• Condena de 8 años y 3 meses contra César Álvarez y 6 cómplices más.
• 42 en prisión preventiva
• 79 con impedimento de salida del país.
• 25 con arresto domiciliario.
• Más de 800 personas investigadas entre la clase política y empresarial.
El Caso Odebrecht en Perú se refiere a la prolongación en este país del escándalo de corrupción protagonizada por la empresa constructora brasileña Odebrecht, que forma a la vez parte del Caso Lava Jato. Ha involucrado a varios políticos, funcionarios y empresarios en la recepción de coimas para favorecer a dicha empresa en la licitación de obras públicas (cohecho, colusión, Negociación Incompatible, Asociación ilícita y tráfico de influencias), así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas electorales de diversos candidatos presidenciales (lavado de activos y Organización criminal). El Caso esta en manos del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público. Incluso ha ocasionado graves consecuencias en el ambiente político, legal y empresarial en el Perú. Cuatro expresidentes de la República se hallan comprometidos en el caso:
También han sido involucrados 4 exgobernadores regionales:
Otros involucrados son dos exalcaldes de la ciudad de Lima:
También fueron involucrados cuatro importantes líderes políticos:
Entre algunos funcionarios públicos importantes se encuentran
Empresarios pertenecientes a la clase alta limeña algunos como:
Entre otros empresarios vinculados e investigados por sus nexos a la compañía brasileña.
El 21 de diciembre del 2016, se publicó un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que revelaba que la constructora brasileña Odebrecht, en los veinte años anteriores, había realizado pagos de sobornos a funcionarios públicos de 12 países (entre ellos el Perú) para ganar las licitaciones de obras públicas. Ese fue el punto de inicio del llamado Caso Odebrecht, que la prensa calificó como el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica.
En el caso del Perú, de acuerdo a los investigadores judiciales, Odebrecht habría pagado aproximadamente 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios, que le generaron más de 143 millones de dólares en beneficios, aunque es probable que el monto de estos pagos ilícitos haya sido mucho mayor. Ello habría ocurrido entre los años 2005 y 2014, que corresponden a los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Ya desde noviembre de 2016, la Fiscalía en el Perú venía investigando el caso conocido desde Brasil como Operación Lava Jato.
El entonces presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que apoyaría en todo lo que sea necesario para la investigación. Su primer ministro, Fernando Zavala, instó al Ministerio Público y al Poder Judicial a que llevasen a cabo todas las investigaciones que correspondan para determinar en qué casos hubo actos de corrupción.
Marcelo Odebrecht (expresidente de la constructora) y [Jorge Barata] (director ejecutivo de la empresa en el Perú), se acogieron a la delación premiada o colaboración eficaz para reducir sus condenas y empezaron a colaborar con la justicia de Brasil y Perú.
A principios de 2017 se empezó a discutir entre la Fiscalía del Perú, encabezada por Pablo Sánchez, y la empresa Odebrecht, un acuerdo de colaboración eficaz, de carácter secreto, y gracias a ello, Odebrecht y Barata empezaron a colaborar con la justicia peruana. Las declaraciones de estos personajes han comprometido a expresidentes y funcionarios peruanos, sobre la recepción de coimas para favorecer a la empresa brasileña en la licitación de obras públicas, así como aportes «fantasmas» para financiar las campañas electorales de diversos candidatos (esto último vendría a configurar la figura delictiva de lavado de activos). El caso más resonante es el del expresidente Alejandro Toledo, a quien Barata sindicó haberle entregado veinte millones de dólares, a cambio de la concesión de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur. Otra revelación importante de Barata fue la entrega de tres millones de dólares a Nadine Heredia para la campaña electoral de Ollanta Humala de 2011.
En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht respondió un cuestionario de veinte preguntas al fiscal peruano Germán Juárez, sobre el caso de lavado de activos que involucra al expresidente Ollanta Humala. Odebrecht confirmó la entrega de tres millones de dólares a favor de la campaña electoral de Humala de 2011, pero que también hizo aportes a otros candidatos, como Keiko Fujimori y Mercedes Aráoz.
El 10 de noviembre de 2017, un equipo de fiscales peruanos interrogó por segunda vez a Marcelo Odebrecht en Curitiba, sobre las anotaciones en su agenda, especialmente sobre el caso de Keiko Fujimori, aunque también se mencionaron a otros políticos peruanos. Odebrecht confirmó que su empresa entregó el dinero a favor de la candidatura fujimorista, aunque dijo que el monto exacto lo sabía barata.
A fines de febrero de 2018, Barata declaró nuevamente ante los fiscales peruanos sobre los aportes que hizo la empresa Odebrecht a favor de la campaña electoral de Humala de 2011 y sobre las anotaciones en la agenda de Marcelo Odebrecht. Según lo que trascendió, Barata habría reconocido la entrega de dinero a favor de las principales candidaturas presidenciales de 2011, así como a la campaña por el No a la revocatoria de 2013 a favor de Susana Villarán, confirmando así sus anteriores declaraciones, y las de Odebrecht. Pero esta vez precisó los montos y mencionó los nombres de los intermediarios en la recepción de los dineros.
A mediados de 2018 quedó entrampada la colaboración de los brasileños con la fiscalía peruana, debido a que la empresa Odebrecht rechazaba ser sometida a investigación en el Perú, como pretendía hacer el fiscal Hamilton Castro, jefe del Equipo Especial del caso Lava Jato. Este fiscal consideraba que la empresa y sus funcionarios, como corruptores, debían responder ante la justicia del Perú, al igual que los corruptos y pagar incluso reparaciones civiles; sin embargo, otros entendidos en el asunto consideraban que lo más importante era que la empresa siguiera dando información sobre las rutas del dinero ilícito, información necesaria para procesar a los políticos y empresarios peruanos involucrados en el caso. El asunto es que la empresa se negó a seguir colaborando si era perseguida por la justicia peruana..
A principios de julio de 2018, la justicia brasileña declaró congeladas todas las relaciones de colaboración con el Perú, con lo que se corría el riesgo de que no se pudieran usar en los juicios orales los testimonios y pruebas dadas hasta entonces por Barata y otros delatores brasileños (ello debido a que aún no se había formalizado la colaboración eficaz, pese a haberse iniciado en enero de 2017). Se iniciaron entonces negociaciones para reanudar la colaboración.
El 2 de agosto de 2018 el Ministerio Público del Perú y la empresa Odebrecht (con el respaldo de la justicia brasileña) firmaron un nuevo acuerdo. La empresa Odebrecht reafirmó su colaboración sin restricciones con la justicia peruana, a cambio de que la fiscalía peruana archivara las investigaciones judiciales en contra suya y de sus funcionarios o exfuncionarios, y se comprometiera a no abrir otras investigaciones.
Ya antes se había separado al fiscal Hamilton Castro de su cargo de coordinador del Equipo Especial Lava Jato, debido a la lentitud con que había estado llevando los acuerdos de colaboración eficaz. Fue designado en su reemplazo el fiscal superior Rafael Vela Barba.
Sin embargo, aún no se firmaba un acuerdo de colaboración eficaz definitivo, que obligara a Odebrecht a dar la información completa (hasta entonces solo lo había hecho en partes muy específicas), lo cual debía venir respaldada con la información encriptada de los servidores My Web Day y Drousys. El fiscal Rafael Vela Barba se enfocó en lograr una colaboración más amplia y detallada. Ello era muy complicado, pues las partes no se ponían de acuerdo en las condiciones. Odebrecht aceptaba dar toda la información a cambio de pagar reparaciones civiles razonables, no exageradas, proponiendo que sus activos sigan rentando en el Perú, para poder hacer dicho pago, ya sea vendiéndolas para que vayan a un fideicomiso o dejando que sigan operando para producir rentas. Ello iba en contra de aquellos extremistas que sostenían que se debía expropiar todos los activos a la empresa o exigirle reparaciones multimillonarias, todo lo cual era muy contraproducente y fuera de la realidad, teniendo como comparación lo ocurrido en otros países como Estados Unidos, con los que la empresa había ya hecho acuerdos similares de colaboración eficaz. La congresista Rosa Bartra, que había presidido la Comisión Lava Jato, reclamó que al desconocerse los detalles de la negociación era presumible que el Estado peruano estaba favoreciendo a Odebrecht. Otros consideraban que quienes se oponían a la formalización de un acuerdo de colaboración total buscaban la impunidad para los involucrados en el caso, ya que al no formalizarse dicho acuerdo, no solo ya no habrían más revelaciones, sino que las declaraciones que hasta entonces habían dado Barata y Odebrecht ya no podrían ser usadas en los procesos.[cita requerida]
Tras varias semanas de gestiones e intensas conversaciones, el 8 de diciembre de 2018, miembros del Ministerio Público del Perú, la empresa Odebrecht y la procuraduría ad hoc (esta última encargada del cobro de las reparaciones civiles) suscribieron el nuevo preacuerdo de colaboración. El acuerdo permitirá la cooperación de la empresa Odebrecht para la entrega de la información extraída de los servidores My Web Day y Drousys, empleados por el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) de dicha empresa para el pago de las coimas y sobornos. A cambio, la constructora Odebrecht y sus exdirectivos, encabezados por Barata, quedaban excluidos en el Perú de toda sanción legal. Otra diferencia del acuerdo anterior era la intervención de la procuraduría en lo referente al pago de reparaciones civiles. Según la procuraduría, de los 1200 millones de soles calculados como daños ocasionados por Odebrecht al Estado, la empresa brasileña se comprometía a pagar la mitad (610 millones); el resto debían asumirla los funcionarios y el resto de los empresarios nacionales participantes de la corrupción. La empresa brasileña reconocía haber pagado coimas en cuatro grandes obras en el Perú (Línea 1 del Metro de Lima, Carretera Interoceánica, Vía Evitamiento-Cusco y Proyecto Vía Costa Verde, tramo Callao) y haber desembolsado unos 50 millones de dólares en ese sentido.
El 23 de enero de 2019, el fiscal José Domingo Pérez denunció la filtración del acta del preacuerdo de colaboración eficaz firmado con carácter reservado entre la Fiscalía del Perú, la empresa Odebrecht y la Procuraduría ad hoc. Ello, luego de que se difundiera por las redes sociales un presunto documento de dicho preacuerdo. Según el fiscal, con esa filtración se buscaba entorpecer el acuerdo final de colaboración eficaz con Odebrecht, y que confirmaba lo dicho por uno de los investigados (aludiendo a Alan García), de que desde dentro del Ministerio Público contaba con contactos que les proporcionaban información reservada. Por su parte, el fiscal Rafael Vela dijo que era posible que la filtración haya ocurrido desde el Ministerio Público, y que iniciaría una investigación al respecto. También señaló que solo se había filtrado el preacuerdo (que por lo demás ya venía siendo revelado por los miembros del equipo Lava Jato, a fin de transparentar la información), pero el documento del acuerdo final, mucho más exhaustivo, permanecía en estricta reserva. Todo ello ocurría a pocos días de firmarse dicho acuerdo en Brasil.
El 13 de febrero de 2019, el equipo de fiscales de Lava Jato viajó a Brasil para interrogar a los trabajadores de la empresa Odebrecht, y para firmar el acuerdo definitivo de Colaboración Eficaz y Beneficios. Esto último se realizó el 15 de febrero de 2019, en la sede del consulado del Perú en Sao Paulo. Por el Perú, firmaron los fiscales Rafael Vela Barba (coordinador del Equipo Lava Jato) y José Domingo Pérez, así como el procurador ad hoc Jorge Ramírez (este último en presentación del Estado peruano para el pago de las reparaciones civiles). Por Odebrecht firmaron Jorge Barata, exrepresentante de la empresa en el Perú; Carlos Nostre, exdirector de contratos de Odebrecht en casos Línea 1 e Interoceánica; Renato Ribeiro Bortoletti, representante del consorcio Vías de Cusco; Ricardo Boleira, exsuperintendente de Odebrecht; y el representante legal de la constructora, Ricardo Machado Weyll.
El monto de la reparación civil acordado es de S/ 610 millones, más los intereses legales, que ascenderán a S/ 150 millones. El dinero será pagado en un plazo de 15 años con una garantía de un fideicomiso. Ya se había tratado un anticipo de S/ 80 millones, parte del producto de la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla, obra realizada exclusivamente por Odebrecht en el Perú, sin asociación público-privada (APP).
Es importante señalar también que, además de los S/ 610 millones pactados como reparación civil, se sumarán los S/ 65 millones que pagará Odebrecht por el mismo concepto por los sobornos en la construcción de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis, del caso La Centralita (o del gobernador de Áncash César Álvarez), que no forma parte del acuerdo.
La información que dará Odebrecht, respaldada por documentación extraída de los servidores My Web Day y Drousys, será con respecto a cuatro proyectos en las que ha admitido haber dado coimas:
Gracias al acuerdo, se espera que lleguen más testimonios y pruebas de la corrupción. La fiscalía tendrá acceso a los dosieres de pagos de las coimas depositadas en la Banca de Andorra, Panamá y de otros estados.
La cifra de 610 millones de soles es solo la mitad de lo que la Procuraduría ha calculado como reparación civil; la otra mitad deben pagarla los funcionarios y el resto de los empresarios nacionales participantes de la corrupción. Como era de esperarse, se desataron críticas de parte de quienes consideraban como un monto ínfimo dicho pago, así como al hecho de que en teoría se dejara a la empresa seguir laborando en el Perú para solventar ese pago. Sin embargo, otras voces consideran que lo más importante es que la empresa delate a todos las autoridades y funcionarios corruptos para aplicarles la ley. Además, el cálculo del monto se respalda en la Ley 30737 aprobada en el Congreso en marzo de 2018, ley que asegura el pago de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. La congresista Yeni Vilcatoma, de Fuerza Popular, es la más tenaz opositora de dicha ley y considera que debería derogarse pues en su opinión favorece solo a las empresas corruptoras.
