La Constitución de la República Dominicana fue promulgada en el año 1959, Esta nueva Constitución usa una técnica legislativa más depurada que sus versiones anteriores. Está estructurada en 17 títulos, precedidos de un preámbulo, Sus subdivisiones son los capítulos, secciones hasta el detalle de los 277 artículos y 20 disposiciones. Cada artículo tiene su propia denominación.
La República Dominicana ha pasado por 39 constituciones, más que cualquier otro país, desde su independencia en 1821, Sin embargo, esta estadística es un indicador un tanto engañoso de estabilidad política, debido a la práctica dominicana de promulgar una nueva constitución cada vez que se ratifica una enmienda. Aunque técnicamente diferentes entre sí en algunas disposiciones particulares, la mayoría de las constituciones nuevas contenían en realidad solo modificaciones menores de las que estaban en vigor anteriormente. Las amplias innovaciones constitucionales en realidad eran relativamente raras.
El gran número de constituciones, sin embargo, refleja una falta básica de consenso sobre las reglas que deberían regir la vida política nacional. La mayoría de los gobiernos dominicanos se sintieron obligados a tomar posesión de su cargo para redactar nuevas constituciones que cambiaron las reglas para adaptarlas a sus propios deseos. No solo los sucesivos gobiernos solían estar muy en desacuerdo con las políticas y los programas de sus predecesores, sino que a menudo rechazaban por completo el marco institucional en el que operaban sus predecesores. Constitucionalismo —lealtad a un conjunto estable de leyes y principios rectores en lugar de a la persona que los promulga— se convirtió en una cuestión de importancia primordial en la República Dominicana solo después de la muerte de Rafael Trujillo.
Los dominicanos históricamente habían acordado que el gobierno debería ser representante y vagamente democrático, que debería haber civiles y derechos políticos, separación de poderes, y controles y equilibrios. Más allá de eso, sin embargo, el consenso se rompió. El país en realidad había sido dominado alternativamente a lo largo de su historia por dos tradiciones constitucionales, una relativamente democrática y la otra autoritaria. Rara vez hubo intentos de cerrar la brecha entre estos opuestos diametrales.
En julio del 1844 el general Pedro Santana se convirtió, a la fuerza, presidente de la Junta Central Gubernativa. El día 24 de ese mismo mes, la Junta dictó un decreto, muy similar a una ley electoral actual, en el cual se convoca a las Asambleas Electorales en cada pueblo a fin de elegir los representantes de la Asamblea Constituyente, a los cuales se les otorgó el título de diputados, que habría de redactar la nueva Constitución de la República Dominicana. La Constitución Dominicana contiene 277 Artículos, la última vez que fue cambiada fue en el 14 de junio del año 2015.
Las principales obligaciones del Congreso constituyente eran de redactar el Pacto Fundamental de la República Dominicana y elegir el primer Ejecutivo, para que iniciase sus labores el 30 de septiembre.
Cuando fueron elegidos los diputados constituyentes se decidió, por consejo del cónsul francés Eustache Juchereau de Saint-Denys, para la ciudad de San Cristóbal, La cuna de la Constitución, el 21 de septiembre de 1844; El consejo del cónsul se originó a fin de dejar a los diputados «toda la libertad de opinión, de acción y de sustraerlos a la influencia perniciosa del espíritu»
Manuel María Valencia, diputado por Santo Domingo, fue escogido como presidente del congreso el 26 del mismo mes y los constituyentes comenzaron a sesionar después del recordado y extenso discurso de Tomás Bobadilla.
Como representante del organismo que dirigía los destinos de la joven nación, tenía dos principales objetivos: reconocer y otorga a la Asamblea sus facultades propias de un Congreso Nacional Ordinario, debido a que el discurso de Bobadilla era prácticamente un informe de las principales actividades del Poder Ejecutivo desde la declaración de independencia; y el otro, recordarle a los diputados cuales eran las ideas políticas del momento para que pudiesen sacar sus propias conclusiones.
Mientras el congreso debatía su reglamento interior y parte del proyecto constitucional, se produjo la primera decisión legislativa; la Junta había sometido a los constituyentes un proyecto de empréstito para que, actuando como Congreso ordinario lo conocieran y decidieran su aprobación o rechazo.
Los arreglos de la operación financiera habían sido hechos entre el súbdito inglés Herman Hendrix, vecino de la ciudad de Londres, y tres representantes nombrados por la Junta; la cantidad acordada eran 500 000 libras esterlinas, que se pagarían en un plazo de 30 años al 5 % de interés anual; el Congreso rechazó inmediatamente dicha propuesta debido a que la consideraban demasiado usuraria y un daño grave y perjudicial a la economía del joven país.
