Martín Vizcarra Cornejo cumple los años el 22 de marzo.
Martín Vizcarra Cornejo nació el día 22 de marzo de 1963.
La edad actual es 61 años. Martín Vizcarra Cornejo cumplió 61 años el 22 de marzo de este año.
Martín Vizcarra Cornejo es del signo de Aries.
Martín Vizcarra Cornejo nació en Lima.
Martín Alberto Vizcarra Cornejo (Lima, 22 de marzo de 1963) es un ingeniero civil y político peruano. Fue presidente de la República del Perú tras aceptarse la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski de cuyo gobierno había sido primer vicepresidente. Asumió su mandato en la sede del Congreso de la República en Lima el 23 de marzo de 2018, finalizándolo la noche del 9 de noviembre del 2020, cuando el Parlamento declaró su permanente incapacidad moral.
Tras su toma de mando, Vizcarra se reunió con la líder de la oposición Keiko Fujimori en dos oportunidades. Sin embargo, la relación con el Congreso siguió en crisis debido a que el partido mayoritario Fuerza Popular y el gobierno no lograban cohabitar, situación que inició desde 2016 debido a que si bien Fuerza Popular logró la mayoría en el Congreso, su candidata presidencial, Keiko Fujimori, no obtuvo la victoria. Desde el inicio de su mandato, Vizcarra expresó su apoyo al Equipo Especial del Ministerio Público encargado de la investigación de hechos de corrupción alrededor del Caso Lava Jato, el cual involucraría a distintos partidos políticos que habrían recibido aportes millonarios de constructoras brasileñas a cambio de un posterior favorecimiento en la concesión de diversas obras.
El 30 de septiembre de 2019, disolvió el Congreso de la República, en medio de una crisis e incertidumbre política que vivía la nación desde 2017, bajo la interpretación de que el Congreso negó de facto una cuestión de confianza que fue planteada respecto a la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para realizar cambios en el mecanismo de selección de candidatos a magistrados. La disolución fue el punto culminante de una serie de enfrentamientos con una mayoría opositora que reclamaba defender los fueros parlamentarios. La medida fue cuestionada por algunos sectores políticos y por constitucionalistas, quienes la calificaron como un golpe de estado. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Constitucional declaró la disolución como un acto válido. La medida fue respaldada por el 84 % de la población según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
En septiembre de 2020, el Congreso peruano inició un proceso para declarar la permanente incapacidad moral de Vizcarra por «haber faltado a la verdad y obstruido las investigaciones en sede congresal y penal», tras revelarse grabaciones que implicarían a Vizcarra y su entorno en coordinaciones sobre las investigaciones del Ministerio Público y del Congreso de la República. La declaración de "incapacidad moral" no obtuvo los votos requeridos el día 18 de septiembre.
En octubre de 2020, parlamentarios de la bancada Unión por el Perú (UPP) y de otros partidos presentaron una segunda moción para declarar la permanente incapacidad moral de Vizcarra, tras haberse revelado en diversos diarios que cinco aspirantes a colaboradores eficaces habían relatado ante la Fiscalía sobre presuntos pagos ilícitos por parte de empresas constructoras a Vizcarra cuando se desempeñaba como gobernador de Moquegua. El 9 de noviembre, Vizcarra asistió al Parlamento a ejercer su defensa (según lo establecido por el Reglamento del Congreso) y, luego del debate, el Congreso declaró la vacancia por incapacidad moral.
Para las elecciones generales de 2021 fue invitado a la lista al congreso de Somos Perú.
En febrero del 2021, estalló el escándalo conocido como Vacunagate siendo Vizcarra uno de los involucrados. En las elecciones generales de 2021 postuló al Congreso por el partido Somos Perú; sin embargo, debido al juicio político seguido en su contra, se encuentra inhabilitado para ejercer la función pública por 10 años, decisión que ha sido cuestionada por su defensa legal por supuestas vulneraciones al debido proceso.