El segundo paso es la aprobación del acuerdo por el Poder Judicial. Será la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho la encargada de realizar este último trámite. Solo entonces se empezará a ejecutar el acuerdo en sus dos vertientes: pruebas para la Fiscalía y beneficios procesales para la empresa.
El 25 de marzo de 2019, el Equipo Lava Jato entregó el acuerdo de colaboración eficaz al Poder Judicial, para que sea legalizado. Consta de 739 tomos que contienen un total de 147,801 folios.
Entre el 18 y 22 de febrero de 2019 se realizaron en Curitiba los interrogatorios de parte del Equipo Lava Jato a los directivos y trabajadores de la empresa brasileña, comprometidos a revelar todos los actos de corrupción en los que hayan participado o que tengan conocimiento. Entre los interrogados estaban Raymundo Trindade Serra (ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht), Marcos de Queiroz Grillo (ex encargado de generar recursos para la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht), Sergio Nogueira Panicalli (exsecretario general del consorcio CONIRSA), Igor Braga Vasconcelos Cruz (ex apoderado de Odebrecht Ingeniería y Construcción) y Luis Da Rocha Soares (extesorero internacional de la empresa). Entre las revelaciones más importantes están que las coimas por la Interoceánica del Sur ascendieron a US$ 45 millones (no solo los 20 millones que recibió Toledo); se confirmó que el pago por una conferencia a Alan García fue solo una simulación; se conoció que un empresario peruano, Gonzalo Monteverde, había facilitado sus empresas para ingresar al país el dinero de las coimas; y que Odebrecht financió la campaña electoral de Lourdes Flores en 2010 a través de Horacio Cánepa.
El interrogatorio a Jorge Barata, con el que se cierra esta etapa de los interrogatorios, estaba programado para realizarse entre el 12 y 14 de marzo. Pero el Equipo de Fiscales de Lava Jato acordó posponerlo para el 22 a 26 de abril. Arguyeron para ello «razones de estrategia», y porque aún no llegaban, a través de la cooperación judicial, las declaraciones que tomaron hace dos semanas en Curitiba a los ex ejecutivos de Odebrecht.
El 14 de marzo de 2019, el pleno del Congreso aprobó la moción de interpelación contra el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, que había sido presentada por la tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Yeni Vilcatoma, junto a otro legisladores. Estos consideraron que el gobierno había presuntamente favorecido a la empresa Odebrecht a través de la Ley 30737, lo que estaría reflejado en la firma del acuerdo de colaboración eficaz, al tener la empresa que pagar como reparación civil un monto considerado como ínfimo, así como tener el beneficio de poder seguir participando en concursos públicos con el Estado.
La interpelación se inició el 21 de marzo y se prolongó hasta el día siguiente. El ministro Zevallos respondió a las 21 preguntas que se le plantearon. Remarcó que el Poder Ejecutivo no tenía injerencia en la labor del Ministerio Público y la procuradoría, que son entes autónomos, siendo ellos los que firmaron el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Además, la Ley 30737 que respaldaba al acuerdo, fue aprobada por el mismo Congreso, y que todos los poderes del Estado habían tenido participación en la aplicación de la ley para llegar a dicho acuerdo. Finalmente, reclamó más consenso y unidad en la lucha contra la corrupción. La percepción de la ciudadanía era que el fujiaprismo buscaba tumbarse el acuerdo de colaboración con Odebrecht, para así lograr la impunidad de sus líderes, seriamente comprometidos con la corrupción. Pues de caerse el acuerdo, ninguna de las delaciones de Barata y otros colaboradores eficaces podrían usarse en los juicios, incluyendo las referidas a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.[cita requerida]
Finalizada la interpelación, ninguna bancada planteó la moción de censura.[cita requerida]
Durante cuatro días, entre el 23 y 26 de abril de 2019, el Equipo Especial de Lava Jato interrogó a Jorge Barata en Curitiba, Brasil, un interrogatorio que había sido muy esperado por las precisiones o aclaraciones que el exdirectivo de Odebrecht debía hacer, especialmente en los casos relacionados con Alan García, quien días antes se había suicidado al conocer la orden de detención preliminar en su contra.
El primer día del interrogatorio fue dedicados a los aportes de las campañas electorales. El segundo, a las carpetas relacionadas con el Metro de Lima, Miguel Atala, Luis Nava y el expresidente Alejandro Toledo en el caso tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. El tercer día, al Club de la Construcción, la Vía de Evitamiento en el Cusco, depósitos en la Banca de Andorra y el caso arbitrajes, entre otros. El cuarto día, a las carpetas relacionadas con el No a la revocatoria y la reelección de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, así como los expedientes de la Interoceánica tramo 4, entre otros.
El primer día se produjo un incidente con el exabogado de Alan García, Erasmo Reyna, quien al finalizar la diligencia se acercó a Barata, para intimidarle a que dijera que García nunca le pidió nada. El hecho, que fue grabado y difundido en los medios de comunicación, fue muy criticado, incluso por el mismo abogado de Barata.
En el balance final, Barata confirmó sus anteriores declaraciones y dio detalles contundentes en casos como el de Alan García, confirmando que este había utilizado como testaferros para recibir las coimas del Metro de Lima y la Interoceánica sur a Luis Nava y a Miguel Atala. Sobre Toledo, dijo que el monto de la coima que recibió por la Interoceánica Sur fue de US$ 31 millones y no US$20 millones como había dicho antes.
En el sistema judicial peruano los acuerdos de colaboración eficaz que suscriba la Fiscalía con investigados por corrupción, deben ser sometidos a un control de legalidad que implica que un juez los apruebe para que adquieran validez plena y surtan efectos jurídicos en los procesos judiciales respectivos. De esta manera, el acuerdo entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht suscrito en febrero de 2019 fue remitido a la Jueza de investigación preparatoria María de Los Ángeles Álvarez Camacho para que proceda a su revisión. El 19 de junio de 2019 se hizo público que la jueza a cargo de esta gestión decidió homologar (aprobar) el acuerdo,el cual sería luego incorporado a cada expediente y notificado a los investigados.
La aprobación del acuerdo supone que la jueza Álvarez Camacho da por verificadas y válidas las declaraciones de los cuatro colaboradores eficaces: los exsuperintendentes Jorge Simoes Barata y Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, y los exdirectores Carlos Nostre Junior y Renato Ribeiro Bartoletti. Asimismo, toda la información entregada por los colaboradores eficaces y las pruebas aportadas por la constructora desde noviembre de 2016, fecha en que se acogió al beneficio de colaboración eficaz, son declaradas válidas y acogidas judicialmente. Se condena a Odebrecht al pago de una reparación civil a favor del Estado ascendente a 610 millones de soles. A cambio de la información entregada por Odebrecht y sus funcionarios, se resolvió excluir de toda sanción penal a Barata, Boleira, Nostre, Ribeiro y la constructora Odebrecht.
Este es un hecho trascendental en la lucha anticorrupción en el Perú, ya que, a partir de ahora, quedan validados todo los testimonios de los colaboradores eficaces, así como se permite a la Fiscalía peruana el acceso sin restricciones de la información guardada en los servidores de la constructora (My Web Day B y Drousys), información sumamente valiosa para sustentar los procesos abiertos del caso Odebrecht. Como era de esperarse, el fujiaprismo enquistado en el Congreso siguió criticando el acuerdo, que durante meses habían intentado tumbárselo, pues las investigaciones de la Fiscalía comprometen seriamente a sus líderes.
En abril de 2019, la constructora Odebrecht vendió el proyecto de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco) a un consorcio estatal chino. De esa venta, el Estado peruano retuvo US$ 319 millones, equivalentes a S/ 1050 millones, con el objetivo de asegurar el pago de la reparación civil. De ese monto se descontaron S/ 434 millones para el pago de una deuda a Sunat; S/ 12 millones para la reparación civil de la carretera Chacas-San Luis (Áncash), y están todavía por cobrarse S/ 80 millones como pago de la primera cuota de la reparación civil total de la empresa, tal como quedó establecido en el acuerdo de colaboración firmado por la Fiscalía y la Procuradoría ad hoc con Odebrecht. El saldo, S/ 524 millones, debía regresar a las cuentas de Odebrecht, según lo estipula el mismo acuerdo, ya que de eso depende que la empresa se mantenga en actividad y pueda pagar a los proveedores y acreedores peruanos con los que mantiene deudas.
A inicios de julio de 2019, Odebrecht solicitó al Ministerio de Justicia el reembolso de esos S/ 524 millones. Aquí empezó la polémica, si se debía o no acceder al pedido de la empresa brasileña. En la homologación del acuerdo de colaboración por la jueza Álvarez, se estableció que toda devolución de dinero se haría solo en caso de que no exista investigación o proceso penal en curso que involucre a la constructora por hechos distintos a los establecidos en el acuerdo de colaboración. Como existían investigaciones preliminares en las que todavía Odebrecht no ha asumido culpabilidad, algunos interpretaron que no correspondía devolverle ese dinero. Pero el Equipo de Fiscales Lava Jato no compartía esa posición, pues consideraba que solo valían las investigaciones más avanzadas (las preparatorias); por tanto, su posición era que debía reembolsarse ese dinero a Odebrecht, señalando la importancia de cumplir con el acuerdo.
Para complicar más el asunto, el presidente Vizcarra intervino en la polémica, diciendo que ese dinero no debía devolverse a Odebrecht por el daño que había ocasionado al país, y que debía constituir un fondo para un cobro futuro de las reparaciones civiles (pasando por alto el hecho de que ese fondo ya existe). Algunos interpretaron esta declaración como un intento de sabotaje a la labor del Equipo de Fiscales Lava Jato, pero el premier Del Solar señaló que solo era una opinión del presidente, el cual carecía decisión institucional sobre el tema, que compete resolver exclusivamente al Ministerio Público y al Poder Judicial.
Hay que destacar que Odebrecht se halla al borde de declararse en quiebra y aduce necesitar de fondos para asumir diversas obligaciones, entre ellas cumplir con pagos a proevedores y diversos servicios, como el que le brinda una empresa que tiene a su cargo los servidores My Web Day y Drousys, de los que proviene el desciframiento de los codinomes. De continuar dicha situación, Barata adujo que él y otros exdirectivos de Odebrecht ya no podrían sustentar sus afirmaciones con pruebas, lo que sería un serio revés para la fiscalía peruana. En octubre de 2019, el procurador Jorge Ramírez se mostró a favor de la devolución de los S/ 524 millones a Odebrecht, señalando que Procuraduría peruana tiene el deber de respetar en todos sus extremos el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre la Fiscalía y la empresa.
Consultada la jueza Álvarez sobre el asunto, consideró que al no haber controversia entre la Fiscalía, la Procuradoría y la empresa Odebrecht, se mantenía en pie lo estipulado en el acuerdo de colaboración eficaz. Por tanto, procedía la devolución del dinero a Odebrecht (noviembre de 2019).
Para los días 6, 7 y 8 de agosto de 2019 se programaron otros interrogatorios a Jorge Barata y Ricardo Boleira; este último había sido el sucesor de Barata como superintendente de la empresa Odebrecht en el Perú. La expectativa era la revelación que harían sobre los 33 codinomes o seudónimos que aparecen en las planillas albergadas en los sistemas Drousys y My Web Day, relacionados con pagos ilícitos sobre varias obras, como el Gasoducto del Sur, Olmos, Rutas de Lima, Chavimochic, etc., información que sacó a la luz un medio ecuatoriano, llamado La Posta.
Los miembros del Equipo de Fiscales de Lava Jato fueron a Sao Paulo para cumplir la diligencia. En el primer día se revelaron la identidad de algunos codinomes: Bigode sería Martín Bustamante, exfuncionario del alcalde Castañeda; Careca sería la exalcaldesa Villarán, Almohadinha sería Horacio Cánepa, etc. También Barata declaró que Odebrecht hizo dos pagos de US$30 mil cada uno a César Villanueva, cuando fue presidente regional de San Martín (luego sería premier de Humala y Vizcarra), como soborno para adjudicarse la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa. El codinome adjudicado a Villanueva sería Currículum Vita.
Barata y Boleira revelaron también los nombres de periodistas (o más exactamente, comentaristas políticos y lobbistas) que habían recibido dinero de la Caja 2 de Odebrecht, varios de ellos colaboradores de portales de internet que son denodados opositores al acuerdo de colaboración con Odebrecht.
Del mismo modo, se confirmaron la entrega de dinero a las campañas de Keiko Fujimori en 2011, a Lourdes Flores en 2014, a la campaña en contra de la revocatoria y a la reelección municipal de Susana Villarán, al árbitro Horacio Cánepa.
