Primer período
Segundo período
Tercer período
Cuarto período
Quinto período
Sexto período
Séptimo período
Octavo período
Noveno período
Décimo período
Primer período
Segundo período
Tercer período
Cuarto período
Quinto período
Sexto período
Séptimo período
Octavo período
Noveno período
Décimo período
Antes del indulto a Alberto Fujimori
Congreso de la República del Perú
(facción antifujimorista y sus aliados)
Después del indulto a Alberto Fujimori
Antes de la disolución del Congreso
Congreso de la República del Perú
(facción antifujimorista y sus aliados)
Después de la disolución del Congreso
Después del primer intento de vacancia por el caso Richard Swing
Después del segundo intento de vacancia por diversos casos de corrupción
Después del primer intento de vacancia por el caso Richard Swing
Después del segundo intento de vacancia por diversos casos de corrupción
Congreso de la República del Perú
(posterior a la segunda vacancia presidencial, oposición a Merino, cada uno por separado)
José Luna Gálvez (desde 2020)
La crisis política en Perú se refiere al período de inestabilidad política en la República del Perú que inició durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en septiembre de 2017 hasta su caída en marzo de 2018, reiniciándose en julio de 2018 bajo el gobierno de Martín Vizcarra (en la línea sucesoria por ser el primer vicepresidente), quien finalmente disolvió el Congreso de la República el 30 de septiembre de 2019. La característica fundamental de esta crisis fue la constante pugna del Ejecutivo con las fuerzas políticas opositoras del Congreso, encabezadas estas por el partido Fuerza Popular o partido fujimorista. El Ejecutivo acusó a este partido de realizar una labor obstruccionista y de oponerse a la reforma judicial y política, mientras que la oposición calificó al gobierno de incapaz, corrupto y con tendencia al autoritarismo de tipo castro-chavista.
Se podría decir que fue una de las crisis políticas más largas en la historia.
El origen de la crisis política se puede ubicar en tres sucesos coyunturales:
La crisis política se puede dividir hasta ahora en nueve períodos:
Muchos medios consideran que la crisis en realidad comenzó en el 2016 Las elecciones de ese año habían enfrentado a los bloques más grandes en su tiempo, Fuerza Popular dirigido por Keiko Fujimori, Frente Amplio dirigido por Verónika Mendoza y Peruanos Por el Kambio dirigido por Kuczynski.
En un primer momento se creyó que tanto el Congreso como la Presidencia serían ocupados por los integrantes de Fuerza Popular debido a su abrumadora mayoría; los otros dos partidos ya mencionados ocupaban el tercer y segundo lugar respectivamente. Mendoza (que se encontraba en tercer lugar) decidió pedir a sus votantes que apoyaran a la elección del partido Peruanos Por el Kambio para que este lograse llegar al poder.
El objetivo del Frente Amplio era contrarrestar la gran cantidad de votantes que tenía Fuerza Popular. Dicho objetivo fue cumplido a medias, ya que Kuczynski llegó a la Presidencia por un estrecho margen, mientras que Fuerza Popular logró mantener la hegemonía en el Congreso.
Esto dio como resultado que Fuerza Popular tuviese poder político decisivo para manejar algunos asuntos que le competía a la nueva administración Kuczynski durante el período 2016-2021.
A pesar de que intentaron llevar una cierta armonía política, ambos «bandos» se enfrentaron por una falta de entendimiento y por diferentes intereses. Las principales discrepancias que tuvieron fueron:
El 17 de agosto de 2017 los congresistas de Fuerza Popular presentaron una moción de interpelación contra la ministra de Educación Marilú Martens quien se encontraba en negociaciones con los representantes de los maestros, en busca de la solución a una prolongada huelga magisterial.
El 25 de agosto de 2017 el pleno del Congreso aprobó, con 79 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones, realizar dicha interpelación. Los votos a favor fueron de las bancadas de Fuerza Popular, el Apra, Frente Amplio y Acción Popular. Se fijó como fecha de la interpelación el 8 de septiembre.
La ministra respondió un pliego de 40 preguntas, principalmente sobre la huelga de maestros que todavía persistía. Martens reconoció deficiencias al afrontar la huelga de maestros, pero aseguró que su gestión no daría marcha atrás en el reconocimiento a la meritocracia dentro del magisterio.
El 13 de septiembre, la bancada de Fuerza Popular anunció que presentaría una moción de censura contra la ministra, pues consideraba que no había respondido satisfactoriamente a las preguntas de la interpelación.
Ante esta amenaza de censura (que sería la segunda contra un titular de Educación en menos de un año), el primer ministro Fernando Zavala solicitó al Congreso una cuestión de confianza para el gabinete ministerial en pleno; en otras palabras, una renovación del voto de confianza que se le había dado al inicio de su gestión.
Desde el Congreso se criticó esta solicitud, señalándose que Zavala se solidarizase con una ministra que estaba cuestionada, poniendo en peligro a todo su gabinete, y más aún, cuando aún no se había oficializado la moción de censura. Se dijo también que la «renovación de confianza» era algo que no contemplaba la Constitución.
De todos modos, la Junta de Portavoces del Congreso convocó a Zavala a las cuatro de la tarde del 14 de septiembre para que sustentara su pedido de confianza. Zavala se presentó al pleno del Congreso con los ministros y expuso su pedido en 12 minutos; su argumentación se centró en la intención del gobierno de defender la política educativa a la que se pretendía, según él, socavar con la censura a la ministra de Educación. Luego se procedió al debate parlamentario.
La cuestión de confianza fue debatida durante 7 horas y votada la madrugada del 15. El gabinete no logró obtener la confianza del Parlamento, que votó con 77 en contra de la confianza, con lo que se produjo la crisis total del gabinete.
Debido a la negación de confianza el Consejo de Ministros del Perú tendrá que ser renovado por el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, a continuación se muestra una lista de los ministros de las distintas carteras magisteriales del Consejo que tendrán que renunciar a sus cargos:
El presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski anunció que el domingo 17 de septiembre anunciaría al nuevo gabinete que ocuparía el Consejo de ministros.
El 17 de septiembre de 2017, la segunda vicepresidenta y congresista Mercedes Aráoz Fernández juramentó como presidenta del Consejo de Ministros del Perú y con ello se anunciaron a cuatro nuevos ministros: Claudia Cooper Fort (Economía), Idel Vexler (Educación), Enrique Mendoza Ramírez (Justicia y Derechos Humanos), Fernando d'Alessio (Salud) y Carlos Bruce (Vivienda).
La nueva jefa del gabinete juramentó con los 18 ministros en una ceremonia realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. El 6 de octubre, se dará el voto de confianza y si este es rechazado por segunda vez, el presidente puede disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones, como dice la Constitución de 1993.
El voto de confianza se atrasó hasta el 12 de octubre iniciándose con las exposiciones del nuevo gabinete liderado por Mercedes Aráoz Fernández y posterior intervención de las diferentes bancadas políticas del Congreso hasta las 00:30 a.m. del día siguiente. Dio como resultado 83 votos a favor y 17 en contra.
Diversos personajes de la política como los medios de comunicación comunicaron sobre la negación de confianza al primer gabinete; la periodista Rosa María Palacios mandó un mensaje al presidente pidiéndole disolver el Congreso y advirtió que «el fujimorismo ha quedado atrapado», el periodista César Hildebrandt también le mando un mensaje al mandatario diciéndole que «el país le exige que se enfrente al Congreso fujimorista».
El exabogado constitucionalista en una entrevista dijo que el ya ahora expresidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala «se está sacrificando por las políticas de Estado», el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano advirtió que «Keiko Fujimori [líder del partido Fuerza Popular] quiere dar un golpe de Estado».
En noviembre de 2017, la Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por Rosa Bartra y que se dedicaba a investigar las implicaciones en el Perú de la red de corrupción de la organización Odebrecht, recibió una información confidencial de que el presidente Kuczynski había tenido vínculos laborales con dicha empresa, que se remontaban a la época en que fue ministro de Estado entre 2004 y 2006, bajo el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, pese a que desde el estallido del caso Odebrecht, Kuczynski lo había negado en varias ocasiones.
La Comisión solicitó entonces a la empresa Odebrecht detalles de su relación con Kuczynski, los mismos que se dieron a conocer públicamente el 13 de diciembre de 2017. Se reveló entonces que Westfield Capital, una empresa de asesoría de banca de inversión, fundada y dirigida por Kuczynski, había realizado siete consultorías para Odebrecht entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007 por 782.207 millones de dólares, es decir, coincidiendo con la época en que Kuczynski había sido ministro de Economía (2004-2005) y presidente del Consejo de Ministros (2005-2006). La información revelaba también que otra empresa muy relacionada con Kuczynski, First Capital, constituida por su socio chileno Gerardo Sepúlveda, había realizado igualmente asesorías para Odebrecht entre el 2005 y 2013.
La información resultaba gravemente comprometedora para el presidente, porque los pagos a su empresa personal de consultoría se habían realizado cuando era Ministro de Estado y tratándose de consultorías referidas a obras públicas que la empresa realizaba en el Perú. Lo cual iba contra la norma constitucional que impide a los ministros de Estado administrar negocios particulares en el ejercicio de su función pública (conflicto de intereses). Complicaba aún más el asunto el hecho que esos pagos proviniesen de una empresa como Odebrecht, que ahora se sabe que había pagado coimas para adjudicarse la concesión de obras precisamente bajo el gobierno de Toledo, cuando Kuczynski había sido ministro, una de las cuales fue la construcción de la ruta interoceánica al Brasil.
Aunque los pagos de Odebrecht a las empresas de consultoría relacionadas con PPK eran legales,hubo quienes especularon que podría haber sido parte de la retribución de la empresa por favorecerla en la buena pro de las obras.
La oposición al gobierno, liderada por Fuerza Popular, exigió la renuncia de Kuczynski y le amenazó con vacarlo de la Presidencia si no lo hacía. Frente Amplio, por su parte, planteó que se procediera directamente a la vacancia.
En la medianoche del 14 de diciembre, Kuczynski, mediante un mensaje a la nación, negó las acusaciones y dijo que no renunciaría a su cargo. «Estoy aquí para decirles: no voy a abdicar ni a mi honor ni a mis valores ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos», expresó de entrada.
