Historia de las islas Malvinas
Las islas Malvinas son un archipiélago localizado en en el mar argentino, océano Atlántico Sur, a una distancia mínima de la Patagonia de 341 km. Según la ONU, constituyen un territorio en disputa entre la República Argentina y el Reino Unido, quien en 1833 las tomó por la fuerza y las administró como un Territorio británico de ultramar.
Américo Vespucio ha sido señalado como el descubridor de las islas en el viaje al servicio de Portugal iniciado en Lisboa en mayo de 1501 dirigido por Gonzalo Coelho, del cual tomó el mando a los 32° S. La hipótesis se basa en una carta a Piero Soderini, fechada en Lisboa a 4 de septiembre de 1504 y denominada Lettera di Amerigo Vespucci delle isole nuovamente trovate in quatro suoi viaggi, en la que señala haber avistado tierra a los 52° S. Sin embargo en una carta anterior a su protector, Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis, fechada en 1502 y conocida como Mundus Novus, Vespucio mencionaba que tras haber alcanzado los 50° S pero sin tener la costa a la vista, había decidido retornar a Portugal.
La abundante cartografía inmediatamente posterior a 1520 sugiere que las Malvinas fueron avistadas por miembros de la expedición de Fernando de Magallanes al servicio del rey de España. La versión más difundida afirma que el descubridor del archipiélago fue Esteban Gómez, piloto de la nave San Antón o San Antonio, cuyo nombre dio origen al de las islas. Tras sublevarse contra Magallanes el 1 de noviembre de 1520, Gómez regresó a España por la ruta de Guinea. Fue sometido a un juicio en donde no se halla ninguna mención que pueda atribuirse a las Malvinas. Otra versión atribuye el descubrimiento al barco Victoria, que fue enviado por Magallanes a rastrear al San Antón en aguas del Atlántico.
El capitán Pedro de Vera con la nave Anunciada desertó de la expedición de García Jofre de Loaisa a la altura del río Santa Cruz, con el propósito de navegar hacia las Molucas por el cabo de Buena Esperanza, pero no volvió a saberse nada de esta nave. Por la ruta que debió tomar, algunos historiadores han creído que pudo avistar las islas Malvinas.
El comendador Simón de Alcazaba y Sotomayor partió de España con dos naves el 21 de septiembre de 1534. La nave San Pedro, al mando de Rodrigo Martínez, fue separada de la Madre de Dios por una tormenta a la altura del Río de la Plata y volvieron a encontrarse el 17 de enero de 1535 en el cabo Vírgenes, hecho que es relatado por Alonso Vehedor mencionando unas islas.
Posteriormente las fuentes peninsulares acreditan que una nave de la expedición comandada por fray Francisco de Ribera, cuya expedición había sido armada por el obispo católico de Plasencia, Gutierre de Vargas y Carvajal, hizo toma de posesión del archipiélago para España el 4 de febrero de 1540. Afirman también que luego invernó en las islas para finalmente partir de regreso a España en diciembre.
El Reino Unido sostiene que el inglés John Davis descubrió las islas Malvinas el 14 de agosto de 1592, después de que con el barco Desire desertara de la segunda expedición corsaria de Thomas Cavendish.
Otra hipótesis británica afirma que el corsario inglés Richard Hawkins, al mando de la Dainty, descubrió las Malvinas a principios de febrero de 1574, bautizándolas como "Hawkins' Maiden Land" (tierra virgen de hawkins). El nombre fue dado en honor a la reina Isabel I, también apodada la reina virgen.
El primer avistaje de las Malvinas que no tiene objeciones y que fue fehacientemente acreditado en la cartografía inmediatamente posterior, fue realizado por el capitán neerlandés Sebald de Weert, quien avistara las islas Sebaldes (parte del archipiélago de las Malvinas), razón por la que los mapas neerlandeses mantuvieron hasta fines del siglo XIX la denominación islas Sebald o Sebaldinas para las Malvinas. La nave de De Weert, la Gelof, formaba parte de una expedición de cinco barcos que había partido de Holanda en 1598 al mando de Jakob Mahu, que al morir fue reemplazado por Simón de Cordes. Una fuerte tormenta dispersó a las naves en el estrecho de Magallanes, por lo que De Weert decidió regresar a Europa. El 24 de enero de 1600 avistó tres islas sobre latitud 50° 40' S y a 60 leguas holandesas de la costa (equivalentes a 70 leguas españolas). De Weert no intentó desembarcar pues su nave había perdido todos sus botes en la borrasca.
De Weert llegó a Holanda el 14 de julio de 1600 y a partir de entonces las islas se encuentran en los mapas náuticos de ese país.
La expedición comandada por Jakob LeMaire confirmó la existencia de las islas el día 18 de enero de 1616 al reconocerlas como las Sebaldinas. Había partido de Ámsterdam con los barcos Eendracht y Hoorn, al mando de los hermanos Willem y Jan Schouten respectivamente, con el objetivo secreto de encontrar un paso alternativo al Estrecho de Magallanes.
Otro corsario inglés, William Ambrose Cowley, quien viajaba en una expedición al Pacífico en el Bachelor's Delight, bajo el mando de John Cook, publicó en enero de 1684 un diario de viaje, en el que señala la presencia de:
El marino inglés William Dampier, compañero de viaje de Cowley, interpretó que la presunta isla era parte de las Sebaldinas. que fue buscada infructuosamente por varios navegantes, entre ellos John Byron, James Cook y George Anson. Este último, en medio de una frustración creciente, se quejaba en 1774 por:
El reporte de Cowley encendió el interés británico por esa región del mundo. En 1748 España logró frustrar una expedición británica para buscar la isla Pepys y reconocer las Malvinas.
El 27 de enero de 1690, una expedición británica comandada por el capitán John Strong en la nave Welfare (o Farewell) navegó entre las dos islas principales, bautizando el pasaje como Falkland Channel (actualmente Falkland Sound o estrecho de San Carlos), en honor de Anthony Cary, quinto vizconde de Falkland, el cual, como comisionado del Almirantazgo Británico, había financiado el viaje. Muchos años después los británicos extendieron este nombre a todo el archipiélago. Strong había partido de Inglaterra en octubre de 1689 con destino a los puertos chilenos y peruanos del Pacífico, en los cuales pretendía comerciar, pero fue expulsado de ellos.
Desembarcó el día 28 de enero a fin de aprovisionar sus bodegas con focas y pingüinos. Como no hubo toma de posesión formal, reclamación de títulos ni ocupación, Goebel afirma que este desembarco no tuvo consecuencia legal alguna. Gustafson señala que en los siguientes setenta y seis años no hubo ocupación permanente de las islas y coincide con Goebel en que la expedición de Strong no acarreó ventajas legales para Inglaterra.
De ese mismo año data el mapa neerlandés Orbister Rarum Nova et Accurata Tabula de Gerard y de Leonard Valk, apareciendo por primera vez el nombre Falkland.
En el período desde 1616 hasta 1764, las islas fueron reavistadas por navegantes holandeses, españoles, franceses e ingleses. A principios del siglo XVIII los franceses organizaron sucesivos viajes de exploración a las Malvinas. Mejoraron el conocimiento cartográfico del área y reconocieron su importancia como base de reaprovisionamiento para largas travesías. Como gran parte de estas expediciones partían de Saint-Maló, las islas fueron bautizadas por los marinos como Malouines. Fueron justamente los franceses los primeros en ocuparlas en forma permanente a partir de 1764. Los ocasionales desembarcos de las otras potencias se limitaron a la provisión de víveres, y fueron de duración breve.
Luego de la catastrófica derrota francesa en la Guerra de los Siete Años, en la que perdió casi todo su imperio colonial a manos de los ingleses, Francia emprendió la reconstrucción de su poder imperial y, a expensas de España, consideró colonizar las Malvinas, como parte de una estrategia más amplia. Louis Antoine de Bougainville, quien había estudiado rias de los navegantes que exploraron el área, fundó la Compagnie de Saint-Maló destinada a financiar la expedición y ocupar las islas en nombre del rey. Pensaba colonizarlas con algunos de los 18.000 acadienses que habían sido deportados por rehusarse a jurar lealtad a la corona británica.
Bougainville zarpó de Saint Maló el 15 de septiembre de 1763 con dos naves, en una de las cuales viajaban tres familias de la mencionada región canadiense, quienes se habían refugiado en Bretaña. La fragata Aigle y la corbeta Sphinx tuvieron como capitanes a Nicolas Pierre Duclos-Guyot y a François Chenard de la Giraudais respectivamente. El 31 de enero de 1764 arribaron a las islas, a las que nombró Illes Malouines. El 17 de marzo fundó una colonia en la isla Soledad, a la que llamó Port Saint-Louis y el 5 de abril de 1764 tomó posesión formal del territorio en nombre de Luis XV.
El 8 de abril regresó a Francia y volvió a las islas Malvinas el 5 de enero de 1765 a bordo de la Aigle llevando un nuevo grupo de acadienses.
La corte española reclamó inmediatamente ante Francia, aduciendo que las islas eran una dependencia del continente de la América Meridional, iniciándose negociaciones en septiembre de 1764. Esta accedió rápidamente a la protesta, sugiriendo que España negociase directamente con Bougainville, que se hallaba de nuevo en Europa, pues había partido de las islas el 25 de abril de 1765. El navegante reconoció la ilegalidad del establecimiento y aceptó una indemnización española en concepto de resarcimiento por el abandono de las instalaciones y materiales; a partir de este momento los franceses depusieron cualquier tipo de reclamo sobre la soberanía del archipiélago.
Bougainville, en su Viaje alrededor del mundo da más detalles sobre el particular:
En el recibo extendido por Bougainville, reconoce expresamente que se había establecido en territorio español:
El pago se realizó en concepto de indemnización a una empresa privada, la Compagnie de Saint-Maló, por lo que no se trató de una compra de las islas a Francia. El reconocimiento francés a la soberanía española de las islas aumentó los derechos jurídicos de España sobre ellas.
El primer día de abril de 1767 España recibió formalmente las islas en Port Saint-Louis, quedando los ciento quince colonos franceses bajo el gobierno de Felipe Ruiz Puente, que había arribado al archipiélago con las fragatas Liebre y Esmeralda, siendo acompañado desde Montevideo por Bougainville en la fragata La Boudeuse.
Esta nueva colonia pasó a depender administrativamente del Gobernador y Capitán General de Buenos Aires, en aquel tiempo Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa y fue renombrada como Puerto Soledad.
Cuando Lord George Anson regresó a Inglaterra después de su expedición de piratería alrededor del mundo en 1744 propuso establecer una base en las Malvinas. En 1745 el embajador español en Londres tomó conocimiento de que se estaba preparando una expedición para ocupar las islas, efectuándose una protesta diplomática. El gobierno británico respondió que sus navegantes las habían descubierto y que las visitaron en el siglo XVI. España respondió que las islas eran adyacentes al continente americano y que también sus navegantes las visitaron en el mismo siglo, por lo que la expedición fue paralizada.
