Las sublevaciones carapintadas fueron una serie de cuatro sublevaciones militares ocurridas en la Argentina entre 1987 y 1990, después de que en 1983 se iniciara en el país el período de democracia más extenso de su historia (aún vigente), luego de más de cincuenta años de golpes de Estado militares que impidieron varias veces que se consolidara un sistema democrático, aun cuando el voto secreto y obligatorio se había aprobado en 1912. En ese contexto un grupo de militares del Ejército Argentino, conocido como los "carapintada", definido así por periodistas debido al hecho de que se presentaban con pintura facial de camuflaje como en la guerra, desobedecieron la cadena de comando. Las sublevaciones fueron consideradas como desconocimiento de los mandos naturales, y se cometieron contra los gobiernos constitucionales de Raúl Alfonsín y Carlos Menem respectivamente.
Pese a haber sido derrotados, las sublevaciones carapintadas presionaron al poder democrático e influyeron en las llamadas «leyes de impunidad», sancionadas durante los gobiernos de Alfonsín y Menem, que liberaron a los acusados y dejaron sin efecto las investigaciones y condenas dictadas contra los autores de crímenes de lesa humanidad. Recién en 2003, veinte años después de caída la dictadura, las leyes de impunidad fueron anuladas para permitir que los delitos fueran investigados y los culpables condenados. Aunque se arrestaron, juzgaron y condenaron a prisión a los líderes militares, la mayoría no recibió castigo, con excepción de Mohamed Seineldín.
El primero de los levantamientos tuvo lugar en la Pascua de 1987, con la excusa de las acciones administrativas llevadas a cabo por la cúpula de las fuerzas armadas, sobre los beneficiarios de la Ley de Punto Final: Personal con jerarquía de suboficiales y oficiales con grado menor a Coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores y/o de inmuebles de desaparecidos) durante el terrorismo de Estado, por haber prescrito las causas que no se hubieren tramitado antes de finales de 1986 y principios de 1987.
El mayor Ernesto Barreiro, un elemento de la inteligencia militar que había tenido participación activa en la represión al movimiento obrero y popular en Córdoba, se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba en relación a cargos de tortura y asesinato que se le imputaban.
La autoridad militar arrestó a Barreiro, a petición del juez competente, y lo confinó en el Regimiento de Infantería Aerotransportado 14 del III Cuerpo de Ejército, en la provincia de Córdoba. Cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro por el desacato a la justicia, el personal del cuartel (130, entre cuadros y soldados) se amotinó, exigiendo el cese de los juicios.
Otras dependencias militares se sumaron a la acción (ante la férrea oposición de la población civil), en especial las tropas al mando del teniente coronel Aldo Rico (en ese entonces, al mando del Regimiento de Infantería 18 de San Javier), quien se acantonó en la Escuela de Infantería en Campo de Mayo. Los reclamos de los ya apodados carapintadas incluían la destitución del jefe del Ejército, planteando que los jefes que impartieron las órdenes "hoy están en libertad desprocesados, ascendidos y gozando de un privilegio que no merecen", y la exigencia de una solución política para los juicios a los represores del proceso y "los del otro bando también", según se dijo en el reportaje hecho para el periodista Corbacho en Radio Mitre el 16 de abril de 1987. Aldo Rico decía: "Si quienes dieron las órdenes van a la justicia no tenemos ningún problema en ir todos a la justicia, pero ningún hombre de bien que vista uniforme militar puede ampararse escudándose en el sacrificio de sus subalternos".
Si bien el alzamiento contó con gran apoyo del personal tropa, la actitud del resto de las Fuerzas Armadas fue unánime: Alfonsín no contó con la subordinación necesaria entre la tropa para sofocar militarmente a los carapintadas.
La actitud política y pública frente al alzamiento también fue uniforme. Los principales partidos del país (UCR, PJ, UCeDé, PDC, PI, PC y PS) suscribieron el "Acta de Compromiso Democrático", oponiéndose a la actitud de los militares y reconociendo los grados de responsabilidad en la represión que habían sido anunciados por el Poder Ejecutivo Nacional antes del intento de golpe. Este último punto llevó a algunas fuerzas políticas (el MAS, el PCR, el PO, y las Madres de Plaza de Mayo) a distanciarse del grupo de los firmantes. Manifestaciones populares se hicieron presentes en Campo de Mayo y la Plaza de Mayo, exigiendo la rendición de los sublevados. Imposibilitado de reprimir y ante situaciones poco claras Alfonsín marchó a Campo de Mayo para exigir la rendición, en lo que se le cuestionaría como una debilidad política. A su regreso, desde el balcón de la Casa Rosada, anunciaría la capitulación de los sublevados.
