El genocidio uigur es una serie de abusos contra los derechos humanos perpetrados por el gobierno chino contra el pueblo uigur y otras minorías étnicas y religiosas en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang de la República Popular China y sus alrededores. Desde 2014, el gobierno chino, bajo la dirección del Partido Comunista Chino (PCCh) durante la administración del secretario general del PCCh, Xi Jinping, ha aplicado políticas que conducen a más de un millón de musulmanes (la mayoría de ellos uigures) en campos de internamiento secretos sin ningún proceso legal en lo que se ha convertido en la detención más grande y sistemática de minorías étnicas y religiosas desde el Holocausto. Los críticos de la política la han descrito como la sinización de Sinkiang y la han calificado de etnocidio o genocidio cultural, mientras que algunos gobiernos, activistas, ONGs independientes, expertos en derechos humanos, académicos, funcionarios gubernamentales y el Gobierno de Turkestán Oriental (en el exilio), lo han calificado de genocidio.
En particular, los críticos han destacado la concentración de uigures en campos de internamiento patrocinados por el estado, la supresión de las prácticas religiosas uigures, el adoctrinamiento político, los malos tratos graves, así como testimonios y pruebas extensas detallando abusos contra los derechos humanos, incluida la esterilización forzada, la anticoncepción, y el aborto. Las estadísticas del gobierno chino muestran que de 2015 a 2018, las tasas de natalidad en las regiones mayoritariamente uigures de Jotán y Kasgar cayeron en más del 60%. En el mismo período, la tasa de natalidad de toda la Región Autónoma disminuyó en un 9,69%, de 12,07 a 10,9 por cada 1 000 habitantes. Las autoridades chinas reconocieron que las tasas de natalidad se redujeron en casi un tercio en 2018 en Sinkiang, pero negaron los informes de esterilización forzada y genocidio. Las tasas de natalidad han seguido cayendo en picado en Sinkiang, cayendo casi un 24% solo en 2019 en comparación con solo el 4,2% en todo el país.
Las reacciones internacionales han sido mixtas, con docenas de estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) emitiendo cartas de oposición al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en apoyo o condena de las políticas de China en Sinkiang en 2020. En diciembre de 2020, la Corte Penal Internacional se negó a emprender acciones de investigación contra China sobre la base de no tener jurisdicción sobre China para la mayoría de los presuntos crímenes. Estados Unidos fue el primer país en declarar como genocidio los abusos a los derechos humanos, anunciando su determinación el 19 de enero de 2021. Esto fue seguido por la Cámara de los Comunes de Canadá y el parlamento de Países Bajos, cada uno de los cuales aprobó una moción no vinculante en febrero de 2021 para reconocer las acciones de China como genocidio.
La década de 1980 fue un período de desarrollo del apoyo a las lenguas minoritarias; el gobierno chino estaba proporcionando varias plataformas de escritura y creando materiales en varios idiomas para adaptarse a la población minoritaria, que incluía a los uigures. El idioma uigur tiene alrededor de 10 millones de hablantes y el idioma se comparte con otros grupos minoritarios de la región.
En 1984, se promulgaron algunas de las leyes esenciales hasta la fecha; la ley de nacionalidad china, que otorga a todos los ciudadanos, independientemente de su origen lingüístico, el derecho a emprender acciones legales con su idioma y apoya el desarrollo de diferente literatura cultural minoritaria y la preservación histórica.
En los primeros años, la identificación de las minorías nacionales se consideró esencial para el desarrollo nacional a pesar de la condescendencia que enfrentan estas minorías; las percepciones negativas hacia las lenguas minoritarias llevaron a estereotipos negativos sobre los uigures. Además, el chino mandarín estándar debía establecer la solidaridad nacional, a expensas de otras variedades de chino y otros idiomas.
Históricamente, varias dinastías chinas han ejercido control sobre partes de la actual Sinkiang. La región quedó bajo el dominio chino moderno como resultado de la expansión hacia el oeste de la dinastía Qing dirigida por los manchúes, que también vio las conquistas del Tíbet y Mongolia.
Después del asesinato de Yang Zengxin en 1928, el gobernador del kanato semiautónomo Kumul en el este de Sinkiang bajo la República de China, Jin Shuren, sucedió a Yang como gobernador del kanato. A la muerte de Kamul Khan Maqsud Shah en 1930, Jin abolió por completo el kanato y tomó el control de la región como señor de la guerra. En 1933, la Primera República separatista de Turkestán Oriental se estableció en la Rebelión Kumul. En 1934, la Primera República de Turquestán Oriental fue conquistada por el señor de la guerra Sheng Shicai con la ayuda de la Unión Soviética antes de que Sheng se reconciliara con la República de China en 1942. En 1944, la rebelión de Ili condujo al establecimiento de la Segunda República de Turquestán Oriental, que dependía del "consentimiento tácito" de la Unión Soviética para el comercio, las armas y su existencia continua hasta que fue absorbida por la República Popular China en 1949.
Desde la década de 1950 hasta la de 1970, el gobierno chino patrocinó una migración masiva de chinos han a la región e introdujo varias políticas diseñadas para suprimir la identidad cultural y la religión de los uigures. Durante este período, varias organizaciones independentistas uigures surgieron con el apoyo potencial de la Unión Soviética, siendo el Partido Popular de Turkestán Oriental la organización más grande en 1968. Durante la década de 1970, los soviéticos apoyaron al Frente Revolucionario Unido del Turquestán Oriental (FRUTO) para luchar contra los chinos.
En 1997, una redada policial y la ejecución de 30 presuntos "separatistas" durante el Ramadán dieron lugar a grandes manifestaciones en febrero de 1997 que resultaron en el incidente de Ghulja, una represión del Ejército Popular de Liberación (EPL) contra manifestantes que provocó al menos nueve muertes. Los atentados con bombas en el autobús Ürümqi a finales de ese mes mataron a nueve personas e hirieron a 68 y la responsabilidad de ellos fue atribuida a grupos de exiliados uigures. En marzo de 1997, un autobús bomba mató a dos personas cuya responsabilidad reivindicaron los separatistas uigures y la Organización para la Libertad de Turquestán Oriental con sede en Turquía.
En julio de 2009, estallaron disturbios en Sinkiang en respuesta a una violenta disputa entre trabajadores chinos uigures y han en una fábrica que resultaron en más de cien muertes. Tras los disturbios, terroristas uigures mataron a decenas de chinos han en ataques coordinados de 2009 a 2016. Estos incluyeron los ataques en agosto de 2009, el ataque con bomba y cuchillo en 2011 en Hotan, el ataque con cuchillo en marzo de 2014 en la estación de tren de Kunming, el ataque con bomba y cuchillo en abril de 2014 en la Estación de tren de Ürümqi, y el atentado con coche bomba de mayo de 2014 en un mercado callejero de Ürümqi. Los ataques fueron realizados por separatistas uigures, algunos de ellos orquestados por la organización terrorista designada por la ONU Partido Islámico de Turquestán (anteriormente Movimiento Islámico de Turquestán Oriental).
En abril de 2010, después de los disturbios de Ürümqi en julio de 2009, Zhang Chunxian reemplazó al ex secretario del Partido Comunista Chino (PCCh) Wang Lequan, quien había estado detrás de las políticas religiosas en Sinkiang durante 14 años. En mayo de 2014, China lanzó la "Campaña de ataque duro contra el terrorismo violento" en Sinkiang en respuesta a las crecientes tensiones entre los chinos Han y las poblaciones uigures de Sinkiang. Al anunciar la campaña, el secretario general del PCCh, Xi Jinping, declaró que "la práctica ha demostrado que la estrategia gobernante de nuestro partido en Sinkiang es correcta y debe mantenerse a largo plazo" en mayo de 2014.
Chen Quanguo se convirtió en secretario del Partido Comunista de Sinkiang en 2016. El 1 de abril de 2017 se implementaron nuevas prohibiciones y regulaciones. Se prohibieron las barbas anormalmente largas y el uso de velos en público. Estaba prohibido no mirar la televisión estatal o escuchar transmisiones de radio, negarse a acatar las políticas de planificación familiar o negarse a permitir que sus hijos asistieran a las escuelas estatales.