La corona británica, consciente de que las islas abrían parte del océano Pacífico a sus intereses comerciales, organizó una expedición que fue preparada en secreto para evitar los reclamos españoles. Según consta en los mismos documentos ingleses, en el Reino Unido se informó que la expedición se dirigía a las Indias Orientales, aunque esto se trataba de una ficción (a blind). El verdadero destino fue revelado a los tripulantes recién el 22 de octubre, antes de abandonar Río de Janeiro. A su mando, el comodoro John Byron arribó a las islas en enero de 1765 —un año después del desembarco francés— y estableció una base temporaria a la que nombró como Port Egmont en homenaje al Lord del Almirantazgo conde de Egmont, ubicada en el paraje previamente bautizado por Bougainville como Poil de la Croisade y llamado por los españoles Puerto de la Cruzada, sobre la isla conocida por estos como Trinidad (la principal de las Sebaldinas), que fue renombrada como isla Jason en honor al nombre del barco de Byron. Este reclamó las tierras para la corona británica, aunque no registró la fecha del hecho:
Debido al entusiasta reporte de Byron, Inglaterra decidió enviar otra expedición para establecer una base permanente; este segundo envío británico arribó a Puerto Egmont el 8 de enero de 1766, comandado por el capitán John Macbride. En marzo de 1766 los ingleses advirtieron la presencia de naves francesas en la zona. Para el 2 de diciembre de 1766, ambos ocupantes conocían la presencia del otro, y Macbride intimó sin resultado la evacuación de Port Louis sin delatar el emplazamiento de Port Egmont.
En vista de la situación, y luego de la retirada francesa, la corte española ordenó expulsar cualquier asentamiento británico en el área.
Fueron enviados barcos españoles en busca del establecimiento británico. El capitán de fragata Domingo Perler, a bordo del chambequín Andaluz, salió de Montevideo el 23 de diciembre de 1768 y el teniente de navío Francisco Gil y Lemos zarpó de Buenos Aires en diciembre de 1768 en la fragata Santa Rosa, ambos sin resultado. En febrero de 1770, la fragata española Santa Catalina, al mando del capitán de fragata Fernando de Rubalcava, localizó finalmente Puerto Egmont; hubo un intercambio de acusaciones pero las hostilidades no pasaron de ese punto. Sin embargo España organizó desde Montevideo una flotilla al mando de Juan Ignacio de Madariaga, con órdenes de desalojar a los ingleses. La formaban las fragatas Industria, Santa Bárbara, Santa Catalina y Santa Rosa y el chambequín Andaluz, que zarparon de Montevideo el 11 de mayo de 1770. El 4 de junio el escuadrón español se presentó ante Puerto Egmont y tras intercambiar mensajes con los ingleses y no obtener una respuesta favorable decidió proceder al desalojo: Puerto Egmont se rindió el día 10, luego de algunos disparos.
Inglaterra interpretó la acción española como una afrenta al honor nacional, y reaccionó enérgicamente; al poco tiempo, el conflicto amenazaba con desembocar en una guerra. Francia estaba atada a España por el Pacto de Familia, por lo que debía apoyarla ante un eventual esfuerzo bélico; sin embargo su actitud se limitó a la retórica: recomendó al rey de España, Carlos III, que aceptara el compromiso de permitir a Inglaterra el reinstalarse en Puerto Egmont sin que esto significara un renunciamiento a los derechos españoles. El 22 de enero de 1771 los contendientes firmaron una declaración, en la que Su Majestad Católica se comprometía a:
Pero luego el texto agrega que:
La firma de esta declaración supuso una solución pasajera al conflicto, para algunos especialistas, empero, debilitó la posición de España. Metford, por ejemplo, sostiene que la acción española de restaurar el statu quo ha sido un factor de incomodidad entre los defensores del caso argentino. Sin embargo, relativiza el valor legal de ese argumento, al afirmar que el arreglo había reducido el problema a una situación de facto, en donde las consideraciones jurídicas no habían tenido ningún lugar. Además, agrega que la posterior evacuación británica de 1774 había resuelto el problema sin insistir en el aspecto legal.
Gustafson coincide en líneas generales. En su opinión, al recuperar Puerto Egmont Inglaterra había conseguido una suerte de tácito reconocimiento de sus derechos, por lo que el statu quo no había sido restaurado. Pero luego aclara que el inciso incluido en la declaración que afirma que "todas las cosas serán inmediatamente restauradas a la situación precisa en que estaban antes del 10 de junio de 1770" dejaría los derechos de fondo afuera de la discusión.
Existe una versión de los hechos que sostiene la existencia en la declaración bipartita antedicha de una cláusula secreta, privada y no oficial. Según este supuesto inciso, España concedería a Inglaterra la posibilidad de retornar a Port Egmont, para que esta pudiera, luego de un tiempo prudente, hacer una retirada honorable que salvara las apariencias y mantuviera el orgullo nacional intacto.
Goebel, por ejemplo, cree que esta promesa existió porque no sólo fue trasmitida a los embajadores de España y Francia por funcionarios gubernamentales de primera línea del gobierno de Inglaterra (como North y Rocheford) sino que además fue insinuada por el rey Jorge III en persona. Del lado británico al menos, no se ha hallado hasta el presente un testimonio escrito oficial que pruebe esta hipótesis, ni ha sido admitida en público por el gobierno. A pesar de ello la especie ha sido suscrita por numerosos historiadores de ambos bandos, según reconoce el mismo Foreign Office. Más aún, en un memorándum reservado interno esta institución admite que:
Con cláusula secreta o sin ella, tres años después, a fines de 1773, Inglaterra ordenó a sus oficiales en Port Egmont abandonar las islas Malvinas, lo cual fue cumplido el 22 de mayo de 1774. Antes de dejar las islas, fijaron una placa de plomo con la siguiente inscripción:
Esta placa fue removida en 1780, y llevada a Buenos Aires por el capitán Juan Pablo Callejas. Fue recuperada del archivo de la ciudad por William Beresford durante la invasión inglesa de 1806 al Río de la Plata, pero nunca llegó a Gran Bretaña y su paradero actual es desconocido.
El acuerdo público alcanzado por ambos países en 1771 fue duramente atacado por la oposición parlamentaria al gobierno británico, especialmente aquel inciso que establecía que la devolución de Port Egmont no afectaba los derechos españoles subyacentes.
Para defenderse, el gobierno encargó al eminente filósofo, ensayista y literato Samuel Johnson la redacción de un informe que explicara la postura gubernamental. Este documento —de carácter oficial y refrendado por el gobierno británico— es notable por muchos motivos:
Al asumir Felipe Ruiz Puente como primer gobernador español de las Malvinas, procedió a construir varios edificios comunes como cocinas y cuarteles, y una capilla consagrada a Nuestra Señora de la Soledad, nombre que reemplazó al topónimo francés del puerto y derivó finalmente en el de toda la isla.
En este Puerto de Nuestra Señora de La Soledad se radicó la sede de gobierno de la Gobernación de las Islas Malvinas (posteriormente Comandancia).
Tras la evacuación definitiva de Port Egmont, no hubo ningún otro intento de fundación inglesa, y la cuestión de la soberanía española no fue discutida nuevamente. A partir de ese momento, desde Puerto Soledad, España ejerció la administración absoluta e ininterrumpida del archipiélago —como dependencia del Virreinato del Río de la Plata— hasta febrero de 1811. Los sucesivos gobernadores de las islas (hubo 18 en total) cumplieron la tarea de inspeccionar regularmente las costas, en especial Puerto Egmont, para verificar que los británicos no se hubieran reinstalado; el lugar era habitualmente visitado por loberos y balleneros ingleses y norteamericanos. En 1780, en tiempos del apoyo español a los independentistas estadounidenses, el virrey Vértiz ordenó a uno de sus buques arrasar los restos del ex-asentamiento británico. La población de las islas estaba compuesta por oficiales, soldados y presidiarios, estos últimos pertenecientes a la cárcel instalada en 1780.[cita requerida]
El 25 de octubre de 1790 ambas potencias firmaron la primera de las tres Convenciones de Nutka o de San Lorenzo (también llamada de Nootka Sound), que puso fin a un inminente conflicto colonialista y que tendría importantes efectos positivos sobre los títulos legales españoles en las Malvinas. El artículo noveno establecía que:
Aquellos territorios ya ocupados permanecerían en statu quo Los británicos reconocían (sin nombrarlas) la soberanía española sobre las Islas Malvinas, tierras en las que España se hallaba oficialmente establecida desde 1767. Adicionalmente, Inglaterra renunciaba a establecer nuevas colonias en la región.
Este Tratado fue abrogado en octubre de 1795, cuando España declaró la guerra al Reino Unido, pero quedó ratificado nuevamente por el artículo 1º del Tratado de Amistad y Alianza entre Gran Bretaña y España del 5 de julio de 1814, rubricado en Madrid el 18 de agosto de 1814, refrendado una vez más por intermedio de una minuta de julio de 1811, y por un informe de febrero de 1928, siendo ambos documentos oficiales emanados del Foreign Office. En vista de los antecedentes mencionados, se afirma que a partir del momento en que los ingleses abandonaron Puerto Egmont, España ejerció soberanía plena en las Islas Malvinas y mares adyacentes, con plena aceptación de la corona británica. Por lo tanto, según la posición del gobierno británico en 1920, los títulos ingleses anteriores a 1774 habían perdido su validez en 1790.
A partir de este momento, los intentos del Reino Unido por legitimar la posterior ocupación de las Islas Malvinas en 1833 debían buscar sustento legal en otros argumentos.
La gobernación española hubo de terminar como resultado de la invasión napoléonica y de la guerra de la Independencia Argentina.
Tras los primeros conatos independentistas en el virreinato del Río de la Plata, el gobernador de Montevideo, Gaspar de Vigodet resolvió reunir todas las fuerzas militares de las que disponía a fin de enfrentar a los revolucionarios de Mayo, por lo que ordenó evacuar las Malvinas. En enero de 1811 España abandonó las islas con intenciones de volver luego de 37 años de ocupación indiscutida, dejando también placas en el campanario de la capilla y en los edificios principales, en las que afirmaba su soberanía sobre las islas:
La guarnición española de Puerto Soledad se traslada a Montevideo en 1811 a bordo del bergantín Gálvez con el fin de luchar contra el gobierno revolucionario de Buenos Aires. La orden firmada por Francisco Javier de Elío se transmite al Ministro de Estado de su Majestad el 18 de marzo de 1811. La resolución de retirar el destacamento español se toma el 8 de enero de 1811 en la Junta de Guerra presidida por Gaspar de Vigodet capitán general y gobernador de Montevideo. Se produjo la total despoblación de las Islas Malvinas.
Las Cortes de Cádiz aprobaron el 30 de marzo de 1812 el acuerdo de la Junta de Guerra de abandonar las islas.
