La guerra civil española en Cantabria fue parte de una contienda que se desarrolló en España entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. Para la región cántabra, por aquel entonces provincia de Santander, la Guerra Civil transcurrió entre 1936 y 1937. Tras el fracaso de la sublevación en la región, se sucedieron diversos bombardeos sobre la capital, Santander, durante los últimos meses de 1936, y más regularmente en 1937 por la aviación del Ejército sublevado. Sin embargo, las acciones militares propiamente dichas se llevaron a cabo concretamente entre agosto y septiembre de 1937. El resultado fue la victoria del ejército franquista y la consiguiente anexión de la cornisa cantábrica a la Zona sublevada.
Las elecciones generales españolas del 16 de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular que obtuvo algo más del 60 % de los diputados electos. Los resultados de estos comicios en la entonces provincia de Santander confirmaron su tendencia conservadora dando el triunfo a la derecha con 5 diputados (56,44 % de los votos) frente a los dos diputados del Frente Popular (43,55 % de los votos).
El 18 de julio de 1936, Cantabria se mantuvo fiel al gobierno legítimo de la República, pese a su tradicional carácter conservador, manifestado por última vez en las elecciones de febrero de aquel año, que dieron como resultado la designación de cinco diputados de la derecha, frente a uno socialista, Bruno Alonso, y otro de Izquierda Republicana, Ramón Ruiz Rebollo.
La principal fuerza militar de la región, que se encontraba en el Regimiento de Valencia número 23, enclavado en Santander, tenía como mando al coronel García Argüelles, hombre partidario de la rebelión. Había recibido varias visitas de emisarios falangistas, instándose a que se sumase al alzamiento o bien, a que les entregase las armas del cuartel. El mismo 18 de julio se concentraron en diferentes puntos estratégicos de la ciudad contingentes de la Falange, próximos al millar, apenas sin armamento. La actitud vacilante del coronel Argüelles a la espera de ser confirmada la sublevación, la presencia en la bahía de Santander del buque de guerra Jaime I, que amenazaba con cañones al Cuartel del Alta, y la estrecha vigilancia de elementos obreros sobre los aledaños del Regimiento, contribuyeron al fracaso de la conspiración. También se ha señalado al jefe provincial de Falange, Martín Ruiz Arenado, como uno de los principales responsables del fracaso de la sublevación por su actitud apática.
Las autoridades republicanas ordenaron el traslado a Santander del destacamento militar adelantando en Santoña, mandado por el coronel José García Vayas. De inmediato salieron de Santoña varias unidades a ocupar los pasos de montaña en el límite de la provincia. De esta forma, Cantabria, segura aliada en los planes de los sublevados, consolidó el frente republicano de la cornisa cantábrica junto a Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya.
El 20 de julio se produjo un tiroteo en Saro entre derechistas locales y milicianos forasteros (dos izquierdistas resultaron heridos de gravedad, muriendo uno más tarde; los derechistas se echaron al monte). Por otra parte, en Reinosa fueron interceptados tres falangistas de Torrelavega que se dirigían a Burgos para conseguir el bando publicado por la Capitanía de esta ciudad para entregárselo al coronel Argüelles; tras un tiroteo murieron dos de los falangistas, siendo herido y apresado el tercero.
El 21 de julio llegó la noticia de la organización de una columna armada que se dirigiría hacia Burgos para frenar una columna rebelde que supuestamente se dirigía a Santander. Mientras, la UGT y la CNT declararon la huelga general que paralizó la vida ciudadana. Por la tarde llegaron noticias desde Reinosa, donde habían muerto el alcalde socialista y 18 guardias civiles. En Potes una columna de milicianos de Santander fue rechazada por falangistas. Más de una docena de falangistas de un grupo que se había concentrado en Castro-Urdiales, ante el fracaso de la sublevación, se echaron al monte en Guriezo y Sámano, donde murieron tres de ellos en un enfrentamiento con carabineros y milicianos castreños que iban a detenerlos
El 22 de julio partieron de Santoña 150 soldados al mando de García Vayas hacia Santander. A su vez, el coronel Argüelles ordenó a las fuerzas derechistas que fueran al cuartel del Regimiento Valencia para ser armadas. Sin embargo, en una jugada maestra, Olazarán consiguió que Argüelles cediera el mando del regimiento a García Vayas confeccionando una falsa orden del Ministerio de la Guerra, orden que el coronel Argüelles acató. Los falangistas abandonaron Potes rumbo a Palencia y los milicianos entraron en la villa.
