La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985. Fue un período durante el cual Uruguay fue regido por un gobierno militar no ceñido a la Constitución y surgido tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Dicho período estuvo marcado por la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos y medios de prensa y la persecución y encarcelamiento de opositores al régimen.
Hacia 1955 se inició en Uruguay una crisis económica que afectó también a las instituciones políticas. Durante la década de 1960 hubo un proceso de deterioro social y económico, con un noble aumento de la conflictividad, que incluyó la lucha armada a través de la guerra de guerrillas protagonizada por grupos de extrema izquierda, entre los cuales se destacaron el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y el OPR-33, siendo los dos grupos responsables de múltiples secuestros, torturas y asesinatos. Debido a las acciones guerrilleras, las condiciones de represión política y social durante la presidencia de Pacheco Areco (1967-1972) se agudizaron, y sus medidas de gobierno fueron enfrentadas por organizaciones como la Convención Nacional de Trabajadores. Por esa época aparecieron grupos de extrema derecha como el Escuadrón de la muerte y la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), cuyos objetivos eran los militantes sociales y políticos generalmente de izquierda, contra quienes realizaron atentados que en algunos casos terminaron en muertes. Finalmente, con el apoyo del entonces presidente constitucional, Juan María Bordaberry, las Fuerzas Armadas decidieron dar un golpe de Estado.
En 1972 las Fuerzas Conjuntas (organismo que abarcaba las Fuerzas Armadas y la policía) detuvieron a los dirigentes tupamaros Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Buszkaniec, José Mujica, Adolfo Wasem Alaniz, Julio Marenales, Henry Engler, Jorge Manera y Jorge Zabalza, por los delitos de sedición, secuestros, asesinatos y otros, permaneciendo recluidos desde ese momento hasta la finalización de la dictadura cívico-militar, es decir, hasta 1985. Los citados fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron torturas físicas y psicológicas (comprobadas posteriormente por organismos como la Cruz Roja Internacional). También en condiciones muy duras estuvieron recluidos los diputados Jaime Pérez, Wladimir Turiansky, Gerardo Cuesta y José Luis Massera.
Bordaberry, queriendo devolver a los militares a los cuarteles y someterlos nuevamente al poder civil, en febrero de 1973 nombró al general Antonio Francese como Ministro de Defensa Nacional. El Ejército y la Fuerza Aérea respondieron emitiendo los Comunicados 4 y 7, en los que «desconocían» la autoridad del nuevo ministro, argumentando que el mismo se proponía desarticular a las Fuerzas Armadas. A su vez, los militares daban la pauta de sus intenciones, no solo de «aportar seguridad para el desarrollo nacional», sino también de querer participar en la «reorganización moral y material del país».
El desconocimiento del Ministro y los planteamientos de participación en la vida política del país marcaron, de hecho, una insurrección de estas dos armas. La Armada Nacional, sin embargo, se mantuvo leal al gobierno. Este conflicto institucional provocó que Bordaberry aceptara determinadas condiciones de los militares en el Acuerdo de Boiso Lanza. Para algunos, el Acuerdo de Boiso Lanza fue un prólogo de la quiebra institucional que vendría. mientras que para otros fue, de hecho, el golpe de Estado. Una de las consecuencias del Acuerdo de Boiso Lanza fue la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).
Dentro del Frente Amplio hubo discrepancias sobre la reacción a estos hechos, con sectores que lo rechazaron mientras que otros (los mayoritarios), como el Partido Comunista (PCU) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), apoyaron inicialmente la sublevación del Ejército y la Fuerza Aérea. Este apoyo se realizó en el entendido de que los militares pretendían un golpe de Estado de izquierda o «peruanista», similar al impulsado por Juan Velasco Alvarado en Perú en 1968.
El 27 de junio de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió las Cámaras de Senadores y Representantes y creó un Consejo de Estado con funciones legislativas, de control administrativo y con encargo de «proyectar una reforma constitucional que reafirme los principios republicanos-democráticos». También restringió la libertad de pensamiento y facultó a las Fuerzas Armadas y Policiales a asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos.
En el decreto presidencial podían encontrarse las siguientes justificaciones del golpe de Estado:
Asimismo, establecía la censura de los distintos medios de comunicación:
En respuesta a estos hechos, en la misma madrugada en que se gestó el golpe de Estado, la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y la Universidad de la República comenzaron una huelga en resistencia al sublevamiento, la más larga en la historia del país, que duró quince días. Durante la huelga, los militares realizaron detenciones a numerosos opositores, entre ellos Líber Seregni.