En su defensa, aseguró no tener ninguna relación con la empresa First Capital, que era propiedad exclusiva de Sepúlveda, y que solo uno de los pagos mencionados tenían que ver con él, el fechado en 2012, cuando ya no era ministro de Estado. En cuanto a Westfield Capital, si bien reconoció que era su empresa unipersonal, afirmó que nunca estuvo bajo su dirección y administración mientras fue ministro de Estado, y que los contratos fechados en esa época los había firmado Sepúlveda, su socio. También señaló que todos los pagos a su empresa eran legales, y que estaban debidamente registrados, facturados y bancarizados.
Las explicaciones de PPK no convencieron a la oposición, y se le achacó de seguir mintiendo, sobre todo en lo referente a que se había desligado de Westfield Capital cuando fue ministro, cuando, según los registros públicos, siempre figuró como director de esa empresa. Aunque PPK argumentó al respecto que había existido una «muralla china», expresión que se usa en los negocios empresariales para referirse cuando el socio o titular no tiene ningún contacto ni recibe información sobre el manejo de la empresa, mientras desempeña un cargo público (pero en el caso de Wesfield Capital, al tratarse de una empresa donde PPK era su único apoderado, no se entiende cómo podría darse esa «muralla china»). Ante la negativa del presidente a renunciar, varias de las bancadas opositoras del Congreso plantearon entonces someter su cargo a la vacancia.
La bancada del izquierdista Frente Amplio presentó la moción para que la solicitud de la vacancia fuera debatida en el pleno del Congreso. Los congresistas de Fuerza Popular, Apra y Alianza para el Progreso se sumaron al pedido y fue así como superaron más de las 26 firmas necesarias para proceder con el trámite. Aprobada la moción, el debate se inició a las 4 y 38 de la tarde del día 15 de diciembre y duró hasta las 10 de la noche.
Los legisladores opositores que introdujeron la moción citaron una incapacidad moral al denunciar que el presidente mintió en las declaraciones que dio sobre sus vínculos con la compañía brasileña.
Los congresistas oficialistas reclamaron que se siguiera el debido proceso, reprochando el hecho de que la oposición procediera con celeridad inusitada y que varios de sus miembros ya hubieran decidido vacar al presidente sin haber escuchado su defensa. También cuestionaron que un solo informe proveniente de Odebrecht fuera considerado prueba suficiente, con lo que se prescindía abiertamente de la investigación que demandaba un caso tan delicado y trascendental.
Según el reglamento, se necesitaba para la admisión del pedido de vacancia el voto del 40% de congresistas hábiles. Como se contabilizaron 118 congresistas presentes, se precisaban solo 48 votos, lo que fue ampliamente rebasado, pues votaron 93 a favor y 17 en contra; estos últimos fueron, en su gran mayoría, los de la bancada oficialista.
Aprobado así el pedido de vacancia, el Congreso acordó que el jueves 21 de diciembre, a las 9 de la mañana, Kuczynski debería presentarse ante el pleno del Congreso para realizar sus descargos; luego se procedería a debate y finalmente se votaría para decidir la vacancia presidencial, necesitándose para esto 87 votos del total de los 130 congresistas.
El día señalado, PPK acudió al Congreso a ejercer su defensa, acompañado de su abogado Alberto Borea Odría. La defensa dio inicio con la alocución del propio presidente, en la que negó haber cometido algún acto de corrupción. Luego vino la defensa de Borea, que tuvo como eje la consideración de que el pedido de vacancia era una exageración pues no se podía acusar a un presidente de la República sin demostrar con pruebas fehacientes su «incapacidad moral permanente», concepto que los congresistas no tenían al parecer muy claro, pues estrictamente el precepto constitucional estaría haciendo alusión a una incapacidad mental. Consideraba que las faltas o delitos imputados debían ventilarse primero en la comisión investigadora, antes de sacar conclusiones apresuradas. Rechazó también que PPK haya mentido reiteradamente sobre su relación con Odebrecht (argumento que los fujimoristas usaban para justificar su incapacidad moral permanente), pues los hechos en cuestión habían ocurrido hacía doce años y no tenía por qué tenerlos presente al detalle.
Terminada la alocución de Borea, se inició el debate congresal que duró catorce horas. La votación por la vacancia se llevó a cabo pasadas las once de la noche, con el siguiente resultado: 78 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. Una de las bancadas, la de Nuevo Perú (izquierda), se retiró antes de la votación, pues a decir de sus miembros no querían seguirle el juego al fujimorismo. Como se necesitaban 87 votos para proceder a la vacancia, esta fue desestimada. Toda la bancada de Fuerza Popular votó a favor de la vacancia, con excepción de 10 de sus miembros, encabezados por Kenji Fujimori, que se abstuvieron, y que decidieron así el resultado. Corrió el rumor que este grupo disidente, que luego sería bautizado como los «Avengers», había negociado sus votos con el gobierno a cambio del indulto presidencial a favor de Alberto Fujimori, su líder histórico que se hallaba entonces preso. Ese grupo se separó después de la bancada de Fuerza Popular y encabezados por Kenji anunciaron la formación de un nuevo grupo político, que apoyaría al gobierno.
El 24 de diciembre de 2017, el presidente PPK concedió el indulto humanitario a Alberto Fujimori, que se hallaba preso desde hacía 12 años, con una sentencia de 25 años por delitos de violaciones a los derechos humanos (casos La Cantuta y Barrios Altos). El gobierno aseguró que el indulto se había decidido por razones puramente humanitarias, ante los diversos males físicos que aquejaban al expresidente de la República, confirmados por informes de una junta médica.
Sin embargo, surgió una fuerte sospecha de que el indulto habría sido el resultado de un pacto furtivo del gobierno de PPK con el sector de la bancada fujimorista que se había abstenido durante la votación por la vacancia presidencial y que de esa manera había evitado que se concretara esta. El indulto motivó además la renuncia de los congresistas oficialistas Alberto de Belaunde, Vicente Zeballos y Gino Costa; del ministro de Cultura Salvador del Solar y del ministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos. Ya antes había renunciado el ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias. Se produjeron además diversas marchas en Lima y el interior del país en protesta contra el indulto.
Alberto Fujimori, que días antes del indulto se había internado en una clínica por complicaciones en su salud, fue dado de alta el 4 de enero de 2018 y así pudo, por primera vez, trasladarse en libertad.
PPK formó un nuevo gabinete ministerial, al que llamó «el Gabinete de la Reconciliación», que según él, debía marcar una nueva etapa en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se mantuvo en la presidencia del Consejo de Ministros a Mercedes Aráoz y se realizaron ocho cambios ministeriales, la renovación más importante en lo que iba del gobierno.
El 15 de noviembre de 2017 mediante el Proyecto de Ley N° 2133 el congresista Mauricio Mulder presentó la Ley Mulder, la cual prohibía la publicidad estatal en medios privados y el 28 de febrero de 2018 aprobada el proyecto por la Comisión Permanente del Congreso con 20 a favor, 3 en contra y 14 abstenciones. El dictamen fue aprobado por insistencia del APRA y del Fujimorismo el 15 de junio del 2018 con 70 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones. y se publicó el 18 de junio del 2018 en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Solo días después del primer intento de vacancia presidencial, en enero de 2018, la bancada de Frente Amplio planteó un nuevo pedido de vacancia, teniendo como causal el indulto a Alberto Fujimori, que supuestamente habría sido negociado y otorgado de manera ilegal. Ello no prosperó, ante la falta de apoyo de Fuerza Popular, cuyos votos eran necesarios para llevar adelante una iniciativa como esa. Bajo esa experiencia, las bancadas izquierdistas de Frente Amplio y Nuevo Perú promovieron otra moción de vacancia, concentrándose exclusivamente en el caso Odebrecht, aduciendo que se habrían descubierto nuevos indicios de corrupción y conflicto de intereses de parte de PPK cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Alejandro Toledo. Esta vez si lograron el apoyo de Fuerza Popular, así como de otras bancadas como la de Alianza para el Progreso (cuyo vocero, César Villanueva, fue el principal promotor de la iniciativa), reuniendo así los 27 votos mínimamente necesarios para presentar una moción multipartidaria ante el Congreso de la República, lo que se hizo el 8 de marzo de 2018.
El 15 de marzo se sometió a debate la admisión de dicha moción en el pleno del Congreso, siendo el resultado 87 votos a favor, 15 votos en contra y 15 abstenciones. La moción recibió el respaldo de todas las bancadas, a excepción de Peruanos por el Kambio y de congresistas no agrupados, entre ellos, los tres ex oficialistas y el bloque de Kenji Fujimori. La Junta de Portavoces programó el debate del pedido de vacancia presidencial para el jueves 22 de marzo.
Un informe reservado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las movidas de dinero de las cuentas bancarias de PPK, fue remitido al Ministerio Público y a la Comisión Lava Jato del Congreso, pero inexplicablemente se filtró al conocimiento público. Ese documento de 33 páginas revelaba que desde las empresas y consorcios vinculados al Grupo Odebrecht se habían hecho transferencias hacia Westfield Capital, la empresa unipersonal de PPK, por 1.893.841 dólares, es decir, un millón y pico más de lo que se conocía hasta el momento. También se revelaron transferencias hechas a la cuenta del chofer de PPK y a la de Gilbert Violeta, aunque se demostraron que estos eran solo pagos de carácter laboral y de servicios básicos. La filtración de este informe, que se presume fue hecho desde la Comisión Lava Jato presidida por Rosa Bartra, habría sido con la intención de mellar aún más la credibilidad del presidente de la República. Pero el golpe mortal para PPK vino unos días después.
El 20 de marzo de 2018, la bancada de Fuerza Popular mostró las pruebas de que el gobierno estaba comprando el apoyo de congresistas para que votaran contra el segundo pedido de vacancia presidencial, un rumor que ya había circulado durante el primer proceso. Se trataba de un conjunto de vídeos donde se observan las conversaciones que habían realizado los legisladores Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel (de la bancada de Kenji Fujimori) para intentar convencer al congresista Moisés Mamani (de Puno) a no sumarse a apoyar la vacancia presidencial, a cambio de obras para su región. En uno de los videos se ve a Kenji Fujimori en una reunión con Mamani, en la que también se encuentra Bienvenido Ramírez. Este último hace una serie de ofrecimientos al parlamentario puneño para que pudiera agilizar obras y proyectos para su región, a cambio de sumarse a su grupo y apoyar a PPK. En otro video se ve a Bocángel hablando sobre el control administrativo del Congreso, una vez que accedan a la Mesa Directiva. Y en un tercer video, se ve a Alberto Borea Odría, abogado de PPK en el tema de la vacancia, explicando a Mamani sobre aspectos de ese proceso y dándole el número telefónico de un ministro de Estado. Los involucrados en el escándalo, salieron a defenderse, diciendo que era práctica normal que los congresistas recurrieran a los ministros para pedir obras a favor de sus regiones. El congresista Bienvenido dijo incluso que solo había «fanfarroneado». Pero lo que se cuestionaba era el hecho que desde el gobierno se negociaran esas obras con el fin de reorientar la votación de un grupo de congresistas en el tema de la vacancia presidencial, lo que vendría constituir la figura delictiva de tráfico de influencias.