El 25 de julio García Vayas tomó el mando del cuartel del Alta, asegurando para la República una provincia con la que los golpistas contaban de antemano; tan solo pueblos aislados de Valderredible como Espinosa de Bricia quedaron en manos rebeldes, mientras que las autoridades de Santander controlaron zonas del Norte de Castilla: de hecho se dieron pequeños combates en las zonas de Aguilar de Campoo (Palencia) y Medina de Pomar (Burgos).
Los sublevados tenían confianza en el triunfo, pues se veían favorecidos por una prensa parcial, profundamente católica y conservadora, como eran los periódicos de El Diario Montañés (incautado el 20 de julio de 1936) y La Atalaya, además del apoyo de los sectores conservadores de la población.
La vida colectiva se desarrolló sin cambios aparentes, continuaron los espectáculos públicos en la capital, solamente requisas de coches, la incautación de la SAM, el traspaso de la dirección de los periódicos a comités obreros y las detenciones de personas sospechosas proclives a la sublevación que llenaron la Prisión Provincial, el Penal de El Dueso, más el buque Alfonso Pérez, habilitado nuevamente como barco-prisión (ya lo había sido después de la Revolución de Asturias de 1934), determinaron los acontecimientos relevantes tras la sublevación del 18 de julio. Siendo asesinadas numerosas personas por el simple hecho de ser de derechas.
El 27 de julio el Frente Popular designó en su seno un Comité de Guerra para centralizar las actuaciones que se llevasen a cabo en la provincia. Sus primeras acciones se dirigirían a detener los actos de los 'incontrolados'.
Con el nombramiento de Olazarán como gobernador civil el 11 de agosto de 1936 comenzó un proceso de reconstrucción de la autoridad, que se había deslizado fuera de los cauces tradicionales. A mediados de agosto se creó un sistema mixto para la administración de la provincia, basado en el Frente Popular y el Comité de Guerra. Durante este mes se alcanzó la cifra de 1100 detenidos en la provincia, para los que los centros de detención resultaron insuficientes, habilitándose el buque Alfonso Pérez en el puerto de Santander.
Para finales de agosto, la región contaba con unos 800 voluntarios divididos en cinco columnas: la columna del Puerto de Los Tornos (300 hombres al mando de José Villarías); la columna del Portillo de La Sía (al mando de Cieza, comunista); la columna del Puerto del Escudo (unos 100 hombres); la columna de Reinosa (unos 200 hombres al mando de Navamuel); y la columna de Potes (compuesta por unos 150 hombres).
El 7 de septiembre las funciones militares pasaron a depender de la Comisaría de Defensa de Bruno Alonso. Ya a mediados de septiembre comenzó el racionamiento, forzado por el bloqueo naval de la flota franquista en el Mar Cantábrico y agudizado por los refugiados procedentes de la provincia de Burgos y de la de Palencia.
En septiembre y octubre fuerzas de la región (parte de ellas regulares del Regimiento Valencia) combatieron cerca de Éibar y en Oviedo. A finales de octubre unos 3000 hombres se situaron en el frente provincial.
A mediados de octubre, según noticia publicada en El Cantábrico el día 21, las autoridades crearon una zona internacional bajo protección diplomática cerca de Suances, habilitando un hotel al que se rodeó con una tapia y alambre de espino en la carretera del faro, y que fue custodiado por la Guardia de Asalto. En él se refugiaron ciudadanos de Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Checoslovaquia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, México, Perú, Reino Unido, Suiza, Uruguay y Venezuela, así como españoles derechistas.
A mediados de noviembre, se encargó de la defensa de la provincia al II Cuerpo de Ejército (parte del Ejército del Norte), al mando del teniente coronel García Vayas. Para finales de año, unos 16 000 hombres se encargaron de la defensa de la provincia, encuadrados en diferentes unidades militarizadas.
En el mes de diciembre, el ejército republicano lanzó una ofensiva en territorio burgalés cuyo objetivo era alcanzar la línea Orbaneja del Castillo-Logroño, pero la operación fue desbaratada.