El 7 de agosto de 2019, el procurador anticorrupción Amado Enco denunció ante la Fiscalía al procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, por los supuestos delitos de negociación incompatible y omisión de actos funcionales, al haber presuntamente favorecido a la constructora Odebrecht y a los exdirectivos de la misma con el pago de la reparación civil, que asciende a S/ 610 millones, así como haber pactado irregularmente la devolución a Odebrecht de los S/ 524 de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, que consideraba que debía ir al fondo destinado al pago de la reparación civil. Esto ha sido visto como algo insólito, ya que el mismo procurador anticorrupción denuncia a un procurador de menos jerarquía por no haber resguardado los intereses del Estado en el acuerdo de colaboración con Odebrechtn (como es sabido, el procurador es el encargado de negociar las reparaciones civiles, mientras que a la Fiscalía solo le incumbe la parte investigativa y procesal). Consultado el ministro de Justicia Zevallos, dijo que la denuncia no afectará al acuerdo de colaboración eficaz, que ya ha sido homologado por una jueza.
Unas nuevas planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas o Caja 2 de Odebrecht, que llegaron a manos del Equipo de Fiscales Lava Jato, fueron reveladas en septiembre de 2019. Al igual que las anteriores listas de codinomes, provienen de la investigación del medio ecuatoriano La Posta. Es un documento que consta de 17 páginas, en las que se detalla el desembolso de unos US$ 59 millones, los cuales habrían sido utilizados para pagos ilícitos. Este monto representa casi el doble de lo que Odebrecht reconoció que pagó en sobornos en el Perú ante la justicia de Estados Unidos en 2016. Las planillas enumeran 71 codinomes que la empresa utilizó para referirse a las personas que cobraron dineros, que serían de funcionarios comprometidos en por lo menos nueve obras a su cargo. La expectativa se abrió pues detrás de todos esos codinomes estarían al menos 17 políticos de diferentes partidos. Y ello justo unos días después de la disolución del Congreso del 30 de septiembre de 2019. Para que revelaran la identidad de dichos codinomes, el Equipo de Fiscales acordó realizar interrogatorios en Curitiba a Jorge Barata y a Eleuberto Martorelli (este último había sido el jefe del proyecto IIRSA Norte). Se programaron para los días 2 a 4 de octubre de 2019. Trascendió que Barata, en principio, había condicionado dar información a cambio de que se oficialice el reembolso de S/ 524 millones a favor de Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, que su filial en Perú necesitaba con urgencia para pagar sus deudas con proveedores. Pero luego fue convencido de acudir a dar declaraciones. Lo cierto es que, ante el Equipo de Fiscales, Barata explicó que por falta de fondos (la empresa Odebrechat estaba a punto de declararse en quiebra) ya no se podía seguir corroborando información en los servidores My Web Day y Drousys, que Odebrecht no controlaba, sino que lo hacía otra empresa, a la que ya no podía pagar sus servicios. Todo ello se trata de un revés para la fiscalía, pues de continuar dicha situación, no habría manera de que Barata y otros exdirectivos de Odebrecht sustenten sus afirmaciones con pruebas. Barata también aseguró que Odebrecht estaba muy limitada en su capacidad logística para posibilitar que otros exdirectivos de la empresa viajen a Curitiba y se reúnan con los fiscales peruanos. En el interrogatorio del 2 de octubre, Barata apeló solo a su memoria y respondió sobre las identidades de algunos codinomes:
Barata también confirmó que César Villanueva recibió pagos para su campaña electoral y por obras.
Entre el 9 y el 13 de diciembre de 2019, se realizó en Brasil una nueva ronda de interrogatorios a exdirectivos de Odebrecht en Perú, de parte de los fiscales peruanos de Lava Jato. Fueron interrogados:
Sin embargo, la información más apetecida por la prensa y la ciudadanía, la identidad de los 71 codinomes, quedó todavía pendiente, debido a que la constructora recién había entregado el plan de trabajo de la compañía forense GR Compliance para efectuar las búsquedas de codinomes y sobornos en los servidores Drousys y My Web Day.
Entre el 30 y el 31 de enero de 2020, el Equipo de Fiscales Lava Jato realizó en Brasil un nuevo interrogatorio a exdirectivos de Odebrecht, entre ellos, a Jorge Barata. Este hizo confirmaciones de codinomes relacionados con nuevos casos develados sobre obras públicas en Chimbote e Iquitos; sobre el financiamento de la campaña de reelección de Yehude Simon como gobernador de Lambayeque en 2006, por US$ 300 000; y explicó los aspectos técnicos y financieros que se implementaron en el gobierno de Alejandro Toledo para beneficiar a Odebrecht en la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, implicando al exministro de economía, Fernando Zavala, información que el Equipo Lava Jato busacaba para cerrar esta investigación. También sobre los casos Gonzalo Monteverde, Olmos y otros. El interrogatorio a Eleuberto Martorelli quedó reprogramado para el 18 de febrero.
Se informó también de la dificultad de desencriptar la información contenida en el servidor My Web Day, tarea que la constructora brasileña ha encargado a la compañía forense GR Compliance, por lo que la documentación que sustente los testimonios tardará en llegar. Sin embargo, existe otro sistema paralelo, Drousys, cuya desencriptación ha sido más fácil y que contiene información similar a la de My Web Day.
El 21 de enero de 2020, la empresa Odebrecht presentó contra el Estado peruano una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El 4 de febrero, Ciadi registró la solicitud. Odebrecht pidió una indemnización de US$1.200 millones al Estado peruano, por supuesto perjuicio luego de que el gobierno de Kuczynski decidiera en 2017 finalizar la concesión al consorcio encargado de la obra del Gasoducto Sur, que Odebrecht integró con la española Enagás y con Graña y Montero. Esta última empresa ya había hecho una demanda similar ante el CIADI, pero acabó por desistir. En respuesta, el gobierno peruano señaló que había finalizado el contrato debido a que el consorcio no había cumplido con demostrar que tenía la financiación necesaria para concluir la obra, pese a que se le dieron dos prórrogas.
La noticia de esta demanda arbitral se difundió días después de que el equipo de Fiscales Lava Jato sometiera a un interrogatorio a Barata, a fines de enero de 2020, en lo que este habría confesado reuniones durante el proceso de licitación del Gasoducto Sur, que darían cuenta de un presunto favorecimiento al consorcio ganador de la obra. En otras palabras, Odebrecht habría admitido pagos ilícitos en la obra, pese a lo cual, interponía la demanda. Debido a ello, en el Perú se desataron las críticas contra Odebrecht y contra las autoridades, a las que se acusó de no velar adecuadamente por los intereses del país. Aunque este asunto no esté relacionado directamente con la firma del acuerdo de colaboración eficaz, las críticas se enfocaron contra el Equipo de Fiscales Lava Jato y el procurador ad hoc para el caso, Jorge Ramírez.
El 10 de febrero de 2020, renunció el ministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu Yonsen, por su relación con Odebrecht y el Gasoducto Sur, entre otras controversias. El siguiente afectado fue el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, de quien se reveló que, en enero de 2020, había solicitado una reunión con el ministro Liu, en la que asistieron representantes de Odebrecht, para tratar precisamente sobre la obra del Gasoducto del Sur, paralizada desde 2017. Ya antes, el procurador anticorrupción Amado Enco había denunciado a Ramírez por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en el acuerdo de colaboración eficaz.
Ramírez fue retirado del cargo el 12 de febrero de 2012. Silvana Carrión fue designada como nueva procuradora ad hoc para el caso Lava Jato.
Las coimas, sobornos y otros pagos ilícitos de la empresa Odebrecht se hacían a través del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) o Caja 2, que administraba la contabilidad paralela de la compañía. Para su uso se creó un software corporativo, llamado My Web Day B, donde se archivaban todas las transferencias de dinero, el funcionario que autorizaba el pago, el beneficiario con alias y la obra de la que salía el dinero. Su acceso era exclusivo para un diminuto equipo de no menos de cinco personas, a excepción de Marcelo Odebrecht, que recibía informes periódicos. Se estima que el DOE alcanzaba cifras récord de 10 millones de dólares en movimientos en un solo día. Hoy se sabe que por cada dólar que gastaba la empresa en sobornos, recuperaban el triple en utilidades. Otro sistema informático usado era el llamado Drousys, que era un sistema de correos electrónicos utilizado por los del DOE para comunicarse con los ‘doleiros’ (traficantes de divisas), testaferros y operadores financieros. La justicia de Brasil estableció que el material proveniente de My Web Day y Drousys solo podrá ser compartido para usos de la investigación fiscal, no para fines políticos.
Los fiscales del Perú aceptaron las condiciones impuestas desde el Brasil y los primeros archivos extraídos de My Web Day llegaron a sus manos: uno referente al caso Cócteles, que involucraba a Keiko Fujimori en la recepción de dinero ilícito para su campaña electoral de 2011; y otro referente al pago de 100.000 dólares a favor de Alan García por una conferencia.
El 5 de noviembre de 2018, la Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por Rosa Bartra, y encargada de investigar los presuntos actos de corrupción del caso Lava Jato (uno de ellos referidos a Odebrecht), presentó su informe final ante el pleno del Congreso. Dos días duró la sustentación y tres fueron de debate. El informe señalaba responsabilidades en tres expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Pero, pese a las evidencias existentes, exculpaba de responsabilidad a Keiko Fujimori por no haber sido gobierno y a Alan García porque la Comisión Lava Jato pidió informe del caso Alan García a la fiscalía mediante cuatro oficios y no hubo respuesta de esta, por lo que fue apodada como Comisión Lava Keiko o Lava Alan.
El congresista Humberto Morales, de Frente Amplio, presentó un informe en minoría en donde se hallaban responsabilidades en Alan García y Alberto Fujimori, pero fue rechazado por la mayoría. En el debate se produjeron incidentes verbales entre los miembros de la bancada del Apra y de Frente Amplio. No está demás recordar que el informe final es solo de carácter político y no tiene connotación judicial.
Desde la juramentación del fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry en julio de 2018, en medio del escándalo de corrupción judicial de CNM Audios, empezaron las pugnas entre el gobierno de Martín Vizcarra y el fiscal de la Nación, e incluso en el seno del mismo Ministerio Público. Uno de los audios vinculaba aparentemente al fiscal Chávarry con la organización criminal de los Cuellos Blancos del Puerto, pero pese a los pedidos de muchos sectores de la sociedad de que diera un paso al costado, Chávarry se negó a hacerlo. Se conjeturó que el fiscal Chávarry buscaba sabotear el avance del caso Odebrecht, y que por ello empezaron las pugnas con el Equipo Especial del Caso Lava Jato, encabezado por el fiscal Rafael Vela y conformado por José Domingo Pérez, Germán Juárez y Norma Mori. Chávarry cuestionó la labor profesional de dichos fiscales. En particular se dirigió contra el fiscal Pérez, encargado de los casos García, Fuerza Popular-Keiko Fujimori y Kuczysnki. En una ceremonia pública dijo: «Necesitamos fiscales proactivos, trabajadores, que no salgan a los medios sólo para hacerse conocidos con la desgracia ajena».
El fiscal Pérez dio reiteradas declaraciones a la prensa cuestionando la presencia de Chávarry en la cabeza de la Fiscalía. Incluso llegó a hacer un pedido para que se denuncie a Chávarry por presunto encubrimiento en la investigación del Caso Cócteles, para favorecer a Fuerza Popular. A su vez, se abrieron numerosos procesos disciplinarios contra Pérez, que se interpretaron como represalias. Por su parte, el fiscal Vela Barba, durante la audiencia de apelación de Keiko Fujimori, llegó a afirmar que su equipo sufría de constante hostigamiento que venía desde dentro del mismo Ministerio Público.
El 31 de diciembre de 2018, a pocas horas de celebrarse el Año Nuevo, el fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry anunció que no ratificaría a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez como integrantes del Equipo Especial del Caso Lava Jato. La resolución se oficializó al día siguiente a través del diario El Peruano. Las razones dadas para tal decisión fueron las siguientes:
El presidente Vizcarra, que se hallaba en Brasil para asistir a la toma de mando del presidente Jair Bolsonaro, adelantó su regreso al Perú y cuestionó la decisión de Chávarry de remover de sus cargos a los fiscales Vela y Pérez. Anunció además que tomaría medidas al respecto, aunque respetando la autonomía de poderes. En efecto, se anunció que el Consejo de Ministros se reunió de emergencia para dar un proyecto que declara en emergencia al Ministerio Público, el cual que sería presentado al Congreso para su discusión y aprobación.
El equipo del Caso Lava Jato convocó a una conferencia pública en la que anunció que apelaría la decisión del Chávarry ante la junta de fiscales supremos, aduciendo que las razones expuestas para la remoción de Vela y Pérez eran falsas y que su verdadera intención era sabotear la firma final del acuerdo de colaboración con Odebrecht. De hecho, las diligencias para dicha firma en Brasil, programadas para ese mismo mes de enero, quedaron forzosamente suspendidas.
De otro lado, los fiscales designados como sucesores de Vela y Pérez, Marcial Páucar y Frank Almanza, declinaron de ser parte del equipo Lava Jato, aduciendo que el gobierno había presentado un proyecto de ley para intervenir al Ministerio Público.
Sumado a los cuestionamientos de diversas bancadas, magistrados y la sociedad civil, que organizó una movilización nacional el 3 de enero, Pedro Chávarry finalmente dio marcha atrás en su decisión. Los fiscales Vela y Pérez fueron repuestos en el Equipo Lava Jato. Aunque para los analistas la movilización popular fue la que obligó a Chávarry a renunciar, él arguyó que lo hizo al ver que la autonomía del Ministerio Público estaba en peligro y que el mismo desarrollo de la diligencias del caso Lava Jato se veía amenazado, a raíz del proyecto de ley presentado por Vizcarra para declarar en emergencia el Ministerio Público.
