La crisis política o golpe de Estado en Bolivia de 2019 se produjo el 10 de noviembre de dicho año después de 21 días de protestas civiles contra el gobierno del presidente Evo Morales, a quien un sector de la población acusaba de haber cometido un fraude electoral en las elecciones generales de octubre de ese año y haber participado como candidato presidencial en dichas elecciones, habilitada por un fallo favorable del Tribunal Supremo, en contra de lo decidido por la mayoría de la población en un referéndum constitucional cuyo resultado había rechazado esta posibilidad.
Morales había anunciado por la mañana un llamado a nuevas elecciones, en virtud de las irregularidades denunciadas por la OEA al proceso electoral. Horas más tarde, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le sugirió que renuncie, acción que el presidente tomó casi de inmediato. También renunciaron el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, entre otros funcionarios del MAS, incluyendo las renuncias de gobernadores de varios departamentos. El 11 de noviembre asumió la presidencia la senadora Jeanine Áñez, generando cuestionamientos sobre la legitimidad de su nombramiento, si bien este fue avalado por la corte constitucional de Bolivia.
Existen desacuerdos sobre la forma en que debe nombrarse a este episodio. Apoyan la idea de definirlo como un golpe de estado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez; el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el Poder Legislativo de ese país; el de Nicaragua, Daniel Ortega; el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y la cancillería de Rusia. Coinciden en esta definición expresidentes latinoamericanos como Ollanta Humala de Perú, Lula da Silva de Brasil y José Mujica de Uruguay. También concuerdan algunos politólogos, como Andrés Malamud (Universidad de Lisboa), Juan Negri (Universidad de San Martín) y Jaime Yaffe. El Parlamento del Mercosur en tanto habló de «golpe cívico-militar» para referirse a lo ocurrido en Bolivia.
Otra parte de los análisis políticos han rechazado la calificación de golpe de Estado, argumentando que fueron más bien las denuncias de fraude electoral fueron las que precipitaron la dimisión de Morales, y que la insurrección fue de carácter popular en respuesta a tal escenario, avivadas por la represión que suscitó el propio Morales. Realizan este rechazo el candidato presidencial Carlos Mesa y la oposición boliviana, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Brasil a través de su presidente Jair Bolsonaro, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien indicó, en contrarrespuesta, que «en Bolivia hubo un golpe de Estado cuando Evo Morales cometió fraude electoral». El canciller de Argentina, Jorge Faurie, declaró públicamente el 11 de noviembre que «hay un vacío de poder» y que «no están los elementos para describir esto como un Golpe de Estado». Al respecto, la Organización de los Estados Americanos, a través de 15 de sus miembros (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela de Juan Guaidó), evitaron calificar de golpe lo sucedido en Bolivia, y la Unión Europea, a través de una votación en la Eurocámara, rechazaron llamarle golpe de estado, con resultado de 234 votos en contra, 41 a favor y 88 abstenciones. También algunos politólogos, como Eduardo Gamarra (Universidad de Pittsburgh), Escribà Folch (Universidad Pompeu Fabra) y Fabián Harari (Universidad de Buenos Aires), señalan que no hubo golpe.
El 11 de noviembre el canciller de México Marcelo Ebrard, en nombre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Evo Morales había aceptado la propuesta de asilo político que López Obrador le había ofrecido horas posteriores a sugerencia de renuncia a la presidencia de Bolivia; permitiendo la salida del país del presidente. Se registraron daños a la vivienda de Evo Morales, así como de sus familiares y políticos aliados.
En ausencia del presidente y del vicepresidente, la entonces segunda vicepresidenta de la cámara de senadores Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta del Estado, según previsto en el orden constitucional (aunque sin aprobación legislativa, solo con el aval del Tribunal Supremo), el día 12 de noviembre. El día 20 de noviembre de 2019, diputados del partido MAS presentaron un proyecto de ley excepcional para las elecciones nacionales y subnacionales ante la cámara de Senadores, hecho que, según algunos medios, representó un reconocimiento de la gestión transitoria de Jeanine Áñez, conforme a la siguiente cita en el documento: "La investidura de la actual Presidenta del Estado, Jeanine Añez, surge de la sucesión constitucional, determinando como objetivo principal de su mandato, la convocatoria a elecciones generales del país, configurando inequívocamente su razón de legitimidad en el cumplimiento de este cometido, inexcusable por su naturaleza transitoria".
El 12 de marzo de 2021, la Fiscalía de Bolivia ordenó la detención Jeanine Áñez, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, debido a su participación en los hechos de 2019, a los que calificó como «golpe de Estado».