Barreiro huyó; fue capturado dos semanas más tarde. Tanto él como Rico pasarían a manos de la justicia militar y civil, iniciándole al último una causa en los tribunales de San Isidro por sublevación.
Parecería que a causa de esta primera sublevación, meses más tarde, el gobierno habría promulgado la Ley de Obediencia Debida, que satisfizo algunos de sus reclamos; sin embargo, la misma fue anunciada un mes antes de la sublevación, el 24 de marzo de 1987 en la localidad de Las Perdices, Córdoba, por el presidente Alfonsín y se basaba en la promesa electoral de campaña de 1983 de los tres niveles de responsabilidad. Los juicios prosiguieron durante el período de Alfonsín. Los oficiales superiores de los actos de terrorismo de Estado y algunos subalternos siguieron presos y procesados.
Sería de nuevo Rico la principal figura del segundo conato de rebelión, que tuvo lugar el 15 de enero de 1988 en la localidad correntina de Monte Caseros. El 30 de diciembre se le había concedido el privilegio de arresto domiciliario; dos semanas más tarde, envió un comunicado afirmando que desconocía la autoridad del Estado Mayor General del Ejército y de los tribunales militares por no ver garantizada la justicia, y escapó. La autoridad militar, el teniente general José Caridi, sucesor de Ríos Ereñú, declaró a Rico en rebelión, y el Ministerio de Defensa ordenó su captura y lo declaró en disponibilidad —destitución—.
Tres días más tarde, el 18 de enero de 1988, se lo encontró en el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros. Rico volvió a emitir un comunicado como «Ejército Nacional en Operaciones». Caridi, al frente del II Cuerpo de Ejército, hizo frente a las tropas insurrectas, las que se rindieron sin presentar batalla. Los detenidos fueron numerosos; Rico, tras declarar públicamente que no se arrepentía de sus actos y afirmar que «la duda es la jactancia de los intelectuales», regresó a prisión. Unos cuatrocientos treinta oficiales y soldados serían llevados a juicio por sus acciones en los dos alzamientos; aunque los casos relativos al terrorismo de Estado y la tortura durante la dictadura disminuyeron para los oficiales de baja graduación, la protesta de las facciones promilitares no cesó. Rico, desde su celda, se convirtió en la principal figura del Movimiento por la Dignidad Nacional y líder del Ejército Nacional en Operaciones que realizó numerosos atentados entre 1988 y 1989 —bombas a los cines de Lavalle—.
Un comando de exagentes de inteligencia de la Fuerza Aérea que tomó el Aeroparque Metropolitano en apoyo a Rico, fue reducido por la Gendarmería y la Policía Federal, juzgado en el fuero civil y militar en 1988 e indultado por Menem con el cambio de gobierno.
El último de los alzamientos durante el gobierno de Alfonsín tuvo lugar el 1 de diciembre de 1988, cuando unos cuarenta y cinco oficiales de la unidad Albatros, un cuerpo de élite de la Prefectura Naval Argentina saqueó de armas el arsenal de las dependencias de Prefectura en Zárate, provincia de Buenos Aires, y se rebeló. Alfonsín, a su regreso del exterior, consideró el problema menor, al no provenir del Ejército, pero los rebeldes se trasladaron a la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, donde se sumaron a un grupo de militares que coparon el cuartel. Su líder era el entonces coronel Mohamed Alí Seineldín, un veterano de la Guerra de las Malvinas, asesor de Manuel Noriega en la formación de comandos, y declarado miembro de la rama más nacionalista del Ejército, afirmó que el objetivo era «salvar el honor» de las Fuerzas Armadas, pero ya en contacto con dirigentes justicialistas lo que buscaba era que Alfonsín firmara la amnistía general e irrestricta también para los miembros de las organizaciones político-militares de la década de 1970.