Tras la partida de las tropas españolas, las islas quedaron despobladas. En los años siguientes fueron esporádicamente visitadas por foqueros y balleneros de diversas nacionalidades, que se limitaron a buscar refugio y víveres.[cita requerida]
El 25 de mayo de 1810 comenzó en lo fáctico la existencia de la Argentina independiente. Su primer gobierno, la Primera Junta, atendió los reclamos del hasta entonces comandante militar español en Malvinas, Gerardo Bordas, que en vez de dirigirse al virrey español, hizo petición al primer gobierno argentino, que le erogó los sueldos reclamados.[cita requerida] La Argentina proclamó oficialmente la independencia de la corona de España y "de toda otra dominación extranjera" en 1816, asumiendo la soberanía de las islas como legado de la corona Española, bajo el principio de uti possidetis. Este axioma definía, según los juristas de las naciones independizadas, la soberanía territorial con base en los antiguos límites administrativos coloniales de las respectivas metrópolis. La mayoría de los juristas europeos y estadounidenses, en cambio, no aceptan este principio.
En 1820 el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata tomó posesión formal de las islas enviando a la fragata Heroína al mando del coronel de origen estadounidense David Jewett. Este dio cumplimiento a las órdenes recibidas en un acto solemne el 6 de noviembre de 1820. Dado que el área estaba siendo ilegalmente explotada por balleneros provenientes en su mayoría del Reino Unido y de los Estados Unidos, la declaración que leyó estaba preparada en español e inglés; esta última versión había sido legalizada por el cónsul británico en Buenos Aires. A bordo de esta nave llegó a las islas la primera representación del gobierno argentino para establecer una colonia basada en penales; el primer gobernador de las islas fue Pablo Areguatí, quien llegó en 1823. Además se informaba a los buques extranjeros de la zona sobre la prohibición de pescar y cazar en las aguas jurisdiccionales argentinas; la violación de esta normativa implicaba que los infractores serían enviados a Buenos Aires para ser juzgados.
La noticia de la toma de posesión por la Argentina se difundió por el mundo, siendo publicada en España y en los Estados Unidos en agosto de 1821. Sin embargo este hecho no generó protesta alguna por parte de Gran Bretaña. Tampoco esgrimió ninguna objeción al firmarse el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con las Provincias Unidas en 1825, ni al reconocer la independencia argentina.
El gobierno concedió al mismo tiempo a la sociedad compuesta por Jorge Pacheco y Luis Vernet (nacido en Hamburgo, de familia de origen francesa), el derecho a pesca y a la explotación de ganado vacuno en la Isla Soledad. Tras un primer intento fallido, Vernet fundó en 1826 el primer establecimiento permanente de las Provincias Unidas en el archipiélago; sobre los restos de la antigua población fundó Puerto Luis. El gobierno argentino extendió la concesión a Pacheco y Vernet, otorgándoles el derecho exclusivo de caza y pesca en las aguas adyacentes a las islas. El 10 de junio de 1829 Vernet fue nombrado Comandante Político y Militar del archipiélago; fomentó la instalación de granjas, impulsó el negocio entre las islas y también mejoró los lazos que las unían a la Argentina continental. En 1830 nacieron en el archipiélago los primeros seres humanos malvinenses, entre ellos una hija del propio Luis Vernet: Malvina Vernet y Sáez, nacida el 5 de febrero de 1830.
Paralelamente, en Gran Bretaña algunos grupos empresariales habían comenzado a interesarse por las Malvinas. Por ejemplo, en julio de 1829 un financista de apellido Beckington envió una carta al primer ministro británico en la que solicitaba al gobierno de Su Majestad que se apoderara de las Islas Malvinas. En otra de sus cartas afirmaba la conveniencia de adueñarse:
Con la excusa del nombramiento de Vernet, el gobierno de Su Majestad reaccionó, y elevó una protesta al ministro de relaciones exteriores Tomás Guido el 19 de noviembre de 1831. En la carta, Inglaterra argumentaba que la evacuación de 1774 no había invalidado sus derechos, que —sostenía— Buenos Aires había ignorado.
Debido a la constante depredación de las colonias de focas, una de las primeras leyes de Vernet fue prohibir la caza de estos animales. Poco tiempo después tres pesqueros estadounidenses, el Harriet, el Breakwater y el Superior fueron apresados por las autoridades argentinas en las islas, acusados de contravenir dicha normativa. Los dos últimos barcos fueron liberados, pero el Harriet fue enviado a Buenos Aires junto con los documentos probatorios necesarios para el debido juicio. El mismo Luis Vernet y su familia acompañaron el envío, que arribó a Buenos Aires el 19 de noviembre de 1831. El cónsul de los Estados Unidos, George W. Slacum, presentó una queja al gobierno argentino por la captura y detención de los barcos norteamericanos, calificando las acciones de las autoridades rioplatenses como actos de piratería, argumentando el derecho del pueblo estadounidense de pescar donde le diera gana, y desconociendo pactos preexistentes entre naciones europeas por el control exclusivo de la pesca en el Atlántico Sur. Gran parte de los estudiosos asocian la rápida escalada de las hostilidades a la impericia, falta de tacto y obstinada agresividad del representante estadounidense. Luego de un breve intercambio de oficios en el que el ministro de relaciones exteriores, Tomás de Anchorena le respondió al cónsul que el asunto estaba bajo investigación, y que no reconocía la facultad del enviado norteamericano para tratar asuntos de esta naturaleza. Slacum decidió tomar cartas en el asunto: informó al gobierno argentino que si el Harriet y su capitán no eran liberados inmediatamente, ordenaría a la corbeta estadounidense USS Lexington (fondeada a la sazón en el puerto de Buenos Aires) abordar las instalaciones argentinas en las Islas Malvinas. Por su parte, el capitán de este buque, Silas Duncan, saltándose los canales diplomáticos habituales, instó a la "rendición inmediata de Vernet para [que fuera] enjuiciado como ladrón y pirata".
En vista de la situación, Inglaterra buscó influir sobre Slacum al asegurarle que la Argentina no tenía derechos sobre el archipiélago, a cuya soberanía Gran Bretaña "no había renunciado". Esto daba a la postura estadounidense una excusa de tono legal: el cónsul se negó entonces a aceptar la validez del nombramiento de Vernet, lo que precipitó los acontecimientos.
Enarbolando bandera francesa, la Lexington arribó a Puerto Soledad el 28 de diciembre de 1831. Desembarcó un grupo de soldados que destruyó el asentamiento, las fortificaciones y defensas de artillería, tomando prisioneros a la mayoría de sus ocupantes.[cita requerida] Como última medida previa a abandonar las islas, Duncan las declaró unilateral e inconsultamente res nullius. Al momento del ataque, la colonia de Puerto Soledad contaba con unos 124 habitantes: 30 negros, 34 porteños, 28 rioplatenses angloparlantes y 7 alemanes, a los que se le sumaba una guarnición de aproximadamente 25 hombres. Expulsadas sus autoridades, el archipiélago quedó en un estado de anarquía: los presos del penal deambulaban libremente, y los piratas atracaban impunemente en sus fondeaderos.[cita requerida] El 8 de febrero del año siguiente el buque estadounidense arribó al puerto de Montevideo con algunos de los prisioneros engrillados. Todos fueron liberados allí mismo.[cita requerida] El presidente Andrew Jackson alabó al Capitán Duncan por sus acciones – Levi Woodbury, el Secretario de la Armada estadounidense le escribió a Duncan: “… el Presidente de los Estados Unidos aprueba el curso que usted siguió, y se encuentra muy satisfecho con la prontitud, la firmeza y la eficiencia de sus medidas”.
La noticia de la actuación de Duncan produjo indignación en el gobierno de Buenos Aires: se negó a mantener cualquier tipo de contacto con Slacum, y exigió a los Estados Unidos su reemplazo inmediato. Sin embargo, la postura de Washington era inamovible. El presidente Andrew Jackson, en mensaje anual al Congreso, calificó la captura argentina del Harriet como piratería, e instó a preparar una expedición naval a fin de proteger los intereses estadounidenses en el Atlántico Sur.
Mientras tanto llegó a Buenos Aires el reemplazante de Slacum, Francis Baylies, con idéntica agenda y estilo que su predecesor. Entró rápidamente en un callejón sin salida al tratar que el ministro Manuel Vicente de Maza admitiera que el gobernador Vernet era un pirata. En consonancia con el anterior cónsul, Baylies también pretendía desconocer la preexistencia del nombramiento de Vernet, aunque en una carta privada al secretario de Estado Edward Livingston la admite de plano. Asimismo el nuevo representante de los Estados Unidos comunicó a Henry Fox, su flamante par británico, que Washington estaba dispuesto a reconocer la soberanía británica a cambio del otorgamiento de derechos de libre pesca en las aguas inmediatas. Al poco tiempo se conminó a Baylies a abandonar el Río de la Plata. La torpe gestión estadounidense llevó a la ruptura completa de las relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Washington durante un período de once años.
El 10 de septiembre de 1832, y con el objeto de reconstruir la colonia penal para restablecer el orden, el gobierno argentino nombró como nuevo gobernador interino de las Malvinas al sargento mayor de artillería Esteban Mestivier.
El militar se hizo cargo del gobierno de las islas el 15 de noviembre de 1832, tras arribar a bordo de la goleta Sarandí junto con una guarnición de 25 soldados. Acto seguido, la nave emprendió un viaje de patrullaje por las costas y mares del archipiélago, capitaneada por el teniente coronel de Marina José María Pinedo.[cita requerida] En diciembre estalló una sublevación que culminó con el asesinato de Mestivier a manos de los rebeldes, y que fue controlada por Pinedo al regresar a Puerto Soledad.[cita requerida]
Estos trágicos hechos fueron interpretados por Baylies como desencadenantes de condiciones propicias para que Gran Bretaña ejerciera una acción firme a fin de obtener el control efectivo de las islas. En efecto, las defensas argentinas de Puerto Soledad habían sido inutilizadas, el archipiélago se hallaba en medio de un caos administrativo y sólo estaba defendido por una goleta y su escasa dotación.
En agosto de 1832 el Primer Ministro británico, Lord Palmerston, por sugerencia del Almirantazgo, ordenó enviar al contraalmirante Thomas Baker jefe de la estación naval sudamericana la orden de retomar el control de la corona sobre el archipiélago.
El 20 de diciembre de 1832 arribó a Puerto Egmont la corbeta HMS Clio. El capitán John Onslow tomó posesión formal y su tripulación se abocó a reparar las ruinas del fuerte. Unos días más tarde la nave ancló frente a Puerto Soledad. El comandante Onslow informó a Pinedo que se disponía a tomar la isla, y le ordenó que arriara la bandera argentina al día siguiente:
Siendo mi intención izar mañana el pabellón de la Gran Bretaña en el territorio, os pido tengáis a bien arriar el vuestro y retirar vuestras fuerzas con todos los objetos pertenecientes a vuestro gobierno.
Soy, Señor, vuestro humilde y muy obediente servidor.
