Caso Odebrecht
El Caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina, que ha abarcado más de 30 años. Está basado en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 10 países más de América Latina, a la constructora brasileña Odebrecht. En esta investigación se detalla como Odebrecht habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
Odebrecht fue creada en 1944, en el Estado de Bahía, y se consolidó como la constructora que mayor crecimiento durante los años de la dictadura militar.
La empresa creó una «Caja B» a finales de los años 2010 con el nombre de «Sector de Relaciones Estratégicas» para disimular la maraña de coimas.
A continuación se detallan en orden alfabético los países que se sabe ha afectado las operaciones ilegales de Odebrecht y cierta información sobre el asunto.
Según los fiscales estadounidenses, entre 2007 y 2014 Odebrecht realizó múltiples pagos de sobornos por valor de 35 millones a funcionarios gubernamentales en Argentina. En enero de 2017 fue imputado el jefe de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) argentino, Gustavo Arribas por la recepción de coimas y otras dádivas de Odebrecht. Entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, un operador financiero brasileño condenado por la justicia de Brasil por el caso Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta de Gustavo Arribas, destinados al pago de coimas, lavado de activos y evasión.
Arribas recibió casi 0,6 millones en una cuenta suya en Suiza. El exministro de Planificación Pública, Julio De Vido y los exsecretarios José López y Roberto Baratta, fueron acusados, imputados y procesados por el delito de administración fraudulenta y presuntos sobornos en la construcción de la planta potabilizadora de AYSA en Tigre y la planta depuradora de agua en Berazategui. También fueron procesados el director de AYSA, Carlos Ben, y el directivo Raúl Biancuzzo. Los demás procesados fueron los empresarios Tito Biagini, Aldo Benito Roggio, Jorge Corcho Rodríguez y Carlos Wagner. La causa será elevada a juicio oral en 2021. De Vido también quedó procesado por hechos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht, en la construcción de gasoductos en la Argentina, junto con el ex secretario de Energía Daniel Cameron.
Meirelles, el financista brasilero de Odebrecht confirmó que pagó propinas que se hicieron entre 2009 y 2014 que pagó con depósitos como pagos, en Panamá y la Argentina. Fue imputado por el fiscal Francisco Delgado.
De acuerdo al documento judicial difundido por Estados Unidos, empezando en 2009, Odebrecht pagó aproximadamente USD$ 349 millones en sobornos a varios partidos políticos del país, funcionarios extranjeros y sus representantes en Brasil, financiaba las campañas políticas en las elecciones para obtener beneficios y contratos de obras de construcción con gobiernos locales en diferentes distritos del país, con el gobierno central y varias empresas públicas administradas por el Estado.
Washington menciona específicamente muchos contratos con la petrolera estatal Petrobras, durante diferentes gobiernos en los últimos años y la justicia brasileña ya condenó al millonario y expresidente de la constructora, Marcelo Odebrecht (1968-), a 19 años y 4 meses prisión por un escándalo de corrupción que involucra a la empresa petrolera con la constructora Odebrecht, con obras de infraestructura petrolera con esta empresa pública administrada por el Estado.
Eduardo Cunha presidente de la Cámara de Diputados de Brasil está actualmente preso a la espera de ser procesado por corrupción. En unos de las cargos presentados por la Fiscalía, Cunha es acusado de recibir sobornos de un consorcio del que formaba parte Odebrecht por obras en la zona portuaria de Río de Janeiro.
El juez federal Sergio Moro, sin embargo, en la corte nacional de Brasil solo lo declaró culpable por el pago de más de USD$30 millones en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia para la empresa, pero las investigaciones continúan para poder determinar el grado de responsabilidad de funcionarios públicos durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer.
También fue citado ante la justicia por aceptar sobornos el senador Aécio Neves, junto con el miembro de su partido, José Serra, y el presidente de la República, Michel Temer.
El documento de las autoridades judiciales estadounidenses sostiene que en un periodo comprendido aproximadamente entre 2009 y 2014, Odebrecht efectuó e hizo que se efectuaran pagos por más de USD$12 millones para asegurar contratos de obras públicas. La empresa obtuvo beneficios de más de USD$50 millones como resultado de esos pagos corruptos. La compañía constructora tiene presencia en Colombia desde el año 1991, entre el año 2009 y 2017, realizó pagos corruptos para asegurar contratos de obras públicas.