Los supuestos esfuerzos de "reeducación" comenzaron en 2014 y se ampliaron en 2017. En ese momento, se construyeron campos de internamiento para albergar a los estudiantes de los programas de "reeducación", la mayoría de los cuales son uigures. El gobierno chino no reconoció su existencia hasta 2018 y los llamó "centros de educación y formación profesional". Este nombre se cambió a "centros de formación profesional" en 2019. Los campamentos triplicaron su tamaño de 2018 a 2019 a pesar de que el gobierno chino alegó que la mayoría de los detenidos habían sido liberados.
China ha utilizado la "guerra contra el terrorismo" global de la década de 2000 para enmarcar los disturbios "separatistas" y étnicos como actos de terrorismo islamista para legitimar sus políticas de contrainsurgencia en Sinkiang.
En diciembre de 2015, Associated Press informó que China había expulsado efectivamente a Ursula Gauthier, una periodista francesa, "por cuestionar la línea oficial que equipara la violencia étnica en la región musulmana occidental con el terrorismo global". Gauthier, quien fue el primer periodista extranjero obligada a salir de China desde 2012, fue objeto de lo que AP describió como una "campaña abusiva e intimidante" por parte de los medios estatales chinos que la acusaron de "haber herido los sentimientos del pueblo chino" y que un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino la acusó de envalentonar el terrorismo.
En agosto de 2018, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial condenó la "definición amplia de terrorismo y las referencias vagas al extremismo" utilizadas por la legislación china, y señaló que había numerosos informes de detención de un gran número de personas de etnia uigur y otras minorías musulmanas con el "pretexto de la lucha contra el terrorismo".
En 2019, el consejo editorial de The Wall Street Journal, Sam Brownback y Nathan Sales han dicho que el gobierno chino utiliza sistemáticamente el "contraterrorismo" como pretexto para la supresión cultural y los abusos contra los derechos humanos.
En 2021, Shirzat Bawudun, ex director del departamento de justicia de Sinkiang, y Sattar Sawut, ex director del departamento de educación de Sinkiang, fueron condenados a muerte por cargos de terrorismo y extremismo. Otros tres educadores y dos editores de libros de texto recibieron sentencias menores.
Las mezquitas, los santuarios musulmanes y los cementerios en Sinkiang han sido el objetivo de una destrucción sistemática.
En 2005, Human Rights Watch informó que "la información dispersa en fuentes oficiales sugiere que las represalias" contra las mezquitas no patrocinadas por el estado chino eran frecuentes y que el secretario del Partido Comunista en Sinkiang expresó que los uigures "no deberían tener que construir nuevos lugares para actividades religiosas". El gobierno chino prohibió a los menores participar en actividades religiosas en Sinkiang de una manera que, según Human Rights Watch, "no tiene base en la ley china".
Según un análisis de The Guardian, más de un tercio de las mezquitas y lugares religiosos en China sufrieron "daños estructurales significativos" entre 2016 y 2018, con casi un sexto de todas las mezquitas y santuarios completamente arrasados. Esto incluyó la tumba del Imam Asim, una tumba de barro en el desierto de Taklamakán, y el santuario de Ordam en el mazar de Ali Arslan Khan. Según The Guardian, los musulmanes uigures creen que las peregrinaciones repetidas a estas tumbas cumplirían con la obligación de un musulmán de completar el Hajj.
La mezquita Id Kah es la mezquita más grande de Sinkiang y la más grande de China. Radio Free Asia, una corporación de radiodifusión internacional sin fines de lucro financiada por el gobierno de los Estados Unidos, informó que en 2018, las autoridades habían retirado una placa que contenía escrituras coránicas, que había sido colgada durante mucho tiempo frente a la entrada principal de la mezquita para "eliminar la fe uigur, obras literarias y lenguaje".
En 2019, Bellingcat informó que "existe una represión y encarcelamiento sistemáticos de la minoría musulmana uigur en Sinkiang, y la destrucción de edificios islámicos de importancia cultural y religiosa en esta provincia puede ser una parte más de esta represión en curso".
En 2011, las escuelas de Sinkiang pasaron a la "educación bilingüe". El medio principal de instrucción es ahora el chino mandarín, con solo unas pocas horas a la semana dedicadas a la literatura uigur. A pesar de este énfasis en la "educación bilingüe", a pocos niños han se les enseña a hablar uigur.
Los estudiantes uigur también son enviados cada vez más a escuelas residenciales lejos de sus comunidades de origen donde no pueden hablar uigur.
Según un informe de 2020 de Radio Free Asia, la educación en chino mandarín monolingüe se ha introducido en una influyente escuela secundaria de Kashgar que anteriormente ofrecía educación bilingüe.
Sayragul Sauytbay, una profesora de etnia kazaja que luego huyó de China, describió cómo se vio obligada a enseñar en un campo de internamiento, diciendo que el campo estaba "abarrotado y poco higiénico" y que sus estudiantes detenidos solo recibían el sustento básico. Sauytbay agregó que las autoridades obligaron a los detenidos a aprender chino, asistir a clases de adoctrinamiento y hacer confesiones públicas. Además, mencionó que la violación y la tortura eran algo común y que las autoridades obligaban a los detenidos a tomar un medicamento en particular que dejaba a algunas personas estériles o con deterioro cognitivo.
En 2021, los libros de texto estándar en idioma uigur utilizados en Sinkiang desde principios de la década de 2000 fueron prohibidos y sus autores y editores fueron condenados a muerte o cadena perpetua por cargos de separatismo. Los libros de texto habían sido creados y aprobados por funcionarios gubernamentales relevantes, sin embargo, según la AP en 2021, el gobierno chino afirmó que "las ediciones de 2003 y 2009 de los libros de texto contenían 84 pasajes que predicaban el separatismo étnico, la violencia, el terrorismo y el extremismo religioso y que varias personas se inspiraron en los libros para participar en un sangriento motín antigubernamental en la capital regional, Urumchi, en 2009".
El Proyecto de Derechos Humanos Uigur ha identificado al menos 386 intelectuales uigures que fueron detenidos y desaparecieron desde principios de 2017 como víctimas de las campañas masivas de represión etnoreligiosa llevada a cabo por el gobierno chino en la patria uigur.
El economista uigur Ilham Tohti fue condenado a cadena perpetua en 2014. Amnistía Internacional calificó su sentencia de injustificada y deplorable. Rahile Dawut, un destacado antropólogo uigur que estudió y conservó santuarios islámicos, canciones tradicionales y folclore, ha desaparecido.
Según Radio Free Asia, el gobierno chino encarceló al imán uigur Abduheber Ahmet después de que llevó a su hijo a una escuela religiosa no autorizada por el estado chino. Ahmet había sido previamente alabado por China como un imán de "cinco estrellas", pero fue sentenciado en 2018 a más de cinco años de prisión por su acción.
En septiembre de 2019, Agence France-Presse (AFP) visitó 13 cementerios destruidos en cuatro ciudades y fue testigo de restos de huesos expuestos en cuatro de ellos. Mediante un examen de imágenes de satélite, la agencia de prensa determinó que la campaña de destrucción de cementerios se había prolongado durante más de una década. Según un informe anterior de la AFP, tres cementerios en el condado de Xayar se encontraban entre las docenas de cementerios uigures destruidos en Sinkiang entre 2017 y 2019. Los huesos humanos desenterrados de los cementerios en el condado de Xayar fueron destruidos. En enero de 2020, un informe de CNN basado en un análisis de imágenes satelitales de Google Maps dijo que las autoridades chinas han destruido más de 100 cementerios en Sinkiang, principalmente uigures. CNN ha vinculado la destrucción de los cementerios a la campaña del gobierno para controlar a los uigures y musulmanes de manera más amplia. El gobierno chino califica la destrucción de cementerios y tumbas como "reubicaciones" debido a las malas condiciones en las que se encontraban los cementerios y afirma que los muertos son re-enterrados en nuevos cementerios estandarizados.
Entre los cementerios destruidos se encuentra el cementerio de Sultanim (37°07′02″N 79°56′04″E / 37.11722, 79.93444), el cementerio histórico uigur central con generaciones de enterramientos y el santuario más sagrado de la ciudad de Jotán, que fue demolido y convertido en un estacionamiento entre 2018 y 2019. CGTN, un canal internacional de propiedad estatal china afiliado al Partido Comunista de China, afirmó que las tumbas fueron reubicadas.