J. Onslow
Pinedo estaba en inferioridad de condiciones: contaba con un buque de capacidad bélica mucho menor, y la mayoría de su tripulación era de origen británico. La legislación británica contemplaba el delito de alta traición para los nativos de ese país que se alzaran contra la corona. La mayoría de los hombres dijo estar dispuesta a combatir, pero la resistencia fue insuficiente. [cita requerida] Los británicos desembarcaron en la mañana del 3 de enero de 1833; primero izaron su bandera y luego arriaron la argentina. Dos días después Pinedo abandonó las islas a bordo de la Sarandí llevando consigo a un grupo relativamente numeroso de colonos rioplatenses.
En las islas crecía el descontento entre los criollos, en su mayoría gauchos y charrúas. Se les había prohibido viajar a Buenos Aires, y el capataz Jean Simon, apoyado por el ex mayordomo de Vernet, Matthew Brisbane, y con la excusa de la ocupación británica, intentaba extenderles las ya pesadas tareas campestres, entre otros excesos de autoridad. Además seguían recibiendo por toda paga los vales firmados por el exgobernador, que no eran ya aceptados por el nuevo responsable de almacenes, el irlandés William Dickson.
En desacuerdo con la nueva situación, un grupo de ocho rioplatenses se sublevó el 26 de agosto de 1833 bajo el liderazgo del gaucho entrerriano Antonio Rivero (apodado Antook por los ingleses). Ellos eran: Juan Brasido, José María Luna, Luciano Flores, Manuel Godoy, Felipe Salazar, Manuel González y Pascual Latorre. Estos rebeldes estaban pobremente armados con facones, boleadoras y viejos mosquetes, en contraste con las pistolas y fusiles con los que contaban sus oponentes, por lo que decidieron actuar por sorpresa. Tras un breve enfrentamiento en el que fueron muertos Brisbane, Dickson, Simon y otros dos colonos: Ventura Pasos y Antonio Vehingar, los revoltosos tomaron la casa de la comandancia. Impidieron el izado de la bandera británica durante los siguientes cinco meses. Según algunos relatos habrían izado el pabellón argentino.
Confinaron a las familias de los colonos criollos y británicos no sublevados en un islote, del cual fueron rescatados por el ballenero británico Hopeful. En octubre amarraron en Puerto Luis algunos barcos ingleses, cuyas tripulaciones no intentaron enfrentarse a los facciosos.
Dos meses después, el 9 de enero de 1834, arribaron a la isla Soledad dos naves del Reino Unido: la HMS Challenger, con el teniente Henry Smith a bordo, y la HMS Hopeful. Inmediatamente izaron la bandera británica. Smith asumió al día siguiente el título de oficial a cargo y ordenó la persecución de los sublevados: Luna fue el primero en rendirse. Los restantes, muy superados en número y armamento, optaron por retirarse al interior de la isla. Para comienzos de marzo la rebelión ya estaba controlada y el propio Rivero encarcelado.
Se les inició un proceso en el buque HMS Spartiate, de la estación naval británica de América del Sur. Por motivos no bien documentados el almirante británico no se atrevió a convalidar el fallo y ordenó que Rivero y los suyos fueran liberados en Montevideo. El tribunal se declaró incompetente debido a que los crímenes no habían tenido lugar en su jurisdicción, la cual excluía Escocia y las colonias británicas.
Smith centró sus esfuerzos en restaurar el establecimiento de Port Louis, al que renombró Anson's Harbour. Fue sucedido por los tenientes Robert Lowcay en abril de 1838 y John Tyssen en diciembre de ese mismo año. Estas autoridades negaron a Vernet sus reiteradas solicitudes para volver a asentarse en las instalaciones de las que era dueño, con el argumento de que se trataba de un "intruso". Finalmente, tras una visita a Londres, obtuvo una escasa compensación monetaria por la pérdida de sus caballos, pero se le negó una ampliación de la indemnización por los demás daños.[cita requerida]
Inmediatamente luego de la invasión británica se estableció entre ambas naciones un patrón de argumentaciones diplomáticas que se extendería casi sin variaciones hasta el siglo XXI.
El 17 de junio de 1833 Manuel Moreno, enviado argentino ante el gobierno del Reino Unido, presentó la protesta formal en un largo documento escrito en inglés y en francés. La Protesta, como generalmente se conoce al texto, repetía en su substancia los fundamentos ya enunciados en el decreto de nombramiento de Vernet: dado que la innegable soberanía española sobre las islas había cesado debido a la independencia de sus territorios en América, las Provincias Unidas del Río de la Plata, como nueva nación independiente y reconocida por Gran Bretaña y otros estados, la había sucedido en los derechos sobre la jurisdicción de los mares del sur. Gran Bretaña, por lo tanto, quedaba excluida del asunto, y no tenía derecho a reclamo alguno.
La respuesta británica llegó seis meses más tarde. En carta de lord Palmerston, el gobierno británico reiteraba la no extinción de los derechos anglosajones sobre las islas, fundamentados en el restablecimiento del asentamiento de Port Egmont en 1771. Alegaba que el posterior abandono de la base se había debido a cuestiones "de austeridad" y no de renunciamiento, como "atestiguaba" la placa de plomo oportunamente fijada por los marinos ingleses al retirarse.
El gobierno argentino calificó la respuesta de Palmerston como insatisfactoria, por lo que Moreno volvió a protestar el 29 de diciembre, sin obtener respuesta del Foreign Office.
La política exterior de Juan Manuel de Rosas, en aquellos años a cargo del poder ejecutivo, era proclive a restaurar relaciones de amistad. En 1838 Moreno fue despachado nuevamente a Londres con el fin de tantear los ánimos sobre la eventual e hipotética posibilidad de ceder los derechos argentinos sobre las Malvinas con la condición de que la deuda remanente del préstamo de la Baring Brothers de 1824 fuera cancelada por el gobierno británico. La gestión tuvo resultado negativo. Asimismo, y a pesar de la oficial interrupción de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, recurrió en 1839 al ministro plenipotenciario en Washington, Carlos María de Alvear, quien mantuvo una entrevista de carácter especial con el secretario de Estado John Forsyth: el gobierno norteamericano se mantenía ajeno a la cuestión de soberanía, limitándose a apoyar la actuación de la Lexington, pero "sin que ello hubiera tenido la menor intención ni el deseo de hacer el más mínimo ultraje al gobierno ni a la Nación Argentina".
En 1839 un mercader británico llamado G. T. Whittington fundó la Falkland Islands Commercial Fishery and Agricultural Association y comenzó a ejercer presión sobre el gobierno de Su Majestad a fin de obtener permisos de explotación en las islas. Presentó ante las autoridades inglesas una petición firmada por un centenar de comerciantes londinenses, en la que demandaba que se discutiera en forma pública el futuro económico del archipiélago. En abril de 1840 escribió al secretario colonial, lord Rusell, proponiendo a su compañía como pionera de una eventual colonia.[cita requerida] En octubre de ese año, sin que tuviera noticias del gobierno sobre el estado de su petición, Whittington despachó a su hermano con dos barcos que llevaban colonos y materiales. Arribaron a Puerto Luis en enero del año siguiente. J. B. Whittington exigió que se le otorgaran las tierras que su hermano alegaba haber comprado de Vernet. Tyssen, por entonces la máxima autoridad, respondió que no había recibido instrucciones de Londres sobre el particular, pero no pudo impedir que los pioneros se asentaran. Whittington lo hizo en Puerto Luis, donde construyó una casa de nueve habitaciones y estableció un saladero de pescado en el mismo lugar donde Vernet había instalado el suyo.[cita requerida]
En octubre de 1841 arribó el primer gobernador de las islas, el teniente Richard Clement Moody, a bordo de la HMS Hebe. Viajaban con él doce mineros y sus familias, dispuestos a asentarse en Malvinas; la colonia de Anson's Harbour contaba ya con unas cincuenta personas.[cita requerida]
Un año después lord Edward Smith Stanley, secretario colonial de Estado, instruyó a Moody para que investigara el potencial del área del actual Puerto Williams como lugar de asentamiento humano. El gobernador asignó la tarea al capitán James Clark Ross, líder de la famosa expedición antártica. En 1843 Ross elevó un informe en el que sostenía que, en efecto, Puerto Williams podría funcionar como base para naves de gran calado, y que las costas desde el actual Puerto Jackson hacia el sur eran adecuadas para la construcción de caseríos, debido a su ubicación protegida de los vientos, disponibilidad de agua dulce y abundancia de turba.
Los trabajos comenzaron en julio de 1843; el 18 de ese mes el gobernador Moody bautizó el poblado como Puerto Stanley. En 1845 se establecieron los principales órganos de gobierno colonial: el Consejo Legislativo y el Consejo Ejecutivo; tres años después se asignaron los cargos administrativos correspondientes. Para 1846 ya estaban construidas unas treinta casas prefabricadas de madera para 164 residentes, junto con una carpintería y una herrería.[cita requerida]
La mayoría de los colonos se trasladaron al nuevo puerto, que creció rápidamente hasta alcanzar los 200 habitantes en 1849. Ese mismo año arribaron treinta familias para distribuirse entre la guarnición permanente y el destacamento policial. Reemplazaron a los mineros y zapadores que habían servido como fuerzas de orden desde 1842 a 1849. A fines de ampliar el cuerpo de policía, en 1857 se reclutaron varios civiles, y al año siguiente la guarnición fue reforzada con un grupo de 35 marines, formando la Falkland Islands Garrison Company, que continuó expandiéndose con sucesivos envíos de personal desde la metrópoli.[cita requerida]
Entre tanto la actividad diplomática continuaba intensamente. Se sucedieron otras dos protestas argentinas, el 18 de diciembre de 1841 y el 19 de febrero de 1842. En la respuesta a esta última, el gobierno de Su Majestad afirmaba que el acuerdo alcanzado con España en 1771 era de carácter "final", lo que impedía reconocer la potestad de las Provincias Unidas sobre las islas. El ministro Moreno respondió inmediata y enérgicamente:
EL 23 de junio de 1843, diez años después de su invasión, las islas fueron incorporadas a los dominios del rey de Inglaterra a través de documentos firmados por la Reina Victoria, trasladando la capital desde Puerto Egmont a Puerto Stanley. En 1847 fue designado el primer gobernador del archipiélago, George Rennie.
