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Segunda restauración absolutista en España



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Se denomina Década Ominosa o segunda restauración del absolutismo (1823-1833) al periodo de la historia contemporánea de España que corresponde a la última fase del reinado de Fernando VII (1814-1833), tras el Trienio Liberal (1820-1823), en el que rigió la Constitución de Cádiz promulgada en 1812. Algunos historiadores, como Josep Fontana, prefieren la segunda denominación porque extienden el periodo más allá de la muerte de Fernando VII, hasta el fin del sistema absolutista, alargándolo de esta forma hasta 1834.[1]

El 7 de abril de 1823 se produjo la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, ejército francés comandado por Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, que sometió la España liberal. La iniciativa partió del gobierno francés,[2]​ que deseaba resarcirse de la derrota sufrida durante la Guerra de la Independencia Española y reafirmar así su posición internacional. La intervención contó con la aprobación de las potencias de la Santa Alianza mediante un proces-verbal, por el que se estipulaba un posible apoyo militar que finalmente no se produjo. Fue más relevante el acuerdo anglo-francés, por el que el gobierno británico aceptaba la intervención francesa bajo las siguientes condiciones: (1) si las tropas francesas salían de España tan pronto como alcanzasen sus objetivos; (2) si Francia se abstenía de cualquier interferencia en los asuntos internos de Portugal, algo que Gran Bretaña había prometido defender; y (3) si Francia no hacía ningún intento de ayudar a España a recuperar su imperio colonial en América.[3]​ De esta forma la intervención francesa se produjo en función de sus propios intereses internos y el único apoyo que obtuvo fue la aceptación de un hecho visto como inevitable.[4]

Durante muchos años la historiografía española defendió que esta intervención fue ordenada por la Santa Alianza durante el Congreso de Verona, mediante un supuesto tratado de Verona. Solamente en 2011 se publicó un artículo de una historiadora española reconociendo el error,[5]​ aunque algunos historiadores traducidos al español advirtieron ya antes y rotundamente sobre su falsedad.[6]​ Fuera de España la falsedad del tratado de Verona se daba por segura desde que se demostró en 1935 que era una invención periodística.[7]

En este periodo tuvo lugar una de las grandes represiones de los liberales que pudieron quedarse en la Península, pues los más significativos tuvieron que emigrar en masa sobre todo al barrio londinense de Somers Town, pero también a Malta, París, Estados Unidos y las recién nacidas repúblicas hispanoamericanas para evitar la muerte. Rafael del Riego fue ejecutado en la plaza de la Cebada de Madrid el 7 de noviembre de 1823 como medida ejemplificadora.

Se estableció una estricta censura, se confeccionó un arcaico y reaccionario plan de estudios universitarios por el ministro de Gracia y Justicia Francisco Tadeo Calomarde y fueron sofocados los intentos de insurrección liberal y pronunciamientos preparados en su mayor parte en el extranjero, como el pronunciamiento de Torrijos o la Expedición de los Coloraos, entre otros muchos. El ejército francés permaneció varios años en España a causa de la desconfianza y el temor de Fernando VII al ejército formado en el Trienio Liberal, especialmente a las milicias nacionales, que sustituyó con escuadrones locales de los llamados Voluntarios Realistas. Fueron ejecutados liberales inocentes como el librero Antonio Miyar.

Así como en el Trienio Liberal (1820-1823) se produjo la escisión de los liberales entre «moderados» y «exaltados», durante la segunda restauración absolutista —conocida por los liberales como la Década ominosa (1823-1833) y que constituye el último periodo del reinado de Fernando VII— fueron los absolutistas los que se dividieron entre absolutistas «reformistas» —partidarios de «suavizar» el absolutismo siguiendo las advertencias de la Santa Alianza, cuya intervención militar mediante los Cien Mil Hijos de San Luis había puesto fin en 1823 a la breve experiencia de monarquía constitucional del Trienio Liberal— y los absolutistas «apostólicos» o «ultras» que defendían la restauración completa del absolutismo, incluyendo el restablecimiento de la Inquisición que el rey Fernando VII, aconsejado por los «reformistas», no había repuesto tras su abolición por los liberales durante el Trienio. Los «ultras» tenían en el hermano del rey, Carlos María Isidro —heredero al trono porque Fernando VII después de tres matrimonios no había conseguido tener descendencia— a su principal valedor, y por eso comenzaban a ser llamados «carlistas».[8]​ El conflicto más grave protagonizado por los «ultraabsolutistas» fue la Guerra dels Malcontents que se produjo en 1827 y tuvo como escenario Cataluña.