En 1975 Juan María Bordaberry elaboró su nueva concepción de la vida institucional. Junto al secretario de la Presidencia, Álvaro Pacheco Seré, imaginó la creación de un órgano ejecutivo que no tuviera que ser electo por el voto popular, idea que plasmaron en un memorándum. Lo llamaron provisoriamente «Consejo de la Nación» y lo imaginaron integrado por personalidades tales como expresidentes de la República, miembros de la Suprema Corte de Justicia, figuras de gran relevancia nacional y además los mandos de las Fuerzas Armadas, que no podían ser dejadas de lado. Se planteaba prescindir de las elecciones por voto popular. Los futuros Consejos de la Nación se integrarían por cooptación, es decir, por elección de quienes componían el cuerpo anterior. Unos consejos elegirían a los otros hasta el fin de los tiempos.
El 1º de junio de 1976, luego del envío de varios memorándums, Juan María Bordaberry efectuó una extensa exposición ante las Fuerzas Armadas, posteriormente entregada a éstos en un trabajo de veintinueve carillas. En este condicionó su permanencia en el cargo a la aceptación de sus propuestas. Estas eran:
La propuesta desagradó a las Fuerzas Armadas cuyos integrantes, criados en las tradiciones republicanas, no habían pensado en sacar a los políticos de la escena pública y mucho menos eliminar el acto eleccionario. Los militares discutieron las bases de Juan María Bordaberry y las rechazaron.
El 11 de junio de 1976 se produjo en la residencia presidencial de la avenida Joaquín Suárez el último intento conciliatorio, aunque ya las decisiones estaban tomadas. La reunión fue muy áspera. Ni los generales aceptaron el planteo del presidente, ni este aceptó firmar varios cientos de proscripciones de hombres vinculados a la política.
El general Eduardo Zubía pidió la renuncia a Juan María Bordaberry, a lo que este se negó. Al día siguiente, la Junta de Oficiales Generales, bajo la firma del Comandante en Jefe del Ejército Julio César Vadora, envió una carta a Bordaberry advirtiéndole que le habían perdido la confianza y retirado el apoyo, dando cuenta del hecho a quien hacía las veces de Vicepresidente de Uruguay, el Dr. Alberto Demicheli.
El 12 de junio Alberto Demicheli asumió la Presidencia, pero militante desde siempre del Partido Colorado, por el cual había ocupado cargos de diputado, senador y ministro del Interior en el gobierno de Terra, se negó a firmar las proscripciones de los políticos que pedían los militares y el 1° de setiembre fue sustituido por el político blanco Aparicio Méndez, exministro de Salud Pública de 1961 a 1964, quien la asumió por un período de cinco años.
En sentido estricto, ni los militares destituyeron a Juan María Bordaberry ni este renunció. Tampoco lo hizo Alberto Demicheli al ser sustituido por Aparicio Méndez. Hasta el 1º de marzo de 1977, fecha en la que debía terminar el mandato constitucional de Juan María Bordaberry, de jure coexistieron tres Presidentes de la República.
El 30 de noviembre de 1980 la ciudadanía rechazó por medio de un plebiscito el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen de facto, dando comienzo a un lento proceso de apertura política.
El 1° de septiembre de 1981 asumió la presidencia el general Gregorio Álvarez, partidario del Partido Nacional.
En noviembre de 1982 se celebraron elecciones internas, pero con los principales líderes históricos blancos y colorados proscritos, al igual que toda la izquierda. De todos modos, los resultados de estos comicios fueron un claro rechazo al régimen dictatorial.
Otro acontecimiento memorable fue el acto del Obelisco el 27 de noviembre de 1983, en el cual el actor Alberto Candeau leyó una recordada proclama, «Por un Uruguay sin exclusiones».
Hubo muchos presos políticos en el Centro de Reclusión Militar Número uno, conocido popularmente como Penal de Libertad, por encontrarse cerca de dicha ciudad en el Departamento uruguayo de San José.
En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos. De acuerdo al informe final de la Comisión para la Paz hay 174 detenidos desaparecidos, los que se desglosan:
Según el lugar de desaparición, los uruguayos adultos desaparecidos se desglosan:
Por otra parte, una investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay entre 1973 y 1985 llevada a cabo por la Universidad de la República dio cuenta de 172 «detenidos - desaparecidos».