El 25 de julio de 1848, durante un debate parlamentario en el que se trataban recortes al presupuesto, William Molesworth fue el primer británico en oponerse públicamente a la postura gubernamental, sosteniendo que debía reconocerse " el reclamo de Buenos Aires sobre las islas Falkland", lo que permitiría reducir los elevados gastos que insumía la estación militar malvinense. Molesworth compartía el criterio casi unánime de que las islas carecían de valor y perspectivas económicas. En aquellos días los periódicos ingleses fustigaban la figura del representante argentino y propiciaban una postura adversa a las Provincias Unidas, a las que se consideraba un estado "rebelde y de segunda categoría". El diario The Times, por ejemplo, comentó:
Estos mismos periódicos londinenses reprodujeron en forma confusa y contradictoria un mensaje de lord Palmerston al parlamento, en el que insinuaba que la Argentina había decidido abandonar su reclamo. Esto produjo una inmediata réplica de Moreno, fechada el 31 de julio de 1849, en la que citaba los párrafos de los diarios y reiteraba que las Provincias Unidas nunca habían aceptado el despojo a manos británicas. Repetía también su propósito de no callar, para evitar que dicho silencio fuera malinterpretado como una confirmación de las erróneas expresiones del primer ministro. Lord Palmerston respondió que la prensa le había atribuido palabras que no eran suyas, y que por el contrario seguía sosteniendo que el asunto por la soberanía estaba pendiente de acuerdo.
Es un hecho sugestivo el que no exista registro de este discurso de Palmerston en las actas del parlamento. Algunos autores sospechan que las palabras del primer ministro fueron suprimidas debido a sus consecuencias legales, ya que de ellas se desprendía que, a criterio británico, en 1833 las Islas Malvinas eran "Res nullius" y no posesión inglesa como se argumentaba en ese momento.
Luego de la batalla de Caseros las Provincias Unidas se abocaron a la construcción del estado argentino moderno. El tema de Malvinas comenzó a desaparecer progresivamente de la agenda de ambos países, y no resurgiría con fuerza sino hasta treinta años más tarde.[cita requerida]
Luego en 1845 Puerto Stanley se benefició singularmente con la fiebre del oro de California: en 1847, por ejemplo, 777 barcos fondearon en sus instalaciones. Esta actividad produjo un boom en los negocios de reparación y aprovisionamiento de buques. La navegación del Cabo de Hornos era singularmente difícil, y muchos barcos debían emprender la vuelta severamente dañados tras inútiles intentos por pasar al Pacífico; varios resultaban semidestruidos, por lo que las Islas Malvinas pasaron a ser uno de los cementerios de barcos más notables del mundo.[cita requerida] El negocio de reparación de buques comenzó a declinar en 1876, con la sanción de una nueva legislación naviera internacional, con la adopción progresiva del buque de vapor y el casco de hierro, y desapareció finalmente con la construcción del Canal de Panamá en 1914.[cita requerida]
En enero de 1846 se celebró un contrato entre el gobierno de Su Majestad y Samuel Lafone, un comerciante británico que operaba desde Montevideo, en el que se le asignaban derechos exclusivos de caza sobre el ganado de las islas. Este contrato significó un duro golpe para la población de las islas, pues el villorio de Stanley se vio imposibilitado de continuar abasteciéndose por sus propios medios, y pasó a depender de terceros.[cita requerida]
Lafone fue el primer terrateniente in absentia del archipiélago, pues nunca visitó las islas. Se le otorgaron unas extensiones de tierra en la isla Soledad, donde se encontraba la mayor parte del ganado salvaje. Esta zona de la isla pasó a ser llamada "Lafonia". Sus tareas nunca fueron auditadas por las autoridades inglesas: había prometido introducir colonos de ascendencia británica, pero en cambio envió grandes contingentes de gauchos e indios, que se establecieron en 1846 en Hope Place, en la costa meridional de Brenton Loch, y en 1849 finalizaron la construcción de una barricada en el istmo de Darwin para facilitar el control de los animales.[cita requerida]
El gobernador Moody implementó en 1847 un esquema de fomento agroganadero en el que los colonos, a cambio del pago de una tarifa anual, obtenían derechos de pastoreo en lotes costeros de 50 a 130 ha, y en lotes internos de 130 a 260 ha. Dos años después Rennie, sucesor de Moody, extendió este plan para ampliar esos derechos a los 2400 ha circundantes a quienes compraran no menos de 65 ha de tierra.[cita requerida]
En 1850 Lafone fundó una compañía llamada The Falkland Islands Company Limited con el propósito de instalar y explotar granjas, pues el ganado de Lafonia había sido cazado hasta la extinción. En 1857 la compañía se mudó desde Hope Place a Darwin, en busca de terrenos más adecuados para sus actividad. En 1860 el gobierno local modificó el contrato original de Lafone, reservándose la potestad de caza en todo el territorio de las islas con excepción de los lotes que pertenecían a la compañía.[cita requerida]
En 1853, el gobernador del archipiélago se quejó a sus superiores por la continua depredación cometida por los barcos balleneros y foqueros —especialmente estadounidenses— en las inmediaciones de las islas. El gobierno británico advirtió al norteamericano que no toleraría un comportamiento semejante, y envió fuerzas navales a las islas para asegurar un control efectivo. En mayo de 1854, en un confuso episodio, el buque de guerra británico HMS Express capturó a dos balleneros, acusándolos de la matanza de cerdos y focas de los criaderos del gobierno de las islas.[cita requerida]
El comandante estadounidense William F. Lynch, al mando de la corbeta USS Germantown, que se hallaba fondeada en Puerto Stanley, presionó para que se liberara a los buques y tripulaciones apresadas, amenazando con oponer lucha armada.[cita requerida] Según una versión de los hechos, Lynch argumentó que los ingleses no tenían derecho a fiscalizar las aguas malvinenses pues preexistía un reclamo argentino.
Las autoridades británicas accedieron a negociar, aunque de todas formas los capitanes de los balleneros acusados fueron juzgados y multados por su accionar. Los Estados Unidos protestaron en favor de su derecho "adquirido" a pescar en aquellas aguas. En el texto del reclamo, William L. Marcy, entonces secretario de Estado norteamericano, dudó públicamente de la legalidad de la soberanía inglesa al afirmar que su país no había "concedido" derechos a Gran Bretaña. La respuesta británica afirmaba que sus derechos no eran discutibles, y que se atribuía el garantizarlos mediante uso de la fuerza.
El conflicto fue finalmente resuelto por la vía diplomática.[cita requerida]
En 1861 se emitió un acta de ampliación del alcance del plan de fomento agroganadero, que otorgaba a los colonos la habilitación para tareas de pastoreo durante un año en un lote indiviso de 2400 ha, con la condición de que construyeran viviendas y proveyeran un cierto número de cabezas de ganado. El terreno podía ser arrendado durante un plazo renovable de diez años. Esta legislación tuvo un profundo impacto en el modelado de la principal actividad económica de las islas hasta nuestros días.[cita requerida]
La colonización de la Isla Gran Malvina comenzó en 1867, y ya para 1869 la totalidad de su territorio había sido otorgado a ocho colonos, que arribaron con su ganado, caballos, herramientas, materiales de construcción, etc. Los gauchos rioplatenses fueron reemplazados por escoceses.[cita requerida]
Para 1884 ya habían pasado 35 años desde la última protesta argentina formal, y el tema de la soberanía solo había asumido un papel secundario en el ámbito bilateral.
La presidencia de Julio A. Roca vigorizó la acción diplomática, buscando dirimir la cuestión por intermedio de un arbitraje. El ministro de relaciones exteriores, Francisco J. Ortiz informó el 30 de mayo al representante de la corona en Buenos Aires que su gobierno intentaba recurrir a un laudo internacional para zanjar el asunto, mecanismo que Gran Bretaña había fomentado asiduamente en el pasado reciente y que, según esperaban las autoridades argentinas, no dudaría en aplicar en este caso. El gobierno del Reino Unido respondió con una rotunda negativa.
El 15 de diciembre de 1884 el Instituto Geográfico Militar publicó un mapa de la República Argentina que incluía a las Malvinas, lo que provocó preocupación en la embajada del Reino Unido en Buenos Aires. Ante la firme inquisitoria del cónsul Edmund Monson sobre la oficialidad del mapa, la cancillería argentina respondió con evasivas y declaraciones de amistad, lo que fue sumariamente contestado por Monson con una protesta formal, efectivizada el 31 de diciembre.
La invitación a un arbitraje fue repetida al año siguiente, adjuntando una protesta formal en el mismo trámite. Durante los tres años siguientes le sucedió un intenso intercambio de correspondencia diplomática, en el que invariablemente Gran Bretaña se limitaba a calificar el asunto como "cerrado", a lo cual Argentina respondía reiterando los argumentos jurídicos expuestos.
Ya durante la presidencia de Miguel Juárez Celman, el ministro de relaciones exteriores Norberto Quirno Costa presentó una nueva carta de protesta al enviado británico en la que repetía la posición argentina:
El representante británico, respondió diciendo que los derechos de la corona no eran discutibles. El intercambio epistolar continuó durante el mes de abril, en el que Argentina calificaba el proceder británico como "despojo" e insistía con su propuesta de arbitraje, pese a lo cual no consiguió ninguna respuesta favorable.
Muchos años después, en 1936, el asesor legal del Foreign Office, G. H. Fitzmaurice, dejó plasmados en un memorándum los motivos de esta tenaz oposición a la idea de un laudo arbitral:
Desde 1888 y hasta al menos 1913, la publicación de mapas oficiales argentinos que incluían a las islas Malvinas como parte del territorio nacional siguió inquietando a las autoridades británicas, pese a lo cual no hubo ninguna reacción oficial al respecto. Durante todo este período el tema de la soberanía volvió a pasar al segundo plano de la agenda bilateral.[cita requerida]
El 21 de julio de 1908 la corona británica emitió una Carta Patente que unilateralmente anexaba las islas Georgias, las Orcadas, las Shetland, las Sandwich y la Tierra de Graham a la colonia de las islas Malvinas.
El documento incluía entre las pretensiones territoriales de la corona a parte de la Patagonia (la totalidad de Tierra del Fuego, parte de la provincia argentina de Santa Cruz y de la región chilena de Magallanes.
El gobierno británico nunca intentó explicar este grueso error, que no fue enmendado en los papeles sino hasta nueve años después, el 28 de marzo de 1917, por una nueva Carta Patente Real que rectificó a la anterior. La mayoría de los estudiosos ve en ello un solapado intento de expandir aún más las fronteras del imperio a costa de las naciones sudamericanas.[cita requerida]
Sorpresivamente, no hubo respuesta de los gobiernos argentino ni chileno ante esa absurda pretensión. Por ejemplo, el canciller (y futuro presidente de la Argentina) Victorino de la Plaza supuestamente se limitó a requerir a los ingleses información del nuevo trazado y sólo habría dado un acuse de recibo. Esta afirmación ha sido relativizada: no existe copia del documento en los archivos argentinos; los británicos sostienen que conservan la suya, aunque no ha sido hecha pública hasta el presente.
Varios investigadores coinciden en resaltar la indolencia de las autoridades argentinas ante los avances británicos de este período no sólo sobre los archipiélagos, sino sobre territorios continentales sobre los que Argentina ejercía plena y pacífica soberanía.[cita requerida]
En 1908 el embajador italiano en Buenos Aires informó a la cancillería que la Convención Postal de Roma había incluido a las Malvinas entre las colonias británicas, lo que provocó una airada protesta argentina, que fue cursada hacia el gobierno de Italia. Debido a que el canciller Victorino de la Plaza no extendió dicho reclamo a Gran Bretaña, los ingleses desconocen la actuación de 1908, y argumentan que durante 40 años (entre 1888 y 1928) Argentina no elevó protestas formales por la situación del archipiélago.
