La crisis migratoria en Europa, también conocida como crisis migratoria en el Mediterráneo o crisis de refugiados en Europa, es una situación humanitaria crítica, que se agudizó en 2015, por el incremento del flujo descontrolado de refugiados, solicitantes de asilo, emigrantes económicos y otros migrantes en condición de vulnerabilidad, que en conjunto comparten las vías de desplazamiento irregular hacia países de la Unión Europea. A fecha de 22 de diciembre de 2015, más de 1 006 000 personas habían entrado en Europa, de las cuales más de 942 400 habían solicitado asilo político. Por otra parte, 4000 personas habían muerto en el intento.
Se trata de la mayor crisis migratoria y humanitaria en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Según el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, es «una crisis mundial que necesita una respuesta europea». El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados declaró que Europa está frente a «una de las mayores afluencias de refugiados en décadas» y enfatizó que se trata de «una crisis de refugiados, y no solo un fenómeno migratorio».
La crisis surgió como consecuencia del creciente número de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes económicos que llegan ―o intentan llegar― a los Estados miembros de la Unión Europea, a través de peligrosas travesías en el mar Mediterráneo y el sudeste de Europa, procedentes de países de Oriente Medio, África, los Balcanes Occidentales y Asia del Sur.
La mayoría de estos movimientos de población se caracterizan por una migración forzada de víctimas de conflictos armados, persecuciones, pobreza, cambio climático o violaciones masivas de los derechos humanos; y por la acción de redes delictivas transnacionales de tráfico ilícito de inmigrantes —que los expone al transporte en condiciones peligrosas o degradantes— y de trata de personas —con el propósito de explotación de los migrantes vulnerables, principalmente mujeres y niños—.
Hasta el 7 de septiembre de 2015, el número de refugiados y migrantes que han cruzado el Mediterráneo, según el ACNUR, es de 951 412 y de acuerdo a cifras de la OIM son 999 343 personas, en su mayoría provenientes de Siria, Afganistán, Eritrea, Nigeria, Albania, Pakistán, Somalia, Irak, Sudán, Gambia, Egipto, Marruecos, India, Nepal, Bután, Sri Lanka y Bangladés, que han ingresado por esta ruta marítima a la UE, principalmente a través de Grecia e Italia, para continuar su tránsito hacia Europa Central y Europa del Norte.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2760 personas han fallecido en naufragios en el mar Mediterráneo, durante los primeros ocho meses de 2015, lo que representa el 73 % de las muertes de migrantes en tránsito hacia su destino, ocurridas a nivel mundial. Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que han sido 2850 personas fallecidas y desaparecidas en aguas del Mediterráneo, durante este mismo período de 2015.
Las proyecciones del ACNUR indican que la cantidad de refugiados y migrantes que realizan la travesía por el mar Mediterráneo hasta Europa llegaría a 400 000 a finales de 2015 y podría alcanzar los 450 000 o más en 2016.
El número de traspasos ilegales de las fronteras del continente europeo se ha dividido por nueve entre 2015 y 2017, pasando de 1,8 millones a 204.219.
En el Acuerdo de Schengen, 26 países europeos de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, además de los cuatro países de la AELC- se unieron para formar una zona —el espacio Schengen—, donde se abolieron los controles en las fronteras internas, es decir, entre los Estados miembros, y en su lugar los controles están limitados a las fronteras y territorios exteriores de este espacio, y los países con fronteras exteriores están obligados a hacer cumplir las normas de control fronterizo. Por su parte, el Reglamento de Dublín pretende evitar dos situaciones: el «refugiado múltiple» —conocido en inglés como asylum shopping—, que consiste en presentar varias solicitudes de asilo, simultánea o sucesivamente, en diferentes Estados miembros de la Unión Europea, para incrementar la probabilidad de obtener una decisión positiva; y el «refugiado en órbita» —conocido en inglés como refugee in orbit—, cuando los solicitantes de asilo se trasladan de un Estado miembro a otro en la Unión Europea, sin que ninguno acepte examinar su solicitud. El Reglamento de Dublín establece que una persona que ha presentado una solicitud de asilo en un país de la Unión Europea y cruza ilegalmente las fronteras de otro país, deberá ser devuelto al anterior.
