la tradición de Uruguay, tierra de asilo".
No obstante, el presidente Luis Alberto Lacalle manifestó que "si la justicia dispone la extradición, tienen que irse. Este es un tema del Poder Judicial y nosotros simplemente los tenemos a su orden". El mandatario precisó que "el asilo político no cabe cuando se cumple la extradición" que habilitan los tribunales uruguayos como resultado de delitos cometidos en España por presuntos integrantes de ETA.
El 12 de agosto de 1994 los ciudadanos vascos presos Jesús María Goitia, Mikel Ibáñez y Luis Lizarride, iniciaron una nueva huelga de hambre porque -según expresaron en carta enviada a la prensa- "se sienten traicionados por el Poder Ejecutivo que nos da la espalda para sonreír al ofrecimiento de nuevos premios por parte del gobierno español", solicitando que el gobierno uruguayo se mantuviera "neutral". El 19 de agosto iniciaron una huelga de sed. A raíz de ello, fueron llevados al Hospital Filtro para seguir la evolución de su salud.
El domingo 21 de agosto la Mesa Política del Frente Amplio resolvió apoyar a los presuntos etarras y convocar a los frenteamplistas, organizaciones gremiales, sociales y barriales a participar y a apoyar una manifestación a iniciarse al día siguiente en la Plaza del Entrevero para recorrer toda la ciudad hasta llegar al Hospital Filtro "en defensa de la vida y el derecho de asilo".
El martes 23 el PIT-CNT, la central obrera, decidió una huelga general con la idea de concentrar todas sus fuerzas en la manifestación que había convocado para las primeras horas de la tarde desde el Obelisco a los Constituyentes. Sobre la medianoche, el PIT-CNT resolvió levantar (por 19 votos contra 15) la huelga general. El estado de salud de los vascos empeoraba: Lizarralde presentaba disfunciones renales y a Goitia debió aplicársele un parche cardíaco, trasladándoselo al CTI.
El Ministerio del Interior, a cargo de Ángel María Gianola, comenzó a preparar la extradición ya dispuesta por la Justicia. Gianola declaró que "en función del sobreseimiento resuelto en los últimos días, los ciudadanos vascos están en condición de ser extraditados (...) Naturalmente, las circunstancias actuales y las condiciones de salud de los detenidos pueden posponer por unos días el tema, pero hemos cumplido con todas las normas de derecho vigentes, por lo tanto no tienen viabilidad las peticiones realizadas. La Justicia se ha pronunciado y al Poder Ejecutivo le corresponde ejecutar la resolución. No corresponde el asilo político, corresponde que se cumpla la legislación vigente hay una sentencia de extradición y el Poder Ejecutivo lo único que puede hacer es cumplir con dicha sentencia".
El 24 de agosto de 1994, día previsto para la extradición, grupos de izquierda radical organizaron una manifestación masiva en las inmediaciones del Hospital Filtro. A través de la onda de CX 44 Radio Panamericana, dirigida por el MLN Tupamaros, se convocó a asistir a la zona. Posteriormente, desde el mismo medio se alentó a resistir la acción de las fuerzas policiales. En la noche del 24 de agosto la zona adyacente al Hospital Filtro se convirtió en el escenario de hechos de violencia.
Los funcionarios de la custodia policial instalados en el Edificio Libertad, a unos trescientos metros del Hospital, constataron que terceras personas habían interferido la frecuencia policial. Varios de los manifestantes se comunicaban entre sí por medio de walkie-talkies orientando los avances o retrocesos de los grupos de agitadores, antes y durante los enfrentamientos.
En el cruce de las avenidas frente al Edificio Libertad decenas de manifestantes corrían, procurando evadir la acción policial o para guarecerse de los disparos que comenzaron a sentirse después de las 20 horas, seguidos de una intensa pedrea. A través de la televisión, en directo, la población seguía aquel enfrentamiento, observándose la acción del cuerpo de Coraceros con sus caballos persiguiendo a los manifestantes, así como las refriegas de todo tipo.
Esteban Massa, un enfermero que intentó socorrer a una de las víctimas, recibió cuatro disparos por la espalda. A las 20 horas Fernando Morroni, un joven de 24 años, murió al ser alcanzado por tres disparos. Carlos Alejandro Font, de 18 años, fue ingresado con pérdida de masa encefálica por herida de bala. A las 21 horas se apagaron las luces del alumbrado público de la zona y se cortó la telefonía durante 6 horas.
A las 22.20 horas en tres ambulancias con una fuerte custodia de patrulleros y motos y un médico forense en cada una de ellas, los ciudadanos vascos fueron retirados del Hospital Filtro por la calle Gualeguay, con destino a la base militar aérea de Carrasco. Dentro del Filtro, algunos funcionarios despidieron a los etarras entonando estrofas del Himno Nacional uruguayo. A las 23.45 horas, el Boeing 707 de la Fuerza Aérea de España despegó con destino a Madrid.
De acuerdo a cifras oficiales hubo un fallecido, más de 100 civiles heridos graves (15 de ellos de bala) e incontables heridos leves, entre ellos 44 policías.
El 25 de agosto fue expulsado de Uruguay el diputado Jon Idígoras, por sus declaraciones hechas nombrando el caso de Bélgica, país que se oponía a la extradición. A la portavoz de los vascos, Agurtzane Delgado Iriondo, se le concedieron 6 horas para dejar el país, por incitar a la violencia. Se censuraron las emisiones de las radios CX36 y CX44, acusadas de "propalar información falsa e incitar a la violencia". Finalmente CX44 Radio Panamericana fue clausurada.