En este periodo aparecen dos obras de alta ingeniería, la Ruta del Sol Sector 2, adjudicada en diciembre de 2009 por el transformado Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el contrato para la navegabilidad del río Magdalena, entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, que controla Odebrecht. La justicia colombiana ya enfocó sus primeras acciones en establecer qué negocios tuvo en el país Odebrecht S.A. durante los 15 años señalados en Estados Unidos. El fiscal Néstor Humberto Martínez hizo contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para concertar la forma de compartir la información recabada por la corte de Nueva York, mientras que en Colombia se creó un grupo de trabajo especializado constituido por 3 fiscales y 20 investigadores, que ya emprendieron las primeras investigaciones sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de varios países para obtener beneficios en contrataciones públicas misiones de recaudo de información.
La justicia colombiana apunta a relacionar a los representantes legales de las entidades públicas y la multinacional brasileña desde 2009 hasta el 2016, Odebrecht opera desde el año 1991 en Colombia, al tiempo que se pretende recaudar toda la documentación que detalle el trámite que se les dio a los negocios de Odebrecht en Colombia. En principio se busca establecer si los hallazgos y reportes de la justicia norteamericana son suficientes para estructurar procesos penales por cohecho impropio, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en Colombia, si se comprueban los ilícitos.
Ante el escándalo desatado por los anuncios de la justicia norteamericana, la Presidencia anunció que ya entró en contacto con la justicia norteamericana y habrá plena colaboración en todo lo que se requiera. En sus primeras declaraciones, el secretario de Transparencia, Camilo Enciso, manifestó que su dependencia le ayudará a la justicia a identificar cuál fue el funcionario que recibió US$6,5 millones en sobornos entre 2009 y 2010. Odebrecht tenía una División de Operaciones Estructuradas, manejada por una compañía de papel constituida en Islas Vírgenes Británicas, a través de la cual transfería dineros para concretar los sobornos.
El funcionario fue detenido por este caso, y quien recibió los USD$6.5 millones, es el ex-Viceministro de Transporte Gabriel García Morales, a quien la Fiscalía le imputó los cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, al favorecer a Odebrecht como adjudicataria del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2, descartando a los demás competidores. La segunda captura por este caso fue realizada a mediados de enero de 2017 en contra del exsenador colombiano Otto Nicolás Bula; según investigación de la Fiscalía, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto de 2013, con el fin de que el exsenador obtuviera el contrato para hacer la vía Ocaña-Gamarra, en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht era parte. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, se habría materializado el segundo soborno de la firma en el país por valor de USD$4.6 millones, para que el proyecto no fuese sometido a una licitación como estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a través de un convenio o acuerdo de voluntades, que se logró el 14 de marzo de 2014. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exsenador Bula por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito.
La constructora fue expulsada del gremio por la Cámara Colombiana de Infraestructura el 16 de enero de 2017. El 14 de enero fue detenido el ex-congresista del Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. De igual manera, Bula ha declarado haber entregado una suma cercana a US$1 millón a un empresario de nombre Andrés Giraldo, quien sería el enlace entre él y el Jefe de Campaña de Santos Presidente 2014 (reelección): Roberto Prieto. Esto implicaría que el Gobierno del Nobel de Paz y el mismo Presidente tendrían algún grado de implicación en este gigantesco escándalo transnacional. Se investiga también la posible participación del consultor brasileño Duda Mendoça, detenido en el marco de la Operación Lava Jato, en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Según las investigaciones, Odebrecht habría pagado 1,6 millones a Mendoça para asesorar la campaña de Zuluaga, candidato de Álvaro Uribe.
Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte durante uno de los Gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), fue arrestado por cargos de recibir sobornos de Odebrecht para favorecerla en la concesión para la construcción de una carretera.
El 13 de diciembre del 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acoge petición de la Procuraduría General de la Nación (Colombia) y ordena una indemnización de más de $800.000 millones (US$260 millones)e inhabilitada por 10 años para celebrar contratos con entidades oficiales por corrupción de Odebrecht en Colombia.
El fiscal general de Colombia, entre 2016 y 2019, Néstor Humberto Martínez era abogado del Grupo Aval en la época en que tal entidad se asoció con el grupo Odebrecht para llegar a cabo el proyecto Ruta del Sol II en Colombia, en 2018, siendo aún Néstor Humberto fiscal general de la nación, una vez había estallado el escándalo internacional por corrupción del grupo brasileño, el medio de comunicación Noticias Uno destapó unos audios que le había entregado Jorge Enrique Pizano, quien fuera auditor del proyecto en tales audios consta como, desde 2013, Pizano le había comunicado a Martínez Neira su preocupación por las irregularidades que había encontrado en la contratación del proyecto, en uno de los audios Néstor Humberto dice, entre risas, que uno de los contratos "es una coima" y en otros apartes textualmente señala que se podría tratar de pagos a Paramilitarismo en Colombia. Frente a los hechos denunciados, una vez fallecido el auditor Pizano, en extrañas circunstancias, Néstor Humberto se pronunció señalando que los audios se dieron en un contexto de conversación "entre amigos" y que no había denunciado los hechos porque no le constaba que fueran ciertos.