La población extranjera residente en la Unión Europea era de 33 millones de personas en 2014, que equivale al 7 % de la población total de los 28 Estados miembros de la UE, que supera los 500 millones de personas. En comparación, la población nacida en el extranjero representa el 1,63 % de la población total en Japón, el 7,7 % en Rusia, el 13 % en los Estados Unidos, el 18% en Costa Rica, el 20 % en Canadá y el 27 % en Australia. Entre 2010 y 2013, alrededor de 1,4 millones de ciudadanos extracomunitarios inmigraron cada año en la Unión Europea utilizando medios regulares, con exclusión de los solicitantes de asilo y refugiados, observándose un ligero descenso desde 2010.a
Antes de 2014, el número de solicitudes de asilo en la UE alcanzó su punto máximo en los años 1992 (672 000), 2001 (424 000) y 2013 (431 000); y en 2014 llegó a 626 000 solicitudes de asilo. Según el ACNUR, los países de la UE con el mayor número de refugiados —reconocidos a finales de 2014— fueron: Francia (252 264), Alemania (216 973), Suecia (142 207) y el Reino Unido (117 161). Ningún Estado miembro de la Unión Europea estuvo entre los diez países de acogida de refugiados más importantes del mundo.
Antes de 2014, el número de cruces fronterizos ilegales detectados por la agencia Frontex en las fronteras exteriores de la UE alcanzó su punto máximo en 2011, con 141 051 llegadas irregulares, por vía marítima y terrestre. En 2014, las detecciones de cruce ilegal de fronteras alcanzaron un nuevo máximo histórico, con más de 280 000 detecciones.
Desde 2001, millones de personas han huido de conflictos bélicos internos e internacionales, principalmente de la guerra contra el terrorismo —campaña militar de Estados Unidos, apoyada por miembros de la OTAN y otros aliados—, la guerra de Afganistán, la insurgencia en el Magreb (desde 2002), la insurgencia islamista en Nigeria (desde 2002), la invasión de Irak (2003), la guerra de Irak (2003-2011), la acción de la guerrilla iraquí (2003-2011), la insurgencia iraquí posterior al retiro de las tropas de EE. UU. (desde 2011), la insurgencia de Al-Qaeda en Yemen (desde 2003), la guerra en el noroeste de Pakistán (desde 2004), la guerra civil de Somalia y otros conflictos en el Cuerno de África, la guerra civil sudanesa, la Primavera Árabe (2010-2013), la guerra, intervención militar e insurgencia miliciana en Libia (desde 2011), la guerra civil de Siria (desde 2011), la guerra civil sursudanesa (desde 2013) y más recientemente la segunda guerra civil de Libia y la guerra contra Estado Islámico (desde 2014).
Según el ACNUR, el número de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo llegó a 59,5 millones a finales de 2014, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, con un aumento del 40 % desde 2011. De estos 59,5 millones, 19,5 millones son refugiados, que representa 2,7 millones más que a finales de 2013 (+ 23 %), 38,2 millones son desplazados internos y 1,8 millones son solicitantes de asilo humanitario. Los refugiados sirios se convirtieron en el grupo más grande en 2014 (con 3,9 millones, 1,55 millones más que el año anterior), cifra que superó la de los refugiados afganos (2,6 millones), que habían sido el grupo de refugiados más grande durante tres décadas. Aunque la mayoría de los refugiados de Siria fueron acogidos por países vecinos como Turquía, Líbano y Jordania, el número de ciudadanos sirios que solicitan asilo en Europa aumentó de forma constante entre 2011 y 2015, con un total de 348 540 en julio de 2015.
Para finales del año 2014, en los principales países de origen de los refugiados a nivel mundial, Siria, Afganistán y Somalia representan el 53 % del total, mientras que Sudán, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Birmania, la República Centroafricana, Irak y Eritrea representan el 24 %; mientras que los principales países de acogida de refugiados eran Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Etiopía, Jordania, Kenia, Chad, Uganda y China, que comprenden el 57 % del total de refugiados en el mundo, de acuerdo a los datos del ACNUR. En realidad, de acuerdo con Alireza Salehi-Nejad " la mayoría de los inmigrantes en Europa no son refugiados, sino simplemente inmigrantes económicos que buscan una vida mejor. Esta distinción es importante porque según la Convención de Refugiados de Ginebra de 1951 bajo el mandato de la ONU, tras la destrucción que produjo la Segunda Guerra Mundial y que dejó a millones de evacuados y deportados vagando por una Europa devastada por la guerra, y en correlación con las leyes de la UE, se exige a los países europeos que ofrezcan refugio u otro tipo de protección a las personas que huyan de una zona de guerra o persecución".