El 9 de enero de 2019, Chávarry presentó su renuncia como Fiscal de la Nación, siendo reemplazado por la fiscal suprema, Zoraida Ávalos. Sin embargo, Chávarry continúa siendo fiscal supremo. Tiene seis denuncias constitucionales, que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso empezará a revisar a partir del 13 de enero de 2019.
Incluso, Chávarry ha sido involucrado en el deslacrado del despacho de su asesor Juan Duarte y el retiro ilegal de documentos, suceso que ocurrió días antes de que renunciara a su cargo de Fiscal de la Nación. Dicha oficina había sido intervenida y lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, bajo la presunción de que guardaba documentos que comprometían a Keiko Fujimori y otros personajes en lavado de activos (caso Cócteles). Las cámaras de seguridad registraron que en la tarde del sábado 5 de enero de 2019, la asesora de Chávarry, Rosa Venegas, ingresó a la oficina de Duarte y sustrajo tres cajas de documentos, aprovechando que los policías que resguardaban el lugar se hallaban almorzando. A Venegas le acompañaban dos suboficiales de la policía nacional, pertenecientes a la seguridad de Chávarry. Al ser interrogada por la prensa, Venegas sostuvo que esos documentos contenían solo información personal suya y que Chávarry no estaba enterado del hecho. Al ser consultado, Chávarry dijo efectivamente no saber nada del asunto. Pero poco después, el diario El Comercio difundió imágenes de las cámaras de seguridad de la fiscalía que revelaron que en ese mismo día y hora de ocurrido el deslacrado, Chávarry estuvo en su despacho, situado cerca de las oficinas de sus asesores. Las cámaras registraron también la salida de Chávarry del pasadizo donde está su despacho, junto a Venegas y los suboficiales, minutos después de la sustracción de los documentos.
Bajo la presunción de encubrimiento real y otros cargos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó contra Chávarry nueve meses de impedimento de salida del país.
El 7 de enero, Chávarry denunció al juez Concepción y al fiscal Pérez por tres presuntos delitos (abuso de autoridad, prevaricato y violencia contra un funcionario), en relación al pedido y orden de allanamiento de las oficinas de sus asesores. El 31 de enero, la fiscal superior anticorrupción Escarleth Laura Escalante admitió solo la investigación por el delito de abuso de autoridad y dispuso iniciar la investigación preliminar contra Concepción y Pérez por un plazo de 120 días.
Rosa Venegas, que al principio dijo que había actuado por cuenta propia y que solo extrajo documentos personales, luego se rectificó y dijo haber actuado por presión del mismo Chávarry y su equipo de trabajo, que se hallaban desesperados por retirar documentación que les comprometía con Fuerza Popular.
El tren eléctrico, ahora Metro de Lima, fue proyectada durante el primer gobierno de Alan García. Sin embargo, por razones al parecer políticas, gobiernos posteriores no lo continuaron y no fue sino hasta el segundo gobierno de mismo Alan García que fue relanzada, convirtiéndose en la obra emblemática de su gestión. Por un decreto de urgencia se encargó al ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encabezado por Enrique Cornejo, a hacerse cargo de la concesión de la obra; la Municipalidad de Lima simultáneamente acordó firmar un convenio con el MTC para viabilizar la obra. La licitación la ganó la empresa Odebrecht. Se creó Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), presidida por Oswaldo Plasencia, que tuvo una serie de atribuciones en la ejecución del contrato, como prescindir del aval de la Contraloría de la República, del Ositrán e incluso del MTC, así como aprobar de adendas, adicionales de obras y expedientes técnicos. La primera Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por Juan Pari en 2015-2016 encontró irregularidades en el desarrollo de la mega obra.
Cuando se desveló el escándalo Odebrecht en diciembre de 2016, la empresa brasileña confesó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber dado 1.400.000 dólares «a un funcionario de alto nivel del gobierno peruano y a miembros del comité de licitaciones» del Metro de Lima para ganar la adjudicación. Luego, el 20 de enero de 2017, Odebrecht entregó a la fiscalía peruana información reservada sobre el caso, como parte de un acuerdo preliminar para colaborar con la justicia peruana, en el que reveló que el pago en coimas fue por 8.100.000 dólares (1.400.000 para el tramo 1 y 6.700.000 para el tramo 2). Los implicados eran funcionarios de nivel intermedio, siendo el más importante Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones, subordinado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El primer arrestado fue Edwin Luyo Barrientos, exmiembro especial del comité de licitación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, que de acuerdo a la fiscalía recibió 300.000 dólares. Después se detuvo a Miguel Navarro, extrabajador del viceministerio de Comunicaciones, es decir, subordinado de Jorge Cuba. Navarro había sido distinguido en 2010 con la «Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones» por sus gestiones para que el Metro de Lima se edifique. Admitió su delito el 26 de enero de 2017 y decidió acogerse a la confesión sincera. «Señor juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido. Me acojo a la confesión sincera. Estoy muy arrepentido y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Lo siento mucho», dijo. Sin embargo, después se desdijo.
El Poder Judicial también dictó 18 meses de prisión preventiva contra Mariela Huerta Minaya, quien fue la presidenta del comité de licitación del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima, la misma que integró Edwin Luyo. Su vivienda fue allanada el martes 24 de enero de 2017, pero según su registro migratorio había dejado el país con rumbo a Panamá el 3 de enero. A ella también se le acusa de recibir sobornos de Odebrecht y está con orden de captura internacional.
Finalmente, se detuvo a Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones, y a su pareja Jessica Tejada Guzmán, exvoleibolista peruana, que poco antes habían vuelto al Perú, provenientes de Miami. Cuba fue sindicado de haber recibido dos millones de dólares en coimas. En el caso de Jessica Tejada fue por haber prestado su nombre para una de las cuentas offshore donde se depositó el dinero de la coima.
A los tres detenidos, Luyo, Navarro y Cuba, se les impuso prisión preventiva por 18 meses, que fue ampliada después a 12 meses. Según la fiscalía, Luyo y Navarro habían sido testaferros de Cuba. El expresidente García aprobó que sus exfuncionarios estén en prisión, calificándolos de «ratas que ensucian las grandes obras que necesita el pueblo». Ninguno de ellos se ha acogido a la colaboración eficaz, aunque trascendió que Cuba se había acogido a dicha figura.
Además, se pidió la captura de otros dos exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que estarían involucrados en este caso. Se trata de Jesús Munive Taquía y Magdalena Bravo Hinostroza. A diferencia de Cuba y otros integrantes de los comités de licitación del Tramo 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, respecto a Munive y Bravo todavía no se han encontrado cuentas bancarias a sus nombres. El juez Concepción Carhuancho ordenó la captura de ambos personajes, al dictar contra ellos 12 meses de prisión preventiva. Solo se capturó a Munive mientras que Magdalena Bravo sigue prófuga.
El 4 de octubre de 2018, la fiscalía peruana interrogó al brasileño Carlos Nostre, exdirectivo de contratos de Odebrecht y encargado del Metro de Lima entre 2008 y 2015. Nostre reveló que el pago total de coimas por dicha obra (tramos 1 y 2 de la Línea 1) fue de 24 millones de dólares, y que de ese monto, unos 11 millones fueron a parar a las cuentas de exfuncionarios como el viceministro Jorge Cuba, Santiago Chau, Edwin Luyo y Juan Carlos Cevallos. Cuando se le inquirió sobre el destino de los 13 millones restantes, Nostre dijo que solo Jorge Barata era el que podía dar razón de ello. En el Perú se especuló que ese dinero restante debió haber ido a los funcionarios de mayor nivel, quienes estaban más arriba del viceministro Cuba, y esos solo podrían ser el ministro Cornejo y el presidente García.
Fuente importante para conocer la ruta del dinero de las coimas de Odebrecht en el caso del Metro de Lima ha sido el desvelamiento del secreto bancario de la Banca Privada d'Andorra (BPA), un paraíso fiscal por donde pasaron el dinero de Jorge Cuba y los demás implicados. En enero de 2019, a pedido del fiscal Pérez, la jueza de Andorra Azahara Cascales Ruiz ordenó el congelamiento y la incautación de US$ 1.304.703 que aún mantenían Edwin Luyo y Santiago Chau Novoa en el BPA.
Un vuelco importante en este caso ocurrió en abril de 2019, cuando el fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación a Luis Nava Guibert (exsecretario de la presidencia de Alan García y exministro de la Producción) y su hijo José Antonio Nava Mendiola (gerente de transportes "Don Reyna"), por supuestamente recibir de Odebrecht US$ 4.5 millones y casi medio millón, respectivamente, a cuenta del Metro de Lima; también se incluyó a Miguel Atala (exvicepresidente de Petroperú) por recibir de Odebrecht US$ 1.3 millones en su cuenta de Andorra, y a su hijo Samir Atala Nemi, a cuya cuenta se transfirió parte del dinero. Según la tesis de la fiscalía, todo esos dineros estarían en realidad destinados al expresidente Alan Garcia.
El 16 de abril de 2019, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por diez días de Alan García, junto con otras ocho personas: Miguel Atala y su hijo Samir Atala; Luis Nava y su hijo José Antonio Nava; Enrique Cornejo (exministro de Transportes y Comunicaciones); Oswaldo Plascencia (exjefe de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico); Jorge Luis Menacho Pérez (exsecretario del MTC); y Raúl Antonio Torres Trujillo (exdirector Ejecutivo de Provías del MTC). Todos ellos fueron sindicados de haber realizado labores de captación de dineros ilícitos integrando una organización criminal, cuya cabeza era el presidente García. El expresidente prefirió suicidarse antes que entregarse a la justicia; Cornejo se entregó voluntariamente, y los restantes fueron capturados, a excepción de José Nava Mendiola, que se hallaba en los Estados Unidos.
La Fiscalía anunció que pediría prisión preventiva por 36 meses para todos los detenidos. El juez aceptó dicho pedido para Luis Nava, que fue trasladado al penal Castro Castro (30 de abril de 2019). Mientras que Miguel Atala, Samir Atala y José Nava Mendiola se acogieron a la confesión sincera, con lo que modificaron su situación legal. Miguel Atala quedó bajo detención domiciliaria, mientras que su hijo Samir Atala fue liberado, dándosele comparecencia restringida. Mientras que a José Nava se le anuló la orden de captura y quedó también bajo comparecencia restringida. Miguel Atala confesó que el dinero de su cuenta de Andorra era para el expresidente García, y José Antonio Nava confesó que fue su padre quien recibió dinero del mismo Barata. Sin embargo el juez rechazó el pedido de detención preventiva para Cornejo, Plascencia, Menacho y Torres, aduciendo que la Fiscalía no había sustentado debidamente el pedido. Todos ellos quedaron bajo comparecencia restringida (4 de mayo de 2019).
El 13 de junio de 2019, la exvoleibolista y pareja de Jorge Cuba, Jéssica Tejada, fue puesta en libertad para que siga su proceso en comparecencia con restricciones, luego de estar 27 meses en prisión preventiva.
El 6 de noviembre de 2019, la Primera Sala de Apelaciones Nacional, a cargo del juez Rómulo Carcausto, dispuso la liberación de Jorge Cuba y Edwin Luyo, para que sigan su proceso en comparecencia restrigida, dejando sin efecto una resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, quien en julio de 2019 había ampliado el plazo de prisión preventiva por seis meses. Ello, en vista de que está medida se estaba dilatando más de lo debido: al principio, en 2017, se había impuesto por 18 meses, y a mediados de 2018 se la había ampliado por 12 meses más. Todo ello antes de que se inicie el juicio oral.
El 24 de junio de 2019, el Equipo de Fiscales de Lava Jato formalizó la acusación contra los implicados en el caso del Metro de Lima, por lavado de activos y por pertenecer a una organización criminal. Se solicitó 25 años y diez meses de prisión para el ex viceministro Jorge Cuba, así como para Mariella Huerta Minaya, Edwin Luyo Barrientos y Santiago Chau Novoa (exintegrantes del comité de selección en la licitación del Metro), y para Miguel Navarro Portugal (exfuncionario del MTC). De todos ellos, solo Huerta y Chau están prófugos. También se pidió la misma condena de prisión para dos personas del entorno de Cuba: su sobrino Víctor Muñoz Cuba, por abrir una cuenta donde se depositó una coima; y su expareja Jessica Tejada, por ser presunta beneficiaria de otra coima. También se solicitó la desacumulación de la investigación en dos procesos: por lavado de activos y por delito contra la administración pública, puesto que la mayoría de los implicados son exfuncionarios.
Fuente importante para conocer la ruta del dinero de las coimas de Odebrecht ha sido el desvelamiento del secreto bancario de la Banca Privada d'Andorra (BPA), un paraíso fiscal por donde pasaron el dinero de Jorge Cuba y los demás implicados en el caso del Metro de Lima, así como de otros muchos involucrados en el escándalo Odebrecht en el mundo. Ello fue dado a conocer por el diario El País, de España. En la documentación a la que accedió dicho medio informativo, se revelaba que la constructora brasileña depositó al ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, US$ 900.000 (luego se supo que fueron US$ 1.312.000). También aparecía el árbitro de la Cámara de Comercio de Lima Horacio Cánepa, que habría recibido de Odebrecht (luego se supo que fueron US$ 1.442.000). En el mencionado documento se lee también «Relton Holding SA Perú. Gabriel Parado Ramos (Perú)». Algunos consideraron que se trataría de Gabriel Prado, exfuncionario de la Municipalidad de Lima, durante la gestión de la entonces alcaldesa Susana Villarán. Otros US$ 250 mil habrían sido entregados para Jorge Peñaranda Castañeda, de la empresa Alpha Consult. Y US$ 4,5 millones fueron destinados a Enrique Muñoz Cuba a través de la sociedad Hispamar Investments Perú. Este último cumple 18 meses de prisión preventiva por el Caso Odebrecht al descubrir que habría recibido una parte de la coima que era para Jorge Cuba.