Es hijo de los moqueguanos César Vizcarra Vargas, y de Doris Cornejo, profesora de educación primaria. Su padre fue alcalde de Moquegua y miembro de la Asamblea Constituyente de 1978. El matrimonio tuvo que trasladarse a Lima para el nacimiento de Martín, quien nació con una complicación pulmonar que lo puso al borde de la muerte. Fue bautizado con dicho nombre en honor a San Martín de Porres.
Cursó sus estudios escolares en el colegio Juan XXIII y en la Gran Unidad Escolar Simón Bolívar de Moquegua. Sus estudios superiores los cursó en la Universidad Nacional de Ingeniería (1979-1984), graduándose de ingeniero civil. Tiene además un diplomado en Administración Gerencial de las Escuela de Administración de Negocios ESAN (2009).
Desde sus inicios, ejerció cargos relacionados con su capacidad técnica e ingenieril como Director Ejecutivo del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (1978-1991).
En el sector privado, conformó dos empresas familiares como accionista, C&M Vizcarra S.A.C. (1990-2018) y Agrotécnica Estuquiña S.A.C. (1998- ), siendo gerente de operaciones en C&M (1990-2015), asimismo, fue asesor de diversas organizaciones.
Posteriormente, fue Decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua (2008-2009), así como miembro del directorio de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur - EGESUR (2007-2010), Director de la Sociedad de Industrias - Moquegua y miembro de la Comisión Consultiva del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC Moquegua (2010).
Además, ejerció como Presidente del Directorio del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (2011-2014) y Director de SuSalud (2014).
En las elecciones regionales de 2006 postuló a la presidencia del Gobierno Regional de Moquegua por el Partido Aprista Peruano, debido a la afinidad paterna. Sin embargo, quedó en segundo lugar, desvinculándose de dicho partido político a fin de priorizar su visión técnica.
En 2008, lideró la protesta de Moquegua conocida como el moqueguazo. El motivo de la protesta fue que el canon que daba la empresa minera Southern Perú era menor para Moquegua en comparación al monto dirigido a Tacna. Los pobladores tomaron la carretera Panamericana Sur. El moqueguazo paralizó la región durante diez días. Vizcarra viajó a Lima y explicó la situación ante la Presidencia del Consejo de Ministros, que le dio la razón. También expuso ante la Comisión de Economía del Congreso logrando modificar la ley.
En las elecciones regionales de 2010 fue elegido como presidente de la Región Moquegua para el periodo 2011-2014, por el movimiento regional Gobierno Regional por Ti. Su gestión en el gobierno regional se caracterizó por priorizar el campo educativo. Logró que, por tres años consecutivos, los colegios de la región se ubicaran en el primer lugar de la Evaluación Censal de Estudiantes realizada por el Ministerio de Educación del Perú. Por ello, en 2015 recibió las Palmas Magisteriales en el Grado de Amauta.Por otro lado, negoció con las mineras Quellaveco y Southern logrando el otorgamiento de 1000 millones de soles y 108 millones respectivamente como contribuciones o regalías, y consiguió también que el gobierno de Ollanta Humala le concediera recursos por más de 720 millones de soles para la realización de obras públicas.
En las elecciones generales de 2016, postuló a la primera vicepresidencia de la República integrando la plancha presidencial de Peruanos por el Kambio (PPK) liderada por Pedro Pablo Kuczynski (la candidata a la segunda vicepresidencia era la exministra de Economía Mercedes Aráoz). El 11 de febrero de 2016 fue nombrado jefe de la campaña electoral, en reemplazo de Gilbert Violeta. La candidatura de PPK se hallaba en cuarto lugar y con 7% de intención de votos. Realizada las elecciones del 10 de abril de 2016, PPK pasó a la segunda vuelta, al quedar en segundo lugar con el 21 % de votos, detrás de Keiko Fujimori con Fuerza Popular, que obtuvo el 39 %. En el transcurso de la campaña por la segunda vuelta, se hizo evidente las pugnas internas de su partido, cuando Salvador Heresi, el secretario general, se quejó, vía Twitter, de haber sido maltratado por Vizcarra, cuando este le negó como parte del equipo de voceros políticos del partido.