En 1910 la Argentina cumplió cien años de vida, en un contexto de gran prosperidad económica. El país obtenía influencia creciente en los organismos internacionales, en donde era visto con respeto debido a su éxito político y financiero. El continuo aumento del protagonismo argentino en dichos foros repercutía directamente en la fuerza de sus argumentos jurídicos e históricos respecto al tema de Malvinas, y en una capacidad mayor para ejercer presión a fin de lograr la satisfacción de sus reclamos. Esto comenzó a gestar una incomodidad manifiesta en vastos sectores de la política anglosajona, que empezaron a expresar dudas acerca de la validez de las pretensiones británicas al archipiélago. Se temía que la invasión de 1833, ante los ojos del nuevo siglo que comenzaba, pudiera ser vista como injustificada y que los títulos derivados de la conquista militar no fueran ya valederos. Se percibía entonces la necesidad de un cambio de estrategia que diera un nuevo soporte a la aspiración territorial. Así, se buscó refugio en la tesis de que luego de casi cien años ininterrumpidos, el dominio de las islas se habría transformado desde una naturaleza de facto a una de jure; en otras palabras, se echó mano al concepto de "prescripción adquisitiva".
Desde 1910 hasta 1936 fueron emitidos por el Foreign Office nueve documentos de circulación reservada que sostenían la debilidad de los derechos británicos.
Finalmente, a fines de agosto de 1936, el embajador británico en Buenos Aires recibió un documento confidencial en el que Anthony Eden, ministro de relaciones exteriores de Gran Bretaña enunciaba los nuevos argumentos a esgrimir:
En última instancia, pues, el desequilibrio en la relación de fuerzas a favor del Reino Unido constituía el anclaje de una política colonial cuya legalidad estaba en duda.
Las islas jugaron un papel relativamente importante durante la Primera Guerra Mundial, gracias al establecimiento de una guarnición en las proximidades de Puerto Stanley, que fue visitada regularmente por naves de guerra de las Potencias Centrales. El 8 de diciembre de 1914 se libró una batalla marítima en las costas occidentales del archipiélago, en la cual una flotilla británica muy superior en número y armamento, al mando del almirante Doveton Sturdee y originalmente atracada en Puerto Stanley, derrotó a una escuadra alemana comandada por el almirante Maximilian von Spee, logrando una decisiva victoria que tuvo como efecto la eliminación del poder naval germano en el hemisferio sur. Este episodio pasó a la historia como la Batalla de las Islas Malvinas.
Las consecuencias del enfrentamiento evidenciaron el gran valor estratégico de las islas para el control de la ruta entre al Atlántico y el Pacífico a través del extremo sur del continente.
El gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear decidió, a partir de 1922, rechazar la correspondencia postal, telefónica y telegráfica desde y hacia Malvinas con el fin de añadir presión concreta al reclamo diplomático. El gobierno de las islas intentó paliar la acción argentina mediante la contratación de vapores montevideanos, y la protesta británica no tardó en llegar. Buenos Aires respondió alegando que la medida no era oficial, sino que se trataba de iniciativas de funcionarios individuales. En todo caso, para marzo de 1928 las comunicaciones con las islas estaban plenamente restablecidas, hecha la aclaración que la reanudación del servicio de ninguna manera implicaba una renuncia a los derechos argentinos.
A cambio, Alvear reanudó su reclamo ante la Unión Postal Universal, confirmando su reclamo sobre las Islas Malvinas, las Orcadas del Sur y las Georgias del Sur como parte integral del territorio de la República:
En 1933 el correo británico emitió una serie de estampillas conmemorativas de la invasión de un siglo antes. El gobierno argentino reaccionó con dureza, e instruyó a los funcionarios del Correo Argentino para que consideraran a toda correspondencia que arribara al país con las citadas estampillas como "carente de franqueo", por lo que su destinatario pagaría, en consecuencia, la multa establecida por la ley ordinaria.
Ante esta reacción, el gobierno de Su Majestad se limitó a hacer una presentación ante la Unión Postal Universal, en la que sostenía que el gobierno argentino violaba las convenciones de la organización, puesto que las islas se hallaban bajo administración británica. No hubo ninguna otra reacción pública, aunque en privado el Foreign Office recriminó a la administración colonial por su imprudente proceder, exigiendo ser informado antes de cualquier otro accionar concerniente al servicio postal de las Malvinas.
Estampillas británicas conmemorativas de las islas Malvinas
En 1936 el Correo Argentino emitió sellos postales que mostraban a las Islas malvinas como pertenencia nacional. El Foreign Office optó por una protesta informal y privada, en ocasión de una entrevista casual del subsecretario de Estado argentino y el embajador británico en Buenos Aires. Sin embargo el asunto tomó estado público en la Cámara de los Comunes, cuando en medio de un debate el parlamentario lord Apsley inquirió al subsecretario de Asuntos Extranjeros, Anthony Eden, sobre la situación. La respuesta de Eden fue:
Esto provocó una réplica del gobierno argentino, encabezado por Agustín P. Justo, que en una nota del 22 de abril de 1936 informó que no tenía intenciones de retirar de circulación las estampillas, pues este gesto podría ser malinterpretado como un renunciamiento. En efecto, al año siguiente se realizó una nueva edición de los controvertidos sellos. A pesar de que algunos sectores de la política interna inglesa pretendían una reacción más fuerte de su gobierno, primó el criterio del Foreign Office de evitar darle mayor atención al tema, por precaución ante una eventual reacción argentina. Inglaterra no volvería a imprimir estampillas con la temática malvinense sino hasta 1977.
Estampillas argentinas alusivas a las islas Malvinas (1936, 1937 y 1951)
El inicio de la Segunda Guerra Mundial produjo una mayor flexibilización de la hasta entonces adamantina postura británica. El gobierno argentino intentó aprovechar esta coyuntura en las asambleas internacionales, en las que denunció reiteradamente la ocupación anglosajona. Estados Unidos intentaba concertar una política hemisférica común, que Argentina vio como una oportunidad para encolumnar al bloque americano tras su postura reivindicativa; en la Primera Reunión de Consulta de cancilleres americanos emitió una proclama en la que afirmaba:
En la Segunda Reunión, en junio de 1940, Argentina reiteró su exigencia. En ese año el Foreign Office redactó un documento titulado "Proposed offer by His Majesty's Government to reunite Falkland Islands with Argentina and acceptance of lease", en el que planteaba la posibilidad de llegar a un acuerdo de dominio compartido. Lamentablemente los detalles permanecen en la oscuridad.
Durante la semana siguiente al 13 de diciembre de 1939 las islas tuvieron un pequeño rol en la guerra cuando una escuadra de tres cruceros británicos comandada por el comodoro Henry Hardwood enfrentó al acorazado de bolsillo alemán Admiral Graf von Spee a cargo del almirante Hans Langsdorff, en la que después sería llamada Batalla del Río de la Plata. El único refuerzo británico en el sector, el HMS Cumberland, que se encontraba aprovisionándose en las islas, debió partir a toda marcha en un viaje de día y medio de duración a fin de unirse a las fuerzas de ataque. A las pocas horas de lucha el crucero pesado HMS Exeter, tremendamente dañado, debió dirigirse a las Malvinas para ser reparado de emergencia.
Después de finalizada la guerra, la preponderancia de Gran Bretaña como potencia central menguó notablemente, lo que derivó en una lenta escalada de la conflictividad por el tema de la soberanía, a medida que los lazos económicos entre ambos países se iban debilitando y crecía la independencia mutua.
A partir de la creación de la ONU y hasta 1965 los esfuerzos diplomáticos argentinos estuvieron centrados en el ámbito de esa institución internacional, aunque en el medio exclusivamente uni- y bilateral sucedieron algunos hechos de importancia:
A fines de 1947 una escuadra de la Armada Argentina inició maniobras en las aguas próximas a Malvinas, que incluyeron desembarcos de personal y equipamiento en varias islas del Atlántico Sur. El Reino Unido contaba en las cercanías con la fragata HMS Snipe, a la cual se agregó como respaldo el crucero HMS Nigeria. Luego de algunas fricciones menores, las fuerzas argentinas se retiraron. El gobierno inglés decidió mantener en el área a los navíos mencionados, los cuales fueron desafectados dos años después.
En 1952 la Argentina anunció sus planes para la ocupación efectiva de los territorios que reclamaba como propios, lo que devino en una serie de incidentes menores en Bahía Esperanza, en la Antártida. La respuesta británica fue destacar en la zona al crucero HMS Superb y otorgar al comandante de operaciones una autorización para emplear la fuerza.
Al año siguiente se produjo un desembarco argentino en la Isla Decepción, perteneciente a las Shetland del Sur. Los británicos enviaron nuevamente al HMS Snipe para forzar la retirada argentina.
Para fines de 1953 la tensión en la zona de Bahía Esperanza había ya desaparecido, pero poco después el punto de conflicto se trasladó a la isla Dundee, donde la debilidad de la capacidad británica de respuesta se hizo evidente. Las maniobras por parte de ambos países se limitaron sin embargo a acciones meramente simbólicas.
En ese mismo año Perón envió a la ceremonia de coronación de la reina Isabel II al presidente provisional del senado, el contraalmirante Alberto Tesaire, con el fin de ofrecer al gobierno británico que el archipiélago pasara a manos argentinas a través de una operación privada de transferencia de fondos. El Foreign Office declinó la propuesta, pues temía que una eventual reacción de la oposición debilitara al primer ministro Winston Churchill.
En septiembre de 1964 un piloto civil argentino, Miguel Fitzgerald, aterrizó con una avioneta en la pista del hipódromo de Puerto Stanley, en la que desplegó una bandera argentina. Luego de presentar una nota de protesta y requerir infructuosamente una entrevista con el gobernador inglés, retornó al continente antes de que pudiera ser capturado por las fuerzas de seguridad locales. Esto provocó un airado reclamo del Reino Unido en la ONU, que fue rechazado tajantemente por el gobierno argentino que alegó no estar involucrado en el hecho. Como consecuencia, Londres decidió destacar en las Islas un contingente permanente de Royal Marines.