La quietud de la ciudadanía cántabra en este primer año de Guerra Civil se vio ocasionalmente interrumpida por las incursiones de la aviación franquista, siendo la más grave la realizada el 27 de diciembre de 1936 por 18 aviones, que produjo 67 muertos entre población civil inocente. Como represalia, ese mismo día fueron asesinados por un grupo de milicianos 156 presos falangistas y requetés del Alfonso Pérez, el barco que se habilitó como prisión en la dársena de Maliaño.
El 8 de febrero de 1937, el Consejo Interprovincial de Cantabria, Palencia y Burgos sustituyó a la Junta de Defensa de Cantabria.
El 29 de marzo, el ejército republicano lanzó una ofensiva cuyo objetivo era el páramo de La Lora, cortando las comunicaciones entre Burgos y el frente de Vizcaya. Lorilla y Sargentes de la Lora (Burgos) cayeron en manos republicanas.
Pero con la entrada de la primavera de 1937, la situación cambió radicalmente. El general Franco, al demorar la toma de Madrid, dirigió su estrategia hacia el reducto republicano del Norte, importante por su potencia industrial y para unificar la línea de frentes.
La campaña del Norte se desarrolló entre abril y noviembre de 1937 y tuvo como fecha decisiva la rotura del cinturón de hierro con la caída de Bilbao, el 19 de junio. Ello trajo consigo una masiva afluencia de milicianos vascos a Santander, que puso al descubierto la escasez de abastecimientos para la población, no solo por el número de personas llegadas (en torno a unos 160 000), sino también por el bloqueo naval de la armada franquista, que dificultaba la principal vía de aprovisionamiento de víveres. Dicha escasez afectó no solo a los alimentos, sino a todo tipo de mercancías; así, ante la falta de papel y tinta, el 27 de junio las autoridades suspendieron los tres periódicos regionales supervivientes (El Cantábrico, El Diario Montañés y La Voz de Cantabria) y crearon una sola cabecera, La República, que salió a la calle entre el 29 de junio y el 24 de agosto de 1937.
Sin embargo, el bloqueo costó a la flota sublevada el acorazado España, que el 30 de abril de 1937 se fue a pique a la altura de la punta de Langre, al chocar, según la hipótesis más verosímil, contra una mina submarina colocada por la propia marina franquista. El pecio se halla a 75 m de profundidad.
Surgió una nueva ofensiva republicana en la provincia de Burgos, del 2 al 5 de mayo, cuyo objetivo era conquistar el saliente de Bricia y lograr el control de la carretera Santander-Burgos, pero finalizó nuevamente en fracaso.
El 21 de junio la aviación franquista bombardeó Alceda, donde mató a varios carabineros y a un civil. A finales de junio de 1937, se reorganizó el Ejército del Norte, y el encargado de la defensa de la provincia fue el XV Cuerpo de Ejército de García Vayas, compuesto por las divisiones 52, 53, 54, y 55.
Durante el mes de agosto y hasta principios de septiembre, se suceden las diversas operaciones militares en la región cántabra, con el consiguiente avance de las tropas franquistas.
La batalla de Brunete acabó a finales de julio y el general Franco, deseoso de finalizar el episodio del Norte, recuperó para este frente las unidades que había desplazado a las operaciones del centro. La ofensiva era eminente. El 6 de agosto, un decreto creaba en Santander la Junta Delegada del Gobierno en el Norte, presidida por el general Mariano Gamir Ulibarri, máximo responsable militar, y compuesta por un representante de los Gobiernos de Euskadi, Asturias y Cantabria. Se trataba así de coordinar las acciones de defensa. En este tiempo, unido a la falta de alimentos, los habitantes de la capital sufrían ataques aéreos regulares, mucho más frecuentes que el año anterior, y se les animaba desde la prensa local a una febril tarea de fortificación. A la vez, se procedía a la evacuación por mar de refugiados vascos con destino a Francia. Este mismo día las fuerzas aéreas republicanas pierden 12 cazas en una batalla aérea sobre Torrelavega. El 13 de agosto la aviación rebelde bombardea con bombas incendiarias Vegaloscorrales (San Pedro del Romeral), matando a una mujer y un niño.
Cuatro son los cuerpos de Ejército que defienden el territorio: El XIV, formado con lo que quedaba del Ejército de Euskadi; el XV con mayoría de cántabros, junto al XVI y XVII asturianos. En frente, a las órdenes del general Dávila, se desplegaron seis brigadas de Navarra, dos de Castilla, además de las fuerzas italianas, cifradas en tres divisiones y una brigada. El 14 de agosto de 1937 comenzaron las operaciones.