Pocas horas después, los fujimoristas dieron la estocada final, al difundir un conjunto de audios, en los que se escucha al ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra ofrecer a Mamani obras a cambio de su voto para evitar la vacancia. La prensa resaltó una frase de Giuffra en la que dice: «compadre, ya sabes cómo es la nuez y qué cosa vas a sacar», presumiblemente haciendo referencia a los beneficios que sacaría Mamani si votaba en contra de la vacancia.
Hasta entonces, se preveía que la votación para lograr la vacancia estaría muy ajustada y que incluso PPK podría nuevamente salir airoso como había ocurrido en el primer proceso. Pero los Kenjivideos determinaron que varios congresistas que hasta entonces habían manifestado su abstención (entre ellos los tres ex oficialistas) se plegaran a favor de la vacancia, y así lo dieron a conocer abiertamente.
Se dice que PPK, al enterarse de los kenjivideos, no le dio mucha importancia y dijo que Kenji Fujimori era el que debía dar las explicaciones al respecto. Pero la difusión del audio entre Mamani y Giuffra fue lo que lo obligó a presentar su renuncia.
Ante el escenario previsible que le aguardaba en el debate programado para el Congreso el día 22, PPK optó por renunciar a la presidencia de la República, enviando la carta respectiva al Congreso, y dando un mensaje televisado a la Nación, que fue transmitido a las dos y cuarenta de la tarde del día 21 de marzo de 2018.
La Junta de Portavoces del Congreso, si bien rechazó los términos de la carta de renuncia de PPK, aduciendo que este no hacía ninguna autocrítica y se victimizaba, aceptó la misma y programó para el día 22 de marzo, a partir las cuatro de la tarde, un debate en el Congreso para evaluar la renuncia. Ese debate se prolongó hasta el día siguiente. Aunque un sector de congresistas de la izquierda sostenía que no se debía aceptar la renuncia de PPK y que el Congreso debía proceder a la vacancia por incapacidad moral, la mayoría de congresistas consideraron que se debía aceptar, para poner de una vez punto final a la crisis. Al hacerse público el texto preliminar de la resolución del Congreso, en el que se le señalaba que el presidente había «traicionado a la patria», PPK anunció que retiraría su carta de renuncia si se mantenía ese calificativo. La Junta de Portavoces decidió entonces omitir esa expresión. La renuncia fue aceptada con 105 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones. Instantes después se procedió a la juramentación del primer vicepresidente Martín Vizcarra, como nuevo presidente constitucional de la República. Poco después, el flamante gobierno anunció que su primer ministro sería César Villanueva, el mismo que había sido el principal impulsor del segundo pedido de vacancia presidencial contra PPK.
El 7 de julio de 2018 el portal IDL-Reporteros liderado por el periodista Gustavo Gorriti difundió una serie de audios a través del programa periodístico Panorama. Se destapó así un grave escándalo de corrupción denominado CNM Audios o caso Corte y Corrupción. Se trata de escuchas telefónicas en los que se revelan supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucraban directamente a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En los audios se escucha a César José Hinostroza Pariachi (juez supremo), a Iván Noguera Ramos (consejero), a Julio Gutiérrez (consejero) y a Walter Ríos (presidente de la Corte Superior del Callao), negociando y utilizando su influencia personal en ámbitos de gobierno, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores y tratamiento preferencial. Estos polémicos audios habían sido filtrados por los periodistas de una investigación aprobada por la fiscal Rocío Sánchez Saavedra para interceptar las llamadas telefónicas de números incautados por la policía a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas (Las castañuelas de Richport), que operaba en el puerto del Callao. Esos números telefónicos pertenecían a los abogados de dicha organización que se contactaban con las autoridades judiciales, y fue así, de esa manera accidental, como se destapó el escándalo que ha llevado a la crisis a todo el sistema judicial del Perú.
El 11 de julio de 2018, el presidente Vizcarra anunció la creación de una comisión para reformar el Poder Judicial (presidida por Allan Wagner Tizón) y ese mismo día el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Duberlí Rodríguez anuncio una crisis en el sistema judicial. De otro lado, el fiscal supremo de Control Interno, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, dio un plazo de tres días a IDL-Reporteros y al programa Panorama para entregar los audios y sus fuentes. Sin embargo, esto no se concretó debido a que las escuchas telefónicas contenidas en esos audios se habían dado de manera legal, y porque los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes por su derecho a la confidencialidad. En los días siguientes se dieron a conocer más audios que involucraban a personajes de todos los ámbitos, no solo de la política.
El 13 de julio de 2018, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú Salvador Heresi presentó su carta de renuncia debido a que en uno de esos audios se le escucha conversando con el controvertido juez César Hinostroza. En su reemplazo fue nombrado el abogado y congresista Vicente Zeballos Salinas, que había sido miembro de la bancada parlamentaria de PPK.
Ante la crisis institucional en el Poder Judicial, Duberlí Rodríguez renunció a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia el 19 de julio del 2018. Al día siguiente fue designado para presidir la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.
El 20 de julio de 2018, a raíz de la renuncia del presidente de la Corte Suprema Duberlí Rodríguez como consecuencia del escándalo de CNM Audios, Francisco Távara Córdova, en su calidad de vocal supremo decano, asumió interinamente la presidencia de dicha institución.
El 7 de junio de 2018 el abogado Pedro Chávarry fue elegido por Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público como Fiscal de la Nación para el periodo 2018-2021. El 3 de julio el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) lo ratificó por unanimidad como fiscal supremo. Doce días después (El 19 de julio de 2018) se difundió un audio entre el juez César Hinostroza y el electo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, lo cual causó protestas masivas a nivel nacional para pedir su renuncia, sin embargo el 20 de julio de 2018 juramentó como Fiscal de la Nación. Pese a estar involucrado en dicho escándalo de corrupción el fiscal Chávarry se negó a renunciar a su puesto.
El 3 de octubre el Poder Judicial dictó órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Alberto Fujimori. Sus abogados tuvieron 5 días (desde el 4 de octubre) para sustentar un recurso de apelación. El 9 de octubre, se rechazó la apelación que presentaron sus abogados. Seguidamente, el juez ordenó ubicarlo y capturarlo, a fin de que sea reingresado a prisión.
En consecuencia de la anulación del indulto, los legisladores a fines del fujimorismo, aprobarían una serie de reformas entre ellas se destacan:
El 10 de octubre, en la Fiscalía del Perú, el juez Richard Concepción Carhuancho, ordenó una detención preliminar a Keiko Fujimori, por 10 días en su contra, por los supuestos aportes ilícitos a la campaña del 2011 provenientes de la empresa Odebrecht.
El 17 de octubre tras una apelación recuperó su libertad, junto a otros cinco detenidos, al no encontrar pruebas factibles de su responsabilidad.
Sin embargo, a los pocos días, el fiscal Pérez formalizó la investigación preparatoria y solicitó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y otras once personas involucradas por presunto lavado de activos. El fiscal Pérez dio una serie de argumentos para sustentar que en el seno de Fuerza Popular se había constituido una organización criminal, y que había un serio peligro de que Keiko, estando en libertad, obstaculizara la labor judicial, debido a las influencias políticas con que contaba. Las audiencias duraron varios días y fueron trasmitidas por televisión, generando gran audiencia. El pedido del fiscal fue aprobado el 31 de octubre por el juez Concepción quien alegó los antecedentes de obstaculización y entorpecimiento del proceso orquestados por Fujimori, los miembros de su bancada en el Congreso y personajes afines a ésta en el aparato judicial. Tras la lectura del auto fue trasladada a la carceleta del Palacio de Justicia y el día siguiente, 1 de noviembre, al establecimiento penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos. Un pedido de apelación que hizo Keiko para que se le revocara la prisión preventiva, fue rechazado por la sala de apelaciones, en enero de 2019. Los otros once inculpados en el caso Cócteles tuvieron diversos fallos.
La situación de Keiko Fujimori, implicada seriamente en el caso Odebrecht por supuestamente haber recibido dinero ilícito para sus campañas electorales del 2011 y 2016, llevó a su partido Fuerza Popular a una crisis interna. Durante las audiencias judiciales para sustentar el pedido de prisión preventiva contra Keiko, el fiscal José Domingo Pérez dio una serie de argumentos para sustentar que en el seno del partido se había constituido una organización criminal. IDL-Reporteros publicó una serie de conversaciones privadas provenientes del chat La Botica, grupo de Telegram conformado por congresistas y dirigentes de Fuerza Popular, donde se lee a miembros de la bancada fujimorista ponerse de acuerdo para desprestigiar al fiscal José Domingo Pérez, encargado de la investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Se sabe que dicho material fue proporcionado por uno de los testigos protegidos de la fiscalía (el congresista Rolando Reátegui). En las encuestas de opinión pública, se refleja claramente el rechazo de la ciudadanía al accionar de los fujimoristas en el Congreso, lo que contrasta con el respaldo que tiene el presidente Vizcarra.
El congresista Francesco Petrozzi renunció a la bancada de Fuerza Popular. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pidió licencia a su partido, pues consideraba que su alta investidura le obligaba a mantenerse al margen de la política partidaria. Se reveló que el congresista Rolando Reátegui de Fuerza Popular era uno de los testigos de la fiscalía en el caso Keiko Fujimori; decisión que tomó Reátegui, según él, al verse abandonado por la dirigencia de su partido, luego que fuera involucrado en la captación de «aportantes fantasmas» para la campaña de Keiko del 2011. José Chlimper Ackerman renunció a la secretaría general de Fuerza Popular, luego de que el gerente de RPP revelara al fiscal Pérez haber recibido de manos de Chlimper, 200 000 dólares en efectivo como pago de un contrato de publicidad en el 2011 (lo que sería un indicio de lavado de activos). Se anunció la reestructuración general del partido, nombrándose un Comité de Emergencia encabezado por el congresista Miguel Torres.