La publicación del caso coincidió con la campaña de las Elecciones presidenciales de Ecuador de 2017. Odebrecht ha manejado en Ecuador operaciones por US$5 mil millones en continuadas contrataciones con 7 de los 10 últimos gobiernos: los presididos por León Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Alfredo Palacio y Rafael Correa. En 2008 Correa expulsó mediante decreto ejecutivo 1348 a la compañía y ordenó el arraigo de sus altos funcionarios en Ecuador tras detectarse -señala el decreto- deficientes técnicas en la Central Hidroeléctrica San Francisco.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht declaró haber realizado sobornos por un total de US$33,5 millones desde el 2007 al 2016, y podría haber obtenido beneficios de más de US$116 millones. Tras esto los 8 candidatos a la presidencia de Ecuador se pronunciaron sobre el tema, así como el Fiscal general Galo Chiriboga, quien informó por Twitter que se había comunicado con el embajador ecuatoriano en Washington, mientras que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, declaró que "(...)no podemos descartar que haya habido pagos o actos de corrupción y estamos enviando a la Fiscalía una solicitud de que esto se investigue(...)" "(...)si se descubre a personas involucradas en estos casos de corrupción se los detendrá de inmediato(...)".
También se señaló que el Municipio de Quito, durante la administración del alcalde Augusto Barrera, se contrataron los proyectos Ruta Viva (Fases 1 y 2) y la contratación de la fase 2 del Metro de Quito (que fue otorgada al consorcio Acciona-Odebrecht) aprobada por la anterior administración y en ejecución con el nuevo alcalde Mauricio Rodas. Y el estado contrató 6 proyectos: Reparación de la Central Hidroeléctrica Pucará, por un precio referencial de US$18 millones. Trasvase Daule-Vinces, por US$191 millones. Relleno del terreno para la construcción de la Refinería del Pacífico, por US$ 229 millones.
El Diario Expreso, publicó una lista de dieciocho ciudadanos ecuatorianos receptores de coimas de Odebrecht, incluyendo un persona con la primera letra de su nombre J y la última letra de su apellido T, con el sobrenombre Matraca. El Presidente Correa, así como otros sugirieron que esa persona sería Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, quien es conocido por tener bienes en una gran variedad de paraísos fiscales, pero él negó cualquier responsabilidad. Estos supuestos delitos habrían prescrito.
Central Hidroeléctrica Manduriacu, por US$124 millones. Poliducto Pascuales-Cuenca, por un precio de US$369 millones. Construcción del acueducto "La Esperanza"-Refinería del Pacífico, por un precio de US$334 millones. mientras que el asambleísta Diego Salgado inició el 23 de diciembre la recolección de firmas para comenzar un juicio político del vicepresidente Jorge Glas, alegando que él, como ministro de sectores estratégicos en funciones durante el tiempo en el que Odebrecht informó realizar estas coimas, era el responsable político de los pagos de Odebrecht.
El partido Alianza País vota en junio de 2017 la expulsión de Odebrecht de Ecuador.
El 3 de agosto de 2017, el Presidente Lenin Moreno mediante Decreto Ejecutivo n.º 100 le retiró las funciones que le fueron asignadas al iniciar su gobierno al vicepresidente Glas. Según Moreno, la principal razón es una carta que Moreno considera ofensiva, y por ser sospechoso de haber recibido US$14 millones como cohecho por parte de Odebrecht.
El 2 de octubre de 2017, el juez Miguel Jurado dictó prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y otros 6 implicados por el delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht. Meses después, el 13 de diciembre de 2017 se impuso la pena de 6 años de encarcelamiento para Glas y su tío.
Se está investigando la sobrevaloración en la construcción de dos nuevos tramos de carreteras que se contrataron con la empresa Odebrecht y el beneficio que habrían recibido las constructoras privadas del país, Sigma y Conasa, que son parte de las investigaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
La Fiscalía contra la Corrupción presume que los funcionarios de las empresas constructoras privadas, no están exentos del pago de sobornos, cohecho y enriquecimiento ilícito, por parte de la empresa constructora privada Odebrecht.
El Ministerio de Comunicaciones del gobierno, anunció que emprenderá investigaciones y acciones legales contra exfuncionarios de la cartera, que firmaron la modificación del contrato.
El gobierno confirmó que la querella ya está preparada y es contra todos los exfuncionarios del anterior gobierno, involucrados en la modificación de un contrato firmado con la constructora brasileña, según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó US$18 millones a funcionarios entre los años 2013 y 2015, correspondientes al gobierno del expresidente Otto Pérez Molina.