Según la experta en estudios de género Leta Hong Fincher, el gobierno chino ha ofrecido incentivos a las parejas uigures para que tengan menos hijos y para que las mujeres se casen fuera de su raza. Según el coordinador de divulgación del Proyecto de Derechos Humanos Uigur con sede en Estados Unidos, Zubayra Shamseden, el gobierno chino "quiere borrar la cultura y la identidad uigur rehaciendo a sus mujeres".
Los matrimonios entre chinos uigures y han son fomentados con subsidios del gobierno. En agosto de 2014, las autoridades locales del condado de Cherchen anunciaron "Medidas de incentivo para fomentar los matrimonios mixtos entre uigures y chinos", que incluían una recompensa en efectivo de 10 000 CNY (1 450 dólares estadounidenses) por año durante los primeros cinco años para esas parejas mixtas, así como beneficios en el empleo, la vivienda y educación gratuita para las parejas, sus padres e hijos. El secretario del PCCh del condado, Zhu Xin, comentó:
En octubre de 2017, el matrimonio de un chino Han de la provincia de Henan con una mujer uigur del condado de Lop se celebró en la página de redes sociales del condado:
Darren Byler, antropólogo y experto en China de la Universidad de Washington, dijo que una campaña en las redes sociales en 2020 para casar a 100 mujeres uigures con hombres chinos Han indicó que "una cierta dinámica de poder racializada es parte de este proceso", comentó. "Parece que se trata de un esfuerzo por producir una mayor asimilación y disminuir las diferencias étnicas al atraer a los uigures a relaciones dominadas por los han".
Según informes de Radio Free Asia, en marzo de 2017, Salamet Memetimin, de etnia uigur y secretaria del Partido Comunista de la aldea Bekchan del municipio de Chaka en el condado de Qira, en la prefectura de Jotán, fue relevada de sus funciones por tomar sus votos matrimoniales nikah en su casa. En entrevistas con Radio Free Asia en 2020, los residentes y funcionarios del condado de Shufu (Kona Sheher), prefectura de Kasgar (Kashi) afirmaron que ya no era posible realizar los ritos tradicionales de matrimonio uigur nikah en el condado.
Las autoridades chinas desalientan el uso de pañuelos en la cabeza, velos y otras vestimentas islámicas en la región. El 20 de mayo de 2014, estalló una protesta en Alakaga (Alaqagha, Alahage), Kuqa (Kuchar, Kuche), prefectura de Aksu, cuando 25 mujeres y niñas en edad escolar fueron detenidas por llevar velo. Según un funcionario local, dos murieron y cinco resultaron heridos cuando la policía armada especial disparó contra los manifestantes. Posteriormente, un equipo del Washington Post fue detenido en Alakaga y finalmente deportado de la región.
Los manuales filtrados de los campos de internamiento de Sinkiang han señalado que algunos reclusos han sido detenidos por llevar ropa tradicional.
Según Radio Free Asia, en 2015, se promulgó en Hotan una lista de nombres prohibidos para niños llamada "Reglas de nomenclatura para minorías étnicas", que prohíbe nombres potenciales como "Islam", "Corán", "La Meca", "Jihad", "Imam", "Saddam", "Hajj" y "Medina". El uso de la lista se extendió posteriormente a todo Sinkiang. La legislación que entró en vigor en Sinkiang el 1 de abril de 2017 prohibió los nombres que "exageran el fervor religioso". Esta prohibición incluía la prohibición de nombrar a los niños "Mohamed".
Los campos de internamiento de Sinkiang son parte de la estrategia del gobierno chino para gobernar Sinkiang mediante la detención de minorías étnicas en masa. Investigadores y organizaciones han realizado diversas estimaciones del número de personas detenidas en los campos de internamiento de Sinkiang. En 2018, el vicepresidente del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, Gay McDougall, indicó que alrededor de 1 millón de uigures estaban recluidos en campos de internamiento. En septiembre de 2020, un libro del gobierno chino reveló que un promedio de 1,29 millones de trabajadores recibieron "capacitación vocacional" por año entre 2014 y 2019, aunque no especifica cuántas personas recibieron capacitación en campamentos ni cuántas veces pasó por el entrenamiento. Adrian Zenz declaró que esto "nos da un posible alcance de trabajo coercitivo" que ocurre en Sinkiang. Ha habido múltiples informes de muertes masivas dentro de los campamentos.
En marzo de 2019, Adrian Zenz dijo a las Naciones Unidas que 1,5 millones de uigures habían sido detenidos en campamentos, y dijo que su número representaba tanto el aumento en el tamaño y el alcance de la detención en la región como la información pública sobre las historias de exiliados uigures con familiares en campos de internamiento. En julio de 2019, Zenz escribió en el Journal of Political Risk que especulaba que 1,5 millones de uigures habían sido detenidos extrajudicialmente, lo que describió como "un equivalente a poco menos de uno de cada seis miembros adultos de un grupo minoritario turco y predominantemente musulmán en Sinkiang". En noviembre de 2019, Zenz estimó que el número de campos de internamiento en Sinkiang había superado los 1 000. En julio de 2020, Zenz escribió en Foreign Policy que su estimación había aumentado desde noviembre de 2019, estimando que un total de 1,8 millones de uigures y otras minorías musulmanas habían sido detenidos extrajudicialmente en lo que describió como "el mayor encarcelamiento de una minoría etnoreligiosa desde el Holocausto", argumentando que el Gobierno chino estaba adoptando políticas que violaban la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Ethan Gutmann estimó que entre el 5 y el 10 por ciento de los detenidos mueren cada año en los campos.
China ha sometido a torturas a los uigures que viven en Sinkiang.
Mihrigul Tursun, una joven madre uigur, dijo que fue "torturada y sometida a otras condiciones brutales". En 2018, Tursun dio testimonio durante el cual describió su experiencia en los campamentos; la drogaron, la interrogaron durante días sin dormir, la sometieron a exámenes médicos intrusivos, la ataron a una silla y la maltrataron con electricidad. Era la tercera vez que la enviaban a un campo desde 2015. Tursun dijo a los periodistas que recuerda que los interrogadores le dijeron: "Ser uigur es un crimen". El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, ha declarado que Tursun fue detenida por la policía bajo "sospecha de incitación al odio étnico y la discriminación" por un período de 20 días, pero niega que Tursun haya estado alguna vez detenida en un campo de internamiento.
Otro detenido anterior, Kayrat Samarkand, dijo que "me hicieron usar lo que ellos llamaban «ropa de hierro», un traje hecho de metal que pesaba más de 50 libras [23 kg] ... en una posición extendida. No podía moverme en absoluto, y mi espalda estaba en un dolor terrible ... Hicieron que la gente usara esta cosa para romper su espíritu. Después de 12 horas, me volví tan suave, callado y «legal»".
Según se informa, el submarino es una de las formas de tortura que se han utilizado como parte del proceso de adoctrinamiento.
A partir de 2019, comenzaron a surgir informes de esterilización forzada en Sinkiang. Zumrat Dwut, una mujer uigur, dice que fue esterilizada por la fuerza mediante ligadura de trompas durante su estadía en un campo de internamiento antes de que su esposo pudiera sacarla a través de solicitudes a los diplomáticos paquistaníes. El gobierno regional de Sinkiang niega usar la esterilización por la fuerza.
Kayrat Samarkand describió su rutina de campamento en un artículo para NPR, además de vivir en cuartos estrechos, dice que los reclusos tenían que cantar canciones elogiando al líder chino Xi Jinping antes de que se les permitiera comer. Dice que los detenidos se vieron obligados a memorizar una lista de lo que él llama "126 mentiras" sobre la religión: "La religión es opio, la religión es mala, no debes creer en ninguna religión, debes creer en el Partido Comunista".
Los documentos que fueron filtrados a The New York Times por un funcionario chino anónimo advirtieron que "si los estudiantes preguntan si sus padres desaparecidos han cometido un crimen, se les debe decir que no, es solo que su pensamiento ha sido infectado por pensamientos malsanos. La libertad sólo es posible cuando este «virus» en su pensamiento es erradicado y gozan de buena salud".