El 20 de octubre de 2019 se celebró la primera ronda de votación para todos los cargos gubernamentales. El Tribunal Supremo Electoral publicó dos series de recuentos poco después de que se cerró la votación. Los dos recuentos establecidos mostraron que Morales lideraba en menos de diez puntos porcentuales a las 19:40, momento en el que se detuvieron las actualizaciones. Una ventaja de menos de 10 puntos da como resultado otra ronda de votación de segunda vuelta. A las 21:25, sin actualizaciones, el presidente Morales se declaró ganador; aunque se esperaba que los votos no contados en las zonas rurales estuvieran a su favor, la Organización de los Estados Americanos ─OEA─, que observaba las elecciones, señaló que incluso si Morales ganaba directamente, su ventaja más allá del umbral de los diez puntos sería insignificante como para garantizar una segunda vuelta de todos modos. Todos los organismos internacionales que observaron expresaron su preocupación por la brecha de un día en el informe de resultados:[cita requerida] después de veinticuatro horas, las actualizaciones se reanudaron, pero con un gran aumento de Morales con respecto a la primera actualización.
El 21 de octubre de 2019, el Órgano Electoral Plurinacional informó un recuento aún incompleto y sugirió que con solo el 95.3% de los votos verificados, Morales tenía un margen muy por encima de los diez puntos para revertirse ─lo que evitaba una segunda vuelta─ y entonces Morales permanecería en el poder por un cuarto mandato junto con varias irregularidades y el límite presidencial de dos períodos que el propio Morales había anulado. Partidos opositores bolivianos, así como gobiernos extranjeros y observadores internacionales pidieron una auditoría del proceso y los resultados. La auditoría comenzó el 31 de octubre, a cargo de la OEA y observada por España, México y Paraguay.
El 6 de noviembre, la oposición boliviana publicó un informe de ciento noventa páginas que contenía acusaciones de fraude e irregularidades tales como adiciones erróneas de actos electorales, intercambio de datos y actos electorales en los que el partido gobernante obtuvo más votos que los votantes registrados, para enviarlo a la OEA y las Naciones Unidas. El 9 de noviembre opositores bolivianos tomaron los estudios principales de la radio y la televisión estatales, obligando a suspender los servicios informativos, desde la tarde manifestantes habían cercado los estudios reteniendo por unas dos horas a los periodistas, amenazándoles con destruir sus equipos y cortar las emisiones. Horas después dos medios de comunicación estatales de Bolivia sufrieron el sábado actos de hostigamiento por parte de manifestantes en la ciudad de La Paz que afectaron a miembros de la Defensoría del Pueblo cuando acudieron a mediar. La sede de la televisión estatal Bolivia TV y de la cadena de radio Patria Nueva en el centro de La Paz fue objeto de un bloqueo en su acceso, hasta que trabajadores de estos medios pudieron salir.
Las protestas por el presunto fraude electoral se iniciaron desde la misma noche del 20 de octubre de 2019 (día de las elecciones generales). Los manifestantes se concentraron frente al hotel ex Radisson de La Paz, donde se estaba realizando el computo de actas. El candidato opositor Carlos Mesa, hizo un llamamiento a sus seguidores a concentrarse, para vigilar que no se produjera fraude electoral, alegando que el tribunal electoral obedecía al interés del MAS y de Evo Morales, para intentar que no se llegara a una segunda vuelta.
Sectores universitarios, miembros de la coalición electoral Comunidad Ciudadana ─CC─ liderada por Mesa, y partidos de oposición reclamaron una revisión imparcial de los votos y la dimisión de las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia. También pidieron el respeto a la decisión popular manifestada por el Referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que el 51.3% de los participantes rechazaron que las autoridades sean reelectas dos veces de manera continua y una segunda vuelta electoral.
Partidos afines al MAS se manifestaron reclamando el respeto al voto, se declararon en «estado de emergencia» y llamaron a apoyar a ese partido y descartar la segunda vuelta.
Tras varios días de protesta ciudadana, la oposición boliviana había exigido la renuncia de Morales a la presidencia, hasta que en la mañana del 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos publicó un informe en el que concluía que hubo serias irregularidades en el proceso electoral lo cual motivó que el entonces presidente convocara a nuevas elecciones.
El 31 de octubre de 2019 las asambleas populares de la Paz y Santa Cruz exigieron la realización de nuevos comicios electorales y esta última pidió además la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Posteriormente, el 2 de noviembre de 2019 el bloque opositor exigió también la renuncia del presidente, otorgándole un plazo de 48 horas para que la formalice.
El 10 de noviembre de 2019 la Central Obrera Boliviana ─COB─, la mayor entidad sindical del país y aliada del Gobierno durante los últimos años, también le pidió a Morales «renunciar, si es necesario» para pacificar al país.
Luego de semanas de repeler protestas en la Casa Grande del Pueblo, las unidades de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), cuya tarea era defender a Morales, acordaron una reunión el 8 de noviembre. En esa reunión, los oficiales de la UTOP finalmente decidieron abandonar sus puestos para pedir la renuncia de Morales. De acuerdo a Reuters, la UTOP le dio la espalda a Morales por varias razones: quejas de presuntas órdenes de reprimir a manifestantes de la oposición y evitar a los de Morales, resentimientos por un percibido trato preferencial dado a las Fuerzas Armadas y el cansancio de combatir manifestantes.