Conocidos así los nuevos personajes involucrados en el caso Odebrecht, el Equipo de fiscales de Lava Jato abrió una investigación preliminar contra ellos.
Se calcula en 15 millones de dólares los montos que depositó Odebrecht en las cuentas de ciudadanos peruanos en Andorra, presuntamente como pago de coimas.
Las indagaciones más minuciosas determinaron que la constructora Odebrecht, a través de una empresa offshore, depositó en la cuenta de Miguel Atala (exvicepresidente de Petroperú del segundo alanismo, de 2008 a 2011), la suma de 1.312.000 dólares, en cinco abonos ocurridos entre noviembre de 2007 y enero de 2008. Atala dijo que era el producto de la venta de un terreno de su propiedad que hizo en 2007 a la misma empresa Odebrecht para la obra de la Línea 1 del Metro de Lima. Sin embargo, una investigación periodística demostró que ese terreno había pertenecido al Estado y que nunca hubo una transacción como la descrita por Atala. Se sabe también que Atala intentó depositar en el mismo banco unos 10 millones de dólares, aduciendo que provenían de negocios empresariales personales. La fiscalía sospechaba que Atala en realidad era el testaferro de otro implicado de mayor nivel.
Atala fue sometido a investigación por la fiscalía y se le dio impedimento de salida del país. A fines de 2018, el fiscal coordinador del Equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba dispuso que el caso del Metro de Lima y las cuentas de Andorra se acumularan en un solo expediente y ordenó que este pasara a manos del fiscal José Domingo Pérez.
En enero de 2019, el equipo de fiscales del caso Lava Jato viajó a Andorra para recabar más información ante la fiscalía de dicho Principado, sobre el pago de sobornos a exfuncionarios del gobierno de García a través de la BPA. El exgerente de dicho banco, Frances Pérez Giménez, confirmó que gestionó personalmente la apertura de una cuenta en la BPA para que Atala recibiera fondos de Odebrecht, ya que esta empresa lo consideraba como un «socio estratégico».
El 22 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los exdirectivos de Odebrecht en Brasil, Luiz Da Rocha Soares, extesorero internacional de dicha empresa, confirmó que Atala recibió de Odebrecht US$1.312.000, que fueron depositados en la banca de Andorra. Al preguntársele sobre la razón invocada por Atala, de que era el pago de un supuesto contrato de venta de terreno, Rocha negó la existencia de ese contrato, aseverando que las cuentas de Andorra tenían como finalidad exclusiva el pago de coimas, que ciertamente se ocultaban bajo contratos ficticios.
El 2 de marzo de 2019, la Fiscalía allanó los domicilios de Miguel Atala y su hijo Samir Atala; a este último se le dictó también impedimento de salida del país, al descubrirse que su padre le había traspasado una de sus cuentas en la que recepcionó las supuestas coimas.
En abril de 2019, se reveló que Miguel Atala sería testaferro del exsecretario y exministro del segundo gobierno de Alan Garcia, Luis Nava Guibert, a quien habría girado el dinero de la cuenta de Andorra. Ese dinero, que era fruto de las coimas cobradas a Odebrecht, en realidad estaría destinado a Alan García. Es decir, tanto Atala como Nava serían los testaferros del expresidente. El 16 de abril de 2019, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Alan García, junto con Nava, Atala y otros implicados. El expresidente prefirió suicidarse antes que entregarse a la justicia. Luego, Atala se acogió a la confesión sincera y reveló que, efectivamente, el US$1.3 millón de su cuenta de Andorra era de Alan García, a quien le fue entregando el dinero en varias armadas entre 2010 y 2018. Actualmente, Atala está con detención domiciliaria por 36 meses; su hijo Samir está en la misma situación, al haberse también acogido a la confesión sincera.
La fiscalía inició también una investigación preliminar contra el exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima, Horacio Cánepa Torre, que según las revelaciones del diario El País, habría recibido de Odebrecht US$ 1.442.000, que fueron depositados en una de las cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA), a través de una empresa ‘offshore’. En 2014, Cánepa transfirió US$ 532.215 de ese dinero al Bank of America en Chicago. El monto restante está bloqueado en Andorra. Cánepa fue diputado del PPC en 1990-1992, y muy cercano a Lourdes Flores Nano, lideresa de dicho partido (a la que después acusó de recibir dinero de Odebrecht para financiar sus campañas electorales). En su oficio de árbitro, se sabe que dio 17 laudos favorables a Odebrecht en procesos contra el Estado. La tesis de la fiscalía es que los montos depositados en Andorra a su nombre constituyen las coimas que recibió de Odebrecht.
Cánepa tiene orden de impedimento de salida del país. Su caso fue el punto de partida para que la fiscalía empiece a investigar a otros árbitros que habrían favorecido igualmente a Odebrecht en perjuicio del Estado (ver más adelante «Caso Árbitros que favorecieron a Odebrecht»).
El 21 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los exdirectivos de Odebrecht en Brasil, Luiz Da Rocha Soares, extesorero internacional de dicha empresa, reveló que la constructora entregó más de US$ 3 millones al árbitro Horacio Cánepa a cambio de que sus laudos favorezcan a Odebrecht en procesos arbitrales contra el Estado peruano.
Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata confirmó que Odebrecht le pagaba doble sueldo y un bono a Horacio Cánepa, para que este les favoreciera en los arbitrajes con el Estado. Cánepa recibía un sueldo como asesor, otro como árbitro y el 1% de lo que la constructora ganara del arbitraje a su favor. Barata indicó también que Cánepa influyó en otros árbitros para que fallen a favor de la constructora.
El 6 de agosto de 2019, Jorge Barata reveló al Equipo de Fiscales Lava Jato que el codinome de ‘Almohadinha’ correspondía a Horacio Cánepa. Dicho codinome aparece en una planilla de pagos de la Caja 2 de Odebrecht, relacionada con un pago presuntamente ilícito. Se afirma que fue un total de US$878.364 el soborno que recibió Cánepa para favorecer a la constructora brasileña en un arbitraje en torno a la carretera Interoceánica Sur. Si hablamos de todas las coimas que recibió para favorecer a Odebrecht, y teniendo en cuenta que Barata reconoció que Cánepa se quedaba con el 1% de lo que ganaba de la constructora, se calcula que el monto total que habría recibido el exárbitro comercial sería de US$ 4 millones.
La Fiscal Mori señala que tanto Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda como su hijo habrían recibido US$ 2’605,000 en coimas de la constructora Odebrecht en una cuenta de la Banca Privada de Andorra. La tesis del Ministerio Público es que el dinero proviene de actos de corrupción para realizar actos de conversión y ocultamiento de dinero a través de Alpha Consult.
La fiscalía destacó que los Peñaranda, en su calidad de representantes legales de Alpha Consult S.A. tanto de manera individual como consorciada con otras empresas «celebraron diversos contratos de supervisión con Ositran, con la finalidad de supervisar las obras que en ese momento se encontraba ejecutando» la constructora Odebrecht. Además que Peñaranda Castañeda, de acuerdo al Ministerio Público, habría utilizado la empresa offshore Randalee Investments S.A. para realizar pagos de comisiones ilegales a altos funcionarios.
En noviembre, tras la autorización de la jueza María de los Ángeles Álvarez, el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público allano seis inmuebles vinculados a los empresarios Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda y su hijo Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, a fin de incautar documentos y bienes sobre los depósitos que recibieron en la Banca Privada de Andorra. En la resolución de la jueza Álvarez, se detalla que el Ministerio Público solicitó a Peñaranda Castañeda, en junio último, entregar información sobre sus cuentas en los Estados Unidos. No obstante, el empresario hasta el momento no remitió los documentos requeridos. El equipo especial Lava Jato, además, detalla que el allanamiento a Alpha Consult S.A., donde Peñaranda Castañeda fue presidente de directorio, accionista mayoritario y gerente general entre 2012 y 2017, resulta «idónea para recabar información contable relacionada a los supuestos préstamos y transferencias que habría gestionado» el empresario a favor de su compañía.
En enero de 2020, la Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva en contra del empresario Rómulo Perañanda Castañeda por el delito de lavado de activos y cohecho pasivo en agravio del Estado. Petición que fue aceptada por el Poder Judicial.
Ya desde dos años antes del estallido del escándalo Odebrecht, el partido Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, se hallaba en investigación por el tema del financiamiento de su campaña electoral previa a las elecciones de 2011, cuando participó con el nombre de Fuerza 2011. Una parte del millonario financiamiento de dicha campaña había sido sustentado ante la ONPE con supuestos aportes voluntarios de numerosos simpatizantes, a través de la realización de cócteles y rifas.
En octubre de 2015, un estudiante de Derecho, David Apaza Enríquez, al constatar que las cuentas entregadas por Fuerza Popular a la ONPE no cuadraban, presentó ante la Fiscalía la primera denuncia contra dicho partido, bajo la tesis de que el financiamiento de la campaña electoral de 2011 se había hecho en realidad con dinero ilícito («aportes fantasmas») y por lo tanto se trataría de un caso de lavado de activos. La Fiscalía abrió investigación el 2 de noviembre de 2015. Fue el inicio del llamado Caso Cócteles.
Surgieron otras denuncias contra Fuerza Popular, todas bajo la presunción de lavado de activos. También surgieron denuncias contra la misma Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella, tras revelarse que este último había hecho una compra de terrenos en Chilca por 617 329 dólares. En marzo de 2016, el fiscal Germán Juárez Atoche abrió una investigación preliminar a Keiko Fujimori y a su esposo.
El revelación del caso Odebrecht dio más pistas a la investigación por lavado de activos. El colaborador eficaz Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, reveló que sostuvo reuniones con la excandidata presidencial Keiko Fujimori durante la campaña electoral de 2011. En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht confirmó que entregó dinero a los principales candidatos presidenciales de 2011, entre ellos a la candidata fujimorista. Más tarde, la situación de Keiko se complicó cuando se reveló que en la agenda de Odebrecht había una nota con el nombre de la excandidata presidencial junto a un monto (el texto decía: «Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita»). Se dijo que la cifra aludía a quinientos mil dólares y que era un aporte para su campaña electoral de 2011.
En septiembre de 2017 el fiscal de la Nación Pablo Sánchez ordenó que un solo fiscal titular se encargara de investigar todas las denuncias aparecidas contra Keiko Fujimori y su partido, que quedaron bajo la competencia del subsistema especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. El fiscal designado fue José Domingo Pérez, que en octubre del mismo año adecuó la investigación a la Ley de Crimen Organizado y amplió a 36 meses el plazo para la investigación.
En noviembre de 2017, los fiscales peruanos viajaron a Brasil, donde escucharon el testimonio de Marcelo Odebrecht de haber entregado dinero para la campaña de Keiko Fujimori, aunque señalando que Barata era el único que podía confirmar el monto exacto. También reveló que las iniciales AG que aparecen en su agenda se referían al expresidente Alan García, quien estaba muy interesado que Odebrecht ganara la licitación del gasoducto del Sur Peruano, entre otras obras.
Por entonces, el fujimorismo, a través de su congresista Daniel Salaverry, planteó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez, por supuestamente no haber iniciado las investigaciones contra varias empresas peruanas socias de Odebrecht, lo que, a su ver, contrastaba con el proceso abierto contra Keiko. Lo cual fue interpretado como una represalia del fujimorismo por la investigación contra su lideresa y como un intento de coaccionar a la fiscalía violentando su autonomía.
El 7 de diciembre de 2017, el Poder Judicial autorizó el allanamiento y registro domiciliario de dos locales de Fuerza Popular, uno ubicado en Cercado de Lima y otro en Surco. Ello, debido a indicios que apuntaban a que el partido fujimorista tenía doble contabilidad o contabilidad paralela para ocultar los aportes de Odebrecht a la campaña electoral de Keiko Fujimori. Los voceros de Fuerza Popular acusaron al fiscal Pablo Sánchez de estar tras el allanamiento, que habría sido en represalia por la denuncia constitucional entablada contra su persona.
Según diversos analistas, todo ello impulsó al fujimorismo a intentar tumbar la institucionalidad del país, con el fin de blindar a su lideresa Keiko. Por ello, habría promovido desde el Congreso el proceso de vacancia presidencial contra PPK, quien, no obstante, pudo superarla, gracias a una facción del fujimorismo, encabezada por Kenji Fujimori (los llamados avengers), que se abstuvo a votar a favor de la misma. Ello ocurrió a fines de diciembre de 2017. En marzo de 2018 se promovió un segundo proceso de vacancia, pero antes de que se procediera a la votación en el Congreso, el presidente Kuczynski renunció tras revelarse los llamados kenjivideos.
El 28 de febrero de 2018, Barata reveló al equipo de la fiscalía peruana haber dado aporte de un millón doscientos mil dólares a favor de la campaña electoral de Keiko en 2011, y que los intermediarios de esa entrega habían sido Jaime Yoshiyama Tanaka (entonces secretario general y jefe de campaña de Fuerza 2011), Augusto Bedoya Cámere (exministro fujimorista) y Ricardo Briceño (entonces presidente de la CONFIEP). Más específicamente, se le habría dado 500 mil a Yoshiyama y Bedoya durante la campaña de la primera vuelta, y otros 500 mil en la campaña de la segunda vuelta. Los 200 mil restantes se habrían entregado a raíz de una reunión de empresarios convocada por Briceño, gremio que se orientaba por la candidatura fujimorista, temeroso de que ganara la presidencia el nacionalista Humala. Luego de esa revelación, la fiscalía de lavado de activos allanó las casas de Yoshiyama y Bedoya, e ingreso a la sede de la CONFIEP donde incautaron documentos.