La Fundación Heritage informó que los niños cuyos padres están detenidos en los campamentos a menudo son enviados a orfanatos estatales y se les adoctrina para olvidar sus raíces étnicas. Incluso si sus padres no están detenidos, los niños uigures deben trasladarse al interior de China y sumergirse en la cultura Han bajo la política de "aulas de Sinkiang" del gobierno chino.
En 2021, Gulbahar Haitiwaji denunció haber sido obligada a denunciar a su familia después de que fotografiaran a su hija en una protesta en París.
Según Quartz, la región de Sinkiang se describe como un "«gulag del algodón» donde el trabajo penitenciario está presente en todos los pasos de la cadena de suministro del algodón".
Tahir Hamut, un musulmán uigur, trabajó en un campo de trabajo durante la escuela primaria cuando era un niño, y luego trabajó en un campo de internamiento cuando era adulto, realizando tareas como recoger algodón, palear grava y hacer ladrillos. "Todos se ven obligados a realizar todo tipo de trabajos forzados o enfrentar castigos", dijo. "Cualquiera que no pueda cumplir con sus deberes será golpeado".
En diciembre de 2020, un informe de investigación de BuzzFeed News reveló que "es casi seguro que se esté llevando a cabo trabajo forzado a gran escala" dentro de los campos de internamiento de Sinkiang, con 135 instalaciones de fábricas identificadas dentro de los campos que cubren más de 21 millones de pies cuadrados (2.0 km2) de tierra. El informe señaló que "solo en 2018 se construyeron catorce millones de pies cuadrados de nuevas fábricas" dentro de los campamentos y que "los ex detenidos dijeron que nunca se les dio la opción de elegir trabajar y que ganaron una miseria o ningún pago".
Ex reclusos han afirmado que fueron sometidos a experimentación médica.
BBC News y otras fuentes informaron de informes de violaciones masivas organizadas y tortura sexual llevadas a cabo por las autoridades chinas en los campos de internamiento.
Varias mujeres que fueron detenidas anteriormente en los campos de internamiento de Sinkiang han hecho públicamente acusaciones de abuso sexual sistémico, incluidas violaciones, violaciones en grupo y torturas sexuales, como penetraciones vaginales y anales forzadas con bastones eléctricos y frotaciones con pasta de ají los genitales. Sayragul Sauytbay, una maestra que se vio obligada a trabajar en los campos, le dijo a la BBC que los empleados del campo de internamiento en el que estaba detenida cometieron violaciones en masa y dijeron que los guardias del campo "recogían a las niñas y mujeres jóvenes que querían y se las llevaban". También le contó a la BBC sobre una violación en grupo organizada, en la que una mujer de alrededor de 21 años fue obligada a hacer una confesión frente a una multitud de otras 100 mujeres detenidas en los campos, antes de ser violada por varios policías frente a la multitud reunida. En 2018, una entrevista de Globe and Mail con Sauytbay indicó que ella no vio personalmente violencia en el campamento, pero sí fue testigo de desnutrición y una completa falta de libertad. Tursunay Ziawudun, una mujer que estuvo detenida en los campos de internamiento durante un período de nueve meses, le dijo a la BBC que las mujeres eran sacadas de sus celdas "todas las noches" para ser violadas por hombres chinos, y que fue sometida a tres instancias separadas de violación en grupo durante la detención. En una entrevista anterior, Ziawudun informó que, si bien "no la golpearon ni abusaron" mientras estuvo en los campos, fue sometida a largos interrogatorios, obligada a ver propaganda, le cortaron el pelo, la vigilaron constantemente y la mantuvieron en condiciones frías y con mala alimentación, lo que la llevó a desarrollar anemia. Qelbinur Sedik, una mujer uzbeka de Sinkiang, ha declarado que la policía china abusó sexualmente de loas detenidas durante las torturas con descargas eléctricas, diciendo que "hubo cuatro tipos de descargas eléctricas ... la silla, el guante, el casco y la violación anal con un palo eléctrico".
Los funcionarios del gobierno chino niegan todas las acusaciones de que ha habido abusos contra los derechos humanos dentro de los campos de internamiento. Reuters informó en marzo de 2021 que los funcionarios del gobierno chino también revelaron información médica personal de mujeres testigos en un esfuerzo por desacreditarlas.
En febrero de 2021, la BBC publicó un extenso informe que alegaba que se estaban produciendo abusos sexuales sistemáticos dentro de los campos de internamiento. Se alegó que las violaciones en grupo y la tortura sexual eran parte de una cultura de la violación sistémica que incluía tanto a policías como a personas ajenas a los campos que pagan por pasar tiempo con las chicas más bonitas. CNN informó en febrero de 2021 sobre un trabajador y varias ex reclusas que sobrevivieron a los campos; proporcionaron detalles sobre asesinatos, torturas y violaciones en los campamentos, que describieron como habituales.
China realiza controles periódicos de embarazo en cientos de miles de mujeres pertenecientes a minorías en Sinkiang.
El investigador Adrian Zenz, citando el Anuario de población y empleo de China de 2019, informó que el 80% de las nuevas colocaciones de DIU (inserciones menos extracciones) en la República Popular China en 2018 ocurrieron en Sinkiang, a pesar de que la región solo constituye el 1.8% de la población del país. Zenz señala que las tasas de natalidad en los condados cuya población mayoritaria consiste en minorías étnicas comenzaron a caer en 2015, "el mismo año en que el gobierno comenzó a señalar el vínculo entre el crecimiento de la población y el "extremismo religioso". Antes de las recientes caídas en las tasas de natalidad, la población uigur había tenido una alta tasa de crecimiento, 2,6 veces la tasa de crecimiento Han entre 2005 y 2015.
Según un fax proporcionado a CNN por el gobierno regional de Sinkiang, las tasas de natalidad en la región de Sinkiang cayeron un 32,68% entre 2017 y 2018. En 2019, las tasas de natalidad disminuyeron un 24% interanual, una caída significativamente mayor que la disminución del 4,2% de los nacimientos experimentada en toda la República Popular de China. Según Zenz, las tasas de crecimiento de la población en las dos prefecturas uigures más grandes de Sinkiang, Kasgar y Jotán, cayeron un 84% entre 2015 y 2018.
Los documentos gubernamentales exigen que las violaciones del control de la natalidad de los uigures se castiguen con internamiento extrajudicial.
También en 2019, The Heritage Foundation informó que los funcionarios obligaron a las mujeres uigures a tomar drogas y líquidos desconocidos que les hicieron perder el conocimiento y, a veces, les hicieron dejar de menstruar. En 2020, los informes públicos siguieron indicando que se estaba llevando a cabo una esterilización obligatoria a gran escala, y Associated Press informó que existe una práctica "generalizada y sistemática" de obligar a las mujeres uigures y de otras minorías étnicas a toman medicamentos anticonceptivos en la región de Sinkiang. Muchas mujeres han declarado que se han visto obligadas a recibir implantes anticonceptivos.
Las autoridades regionales no discuten la disminución de las tasas de natalidad, pero niegan rotundamente que se esté produciendo un genocidio y esterilización forzosa; Las autoridades de Sinkiang han sostenido públicamente que la disminución en las tasas de natalidad se debe a "la implementación integral de la política de planificación familiar". La Embajada de China en los Estados Unidos dijo que la política era positiva y empoderadora para las mujeres uigures, y escribió que "en el proceso de erradicación del extremismo, se emanciparon las mentes de las mujeres uigures y se promovió la igualdad de género y la salud reproductiva, haciéndolas dejar de ser máquinas de hacer bebés. Son más seguras e independientes". Twitter borró ese tuit por supuestamente jactarse del genocidio uigur.
A partir de 2018, más de un millón de trabajadores del gobierno chino comenzaron a vivir por la fuerza en los hogares de familias uigures para monitorear y evaluar la resistencia a la asimilación, así como para vigilar las prácticas religiosas y culturales desaprobadas.