El viernes 8 se reporta un primer amotinamiento policial en la ciudad de Cochabamba. Luego se fueron sumando unidades policiales de Chuquisaca (Sucre), Santa Cruz y también Oruro, donde los agentes incluso tomaron la gobernación. Los policías de La Paz se suman al repliegue el sábado 9, dejando a las sedes del Gobierno y Legislativo bolivianos sin protección.
Para el viernes 9 de noviembre, todos los oficiales de la UTOP ya habían abandonado sus posiciones, dejando a vulnerable a Morales frente a las protestas. Franklin Pareja, un profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, dijo que a causa de esto, el Gobierno de Morales "perdió su escudo" y que "estaba totalmente vulnerable y no podía seguir".
En el marco de los repliegues policiales, el sábado 9, la casa Ester Morales Ayma, hermana de Evo Morales en Oruro es atacada y en parte quemada. Se ocuparon las instalaciones de dos medios estatales bolivianos, la televisión Bolivia TV y Radio Patria Nueva, y se obligó a sus empleados a abandonarlos, acusándolos de servir los intereses del gobierno de Evo Morales. La casa del gobernador del departamento de Oruro, Victor Hugo Vásquez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue incendiada y saqueada. También se reportó un incendió en la casa del gobernador de Chuquisaca
El 8 de noviembre, el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) de Estados Unidos contradijo la postura de la OEA y explica que en el momento en que se interrumpió el informe de los resultados del conteo rápido, la tendencia de voto existente favorecía a Morales en la obtención de la victoria electoral de manera absoluta con un margen de más de diez puntos porcentuales. El recuento de votos oficiales legalmente vinculantes no se detuvo durante ningún período significativo, y la tendencia en los resultados en el recuento oficial fue muy similar a la tendencia en los resultados del conteo rápido TREP. Las tendencias entre ambos recuentos no cambiaron sustancialmente conforme se fueron contabilizando más actas.
Las dudas que fueron emitidas sobre el conteo de votos por parte de la misión de la OEA en su primer comunicado de prensa y en su informe preliminar han sido ampliamente citadas.
1. Los resultados del conteo rápido TREP para el primer 83.85% del conteo de votos son consistentes con una proyección del resultado final que señala como inmediato ganador a Morales con una victoria de más de 10 puntos porcentuales.
2. Ni la misión de la OEA ni ningún otro partido han demostrado que hubo irregularidades generalizadas o sistemáticas en las elecciones del 20 de octubre de 2019.
3. Ni el conteo rápido TREP ni el conteo oficial exhiben cambios significativos en las tendencias de votación respecto a los resultados finales; más bien, la misma tendencia ya conocida, explicable por diferencias en las preferencias de los votantes en diferentes áreas geográficas, se hace evidente en ambos conteos. (ver gráficos anexos)
4. El recuento legalmente vinculante —el recuento oficial— no se detuvo durante ningún período de tiempo significativo.
El CEPR es un think tank fundado por los economistas Dean Baker and Mark Weisbrot que cuenta entre sus miembros a los Premios Nobel Joseph Stiglitz y Robert Solow. Ha sido definido como progesista y de izquierda con varias publicaciones de apoyo a gobiernos alineados con la corriente del socialismo del siglo XXI. El CEPR ha publicado varios artículos sobre Venezuela que han sido descritos por algunos como de apoyo a Hugo Chávez y el gobierno venezolano. Mark Weisbrot, fundador del CEPR, quien en 2012 escribió un editorial para The New York Times explicando los motivos por los que Hugo Chávez fue reelegido en 2012.
El domingo 10 de noviembre, la OEA presentó un informe preliminar de su auditoría y sus hallazgos. Mostró que habían vulnerabilidades en el sistema que podrían haber manipulado los resultados; los observadores internacionales pidieron por unanimidad que las elecciones se celebraran nuevamente con el recuento original completamente anulado.
En los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre pasado.
En el componente informático se descubrieron fallas graves de seguridad en los sistemas tanto TREP como del cómputo final. Además, se descubrió una clara manipulación del sistema TREP que afectó tanto los resultados de dicho sistema, como los del cómputo final.
La existencia de 1.575 actas TREP en el cómputo final, corresponde a un aproximado de 350.000 votos. El margen de victoria en primera vuelta es menor a 40.000 votos. Por lo tanto, una irregularidad de estas dimensiones es determinante para el resultado. Por estas razones el equipo auditor no puede validar una victoria en primera vuelta.
Las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave. La existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas también impacta la integridad del cómputo oficial.
De 176 actas analizadas de la muestra que habían sido escrutadas en Argentina, el 38,07% presentan inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejan un número mayor de votos que el total en las listas índice.
Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta.
Los técnicos de la OEA contaroncon la necesaria información y accesos para poder realizar su trabajo.
El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables.
Morales aceptó este resultado y dijo que trabajaría con su gobierno para revisar el sistema electoral y luego celebrar una nueva elección. Insatisfechos con esta propuesta, los políticos opositores lo alentaron a renunciar.
El alcalde de Potosí, Williams Cervantes ─del MAS─, intentó participar en las manifestaciones en defensa de la democracia por parte de movimientos opuestos al partido de gobierno. Sin embargo, al llegar al lugar fue presionado por una multitud para que firmara su renuncia. El político fue obligado a escribir la palabra «renuncio» seguido de su firma en una bandera del estado de Potosí.
En tanto, el gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, renunció a las 12:30 luego de que su familia fue amenazada de muerte y con la decisión buscar la pacificación del estado potosino.
El alcalde de Sucre, Iván Arciénega, también comunicó su renuncia al cargo con una escueta carta que dice: «Hago conocer mi renuncia irrevocable a cargo de alcalde por una solución pacífica al conflicto que vive el país que se restablezca la democracia, el orden constitucional y los plenos derechos de la gente por una Bolivia unida».
La ministra de salud Gabriela Montaño renunció a su cargo por amenazas de muerte y denunció que le quemaron su casa. La funcionaria hizo públicos los mensajes amenazantes en su cuenta de Twitter.
La casa del presidente Evo Morales en Cochabamba fue saqueada por fuerzas paramilitares y Morales responsabilizó a Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa frente a cualquier ataque a su persona o a otras autoridades.
También renunciaron la vicecanciller, dos gobernadores y el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia. Todo fue registrado el 9 de noviembre de 2019, y parte del 10 de noviembre de 2019.
El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales declaró que ha «decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral» y «convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos».
El 10 de noviembre de 2019, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, se pronunció en un comunicado que sugiere «al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad».
Cabe señalar que, a diferencia de las regulaciones existentes en algunos países que prohíben a las fuerzas armadas cualquier tipo de intervención en la política nacional, en el caso boliviano la Ley N° 1405 - Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece en su artículo 20° que el alto mando militar puede "sugerir" soluciones ante situaciones conflictivas de carácter interno y externo.
Este artículo fue invocado por Williams Kaliman al momento de leer el pronunciamiento de las fuerzas armadas mediante el cual se sugirió al presidente que renuncie a su cargo.
Los militares y la policía dijeron que no seguirían el mandato del presidente Morales. Ante ello, el mandatario, quien se encontraba en el municipio de Lauca Ñ en el departamento de Cochabamba, habló en televisión anunciando su renuncia inmediata.
En horas antes de la renuncia, el líder opositor Luis Fernando Camacho informó que existe una orden de detención contra Evo Morales por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El mismo Morales denunció : «Grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho».
La policía boliviana negó que hubiera una orden para detener a Evo Morales.
El vicepresidente de Morales, Álvaro García Linera, también renunció. Adriana Salvatierra, presidenta del Senado de Bolivia, también renunció. Sectores de la oposición liderados por el empresario Luis Fernando Camacho ocuparon el palacio de Gobierno.
En la tarde del 10 de noviembre, Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado ─la más alta autoridad remanente en la línea de sucesión─ anunció que asumiría la presidencia temporalmente a contar del 11 de noviembre, con la responsabilidad de llamar a nuevas elecciones. Expresó que tomaría el cargo una vez que el Senado reconociera oficialmente las renuncias del día anterior.
El 10 de noviembre de 2019, la Fiscalía General ordenó la detención de los integrantes de los tribunales electorales nacional y departamentales.
El gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había felicitado a Morales por el llamamiento a nuevas elecciones. Después del anuncio de su renuncia al cargo presidencial, López Obrador le ofreció asilo político. La embajada de México en La Paz informó que en su interior se encuentran refugiados veinte funcionarios del gobierno de Morales sin precisar sus identidades y en la de Argentina se encuentra asilado Carlos Romero.
Evo Morales permaneció en el aeropuerto de Chimoré, que se encuentra bajo resguardo de las Fuerzas Armadas de Bolivia, a su vez rodeado de simpatizantes cocaleros del Chaparé. Marcelo Ebrard, canciller mexicano, confirmó en conferencia de prensa el asilo político de Morales en ese país y argumentó que para México la vida del exmandatario corría peligro y que México otorga asilo a muchas personas del mundo: «México ha sido tierra de asilos como Giuseppe Garibaldi o José Martí», argumentó. Ebrard indicó que su país se encargaría de sacar a Morales del país con un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.
La aeronave mexicana Gulfstream 55 arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, donde tuvo que esperar varias horas por las gestiones correspondientes. Despegó de Lima y al arribar al espacio aéreo, Bolivia revocó el permiso y el avión tuvo que regresar a Lima.
