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Libertad en Internet



La libertad en Internet engloba las libertades que impone el respeto a los derechos fundamentales dentro de la red de Internet.

La libertad de expresión, el respeto a la privacidad y el respeto a la confidencialidad en las comunicaciones son ejemplos de lo que se entiende por libertad en Internet. Asociaciones, usuarios y organismos internacionales defienden esta libertad en Internet recurriendo a la llamada neutralidad de la red.[1]

Internet, debido a su estructura, es una herramienta de comunicación muy potente al servicio de la libertad de expresión, y por ello, en gran medida, escapa al control de los Estados. Los gobiernos de numerosos países, alarmados por la pérdida de poder a causa de los servicios ofrecidos por Internet, tratan de aplicar políticas de control (censura) por medio de leyes y reglamentos.

Las asociaciones en favor de un Internet libre se preocupan por las medidas tomadas por los gobiernos de algunos países: los sucesos del 11 de septiembre de 2001 y otros grandes atentados han servido de pretexto para la adopción de medidas que coartan severamente la libertad en la Red.

La criptología, y especialmente la criptografía asimétrica, es una de las cuestiones más problemáticas. Algunos gobiernos pretenden autorizar un único sistema de criptografía asimétrica del que tendrían la clave. Las asociaciones favorables a la libertad de Internet se oponen a esta vulneración potencial de la vida privada, y exigen que los ciudadanos utilicen los sistemas de cifrado de datos que prefieran, como el sistema PGP o su versión libre GnuPG.

Uno de los activistas que más ha defendido este derecho es Richard Stallman, iniciador del movimiento del software libre, que ha declarado: «La vida privada queda abolida por completo cuando los gobiernos comienzan a vigilar qué dices, dónde vas o qué lees».

Este conflicto no enfrenta a los defensores de la vida privada de los ciudadanos con los gobiernos que quieren asegurar su seguridad interna. La criptografía permite al gran público de intercambiar información con seguridad y confidencialidad, lo que para algunos gobiernos es motivo de inquietud. La criptografía, utilizada por una parte de la población, aunque mínima, puede llegar a complicar seriamente las infraestructuras de espionaje en masa, como la red ECHELON.

La aparición de las redes Peer-to-peer (P2P o redes punto a punto), que facilitan el intercambio de archivos digitales, ha provocado conflictos entre los usuarios de estas redes y ciertos sectores (principalmente la industria discográfica y cinematográfica, aunque también las industrias del software y de los juegos de vídeo). Ha habido que buscar un compromiso entre la retribución a la que tienen derecho esas industrias y la obligación de los internautas a respetar estos derechos sin llegar a restringir la Red ni prohibir ciertos tipos de tecnología.

En 2006, el gobierno de Estados Unidos presionó al gobierno sueco[2]​ para que se incautara del servidor de The Pirate Bay, un compendio de enlaces BitTorrent desde el que se podían descargar miles de archivos cuya difusión es ilegal en Estados Unidos. Esta incautación provocó un escándalo, ya que el sitio era legal en Suecia. Se produjo una manifestación en Estocolmo por este asunto, y la operación fue denunciada por el Partido Pirata sueco.

La decisión de clausurar la web «The Pirate Bay» tuvo un trasfondo simbólico, ya que tras el cierre de SuprNova,[3]The Pirate Bay era el repertorio más frecuentado de enlaces BitTorrent.

A principios de 2012 Megaupload[4]​ fue clausurada y varios de sus empleados fueron detenidos en Nueva Zelanda. Fueron acusados de haber generado 175 millones de dólares de forma ilegal. La respuesta por parte de los colectivos tardaron pocas horas en aparecer: la web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos fue atacada por Anonymous incluso llegando a atacar la web de SGAE española.

La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado los países que considera los «15 enemigos de Internet».[5]

En 2005, el servicio que alojaba a Indymedia, cuyos servidores estaban ubicados en Londres, fue obligado –como consecuencia de un opaco «acuerdo de cooperación policial» entre el gobierno británico y el FBI, que actuaba fuera de su jurisdicción– a entregar a los servicios secretos estadounidenses el disco duro en el que se almacenaban varias webs de Indymedia, supuestamente por la publicación de una fotografía en la que aparecían dos miembros de la policía secreta suiza que intentaban infiltrarse en una manifestación antiglobalización.

Varias de las webs estuvieron inaccesibles durante varios días, e hizo falta una ingente labor de restauración de los archivos. Un mes después se estabilizó la situación, pero el hecho resultó inquietante por sentar un grave precedente de vulneración de la libertad de información y de la libertad en la Red.

En mayo de 2011, la ONU publicó un informe sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. En este informe, considera que el hecho de cortar o limitar el acceso a Internet es contrario a la Convención Internacional de, sea cual sea la justificación que se alegue, incluyendo la vulneración de la propiedad intelectual.[6]

Declara que Estados Unidos se compromete a defender la libertad de expresión en Internet, así como a combatir la censura de regímenes represivos, y en especial China, Birmania, y Siria.[7]

En Estados Unidos, el conflicto entre los usuarios de P2P y la industria discográfica, representada por la Asociación de la Industria Discográfica de Estado Unidos resultó en la adopción de la DMCA.[8]

La directiva europea 2001/29/CE, también conocida por sus siglas en inglés EUCD, es la adaptación europea de la DMCA (Digital Millennium Copyright Act) estadounidense del año 1998.[9]





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