En septiembre de 2018, el diario El Comercio de Lima dio cuenta de correos electrónicos encriptados que intercambiaron Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en el Perú, y Luiz Antonio Mameri, exlíder empresarial de la constructora para América Latina y Angola, los cuales confirmarían los aportes de dinero ilegal a las campañas electorales de Ollanta Humala y Keiko Fujimori en 2011.
El 10 de octubre de 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, ordenó la detención preliminar por diez días de Keiko Fujimori, junto a otras 19 personas (entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya), en el marco de las investigaciones por lavado de activos presuntamente ocurrido en la campaña electoral de 2011. Se justificó esta detención, aduciendo que había un grave de peligro de fuga de parte de Keiko Fujimori, sindicada de haber constituido una organización criminal en el interior de su partido Fuerza Popular (y no que este partido sea una organización criminal, como algunos interpretaron). Meses atrás, se había revelado una grabación del caso CNM Audios, donde se escuchaba al juez supremo César Hinostroza coordinando con un tercero no identificado sobre una reunión con una «señora K… la fuerza número 1». Para algunos se trataría de una alusión a Keiko y Fuerza Popular, que presuntamente habría estado buscando obtener favores en el proceso que se le seguía sobre lavado de activos. También se ordenó la detención preliminar de los asesores de Fuerza Popular, Ana Herz de Vega y Pier Figari Mendoza, orden que se cumplió mientras estos asistían a una marcha en favor de Keiko. Otros asesores personales de la lideresa fueron también detenidos y allanados sus domicilios.
Keiko Fujimori y los demás detenidos apelaron ante la Segunda Sala de Apelaciones del Poder Judicial, que luego de oír los argumentos de las partes, anuló la detención preliminar, aduciendo que no había sido sustentada debidamente.
Sin embargo, a los pocos días, el fiscal Pérez formalizó la investigación preparatoria y solicitó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y otras once personas involucradas por presunto lavado de activos (Jaime Yoshiyama, Jorge Yoshiyama Sasaki, Vicente Silva Checa, Augusto Bedoya, Ana Herz, Pier Figari, Luis Mejía Lecca, Giancarlo Bertini Vivanco, Carmela Paucará y Adriana Tarazona), petición que fue evaluada por el mismo Concepción Carhuancho. Las audiencias se iniciaron el 19 de octubre. Keiko solicitó la recusación de este juez, acusándolo de falta de imparcialidad, pero el mismo juez le denegó el pedido. El fiscal José Domingo Pérez dio una serie de argumentos para sustentar que en el seno de Fuerza Popular se había constituido una organización criminal.
En cuanto a la necesidad de aplicar la prisión preventiva, el fiscal argumentó la existencia del peligro de obstaculización al trabajo judicial de parte de la procesada, aprovechando su posición de líder política. Al respecto, mencionó como prueba una serie de chats de conversaciones privadas (llamada La Botica) donde se lee a miembros de la bancada fujimorista del Congreso ponerse de acuerdo para desprestigiar al fiscal. Se sabe que dicho material fue proporcionado por uno de los testigos protegidos de la fiscalía, el congresista de Fuerza Popular, Rolando Reátegui. También el fiscal mencionó las maniobras de Keiko para dilatar el proceso y su interferencia en el sistema de justicia para obtener favores; sobre esto último, uno de los testigos protegidos corroboró que la Señora K mencionada en uno de los CNM Audios era la misma Keiko, que buscaba obtener favores del juez Hinostroza en el Caso Cócteles. Otro sustento para la prisión preventiva fue el hallazgo en casa de Vicente Silva Checa, asesor de Keiko Fujimori y antiguo montesinista, de documentos relacionados con la Comisión Lava Jato del Congreso, así como apuntes de la estrategia legal de Fuerza Popular, indicios de que había un propósito desde la alta dirigencia de dicho partido para obstaculizar el desarrollo del proceso.
Luego de revisar el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el juez Concepción Carhuancho empezó a revisar el de las otras diez personas del entorno de Keiko. Se esperaba que diera su veredicto final al finalizar todas ellas, pero el 31 de octubre de 2018, cuando solo había evaluado la situación jurídica de cinco de ellas (Ana Herz, Pier Figari, Vicente Silva Checa, Jaime Yoshiyama, además de Keiko), decidió sorpresivamente dar su veredicto con respecto a Keiko Fujimori. Tras aceptar la tesis fiscal que le imputaba ser la cabeza de una presunta organización criminal al interior de su partido que lavó un millón de dólares entregados por Odebrecht en 2011, y considerando que existía un riesgo de que obstaculizara el proceso, el juez dictó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori. Keiko Fujimori fue recluida en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.
En los días siguientes el juez Concepción Carhuancho continuó evaluando la situación jurídica del resto de los implicados, contra los cuales ordenó también la prisión preventiva por 36 meses, por presunto lavado de activos. Entre ellos: Vicente Silva Checa, Pier Figari y Ana Herz, a quienes un testigo protegido de la fiscalía sindicó como las personas que, junto con Keiko Fujimori, eran las que tomaban las más importantes decisiones del partido, los que los convertía en presuntos cabecillas de la organización criminal. También sufrieron similar fallo Luis Mejía Lecca y Giancarlo Bertini Vivanco.
Un vuelco importante ocurrió cuando Jorge Yoshiyama Sasaki, otro de los 11 imputados, confesó que su tío Jaime Yoshiyama le había entregado 100 000 dólares para la campaña de Keiko Fujimori de 2011, con el encargo de buscar aportantes falsos para justificar su origen (modalidad del “pitufeo” o fraccionamiento del dinero). Dijo también que ignoraba que se trataba de dinero de Odebrecht. Hasta entonces, todos los imputados habían negado la existencia del “pitufeo”; con la confesión de Jorge Yoshiyama, la defensa se vio obligada a replantear su estrategia. Por haber aceptado los cargos en su contra y colaborado con la investigación, a Jorge Yoshiyama le dieron solo comparecencia restringida.
En cuanto a Jaime Yoshiyama, que se hallaba en Miami por un tratamiento médico ocular, se le dictó 36 meses de prisión preventiva y se dispuso activar su captura internacional a través de la Interpol. Aunque Yoshiyama había dicho que regresaría a Lima para asistir a las diligencias judiciales, no lo hizo, e incluso hizo una revelación que para muchos resultó increíble: que el aportante de la campaña fujimorista de 2011 fue en realidad Juan Rassmuss Echecopar, un empresario minero nacido en Perú pero afincado en Chile y que había fallecido en 2016. Según la versión de Yoshiyama, Rassmuss había aportado más de un millón de dólares, tanto en la campaña de 2011 como en la de 2016, supuestamente porque deseaba que se mantuviera el modelo económico en el Perú. Pero al no haber manera de corroborar lo dicho por Yoshiyama, muchos lo consideraron como una versión muy conveniente, al aludir a una persona ya fallecida que no podía confirmarla o desmentirla. Jaime Yoshiyama regresó a Lima el 11 de marzo de 2019, siendo detenido y llevado al día siguiente al penal Castro Castro, para cumplir los 36 meses de prisión preventiva que le había impuesto el juez Concepción. En ese penal están también el asesor Pier Figari y el extesorero, Luis Mejía Lecca.
Los otros inculpados en el caso Cócteles tuvieron diversos fallos. A Carmela Paucará y Augusto Bedoya se les dio impedimento de salida del país por 18 meses; y a Adriana Tarazona se le dio arresto domiciliario.
Keiko Fujimori apeló para que le revocaran la prisión preventiva y poder así continuar su proceso en libertad, pero la Sala de Apelaciones le denegó su pedido, basándose en el argumento de que existía un riesgo de que obstaculizara la justicia mientras estuviera en libertad. La sala desestimó sin embargo otros argumentos presentados por la fiscalía, como el peligro de fuga (5 de enero de 2019). En cambio, Vicente Silva Checa y Ana Herz de Vega ganaron la apelación y fueron puestos en libertad.
Al existir muchos testigos protegidos que admitían que las decenas de supuestas donaciones de dinero para la campaña electoral de Keiko eran fraudulentas, el fiscal Pérez amplió la investigación y citó a 500 personas, para que respondieran si en realidad habían sido aportantes reales. Entre ellas estaban José Chlimper Ackerman, exsecretario de Fuerza Popular, y diversos empresarios (24 de noviembre de 2018).
El fiscal José Domingo Pérez solicitó también comparecencia con restricciones para seis investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública de justicia, en la modalidad de obstrucción de la justicia. Entre ellos se encuentra la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, sindicada como coordinadora de un personal de abogados involucrada en dicho acto delictivo. Esto, tras el testimonio de testigos protegidos afirmando que los abogados mediante amenazas impidieron que personas que aparecían como aportantes a la campaña de Keiko Fujimori de 2011 presten testimonio negando haber hecho esos aportes.
Asimismo, el Poder Judicial dictó medidas de impedimento de salida del país para el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, por la adquisición inmobiliaria de terrenos con presunto dinero ilícito, que provendrían de los aportes a la campaña electoral de Fuerza 2011. Mark Vito apeló esa decisión y meses después se le levantó el impedimento.
El abogado de Jaime Yoshiyama presentó una recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho, a raíz de unas declaraciones que este dio a un medio informativo luego de la remoción de los fiscales Vela y Pérez del Equipo Lava Jato, por parte del fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Según el abogado, dichas declaraciones demostraban la falta de imparcialidad del juez en el caso Cócteles. En la primera de esas declaraciones, Concepción dijo que, si bien es juez, también es ciudadano, y que por eso la decisión de Chávarry le generaba indignación. En la segunda, dijo que la salida de Vela y Pérez «no ha hecho otra cosa que confirmar la captura del Ministerio Público». La Sala de apelaciones, presidida por César Sahuanay, le dio la razón a Yoshiyama y apartó a Concepción Carhuancho del caso Cócteles, al considerar que el juez adelantaba opinión contra una de las partes (15 de enero de 2019). En su reemplazo se nombró a la juez Elizabeth Arias Quispe. Esta decisión judicial provocó mucha polémica; el mismo presidente Vizcarra dijo estar «totalmente en desacuerdo» con la recusación del juez Concepción. Por su parte, la abogada de Keiko Fujimori pidió la inhibición de la nueva jueza en el caso Cócteles, ya que anteriormente su estudio había patrocinado a la magistrada en un caso ya concluido. La jueza Arias rechazó el argumento planteado por Giuliana Loza para su inhibición, pues consideró que el patrocinio aludido había sido corto, breve y puntual. Sin embargo, pocas horas después, aceptó inhibirse, arguyendo otro motivo: dijo que tenía una antigua amistad con el abogado de Jorge Yoshiyama, el mismo que se había convertido en colaborador del Caso Cócteles (15 de febrero de 2019). Se procedió entonces a elegir a otro juez a través del sistema aleatorio (por sorteo), resultando elegido el juez Víctor Zúñiga (14 de marzo de 2019).
El 20 de enero de 2019, el programa televisivo Punto Final reveló el testimonio de Silvana Castagnola, analista de Telefónica del Perú, quien detalló cómo esta empresa la había obligado a borrar y a negar la existencia de información de llamadas solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, relacionada con la investigación de Keiko Fujimori en el caso Cócteles. La justificación de la empresa fue que según la ley, solo había la obligación de conservar esa información por tres años, y que el pedido del fiscal sobrepasaba ese límite. Sin embargo, Castagnola dijo que había comprobado que la empresa aún guardaba esa información, no obstante lo cual se negaba a colaborar con la fiscalía. Al día siguiente el fiscal José Domingo Pérez hizo una diligencia en el edificio central de Telefónica, para recabar la documentación necesaria.
El 25 de febrero de 2019, la defensa de Keiko Fujimori interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema para anular su prisión preventiva, aduciendo que se habían cometido fallos formales en el proceso. El pedido fue derivado a la Sala Suprema Penal Permanente del Poder Judicial, que lo admitió a trámite el 30 de abril de 2019. También los abogados de Jaime Yoshiyama Tanaka, Pier Figari y Luis Mejía Lecca lograron que se admitiera a trámite el mismo recurso para sus defendidos. Se fijó para el 5 de julio de 2019 una audiencia pública para revisar todos esos pedidos.
El juez supremo Aldo Figueroa se inhibió de participar en este proceso, luego de que se conocieran sus vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Se cuestionó además que el representante del Ministerio Público en la audiencia que resolverá esta casación sea el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, sindicado también como miembro de Los Cuellos Blancos del Puerto. Este fiscal rechazó inhibirse del caso, y aún más, el 3 de julio remitió un documento a la Sala Penal Permanente en el que recomendaba declarar fundada la casación y pedía que se anule la orden de prisión preventiva de Keiko Fujimori, así como de Yoshiyama, Figari y Mejía.
El 5 de julio de 2019, día fijado para la audiencia de casación, el juez supremo Jorge Castañeda se inhibió de ver el caso, luego que se difundiera unos audios que revelarían la existencia de una estrecha cercanía entre él y el juez César Hinostroza, sindicado cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto. Debido a ello, la Sala Suprema Penal Permanente postergó la audiencia de casación.