Gestiones mexicanas permitieron que Bolivia aceptara el vuelo a Chimoré ante la negativa expresa de países como Argentina, Brasil y Chile de que volara en sus territorios y el reto de que tenía una autonomía de vuelo de once horas, por tanto, era necesario hacer una escala para repostar combustible. Ya con Evo Morales a bordo, la ruta prevista era Chimoré-Lima-Ciudad de México. A las 19:30 Perú comunicó la suspensión de poder cargar en combustible en Lima y vivir un momento de tensión dada la presencia tanto de simpatizantes de Evo Morales como de miembros de las fuerzas armadas. El canciller mexicano Ebrard, con la ayuda de Alberto Fernández ─presidente electo de Argentina─ fue el negociador con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez para que la nave aterrizara en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción y repostara combustible.
Ya aterrizada la aeronave mexicana en Paraguay, se suscitó de nuevo un conflicto al negar Bolivia el tránsito aéreo del avión. Gestiones mexicanas lograron que el jet pudiera despegar, salir y hacer un trayecto en la frontera entre Brasil y Bolivia para luego retomar la salida nuevamente por Perú, país que accedió a permitir el uso de su espacio aéreo pero no el cargar combustible. El gobierno de Ecuador, que había aceptado el vuelo por su territorio, negó finalmente su autorización de uso del espacio aéreo.
El expresidente boliviano llegó a México a las once de la mañana, tiempo de México, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Morales dio un mensaje en el que agradeció al pueblo mexicano haberle salvado la vida. El depuesto mandatario calificó de nuevo lo ocurrido como golpe de Estado «político-cívico al que se sumó la policía nacional», denunció amenazas de muerte y narró cómo saquearon su casa y la de otros integrantes de su gobierno antes de la renuncia. «Nuestro peor delito, pecado, es que ideológicamente somos anti imperialistas. Que sepa el mundo entero que no por este golpe voy a cambiar ideológicamente, no por este golpe cambiaré el trabajar por los sectores más humildes», dijo antes de ser trasladado del aeropuerto de la capital mexicana en un helicóptero militar. Acompañaron en el vuelo al expresidente Álvaro García Linera, exvicepresidente, y Gabriela Montaño, exministra de Salud y otras personas identificadas como familiares de Evo Morales.
De acuerdo a la constitución boliviana, ante el cese del presidente en el cargo ya sea por muerte, renuncia u otra causal establecida, debe asumir el mando el vicepresidente o en su defecto el presidente del senado, y que en defecto de este, debe asumir el presidente de la cámara de diputados. Asimismo, de acuerdo al artículo 161.°, es la asamblea legislativa ─la reunión de las dos cámaras─ la que debe admitir o negar la renuncia del presidente y el vicepresidente del Estado.
Producida la renuncia de Evo Morales a la presidencia, renunciaron también el vicepresidente y los presidentes de ambas cámaras. Esta situación dejó a Bolivia en un estado de acefalía y desgobierno, dado que para asegurar la sucesión constitucional primero la asamblea debe elegir a los nuevos titulares de las cámaras que reemplacen a los renunciantes para que luego de acepte la renuncia de Morales y García Linera, a efectos de que el nuevo presidente del senado asuma el mando de la nación. No obstante, para que la asamblea pueda sesionar válidamente se requiere contar con un quórum legal que depende de la presencia de los legisladores del Movimiento al Socialismo, partido que posee mayoría en ambas cámaras.
El 12 de noviembre de 2019 los partidarios de Evo Morales se negaron a participar en la sesión de la asamblea legislativa con la finalidad de no permitir el quórum necesario para activar la sucesión constitucional. Pese a ello, los parlamentarios asistentes eligieron a Jeanine Áñez como nueva presidenta de la Cámara y quedó habilitada para asumir la presidencia del país en cumplimiento del orden de sucesión constitucional.
La asunción al mando presidencial de Jeanine Áñez fue avalada por el Tribunal Constitucional de Bolivia que interpretó citando artículos referidos a la sucesión presidencial de la Declaración Constitucional de 2001, que el siguiente en la línea sucesorial asume «ipso facto» la presidencia a pesar de no contar con el quórum requerido. Áñez exhibió una Biblia, así como un ejemplar de los Evangelios al estrenarse en el cargo.
Simpatizantes del MAS y representantes de catorce distritos de El Alto se concentraron en un cabildo en La Paz en un fuerte dispositivo policíaco y militar. En el acto desconocieron la presidencia interina de Jeanine Añez y pidieron el desagravio de la wiphala.
El 14 de noviembre de 2019 Jeanine Áñez colocó la bandera de la flor de patujú junto a las dos banderas en las instituciones estatales en el Palacio Quemado.
Esta bandera ha sido usada como símbolo de resistencia por los opositores a Evo Morales en el oriente del país y representa a los pueblos originarios de ese sector.