El programa "Emparejarse y convertirse en familia" es un programa durante el cual los hombres chinos han sido asignados a vigilar los hogares de los uigures mientras dormían en las mismas camas que las mujeres uigures. Según Radio Free Asia, estos trabajadores del gobierno chino han sido entrenados para llamarse a sí mismos "parientes" y han estado participando en la convivencia forzosa de hogares uigures con el propósito de promover la "unidad étnica". Radio Free Asia informa que estos hombres "duermen habitualmente en las mismas camas que las esposas de los hombres detenidos en los campos de internamiento de la región". Los activistas uigures han criticado este programa por ser parte de una campaña de "violaciones masivas disfrazadas de «matrimonio»" y la "aniquilación total de la seguridad, la protección y el bienestar de los miembros de la familia", mientras que los funcionarios chinos han declarado que el colecho es aceptable, siempre que se mantenga una distancia de un metro entre las mujeres y el "pariente" asignado al hogar uigur. Human Rights Watch ha condenado el programa Emparejarse y convertirse en familia como una "práctica de asimilación forzada profundamente invasiva".
Una mujer embarazada de 37 años de la región de Sinkiang dijo que intentó renunciar a su ciudadanía china para vivir en Kazajistán, pero el gobierno chino le dijo que tenía que regresar a China para completar el proceso. Alega que los funcionarios le confiscaron los pasaportes a ella y a sus dos hijos antes de obligarla a someterse a un aborto para evitar que su hermano fuera detenido en un campo de internamiento.
Un libro de Guo Rongxing sobre los disturbios en Sinkiang afirma que los disturbios en el municipio de Baren en 1990 fueron el resultado de 250 abortos forzados impuestos a mujeres uigures locales por el gobierno chino.
Ethan Gutmann, un investigador independiente y experto en abusos contra los derechos humanos en China, concluyó que la venta de órganos de los uigures se hizo frecuente cuando los miembros del grupo étnico sufrieron represiones de seguridad durante la década de 1990. Según Gutmann, la recolección de órganos de los prisioneros uigures dejó en 1999 a la etnia como la principal fuentes de órganos.
En el 2010, hubo preocupaciones por el resurgimiento de la venta de órganos de los uigures. Según una determinación unánime realizada por el Tribunal de China en mayo de 2020, China ha perseguido y probado médicamente a los uigures. Su informe expresó su propia preocupación de que los uigures fueran vulnerables a estar sujetos al robo de órganos, pero aún no tenían evidencia de su ocurrencia. En noviembre de 2020, Gutmann le dijo a Radio Free Asia que un antiguo hospital en Atsu, China, se había convertido en un campo de internamiento en Sinkiang, permitiendo a los funcionarios locales optimizar el proceso de recolección de órganos y proporcionar un flujo constante de órganos conseguidos de uigures. Más tarde, en diciembre de 2020, activistas de derechos humanos e investigadores independientes dijeron a Haaretz que los individuos detenidos en los campos de internamiento de Sinkiang "están siendo asesinados y sus órganos vendidos". En ese momento, Gutmann le dijo a Haaretz que estimaba que al menos 25 000 uigures mueren en Sinkiang por sus órganos cada año y que una crematoria se ha construido recientemente en la provincia para deshacerse más fácilmente de los cuerpos de las víctimas. Gutmann dijo que los chinos también crearon "carriles rápidos" para el movimiento de órganos humanos en los aeropuertos locales.
En 2020, una mujer china dijo que los uigures eran sacrificados para la demanda de proporcionar órganos para clientes principalmente saudíes. Ella dijo que en una instancia de este tipo en 2006, 37 clientes saudíes recibieron órganos de uigeres asesinados en el Departamento de Trasplantes del Hospital Tianjin Taida. El Dr. Enver Tohti, un antiguo cirujano de oncología en Sinkiang, apoyó las acusaciones.
El gobierno chino ha reubicado a más de 600 000 uigures en lugares de trabajo industriales como parte de un programa de trabajo forzoso.
En enero de 2020, comenzaron a aparecer videos en Douyin que mostraban a un gran número de uigures siendo colocados en aviones, trenes y autobuses para transportarlos a programas de trabajo forzoso en fábricas. En marzo de 2020, se descubrió que el gobierno chino estaba utilizando a la minoría uigur como mano de obra forzada. Según un informe publicado por el Instituto Australiano de Política Estratégica (IAPE), no menos de unos 80 000 uigures fueron sacados por la fuerza de Sinkiang y utilizados para hacer trabajo forzado en al menos veintisiete fábricas en China. Según el Business and Human Rights Resource Center, una organización benéfica con sede en el Reino Unido, productos de corporaciones como Abercrombie & Fitch, Adidas, Amazon, Apple, BMW, Fila, Gap, H&M, Inditex, Marks & Spencer, Nike, North Face, Puma, PVH, Samsung y Uniqlo procedían de estas fábricas. Más de 570 000 uigures se ven obligados a recolectar algodón a mano en Sinkiang. El sistema chino de trabajo forzoso está diseñado para reducir la densidad de la población uigur.
China ha sido acusada de esfuerzos coordinados para obligar a los uigures que viven en el extranjero a regresar y utilizar a sus familiares que aún se encuentran en China para presionar a los miembros de la diáspora para que no causen problemas. China niega las acusaciones como niega todas las demás acusaciones relacionadas con el genocidio uigur.
El sistema de vigilancia global de China se extiende al extranjero y se hace especial hincapié en el seguimiento de la diáspora uigur.
En marzo de 2021, Facebook descubrió que los piratas informáticos con sede en China habían estado realizando ciberespionaje contra miembros de la diáspora uigur.
Las autoridades chinas han estado utilizando tecnología biométrica para rastrear a personas de la comunidad uigur. Según Yahir Imin, un uigur de 38 años, las autoridades chinas en Sinkiang le sacaron sangre, escanearon su rostro, registraron sus huellas dactilares y documentaron su voz. Como se indica en el artículo escrito por Sui-Lee Wee, una pieza clave en la estrategia de China es recolectar material genético de millones de personas en la región de Sinkiang. El material genético contribuye a una extensa base de datos que puede rastrear a los individuos uigures que desafían la campaña. China ha estado explorando el uso de la tecnología de reconocimiento facial para clasificar a las personas por etnia y cómo usar el ADN para saber si una persona es uigur. Según un profesor asistente de la Universidad de Windsor en Ontario, Mark Munsterhjelm, la República Popular China está creando "tecnologías utilizadas para cazar personas".
En 2017, la construcción relacionada con la seguridad se triplicó en Sinkiang. Según Charles Rollet, "los proyectos [en China] incluyen no solo cámaras de seguridad, sino también centros de análisis de video, sistemas de monitoreo inteligente, grandes centros de datos, puestos de control policial e incluso drones", con el fabricante de drones DJI proporcionando drones de vigilancia a la policía local desde 2017. El Ministerio de Seguridad Pública ha invertido miles de millones de dólares en dos planes gubernamentales principales: el proyecto Skynet (天网 工程) y el proyecto Sharp Eyes (雪亮 工程). Estos dos proyectos combinados están logrando supervisar a la población de China para el año 2020 a través del reconocimiento facial de una cámara de video. Según Morgan Stanley, para 2020, habrá entregas de 400 millones de cámaras de seguridad. Varias empresas emergentes chinas han estado construyendo algoritmos para permitir que el gobierno chino rastree al grupo minoritario musulmán. Estas empresas emergentes incluyen SenseTime, CloudWalk, Yitu, Megvii y Hikvision.
En julio de 2020, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos sancionó a 11 empresas chinas, dos de las cuales eran subsidiarias de BGI Group, por violar los derechos humanos de los musulmanes uigures y las minorías pertenecientes a otras etnias en China, mediante la explotación de su secuencia genética. El BGI Group junto con una empresa de inteligencia artificial y computación en la nube con sede en Abu Dabi, Group 42, acusada de espionaje en 2019, fueron nombradas por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado en una advertencia de octubre de 2020 emitida a Nevada contra el uso de los 200 000 Kits de prueba contra COVID-19 donados por EAU bajo la asociación de G42 y BGI Group. Las agencias de inteligencia estadounidenses han advertido sobre potencias extranjeras que explotan muestras médicas de pacientes para indagar en su historial médico, rasgos genéticos, enfermedades, etc.