El proyecto enviado por la Junta fue vetado por unanimidad. Promovido por Santana, este nunca pensó en la posibilidad de un rechazo y al saber la decisión del congreso su descontento se manifestó mediante un decreto de la Junta Central Gubernativa, en el cual se le daba facultades de enjuiciar a los legisladores por el crimen de “traición a la patria”, los términos les fueron comunicados a los legisladores, advirtiéndoles que el organismo que ejercía el poder ejecutivo,
La actitud de la Junta y la situación de alarma de los constituyentes llevó al diputado por Azua, Buenaventura Báez, a plantear una moción la cual recogía una cuestión vital, la inmunidad legislativa; con la aprobación de la Asamblea, dio origen a una declaración de inviolabilidad de los miembros del Congreso Constituyente.
De allí en adelante los constituyentes pusieron gran cuidado en redactar una Carta que restringiera las facultades del Poder Ejecutivo.
Una comisión integrada por Vicente Mancebo, Buenaventura Báez, Manuel María Valencia, Julián de Aponte y Andrés Rosón, preparó el programa de la Constitución.
El proyecto aprobado estableció el Gobierno esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable; mantuvo como límites de la República los de la antigua colonia de Santo Domingo, dejando así sentado el desconocimiento de la ocupación mantenida por los haitianos en los pueblos de San Miguel de la Atalaya, San Rafael, Hinca y Las Caobas, para cuya representación el Congreso decidió elegir diputados; concedió amplias facilidades para la inmigración, y estableció como sistema electoral el voto.
Estableció el principio de que el Poder Legislativo es el representante de la soberanía nacional, y colocó al Poder Judicial en posición independiente, mientras que al Ejecutivo lo sujetó a normas.
Santana y sus asesores mostraron su inconformidad con respecto al proyecto ya que consideraban que este dejaba prácticamente sin facultades al presidente tomando en cuenta que la soberanía del país se encontraba en juego. El General Santana se negó a ser nombrado presidente si las mejoras de lugar no se aplicaban a la constitución, sosteniendo que el Poder político Dominicano no debía ser civil sino militar a raíz de la Independencia de la República Dominicana como estado de guerra.
En el Congreso Constituyente se negaron a aceptar las propuestas hechas por Santana lo que desencadenó una crisis política que se escenificó con la gran tensión existente entre la Asamblea y la Junta Central Gubernativa, siendo tal el caso que se llegó a movilizar tropas hasta la ciudad de San Cristóbal.
La crisis vio su fin cuando, por coacciones de Tomás Bobadilla (aunque el cónsul Saint-Denys se atribuyó la autoría), se estableció en el texto constitucional el que sería su artículo 210 y decía lo siguiente:
Sin más objeciones por parte de Santana o la junta, la constitución fue promulgada el« 6 de noviembre de 1844».
La primera constitución dominicana se promulgó el 6 de noviembre de 1844, inmediatamente después de que la nación lograra la independencia de Haití. Era un documento liberal con muchos elementos familiares: separación de poderes, controles y equilibrios, y una larga lista de derechos básicos. Sin embargo, un gobierno autoritario reemplazó al gobierno liberal y democrático del país durante su primer año. El nuevo régimen procedió a escribir su propia constitución. Esta segunda constitución fortaleció considerablemente al poder ejecutivo, debilitó las ramas legislativa y judicial y otorgó al presidente amplios poderes de emergencia, incluido el poder de suspender los derechos básicos y gobernar por decreto. A partir de entonces, la gobernanza del país a menudo alternaba entre sistemas constitucionales liberales y autoritarios.
Incluso el dictador Rafael Trujillo siempre se ocupó de operar bajo la bandera del constitucionalismo. Bajo Trujillo, sin embargo, la legislatura fue simplemente un sello de goma; los tribunales no eran independientes; y los derechos básicos prácticamente dejaron de existir. Él gobernó como un tirano, sin restricciones constitucionales.
Después de la muerte de Trujillo en 1961, la constitución fue enmendada para proporcionar nuevas elecciones y permitir la transferencia de poder a un Consejo de Estado interno. Aunque promulgada como un nuevo documento, la constitución de 1962 fue en realidad una continuación de la constitución de Trujillo, y por lo tanto, fue impopular.
En 1962, el gobierno de Juan Bosch elegido libremente, socialdemócrata redactó una constitución nueva y mucho más liberal. Separaba a la iglesia del Estado, imponía severos límites a las actividades políticas de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, establecía una amplia gama de libertades civiles y restringía los derechos de la propiedad relativa a los derechos individuales. Estas disposiciones asustaban a los elementos más conservadores de la sociedad dominicana, que se unieron para expulsar a Bosch y su constitución en septiembre de 1963. Posteriormente, se restauró la constitución más conservadora de 1962. En nombre del constitucionalismo, Bosch y sus seguidores lanzaron una revolución en 1965, cuyo objetivo fue la restauración de la constitución liberal de 1963.
En gran parte como resultado de la intervención militar de los Estados Unidos de abril de 1965, la guerra civil había cesado en 1966. Con Joaquín Balaguer y su partido en control, los dominicanos escribieron todavía otra constitución. Ésta tenía la intención de evitar los conflictos y la polarización del pasado combinando características de las tradiciones tanto liberales como conservadoras. La Constitución de 1966 incorporó una larga lista de derechos básicos, y preveía una legislatura fortalecida; sin embargo, también le dio amplios poderes al ejecutivo, incluidos los poderes de emergencia. De esta manera, el país buscó cerrar la brecha entre sus constituciones democráticas y sus autoritarias, comprometiendo sus diferencias.