En contra de la constructora brasileña existen varias denuncias, presentada en julio por la Contraloría General de Cuentas (CGC), es por el proyecto de rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros de la ruta CA-2 Occidente, que conduce de Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán y San Marcos, frontera con México.
La obra pública contratada por el gobierno con Odebrecht, debería haber terminado el 30 de junio y cuando se procedió a hacer la revisión el Gobierno se percató que el avance financiero de un 70% a la empresa constructora, no correspondía con el avance físico de la obra de solamente un 33%, razón que propició la decisión judicial de detener la obra y empezar la liquidación del contrato.
Además están incluidos los ex-viceministros Rubén Mejía y Miguel Ángel Cabrera, y otros ex-funcionarios más. A su entender, en el contrato modificatorio hubo varias irregularidades, García avanzó además que en conjunto con la Contraloría General de Cuentas crearán una comisión de investigación para liquidar el contrato con la constructora. Según investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un ciudadano brasileño a quien identifican como el Agente 6, era el encargado de realizar los negocios de esa empresa en Guatemala.
En un periodo comprendido aproximadamente entre 2010 y 2014, es decir, durante las administraciones de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, Odebrecht estuvo vinculado a pagos por valor de US$10.5 millones para ganar contratos de obras públicas mexicanas que le generaron beneficios por más de USD$39 millones. Odebrecht participó en la reconfiguración de tres refinerías: Minatitlán (Veracruz), Tula (Hidalgo) y Salamanca (Guanajuato), para la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). En todas ellas hubo adjudicación directa, pagos con sobreprecio o ampliaciones presupuestales irregulares.
Los documentos estadounidenses depositados en la Corte del Distrito Este de Nueva York, también revelan que entre los años 2010 y 2014, la empresa constructora privada Odebrecht habría promovido pagos de sobornos por más de US$59 millones en Panamá, resultando en US$175 millones de beneficios en contratos para otras obras públicas, y el gobierno del presidente Juan Carlos Varela le dio su "apoyo total" a las investigaciones sobre el tema que ya adelanta el Ministerio Público panameño.
El Gobierno panameño anunció que busca acciones necesarias para cancelar a Odebrecht un contrato de US$1.000 millones para la construcción de una hidroeléctrica, luego de que la empresa se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos de entregar sobornos en varios países de la región y prohibir que pueda seguir operando en el país como un contratista de obras públicas calificado.
Panamá adjudicó a Odebrecht en 2014 para la construcción y operación vía concesión administrativa por 50 años de la hidroeléctrica Chan II, también se prohibirá que Odebrecht obtenga nuevos contratos o se refrenden todos los contratos de obra pública que tiene en el país, hasta que demuestre una mayor colaboración en las investigaciones judiciales del gobierno, sobre la entrega de los sobornos de más de US$59 millones, para conocer los nombres de los funcionarios públicos, políticos, gobernadores, representantes o testaferros de gobiernos anteriores, que recibieron los sobornos de la empresa constructora de Brasil, en el caso de corrupción más grande de la historia de Panamá.
En febrero quedó involucrado el presidente Juan Carlos Varela, después que este fuera acusado de haber recibido "donaciones" de la constructora brasileña Odebrecht. presentándose una denuncia penal ciudadana para que se averigüe si personas vinculadas al presidente, y el diputado oficialista José Luis Varela, habrían cometido delitos de peculado y fraude. a través de una empresa suiza, que había movido millones, cuyos accionistas son María Mercedes Rabat de Janón, Ramón Antonio Pino y Margarita Mejía.
El secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens pidió al Ministerio Público que investigue penalmente al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y a dos de sus hijos por su presunta vinculación a los sobornos de Odebrecht. Odebrecht pagó en Panamá coimas por US$59 millones entre 2009 y 2014, cuando gobernó Martinelli, y que de ese monto US$6 millones los recibieron dos familiares cercanos.
Entre 2005 y 2014 Odebrecht aparece relacionado con aproximadamente US$29 millones en pagos de sobornos, que le generaron más de US$143 millones en beneficios, de acuerdo a los investigadores judiciales. Por ejemplo, asegura la corte estadounidense, un intermediario contactó a Odebrecht en nombre de un alto funcionario peruano no identificado todavía, que ofreció apoyar la propuesta de la firma en una licitación pública a cambio de pagos que lo beneficiaran, que el informe estima en US$20 millones entre 2005 y 2008
Odebrecht pagó sobornos a funcionarios entre el 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dice que apoyará en todo lo que sea necesario para la investigación. El primer ministro instó al Ministerio Público y al Poder Judicial a que lleven a cabo todas las investigaciones que correspondan para determinar en qué casos hubo actos de corrupción.