El primer objetivo de la ofensiva franquista fue Reinosa, cuya importancia radicaba en la factoría de armas, Constructora Naval y en el control del núcleo ferroviario de Mataporquera. Se consiguió la estrangulación de la bolsa del Alto Ebro, por medio de un doble ataque en sus extremos Nordeste y Noroeste. La maniobra fue rápida, el 15 se apoderaron de la factoría, intacta por la negativa de sus obreros a destruirla. El 16 se entró en la localidad de Reinosa. La localidad de Luena sufrió en su suelo la batalla por el control del Puerto del Escudo (14 al 17 de agosto de 1937) en la que la División 23 de Marzo italiana venció a la División 55 Montañesa de Choque. El día 18 los italianos alcanzan la capital municipal, San Miguel de Luena. En las proximidades del alto del puerto está situado el Monumento a los italianos muertos en los combates.
Las operaciones siguientes llevaron dos direcciones, una sur-norte, profundizando en perpendicular a la línea costera a través de los Valles de Saja, Pas y Besaya, con un objetivo claro, Torrelavega.
La otra punta de lanza, procedente del Oeste, pretendió alcanzar los ríos Agüera y Asón. Dado el momento crítico que se vivía, el 22 de agosto se reunieron los representantes de la Junta Delegada del Gobierno para estudiar las dos alternativas posibles: la retirada del Ejército hacia Asturias, o el repliegue a la capital, Santander, manteniendo las comunicaciones con el Principado. Al final se decidió replegarse y resistir en Santander por un plazo de 72 horas, al comprometerse Indalecio Prieto, ministro de Guerra, a realizar una ofensiva de diversión en otro frente en menos de tres días. Sin embargo, Torrelavega fue ocupada el día 24 de agosto, y de inmediato cayó Barreda, quedando cortadas las comunicaciones terrestres con Asturias. Ese mismo día el comandante de la División 54, Eloy Fernández Navamuel, sale en avión en dirección a Francia.
El 25 de agosto las fuerzas republicanas que aún permanecían en la capital cántabra se rinden. El general Gámir dio la orden de retirada, que solo se pudo efectuar por mar o por aire. En la madrugada del día 26 de agosto de 1937, momentos antes de que entrasen en Santander soldados de la IV brigada de Navarra y de la División "Littorio", bajo el recibimiento de una población mayoritariamente partidaria del bando nacional, habían partido de la bahía las más destacadas autoridades civiles y militares. Las fuerzas italianas entran en la capital al mediodía, llegando hasta El Sardinero.
Los dirigentes y combatientes republicanos habían vivido 48 horas de inquietud en el puerto de Santander, marcadas por la obsesión de encontrar plaza libre en cualquier barco que saliese para Asturias, con la esperanza de no ser interceptados por los franquistas.
El pacto de Santoña fue un acuerdo firmado el 24 de agosto de 1937 durante la caída del Frente Norte en la población de Guriezo, próxima a Santoña, entre dirigentes políticos y militares republicanos vinculados al Partido Nacionalista Vasco y fuerzas italianas del bando sublevado. Este suceso llegaría a alcanzar gran trascendencia política e ideológica décadas después, siendo fuente de un minucioso análisis.
En Santoña se fueron concentrando, por orden del Partido Nacionalista Vasco (PNV), tres batallones vascos ligados a este partido que habían abandonado sus posiciones y a los que posteriormente se sumarían otros doce.
Desde la primavera, antes de la caída de Bilbao y de las últimas plazas que controlaba el gobierno vasco, Juan de Ajuriaguerra, presidente del Bizkai Buru Batzar, había estado negociando, durante varios meses, un acuerdo de rendición con el gobierno italiano en Roma. Una figura importante en este sería el padre Alberto Onaindía, el cual se había reunido en secreto con el coronel italiano di Carlo cerca de Algorta (Vizcaya), el 25 de junio. Fruto de este encuentro surgió un viaje del militar a Roma para dar explicaciones sobre el problema vasco al ministro de Asuntos Exteriores italiano, Galeazzo Ciano.