En 1984, tiene lugar el Pacto del Club Naval acordado en agosto de ese año entre Gregorio Álvarez, el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Los representantes del Partido Nacional se retiraron de las negociaciones por no compartir el planteo militar de realizar las elecciones con partidos y personas proscriptas (entre ellas, su entonces líder, Wilson Ferreira Aldunate).
En tanto, el descontento popular era rampante; los salarios pulverizados por una política salarial impopular terminaban de agotar la paciencia de la gente, que se exteriorizaba con caceroladas y manifestaciones callejeras.
Tras realizarse los comicios el 25 de noviembre del mismo año, sale triunfante el Partido Colorado. El 12 de febrero de 1985 Álvarez renunció su posición, dejando el mando en manos del Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, Rafael Addiego Bruno, quien asume como Presidente de la República según las normas de ese momento y finalmente el 1 de marzo de 1985 el gobierno retorna a los dirigentes electos legalmente por la población, con la asunción del Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, como Presidente. Este período de interinato se debió a un acuerdo político entre en Partido Colorado y las Fuerzas Armadas para que la banda presidencial no se transmitiera desde un presidente dictatorial Gregorio Álvarez al presidente electo democráticamente, Julio María Sanguinetti. Finalmente quien le puso la banda presidencial a Sanguinetti, fue su vicepresidente, Enrique Tarigo.
Al asumir el nuevo parlamento en febrero de 1985, se aprobó rápidamente (se promulgó el 8 de marzo con el número 15737) una ley de indulto a los presos políticos encarcelados en el Uruguay, entre los que había personas que habían cometido, de hecho o cohecho, crímenes de sangre. De esta forma todos los presos políticos fueron liberados.
Sin embargo, debe destacarse que la amnistía no fue directa para quienes estaban condenados por delitos de homicidio. En estos casos, se los excarceló provisionalmente y se dispuso la revisión de sus causas penales por los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, pertenecientes a la justicia común, (habían sido juzgados por tribunales militares dependientes del Poder Ejecutivo, en aplicación de la Ley 14068 de julio de 1972), a los efectos de dictar una nueva sentencia. Se estableció que debía computarse por tres cada día pasado en prisión, a los efectos de la nueva pena, en atención a las reconocidas condiciones inhumanas de prisión padecidas. Esto, sumado a los largos años de reclusión que todos ellos habían sufrido, determinó que en ningún caso se produjera la vuelta a prisión de quienes estaban en esta situación.
Otra problemática que se debió encarar fue la validez de las leyes aprobadas por el Consejo de Estado, organismo inconstitucional pero que existió durante toda la dictadura. Como se entendió que la mayoría de esas leyes habían creado múltiples relaciones jurídicas de gran complejidad, el novel Parlamento aprobó una [[ley de convalidación de los actos del gobierno de factores En diciembre de 1986, durante la presidencia de Julio María Sanguinetti, se dictó la ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado que consagra la impunidad de los delitos de violación de los derechos humanos y de terrorismo de estado durante la dictadura (1973-1985).
En los años siguientes se llevó a cabo una campaña de recolección de firmas para derogar esa Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado (popularmente conocida como «Ley de Caducidad»). El 16 de abril de 1989, luego de que más de un 25% de la ciudadanía uruguaya habilitara con su firma el plebiscito para derogar dicha ley, se llevó a cabo el referéndum, con un triunfo del llamado «voto amarillo» (por el color de la papeleta) con un margen de 57% contra 43% a favor del «voto verde»: el triunfo del «voto amarillo» significó no derogar la Ley de Caducidad.
Los gobiernos subsiguientes se resistieron a hacer nada en materia de juicios a violadores de derechos humanos. No obstante, el presidente Jorge Batlle instaló en el año 2000 la Comisión para la Paz, que inició finalmente muchas investigaciones largamente postergadas y logró encontrar desaparecidos. Paralelamente, en 2002 fue juzgado el excanciller Juan Carlos Blanco Estradé. Más adelante, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, fueron juzgados varios militares, así como el exdictador Bordaberry.
Un movimiento por la anulación de la Ley de Caducidad se puso en marcha durante la presidencia de Tabaré Vázquez. En octubre de 2009, coincidiendo con las elecciones presidenciales y parlamentarias, se sometió a plebiscito: por estrecho margen, nuevamente la vigencia de la Ley de Caducidad fue confirmada en las urnas.
En junio de 2013, en ocasión de cumplirse cuarenta años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, el Parlamento realizó un acto; en dicha ocasión, el senador Ope Pasquet planteó una autocrítica del Partido Colorado respecto de aquella época.
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