Los funcionarios de Tumxuk han recogido cientos de muestras de sangre de uigures, lo que ha contribuido a una campaña masiva de recogida de ADN. Tumxuk fue nombrado "un importante campo de batalla para el trabajo de seguridad de Sinkiang" por los medios de comunicación estatales. En enero de 2018, se construyó en Tumxuk un laboratorio de ADN forense supervisado por el Instituto de Ciencias Forenses de China. Los documentos del laboratorio mostraron que el laboratorio estaba respaldado por un software creado por Thermo Fisher Scientific, una empresa de Massachusetts. Este software se utilizó en correspondencia para crear secuenciadores genéticos, útiles para analizar el ADN. En respuesta, Thermo Fisher declaró en febrero que cesaría las ventas a la región de Sinkiang como resultado de "evaluaciones basadas en hechos específicos".
Los funcionarios de seguridad han ordenado a los residentes de la región noroeste de China que instalen dispositivos de rastreo GPS en sus vehículos para que las autoridades puedan rastrear sus movimientos. Esta medida afecta a los habitantes de la región de Sinkiang y las autoridades han afirmado que "es necesaria para contrarrestar las actividades de los extremistas y separatistas islamistas". Un anuncio de los funcionarios de la prefectura autónoma mongol de Bayingolín proclamó que "existe una grave amenaza del terrorismo internacional, y los automóviles se han utilizado como un medio de transporte clave para los terroristas, además de servir constantemente como armas. Por lo tanto, es necesario vigilar y rastrear todos los vehículos en la prefectura".
En julio de 2019, 22 países enviaron una carta conjunta a la 41a sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), condenando la detención masiva de uigures y otras minorías en China, pidiendo a China que "se abstenga de la detención arbitraria y restricciones a la libertad de circulación de los uigures y otras comunidades musulmanas y minoritarias en Sinkiang". En la misma sesión, 50 países emitieron una carta conjunta apoyando las políticas en Sinkiang de China, criticando la práctica de "politizar las cuestiones de derechos humanos". La carta decía: "China ha invitado a varios diplomáticos, funcionarios de organizaciones internacionales y periodistas a Sinkiang" y que "lo que vieron y oyeron en Sinkiang contradecía completamente lo que se informó en los medios de comunicación".
En octubre de 2019, 23 países emitieron una declaración conjunta ante la ONU instando a China a "cumplir sus obligaciones y compromisos nacionales e internacionales de respetar los derechos humanos". En respuesta, 54 países (incluida la propia China) emitieron una declaración conjunta apoyando las políticas en Sinkiang de China. La declaración "habló positivamente de los resultados de las medidas antiterroristas y de desradicalización en Sinkiang y señaló que estas medidas han salvaguardado efectivamente los derechos humanos básicos de las personas de todos los grupos étnicos".
En febrero de 2020, la ONU exigió acceso sin obstáculos para una visita de investigación propuesta a la región.
En octubre de 2020, más países en la ONU se unieron a la condena de China por los abusos de los derechos humanos en Sinkiang con el embajador alemán Christoph Heusgen hablando en nombre del grupo. El número total de países que condenaron a China aumentó a 39, mientras que el número total de países que defendieron a China disminuyó a 45. En particular, 16 países que defendieron a China en 2019 no lo hicieron en 2020.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos comenzó a discutir la posibilidad de una visita a Sinkiang con China para examinar "el impacto de sus políticas en los derechos humanos" en septiembre de 2020. Desde entonces, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha estado negociando las condiciones de acceso a China, pero el Alto Comisionado no ha visitado el país. En febrero de 2021, el ministro de Relaciones Exteriores de China pronunció un discurso ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que afirmó que Sinkiang está "siempre abierto" y que el país "da la bienvenida al Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que visite Sinkiang".
En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2021, la embajadora de Estados Unidos condenó los abusos de los derechos humanos de China en Sinkiang como "crímenes de lesa humanidad y genocidio", mientras que 64 países (incluida China) emitieron una declaración en la que instaban a los estados miembros a no interferir en los asuntos de Sinkiang y contra "hacer acusaciones infundadas contra China por motivos políticos".
En 2019, el Parlamento Europeo otorgó su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a Ilham Tohti, un intelectual y activista uigur que había sido condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con el separatismo uigur. En marzo de 2021, China ha prohibido a los diplomáticos de la Unión Europea visitar a Tothi. La Unión Europea ha pedido a China que libere a Tothi de su detención en prisión.
En marzo de 2021, los embajadores de la Unión Europea acordaron sanciones, incluidas prohibiciones de viaje y congelación de activos, contra cuatro funcionarios chinos y una entidad china por abusos contra los derechos humanos de los uigures. Entre los sancionados por la UE se encontraba Zhu Hailun, quien fue descrito como el arquitecto del programa de adoctrinamiento. Ese mismo mes, las negociaciones para que un grupo de embajadores de países de la Unión Europea visitaran Sinkiang se estancaron debido a que el gobierno chino rechazó su solicitud de visitar a Ilham Tohti.
Varios países africanos, incluidos Argelia, la República Democrática del Congo, Egipto, Nigeria y Somalia, firmaron una carta de julio de 2019 en la que elogiaban públicamente el historial de derechos humanos de China y desestimaban los abusos denunciados en Sinkiang. Varios países africanos, incluidos Angola, Burundi, Camerún, la República Centroafricana, Madagascar, Marruecos, Mozambique y Sudán, firmaron una carta de octubre de 2019 en la que expresaron públicamente su apoyo al trato de China a los uigures.
En julio de 2020, The Globe and Mail informó que activistas de derechos humanos, incluido el político retirado Irwin Cotler, estaban alentando al Parlamento de Canadá a reconocer las acciones chinas contra los uigures como genocidio e imponer sanciones a los funcionarios responsables.
El 21 de octubre de 2020, el Subcomité de Derechos Humanos Internacionales (SDHI) del Comité Permanente de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá condenó la persecución de uigures y otros musulmanes turcos en Sinkiang por parte del gobierno de China y concluyó que las acciones de los chinos equivalen al genocidio de los uigures según la Convención sobre el Genocidio.
El 22 de febrero de 2021, la Cámara de los Comunes canadiense votó 266-0 para aprobar una moción que reconoce formalmente a China por cometer genocidio contra sus minorías musulmanas. El primer ministro Justin Trudeau y su gabinete no votaron. El embajador de China en Canadá respondió a la moción calificando las acusaciones de genocidio y trabajo forzoso de "la mentira del siglo".
El 11 de abril de 2021, Canadá emitió una advertencia de viaje en la que indicaba que las personas con "vínculos familiares o étnicos" podían estar "en riesgo de ser detenidas arbitrariamente" por las autoridades chinas cuando viajaban a la región de Sinkiang. Radio Canada International informó que el anuncio describía que China había estado "deteniendo cada vez más a minorías étnicas y musulmanas en la región sin el debido proceso".
El jefe de lucha contra el terrorismo en la ONU, Vladimir Voronkov, visitó Sinkiang en junio de 2019. La visita provocó la ira del Departamento de Estado de Estados Unidos. Estados Unidos ha calificado estas visitas de "muy coreografiadas" y las ha caracterizado por haber "propagado narrativas falsas".
En 2020, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Política de Derechos Humanos Uigur en reacción a los campos de internamiento. Los legisladores también propusieron la Ley de prevención del trabajo forzoso uigur que exige la suposición de que todos los productos de Sinkiang se fabrican con trabajo forzoso y, por lo tanto, están prohibidos. En septiembre de 2020, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Bloqueó las importaciones de productos de cinco entidades en Sinkiang para combatir el uso del trabajo forzoso, al tiempo que archivó prohibiciones propuestas más amplias. Un alto diplomático estadounidense pidió a otros países que se unieran a las denuncias de Estados Unidos contra las políticas del gobierno chino en Sinkiang. Los senadores Cornyn, Merkley, Cardin y Rubio firmaron una carta para solicitar a Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, que emita una determinación de genocidio. El National Review informa que "las determinaciones de genocidio del gobierno de los Estados Unidos son algo increíblemente complicado. Requieren evidencia sólida para cumplir con los criterios establecidos en la Convención de Genocidio de 1948". Cuando se emiten determinaciones, no hay muchos cambios o un efecto que traerán en el corto plazo. Aunque, "hay un caso sólido y bien documentado para una determinación en este caso". En noviembre de 2020, los senadores estadounidenses Menendez y Cornyn lideraron un grupo bipartidista para reconocer las acciones del PCCh en Sinkiang como un genocidio por medio de una resolución del Senado, que convertiría a los Estados Unidos en el primer gobierno en "reconocer oficialmente la situación como un genocidio".