En estas circunstancias se llegó a un acuerdo a espaldas del gobierno de la República, en Valencia en esos momentos, por el que el Ejército Vasco se rendiría, entregando sus armas a los italianos, a cambio de que respetasen la vida de sus soldados y fueran considerados prisioneros de guerra bajo la soberanía italiana, permitiendo evacuar a los dirigentes políticos, funcionarios vascos y a los oficiales que lo deseasen por mar. En aquel momento los vascos aceptaron la rendición sin ulteriores condiciones, aunque trataron inútilmente de conseguir unas mayores garantías del coronel Farina, jefe del estado mayor de las fuerzas italianas. Así las cosas los italianos entraron en Santoña y se hicieron cargo de la administración civil.
El 26 de agosto habían entrado al puerto santoñés los buques mercantes ingleses Bobie y Seven Seas Spray procedentes de Bayona (Francia) bajo la protección del destructor inglés Keith. Comienza de inmediato el embarque de refugiados con pasaporte vasco. A las 10 de la mañana enterado el general Dávila manda la urgente suspensión de la operación y ordena el desembarque. Únicamente el mercante Bobie abandona el puerto con 533 heridos a bordo escoltado por el destructor inglés Keith.
El pacto no llegó a su término, en parte debido al retraso de la llegada de los buques de evacuación y al ser desautorizado finalmente por el alto mando español, que ordenó inmediatamente el internamiento de los republicanos en la prisión de El Dueso. Hacia el mes de noviembre del año 1937, cerca de 11 000 gudaris habían sido puestos en libertad, 5400 estaban integrados en batallones de trabajo, 5600 en prisión y se habían dictado 510 sentencias de muerte. A pesar de estas cifras, la represión no alcanzó en esta zona la dureza aplicada en otras regiones de España.
Las razones de esta postura no están aún claras. Una hipótesis es que la pérdida del territorio privó de motivos para luchar al ejército autonómico, aunque sus dirigentes arguyeron la responsabilidad del gobierno de la República al no haberles enviado aviones para hacer frente a la ofensiva franquista. No obstante, no parece factible que Indalecio Prieto, ministro de defensa republicano por aquel entonces y muy ligado a Bilbao, no brindara los recursos necesarios para impedir la caída de la ciudad y de su Cinturón de Hierro.
A finales de agosto de 1937, el bando sublevado ya había ocupado casi la totalidad de Cantabria, quedando prácticamente finalizadas las operaciones militares el día 1 de septiembre con la ocupación de Unquera (Val de San Vicente) en la desembocadura del río Deva. Solo restaba por conquistar los valles de Tudanca y Liébana, que se ocuparían en la primera mitad de septiembre (Potes el día 2, Cosgaya y Vega de Liébana el 3 y Tresviso, el último reducto republicano, el día 17).
Las principales razones de esta derrota militar radican en la neta superioridad del ejército del general Franco en artillería (contando con el apoyo por mar del acorazado "España" acompañado del Velasco) y aviación, unidas a la escasez de mandos profesionales, la desmoralización y la falta de provisiones y alimentos no solo por el bloqueo naval, sino por el aislamiento de la región respecto al resto de zonas aún bajo control del gobierno republicano. A los comprometidos republicanos les esperaba un futuro incierto, puesto de manifiesto en las reiteradas órdenes de búsqueda y captura o las innumerables citaciones públicas para su comparecencia en los Tribunales Militares.
La Comisión Gestora estuvo presidida por Juan Ruiz Olazarán del 17 de agosto de 1936 hasta el 1 de febrero de 1937. El día 8 de febrero se levantó acta de constitución del Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos, verdadero órgano de autogobierno regional, presidido por el delegado de gobierno, Juan Ruiz Olazarán. Al constituirse el Consejo, quedó disuelta la Comisión Gestora Provincial, asumiendo éste las competencias de la Diputación Provincial.
Conquistada la entonces provincia de Santander por las tropas sublevadas, se reinstaura la Comisión Gestora Provincial, el 8 de septiembre de 1937, siendo designado para presidirla Eduardo González-Camino Bolívar. Su primera decisión fue declarar nulos los acuerdos de la Comisión Gestora anterior y los del Consejo Interprovincial. A finales de 1938 dimite, y el 20 de febrero de 1939 se nombra por el Gobernador Civil, Francisco Moreno y Herrera, marqués de Eliseda, nueva Comisión Gestora, presidida por Miguel Quijano de la Colina.