Dos años después y también en septiembre, un grupo nacionalista acompañado por periodistas del diario Crónica, en una acción armada a la que denominó "Operativo Cóndor", secuestró y desvió el vuelo 648 que se dirigía desde Buenos Aires a Río Gallegos, obligando al piloto a aterrizar en Malvinas, en donde desplegaron siete banderas argentinas y realizaron una proclama usando la radio del avión. El plan incluía tomar la residencia del gobernador y ocupar el arsenal, pero se vio frustrado porque la pesada aeronave se enterró en el barro de la pista del hipódromo y fue rápidamente rodeada por un centenar de ingleses, entre colonos y militares. Gracias a las gestiones del sacerdote católico de las islas los pasajeros de la aeronave —entre los cuales estaba el entonces gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur— fueron alojados en las casas de algunos kelpers mientras los secuestradores permanecieron en el fuselaje. Allí el párroco celebró una misa en español. Al día siguiente los jóvenes depusieron su actitud y entregaron las armas a la única autoridad que aceptaron reconocer: el comandante del avión, Ernesto Fernández García. Fueron capturados por las fuerzas de seguridad británicas y dos días después regresaron al continente a bordo del buque argentino ARA Bahía Buen Suceso. La mayoría purgó una condena efectiva de nueve meses; tres de ellos fueron encarcelados durante tres años debido a sus antecedentes políticos, considerados delictivos por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.[cita requerida] La actuación del grupo nacionalista produjo una ola de actos antibritánicos en la Argentina, que incluyó un tiroteo a la embajada inglesa en Buenos Aires, que no produjo víctimas. El gobierno argentino pidió disculpas a su par anglosajón por el atentado a la sede diplomática y aseguró que no estaba involucrado en el secuestro de la aeronave. Londres por su parte decidió incrementar su fuerza militar en las Islas: expandió el destacamento de Royal Marines desde seis integrantes a unos cuarenta, con lo que alcanzó el rango de pelotón.
El 27 de noviembre de 1968 Fitzgerald realizó otro vuelo al mando de un avión bimotor del diario Crónica, en el que viajaba el director del matutino y uno de sus periodistas. Esta vez no pudo aterrizar en la pista del hipódromo, pues estaba obstruida, y debió hacerlo en un camino, por lo que su aeronave sufrió algunos daños en la hélice. Los tres hombres fueron arrestados y declarados "inmigrantes ilegales". Luego de pasar 48 horas en un calabozo, fueron liberados en Río Gallegos.[cita requerida]
La comunidad internacional compartía en general la percepción de que la persistencia de relaciones coloniales en pleno siglo XX constituía una violación de derechos humanos básicos, entorpecía el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos dependientes, y era una amenaza para la seguridad internacional. Hacia fines de la década del 50 se formó en los organismos internacionales un claro consenso al respecto, que se expresó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se decidió impulsar un proceso global de descolonización. El 14 de diciembre de 1960 se aprobó allí por 89 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones —casi todas de países colonialistas— la resolución 1514 (XV) Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Este documento abrió las puertas a las negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido. En cuatro de sus puntos (2, 4, 6 y 7), el texto hacía referencia al nudo del problema: el respeto a la autodeterminación, a la unidad nacional y a la integridad territorial. Al año siguiente fue reafirmada por la resolución 1654 (XVI), que creaba el que tras la resolución 1810 fue llamado "Comité Especial de los Veinticuatro", encargado de efectuar el seguimiento del proceso descolonizador. En particular, el asunto de Malvinas recayó en la esfera del Subcomité III.
Inmediatamente la Argentina anunció su posición frente a la declaración: el principio de autodeterminación debía considerarse en justa relación a otros principios de mayor jerarquía, como el de la unidad territorial del Estado, por lo que no era aplicable a Malvinas, cuya población, británica en su origen, no es sino producto del desalojo violento de los legítimos residentes argentinos.
En 1964 el gobierno del presidente Arturo Umberto Illia se propuso conseguir a través de esta especial coyuntura que la presión de las Naciones Unidas obligara al Reino Unido a sentarse por vez primera a la mesa de negociaciones, anulando las pretensiones británicas de convalidar el statu quo mediante una interpretación parcial de la autodeterminación.
Al iniciarse la sesión en septiembre, las delegaciones de ambos países fueron autorizadas a participar del debate aunque sin derecho a voto. La tesis argentina fue presentada por el consejero legal del ministerio de relaciones exteriores, José María Ruda; la británica, por Cecil King. El intercambio de argumentos fue encendido y la mayoría de los miembros se inclinó por la postura argentina; el apoyo de Latinoamérica, y de Uruguay y Venezuela en particular fue expreso y contundente. El Subcomité III redactó un informe con las conclusiones del debate, que contrariaban punto por punto los anhelos del Reino Unido:
El Subcomité III aprobó el informe por unanimidad y lo elevó al Comité Especial de los Veinticuatro. Allí se repitió la argumentación de la etapa previa: la estrategia argentina fue la de minimizar las discusiones para asegurarse el pasaje rápido a la siguiente etapa; el Reino Unido, por el contrario, intentó llevar la cuestión al plano bilateral para impedir que el tema siguiera tratándose en el marco de las Naciones Unidas. Una vez más triunfó la diplomacia argentina y los miembros del cuerpo aprobaron también por unanimidad las conclusiones del informe recibido. Siria presentó la propuesta accesoria de que la palabra "Malvinas" apareciese junto con "Falkland" en todos los documentos oficiales del organismo, lo cual fue aprobado por 19 votos a favor, el Reino Unido en contra y dos abstenciones. Luego se remitió el nuevo informe para su discusión en la IV Comisión de Asuntos Coloniales de la Asamblea General, donde se programó para ser tratado al año siguiente. En el ínterin, Estados Unidos ejerció presión para que las negociaciones salieran fuera de la órbita de la ONU.
Tras la aprobación del proyecto de resolución por 87 votos a favor y 13 abstenciones, el 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General aprobó por 94 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones, la histórica resolución 2065 (XX), basada en el informe de la IV Comisión. El texto invitaba formalmente a ambos gobiernos a mantener negociaciones sobre la soberanía siguiendo los puntos antedichos del informe del Subcomité II. Básicamente establece que las Islas Malvinas no pueden ser descolonizadas atendiendo el principio de autodeterminación, y pide a ambas partes que informen al Comité Especial de los Veinticuatro y a la Asamblea General del progreso en las conversaciones.
A partir de ahora el Reino Unido estaría obligado a negociar y a efectuarlo en los términos planteados por la tesis argentina; en palabras de Lanús:
A partir de la aprobación de la resolución 2065 dio comienzo una nueva etapa en el diferendo, caracterizada por la reapertura de las negociaciones bilaterales. Además de la presión de las Naciones Unidas para dar término al anacronismo colonial, la continua declinación del Imperio Británico y una mengua acentuada en los recursos destinados a defensa exterior habían colocado a Malvinas como una carga molesta para la metrópoli. El relanzamiento del tema en la agenda binacional tuvo como primer paso la firma de la notificación suscrita conjuntamente por el canciller argentino Miguel Ángel Zavala Ortiz y el secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Michael Stewart, el 14 de enero de 1966, en la que el Reino Unido aceptaba la validez de la resolución 2065 y accedía a iniciar negociaciones conjuntas.
A mediados de 1966, luego del golpe militar de Onganía, el encargado de negocios de la embajada argentina en Londres, Carlos Ortiz de Rozas y sus acompañantes —el embajador había renunciado con la caída del gobierno de Illia— fueron informados extraoficialmente durante un almuerzo que las islas terminarían por pasar a ser de soberanía argentina efectiva, y que sólo restaba encontrar el momento y las condiciones para efectuar el traspaso. Adicionalmente se recomendó a las autoridades argentinas el iniciar una política de seducción de los isleños, a fin de reducir la conflictividad del cambio por venir. Onganía nombró como embajador en Londres al brigadier Eduardo Mc Loughlin, que tuvo a su cargo las negociaciones de soberanía. Durante los siguientes dos años se estableció una agenda de reuniones confidenciales en las que la Argentina intentó obtener de Gran Bretaña un compromiso explícito y formal de transferencia del territorio, negándose a una extemporánea propuesta inglesa de congelar las discusiones durante treinta años para luego dejar en los isleños la decisión del destino del archipiélago.
En marzo de 1967 Londres informó oficialmente a la diplomacia argentina que, bajo la condición de que se respetaran los deseos de los locales, el gobierno de Su Majestad estaba dispuesto a ceder la soberanía efectiva de las islas. Ante la negativa argentina a considerar la posición de los kelpers entró en juego un grupo corporativo constituido por personas de influencia y financiado por la Falkland Islands Company: el Comité del Reino Unido y las Islas Falkland (también llamado el "Falklands Lobby") compuesto por isleños que se oponían a la transferencia. Mediante presión al nivel del Parlamento y una campaña de propaganda en medios de circulación masiva ejercieron una férrea resistencia al acuerdo.
Temiendo que el diálogo llevara a un punto de fait accompli, en febrero de 1968 el grupo de lobbistas presionó al Parlamento para que debatiera sobre el tema, mediante una carta abierta que en su párrafo inicial decía:
Lord Chalfont representó al Foreign Office en la consiguiente interpelación de marzo. En su monólogo admitió que los argentinos tenían derecho a mantener sus reclamos, que las conversaciones seguirían siendo de carácter confidencial en vista de lo delicado del asunto y que Londres se negaba a otorgarle la independencia a las islas debido a su reducida población, a su aislamiento geográfico y al hecho de que no eran autosuficientes. Comprometió la posibilidad de un acuerdo binacional a que los isleños aceptaran sus términos, aunque reservó para el gobierno la potestad última de convalidarlo. En el acalorado debate que prosiguió no hubo consenso y Stewart se vio obligado a aclarar en varias oportunidades que no habría sesión de soberanía en contra de lo opinado por los isleños. A pesar de ello el 28 de marzo Mc Loughlin y Chalfont llegaron a un acuerdo, al que titularon "Memorándum de Entendimiento": el gobierno de Su Majestad aprobaría la transferencia de la soberanía si previamente se garantizara la comunicación de las islas con el continente y se aseguraran los intereses de los locales. La nueva fórmula reemplazaba deseos por intereses, dando mayor espacio para facilitar el entendimiento mutuo a la vez que dejaba de lado la más restrictiva cuestión de la autodeterminación, lo que intentaba disminuir el margen de maniobra de los lobbistas malvinenses.
Ese mismo mes, durante las reuniones de la Asamblea General Ordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York, los ministros Nicanor Costa Méndez y Michael Stewart concordaron en que no existían discrepancias significativas sobre el Memorándum; solo restaba su firma.
Lord Chalfont visitó las islas en noviembre de 1968, con el objetivo de convencer a los isleños de la bondad del inminente acuerdo. Frente a un auditorio de unos quinientos colonos, Chalfont advirtió:
En reunión secreta con el Consejo Ejecutivo del archipiélago, el funcionario anunció que
Mantuvo reuniones adicionales en las que aclaró que el consentimiento de los locales era fundamental para la firma de un eventual tratado de transferencia. Sus palabras no convencieron a los isleños, y el lobby, que seguía presionando en el Parlamento, consiguió que un grupo de representantes firmara una moción para instar al gobierno a declarar a los habitantes del archipiélago como "británicos" e intransferibles en contra de su voluntad.
A su regreso a Londres Chalfont fue interpelado en el Parlamento, donde recibió duros ataques de los opositores conservadores, que prometieron eliminar el asunto de la soberanía de la agenda exterior. Movida por los lobbistas, la prensa tuvo también una ferviente actitud crítica: el Daily Express hizo públicas las discusiones bajo el titular sensacionalista de "Malvinas en venta".