Entre 2007 y 2011, un gran número de migrantes irregulares y refugiados procedentes de Oriente Medio y África cruzaron la frontera entre Turquía y Grecia, que tiene unos 200 kilómetros de longitud, separada en su mayor parte por el río Maritsa ―a excepción de 12,5 kilómetros en los que no existe separación física natural alguna―, lo que llevó en 2010 al Gobierno griego y a la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores (Frontex) a mejorar los controles fronterizos. En 2011, más de 57 000 inmigrantes irregulares fueron detenidos en ese punto y en 2012, el flujo de inmigrantes en Grecia que llegaron por tierra disminuyó un 95 %, después de la construcción de una valla de cuatro metros de altura con alambre de púas y 10,3 kilómetros de longitud en la frontera turco-helena, en la zona que no sigue el curso del río Maritsa. La construcción de la valla, la misión de la agencia Frontex y los refuerzos policiales del Gobierno de Grecia provocaron que los migrantes y refugiados usaran la ruta marítima entre el territorio turco y las cercanas islas griegas del Egeo.
El recrudecimiento del conflicto, la inestabilidad y la anarquía en Libia desde 2014, a raíz de la segunda guerra civil en ese país —luego de la primera guerra, la intervención militar de 2011 y la consecuente violencia miliciana— han facilitado las salidas de migrantes y refugiados desde las costas libias ―principalmente subsaharianos y sirios―, en peligrosas travesías marítimas por el Mediterráneo en embarcaciones precarias que ponen en riesgo la vida en intentos desesperados por refugiarse en Europa, para huir de la guerra, la represión y la miseria, y como no disponen de vías legales para migrar o solicitar asilo, estas personas se someten a redes criminales organizadas de tráfico ilegal de personas. Según Amnistía Internacional, las personas refugiadas y migrantes son «víctimas de violaciones sexuales, torturas y secuestros en Libia a manos de traficantes y contrabandistas», y sufren explotación laboral, persecución religiosa y otros abusos de grupos armados y bandas de delincuentes. La guerra también podría haber provocado el desplazamiento forzado de muchos inmigrantes africanos que residían en Libia, que solía ser un país de destino para los migrantes en busca de mejores puestos de trabajo.
En 2011, al inicio de la Primavera Árabe, se estableció como vía de escape una ruta clandestina entre Túnez, el epicentro de dicha revolución, e Italia, concretamente la isla italiana de Lampedusa, como el punto de llegada de miles de tunecinos. Poco después, tras un acuerdo entre ambos países que preveía repatriaciones forzosas, la ruta entre Túnez e Italia quedó inhabilitada. No obstante, para compensar las dificultades que existen hoy para zarpar de Libia, cuyo tráfico clandestino de personas ha decaído drásticamente desde el pasado mes de julio, en 2017 se abrió nuevamente la ruta de migración clandestina que parte de Túnez. Las condiciones del recorrido siguen sin satisfacer los requisitos de seguridad mínimos para cumplir con los estándares básicos humanos. Tristemente, no todos los que inician el viaje consiguen llegar a tierra. En octubre de 2017, al poco de reiniciar la ruta, ocho personas murieron y otras veinte se dieron por desaparecidas como consecuencia del naufragio de un barco pesquero que chocó contra una nave de la Marina tunecina. Según The New York Times, la Marina tunecina, el mismo día del incidente, salvó a cientos de migrantes.
En 2015, el Gobierno de Bulgaria amplió la valla alambrada en la frontera con Turquía para impedir los flujos migratorios por el creciente número de refugiados, principalmente de la guerra civil en Siria, que solicitaron asilo en este Estado miembro de la Unión Europea. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cuestionó esta decisión, que pondría en peligro más vidas, porque llevaría a más personas a emprender las travesías más peligrosas hacia Europa y las pondría en manos de los traficantes de personas. A su vez este organismo internacional instó a las autoridades búlgaras a practicar una «política de puertas abiertas» hacia los refugiados.