En el contexto de esa misma campaña electoral, el partido rival, Fuerza Popular, dio a conocer que Vizcarra tenía 34 denuncias por corrupción ante la fiscalía de Moquegua. Luego se supo que era una denuncia archivada por el ministerio público el año anterior en lo concerniente a su gestión en el gobierno regional. En respuesta, Vizcarra dijo que ninguna se hallaba judicializada y responsabilizó al gobernador regional de Moquegua, Jaime Rodríguez Villanueva, de ser el promotor de esas denuncias. La procuraduría de Moquegua confirmó la existencia de las denuncias contra Vizcarra pero señaló que solo una de ellas se halla judicializada.
Los resultados de la segunda vuelta electoral concedieron el triunfo a PPK con el 50.12% de los votos, frente a los 49.88% de su contendora. El 30 de junio de 2016, Vizcarra recibió sus credenciales como primer vicepresidente de la República, de parte del Jurado Nacional de Elecciones.
El 15 de julio de 2016, el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski confirmó su inclusión en el Consejo de Ministros, de su gobierno próximo a instalarse, como Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. El 28 de julio de 2016, durante la toma de mando, juró su cargo en una ceremonia realizada en el patio de honor del Palacio de Gobierno, al aire libre y a la vista del público.
Durante la situación de emergencia nacional suscitada por el fenómeno del Niño costero, Vizcarra se convirtió en la cabeza visible del gobierno en la ayuda de las poblaciones afectadas, aunque su labor tuvo muchas críticas. Llegó incluso a ser voceado como el probable zar o principal autoridad de la Reconstrucción, pero finalmente se le dio ese puesto a Pablo de la Flor.
En 2017, el gobierno decidió llevar adelante el megaproyecto de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, firmando una adenda con modificaciones al contrato con el consorcio constructor Kuntur Wasi. Esta era una obra anhelada por el pueblo cusqueño desde los años 90, que amenazaba con levantarse si se paralizaba la misma.
El presidente Kuczynski y Vizcarra defendieron la adenda, al manifestar que era la mejor opción para el Estado y los ciudadanos. Se adujo que el Estado se ahorraba 590 millones de dólares, que era el monto de la deuda que se tenía con la empresa, problema surgido al no estar muy claras las bases de la licitación hecha en el gobierno anterior, aunque en compensación se extendía la concesión por 40 años. Sin embargo, desde el Congreso, surgió la oposición vehemente a dicha adenda. Se cuestionó por ser lesiva a los intereses del Estado y que favorecía solo a la empresa privada. Una foto publicada en el diario Correo, que data de junio de 2016, mostraba a Vizcarra en una reunión de agradecimiento del partido Peruanos Por el Kambio para los aportantes a su campaña, donde aparece Carlos Vargas Loret de Mola, presidente del consorcio Kuntur Wasi. El congresista Víctor Andrés García Belaunde afirmó que ese sería el nexo que explicaría el supuesto favorecimiento del gobierno hacia el consorcio, por lo que exigió la renuncia de Vizcarra al ministerio; al igual que la mayoría parlamentaria fujimorista. Abrumado por las críticas, Vizcarra señaló que el Estado no haría ningún desembolso de dinero a Kuntur Wasi hasta esperar el informe final de la Contraloría de la República.
Por el asunto de la adenda al Contrato Chinchero, el 1 de marzo de 2017 las bancadas de Acción Popular, Fuerza Popular, Frente Amplio y el Apra presentaron un pliego interpelatorio contra Vizcarra. Mientras tanto, la Procuraduría Anticorrupción presentó ante el Ministerio Público una denuncia para que se le investigara por el delito de colusión, referido a este caso.
