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Administración de Parques Nacionales



La Administración de Parques Nacionales (APN) de Argentina es un organismo público encargado de mantener el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, destinado a la conservación de la diversidad biológica y los recursos culturales del país. Orgánicamente depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

La APN controla 35 áreas, así como cuatro especies declaradas monumentos naturales: el huemul andino o taruca (Hippocamelus antisensis), el yaguareté (Panthera onca), el huemul (Hippocamelus bisulcus) y la ballena franca austral (Eubalaena australis).

La APN fue creada por ley n.º 12 103 sancionada el 29 de septiembre de 1934 con el nombre de Dirección de Parques Nacionales. Para su dirección la ley creó un directorio compuesto por un presidente designado con acuerdo del Senado y ocho directores nombrados por el Poder Ejecutivo.[2]​ Juntamente con ella se creó el segundo parque nacional del país, el parque nacional Iguazú. El primero, el parque nacional del Sur, llamado luego Nahuel Huapi, había precedido a la APN por 12 años y había sido creado en el terreno anexo a las 7500 hectáreas donadas a la Nación en 1903 por Francisco Pascasio Moreno, junto al lago Nahuel Huapi en el territorio nacional del Río Negro. Exequiel Bustillo ejerció el cargo de presidente del directorio entre 1934 y 1944.

La política de conservación establecía la prohibición de la tala de árboles, de la caza de animales silvestres, la edificación, la alteración de los cursos de agua o cualquier otra acción que empañase la belleza natural de la región. El interés científico, con todo y estar presente, resultó secundario en la elección de los primeros emplazamientos de parques naturales, fundados en 1937 en paisajes de singular belleza: el Lanín, lago Puelo, Los Alerces, Perito Moreno y Los Glaciares.

Sólo a partir de la década de 1940 el interés turístico, que había dado lugar a la creación de villas de turismo en varios puntos anejos a los parques, daría lugar a investigaciones científicas, cuya prioridad fueron los estudios de la vegetación. La importancias de estos aportes al desarrollo de las ciencias naturales en el país motivó la erección de nuevos parques pensados como muestras representativas de la biodiversidad nacional: Laguna Blanca en 1940, El Rey en 1948, Río Pilcomayo en 1951, y Chaco en 1954, además del monumento natural Bosques Petrificados ese mismo año.

El decreto ley n.º 654/1958 transformó a la Dirección de Parques Nacionales en Dirección General de Parques Nacionales bajo dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, compuesta por un directorio integrado por un presidente y seis vocales designados por el Poder Ejecutivo.[3]

La tarea continuó en los años '60 con la creación de los parques nacionales Tierra del Fuego (1960) y El Palmar (1966). En 1967, la decisión de proporcionar fundamento científico a la estructura de parques llevó a la creación de la Escuela de Guardaparques Bernabé Méndez en las instalaciones del parque nacional Nahuel Huapi, la primera institución destinada a la formación de guardaparques en toda Latinoamérica. En 1968, se creó la reserva natural Formosa.

El decreto-ley n.º 18594 promulgado el 23 de febrero de 1970 reorganizó el sistema de áreas protegidas, distinguiendo de manera formal entre parques nacionales —áreas cuya conservación en estado natural se dictamina por su representatividad fitozoogeográfica e interés científico—, monumentos naturales —áreas, cosas o especies vivas de animales o plantas, cuyo valor estético, histórico o científico, las hace merecedoras de protección absoluta— y reservas nacionales —áreas que interesan para la conservación de sistemas ecológicos, sin la protección especial concedida a los parques nacionales. El decreto-ley transformó a la Dirección General de Parques Nacionales en Servicio Nacional de Parques Nacionales, presidido por un administrador nacional designado por el Poder Ejecutivo y bajo dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.[4]​ Esa década presenció la creación de los parques nacionales Los Arrayanes (1971), Baritú (1974), y Lihué Calel (1977). El interés científico y ecológico se complementó en estos años con desarrollos educativos, potenciando la creación de centros de interpretación y la formación de los visitantes.

La última modificación del régimen legal se produjo en 1980, con la promulgación de la ley n.º 22 351 de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales el 4 de noviembre de 1980. El Servicio Nacional de Parques Nacionales fue transformado en Administración de Parques Nacionales, continuando bajo dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación. El directorio quedó conformado por un presidente, un vicepresidente y 4 vocales, todos designados por el Poder Ejecutivo.[5]​ Se crearon el parque nacional Calilegua en 1980 y el monumento natural Laguna de los Pozuelos en 1981.

En 1985 comenzó la descentralización de la tarea de conservación, con el diseño de la Red Nacional de Cooperación Técnica en Áreas Protegidas, implementada al año siguiente, que funcionaría como instancia federal de coordinación y planificación para la red nacional de áreas protegidas, que abarca los parques provinciales al igual que los bajo la administración de la APN.

En la década de 1990 se crearían los parques nacionales Sierra de las Quijadas y Predelta en 1991, Campo de los Alisos en 1995, Los Cardones y Quebrada del Condorito en 1996, Talampaya en 1997, San Guillermo en 1999, Mburucuyá y Copo en 2000. A estos se suman las reservas naturales estrictas —áreas de importancia por la excepcionalidad de sus ecosistemas, de sus comunidades naturales o de sus especies de flora y fauna, cuya protección se juzga necesaria para fines científicos de interés nacional, por lo que la interferencia humana se reduce a un mínimo— creadas en terrenos fiscales, Otamendi, San Antonio, Colonia Benítez y El Leoncito.