La policía presentó a nueve venezolanos acusados de acto de sedición, supuestamente de grupos vinculados a Evo Morales. El ministro de gobierno interino Arturo Murillo mantuvo que estas personas, todas varones, «han sido arrestadas con armas de fuego sin autorización».
La nueva canciller Karen Longaric anunció la salida de Bolivia del ALBA, aludiendo motivos de desinterés para mantenerse en dicha organización. A su vez, los países miembros del ALBA desconocieron la nueva administración interina del país andino.
Se anunció el cese de funciones del 80% de los embajadores de Bolivia nombrados durante la administración de Evo Morales, la expulsión del personal diplomático de la embajada de Venezuela nombrado por Nicolás Maduro, y se reemplazó por personal diplomático nombrado por Juan Guaidó, quien también fue reconocido como presidente de Venezuela por parte de la administración interina de Bolivia.
Este día Añez también emitió un decreto que exime de «responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas de Bolivia que participe en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno» y autoriza a los militares a utilizar «todos sus medios disponibles». Evo Morales se pronunció al respecto, manifestó que «los autores del golpe de Estado en Bolivia gobiernan con decretos, sin el Legislativo y apoyados en armas y bayonetas de Policía y fuerzas armadas».
El 5 de diciembre, la organización emitió un documento en el que puso que hubo "graves irregularidades" y que “El análisis estadístico realizado revela que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable”.
El 28 de noviembre de 2019, el Parlamento Europeo adoptó una resolución con el 64% de votos a favor en el que expresaba su apoyo y reconocimiento a la labor de los observadores de la OEA y llamaba a la convocatoria de nuevas elecciones a la vista de los resultados de este informe. Según el embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, una pequeña misión de expertos de la Unión Europea colaboró y se coordinó con la misión de observación de la OEA en 2019 después de las elecciones, aunque dicha misión no fue de observación electoral. La misión recomendó la celebración de una segunda vuelta, que no se llegó a producir por el desarrollo de los acontecimientos.
En junio de 2020, Nicolás Idrobo y Dorothy Kronick de la Universidad de Pensilvania y Francisco Rodríguez de la Universidad Tulane publicaron un artículo en la Social Science Research Network, el principal repositorio de acceso abierto, que, al igual que el CEPR, critica el análisis estadístico usado por la OEA. Usando los propios datos de la OEA, los autores llegan a la conclusión de que:
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) también ha criticado duramente el informe de la OEA y la falta de autocrítica de esta organización tras las elecciones bolivianas de 2020. El CELAG ha pedido la destitución del presidente de la OEA por el papel que ha jugado en la crisis, basado "en un informe sin rigurosidad técnica que resultó lesivo para la institucionalidad democrática en Bolivia, afectando gravemente la credibilidad de las misiones de observación electoral de la organización". Así mismo, el CELAG acusa a la OEA de ocultar en su documento de conclusiones información crucial que solo desvelaba en los detalles interiores del propio informe.
En una entrevista a los periodistas Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira, el presidente de la OEA, Luis Almagro, admitió que tenía la idea preconcebida de que la única manera en que Evo Morales podía ser reelegido era mediante fraude electoral y que su objetivo al mandar a la comisión electoral de la OEA era impedir su reelección y se enorgullecía de haberla impedido.
Al mediodía del martes, sectores de la izquierda de la Ciudad de El Alto, llegaron en una multitudinaria marcha cargada de wiphalas y palos para pedir la reivindicación de la bandera del movimiento indígena. Cruzaron el centro de la ciudad de La Paz e intentaron instalar una concentración en la Plaza mayor de San Francisco. Otra marcha de vecinos salió del Distrito 7 de la ciudad de Viacha rumbo al cruce a Villa Adela en El Alto, pidiendo respeto a los símbolos de los pueblos indígenas.
Las protestas de personas, en rechazo de la presidente Añez, protagonizado por comunarios del altiplano paceño y habitantes de El Alto se concentraron en la mañana del jueves en cercanías de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde se realizó un cabildo y posteriormente se dirigió rumbo a la sede de gobierno. En la movilización participaron pobladores de algunas provincias como Larecaja y Omasuyos, del municipio de Viacha, entre otras y vecinos de los distritos 8 y 10 del municipio alteño.
En los primeros veinte días, tres personas fueron víctimas fatales en diversos enfrentamientos. Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, ambos por disparos de arma de fuego en el municipio de Montero, y Limbert Guzmán, que sufrió una muerte cerebral en los enfrentamientos de Quillacollo, y falleció en la ciudad de Cochabamba.
El fiscal departamental de Cochabamba, Juan de la Cruz Vargas Vilte confirmó que un joven de veinticuatro años identificado como Miguel Ledezma Gonzáles falleció el 11 de noviembre de 2019 en el municipio de Sacaba durante el operativo nocturno militar y policial. De acuerdo al informe del fiscal, la víctima falleció a consecuencia de un traumatismo cráneo facial por el impacto de proyectil de arma de fuego.