El 28 de noviembre de 2018, la congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona renunció a su bancada, aduciendo que no quería ser dividir a la misma, a raíz de un enfrentamiento que tuvo con su colega Yeni Vilcatoma, que lo acusó de bloquear una propuesta para investigar, en la Comisión de Fiscalización, supuestas irregularidades detectadas en Prom-Perú.
A principios del 2019, cuatro congresistas de Fuerza Popular renunciaron a su partido, tras la anunciada moción de censura contra el presidente del Congreso Salaverry. Ellos fueron: Miguel Castro, Rolando Reátegui, Yesenia Ponce y Glider Ushñahua. También Salaverry, quien en una sesión del pleno fue calificado de «traidor», oficializó su renuncia al partido. El 18 de enero de 2019, otro congresista de Fuerza Popular, Israel Lazo, presentó su renuncia irrevocable. En junio de 2019, ocurrieron otras dos bajas: Nelly Cuadros y Francisco Villavicencio. De 73 congresistas que tuvo al principio, la bancada de Fuerza Popular quedó reducida a 53.
De otro lado, dos congresistas de Fuerza Popular fueron suspendidos por 120 días sin goce de haber, por haber sido denunciados por tocamientos indebidos. Ellos fueronː Moisés Mamani, acusado por una aeromoza de la aerolínea Latam; y Luis López Vilela, acusado por la congresista Paloma Noceda. El Poder Judicial pidió al Congreso el levantamiento de la inmunidad a Mamani para procesarlo, lo que fue aprobado por el pleno del Congreso el 8 de marzo de 2019.
El 26 de febrero de 2019, el congresista Héctor Becerril, antiguo vocero de la bancada fujimorista, solicitó licencia temporal a su bancada al verse involucrado en un presunto cobro de sobornos para intervenir a favor de una empresa en una licitación en Lambayeque, en la que también se hallan implicados sus hermanos. Ha sido denunciado ante la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, denuncias que están pendientes por resolver.
Hubo también roces entre el Ejecutivo y el Legislativo, por el asunto del juez Hinostroza y el fiscal Chávarry. Los voceros del gobierno, así como las demás bancadas del Congreso, acusaron a la bancada fujimorista de «blindar» a Hinostroza, debido a que no agilizaban su destitución e inhabilitación como juez supremo, algo que la opinión pública demandaba. También hubo la impresión de que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry (que ya desde agosto de 2018 fue incluido en un informe de la fiscalía del Callao como parte integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto), recibía el respaldo del fujimorismo en el Congreso.
El tema de Hinostroza pasó por la Comisión Permanente del Congreso, donde, si bien hubo votación favorable para su destitución e inhabilitación por diez años, no ocurrió lo mismo en la votación para denunciarlo como cabecilla de una organización criminal. Los 18 congresistas fujimoristas integrantes de la Comisión (que constituían una mayoría frente al resto de 8 congresistas integrantes de otras fuerzas políticas) votaron en contra y según algunos analistas fue una manera de «blindar» al juez para que no respondiera ante la Fiscalía. Ellos fueron: Leyla Chihuán, Segundo Tapia, Yeni Vilcatoma, Percy Alcalá Mateo, Alejandra Aramayo, Tamar Arimborgo, Rosa Bartra, Karina Beteta, Úrsula Letona, Milagros Salazar, Freddy Sarmiento, César Segura, Milagros Takayama, Miguel Castro Grández, Nelly Cuadros, Carlos Dominguez, Mártires Lizana y Mario Mantilla (28 de septiembre de 2018). Unas entregas del chat La Botica revelaron precisamente la manera en que los congresistas fujimoristas se ponían de acuerdo para hacer dicho blindaje.
El pretendido «blindaje» al juez Hinostroza causó indignación en la ciudadanía y los congresistas fujimoristas fueron blanco de las críticas. Hubo presión para que se rectificaran en la votación a realizarse en el pleno del Congreso. Efectivamente, el 5 de octubre de 2018, el Congreso en pleno, luego de escuchar la defensa del mismo Hinostroza, aprobó destituirlo e inhabilitarlo de toda función pública por 10 años, así como acusarlo de cuatro delitos: patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y pertenencia a una organización criminal. La votación fue unánime. También los miembros del CNM fueron destituidos y acusados de diversos cargos, aunque no el de pertenecer a una organización criminal.
En cuanto al fiscal Chávarry, siguió aferrándose a su cargo de Fiscal de la Nación, aduciendo que el Ministerio Público era un ente autónomo; incluso, al ser criticado por el mismo presidente Vizcarra, le amenazó con investigarlo y hacer tramitar las 46 denuncias que tenía (43 de ellas cuando fue gobernador de Moquegua).
El congresista oficialista Juan Sheput presentó ante al Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso un informe contra el fiscal Chávarry, recomendando su destitución e inhabilitación por diez años. El informe fue rechazado por una mayoría conformada por fujimoristas y apristas. Se justificó esa decisión arguyendo que el informe mostraba falencias (11 de octubre de 2018). También se rechazó un pedido para suspender e inhabilitar al congresista fujimorista Héctor Becerril, involucrado en algunos audios.
Transcurrido más de un mes del anuncio presidencial del 28 de julio de 2018, el Congreso no daba señales de avanzar en el debate de los proyectos de reforma constitucional. Cuando por fin el 14 de septiembre se sometió en la Comisión de Justicia la aprobación del dictamen sobre la reforma del CNM, ella se frustró por la abstención de los representantes de Fuerza Popular. La fujimorista Úrsula Letona, miembro de la Comisión de Justicia, calificó el dictamen propuesto como un «mamarracho». Esto fue lo que colmó la paciencia del Ejecutivo. En la noche del domingo 16 de setiembre, Vizcarra dio un mensaje a la Nación televisado, en el que anunció que plantearía cuestión de confianza, en vista de la demora del Congreso en aprobar los proyectos de reforma constitucional. Para tal efecto, dio una resolución suprema al día siguiente, convocando a una sesión extraordinaria del Congreso para el miércoles 19 de septiembre, en la que se presentaría el primer ministro para sustentar la cuestión de confianza. Según la interpretación del Ejecutivo, si se negaba la confianza al Consejo de Ministros se trataría de la segunda negativa pues la primera había ocurrido con el gabinete Zavala el año anterior, y por ende, el Ejecutivo podría disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias, tal como lo establece el artículo 134 de la Constitución.
Los voceros de Fuerza Popular dijeron que no era cierto que estaban dilatando u obstruyendo el debate de los proyectos de reforma, y que en realidad lo tenían ya todo programado. Como para dar prueba de ello, el día lunes 17 la Comisión de Justicia aprobó el primer dictamen, sobre la reforma del CNM, que fue discutido y aprobado al día siguiente en el pleno del Congreso. Se cambió el nombre del CNM, que pasó a llamarse Junta Nacional de Justicia.
El 19 de septiembre, el primer ministro César Villanueva se presentó ante el Congreso en pleno para sustentar la cuestión de confianza. Villanueva anunció que el gobierno no aceptaría una aprobación parcial de los proyectos de reforma constitucional, sino de todos en general. Luego de un debate de varias horas, se aprobó la confianza solicitada por el gobierno, con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones. Quedó establecido el 5 de octubre como el plazo máximo para que el Congreso aprobase todos los proyectos de reforma constitucional.
La comisión de Constitución del Congreso apresuró el debate y la aprobación de los tres dictámenes restantes. El 26 de septiembre, el Congreso en pleno aprobó la reforma sobre el financiamiento de los partidos políticos. Y finalmente, el 3 de octubre, se aprobaron las dos reformas restantes: sobre el retorno de la bicameralidad y la no reelección parlamentaria. En cuanto a la primera, se acordó que el nuevo congreso bicameral se denominaría Parlamento Nacional, y que constaría de 130 diputados y 50 senadores (es decir, se aumentaría el número de parlamentarios de 130 a 180). En la madrugada del día 4, el Congreso acordó por votación abrumadora que las autógrafas de las cuatro reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo fuesen remitidas a la Presidencia de la República para que continuaran su trámite y pudieran someterse a referéndum.
El 9 de octubre de 2018, Vizcarra promulgó el decreto para someter a consulta popular los cuatro proyectos de reforma constitucional, mediante un referéndum, que fue fijado para el 9 de diciembre del mismo año. Sin embargo, se mostró en desacuerdo con la cuarta consulta, sobre la bicameralidad, pues según su opinión, el Congreso había desnaturalizado el proyecto original, modificando los aspectos sobre paridad entre hombres y mujeres en las listas de candidatos para diputados y senadores, e incluyendo modificaciones a la cuestión de confianza para restar de prerrogativas al Ejecutivo.
El destituido juez Hinostroza, al cual le pesaba una orden de impedimento de salida del país desde el 13 de julio por los supuestos delitos de cohecho pasivo y cohecho activo, por un plazo de cuatro meses. Saldría del país de manera ilegal, violando la ley y saliendo de manera clandestina por el norte del país, el 7 de octubre en horas de la madrugada. Diez días después (17 de octubre), la información se conocería públicamente, tras lo cual el ministro del Interior Mauro Medina, presentaría su renuncia, tras ser señalado por la clase política como uno de los responsables de la huida del sindicado cabecilla de la organización «Los Cuellos Blancos del Puerto». Al día siguiente ocurriría la remoción de José Abanto de la Oficialía Mayor, por la demora en el envío a la Fiscalía del expediente acusatorio contra el juez César Hinostroza, designandose a Gianmarco Paz Mendoza en su reemplazo.. El responsable directo de quitar la vigilancia y el seguimiento de las camáras del destituido juez, el jefe de búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), el coronel PNP Martín Gonzales Sánchez alias "Conejo", no fue removido del cargo y permaneció en él durante gobiernos subsecuentes, incluido el del presidente Francisco Sagasti. De hecho, y de manera incomprensible, solo se le sancionó por una infracción leve que prescribió en el mismo momento en la que se firmó. Tres años después, el día 28 de febrero del año 2021, el programa periodístico de investigación "Panorama" reveló que, el día de la fuga de Hinostroza, este fue escoltado en su recorrido vía terrestre a Tumbes (cuando ya la DIGIMIN había retirado la vigilancia inexplicablemente) por otro automóvil, quien según un testigo acogido a la colaboración eficaz era conducido por el policía y miembro de la DIGIMIN Manuel "Max" Arellanos, quien estuvo a cargo de los seguimientos y vigilancia de los involucrados del caso "Cuellos Blancos". Se confirmó unas semanas antes de la emisión del reportaje que, durante inicios del año 2018 y pocas semanas antes de la difusión del primero de los CNM Audios por parte de IDL-Reporteros, el entonces presidente Vizcarra se había reunido clandestinamente en su departamento de San Isidro con las fiscales encargadas del caso y el mencionado policía Arellanos.