Desde fines de la década de 1990 el organismo está involucrado en el Plan Nacional de Manejo del Fuego.

El 8 de agosto de 2007, se suscribe un convenio entre el Estado Nacional y la Provincia del Chubut para la creación del parque marino costero Patagonia Austral ubicado al norte del golfo San Jorge entre el cabo Dos Bahías y la isla Quintano, en la provincia del Chubut. Este convenio fue ratificado en diciembre de 2008 mediante la ley n.º 26 446/08.[6]​ En 2009 fue creado bajo la Ley N.º 26 499 el parque nacional Campos del Tuyú, en el partido de General Lavalle, provincia de Buenos Aires, siendo el primer parque nacional de la provincia de Buenos Aires.[7][8]

El 13 de diciembre de 2012 a través de la Ley n.º 26 817[9]​ fue creado el parque interjurisdiccional marino Makenke un área natural protegida de la provincia de Santa Cruz, con una superficie de 71 271 ha.[10]​ Ese mismo mes se creó además el parque nacional Bosques Petrificados de Jaramillo[11]​ ubicado al noreste de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina y que cuenta con 61 228 ha.

El 24 de octubre de 2014, bajo la ley 26 996 se crea el parque nacional El Impenetrable, un área protegida situada en el centro-norte del país. Protege una muestra representativa del ambiente chaqueño del noroeste de la provincia del Chaco. Ese mismo año se creó el parque nacional Patagonia en el noroeste de la provincia de Santa Cruz y la reserva nacional Pizarro en la provincia de Salta, en el noroeste que protege una de las últimas muestras de la continuidad forestal longitudinal en la cual el bosque chaqueño occidental con una superficie de 7837 hectáreas.[12][13]

En 2018 se crearon seis nuevas áreas protegidas en el país: parque nacional Traslasierra en la provincia de Córdoba, el parque nacional Aconquija en Tucumán, el parque nacional Ciervo de los Pantanos en la provincia de Buenos Aires, el parque nacional Iberá en Corrientes y las áreas marinas protegidas Yaganes y Banco Burwood II.[14]

Mediante el decreto 368/2019 se transfirió la potestad para “otorgar la concesión de espacios exclusivos dentro de áreas naturales protegidas para la realización de proyectos de inversión y explotación de servicios turísticos" de la APN a la Secretaría de Ambiente.[15]

Asimismo, la Administración luego de haberse mudado varias veces de sede, a más de 25 años de que el histórico Palacio Haedo comenzara a quedar chico y bajo un fuerte proceso de deterioro, y luego de que la administración de Mauricio Macri alquilara un edificio perteneciente a la firma de Nicky Caputo sobre la Av. Pellegrini por 130 mil dólares mensuales.[16]

En mayo de 2019 del gobierno autorizó la venta del edificio Ancón de la APN. A su vez se dispuso el alquiler de un inmueble en Carlos Pellegrini 657 por un valor de 130 mil dólares mensuales.[17]

El gobierno de Alberto Fernández nombra a Daniel Somma como director de la Administración. Durante su gestión la APN se incorporó al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología,[18]​ asumiendo un rol de "agencia de conservación", en contraposición a la concepción de "agencia de turismo" que tuvo durante otras épocas.

En noviembre de 2020 el gobierno dispuso la cesión del ex Hotel Majestic para que la APN constituya su sede permanente.[19]​ Ese mismo mes se dispuso la aplicación de la Ley 27.037 de Áreas Marinas Protegidas, creando los planes de manejo de las áreas marinas y disponiendo la adquisición del Buque Oceanográfico Capitán Oca Balda perteneciente al INIDEP para poder ejercer, control, monitoreo y manejo de las AMP.[20]

A comienzos de abril de 2021 se conoce que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, pide la renuncia de Somma. Esta medida fue rechazada por ATE, trabajadores de la APN, organizaciones campesinas e indígenas y ONG ecologistas.[21][22]​ El 8 de abril, Somma renunció al cargo y fue reemplazado por el abogado Lautaro Erratchu.[23]

Orgánicamente la APN tiene sede central en Buenos Aires. Tiene un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente (ambos deben ser de la APN) y cuatro vocales (dos por el Ministerio de Turismo de la Nación, uno por el Ministerio de Defensa de la Nación y uno por Ministerio del Interior de la Nación).

Está dividida en cuatro Direcciones Nacionales (Interior, General de Coordinación Administrativa, Conservación de Áreas Protegidas y Asuntos Jurídicos) y una Unidad de Auditoría Interna, a la vez cada Dirección Nacional cuenta con direcciones inferiores (1) Dirección Nacional de Interior: Dirección de Coordinación Operativa e Intendencias de cada área protegida - (2) Dirección General de Coordinación Administrativa: Dirección de Administración, Dirección de Recursos Humanos y Capacitación, Dirección de Obras e Inversión Pública, Dirección de Aprovechamiento de Recursos - (3) Dirección Nacional de Conservación de Áreas Protegidas: Dirección de Conservación y Manejo, Dirección de Interpretación y Extensión Ambiental, (4) Delegaciones Regionales (Noroeste, Noreste, Centro y Patagonia) y un Coordinación Regional Patagonia Austral).



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