Las constituciones posteriores se promulgaron en 1994 y 2002.
El presidente de centroizquierda, Danilo Medina ordenó redactar una nueva constitución. La Constitución dominicana ha enfrentado notables críticas, tanto en el exterior como en el interior, con opositores que se refieren a ella como una «injusticia» y como un «paso atrás» para garantizar los derechos humanos en el país, especialmente hacia las mujeres y los homosexuales. Se incluyó una prohibición completa de todas las formas de uniones entre personas del mismo sexo (Artículo 55) y el aborto (Artículo 37) a instancias de la Iglesia católica y los cristianos evangélicos. Como resultado, la República Dominicana se ha convertido en la sexta jurisdicción en el mundo con una prohibición completa (sin excepciones) del aborto (después de Chile, Malta, El Salvador, Nicaragua y la Ciudad del Vaticano), y el primer país en el mundo en constitucionalmente prohibir todas las formas de reconocimiento para parejas del mismo sexo.
Las novedades de mayor impacto tras la reforma constitucional fueron:
El art. 18 de la Constitución reconoce el derecho de ser dominicano a:
El 25 de septiembre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió una sentencia en la cual establece que los hijos de todos los extranjeros en tránsito nacidos en ese país después de 1929 no son dominicanos. El 1 de octubre Haití retiró a su embajador designado ante la República Dominicana.
La sentencia tuvo grandes repercusiones internacionales, tanto en el Caribe como en otros continentes. A principios de octubre se presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos demandando a la República Dominicana. El 15 de octubre, en la XII Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, un grupo de mujeres se manifestó durante la inauguración del evento, a cargo del presidente dominicano, Danilo Medina, con la consigna «todos somos Haití».
Los medios de comunicación social y las instituciones educativas, sean públicas o privadas, deben contribuir a la instrucción sobre la Constitución y la formación ciudadana. Así lo establecen los numerales 11 y 13 del artículo 63 de la Constitución dominicana.
El propósito de la norma es ambicioso, pues aspira a la formación de personas más conscientes en torno a sus derechos y garantías fundamentales.
Además, esta nueva Constitución contempla nuevas figuras de participación directa y vinculante, tales como la iniciativa popular legislativa, la de norma municipal, los referendos y los plebiscitos locales.
Formula otras modalidades de participación más corrientes las que, aun no sean vinculantes, fundamentan el ejercicio ciudadano. Estas instancias son el presupuesto participativo municipal, las iniciativas populares de la economía solidaria, peticiones informativas y de proyectos, control de la legalidad en la administración y la fiscalización del patrimonio del sector público.
Entonces, es un reto que trasciende a la mera instrucción y formación, para llegar al empoderamiento ciudadano y sus deberes fundamentales.
La participación directa del ciudadano es un aspecto crucial de su formación cívica.
Aun se asuma la complejidad del escenario social dominicano y la buena fe de los legisladores, autoridades, partidos políticos, consultores y expertos constitucionalistas, empresarios, instituciones sociales o religiosas; toda persona, en definitiva, toma decisiones basadas en sus creencias, vinculaciones, estados emocionales y utilidades intangibles o materiales.
¿Cuántas de estas personas se autocensurarían, contribuirían a distorsiones o mediatizarían el proceso formativo constitucional, motivados por sus creencias e intereses particulares?
Por eso urge, como contrapeso, un ejercicio de ciudadanía más efectivo durante el proceso de formación cívica, el cual ponga énfasis en fortalecimiento de un sistema democrático más participativo y directo.
Las decisiones en el marco de la Constitución y la ley.
La Constitución y el marco legal constituyen la referencia moral de los hijos más inclusiva y global de que disponen los ciudadanos para la toma de decisiones personales y de interés público. Por tanto, es obligatorio que las personas, no solo lean textualmente su contenido y reciban instrucciones morales, sino que la asuman como un estilo de vida.
No obstante, se estima que solo el 6 % de los dominicanos considera una prioridad los asuntos institucionales, a pesar de que estos son determinantes para la reducción de los niveles de pobreza, la seguridad y constituye uno de los pilares de la competitividad nacional.
El Centro de Recursos Educativos Salomeu y el Registro de Iniciativas Ciudadanas (RIC) auspician este proyecto editorial.
Recurre en la medida de lo posible a esquemas ilustrados y tablas para la exposición de los temas. Tiene glosario, biblioteca virtual básica y ejercicios para la toma de decisiones. Su sección evaluativa usa los crucigramas reales e interactivos y toman en cuenta los diversos aspectos de la Constitución dominicana.
Hasta 2011, un día festivo tuvo lugar para conmemorar el día de la Constitución dominicana, el 6 de noviembre. Desde entonces, se ha celebrado en el más cercano de lunes a esa fecha, con el fin de garantizar un fin de semana de tres días.
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