Dos hombres identificados como Beltrán Condori Aruni, de veintitrés años, y Percy Romer Conde Noguera, de 33 años, fallecieron en la mañana del martes 12 de noviembre, víctimas de impactos de bala en la zona sur de La Paz. Sus familiares, quienes pidieron justicia por sus muertes en la morgue del Hospital de Clínicas. De acuerdo con el relato de los familiares, Beltrán Condori fue baleado por efectivos policiales cerca del mediodía. Su madre relató además que los miembros de las fuerzas del orden la amenazaron con un arma de fuego.
Al promediar las 18:00, el diario El Potosí confirmó el fallecimiento de Marcelino Jarata Estrada, de 53 años, quien falleció en circunstancias que todavía no se han establecido oficialmente, ocurrido en Betanzos, en medio de enfrentamientos entre pobladores contra la policía y el ejército.
Roberth Ariel Calisaya Soto, de veinte años de edad, fue víctima de un disparo de arma de fuego ocurrido en la jornada del 13 de noviembre. Fue evacuado desde el lugar del enfrentamiento hasta la clínica San Miguel del municipio de Montero en un vehículo que pasaba por el lugar. Ingresó sin signos vitales y a observación externa y con ayuda de una radiografía, se evidencia que la bala ingresó por la parte derecha del tórax y se alojó en el corazón. Otra víctima sin identificar, producto de los enfrentamientos entre policías y manifestantes en el municipio de Yapacani, falleció por un traumatismo facio-craneal penetrante por proyectil de arma de fuego.
En tanto, según reportó Red Uno, en Cochabamba Filemón Soria fue asesinado en la zona de La Tamborada al ser confundido por una turba con un motoquero, porque se transportaba en motocicleta. La víctima fue amarrada de pies y manos, y dejó a dos niños en la orfandad.
La Defensoría del Pueblo de Cochabamba reportó este viernes en horas de la noche el deceso de cinco personas, producto del enfrentamiento que se registró entre policías y militares con cocaleros en el sector del puente de Huayllani en Sacaba, a la altura del kilómetro diez de la avenida Villazón, ruta que conecta a Cochabamba con Santa Cruz. La policía acusó a «cocaleros» por portar armas de fuego. De acuerdo a los primeros reportes, 39 personas resultaron heridas y cinco fallecieron, identificados como Emilio Colque, Juan López, Omar Calle, César Sipe y una persona no identificada.
El Movimiento al Socialismo llamó a los simpatizantes de Morales a defenderlo.
El senador boliviano Óscar Ortiz manifestó «se acabó la tiranía». El expresidente de la República, Carlos D. Mesa Gisbert, celebró el «fin de la tiranía», con el mensaje «A Bolivia, a su pueblo, a los jóvenes, a las mujeres, al heroísmo de la resistencia pacífica. Nunca olvidaré este día único. El fin de la tiranía. Agradecido como boliviano por esta lección histórica. Viva Bolivia!!!!!».
El 14 de noviembre los legisladores del MAS anunciaron una huelga de hambre a modo de protesta.
Karen Longaric, la canciller designada por Añez, anunció la mañana del viernes 15 de noviembre que todo «el personal de la embajada de Venezuela» en un plazo razonable debería abandonar Bolivia por haberse involucrado en asuntos internos. Dijo que se rompían las relaciones con ese país. También abandonaron Bolivia más de setecientos cubanos que estaban prestando trabajos de cooperación en áreas como salud y comunicación, tras un interrogatorio a Yohandra Muro, la coordinadora de la misión médica cubana en Bolivia, según informó el ministro de Salud Pública del Gobierno de Cuba, José Ángel Portal.
Asimismo, Longaric oficializó la salida de Bolivia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos ─ALBA-TCP─ y anunció que se estudia la desvinculación de la Unión de Naciones Suramericanas ─UNASUR─ y opinó que «no existe, no opera y no beneficia para nada» a Bolivia.
Algunos especialistas en política argumentaron que la renuncia del gobierno es un golpe de Estado. A favor de la postura está Andrés Malamud, investigador de la Universidad de Lisboa que dice que en ese país sudamericano se interrumpió el mandato presidencial al forzarlo a dimitir con la ayuda de las FFAA, acción que considera injustificada por el hecho de que el gobierno había llamado a nuevas elecciones. La misma postura tiene Juan Negri, docente de política en la Universidad de San Martín y en la Torcuato di Tella, quien sostiene que hay un mandato interrumpido, una renuncia no prevista en la Constitución y en donde los militares tuvieron injerencia. Erica de Bruin, docente del Hamilton College de Nueva York, sostiene que es un golpe de Estado en su «versión moderna», llevado a cabo por medio de protestas públicas con el apoyo de las Fuerzas Armadas y que el golpe se materializó según de Bruin cuando el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le solicitó públicamente que renunciara. El politólogo uruguayo Jaime Yaffe argumenta que en Bolivia se quebró el estado de Derecho, que se obligó la salida del mandatario y trajo caos y violencia al país sin nada que pueda justificar al hecho debido al llamamiento a nuevas elecciones realizado días antes de la renuncia.