La crisis migratoria se agudizó por la tragedia que viven miles de migrantes que ponen sus vidas en peligro para cruzar el mar Mediterráneo a bordo de embarcaciones precarias ―conocidas como pateras― y barcos con limitadas condiciones técnicas o exceso de personas a bordo. En abril de 2015, cinco embarcaciones que transportaban casi 2000 migrantes a Europa, se hundieron en varios incidentes en el mar Mediterráneo, con una cifra de muertos estimada en más de 1200 personas, y el incidente con mayores víctimas fue el naufragio del 19 de abril en aguas del canal de Sicilia.
Los naufragios tuvieron lugar en un contexto de conflictos en curso en varios países del norte de África y de Oriente Medio, así como la negativa de varios Gobiernos de la Unión Europea para financiar la Operación Mare Nostrum, un programa humanitario y de rescate organizado por el Gobierno italiano, que fue sustituido en noviembre de 2014 por la Operación Tritón de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex). El 23 de abril de 2015, los gobiernos de la Unión Europea acordaron triplicar los fondos para las operaciones de la patrulla fronteriza en el Mediterráneo, con la finalidad de igualar las capacidades previas de la Operación Mare Nostrum, pero Amnistía Internacional criticó inmediatamente la decisión de la Unión Europea por «no ampliar el área operativa de Tritón» a la zona previamente cubierta por Mare Nostrum. Algunas semanas más tarde, la Unión Europea decidió poner en marcha una nueva operación militar con sede en Roma, denominada EUNAVFOR MED, bajo el mando del almirante italiano Enrico Credendino.
De acuerdo a los datos de Eurostat, los Estados miembros de la Unión Europea recibieron 626 065 solicitudes de asilo en el año 2014 —la cifra más alta desde las 672 000 solicitudes recibidas en 1992—. Sobre el total de 357 425 decisiones sobre solicitudes de asilo en la UE en 2014, 183 365 resultaron en decisiones positivas y 174 060 fueron rechazadas. 160 070 personas recibieron el estatus de protección en primera instancia —una tasa de reconocimiento del 45 %—, mientras que a 23 295 se les concedió el estatus de protección en la apelación o revisión —una tasa de reconocimiento del 18 %—. De las 183 365 personas que se les concedió la protección en 2014 en países de la UE, a 103 595 se les otorgó la condición de refugiado (57 % de las decisiones positivas), protección subsidiaria a 59 470 (32 %) y autorización de residencia por razones humanitarias a 20 300 (11 %), además, recibieron 6380 refugiados reasentados.
Según Eurostat, cuatro Estados ―Alemania, Suecia, Italia y Francia ― recibieron alrededor de dos tercios de las solicitudes de asilo de la UE en 2014 y otorgaron casi dos tercios de los estatus de protección, mientras que el análisis de los datos de Naciones Unidas y del Banco Mundial indica que Suecia, Hungría y Austria se encontraban entre los principales receptores per cápita de solicitantes de asilo de la Unión Europea, al ajustarse según su población.
Durante los tres primeros meses de 2015, 184 815 personas solicitaron asilo en la Unión Europea —un 86 % más en comparación con el primer trimestre de 2014— y según la ciudadanía de los solicitantes de asilo, 48 870 provienen de Kosovo (26 %), 29 095 de Siria y 12 910 de Afganistán, de acuerdo a cifras oficiales de Eurostat.
Según la Frontex (Agencia Europea de Fronteras), unos 95 000 inmigrantes fueron rescatados entre enero y julio de 2015 por la Operación Tritón en el Mediterráneo central, y cerca de 340 000 inmigrantes llegaron a la Unión Europea, aproximadamente el triple que en el mismo periodo de 2014.
En septiembre de 2015, el Gobierno de Hungría anunció que se terminaría de construir una barrera o valla en la frontera con Serbia para intentar detener el flujo de inmigrantes.
La presidencia del Consejo de la Unión Europea ―que ejerce Luxemburgo― convocó para el 14 de septiembre de 2015 una reunión extraordinaria de los ministros de Justicia e Interior de los 28 Estados miembros y aseguró que la situación migratoria «ha adquirido recientemente proporciones sin precedentes».
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