Tras la muerte de su tercera esposa, María Josefa Amalia de Sajonia, el rey anunció en septiembre de 1829 que iba a casarse de nuevo. Según Juan Francisco Fuentes, «es muy posible que las prisas del rey por resolver el problema sucesorio tuvieran que ver con sus dudas sobre el papel que venía desempeñando en los últimos tiempos su hermano don Carlos... Sus continuos achaques de salud y su envejecimiento prematuro —en 1829 tenía 45 años— debieron persuadirle de que se le estaba acabando el tiempo. Según su médico, Fernando hizo en privado esta confesión inequívoca: "Es menester que me case cuanto antes".».[9]

La elegida para ser su esposa fue la princesa napolitana María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, sobrina de Fernando y 22 años más joven que él. Se casaron el 10 de diciembre y pocos meses después Fernando VII hacía pública la Pragmática Sanción de 1789 aprobada al principio del reinado de su padre Carlos IV que abolía la ley sálica, una ley que impedía que las mujeres pudiesen reinar. De esta forma Fernando VII se aseguraba que, si por fin tenía descendencia, su hijo o hija le sucederían. A principios de mayo de 1830, un mes después de la promulgación de la Pragmática, se anunció que la reina María Cristina estaba embarazada, y el 10 de octubre de 1830 nació una niña, Isabel, por lo que Carlos María Isidro quedó fuera de la sucesión al trono, para gran consternación de sus partidarios ultrabsolutistas. Por otro lado, el triunfo de la Revolución de 1830 en Francia —que dio paso a la monarquía constitucional de Luis Felipe I de Francia— los liberales españoles exiliados organizaron y protagonizaron diversos pronunciamientos, todos ellos fracasados para restablecer la Constitución de 1812 y poner fin a la monarquía absoluta de Fernando VII —el de mayor repercusión fue el pronunciamiento de Torrijos de diciembre de 1831 que acabó con el fusilamiento de todos sus integrantes sin juicio previo; unos meses antes había sido ajusticiada a garrote vil Mariana Pineda—.[10]

Pero los «carlistas» no se resignaron a que la recién nacida Isabel fuera la futura reina e intentaron aprovechar su primera oportunidad con motivo de la enfermedad del rey Fernando, lo que dio lugar a los «sucesos de La Granja» del verano de 1832. El 16 de septiembre de 1832 se agrava la delicada salud del rey Fernando VII que se encontraba convaleciente en su palacio de La Granja (en Segovia) y la reina María Cristina, presionada y engañada por los ministros «ultras» encabezados por Francisco Tadeo Calomarde y por el embajador del Reino de Nápoles, que le aseguraron que el ejército no le apoyaría en su Regencia cuando muriera el rey (e intentando evitar una guerra civil, según su propio testimonio posterior), influye en su esposo para que revoque la Pragmática Sanción del 31 de marzo de 1830 que cerraba el acceso al trono a Carlos María Isidro. El día 18 el rey firma la anulación de la Pragmática de la ley sálica, por lo que la ley que impide que las mujeres puedan reinar, vuelve a estar en vigor. Pero inesperadamente Fernando VII recobra la salud y el 1 de octubre destituye a los ministros «carlistas» —partidarios de su hermano, y que han engañado a su esposa— y el 31 de diciembre anula el decreto derogatorio que jamás se había publicado (pues el rey lo había firmado con la condición de que no se publicase hasta después de su muerte), pero que los «carlistas» se habían encargado de divulgar. De esta forma Isabel, de dos años de edad, volvía a ser la heredera al trono.[11]

El nuevo gobierno encabezado como secretario de Estado por el absolutista «reformista» Francisco Cea Bermúdez y del que han sido apartados los «ultras», inmediatamente toma una serie de medidas para propiciar un acercamiento a los liberales «moderados», iniciando así una transición política que tras la muerte del rey continuará la Regencia de María Cristina. Se trata de la reapertura de las universidades, cerradas por el ministro Calomarde para evitar el «contagio» de la Revolución de julio de 1830 en Francia, y, sobre todo, la promulgación de una amnistía el mismo día de su constitución, el 1 de octubre de 1832, que permite la vuelta a España de la mayoría de los liberales exiliados. Además el 5 de noviembre crea el nuevo Ministerio de Fomento, un proyecto reformista boicoteado por los ministros "ultras".[12]

A partir de su apartamiento del poder, los «ultrabsolutistas», apoyándose en los Voluntarios Realistas, se enfrentan al nuevo gobierno y el propio hermano del rey se niega a prestar juramento como princesa de Asturias y heredera al trono a Isabel, por lo que Fernando VII le obliga a que abandone España. Así el 16 de marzo de 1833, Carlos María Isidro y su familia se marcha a Portugal. Unos meses después, el 29 de septiembre de 1833, el rey Fernando VII muere, iniciándose una guerra civil por la sucesión a la Corona entre «isabelinos» —partidarios de Isabel II—, también llamados «cristinos» por su madre, que asume la regencia, y «carlistas» —partidarios de su tío Carlos.[12]




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