Sin embargo, a raíz del embate del Niño costero, en la que algunos parlamentarios se trasladaron a las zonas afectadas para atender a los damnificados, el Congreso decidió suspender «hasta nuevo aviso» la interpelación a Vizcarra, que estaba programada para el 23 de marzo y que constaba de 83 preguntas. Amenguado el fenómeno del Niño, el 5 de mayo de 2017, un grupo de 35 congresistas presentaron una nueva moción para interpelar al ministro sobre la controvertida adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero. El 11 de mayo la moción fue aprobada con 71 votos, con 15 votos en contra de la bancada oficialista y 8 abstenciones de la de Alianza para el Progreso.
Se programó la interpelación para el 18 de mayo, en la que el ministro respondió un pliego de 83 preguntas por más de tres horas. El debate congresal se extendió hasta las 10 de la noche y se acordó esperar el informe de la Contraloría respecto a la adenda antes de proceder a la votación de censura. No obstante, antes de que ocurriera ello, Vizcarra presentó su renuncia al cargo de ministro, tras anunciar que iba a dejar sin efecto el contrato y la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en vista de no haber tenido aceptación en el Congreso ni de la Contraloría.
Poco después de anunciarse la renuncia, el contralor general Édgar Alarcón presentó su informe sobre el contrato de Chinchero, donde recomendaba iniciar acciones legales contra diez funcionarios (seis del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; dos del Ministerio de Economía y Finanzas; y dos de Ositran) por presuntas irregularidades en la adenda a favor de la empresa Kuntur Wasi. En febrero de 2018, el Ministerio Público resolvió no iniciar una investigación preliminar contra Martín Vizcarra por la aprobación de la adenda del contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero, al considerar que no había elementos de prueba suficientes para ello.
El 28 de septiembre de 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski lo nombró embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Canadá. Ello dentro de la cuota de embajadores políticos nombrados por el Presidente de la República. El 23 de octubre presentó sus cartas credenciales ante la gobernadora general Julie Payette en Ottawa. Ante los cuestionamientos de que fuera pertinente que asumiera un cargo de ese tipo siendo primer vicepresidente de la República, se adujo que no había incompatibilidad y se mencionó como antecedentes los casos de los primeros vicepresidentes Edgardo Seoane Corrales y Fernando Schwalb López-Aldana, que fueron embajadores en México y Estados Unidos respectivamente.
Durante su estancia en Canadá ocurrió la crisis por la vacancia presidencial de Kuczynski. Retornó al Perú el 20 de diciembre de 2017, a solo un día del debate por el primer intento de vacancia presidencial en el Congreso. Pero, al superar PPK ese primer intento de vacancia, Vizcarra regresó a Canadá para continuar en el puesto de embajador.
En marzo de 2018, al iniciarse el segundo proceso de vacancia presidencial, Vizcarra no se pronunció si renunciaría o no a su cargo de primer vicepresidente si la destitución tenía lugar, lo que hizo correr el rumor de que se había reunido con representantes de partidos de oposición y Keiko Fujimori para coordinar su ascenso al poder. Pero Vizcarra lo negó, y al producirse la renuncia de Kuczynski, el 21 de marzo de 2018, se anunció su retorno para la madrugada del viernes 23.
Vizcarra se dirigió al Palacio de Torre Tagle, en donde la canciller Cayetana Aljovín le otorgó la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Collar y la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en el grado de Gran Cruz Especial por su labor como Embajador del Perú en Canadá. El vicepresidente esperó en la sede de la cancillería a la comisión de anuncio del congreso, la cual le invitó a prestar juramento en la sesión solemne del Legislativo. En su discurso frente al Congreso, definió las líneas políticas de su gobierno: el enfoque en la educación, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción.
El nuevo gobierno heredó el gabinete ministerial del finalizado gobierno de Kuczynski, que encabezaba la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Vizcarra anunció la renovación total del Consejo de Ministros. El 27 de marzo, Edmer Trujillo Mori juramentó como Ministro de Transportes y Comunicaciones, debido a que el titular en funciones (Bruno Giuffra) se encontraba cuestionado por supuestamente ofrecer obras a congresistas a cambio de que votaran en contra de la vacancia de Kuczynski. El 6 de abril, fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en una ceremonia que tuvo lugar en la sede del Cuartel General del Ejército del Perú (San Borja).