Mientras tanto, el gobierno argentino guardaba un silencio oficial que se extendería durante casi dos meses: aparentemente existía alguna oposición interna al acuerdo, aunque los detalles no son del todo claros. Ciertas fuentes consignan que la demora se produjo por diferencias insalvables acerca del texto de una nota adjunta al documento del Memorándum: Argentina exigía el reconocimiento liso, llano e incondicional de su soberanía sobre las Islas. En octubre el embajador Eduardo Mc Loughlin participó en una reunión de información en donde sostuvo la necesidad de apoyar el documento, pero no consiguió del general Onganía ninguna manifestación en este sentido. El canciller Nicanor Costa Méndez debió esforzarse para mantener el asunto en movimiento.
Finalmente, a comienzos de diciembre de 1968 la Argentina presentó formalmente en Londres su aceptación del entendimiento. El embajador Mc Loughlin se entrevistó con el secretario Stewart para ejecutar los trámites finales. Sin embargo el funcionario británico se retractó aduciendo que "ya era tarde" y que no estaba en condiciones de aceptar el Memorándum debido a la intensidad de la oposición en la Cámara, en la prensa y en la opinión pública; el gobierno laborista temía una reacción desmedida que precipitara su caída.
Como consecuencia, el 11 de diciembre el gobierno británico decidió suspender todas las tratativas derivadas del Memorándum. Más tarde ese día Stewart declaró ante la Cámara de los Comunes que el gobierno volvía a colocar como eje central de la discusión la fórmula de la autodeterminación:
Esta postura sería mantenida por Londres desde entonces y hasta el presente.
La cancillería argentina emitió al día siguiente una respuesta en la que establecía su posición en contra de la interpretación británica del tema de la autodeterminación:
2. La República tendrá en cuenta y asegurará los intereses de los habitantes de las Islas por medio de salvaguardias y garantías que se acuerden. El gobierno argentino conforme a los principios tradicionales ha informado su política en esta materia, acogerá esos pobladores con la más generosa disposición (...)
Varios analistas coinciden al afirmar que el Memorándum de Entendimiento constituyó el compromiso histórico más explícito del Reino Unido sobre la transferencia de la administración de las Islas a la Argentina.
Otros autores, no obstante, argumentan que el documento continuaba sosteniendo la aceptación de los isleños como punto primordial para un eventual traspaso administrativo y relativizan la significancia del cambio de lenguaje utilizado en su texto.
La decisión del gabinete de abandonar el Memorándum fue una importante victoria del Falklands Lobby sobre los esfuerzos diplomáticos argentinos; durante los siguientes tres años la actividad bilateral decreció sensiblemente.
Con motivo del décimo aniversario de la resolución 1514, la Asamblea General aprobó el 12 de octubre de 1970 la resolución 2621 (XXV), por 86 votos a favor, 5 en contra (casi todos miembros del Commonwealth) y 15 abstenciones. El texto reafirmaba los principios expresados en aquella y urgía a los estados miembros a acelerar la descolonización
A partir de 1970 la agenda se concentró en el tema del tránsito y las comunicaciones de las Islas con el continente. Los británicos reconocieron el aislamiento excesivo del archipiélago: recibían noticias del mundo exterior exclusivamente a través de medios radiales; la infraestructura educativa y sanitaria era inadecuada, etc. La solución más económica pasaba por mejorar los lazos con el continente, pero sin aceptar los requerimientos argentinos para tratar la cuestión de fondo.
Tras ignorar varias propuestas argentinas en ese sentido, el Foreign Office aceptó sentarse a una mesa de negociaciones centrada en el tema de la comunicación, en la que invitó unilateralmente a varios isleños, entre los que sobresalía el gerente general de la Falkland Islands Company. La ronda de tratativas comenzó en 1971; el 1º de julio ambos gobiernos emitieron una declaración que tenía por fin facilitar el movimiento de personas y bienes entre la Argentina continental y el archipiélago. El acuerdo comprometía a la Argentina a:
Por su parte el Reino Unido se obligaba a:
Además el gobierno argentino se ofrecía a cooperar en las áreas de salud, educación y agricultura, en el caso de que le fuera requerido. Se incluían medidas para regular las tarifas de comunicación postal, telegráfica y telefónica, y la creación de una comisión biestatal para coordinar una acción conjunta. La estrategia argentina buscaba incrementar el interés de los habitantes del archipiélago por la cultura y economía continental, de manera de acercar posiciones en forma progresiva mediante la profundización de los lazos y confianza mutua y facilitar una eventual transferencia de soberanía.
En Argentina esta declaración fue aprobada el 1º de julio de 1971 y refrendada mediante ley nacional por el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse. Por su parte el acuerdo fue recibido con beneplácito por los sectores más intransigentes del Reino Unido: la prensa, el Falklands Lobby y el parlamento conservador, tradicionalmente opuestos a la conciliación con Argentina.
El 7 de enero del año siguiente un buque turístico argentino, la motonave ARA Libertad, realizó una escala en Puerto Stanley como hito simbólico del proceso de acuerdo. En el barco viajaban el embajador de Gran Bretaña en Buenos Aires, Michael Hadow y el director general de Antártida y Malvinas de la cancillería argentina, Mario Izaguirre.
La colaboración en pos del acuerdo original prosiguió. El 2 de mayo, mediante la firma de un convenio al respecto, Argentina se comprometió a construir un aeródromo provisorio compuesto por una única pista de 800 m de largo por 30 de ancho, cuyo mantenimiento tendría a su cargo. Seis meses después, un convenio accesorio acordó la apertura de una agencia de LADE en Puerto Stanley y la iniciación de los vuelos con el continente.
Más allá de esta cooperación, de la que los isleños fueron los principales beneficiarios, la negociación por la soberanía fue prácticamente aplazada por los británicos, que continuaron negándose sistemáticamente a tratar el tema. Hacia 1972 esta situación había desembocado en un impasse en las negociaciones.
El 25 de mayo de 1973 Héctor J. Cámpora juró como presidente constitucional. En su discurso de asunción afirmó que la recuperación del archipiélago sería uno de sus objetivos. Su gobierno encaró el problema desde una postura más enérgica y denunció ante las Naciones Unidas que el Reino Unido empleaba una estrategia dilatoria. La ONU, incomodada por el nulo avance en la cuestión de fondo tras ocho años de negociaciones, respondió inmediata y afirmativamente a la denuncia argentina con la aprobación el 14 de diciembre de la resolución 3160 (XXVIII), por 116 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones, en la que señalaba su preocupación por la falta de progreso en las tratativas e instaba a las partes a proseguirlas de acuerdo a lo previsto en la resolución 2065. Esta presentación no interrumpió la cooperación en materia de comunicaciones y de transporte; sin embargo el canciller Alberto J. Vignes afirmó en julio de 1974 que la "política amistosa" quedaba supeditada a una aceleración en las negociaciones sobre la cuestión de fondo.
Frente a estos hechos, el nuevo gobierno del primer ministro Harold Wilson decidió restablecer conversaciones sobre la soberanía, introduciendo la posibilidad de que el gobierno de Su Majestad aceptara una eventual soberanía compartida:
A continuación las reuniones bilaterales —altamente confidenciales— se hicieron más frecuentes: se llegó a un consenso sobre cuestiones básicas, como que el español y el inglés serían idiomas oficiales, que los isleños gozarían de la doble nacionalidad, que ambas banderas flamearían juntas, y que el gobernador sería designado por Londres y Buenos Aires en forma alternada.
El fallecimiento del entonces presidente Juan Domingo Perón en julio de 1974 puso fin a las negociaciones; no existe suficiente evidencia de que Perón apoyara el posible acuerdo, pero resulta claro que tras su muerte la negociación perdió su sustento político interno. En forma paralela, el parlamento del Reino Unido hizo zozobrar las conversaciones pues no contaban con la aprobación de los isleños. En agosto el Foreign Office admitió que las tratativas deberían abortarse.
A partir de 1970 el gobierno británico había encargado una serie de relevamientos geológicos en el área de Malvinas, a fin de determinar la existencia de petróleo en el subsuelo. Hacia mediados de la década el resultado acumulado de estas investigaciones (a cargo de la Universidad de Birmingham) sostenía una moderada probabilidad de que en efecto existieran hidrocarburos en las aguas cercanas al archipiélago. Varias empresas petroleras británicas centraron su atención en la zona.
Al hacerse públicas las intenciones británicas de proseguir la exploración, la cancillería argentina emitió el 19 de marzo de 1975 un duro comunicado en el que dejaba en claro que el país no reconocía al Reino Unido ningún derecho en materia concerniente a los recursos naturales:
(...)
Las relaciones entre los dos países se deterioraron rápidamente. Al mes siguiente el nuevo embajador británico hizo saber al canciller Vignes que ante cualquier ataque argentino a las Islas el Reino Unido respondería con la fuerza militar. La Argentina respondió el 12 de octubre que cualquier innovación con fines económicos sería motivo de fuerte rispidez en el ámbito binacional, haciendo peligrar la solución pacífica del diferendo; esta advertencia argentina no rindió frutos: el 16 de octubre el gobierno de Su Majestad confirmó el envío a las islas de una misión económica oficial encabezada por Lord Shackleton. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que no concedía permiso oficial a la misión Shackleton, argumentando que las acciones unilaterales británicas sobre las Islas eran incompatibles con las negociaciones que bajo supervisión de la ONU intentaban dirimir el conflicto de su soberanía.
En vista de la presión existente, en julio de 1975 el Reino Unido propuso a la Argentina discutir sobre el desarrollo conjunto del Atlántico Sur. La cancillería argentina aceptó esa posibilidad con la condición de que la agenda incluyera el trasfondo por la soberanía. El Foreign Office se negó, pero la Argentina se mantuvo firme en su exigencia de que el tema de la soberanía fuera central en toda tratativa sobre explotación económica. Para noviembre las negociaciones se hallaban en estado de virtual ruptura: el representante argentino en las Naciones Unidas afirmó que, en virtud de ello, su país no dejaría de hacer valer sus derechos en la forma que considerara más apropiada. Esta velada amenaza de acción militar comenzó a hacerse común en la acción diplomática argentina.
A raíz de un ofrecimiento británico para abrir la agenda a "otras cuestiones", el nuevo canciller argentino, Manuel Aráuz Castex, propuso modificar la misión Shackleton a una acción binacional, a fin de eliminar su carácter "unilateral y provocativo". Este claro ofrecimiento de desarrollo conjunto fue distorsionado por los británicos, reduciéndolo a la posibilidad de que la Argentina proveyera solo tres técnicos; con este accionar el Reino Unido había hecho evidentes sus intenciones de actuar de manera exclusivamente unilateral.
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Historia de las islas Malvinas (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)
Aún no hay comentarios, ¡deja el primero!