El 9 de agosto de 2019 se reinició la audiencia de casaciones en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. No se llegó a un acuerdo entre los cinco miembros de la Sala: dos de ellos declararon infundado el pedido, y otros tres se mostraron a favor en parte, pero solo en reducir el tiempo de la prisión preventiva de 36 a 18 meses (es de destacar que ninguno de ellos se mostró a favor de la libertad de los encausados). Como se necesitan 4 votos concordantes para dar una sentencia sobre la casación, esta quedó pendiente, pues se debía recurrir a un juez dirimente.
Como magistrada suprema dirimente fue designada Susana Castañeda Otsu, que el 12 de septiembre de 2019 decidió que Keiko Fujimori continúe en prisión preventiva, pero por 18 meses, rebajándose así los 36 meses que se le había impuesto. La jueza se sumó así a los tres magistrados que se pronunciaron en la misma línea y decidió así la resolución. La misma decisión recayó sobre Yoshiyama Tanaka y Figari Mendoza. Solo se ordenó la libertad de Mejía Lecca, que quedó bajo comparecencia restringida.
El 31 de julio de 2019, el fiscal José Domingo Pérez formalizó la denuncia contra el partido Fuerza Popular por lavado de activos. De probarse la responsabilidad penal, dicho partido sería disuelto. Como antecedente, el fiscal resaltó la acusación del fiscal Germán Juarez Atoche contra Ollanta Humala, que incluye al Partido Nacionalista en el proceso de lavado de activos.
En la noche del sábado 14 de septiembre de 2019, Keiko Fujimori fue trasladada de emergencia a la Clínica Centenario, por presentar dolores en el tórax y la cabeza, así como un probable cuadro de hipertensión arterial. Su abogada se quejó de que su defendida fuera llevada a la clínica esposada y en una camioneta particular. Los médicos aconsejaron que permaneciera internada en cuidados intermedios.
Coincidiendo con este episodio, el 17 de septiembre de 2019, los jueces supremos en lo penal del Poder Judicial publicaron el Acuerdo plenario 01-2019 tratado en el XI Pleno Jurisdiccional Supremo Penal, en los que se fijan criterios jurídicos en temas de prisión preventiva, impedimento de salida del país y otros. Se busca con ello que la prisión preventiva sea una medida extraordinaria, con requisitos mucho más definidos.
Fracasado su recurso de casación, Keiko Fujimori solo le quedó para lograr su liberación el recurso de habeas corpus interpuesto por su hermana Sachi ante el Tribunal Constitucional (TC). Como ponente de este recurso asumió el presidente de dicho Tribunal, Ernesto Blume, trascendiendo que se inclinaría a favor de la liberación de Keiko. La crisis por la disolución del Congreso y el vasto expediente de la investigación fiscal, que abarcaba casi mil páginas, demoraron la resolución del TC.
En noviembre de 2019, un medio periodístico reveló el testimonio de Jorge Yoshiyama ante la fiscalía, quien afirmaba que su tío Jaime Yoshiyama le comentó que Keiko Fujimori sabía que su campaña electoral de 2011 estuvo financiada por la empresa Odebrecht. También confesó que la misma Keiko le pidió que le ayudara en el “pitufeo” de los fondos aportados por Odebrecht en la campaña electoral de 2016, así como le habría comentado sobre sus contactos con el juez César Hinostroza para inclinar a la justicia a su favor, en 2018.
También por esos días, la fiscalía programó una serie de interrogatorios a los empresarios más importantes del Perú sobre los aportes que habían dado a las campañas electorales de Keiko Fujimori de 2011 y 2016. Fue muy impactante la confesión de Dionisio Romero Paoletti, presidente del Grupo Credicorp, sobre el aporte de US$ 3.6 millones que hizo a favor de Keiko en 2011, en efectivo y dentro de maletines entregados en las mismas manos de la entonces candidata. Romero dijo que fue por el temor a la amenaza de que el chavismo llegara al poder en la figura del candidato rival, Ollanta Humala. También confesaron haber contribuido a la campaña de Keiko el presidente del Grupo Gloria, a través de Vito Rodriguez, aporto 200 mil dólares a la campaña de Keiko Fujimori entregado personalmente y otras empresarios más, aunque algunos solo dijeron que colaboraron en una bolsa organizada por la CONFIEP para financiar una millonaria publicidad a favor de la defensa del modelo económico, entre 2009 y 2012, que aparentemente no se inclinaba por ningún candidato.
También en ese mismo mes de noviembre de 2019, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial la medida de comparecencia con restricciones para José Chlimper Ackerman, exsecretario general de Fuerza Popular y director del Banco Central de Reserva, como parte de las investigaciones. Chlimper es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, fraude procesal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos privados. Los actos ilícitos habrían sido cometidos en las campañas electorales de 2011 y 2016.
Tras la revelación del Banquero, Dionisio Romero, el equipo especial decidió atribuir al empresario el delito de presunto fraude en la administración de personas jurídicas por aportes millonarios a la campaña de Fuerza Popular. En el documento emitido por el Ministerio Público, el equipo especial especifica los aportes recibidos por Fuerza Popular durante las campañas del 2011 y 2016 a los que atribuye ilicitud. Este es el caso del financiamiento del empresario Dionisio Romero Paoletti, quien declaró el año pasado ante el fiscal Pérez que había entregado US$3′650.000 a Keiko Fujimori para la campaña del 2011. Para la fiscalía, este monto “tiene su origen en los hechos de fraude en la administración de personas jurídicas vinculada al grupo empresarial Romero, por intermedio de su presidente Dionisio Romero Paoletti”.
Según indica la fiscalía, se ha determinado que Romero, en su condición de presidente del directorio de Credicorp y presidente del directorio del Banco de Crédito del Perú, infringió en su deber de usar el patrimonio de su representada “para el desarrollo de las actividades propias de la misma, tomó la decisión de realizar retiros de dinero en efectivo a través del Banco de Crédito del Perú, por US$3′650.000 con el propósito de entregarlos a la organización liderada por Keiko Fujimori”.
El encargado de la ponencia en el TC sobre el recurso de habeas corpus de Keiko, Ernesto Blume, no quiso admitir las nuevas revelaciones sobre los aportes a la campaña de 2011 y la obstrucción a la justicia de parte de Keiko, aduciendo que al TC no le correspondía fallar sobre el fondo del asunto. En su proyecto de resolución, Blume aconsejó declarar fundado el recurso de habeas corpus, al considerar que existía una afectación a la libertad personal de la investigada. El 24 de noviembre de 2019, luego de casi una semana de debate, el pleno del TC votó mayoritariamente a favor de la resolución de Blume. Además de Ernesto Blume, votaron a favor los tribunos José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Carlos Ramos; el voto de este último fue decisivo para inclinar la balanza a favor de Keiko. En contra votaron Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda y Marianella Ledesma.
En acatamiento al fallo del TC, la jueza Rosa Amaya Saldarriaga, del 20.º Juzgado Penal de Lima, ordenó la excarcelación de Keiko Fujimori. El 29 de noviembre de 2019, Keiko abandonó la prisión y retornó a su casa, para seguir su proceso en libertad, tras haber cumplido 13 meses de prisión preventiva. En los días anteriores, su esposo Mark Vito había realizado una huelga de hambre como protesta contra su prisión preventiva, que consideraba una arbitrariedad. Ese mismo día, el fiscal José Domingo Pérez cuestionó la resolución del TC, al considerar que era incongruente, contradictoria y que sospechosamente tenía tintes políticos, anunciando que pediría a la procuradoría del Poder Judicial que declare inejecutable el fallo del TC. También, por disposición judicial, fueron allanadas ese día las oficinas de la CONFIEP, en el marco de la investigación sobre los aportes a la campaña de Keiko de 2011.
El fiscal José Domingo Pérez dispuso ampliar el caso de los aportes a las campañas de Fuerza Popular e incluir otros presuntos delitos como asociación ilícita, organización criminal, falsa declaración y fraude procesal, y falsedad genérica. De acuerdo con una disposición fiscal emitida el 6 de diciembre de 2019, la ampliación de la investigación alcanza también a otros involucrados en el caso como el ex secretario general del Partido Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka; los asesores de Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari y Ana Herz Garfias de Vega; el exsecretario de Economía del partido, Augusto Bedoya Camere y la ex tesorera titular Adriana Tarazona.
También serán investigados por estos nuevos delitos la exsecretaria de Keiko Fujimori, Carmela Paucará; la ex tesorera alterna, Antonieta Gutiérrez Rosati; la ex jefa de Aduana de la SUNAT, Ana Matsuno Fuchigami; el ex contador del Partido, Rafael Herrera Mariños; la ex tesorera alterna, Erika Yoshiyama Koga; el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella y el ex ministro de educación del gobierno fujimorista u entonces parte del equipo técnico de la campaña de 2011, Jorge Trelles Montero. La fiscalía, además, ha incorporado a la investigación preparatoria al ex secretario general del Partido y miembro del Directorio del Banco Central de Reserva, José Chlimper Ackerman. Dicho requerimiento solo incluía el delito de lavado de activos, ahora han sido incorporados los nuevos ilícitos que postula el equipo especial. Además, el fiscal Pérez ha solicitado al juzgado incluir en la investigación a la persona jurídica MVV Bienes Raíces S.A.C., propiedad del esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella.
Para sustentar la ampliación de la investigación, Pérez presenta las declaraciones del sobrino del ex jefe de campaña del Partido, Jorge Yoshiyama Sasaki, del ex presidente del congreso, Daniel Salaverry y de Dionisio Romero Paoletti, presidente ejecutivo de Credicorp LTC y de Vito Rodríguez, Gerente General de Gloria. También los testimonios de presuntos falsos aportantes. La fiscalía también ha dispuesto levantar la medida de protección de reserva de identidad de testigo del Gerente General de Iza Motors, Antonio Camayo y del integrante del Congreso disuelto, Rolando Reátegui.
El Juzgado aceptó el pedido fiscal para incorporar a Fuerza Popular como persona jurídica responsable, lo que podría llevar a una eventual suspensión o disolución del partido.
Según IDL-Reporteros, los empresarios del Club de la Construcción habrían aportado en secreto a campaña de Keiko en 2016. Jorge Yoshiyama reveló ante Fiscalía que hacia fines de 2015 o a inicios de 2016, cuando visitó a Keiko Fujimori en su oficina, esta le pidió convocar a empresarios de la construcción a fin de que donen US$ 10 000 cada uno para su campaña presidencial. Cuatro empresarios, entre ellos, Jorge Peñaranda y José Castillo Dibos, habrían dado aportes, en efectivo, a la campaña de Fuerza Popular.
Al mismo tiempo, Daniel Salaverry reveló que Keiko Fujimori quiso obstruir la justicia tratando de contactar e influir en el entonces Juez Supremo, Cesar Hinostroza y el entonces Fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, al mismo tiempo Keiko quiso que este le entregue una agenda del expresidente Pedro Pablo Kuczynski al fiscal Chavarry. E incluso el empresario Antonio Camayo reveló y confirmó que la "Sra. K" de los audios con el juez Hinostroza, se refiere a Keiko Fujimori, quien uso como intermediario al entonces congresista, Héctor Becerril.
El 27 de enero de 2020, el juez Víctor Zuñiga ordenó el regreso de Keiko Fujimori, a prisión por el plazo de 15 meses, a pesar de que la solicitud fiscal era por 18 meses y dos días. Sin embargo, la Fiscalía no apeló el plazo. La defensa de Fujimori apeló la decisión judicial e incluso anunció que acudiría a instancias internacionales contra lo que consideraban una persecución y venganza política. Mientras que Fujimori regresó al penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.
Desde 2013, el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp tenían abierto un proceso por lavado de activos, el llamado caso Ecoteva, por una cuenta offshore que estaba a nombre de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, en la que estaban depositados millones de dólares que se usaron para adquirir inmuebles en el Perú (una casa en Las Casuarinas valorado en $ 3.800.000 y el Edificio Omega de Surco de $ 882.000), así como para pagar las hipotecas de dos casas de Toledo (en Camacho y Punta Sal). Al no poder sustentar el origen de esos fondos, la fiscalía de lavado de activos abrió la investigación que lo llevó a rastrear que el dinero fue traspasado desde una cuenta de la compañía Confiado Internacional Corp., de propiedad de Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo cercano de Toledo, por lo que el expresidente quedaba así seriamente involucrado.
Alejandro Toledo, que hasta entonces había estado entrando y saliendo del Perú en total libertad, abandonó definitivamente el país el 11 de enero de 2017. Dos semanas antes, el 21 de diciembre de 2016, el departamento de Justicia de los Estados Unidos había revelado la confesión de la empresa constructora Odebrecht, sobre el pago de coimas a diversos funcionarios peruanos para obtener las licitaciones de obras públicas, entre los años 2004 y 2014. Luego, Jorge Barata declaró a los fiscales de Lava Jato que Odebrecht dio a Toledo una coima de US$ 20 millones (posteriormente dijo que fueron US$ 31 millones) para ganar la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.
Con esta nueva revelación, la investigación de Ecoteva tomó una nueva perspectiva. La tesis de la fiscalía apuntó a que el dinero de Ecoteva era producto de la coima cobrada por Toledo a Odebrecht u otras empresas como Camargo y Correa, y que sirvieron de testaferros Maiman y Fernenbug. El caso Ecoteva estaría así enlazado con el caso Odebrecht, e incluso se ha intentado fusionar ambos casos. De hecho, de los 20 millones señalados inicialmente como la coima de Odebrecht a favor de Toledo, la fiscalía ha rastreado depósitos por más de 11 millones en las cuentas de Maiman, en el Citibank y en el Barclays Bank PLC de Londres.