El 15 de noviembre de 2018, Alan García acudió a una cita con la fiscalía de lavado de activos, como parte de una interrogación, llevada a cabo por, parte del fiscal José Domingo Pérez debido a irregularidades en los pagos por conferencias del expresidente, financiadas con dinero procedente de la Caja 2 de la división de operaciones estructuradas de la empresa Odebrecht, ante esto la fiscalía dictó orden de impedimento de salida del país por 18 meses para García, a pesar de que en un primer momento dijo estar a disposición de la justicia, esa misma noche acudió a la casa de Carlos Alejandro Barros, embajador de Uruguay, en donde permaneció hasta el 3 de diciembre de 2018, cuando Tabaré Vázquez, presidente de dicho país, anunció el rechazo al pedido de asilo de Alan García, al considerar que en el Perú funcionaban los tres poderes del Estado con libertad y sin persecución política.
El 9 de diciembre de 2018 se realizó el referéndum por las reformas constitucionales y la segunda vuelta de las elecciones regionales en 15 regiones.
Las cuatro preguntas claves del referéndum obtuvieron los siguientes resultados, al 95,76% de actas contabilizadas:
Sí: 78,49% No: 12,14% Blanco: 3,91% Nulo: 5,46%
2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?
Sí: 78,14% No: 12,90% Blanco: 4,13% Nulo: 4,83%
3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?
Sí: 77,77% No: 12,81% Blanco: 4,41% Nulo: 5,01%
4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?
Sí: 8,33% No: 79,73% Blanco: 5,75%
Las tres primeras preguntas obtuvieron pues, un abrumador apoyo, mientras que la última, referida a la creación de un Congreso Bicameral, fue rechazada mayoritariamente, todo lo cual se interpretó como un triunfo del gobierno. En la noche del 12 de diciembre, el presidente Vizcarra dio un mensaje televisado a la Nación, que duró treinta minutos. Hizo un balance del resultado del referendum y dijo ya tener en manos el proyecto de ley orgánica para la implementación de la Junta Nacional de Justicia, (redactado por la Comisión de Reforma Judicial y aprobado en el Consejo de Ministros), que sería remitido al Congreso para su debate y aprobación. Exhortó al Congreso para agilizar la reforma judicial, así como la aprobación de siete proyectos de ley complementarios que estaban en compás de espera en las Comisiones del Congreso. Anunció también la creación de una comisión de alto nivel cuya finalidad sería presentar al Congreso de la República propuestas para la reforma política, que se sumaría así a la reforma judicial. Hizo finalmente un recuento de su gestión por sectores. El presidente del Congreso Daniel Salaverry anunció que la legislatura se extendería hasta el 30 de enero de 2019 para atender los casos pendientes, entre ellas la implementación de la reforma judicial.
El 31 de diciembre de 2018 cuando el fiscal de la Nación Pedro Chávarry removió a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del Caso Odebrecht en Perú y en su reemplazo nombró a los fiscales Frank Almanza Altamirano y Marcial Eloy Paucar, respectivamente. Este hecho provocó múltiples protestas a nivel nacional lideradas por el antifujimorismo. En conferencia de prensa, convocada para el cierre del 2018, Pedro Chávarry dijo que tomó dicha decisión, ya que los fiscales en cuestión, quienes tuvieron a su cargo importantes investigaciones, habían «afectado la institucionalidad del Ministerio Público» con sus comentarios a través de diferentes medios de comunicación.
El presidente Martín Vizcarra, que se encontraba en Brasil para la toma de mando de Jair Bolsonaro, cuestionó la decisión de Chávarry y regresó de inmediato al Perú. El 2 de enero de 2019, Vizcarra presentó ante el Congreso un proyecto de ley que declaraba en emergencia el Ministerio Público, ese mismo día Pedro Chávarry ante las masivas protestas en su contra decidió reincorporar a Rafael Vela Barba y a José Domingo Pérez en el caso Lava Jato. Sin embargo se abstuvo a renunciar.
El 7 de enero de 2019 Chávarry anunció que iba a presentar su carta de renuncia. El 8 de enero ante la Junta de Fiscales Supremos Chávarry renunció a la presidencia del Ministerio Público. El 8 de enero la Junta aceptó la renuncia de Chávarry y nombró a la Fiscal Supremo Titular Zoraida Ávalos como nueva Fiscal de la Nación interina, quien en su primer mensaje como presidenta de la Fiscalía declaró en emergencia el Ministerio Público.
El 16 de enero de 2019, la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones resolvió apartar al juez Richard Concepción Carhuancho del caso Cócteles por los que viene siendo investigado Keiko Fujimori y otros altos miembros de Fuerza Popular. Esta medida fue presentada por la defensa de Jaime Yoshiyama. La recusación contra el juez Richard Concepción fue evaluada por la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones conformada por los magistrados César Salhuanay Calsin, Jessica León Yarango e Iván Quispe Auca, quienes la aprobaron por unanimidad.
De acuerdo a la resolución de la Segunda Sala, los jueces consideraron que unas declaraciones públicas de Richard Concepción Carhuancho pusieron en duda su imparcialidad, por lo que el caso pasó a manos de otro juez de la Sala Penal Nacional. Este hecho desencadenó nuevas protestas sociales encabezadas por el antifujimorismo en distintas ciudades del país.
El 23 de enero de 2019 Alberto Fujimori fue trasladado nuevamente al penal Barbadillo, en el distrito de Ate, lugar en el que estuvo internado del 2007 al 2017 cumpliendo su condena antes de ser indultado. El expresidente recibió el alta de la Clínica Centenario luego de que una junta médica del Instituto de Medicina Legal lo evaluara y determinara que se hallaba estable y que podía recibir tratamiento para sus dolencias.
El 15 de febrero del 2019 se firmó en São Paulo el acuerdo de colaboración con Odebrecht entre el equipo especial Lava Jato y altos funcionarios de la empresa Odebrecht, entre la información que la empresa entregará se incluye la de los sistemas My Web Day y Drousys, softwares corporativos en los que se solicitaban, procesaban y controlaban las operaciones del pago de sobornos, nombres, datos, fechas, informes y pruebas que puedan ser usadas en un Juicio los políticos involucrados.
El acuerdo fue criticado por numerosos congresistas, esto debido a que no se tomó en cuenta el monto total de la reparación civil y la empresa obtuvo beneficios sobre el manejo de sus utilidades, con la posibilidad de volver a contratar con el Estado del Perú.
El 6 de marzo de 2019, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentó su carta de renuncia, la que fue aceptada por el presidente Vizcarra el día 8. Al ser interrogado sobre la razón de su renuncia, Villanueva dijo que simplemente había ya cumplido un ciclo, luego de casi un año de ocupar el cargo. Como lo establece la Constitución, al renunciar el primer ministro se produjo la crisis total del gabinete y todos los ministros pusieron sus cargos a disposición.
El 11 de marzo de 2019, se realizó la juramentación del nuevo gabinete de ministros, presidido por Salvador del Solar Labarthe, el abogado y actor que había sido ministro de Cultura en el gobierno de Kuczynski. Diez ministros permanecieron en su cargo; Fabiola Muñoz dejó Ambiente y pasó a Agricultura (convirtiéndose así en la primera mujer que ocupa dicha cartera); y juraron 7 nuevos ministros: Flor Pablo Medina (Educación), Rocío Barrios (Producción), Carlos Bruce (Vivienda, Construcción y Saneamiento), Gloria Montenegro Figueroa (Mujer y Poblaciones Vulnerables), Lucía Ruiz Ostoic (Ambiente), Ulla Holmquist (Cultura) y Paola Bustamante (Desarrollo e Inclusión Social)
Hecho destacado es que, por segunda vez en la historia republicana, se conformara un gabinete paritario, es decir, de igual número de hombres y de mujeres (9 hombres y 9 mujeres, sin contar al primer ministro); la primera vez había ocurrido en el 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala (gabinete Jiménez). Aunque el gabinete Del Solar si es el primer gabinete que con esa característica inicia su gestión (el gabinete Jiménez empezó con seis mujeres y posteriormente sumó tres más).
Tras su renuncia a la presidencia de la República en marzo de 2018, Pedro Pablo Kuczynski quedó impedido de salir del país por 18 meses y continuó siendo investigado por la fiscalía por lavado de activos y por presuntos pagos ilícitos que recibió de parte de la empresa Odebrecht. El 11 de septiembre de 2018, el poder judicial ordenó el congelamiento de su vivienda de San Isidro, a fin de que no pueda vender o transferir el inmueble y de esa manera se asegure el eventual pago de una reparación civil futura.
El 10 de abril de 2019, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, ordenó la detención preliminar de Kuczynski por 10 días, por un presunto delito de lavado de dinero, en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Toledo. De acuerdo a la tesis de la fiscalía, en su calidad de ministro, PPK habría favorecido el acuerdo ilícito entre Barata y Toledo en la concesión de la obra de la carretera Interoceánica Sur, mediante la firma de decretos supremos y haciendo arreglos técnicos políticos que facilitaron tal concesión, así como en otra obra, el Proyecto Olmos. La fiscalía allanó también su vivienda. Kuczynsky cumplió su detención preliminar en la carceleta de la Prefectura de Lima.
El 17 de abril de 2019 el expresidente del Perú Alan García se suicidó en el dormitorio de su vivienda personal cuando los oficiales de la policía nacional había ido a arrestarlo preliminarmente por asuntos relacionados con el caso Odebrecht. Su funeral se llevó a cabo en la Casa del Pueblo y fueron cremados el 19 de abril en el cementerio católico de Huachipa.