El 19 de enero de 2021, Pompeo anunció que el Departamento de Estado de los Estados Unidos había determinado que China había perpetrado "genocidio y crímenes de lesa humanidad" contra los uigures, y Pompeo declaró: "la República Popular China, bajo la dirección y el control del Partido Comunista Chino, ha cometido genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los uigures predominantemente musulmanes y otros grupos minoritarios étnicos y religiosos, incluidos los kazajos y kirguís ... en los gritos angustiados de Sinkiang, EE. UU. escucha ecos de la Alemania nazi, Ruanda, Bosnia y Darfur". El anuncio se hizo el último día de la presidencia de Donald Trump.
Al final de la presidencia de Trump, la administración entrante de Biden ya había declarado durante la campaña presidencial de Joe Biden de 2020 que se debía tomar tal determinación, y que Estados Unidos continuaría reconociendo la actividad de Sinkiang como un genocidio. El 16 de febrero de 2021, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comentó en una reunión con CNN en un "ayuntamiento" en Wisconsin que la razón fundamental de Xi Jinping para justificar sus políticas es la idea de que "debe haber una China unida y fuertemente controlada", derivada del hecho de que "culturalmente hay normas diferentes que se espera que sigan cada país y sus líderes". También prometió en el mismo encuentro que "habrá repercusiones para China" por sus violaciones a los derechos humanos. Algunas fuentes interpretaron las declaraciones de Biden como una excusa para la política china hacia los uigures por motivos relativistas culturales, pero otras han dicho que se trata de una tergiversación.
Muchos países de Oriente Medio firmaron un documento de la ONU que defiende el historial de derechos humanos de China. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía criticó los campos. Irak e Irán también han firmado el documento mientras que Arabia Saudita y Egipto han sido acusados de deportar uigures a China. Los Emiratos Árabes Unidos han defendido formalmente el historial de derechos humanos de China. Estos países han apreciado el respeto de China por el principio de no injerencia en los asuntos de otros países y, por lo tanto, han dado importancia a sus relaciones económicas y políticas. Catar apoyó las políticas de China en Sinkiang hasta el 21 de agosto de 2019; Catar fue el primer país del Medio Oriente en retirar su defensa de los campos de internamiento en Sinkiang.
Rusia, Bielorrusia, Turkmenistán y Tayikistán han expresado su apoyo a las políticas de China en Sinkiang. Rusia firmó ambas declaraciones en la ONU (en julio y octubre de 2019) que apoyaban las políticas en Sinkiang de China. NPR informó que Kazajistán y "sus vecinos en la región mayoritariamente musulmana de Asia Central que se han beneficiado de la inversión china no están hablando por los musulmanes dentro de los campos de internamiento en China".
Nepal, Pakistán y Sri Lanka han firmado un documento de la ONU que respalda las políticas de China en Sinkiang.
Camboya, Laos, Birmania y Filipinas han emitido declaraciones de apoyo a las políticas de China. Según The Moscow Times, Tailandia, Malasia y Camboya han deportado a personas uigures a petición de China.
En 2009, las declaraciones del primer ministro Erdogan fueron publicadas por la Agencia de Noticias de Anatolia, donde denunció el "salvajismo" infligido a la comunidad uigur y pidió el fin de los intentos del gobierno chino de asimilar a la comunidad por la fuerza. Más tarde, en la cumbre del Grupo de los Ocho en Italia, Erdogan declaró que "los incidentes en China son, simplemente, un genocidio. No tiene sentido interpretar esto de otra manera".
En 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía emitió una declaración en la que condenaba lo que describió como "la reintroducción de los campos de concentración por parte de China en el siglo XXI" y "una gran causa de vergüenza para la humanidad". En respuesta a una pregunta sobre la supuesta muerte del músico uigur Abdurehim Heyit en los campos de internamiento en Sinkiang, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía declaró que "más de un millón de turcos uigures que sufren de detenciones arbitrarias son sometidos a tortura y lavado de cerebro político en campos de internamiento y cárceles".
En marzo de 2021, el parlamento turco rechazó una moción para calificar de genocidio el trato dado por el gobierno chino a los uigures.
En 2021, las autoridades turcas comenzaron con tomar medidas enérgicas contra los manifestantes uigures en Turquía a instancias de China.
En diciembre de 2020, Francia dijo que se opondría al Acuerdo Global sobre Inversiones propuesto entre China y la Unión Europea por el uso del trabajo forzoso de los uigures. En febrero de 2021, el canciller francés Jean-Yves Le Drian denunció la "represión institucionalizada" de los uigures en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En marzo de 2021, la Primera Ministra de Finlandia, Sanna Marin, tuiteó una condena a la situación de los derechos humanos en Sinkiang.
El 25 de febrero de 2021, el parlamento de los Países Bajos aprobó una resolución no vinculante que declaraba como genocidio las acciones del gobierno chino contra los uigures.
El 10 de octubre de 2020, la secretaria de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Lisa Nandy, sugirió que Gran Bretaña debe oponerse a dar a China un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en protesta por su abuso de los musulmanes uigures. Añadió que se debe permitir que la ONU lleve a cabo una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Sinkiang.
En septiembre de 2020, una carta firmada por más de 120 parlamentarios y colegas, incluidos los conservadores de alto rango y el líder liberal demócrata Sir Ed Davey, acusó a China de un "programa sistemático y calculado de limpieza étnica" contra la minoría musulmana uigur del país, y comparó a China con la Alemania nazi.
En enero de 2021, el parlamento británico rechazó una resolución que habría prohibido al Reino Unido comerciar con países involucrados en genocidios. El primer ministro Boris Johnson se opuso a la resolución.
En enero de 2021, el secretario de Relaciones Exteriores Dominic Raab hizo una declaración sobre las violaciones de derechos humanos de China contra los uigures, acusando a China de "vigilancia extensa e invasiva dirigida a las minorías, restricciones sistemáticas a la cultura uigur, la educación y la práctica del Islam, y el uso generalizado de métodos forzados de mano de obra".
En enero de 2021, The Guardian informó que el gobierno del Reino Unido "esquivó un esfuerzo de todos los partidos para dar a los tribunales la oportunidad de declarar a China culpable de genocidio el día en que Blinken dijo que China tenía la intención de hacer un genocidio en la provincia de Sinkiang".
En marzo de 2021, el Reino Unido y la UE sancionaron a cuatro funcionarios chinos, incluidos Zhu Hailun y Wang Junzheng, por su participación en la violación de los derechos humanos de los musulmanes uigures en Sinkiang. En respuesta, China impuso sanciones a nueve ciudadanos del Reino Unido por difundir "mentiras y desinformación" sobre abusos de derechos humanos en Sinkiang.
En septiembre de 2019, la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Marise Payne, declaró: "Anteriormente planteé las preocupaciones de Australia sobre los informes de detenciones masivas de uigures y otros pueblos musulmanes en Sinkiang. Hemos pedido constantemente a China que cese la detención arbitraria de uigures y otros grupos musulmanes. Hemos planteado estas preocupaciones, y seguiremos planteándolas, tanto bilateralmente como en reuniones internacionales relevantes". En marzo de 2021, el gobierno federal bloqueó una moción de Rex Patrick para reconocer el trato de China a los uigures como un genocidio.
En 2018, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, planteó la cuestión de Sinkiang mientras visitaba al secretario líder del Partido en Guangdong, Li Xi. Ardern también planteó esas preocupaciones durante el examen periódico de China en las Naciones Unidas en noviembre de 2018, ante el rechazo inmediato de China.
Ardern habló de Sinkiang en privado con Xi Jinping durante una visita a Beijing en 2019 después del tiroteo en la mezquita de Christchurch. El New York Times acusó a Nueva Zelanda de andar de "puntillas" en el tema por razones económicas, ya que el país exporta muchos productos a China, incluida la leche, la carne y el vino.
En julio de 2020, Amnistía Internacional no se había pronunciado sobre si el trato dado por el gobierno chino a los uigures constituía un genocidio. Genocide Watch "considera que las esterilizaciones forzadas y el traslado forzoso de niños uigures y otras minorías turcas en Sinkiang son actos de genocidio" y posteriormente emitió una Alerta de Emergencia por Genocidio en noviembre de 2020.