Caridi movilizó tropas leales y rodeó la guarnición de Campo de Mayo. Luego de un combate de morteros donde un rebelde fue herido de muerte, Seineldín huyó a Villa Martelli. Sin embargo, varios otros grupos declararon su apoyo a los carapintadas en la provincia de Buenos Aires, así como en la de Córdoba y Salta; la rebelión más importante fue la del Batallón de Logística 10 de Villa Martelli, en la periferia del Gran Buenos Aires, donde se dirigieron los rebeldes de Campo de Mayo evadiendo el cerco. El general Isidro Cáceres fue destacado por el mando leal para enfrentarlos, pero con órdenes de no iniciar acciones armadas salvo en caso de extrema necesidad.
Acantonados, el 4 de diciembre anunciaron sus exigencias: la destitución de Caridi, la extensión de la ley de Obediencia Debida a todo el personal militar excepto a los miembros de la Junta, amnistía para los procesados por los alzamientos anteriores, e impunidad para todos los participantes en este; excepto Seineldín. Los tanques leales rompieron el cerco y ya sin poder conseguir sus objetivos y en soledad, Seineldín fue procesado y detenido en Palermo al igual que el resto del personal que participó tanto de la Prefectura Naval como del Ejército, así como el mayor Hugo Abete, que no depuso las armas hasta días más tarde. Caridi pidió su pase a retiro. Seineldín permaneció detenido y procesado hasta que, con el cambio de gobierno, Menem le otorgó el indulto.
A pesar de los entonces recientes indultos realizados por el presidente Carlos Menem que incluyeron a condenados, detenidos y procesados por terrorismo de Estado, alzamientos carapintadas y Guerra de Malvinas y a jefes de las organizaciones político-militares de la década de 1970 Seineldín rompió con Menem y fue puesto bajo arresto militar, y planeó una rebelión que se materializó el 3 de diciembre de 1990, en protesta contra la creciente injerencia del poder político en la cúpula militar. Uno de los principales impulsores de la asonada fue el capitán Gustavo Breide Obeid, subordinado del coronel Mohamed Alí Seineldín.
En la madrugada del 3 de diciembre un grupo de poco más de cincuenta militares ocupó el Edificio Libertador, las instalaciones del Regimiento de Patricios, la fábrica de tanques TAMSE, el Batallón de Intendencia 601 y otras unidades. Según los sublevados, sólo exigían la remoción del generalato del Ejército Argentino.
Las Fuerzas Armadas, encabezadas por el titular del Ejército, teniente general Martín Félix Bonnet, reprimieron con violencia la rebelión y recuperaron los objetivos tomados. El saldo fue de trece fallecidos —de los cuales cinco fueron civiles— y decenas de heridos. Durante el juicio Seineldín asumió la total responsabilidad de las muertes que provocó dicho enfrentamiento, y realizó un alegato conocido como «El Nuevo Orden Mundial», el 7 de agosto de 1991, en el que alegó maquinaciones del imperialismo estadounidense y su servidor en Argentina, Menem, en el desmantelamiento del Ejército y la defensa nacional.
A pocos días del tercer alzamiento carapintada, Menem completó los indultos, dando la libertad a los miembros de la Junta y otros militares y civiles, varios de ellos condenados a prisión perpetua: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Ramón Camps, Guillermo Suárez Mason, el exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el exjefe de la Policía Federal Argentina Ovidio Ricchieri. Solo Seineldín, una figura afecta a los gestos desmesurados, permaneció en prisión a consecuencia de los incidentes hasta mayo de 2003, cuando fue indultado por el entonces presidente interino Eduardo Duhalde.
En 2010 el carapintada Víctor Alejandro Gallo fue imputado por la apropiación ilegal de un hijo menor de una desaparecida.
En 2019, el entonces ministro de Defensa durante el gobierno de Mauricio Macri, el político radical Oscar Aguad, sentó oficialmente una nueva postura frente a los levantamientos carapintadas. Aguad minimizó la gravedad de los levantamientos carapintadas, durante una entrevista con María O'Donnell en la estación de radio Metro 95.1, caracterizándolos como un «acontecimiento chiquito»:
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