García no recibió los honores póstumos gubernamentales como el funeral de Estado a ex mandatarios, por petición de familiares y partidarios del APRA, según algunos analistas nacionales e internacionales éste gesto representa un nuevo matiz de la crisis política en el país que se viene desarrollando desde 2017.
El gobierno peruano, a través del diario nacional El Peruano declaró tres días de duelo nacional: el 17, 18 y 19 de abril. Según el Ministerio Público el allanamiento del hogar de García que estaban incluidas en las investigaciones del Caso Odebrecht continuarían su curso con normalidad, a excepción del dormitorio que queda lacrado.
Poco después, Miguel Atala confesó que el dinero de su cuenta de Andorra era en realidad de Alan García, al que fue transfiriendo en partes fraccionadas entre el 2010 y 2018.
Luego de tres días de audiencia, el 19 de abril de 2019 el Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, debido a la afección cardíaca que padece, y que lo llevó a ser operado de emergencia en la clínica Angloamericana, el 27 de abril se le cambió por la detención domiciliaria.
La expareja presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia, están acusados de haber recibido de Odebrecht tres millones de dólares para financiar la campaña electoral de 2011, lo que configuraría lavado de activos. Estuvieron once meses en prisión preventiva, siendo puestos en libertad el 27 de abril de 2018, al considerarse que no hubo una adecuada fundamentación para que el juez dictara la prisión preventiva. Quedaron bajo comparecencia restringida. Los exdirectivos de Odebrecht, en los interrogatorios a los que fueron sometidos por el Equipo Especial de Fiscales de Lava Jato, confirmaron la entrega de los tres millones de dólares a la pareja Humala-Heredia.
El 7 de mayo de 2019, luego de cuatro años de investigación (pues se remonta al caso de las agendas de Nadine), el fiscal Germán Juárez formalizó la acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal. Pidió 20 años de prisión efectiva para Ollanta y 26 años para Nadine. Se incluyó también en la acusación a amigos y allegados a la pareja. Causó controversia que el fiscal solicitara también la disolución del Partido Nacionalista, por haber sido «instrumentalizado» para realizar el lavado de activos.
La Comisión Especial, a fines de abril de 2019, realizó la convocatoria pública para elegir a los siete miembros de la primera Junta Nacional de Justicia. El proceso evidenció desde el principio una lentitud preocupante. Se inscribieron finalmente 104 candidatos. La primera evaluación fue de conocimientos, en la cual solo tres postulantes la superaron: David Dumet Delfín, Víctor Cubas Villanueva y Pedro Patrón Bedoya. Siendo siete los miembros que debían integrar la JNJ, este resultado acarreó una crisis en el interior de la Comisión Especial, ya que el plazo de dicha elección se iba venciendo. La última etapa de evaluación consistía en entrevistas personales; de los tres postulantes, solo Patrón logró pasarla.
Al menos ya se contaba con un miembro de la JNJ, pero estando ya programada la juramentación de Patrón, se suspendió la ceremonia, al conocerse que este tenía pendiente un proceso judicial por presunta falsedad ideológica en agravio del Jurado Nacional de Elecciones por haber cobrado de manera irregular sus pensiones como jubilado. Patrón consideró esto como un agravio hacia su persona y renunció irrevocablemente a formar parte del JNJ (26 de junio de 2019).
El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén admitió que, si bien no hubo nunca una alianza política entre el Apra y Fuerza Popular, existía una «alianza estratégica» dentro del Congreso, lo que explicaba que hubieran compartido la Mesa Directiva en dos legislaturas seguidas, y que coincidieran en las votaciones del pleno y de las comisiones. Sin embargo, otros miembros del aprismo y de Fuerza Popular rechazaron de plano la existencia de dicha alianza, aunque los hechos dicen otra cosa. Un estudio da cuenta de que, durante los plenos, las posiciones mayoritarias de Fuerza Popular y la bancada del Apra coincidieron en un 90.2% de las veces en lo que va del actual periodo congresal; es decir, en 782 de las 867 votaciones, Fuerza Popular y el Apra fueron de la mano.
Peruanos Por el Kambio (PpK), el partido que había llevado a la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, y que en teoría, ejercía como el partido oficialista del gobierno de Vizcarra, se declaró en reorganización. El mismo Kuczynski presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del partido, el 4 de febrero de 2019.
La bancada de PpK en el Congreso, que inicialmente era de 17 miembros, se redujo a 11. Dos de ellos, Gilbert Violeta (a la vez dirigente de PpK) y Juan Sheput (hasta entonces solo invitado al partido) tuvieron roces con Martín Vizcarra, dando a entender que había un distanciamiento entre el partido y el gobierno.
Se entreveía que en la bancada de PpK se habían formado dos facciones: una mayoritaria, encabezada por Mercedes Aráoz y Carlos Bruce, que querían continuar apoyando con condiciones al gobierno; y otra, comandada por Gilbert Violeta y Juan Sheput, apoyados en lo que quedaba del partido, que apuntaba a romper con Vizcarra.
El distanciamiento de Vizcarra con el partido PpK se agravó más a raíz de la revelación de que el Club de la construcción había aportado cien mil dólares para la campaña de Kuczynki del 2016. Los dirigentes del partido (Violeta, Heresi y el secretario general de PpK Jorge Villacorta), acordaron responsabilizar a Vizcarra del control del financiamiento de la campaña, tal como se revela en unas conversaciones en Whatsapp filtradas a la prensa. Al no estar de acuerdo con esta posición, tres congresistas de PpK anunciaron su renuncia al partido: Jorge Meléndez (vocero de la bancada), Alberto Oliva y Janet Sánchez, aunque sin afectar su permanencia en la bancada de PpK.
El 2 de marzo de 2019, la asamblea del partido PpK acordó cambiar su nombre por el de Contigo. También oficializó la admisión al partido de Juan Sheput, que hasta entonces solo había sido invitado.
La dirigencia de Contigo dijo que el partido apoyaba a Vizcarra «al 100%» y consideró que la bancada de PpK en el Congreso debía también cambiar su nombre. Pero los congresistas de PpK, en su mayoría, acordaron mantener el nombre original. Violeta y Sheput pidieron entonces una licencia temporal a la bancada, pero esta no aceptó e incluso abrió un proceso disciplinario contra ellos. Ante ello, ambos congresistas decidieron renunciar a la bancada, que quedó así reducida a nueve miembros (6 de marzo de 2019). Ninguno de esos nueve miembros de la bancada de PpK, entre los que se contaban Mercedes Aráoz y Carlos Bruce, era militante del partido.
El 21 de diciembre de 2018, el gobierno oficializó la conformación de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Estaba integrada por el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, como coordinador, y los académicos Paula Valeria Muñoz Chirinos, Milagros Campos Ramos, Jessica Violeta Bensa Morales y Ricardo Martin Tanaka Dongo. Se instaló el 5 de enero de 2019. Basándose en el informe que dio dicha Comisión, el gobierno presentó doce propuestas de reforma política ante el Congreso (11 de abril de 2019). Excluyó, sin embargo, el tema de la bicameralidad, por haber sido recientemente rechazado en el referéndum.
Entre los tres proyectos de reforma constitucional se encontraba el que buscaba el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el objetivo de establecer contrapesos entre ambos; la reforma que modifica los impedimentos para ser candidato a cualquier cargo de elección popular, a fin de mejorar la idoneidad de los postulantes; y la reforma que busca ampliar el mandato regional y municipal a cinco años, para que coincidan con las elecciones generales. Para el Poder Legislativo, se planteaba que la elección de los congresistas se realizara en la segunda vuelta presidencial; se proponía la eliminación el voto preferencial y el establecimiento de la paridad y alternancia en la lista de candidatos. De otro lado, para los partidos políticos, se buscaba promover la democracia interna y la participación ciudadana en la selección de candidatos, estableciendo elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias organizadas por la ONPE. Otras reformas se referían a la inscripción y cancelación en el registro de las organizaciones políticas, y los requisitos para mantener la inscripción vigente, así como la regulación del financiamiento de organizaciones políticas, para evitar la corrupción. Otra propuesta era que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria no sea competencia del Congreso, sino de la Corte Suprema de Justicia.
Una reunión realizada el 15 de mayo de 2019 en Palacio de Gobierno entre los representantes del Ejecutivo y el Legislativo, acordó un cronograma alternativo para priorizar los proyectos de reforma. Pero si hubo algún optimismo de que el Congreso, pese a los plazos cortos, llevara adelante las reformas políticas, ello se desvaneció cuando, al día siguiente, la Comisión de Constitución, luego de un corto debate, mandó al archivo el proyecto que proponía que el levantamiento de inmunidad parlamentaria fuera decisión de la Corte Suprema y no del mismo Congreso.
En la mañana del 21 de mayo de 2019, el presidente Vizcarra, el primer ministro Salvador del Solar y el ministro de Justicia Vicente Zevallos, fueron al Congreso de la República. Los ministros habían sido citados ese día ante la Comisión de Constitución para sustentar la reforma política. Pero Vizcarra anunció que sus ministros no acudirían a la Comisión, pues consideraba que no estaban dadas las condiciones para la reforma política, como lo demostraba el hecho que la Comisión, tras un corto debate, archivara el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, sin esperar que los ministros fueran a la Comisión a sustentar dicha reforma y las otras. Según Vizcarra, el Congreso no estaba cumpliendo el acuerdo que había hecho con el Ejecutivo de debatir en el pleno cada una de los proyectos.
El 29 de mayo de 2019, desde el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, el presidente Vizcarra dio un mensaje a la Nación, en el que anunció su decisión de plantear la cuestión de confianza ante el Congreso en respaldo a la reforma política. Ello, luego que la Comisión de Constitución, con mayoría fujimorista, enviara al archivo el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, y la Comisión Permanente, también con mayoría fujimorista, archivara prácticamente todas las denuncias que pesaban sobre el controvertido fiscal Chávarry. El presidente, acompañado por los miembros de su gabinete ministerial y los gobernadores regionales, manifestó que la cuestión de confianza se sustentaría en la aprobación, sin vulnerar su esencia, de seis de los proyectos de ley de reforma política, considerados los más medulares, a saber:
Si el congreso negaba la cuestión de confianza, sería la segunda vez que lo haría (la anterior fue al gabinete Zavala del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski), por lo cual, según la Constitución, frente a dos negativas, el presidente quedaría facultado para disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias en un plazo de cuatro meses.