La Fiscalía peruana ha tomado varias declaraciones juradas de exministros integrantes de la oficina estatal Proinversión, a cargo de las licitaciones con inversionistas extranjeros, diputados de oposición política han presentado la propuesta de demandar a Odebrecht y obligar a la empresa constructora, a devolver todo el dinero pagado en sobornos a funcionarios públicos de gobiernos anteriores, como un pago de compensación económica al Estado peruano y para poder seguir operando en el país en el futuro.
Autoridades peruanas detuvieron a Edwin Luyo, miembro especial del comité para licitación del tramo 2 del metro de Lima, y funcionario del expresidente Alan García acusado de recibir sobornos por US$7 millones, de la empresa constructora privada brasileña Odebrecht para ganar un contrato de construcción en el Metro de Lima, el funcionario presidió el comité que licitó el Metro de Lima en el año 2009, el arresto se produjo luego de que Odebrecht entregara información reservada sobre el caso, como parte de un acuerdo preliminar con la empresa para colaborar con la justicia peruana y suspendieron un contrato para la construcción de un nuevo gasoducto en el norte del país.
Después detuvieron a Miguel Navarro quien fue funcionario del ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el 2009, donde trabajó con Jorge Cuba. Fue parte del Plan Perú Bicentenario y en el 2010 fue distinguido con la "Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones" por sus gestiones para que el Metro de Lima se edifique. Admitió su delito el 26 de enero y decidió acogerse a la confesión sincera. “Señor juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido. Me acojo a la confesión sincera. Estoy muy arrepentido y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Lo siento mucho”, dijo.
El Poder Judicial también dictó 18 meses de prisión preventiva contra Mariela Huerta Minaya quien fue la expresidenta del comité de licitación del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima, la misma que integró el ahora encarcelado Edwin Luyo. Su vivienda fue allanada el martes 24 de enero, pero según su registro migratorio había dejado el país con rumbo a Panamá el 3 de enero. Quien también cobró de sobornos de Odebrecht y pesa sobre ella una orden de captura internacional.
Más tarde detuvieron a Jorge Cuba, sotoministro de Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García y a su pareja Jessica Tejada, ex voleibolista peruana, que volvieron al Perú el día martes, provenientes de Miami, para enfrentar las investigaciones en su contra por la entrega de coimas efectuada por Odebrecht a funcionarios peruanos por un tramo de la Línea 1 del Metro de Lima.
El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, haciendo lugar a la solicitud presentada por el fiscal Hamilton Castro, cabeza del equipo especial encargado de investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Perú. Toledo es acusado de recibir 20 millones de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.
El expresidente Alan García también es investigado por los presuntos sobornos de Odebrecht, a la que se habría favorecido en la concesión de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. Así lo dispuso el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien abrió una investigación preliminar contra Alan García por los delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Tras encontrar nuevas pistas como las iniciales AG en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a un monto de 100 000 de dólares, por el proyecto Olmos en Cajamarca, y nuevas pistas como las reuniones que sostuvo con los ejecutivos de Odebrecht, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata junto con el expresidente de Brasil Lula da Silva.
La empresa Odebrecht habría entregado US$3 millones para financiar la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia, según dijo el excolaborador de Odebrecht, Jorge Barata. De acuerdo al medio, la entrega del dinero habría sido autorizada por el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y habría salido de la caja que la empresa tenía con el Partido de los Trabajadores, la cual era manejada por el exministro Antonio Palocci, conocido como ‘Italiano’. En el mes de abril, el dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, confirmó que entregó $3 Millones para financiar la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia, lo que confirma lo dicho por Barata. El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, hasta que terminen las investigaciones.
El colaborador eficaz en el caso Odebrecht, Jorge Barata, reveló que también sostuvo reuniones con la excandidata presidencial Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, durante la campaña electoral previas a las elecciones del 2011. El brasileño Jorge Barata, mencionó que también invitaron a Keiko Fujimori para sostener reuniones y mostrara su plan de gobierno. En el mes de mayo, el empresario Marcelo Odebrecht confirmó que entregaron dinero ilícito a todas las campañas presidenciales del 2011, entre ellas esta la campaña fujimorista y la Campaña del Apra de Mercedes Araoz. Más tarde su situación se complicaría después de que Marcelo Odebrecht haya dicho ante los fiscales peruanos que probablemente si hallan aportado a su campaña después de que en su agenda se encontrará una nota con el nombre de la excandidata presidencial junto a un monto. Pero el único que puede confirmarlo es Jorge barata. La Fiscalía abrió una investigación Preliminar contra Keiko Fujimori por sus presuntos vínculos con Odebrecht.