En enero de 2020, el presidente Ghulam Osman Yaghma del Gobierno en el exilio de Turquestán Oriental escribió que "el mundo está presenciando en silencio otro Holocausto como un genocidio en Turquestán Oriental ... como presidente del Gobierno en el exilio de Turquestán Oriental, en nombre de Turquestán Oriental y su pueblo, nuevamente hacemos un llamado a la comunidad internacional, incluidos los gobiernos del mundo, para que reconozcan al brutal Holocausto de China como la opresión del pueblo de Turquestán Oriental como un genocidio".
La Asociación Estadounidense Uigur expresó previamente su preocupación por la deportación de 20 refugiados uigures de Camboya a China en 2009, y ha afirmado que el enfoque militar de Beijing al terrorismo en Sinkiang es terrorismo de estado. El Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos ha emitido declaraciones que describen las condiciones en Sinkiang como crímenes de lesa humanidad. Según el Museo Conmemorativo del Holocausto en los Estados Unidos, "la campaña del gobierno chino contra los uigures en Sinkiang es multifacética y sistemática. Se caracteriza por detenciones masivas, trabajos forzados y leyes discriminatorias, y está respaldada por métodos de vigilancia de alta tecnología".
En septiembre de 2020, casi dos docenas de grupos de activistas, incluido el Proyecto Uigur de Derechos Humanos, Genocide Watch y el Centro Europeo para la Responsabilidad de Proteger, firmaron una carta abierta instando al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) a investigar si se trata de crímenes de lesa humanidad o genocidio lo que ocurre en Sinkiang.
En marzo de 2021, el Newlines Institute for Strategy and Policy, un grupo de expertos de la Fairfax University of America, publicó un informe en el que afirmaba que "la República Popular China tiene la responsabilidad del Estado por cometer genocidio contra los uigures en violación de la Convención de 1948 sobre la Prevención y sanción del delito de genocidio". Según el informe, la determinación de la "intención de destruir a los uigures como grupo se deriva de la prueba objetiva, consistente en una política y una práctica estatales integrales, que el presidente Xi Jinping, la máxima autoridad en China, puso en marcha". Según The Guardian, "el informe citó informes de muertes masivas, sentencias de muerte selectivas y encarcelamiento a largo plazo de ancianos, tortura sistémica y crueldad de trato que incluye abuso sexual y tortura, interrogatorios y adoctrinamiento, detención selectiva de líderes de la comunidad uigur y personas en edad fértil, esterilización forzada, separación familiar, uso masivo de trabajo forzado y el traslado de niños uigures a orfanatos e internados estatales" para llegar a la conclusión de que China ha cometido un genocidio contra los uigures.
En reacción a la propuesta Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur en 2020 para imponer sanciones a "cualquier persona extranjera que «se involucre a sabiendas»" y requiera que las empresas revelen sus tratos con Sinkiang, el presidente de la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado dijo que las prohibiciones generales de importación de algodón u otros productos de Sinkiang derivadas de dicha legislación "causarían estragos" en las cadenas de suministro legítimas en la industria de la confección porque las exportaciones de algodón de Sinkiang a menudo se entremezclan con algodón de otros países y no hay tecnología disponible para rastrear el origen de las fibras de algodón. El 22 de septiembre de 2020, la Cámara de Comercio de EE. UU. emitió una carta en la que afirmaba que la ley "resultaría ineficaz y podría obstaculizar los esfuerzos para prevenir abusos de los derechos humanos". Las principales empresas con vínculos en la cadena de suministro con Sinkiang, incluida Apple Inc., Nike Inc. y The Coca-Cola Company han presionado al Congreso para que debilite la legislación y modifique sus disposiciones.
En febrero de 2021, 12 empresas japonesas establecieron una política para poner fin a los acuerdos comerciales con algunas de las empresas chinas que participan o se benefician del trabajo forzoso de los uigures en Sinkiang.
En julio de 2020, Marie van der Zyl, presidenta de la Junta de Diputados de los judíos británicos, señaló las similitudes entre la detención masiva de musulmanes uigures y los campos de concentración en el Holocausto. En el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto en enero de 2021, van der Zyl instó al gobierno chino a dejar de cometer atrocidades.
En diciembre de 2020, el rabino jefe de las Congregaciones Hebreas Unidas del Commonwealth, Ephraim Mirvis, publicó un artículo de opinión en The Guardian con motivo de la janucá en el que condenaba la persecución de los uigures y pedía una acción internacional para abordar la "insondable atrocidad" que tiene lugar en China. El Gran Rabino generalmente se abstiene de hacer comentarios sobre cuestiones políticas no judías. Mirvis es parte de un movimiento de protesta judío más amplio que ha surgido en oposición a los abusos de los derechos humanos en Sinkiang, los manifestantes están motivados en gran medida por los recuerdos del Holocausto y el deseo de evitar que se repita ese horror. Además de los judíos británicos liberales que han estado involucrados durante mucho tiempo en asuntos internacionales de derechos humanos, la difícil situación de los uigures también atrae un gran interés y apoyo de la comunidad ortodoxa británica. Según el rabino ortodoxo Herschel Gluck, "esto es algo que la comunidad siente muy profundamente. Sienten que si el «Nunca más» es un término que debe usarse, esta es sin duda una de las situaciones en las que se aplica".
En marzo de 2021, un grupo de dieciséis rabinos y un cantor de todo el espectro religioso judío de California enviaron una carta al representante Ted Lieu instándolo a tomar medidas en apoyo de los uigures. La organización de base Jewish Movement for Uyghur Freedom trabaja para cerrar la brecha entre las comunidades uigur y judía y aboga por ellos. En contraste con la campaña anterior Save Darfur, los principales donantes y organizaciones judías han actuado con suavidad debido al temor de represalias contra ellos mismos y las empresas asociadas por parte del gobierno chino. Los principales grupos judíos que se han pronunciado sobre el genocidio uigur o han adoptado posiciones políticas al respecto incluyen la Unión para el Judaísmo Reformista, el Comité Judío Estadounidense, la Asamblea Rabínica, la Liga Antidifamación y la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses.
El consulado chino en Almaty, Kazajistán, ha sido escenario de una manifestación de protesta diaria, compuesta principalmente por ancianas cuyos familiares se cree que están detenidos en China. Se han llevado a cabo protestas regulares de los uigures locales en los sitios diplomáticos chinos en Estambul, Turquía, donde varios cientos de mujeres uigures protestaron en el Día Internacional de la Mujer en marzo de 2021. En Londres, un judío ortodoxo del vecindario local ha organizado protestas regulares frente a un puesto de avanzada de la embajada china. Ha realizado protestas al menos dos veces por semana desde febrero de 2019.
En marzo de 2021, cientos de uigures que vivían en Turquía protestaron por la visita del ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi a Estambul al reunirse en la plaza Beyazit y cerca del Consulado General de China en Estambul. Más de dos docenas de ONGs que se centran en los derechos de los uigures participaron en la organización de las protestas.
A raíz de la filtración en 2019 de los papeles de Sinkiang que hicieron públicas las políticas chinas hacia los uigures, se hicieron llamados a boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, incluido el del congresista estadounidense John Katko. En una carta del 30 de julio de 2020, el Congreso Mundial Uigur instó al Comité Olímpico Internacional (COI) a reconsiderar la decisión de celebrar los Juegos Olímpicos en Beijing. En una moción no vinculante en febrero de 2021, la Cámara de los Comunes canadiense pidió al COI que trasladara los Juegos Olímpicos a una nueva ubicación. El COI se reunió con activistas a finales de 2020 sobre su solicitud de trasladar los Juegos Olímpicos. En marzo de 2021, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, se opuso a un boicot, que también dañaría la imagen y las finanzas del COI, y dijo que el COI debe mantenerse al margen de la política. La respuesta ha generado críticas de Jules Boykoff acusando al COI de hipocresía al decir que ignora su estatuto que promueve la igualdad y la antidiscriminación cuando es conveniente hacerlo y que el COI "ha mostrado una" desafortunada propensión a alejarse de los derechos humanos y las atrocidades para asegurarse de que los juegos continúen.
En una encuesta nacional realizada en marzo de 2021, el 54% de los canadienses dijo que el país debería boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing, mientras que el 24% creía que no debería y el 21% no estaba seguro.
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