Por el lado contrario, el abogado boliviano Antonio Rivera sostiene que en su país no hubo golpe de Estado porque Evo Morales no cumplió las mínimas reglas de convivencia pacífica, desconociendo el referéndum donde el 51% de los ciudadanos se manifestó en contra de la reforma constitucional. Esta postura defiende también Carlos Mesa, rival de Morales en los comicios quien indicó que no hay elementos que permitan calificar al hecho como golpe de Estado. De forma similar se pronunció Abel Escribá Folch, docente de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Dijo que las Fuerzas Armadas no mostraron intención de tomar el poder, sino que solo se excedieron en sus funciones al recomendar a Morales que renuncie.
Diferentes organismos internacionales como la ONU y la Eurocámara evitaron definir al suceso como golpe de Estado. Participaron en las deliberaciones menos de la mitad de los parlamentarios europeos y por mayoría rechazaron referirse a la situación como tal, aunque fue apoyado por miembros de los partidos de izquierda europeos. A la misma decisión llegó la ONU según comunicó Farhan Haq, un portavoz del secretario general del organismo quien además indicó que no es una situación que ellos deban definir. El mismo criterio tomó la Ciudad del Vaticano, cuyos medios de comunicación hablaron de renuncia y no de golpe.
Jay Ulfelder, politólogo estadounidense se refirió a los hechos como «golpe de Schrödinger», a propósito del experimento teórico de la paradoja del gato de Schrödinger. Escribió que casos así «existen en un estado permanente de ambigüedad y al mismo tiempo es un golpe de Estado y no lo es”, lo que dificultaría encasillarlos en una «sola y clara» categoría.
El 23 de noviembre de 2019, el ministro de gobierno comunicó en la red social Twitter el asilo en Argentina de los hijos de Evo Morales, Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo. El funcionario habría oficializado la decisión de Jeanine Añez.
En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la violencia contra manifestantes en Bolivia, y esta preocupado por el papel de los militares en la crisis, y las amenazas y agresiones contra periodistas. Denunciando de «el uso indiscriminado de gas lacrimógeno por policías y militares en Bolivia atenta gravemente contra los estándares jurídicos internacionales». La CIDH también alertó sobre el «grave decreto» 4078 que exime de responsabilidad penal a las fuerzas armadas bolivianas.
La ministra de comunicaciones designada por Añez, Roxana Lizárraga, se refirió de modo amenazante que «Periodistas que son en algunos casos bolivianos y en otros extranjeros que están causando sedición en el país tienen que responder a la ley boliviana». Y señaló que los tienen identificados y que el ministro de Gobierno Arturo Murillo «va a tomar las acciones pertinentes».
La Sociedad Interamericana de Prensa ─SIP─ expresó su preocupación. Condenó el clima de hostilidad contra corresponsales extranjeros en Bolivia y las declaraciones de la ministra Lizárraga.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa entidad, Roberto Rock, dijeron que las declaraciones de la ministra son «peligrosas al validar y probablemente incitar a que sectores violentos actúen contra los periodistas».
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia ─ANPB─ emitió un comunicado de prensa ante las declaraciones de Lizárraga, y pidió al gobierno transitorio garantías para el trabajo periodístico y que se abstenga de amenazar a los periodistas con procesos penales por delitos como la sedición.
La periodista argentina corresponsal de la cadena catarí Al Jazeera Teresa Bo, recibió una descarga de gas lacrimógeno en los ojos en medio de una cobertura. La agresión provino de un efectivo policial. La periodista publicó el momento en sus redes sociales, y en el mensaje que acompañó las imágenes fue «solo estábamos en la calle reportando lo que pasaba y la policía boliviana responde así».
Periodistas argentinos que estaban cubriendo los sucesos sufrieron insultos y amenazas por parte de diferentes grupos bolivianos y fueron resguardados en la embajada argentina en La Paz. El embajador Normando Alvarez García confirmó que se trata de miembros de los equipos de TN, Telefé y A24 quienes fueron afectados por las agresiones. La Cancillería argentina solicitó a las autoridades en ejercicio del poder en Bolivia velar por la seguridad e integridad de los medios argentinos presentes en el territorio boliviano. Posteriormente los periodistas argentinos fueron evacuados del país, luego de haber sido víctimas de ataques en las calles en medio de una gran escalada de tensión. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, señaló que «no están dadas las garantías de trabajo en la calle».
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Crisis política en Bolivia de 2019 (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)