Al día siguiente, el primer ministro Salvador del Solar se presentó ante el Congreso para entregar el oficio en el que solicita que se fije hora y fecha de la sesión plenaria en la que sustentará la cuestión de confianza. En dicho documento, Del Solar indicó que plantearía que el plazo máximo para la aprobación de las seis reformas políticas sea al finalizar la legislatura vigente (15 de junio); caso contrario, consideraría que el Congreso negaba la confianza al gabinete ministerial. Atendiendo al pedido, el presidente del Congreso Daniel Salaverry convocó al pleno para el 4 de junio para atender el pedido de confianza del Ejecutivo.
Los seis proyectos de reforma política quedaron definidos así:
La Comisión de Constitución invitó a los juristas Raúl Ferrero Costa, Natale Amprimo, Ernesto Álvarez, Aníbal Quiroga y Óscar Urviola para recoger sus apreciaciones sobre el planteamiento del Ejecutivo y la constitucionalidad del planteamiento.
El 4 de junio de 2019, Salvador del Solar se presentó en el Pleno del Congreso para exponer y solicitar la cuestión de confianza ante la representación nacional. Previamente, se rechazó una cuestión previa para evaluar la constitucionalidad del pedido de confianza. Varias voces en el Congreso consideraron que imponer un plazo a la aprobación de las reformas constitucionales y obligar a que se respetara su esencia, era anticonstitucional, ya que las reformas de ese tipo eran atribución exclusiva del Congreso y el Ejecutivo carecía de la facultad de observarlas. Debido a estas críticas, Del Solar, en su exposición, aligeró esa parte de su exigencia. Dijo que el Congreso estaba facultado a ampliar la legislatura si fuera necesario, y que no estaba obligado a aprobar los proyectos al pie de la letra, sino que podía enriquecerlos, aunque insistiendo que no debía alterar su esencia. «Esta cuestión de confianza no es una amenaza», concluyó.
Terminada la exposición del primer ministro, se inició el debate parlamentario, que tuvo que ser extendido hasta el día siguiente. Finalmente, al mediodía del 5 de junio de 2019 se realizó la votación. La cuestión fue aprobada con 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. Los miembros de las bancadas de izquierda (Frente Amplio y Nuevo Perú) y del Apra votaron en contra, mientras que los de Fuerza Popular lo hicieron de manera dividida (33 a favor, 16 en contra y 2 abstenciones).
La comisión de Constitución debatió los dictámenes entre el 7 de junio y el 20 de julio. Se hizo una serie de cambios en los proyectos, pero el más llamativo fue lo cometido con el último dictamen, sobre el levantamiento de inmunidad de los parlamentarios. La Comisión de Constitución, rechazó la propuesta del Ejecutivo de que sea la Corte Suprema la encargada de levantar la inmunidad a los congresistas, disponiendo que el Congreso siga conservando esa prerrogativa. La única variante era que proponía plazos definidos para que el Congreso levantase la inmunidad una vez que el Poder Judicial hiciera el pedido respectivo. Además, se planteaba que el pedido se dé solo cuando exista sentencia firme.
Consultado el primer ministro Salvador del Solar sobre los dictámenes aprobados en la Comisión de Constitución, consideró que solo cinco respetaban el espíritu de las reformas planteadas por el Ejecutivo, y que el último, sobre la inmunidad parlamentaria, significaba un retroceso, pues no respetaba la cuestión de confianza, que había surgido precisamente cuando la Comisión de Constitución mandó al archivo ese mismo proyecto.
Sometidos los seis proyectos al pleno del Congreso, se aprobaron entre el 22 y el 25 de julio, incluyendo modificaciones que acentuaron más la distorsión de los proyectos originales del Ejecutivo, sobre todo en lo que tenía que ver con la democracia interna y la inmunidad parlamentaria.
Daniel Salaverry, elegido presidente del Congreso para la legislatura 2018-2019 con el apoyo de su entonces bancada de Fuerza Popular, protagonizó una serie de enfrentamientos con sus correligionarios, marcada por una serie de calificativos, intentos de censuras y acusaciones, que lo llevaron distanciarse de Fuerza Popular y acercarse al presidente Vizcarra, que lo vio como un aliado para frenar el predominio del fujimorismo en el Congreso. Ello le valió sufrir las represalias de sus excompañeros de bancada. Una investigación del programa televisivo Panorama denunció que Salaverry habría presentado reiteradamente datos falsos en sus informes de la semana de representación (una obligación que tienen los congresistas de visitar las provincias a las que representan, para escuchar las demandas de sus electores), que incluían fotos de otros eventos.
El expresidente Alejandro Toledo, se hallaba prófugo desde 2017, luego que la justicia peruana diera dos órdenes de prisión preventiva en su contra: la primera por el caso de la Interoceánica Sur, por haber recibido presuntamente una coima de US$ 20 millones de la empresa Odebrecht (luego se dijo que fueron US$ 35 millones); y la segunda por el caso Ecoteva, bajo la acusación de lavado de activos al descubrirse propiedades cuyo valor no correspondía con sus ingresos (una de ellas a nombre de su suegra). Ahora existe la presunción de que ambos casos se hallan conectados. Al testimonio reiterado del colaborador eficaz en el caso Odebrecht, Jorge Barata, se ha sumado el de Josef Maiman, empresario israelí que había oficiado de testaferro de Toledo. Se trata de uno de los casos más sólidos que tiene la fiscalía.
Ubicado Toledo en los Estados Unidos, se inició el trámite de extradición, por el caso Odebrecht. El 16 de julio de 2019 la justicia estadounidense ordenó su detención preliminar. El 19 de julio de 2019 se realizó la audiencia presidida por el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, para determinar su situación legal. Se esperaba que fuera liberado previo pago de una fianza, para que siguiera el proceso de extradición en libertad, pero el juez determinó que permaneciera en prisión al haber peligro de fuga. Uno de los argumentos a favor de esta decisión fue el haberse hallado en poder de Toledo un maletín con US$ 40 000, lo que hacía sospechar que se estaba preparando para salir del país. Se trata del primer paso en el proceso de extradición del exmandatario, cuyo veredicto final se calcula que pueda tardar de seis meses a un año.
El 13 de mayo de 2019, la justicia española aceptó el pedido de extradición de César Hinostroza por tres delitos: tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible, pero no por pertenecer a una organización criminal, ya que consideró que esto último no había sido debidamente sustentado. De otro lado, el tribunal rechazó el argumento de persecución política esgrimido por Hinostroza, ya que, a su ver, solo se trataba de una sospecha y no de un hecho comprobado. En septiembre del 2019, se confirmó la resolución que aceptaba su extradición al Perú por dichos delitos.
En una entrevista dada al programa televisivo Panorama (2 de junio de 2019), la fiscal del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Sandra Castro, aseveró que existía un testimonio de un «colaborador estrella» de la fiscalía, que probaría que dicha organización criminal involucraría a la mayoría de los congresistas de Fuerza Popular. Ello explicaría la persistencia de dicha bancada, sumada a la del Apra, en «blindar» al fiscal Chávarry y en exonerar de responsabilidad en organización criminal a los exconsejeros del CNM. Para la fiscal, resultaba inconcebible que una mayoría congresal rechazara el trabajo especializado de la fiscalía, bajo el argumento de que no habían «pruebas suficientes», máxime cuando solo se le estaba pidiendo al Congreso facilitar la labor de investigación, siendo el Poder Judicial la única instancia que determinará la culpabilidad o inocencia de los imputados.
Además el juez supremo Hugo Ñuñez, acepto la petición del Ministerio Público para abrirle proceso penal por encubrimiento real al exfiscal de la Nación por el Caso Odebrecht, tras haber removido ilegalmente por unas horas a los Fiscales Pérez y Vela del equipo especial. Según la fiscalía y el Poder Judicial, Chavarry intentaba sabotear el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht para favorecer los intereses de algunos partidos políticos del Parlamento.
El 27 de julio de 2019, el Congreso eligió a su nueva Mesa Directiva para el periodo 2019-2020. Ganó la lista encabezada por Pedro Olaechea, apoyada por Fuerza Popular, el Apra, Contigo y Cambio 21, que venció a la lista encabezada por Daniel Salaverry, que buscaba su reelección con el apoyo de los demás grupos políticos. El resultado fue 76 votos a favor de Olaechea, 47 a favor de Salaverry y 2 votos en blanco. Pedro Olaechea, economista y empresario de profesión, había sido elegido congresista por PPK, y fue también ministro del gobierno de Kuczynski. Pero luego se separó de su bancada e impulsó la creación de otra, denominada Concertación Parlamentaria, para luego iniciar otra con el nombre de Acción Republicana. Aunque se autodenominaba independiente, Olaechea, a lo largo de su trayectoria parlamentaria se caracterizó por votar siempre en la línea del fujimorismo. Le acompañaban en la Mesa Directiva: Karina Beteta (Fuerza Popular) en la primera vicepresidencia; Salvador Heresi (Contigo) en la segunda vicepresidencia; y Marvin Palma (Cambio 21) en la tercera vicepresidencia.
La legislatura de 2019 mostró una nueva recomposición de fuerzas en el Congreso. Fuerza Popular sumó nuevos partidos adherentes, contaba ahora con el apoyo de las bancadas que los acompañaban en la Mesa Directiva: Acción Republicana, Contigo y Cambio 21. Ya desde la elección de Olaechea como presidente del Congreso, habían logrado 76 votos de los 77 posibles que sumaban los miembros de estas cinco bancadas. Este bloque logró imponerse en votaciones, tanto en comisiones como en el pleno. El gobierno vio con preocupación este predominio.
En su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias del 28 de julio de 2019, luego del recuento de su labor en la presidencia, anunció que, en vista de que el Congreso había desnaturalizado el proyecto de reforma constitucional sobre la inmunidad parlamentaria, consideraba que no le habían dado la confianza, y por tanto, anunció la presentación de un nuevo proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales para el 2020, es decir, un año antes de 2021, año en que culmina su período. Una reforma constitucional de ese tipo, realizada por el Congreso, precisaba de dos legislaturas con votación mayoritaria de 87 votos en cada una, lo cual resultaba inviable por falta de tiempo; la propuesta del Ejecutivo era aprobarla a través de un referéndum, proyectado para fines del año en curso. La aprobación del referéndum requería solo de una votación con mayoría simple en el Congreso.