El fiscal Hamilton Castro acusó al Poder Judicial contra el Gobernador del Callao, Félix Moreno, y el empresario Gil Shavit, quien actualmente está detenido en el poder Judicial, por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, por el supuesto pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. La Fiscalía dictó 18 meses de prisión preventiva para Félix Moreno mientras duren las investigaciones.
En las investigaciones del Caso Odebrecht aparece el proyecto vial "Rutas de Lima" junto a otras obras por las que se habría pagado sobornos pagados entre el mandato de la Ex Alcaldesa de Lima Susana Villarán y el ex Burgomaestre de la Ciudad, Luis Castañeda quienes tienen varias investigaciones en el Caso Lava Jato. Además una investigación del portal Convoca.pe reveló que en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña se escribió “Concessão (concesión) Rutas de Lima” al lado de un monto por 291 mil 700 dólares que fueron pagados en sus dos gestiones. Más Adelante se reveló que la Empresa habría financiado la campaña del NO a la Revocatoria de Susana Villarán, en el 2013, debido a que fue asesorada por Luis Frave.
En mayo se confirma que entregaron dinero a Jorge Acurio, el exgobernador del Cuzco. La Fiscalía lo acusa de haber pactado un soborno de 3 millones de parte de la empresa brasileña Odebrecht a fin de favorecerla con la licitación de la obra de la Vía de Evitamiento en la Ciudad Imperial. Junto al abogado José Zaragoza, Rebaza, el director secretario del Club Regatas de Lima y el Ex Socio de "Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros", un estudio de abogados que habría asesorado a Odebrecht, quien actuó como intermediario en el pago de 3 millones por parte de la empresa brasileña al exgobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito, en 2013 y junto a Fernando Delgado el exgerente de "La Positiva Seguros" y el Actual presidente del Club Regatas de Lima. Según el testimonio del colaborador eficaz 60-2017, el exgobernador cusqueño habría pedido que el dinero recibido sea depositado en la empresa "Wircel S.A" y que sería Fernando Salazar Delgado quien quedaría a cargo del movimiento. El Abogado José Zaragoza, se acogió a la confesión sincera y gracias a ello el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para el exgobernador del Cusco, Jorge Acurio y para el expresidente del Prestigioso Club Regatas, Fernando Salazar Delgado.
El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América informó a la comunidad internacional el alcance de entramados de actos de corrupción encabezados por Odebrecht, principalmente involucrando a países de América Latina, incluyendo a la República Dominicana. El escándalo alertó al Ministerio Público dominicano, encabezado por Rodríguez, y puso en marcha la investigación penal.
En diciembre de 2016, el procurador general de la República inició inmediatamente la investigación de los sobornos por 92 millones a funcionarios dominicanos que la empresa brasileña Odebrecht habría confesado haber pagado, según las informaciones reveladas a la comunidad internacional por el Departamento de Justicia estadounidense. La Procuraduría Especializada de persecución de la corrupción administrativa, bajo el Despacho del procurador general, desarrollaría las pesquisas aperturadas de conformidad con la normativa institucional.
El 26 de diciembre del mismo año, el procurador comunicó que el Ministerio Público habría emprendido la evaluación de la información hecha pública por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ordenó a todas las instituciones del Estado la entrega inmediata de todos los contratos suscritos con la compañía Odebrecht desde el 2001 hasta la fecha, estableciendo un plazo máximo de 48 horas para que los funcionarios que encabezan los ministerios y entidades correspondientes entregaran personalmente toda la documentación requerida en la Procuraduría General de la República.
En enero de 2017, el Ministerio Público allanó las oficinas de Odebrecht en la capital dominicana, un proceso de requisa que duró más de cinco horas. Se reportó que al menos 25 cajas de documentos fueron retiradas de las instalaciones de la empresa para ser revisadas y se decomisaron los equipos electrónicos del local contentivos de información potencialmente sensible.
Entre enero y marzo, más de veinticinco (25) personas han sido cuestionadas y llamadas para presentar informaciones sobre el caso, incluidos el representante de Odebrecht en República Dominicana; los principales funcionarios de entidades gubernamentales bajo cuyas gestiones se negociaron, acordaron o ejecutaron contratos con Odebrecht; así como pasados y actuales presidentes de las cámaras congresuales, en cuyas gestiones se debatieron y aprobaron contratos de obras asignadas a la empresa en cuestión y los respectivos presidentes de comisiones congresuales con potencial incidencia en la toma de decisiones sobre el tema. En esos 90 días, también fueron interrogados Ángel Rondón, el lobbista y representante comercial de la multinacional en República Dominicana, así como abogados involucrados en las operaciones mercantiles y auditores de la firma Stanley Consultants vinculados a la compañía.