El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, haciendo lugar a la solicitud presentada por el fiscal Hamilton Castro, entonces cabeza del equipo especial encargado de investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Perú. También dispuso orden de captura nacional e internacional del exmandatario por supuestamente haber cobrado US$ 20 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht (ahora sabemos que fueron US$ 31 millones ).
Y por el caso Ecoteva, el 20 de marzo de 2017 la fiscal Manuela Villar solicitó la prisión preventiva para Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman y el exjefe de seguridad presidencial Avraham Dan On. El juez Mario Guerra Bonifacio, que por entonces estaba a cargo del 16 Juzgado Penal de Lima, acogió el pedidos del fiscal y dictó prisión preventiva por 18 meses para todos los inculpados, así como orden de captura nacional e internacional.
Toledo, que al momento de la orden de su detención preventiva estaba en paradero desconocido, a través de su abogado Heriberto Benítez reclamó la comparecencia restringida como condición para entregarse, lo que se le negó. La justicia peruana lo declaró prófugo e incluso el gobierno ofreció US$ 100 mil de recompensa para quien informara de su paradero. Conocida su ubicación en los Estados Unidos, se le abrió un cuadernillo de extradición. Para sustentar este pedido ante las autoridades estadounidenses, el Ministerio Público hizo un informe detallado sobre las diversas medidas que Toledo habría dado a favor de la empresa brasileña y que lograron dificultar la intervención y competencia de otras empresas. Entre estos actos, estarían la emisión de resoluciones y decretos relacionados con el proyecto de la Carretera Interoceánica, exoneración del SNIP y reducción de exigencias normativas.
El 15 de marzo de 2018, la Corte Suprema declaró procedente el pedido de extradición, siendo luego aprobado por el Poder Ejecutivo, que publicó la resolución suprema respectiva el 21 de marzo. Luego se procedió a traducir el cuaderno de extradición al inglés. Tras algún tiempo de espera, la Fiscalía envió el expediente a la Cancillería, que lo remitió a la vez al Departamento de Estado de los Estados Unidos en mayo de 2018. Adicionalmente, las autoridades estadounidenses solicitaron información complementaria que fue respondida por la Fiscalía de la Nación en julio del mismo año.
Asimismo, en febrero de 2018, Barata declaró haber aportado setecientos mil dólares para la campaña electoral de Toledo de 2001, y que el intermediario para la entrega fue Avraham 'Avi' Dan On, el jefe de seguridad del expresidente y su hombre de confianza (involucrado también en el caso Ecoteva, igualmente como supuesto intermediario en la recepción de los dineros).
Hubo críticas por la demora en el proceso de extradición de exmandatario, pero al estar ya la solicitud hecha ante la justicia estadounidense, en esa instancia lo común es que pueda tardar entre tres y siete años antes de resolverse, teniendo en cuenta las apelaciones que pueda hacer el inculpado. La cancillería peruana anunció que contrataría un abogado en Estados Unidos que acompañe el proceso de extradición.
De otro lado, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez viajaron a Tel Aviv (Israel) y firmaron un acuerdo de colaboración eficaz con Josef Maiman (29 de marzo de 2019). Tres fueron los casos incluidos en el acuerdo: Ecoteva, los sobornos que habría realizado Camargo Correa al expresidente Alejandro Toledo y las coimas que por la carretera Interoceánica fueron reconocidas por Odebrecht.
Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, el ex gerente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata confirmó sus anteriores declaraciones sobre los pagos a Toledo por la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, e incluso dio más detalles sorprendentes. Quedó determinado que el expresidente recibió en total US$31 millones, y no US$20 millones como se dijo en un principio. Que ese pago empezó en el gobierno de Toledo, y se prorrogó hasta 2010, es decir, cuando ya Toledo no era presidente. Que Toledo era muy exigente con el pago y más de una vez llamó telefónicamente a Barata para reclamarle de manera soez. También se reveló que en 2011, Odebrecht aportó nuevamente en la campaña electoral de Toledo, esta vez por US$700 mil. Incluso, según Barata, Toledo le pidió que intercediera a su favor ante el consorcio Intersur, encargado del tramo 4 de la Interoceánica Sur, ya que dicho consorcio (integrado por empresas brasileñas) no le pagaba las coimas pactadas.
En ese mismo interrogatorio de abril de 2019, Jorge Barata dijo haber entregado US$750 mil al exjefe de la OSITRAN Juan Carlos Zevallos para que agilizara la entrega de Certificado de Avances de Obras (CAOs), que permitieran los adelantos de pagos por las obras que construía Odebrecht (tramo 2 y 3 de la Interoceánica Sur). En total, Zevallos emitió 18 certificados a favor de Odebrecht entre los años 2007 y 2009. Barata dijo que el codinome asignado a Zevallos en el sistema informático de las Operaciones estructuradas (Caja 2) era Almohadita, en alusión a su sobrepeso. Zevallos está con detención preventiva desde marzo de 2017, al haberle detectado la fiscalía un desbalance patrimonial de más de S/500 mil.
Fue liberado en enero de 2020 por exceso de Carceleria, la Fiscalía Pidió de nuevo su prisión preventiva pero el Poder Judicial ordenó comparecencia restringida y una caución Económica.
En agosto de 2019, el fiscal del equipo especial José Domingo Pérez abrió investigación preliminar contra el exministro de Justicia, Fernando Olivera Vega, por supuestamente intervenir a favor de Odebrecht para se le adjudique la obra IRRSA Sur durante el gobierno de Alejandro Toledo. Se conoció que las pesquisas contra Olivera Vega se iniciaron por el presunto delito de tráfico de influencias, lavado de activos en su modalidad de actos de conversión y transferencia. Junto a Olivera también se encuentran siendo investigados el expresidente Alejandro Toledo, el exministro de Transportes José Ortíz, el expresidente del Consejo de Ministros (2014), René Cornejo y los que resulten responsables.
En noviembre de 2019, el procurador ad hoc Jorge Ramírez solicitó al Ministerio Público que se incorporen como investigados en el caso Interoceánica Sur al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, al ex premier Fernando Zavala, al chileno Gerardo Sepúlveda y a las empresas Westfield y First Capital, tras obtener nuevos elementos que se integraron a las pesquisas por la adjudicación de la obra durante el régimen de Alejandro Toledo. En este caso, Kuczynski siempre participó como testigo, al igual que Zavala y Sepúlveda. Sin embargo, la defensa del Estado para los casos "Lava Jato" considera que existen elementos nuevos para incluirlos en las investigaciones.
Ramírez indicó que deben ser incorporados por la emisión del informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso. De la información recogida, dice el procurador, resalta la vinculación del estudio de factibilidad y actos realizados durante la entrega en concesión de la carretera Interoceánica Sur. También por la modificación de las bases para el concurso de la concesión de la obra que se realizó mediante la emisión de circulares, favoreciendo al consorcio postor (Conirsa) conformado por la empresa Odebrecht para lograr la buena pro en los plazos del acuerdo colusorio.
Por último, también pesó la vinculación que existe entre los investigados en la ejecución de la obra, como la suscripción de las adendas Nº 1 y Nº 3 para los tramos 2 y 3 del proyecto de la carretera Interoceánica Sur.
El 17 de junio de 2019, el fiscal Rafael Vela formalizó la acusación por presunto lavado de activos contra el expresidente Toledo, así como también contra la ex primera dama Eliane Karp, el exasesor de seguridad Avraham Dan On y su hijo Shai Dan On. Todos ellos por el caso Ecoteva y con fines de extradición. Sucede que existen dos procesos abiertos contra Toledo y su entorno, uno por el caso Ecoteva, iniciado en 2013 y otro por las coimas de Odebrecht, que empieza en 2017, los cuales pertenecen en realidad a una sola trama delictiva, tal como la Fiscalía ha venido investigando. Se ha intentado acumular los dos procesos en uno solo, pero el problema es que Ecoteva se rige por el Código Procesal Penal antiguo, mientras que el de Odebrecht (que incluye las delaciones de Barata y Maiman) se halla bajo el nuevo código, y la ley no permite esa acumulación. Se está buscando una fórmula para salir de ese entrampamiento, que implicaría la intervención del Congreso. Mientras tanto, el primer proceso de extradición por el caso Odebrecht sigue su curso, y ahora se empieza otro por el caso Ecoteva.
El 26 de junio de 2019, los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, interrogaron a Josef Maiman en la embajada peruana en Israel. Maiman reconoció que Odebrecht depositó casi US$35 millones en sus cuentas como parte de coimas para el expresidente Alejandro Toledo. Esto rectificaría el monto mencionado por Barata, que era de US$31 millones.
El 14 de julio de 2019 la Fiscalía presentó el acuerdo de colaboración eficaz con Maiman ante el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que se encargará de su homologación.
El 16 de julio de 2019, el expresidente Alejandro Toledo fue detenido preliminarmente en los Estados Unidos, por mandato de la justicia de dicho país. Ello, en atención a su primer pedido de extradición de parte de la justicia peruana, por delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.
El 19 de julio de 2019 se realizó la audiencia presidida por el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, para determinar la situación legal de Toledo. Se esperaba que fuera liberado previo pago de una fianza para que siguiera el proceso de extradición en libertad, pero el juez determinó que al haber peligro de fuga debía permanecer en prisión. Uno de los argumentos a favor de esta decisión, mencionada por la fiscal estadounidense Elise Lapunzina, fue el haberse hallado en poder de Toledo un maletín con US$ 40 000, lo que hacía sospechar que se alistaba para salir del país. Además, se reportó que tenía en su vivienda un millón de dólares en efectivo, lo que hacía presumir que tenía acceso a grandes sumas de dinero no reportados. En cuanto a la defensa de Toledo, esta trató de convencer al juez de que no había garantías que tuviera un proceso justo en Perú, por tratarse de un «indígena», y por el odio político hacia su persona. Se trata del primer paso en el proceso de extradición del exmandatario, cuyo veredicto final se calcula que pueda tardar un año o más. Toledo presentó un pedido para que el juez reconsidere la medida, ofreciendo pagar una fianza para seguir el proceso de extradición en libertad. Pero en la audiencia celebrada el 12 de septiembre de 2019, el juez Thomas S. Hixson ratificó su decisión, aduciendo que no se había demostrado que no existía riesgo de fuga. La esposa de Toledo, Elian Karp, que asistió a la audiencia, protagonizó un escándalo al escuchar la decisión del juez. «You're killing him!» (¡Ustedes lo están matando!), gritó mientras era retirada del lugar por los guardias de seguridad. Y es que la defensa de Toledo se quejó de que su defendido permaneciera encerrado en un cubículo en el penal Santa Rita y se le dejara salir al patio solo una hora al día, algo que le estaría afectando en su salud integral.
El 10 de octubre de 2019, un juez federal de San Francisco ordenó que Toledo fuera liberado bajo fianza en caso que no se le cambiara el régimen carcelario hasta el 22 de octubre. Ello luego de que una evaluación psiquiátrica señalara el grave estado anímico del expresidente, debido al régimen de aislamiento en el que se hallaba sometido en la prisión de Santa Rita, que es más apropiado para internos violentos. Al día siguiente, Toledo fue trasladado a la correccional Maguire, en el condado californiano de San Mateo, donde el sistema de visitas es más flexible, y se presume que seguirá encarcelado, al haberse ya cambiado su régimen carcelario.
A fines de enero de 2020, nuevos interrogatorios a Jorge Barata por parte del Equipo de Fiscales Lava Jato, buscaban ya dar por concluida la investigación del caso de la Interoceánica Sur, para pasar a la etapa intermedia donde se decidirán las acusaciones. Barata explicó los aspectos técnicos y financieros que se implementaron en el gobierno de Alejandro Toledo para beneficiar a Odebrecht en la construcción de los tramos 2 y 3 de dicha carretera Interoceánica.
Barata dejó en claro el protagonismo del exmandatario Alejandro Toledo para la ejecución de este proyecto. Señaló que Toledo recurría a su entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala, para que el proyecto Interoceánica Sur se agilizara a favor de Odebrecht.
El brasileño también informó que hubo una reunión entre el exgobernante peruano y su par brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, para conversar sobre la misma obra. En tal sentido, dijo que hubo una reunión entre Alejandro Toledo y el entonces presidente de Brasil por el proyecto Interoceánica Sur, que estaba en la agenda del gobierno del vecino país desde 2002 durante el régimen de Fernando Cardoso. Incluso Barata recalcó que mediante las adendas al contrato de la Interoceánica Sur se solucionaban problemas y mejoraban las condiciones del concesionario, en este caso de las compañías que conformaban el consorcio liderado por Odebrecht.
Fue a través del Decreto de Urgencia 011-2005, firmado por el entonces presidente Alejandro Toledo, el premier Carlos Ferrero y el ministro Pedro Pablo Kucyznski, que Odebrecht pudo ejecutar los tramos 2 y 3 de la Interoceánica sin financiamiento, afirmó el exjefe de Odebrecht en Perú.
El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó 20 años y 6 meses de cárcel contra el expresidente Alejandro Toledo al verse involucrado en los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.
Además, otros acusados son los exfuncionarios de Proinversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font y el exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, Abraham Dan On. Para ellos, Pérez pide 9 años de prisión por los delitos de colusión.
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