El golpe de Estado y los sucesos subsiguientes provocaron el colapso de las instituciones republicanas y la creación de un vacío de poder que derivó en una ola de violencia por todo el país. Violencia que mostró doble faz: la que protagonizaron grupos de incontrolados, trufada de querellas y venganzas personales o de clase (organizaciones de derecha e izquierda que se arrogaron la autoridad desaparecida con el hundimiento de la República, muchas de ellas integradas por militantes de última hora que se arroparon bajo sus siglas para su propio provecho) y la que ejecutaron las nuevas autoridades emanadas de la guerra en ambos bandos.
Cantabria sufrió la violencia de ambos tipos y por parte de los dos bandos: tras la confusión de los primeros días sobre el resultado del golpe, que provocó diversos enfrentamientos y represalias, y hasta agosto de 1937 el poder y el monopolio de la violencia estuvo en manos de las nuevas autoridades republicanas; con la victoria de los sublevados la situación se invierte.
Las cifras de las víctimas en la región, a día de hoy y sin un estudio sistemático, solo pueden ser provisionales y meramente aproximativas.
Más estudiada (en el período inmediatamente posterior a la contienda, como parte de la causa general lanzada contra el bando perdedor), se calculan unos 1516 muertos (Causa General: archivo 1582, expediente 1-3) y 343 desaparecidos, con un total de 4500 encarcelados, integrados principalmente por eclesiásticos, falangistas, militares, policías, labradores y clases medias (comerciantes y empleados), integrantes o simpatizantes derechistas, o únicamente católicos, mayoritariamente varones entre los 25 y los 29 años. Podemos distinguir tres fases:
Provocó unos 2500 muertos, 1300 de ellos ejecutados por consejos de guerra y el resto de manera incontrolada o clandestina. Los presos eran cargados en sacas de la cárcel, o convocados civilmente en ayuntamientos por el nuevo poder (como en Carasa, en el ayuntamiento de Voto por ejemplo), llevados al cementerio de Ciriego de noche y directamente ejecutados contra una pared de piedra del cementerio. Luego eran enterrados en fosas comunes de manera anónima. En Ciriego existe hoy una serie de 10 monolitos con 100 víctimas en cada una de ellas con un total de 1000 víctimas enterradas solamente allí. La represión se centró en obreros, labradores, maestros y comerciantes, en mayoría miembros con cargos de organizaciones de izquierda (alcaldes y consejeros municipales "rojos"), o solamente simpatizantes de izquierdas, de entre 30 y 34 años de media (un 66 % de ellos casados). La mayoría de las acusaciones fueron por razones políticas como indican los centenares de cartas familiares de condenados a muerte. Los cargos analizados en los actas de condena de los consejos de guerra (de Santoña por ejemplo) demuestran muy poca solidez, con una letanía de acusaciones ficticias que solían repetirse : saqueo y robo de iglesias, requisas, participaciones en toda clase de barbaridades, con el fin de ocultar el carácter político de la ejecución en la inmensa mayoría de los casos. La represión atravesó tres etapas:
Otros personajes relevantes de la guerra nacidos en Cantabria no tomaron parte en la misma en su región natal, pero sí en otras zonas de España durante el conflicto bélico:
Al igual que en el resto de España, en Cantabria, aquellos que escogieron esta forma de lucha de guerrillas buscaron las zonas más propicias de la geografía cántabra para emboscarse y subsistir. Los maquis en Cantabria actuaron en las zonas de Liébana, Campoo, Miera, zona pasiega, montes de Los Carabeos y, esporádicamente, en lugares enclavados en Herrerías, Valdáliga, Santa María de Cayón, Villaescusa, entre otros.
Esta forma de lucha armada quedó extinguida con la muerte de los maquis conocidos por los sobrenombres de Juanín y Bedoya, fallecidos tras los enfrentamientos con fuerzas de la Guardia Civil en abril y diciembre del año 1957, respectivamente. Otros maquis cántabros fueron Tampa, Rada, el Ferroviario, el Cariñoso, Gildo, el Machado, el Gitano, el Vasco, el Joselón y el Practicante.
Las vidas, las incógnitas y las distintas historias que se han contado sobre Juan Fernández Ayala (Juanín) y su compañero Francisco Bedoya (Paco Bedoya), fueron recopiladas y plasmadas en la obra Juanín y Bedoya. Los últimos guerrilleros (2007) escrita por el investigador cántabro Antonio Brevers.
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