Según informaciones oficiales, Rodríguez solicitó la suspensión de Odebrecht como proveedor del Estado y que la Dirección General de Contrataciones Públicas había dispuesto la referida suspensión provisional del registro, impidiendo su participación en futuras licitaciones.
El 20 de enero de 2017, el procurador Jean Rodríguez comunicó oficialmente que el Ministerio Público había logrado la firma de la multinacional en un acuerdo que agilizaría la investigación local, garantizando la entrega de material probatorio por parte de la empresa y manteniendo abierta la investigación y persecución penales contra todos los involucrados locales.
El acuerdo, que es considerado la solución idónea para lograr sometidos y condenas en contra de los implicados, obliga a la empresa a pagar US$184 millones, equivalentes al duplo de los US$92 millones que la propia Odebrecht reconoció haber pagado en sobornos, siendo esta la suma máxima contemplada en la Ley No. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, lo que constituye un beneficio de condena sin agotar años de un proceso judicial. Los US$184 millones serían desembolsados paulatinamente en un plazo de 8 años, siendo este el plazo más breve de los acordados en los países de la región.
El 1 de febrero de 2017, la Procuraduría pidió copias certificadas de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht, homologadas el 30 de enero por la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Al día siguiente, el 2 de febrero, “el procurador general dominicano solicitó una reunión a su homólogo de la República Federativa de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros.”
Los días 15 a 17 de febrero, el procurador Jean Rodríguez viajó a Brasil para reunirse con las autoridades que investigan el caso “Lava Jato” y con representantes de los ministerios públicos de varios países en los que operó Odebrecht, con la finalidad de intercambiar información sobre las prácticas de corrupción de la empresa. La República Dominicana, a través de Rodríguez, se constituyó en signatario de la Declaración de Brasilia en la que los procuradores de once países acordaron establecer “la más amplia, rápida y eficaz cooperación” sobre los asuntos de corrupción en que se implicó la empresa.
El 1 de marzo las investigaciones seguidas a la constructora Odebrecht fueron declaradas complejas por el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, por solicitud de la Procuraduría General realizada el 8 de febrero, obteniendo así plazos más amplios para la investigación y que la aplicabilidad del criterio de oportunidad, un instrumento contenido en el artículo 34 del Código Procesal Penal dominicano para agilizar los procesos en caso de que el imputado colabore con las pesquisas.
En marzo de 2017, el procurador general sostuvo un encuentro de seguimiento con el fiscal adjunto de la Oficina de Cooperación del Ministerio Público Federal de Brasil, Carlos Bruno Ferreira da Silva, quien ha participado en la investigación del caso Lava Jato, una investigación que guarda estrecha relación con las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht en República Dominicana.
“El magistrado Rodríguez ponderó el encuentro y dijo que con el mismo se fortalecen las indagatorias que se llevan a cabo sobre este caso, al tiempo que destacó que la colaboración internacional es importante para someter a la justicia a todos los implicados.”
En los 90 días tras el estallido del escándalo, Rodríguez ha encabezado más de una veintena de comunicados de prensa, ruedas de prensa oficiales y encuentros con los medios, en las que se informaron las labores en curso y particularidades del proceso investigativo y penal del caso Odebrecht. Asimismo, el procurador general ha informado en diversas ocasiones que algunos de los detalles sobre los hallazgos serán revelados de manera oportuna y estratégica, para evitar entorpecer la investigación.
La investigación continúa mientras se espera la entrega de la referida documentación por parte de la justicia brasileña. En reiteradas ocasiones el procurador general ha garantizado que serán sometidos los implicados y que existe un compromiso “de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, con todas las herramientas que otorga la ley, a fin de procesar a todos los responsables de las acciones criminales que haya cometido Odebrecht en la República Dominicana.”
El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, envió el 7 de junio la cárcel a ocho de los 10 arrestados por el caso Odebrecht y a dos los dejó bajo arresto domiciliario, como medida de coerción preventiva.
El procurador general Jean Rodríguez, calificó como trascendental para la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la sentencia emitida por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega, que declara complejo el caso y que dispone la imposición de medidas de coerción contra los 14 imputados que hasta el momento han sido identificados por participar en forma particular en los sobornos que la multinacional Odebrecht admitió que pagó en el país para obtener contratos de obras de infraestructura pública.