El 26 de agosto marcharon durante 4 horas decenas de miles de personas acompañando silenciosamente al féretro de Fernando Morroni. Su madre declara: "no le voy echar la culpa a los vascos, esos que reprimieron son de acá, fueron los uruguayos que reprimieron de la peor manera, matando a jóvenes como a mi hijo, desapareciendo a otros, con todas las armas habidas y por haber pero en las manos de ellos". Ese día el PIT-CNT decretó una huelga general de 24 horas en repudio a la represión.
El 27 de agosto se realizaron actos de solidaridad frente a los consulados de Uruguay en Bilbao e Iruñea, dejando ramos de flores en "profundo reconocimiento a la solidaridad demostrada por el pueblo uruguayo hacia el pueblo vasco".
El 29 de agosto la Federación Uruguaya de la Salud realizó un acto y concentración frente a la Asociación Española donde estaba internado el enfermero Esteban Massa. El 7 de setiembre se llevó a cabo una interpelación parlamentaria al ministro Gianola en la Cámara de Diputados. Gianola fue respaldado por el gobierno y la interpelación aparejó consecuencias políticas.
El 15 de setiembre, una marcha estudiantil "contra la represión y el terrorismo de estado" paralizó la avenida principal de Montevideo.
El 2 de octubre en la ciudad de Pando se organizó un recital donde participaron los grupos musicales "La Celda" de Uruguay, "Todos Tus Muertos" de Argentina y "Negu Gorriak" de Hegoalde. El recital fue parte de la gira Hegoamerikan Tour 94 del grupo vasco. El recital se convirtió en un acto de protesta. Los vascos residentes en Uruguay subieron al escenario con camisetas con los colores de la bandera uruguaya con la inscripción "Gora Uruguay Herria" como símbolo de gratitud y solidaridad con quienes habían sufrido la represión en el Filtro.
Mientras en Uruguay el ex tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro insinuaba que la ETA podía adoptar represalias contra nuestro país y advertía que "ahora hay que bancar todas las consecuencias" y el PIT-CNT convocaba a un paro general contra la "brutal represión", la prensa española reaccionó sorprendida ante las demostraciones de solidaridad en Uruguay hacia los vascos extraditados y las atribuyeron a la falta de información sobre la organización terrorista ETA y a la prédica de los grupos radicales de izquierda.
Diario 16 calificó de "extravagante" la reacción de "algunos líderes de la izquierda uruguaya apoyando a los refugiados vascos". El periódico El Mundo editorializó señalando que "lamentablemente muchos uruguayos han identificado a estos miembros de ETA con una idea romántica, viendo en ellos jóvenes idealistas que luchan por la libertad de un pueblo oprimido y asociándoles con el mito de la guerrilla urbana de los años 70, que todavía ejerce una cierta fascinación en Uruguay". Por su parte, ABC de Madrid calificó de "esperpento uruguayo" las demostraciones de solidaridad con los vascos y señaló a los "sangrientos tupamaros" como los principales promotores de las movilizaciones.
En tanto, otros actores de la escena política uruguaya, como el exguerrillero tupamaro Jorge Zabalza, reivindicaron los hechos. "Era la oportunidad de poner a prueba la fuerza militante que desde años atrás venían acumulando, de bautizarla con fuego en una instancia confrontativa". En el libro Cero a la izquierda del periodista Federico Leicht, Zabalza sostiene que había un ómnibus "repletos de cócteles molotov y 5 mil miguelitos, además de una banda de jóvenes radicales deseosos de entrar en acción".
Un año después de los acontecimientos del Filtro se realizó la primera marcha de recuerdo y repudio, la cual se continúa haciendo hasta hoy en día. Esta marcha fue convocada por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y no participaron organizaciones como el PIT-CNT ni el Frente Amplio. No obstante, sí participaron algunos sindicatos.
Mikel Ibáñez estaba acusado de colaborar en el asesinato del empresario Francisco Javier Zabaleta Azpitarte en 1988. Una vez extraditado, fue juzgado por la Audiencia Nacional y absuelto y puesto en libertad el 9 de febrero de 1995. Volvió a Uruguay y luego se trasladó a Francia. En 2008 fue capturado en Francia y extraditado nuevamente a España. En mayo de 2009 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal condenó a Ibáñez a 27 años de cárcel por facilitar a ETA la información que le permitió cometer el 6 de junio de 1988 el asesinato en Éibar (Guipúzcoa) de Francisco Javier Zabaleta Azpitarte, a la que la banda acusaba de ser un narcotraficante.
La sentencia consideraba "evidente la voluntad decidida de acabar con la vida de la víctima, o cuando menos una aceptación o consentimiento de que la información transmitida a un miembro de ETA iba a ser utilizada por aquella para acometer un atentado contra la vida de la persona sometida a vigilancia, con resultado letal".
Luis Lizarralde formó parte del "grupo Izarra" y del "grupo Donosti". Tras huir a Francia, viajó posteriormente a Uruguay. Tras ser extraditado, fue condenado el 26 de junio de 1995 a 32 años de cárcel por el asesinato del teniente coronel José Luis de la Parra. Posteriormente, en abril de 1996, la Audiencia Nacional le condenó a otros 42 años de cárcel por los delitos de asesinato con el agravante de alevosía y otro de frustración por el atentado en el que murió el guardia civil Luis Miranda, en Lezo. Formó parte del primer grupo de 33 etarras trasladados por Interior a finales de junio de 1996 a prisiones próximas al País Vasco. Fue trasladado a la prisión de Burgos.
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