El anuncio de Vizcarra de su proyecto de adelanto de elecciones (Proyecto de Ley 4637) tomó de sorpresa a los parlamentarios y al público en general. Se había creado una gran expectativa sobre la respuesta que Vizcarra daría ante el rechazo que el Congreso había hecho de una de las propuestas medulares de la reforma política, el de la inmunidad parlamentaria; hubo quienes reclamaban al gobierno que considerara que se negaba la cuestión de confianza por segunda vez y que, de acuerdo a la Constitución, procediera a disolver el Congreso. Pero la propuesta de adelanto de elecciones era una salida que nadie había esperado.
Para algunos analistas, el anuncio del presidente era una buena salida política, pues la disolución del Congreso, bajo el argumento de la negación de la confianza, era un camino arriesgado, si se tiene en cuenta que existe una consulta ante el Tribunal Constitucional (promovida por la oposición) de que si la cuestión de confianza procede o no cuando se trata de una reforma constitucional (tipo de reforma que solo es potestad del Congreso, y sobre la cual el Ejecutivo no tiene derecho a observación). Pese a que en el momento de dar el anuncio, el presidente tenía en sus manos la carpeta donde se hallaba el título proyecto, la mesa directiva del Congreso advirtió que no llegó a recibir el documento. Finalmente, el ministro de Justicia Vicente Zeballos dio detalles del proyecto y anunció que se enviaría al Congreso el día miércoles 31 de julio, el primer día laborable luego del largo feriado. Negó también la posibilidad de que el presidente Vizcarra y la vicepresidenta Mercedes Aráoz vayan a renunciar, tal como algunos congresistas plantearon.
Hubo un cuestionamiento promovido por el aprista Jorge del Castillo, sobre si el Consejo de Ministros había aprobado el proyecto de adelanto de elecciones antes de que el presidente diera su mensaje a la Nación. La duda se disipó al mostrarse el acta de la sesión del gabinete ministerial del 24 de julio.
De acuerdo a las encuestas de opinión pública, la ciudadanía recibió positivamente el adelanto de las elecciones generales, bajo el lema de «Que se vayan todos». En el Congreso, los grupos de izquierda se mostraban a favor del proyecto. Las demás fuerzas políticas opositoras, encabezadas por Fuerza Popular, empezaron a coordinar la estrategia a seguir para hacer inviable la propuesta del gobierno, según se desprendía de las declaraciones que daban algunos de sus voceros.
Mercedes Aráoz dio a conocer que se enteró del proyecto del adelanto de elecciones durante el mensaje a la Nación del presidente y lamentó que no se le hubiera consultado o informado de una decisión tan trascendente en la que tenía directa injerencia por ser la segunda vicepresidenta. Aráoz mostró su disconformidad con el proyecto, pues consideraba que se debía cumplir el periodo por el cual fueron elegidos ambos y que en todo caso, el adelanto de elecciones debió ser resultado de un proceso de diálogo. Este episodio marcó un distanciamiento de Aráoz con Vizcarra.
El 15 de agosto de 2019, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca, renunciaron a la bancada de PpK en el Congreso. Los también exministros sostuvieron que el motivo de su salida era el quebrantamiento de la democracia al interior de la bancada. Este alejamiento se produjo poco antes de que se instalaran las comisiones de trabajo del Congreso. La bancada de PpK, al quedar con solo 4 miembros, estuvo a punto de disolverse por no contar con el número mínimo de 5 miembros, pero lo evitaron al incluir en sus filas a la congresista Yesenia Ponce, ex de Fuerza Popular y de Cambio 21. El premier Del Solar criticó la decisión de Aráoz, pues según su opinión, se daba en momentos en que la oposición andaba tramando desestabilizar al gobierno.
Algunos consideraban que, visto que el Congreso no tenía interés en viabilizar el adelanto de elecciones, sólo había dos caminos para resolver la crisis política: la vacancia o renuncia del presidente de la República; o la disolución del Congreso por negar una segunda cuestión de confianza.
Uno de los promotores de la vacancia presidencial fue el congresista aprista Mauricio Mulder, que sustentaba su argumento en los audios de las conversaciones de Vizcarra con las autoridades regionales y locales sobre el asunto de Tía María, en los que se escuchaba al presidente negociando una salida irregular del conflicto. Mulder afirmaba contar con el respaldo de las bases del partido aprista, aunque sus colegas parlamentarios se mantuvieron al margen de dicha posición.
Un grupo de constitucionalistas también consideraban anticonstitucional que el presidente Vizcarra quisiera adelantar las elecciones y sostenían que, en caso de que persistiera con esa decisión utilizando cuestión de confianza, podría ser pasible de ser acusado de infracción constitucional, motivo suficiente para ser vacado. Los fujimoristas eran partidarios de dicha posición. Sin embargo, es de señalar que otros constitucionalistas consideraban que el presidente si podía hacer cuestión de confianza sobre cualquier tema, y mencionaban como antecedente lo ocurrido bajo el mismo gobierno de Vizcarra, con las cuatro reformas constitucionales sometidas a referendum, y con dos de las reformas políticas de carácter constitucional (inmunidad parlamentaria y el impedimento para ejercer cargos públicos); en ambos casos el presidente solicitó cuestión de confianza y se le concedió. Por lo demás, la propuesta de Vizcarra era una salida política extraordinaria a una terrible crisis política que llevaba ya dos años, y escapaba a una discusión meramente de doctrina constitucional.
El 19 de agosto de 2019, el presidente del Congreso Pedro Olaechea pidió al presidente Vizcarra que se rectificara de sus expresiones reveladas en los audios grabados de Tía María, ya que, según su opinión, alentaban a la radicalización de las protestas y generaba más conflicto entre peruanos. De paso, exhortaba a los políticos y a la ciudadanía a defender la Constitución. «Presidente Vizcarra, le vuelvo a extender la mano de demócrata. Trabajemos en una agenda conjunta por el bien del Perú. No tenga miedo de gobernar. El Perú está primero», concluía Olaechea su alocución.
Olaechea ofreció también, vía twiter, dialogar con Vizcarra para llegar a una salida de la crisis política, sugiriendo la Iglesia de San Francisco como lugar de reunión. Luego, el 26 de agosto de 2019, volvió a dirigirse al mandatario, para plantearle una agenda de cuatro puntos a discutir: la generación de trabajo en grandes cantidades; la seguridad ciudadana; la reconstrucción del norte; y el adelanto de las elecciones.
La reunión entre Vizcarra y Olaechea se llevó a cabo el 3 de septiembre de 2019 en Palacio de Gobierno, y duró una hora y quince minutos. Ambos coincidieron en dar prioridad al proyecto para adelantar las elecciones generales, así como a los temas económicos.
El 15 de agosto de 2019, el presidente del Congreso Pedro Olaechea envió una carta a Gianni Buquicchio, titular de la Comisión Europea por la Democracia por el Derecho (más conocida como Comisión de Venecia), solicitando su opinión sobre el proyecto de adelanto de las elecciones generales, que de acuerdo a la tesis del fujimorismo y sus aliados, es anticonstitucional. En el fondo, se trataba de una queja del Congreso ante el supuesto avasallamiento que le pretendía imponer el Ejecutivo. Este pedido de opinión no fue bien recibido por el Ejecutivo. El ministro Vicente Zeballos consideró que era algo impertinente. Aunque la opinión de la Comisión de Venecia no tiene carácter vinculante. Entrevistado por la prensa, el presidente Gianni Buquicchio dijo que la Comisión de Venecia no se pronunciaría si el proyecto de adelanto de elecciones era constitucional o no, sino que solo daría una opinión que ayudase a los poderes del Estado peruano a evaluar opciones y hallar una solución.
El 24 de septiembre de 2019, los miembros de la Comisión de Venecia visitaron el Congreso, donde escucharon las distintas posiciones de las bancadas sobre el proyecto de adelanto de elecciones. Más tarde, fueron recibidos por la Comisión de Constitución, donde los congresistas fujimoristas digresaron sobre otros temas que no tenían nada que ver con el análisis jurídico del proyecto. La más llamativa fue Milagros Salazar, la vocera de Fuerza Popular, que proyectó la imagen de un meme viral en la que se comparaba a Martín Vizcarra con Hugo Chávez. Al día siguiente, los miembros de la Comisión de Venecia se reunieron en privado con el premier Salvador del Solar y el ministro de Justicia Vicente Zeballos en representación del gobierno. Se anunció que a mediados de octubre, la Comisión de Venecia daría su opinión.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presa desde el 30 de octubre de 2018, presentó un recurso de casación ante el Poder Judicial, para anular su prisión preventiva. El 9 de agosto de 2019 se realizó la audiencia en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. No se llegó a un acuerdo entre los cinco miembros de la Sala: dos de ellos declararon infundado el pedido, y otros tres se mostraron a favor en parte, pero solo en reducir el tiempo de la prisión preventiva de 36 a 18 meses (es de destacar que ninguno de ellos se mostró a favor de la libertad de Keiko). Como se necesitaban 4 votos concordantes para dar una sentencia sobre la casación, esta quedó pendiente, debiéndose recurrir a un juez dirimente.
Como jueza dirimente fue designada Susana Castañeda, que en su fallo del 12 de septiembre de 2019 decidió que Keiko Fujimori continuar en prisión preventiva, pero por 18 meses, rebajándose así los 36 meses que se le había impuesto. La jueza se sumó así a los tres magistrados que se habían pronunciado en la misma línea y decidió así la resolución. La hermana de Keiko, Sachi Fujimori, interpuso un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional, a favor de la libertad de su hermana.
El 3 de septiembre de 2019, la comisión de Constitución y Reglamento del Congreso anunció la conformación de un Consejo Consultivo de treinta personas, entre las cuales se encontraban los expresidentes del congreso Martha Chávez Cossío y Ántero Flores-Aráoz Esparza; los expresidentes del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, César Landa Arroyo y Ernesto Álvarez Miranda; constitucionalistas como Javier Valle Riestra González Olaechea, Raúl Ferrero Costa, Domingo García Belaúnde, Natale Amprimo Plá, Aníbal Quiroga León y Fernán Altuve-Febres Lores; los juristas Francisco Tudela van Breugel-Douglas y Javier de Belaunde López de Romaña, así como analistas políticos y abogados.
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