Dijo además que esta sentencia marca el inicio del recorrido hacia lograr el fin de la impunidad en el país, destacando que fue emitida luego que el Ministerio Público demostrara los vínculos de los imputados con los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Contra el imputado Ángel Rondón Rijo fue impuesto un año de prisión preventiva, en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; contra Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga fueron impuestos nueve meses de prisión, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo; Juan Temistoclés Montás, Porfirio Andrés Bautista y Ruddy González seis meses de prisión, igualmente en el Centro de Corrección de Najayo, mientras que contra César Domingo Sánchez y Máximo de Oleo fueron dictados tres meses de prisión a ser cumplidos en el CCR de Najayo.
Igualmente, fue impuesta la medida de coerción de arresto domiciliario por espacio de nueve meses en contra de Radhamés Segura y Roberto Rodríguez Hernández.
En tanto que una garantía económica de RD$5 millones e impedimento de salida del país fueron impuestos como medida de coerción al senador por San Cristóbal, Tommy Galán, al senador por Santiago Julio César Valentín, y al diputado por el Distrito Nacional Alfredo Pacheco Osoria.
Actualmente las obras en ejecución en las que la empresa Odebrecht fue contratada en Venezuela son las siguientes:
Adicionalmente, Odebrecht fue contratada para un proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, incluyendo:
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Venezuela es el país que más dinero recibió en sobornos por parte de Odebrecht; entre 2006 y 2015 existen obras públicas contratadas por esta constructora que no avanzaron y se han mantenido paralizadas. Según un informe del Departamento de Justicia, el gobierno de Venezuela recibió al menos 98 millones en sobornos.
Odebrecht construyó algunas estaciones del metro de Caracas, pero la mayoría de las estaciones planificadas tienen más de diez años en construcción y todavía no se completan. La obra de la línea cinco del metro, que recorrería el este de Caracas, debía ser entregada en el año 2010, pero hasta 2016 la construcción solo lleva un avance de 30%. En noviembre de 2015 una de las estaciones de la línea fue inaugurada.
Otra obra de la empresa brasileña es el Cabletren Bolivariano. El 14 de agosto de 2013 comenzaron operaciones tres de las cinco estaciones correspondiente a la primera fase, pero una de ellas todavía sigue en construcción, el gobierno de Hugo Chávez Frías contrató las obras en 2007 y prometió tener listas las obras en 2015, para 2016 no se han completado.
Otra obra sin completar por el Grupo Odebrecht en Venezuela es la expansión de la Línea II del metro de Los Teques, en el estado Miranda, que contaría con siete estaciones. Apenas tres de ellas están operativas para 2016. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, viajó a Brasil para hacerle seguimiento al caso de corrupción de Odebrecht, donde se reunió con el procurador general, Rodrigo Janot. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro enfatizó que su Gobierno terminará las construcciones detenidas usando empresas venezolanas. Las autoridades venezolanas también generaron polémica internacional al detener y expulsar del país a los periodistas brasileños, Leandro Stoliar y Gilzon Sousa, que viajaron a la ciudad de Maracaibo (capital del estado Zulia) para constatar, entre otras cosas, el abandono de las obras del Puente Cacique Nigale - también llamado el segundo puente sobre el Lago.
De acuerdo con información que maneja el diario brasileño Valor Económico, el grupo Odebrecht habría aportado dinero ilegalmente a la campaña del líder opositor venezolano Henrique Capriles en 2012.
En octubre de 2017 la fiscal general Ortega Díaz dio a conocer un vídeo donde Euzenando Prazeres de Azevedo, el exdirector de Odebrecht en Venezuela declaró a la Procuraduría General de Brasil, que Maduro había recibido US$35 millones para financiar su campaña presidencial en 2013. En la grabación, Prazeres de Azevedo cuenta que Américo Mata, a quien identificó como un representante de Maduro, le contactó para solicitarle dinero para la campaña de Maduro.
El 19 de febrero de 2018, la fiscal general Luisa Ortega Díaz acusó a Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio (TSJ en el exilio), por estar incurso en supuestos hechos de corrupción y legitimación de capitales, solicitando de esta manera un antejuicio de mérito para determinar si había suficientes razones para proceder con el enjuiciamiento de Maduro. El 9 de abril el TSJ en el exilio determinó que si había méritos para continuar con un juicio formal, decisión que fue notificada a la Asamblea Nacional quien el 17 de abril, con 105 votos a favor y 2 en contra autorizó proceder con el juicio, dejando a Nicolás Maduro separado del cargo de presidente. El 15 de agosto, el Tribunal Supremo sentenció a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de prisión en la Cárcel de Ramo Verde por los delitos de corrupción que se le imputaron, además de ordenar que pague 35 mil millones por el daño al patrimonio público del país. La sentencia no ha sido ejecutada aún, pues el gobierno de Maduro tan sólo reconoce al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, por su propia conveniencia.
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