El 2 de abril de 2018 juramentó el primer gabinete ministerial de Vizcarra, presidido por César Villanueva, congresista de Alianza para el Progreso y exministro de Humala, que fuera el promotor del segundo pedido de vacancia contra Kuczynski. Ello motivo algunas críticas, de quienes vieron que de esa manera Vizcarra recompensaba políticamente a Villanueva y de paso buscaba el apoyo de la mayoría fujimorista del Congreso. La misma bancada de PpK tuvo constantes roces con el presidente, pese a ser la bancada oficialista.
No obstante, un mes después, el flamante gabinete ministerial obtuvo el voto de confianza del Congreso. Pero antes, el gabinete sufrió su primera baja: Daniel Córdova Cayo dejó la cartera de Producción, después de ofrecer la salida de un viceministro a cambio del cese de una huelga del sector pesquero. Fue reemplazado por Raúl Pérez-Reyes.
El 4 de junio de 2018, el ministro de Economía David Tuesta Cárdenas se vio obligado a renunciar, ante la tensión ocasionada por el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a combustibles gasóleos y el posterior descarte del Impuesto a la Renta (IR). Fue reemplazado por Carlos Oliva.
El 13 de julio de 2018 renunció el ministro de Justicia Salvador Heresi, al ser mencionado en uno de los audios del escándalo CNM Audios. Le reemplazó el congresista Vicente Zeballos.
El 17 de octubre de 2018 renunció el ministro del Interior Mauro Medina, a consecuencia de la huida a España del juez César Hinostroza, sindicado como cabecilla de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, que tenía impedimento de salida del país. Fue reemplazado por el general PNP (r) Carlos Morán Soto.
El 30 de noviembre de 2018 renunció la ministra de Cultura Patricia Balbuena, a raíz de una denuncia de actos de corrupción ocurridos en su sector, que involucraba a uno de sus allegados.
El 8 de diciembre de 2018 se anunció la renuncia del ministro de Trabajo Christian Sánchez Reyes, al parecer, debido a su discrepancia con la reforma laboral planteada por el Ejecutivo.
El 18 de diciembre de 2018 se dieron tres cambios ministeriales: Sylvia Cáceres juró como ministra de Trabajo; Rogers Valencia, hasta entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pasó a ser del Ministerio de Cultura; y Édgar Vásquez Vela, hasta entonces viceministro de Comercio Exterior, pasó a encabezar el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
El 3 de enero de 2019, la ministra de Salud Silvia Pessah presentó su carta de renuncia, aduciendo motivos personales. En su reemplazo juró como nueva ministra de Salud Zulema Tomás Gonzáles, de profesión médico anestesióloga cardiovascular.
El 6 de marzo de 2019, el premier César Villanueva presentó su carta de renuncia. Al ser interrogado sobre la razón de su renuncia, Villanueva dijo que simplemente había ya cumplido un ciclo, luego de casi un año de ocupar el cargo.
El 11 de marzo de 2019 se realizó la juramentación del segundo gabinete ministerial. Como presidente del mismo apareció Salvador del Solar Labarthe, el abogado y actor que había sido ministro de Cultura en el gobierno de Kuczynski. Diez ministros del gabinete anterior permanecieron en su cargo; Fabiola Muñoz dejó Ambiente y pasó a Agricultura (convirtiéndose así en la primera mujer que ocupa dicha cartera); y juraron 7 nuevos ministros: Flor Pablo Medina (Educación), Rocío Barrios (Producción), Carlos Bruce (Vivienda, Construcción y Saneamiento), Gloria Montenegro Figueroa (Mujer y Poblaciones Vulnerables), Lucía Ruiz Ostoic (Ambiente), Ulla Holmquist (Cultura) y Paola Bustamante (Desarrollo e Inclusión Social).
Hecho destacado es que, por segunda vez en la historia republicana, se conformara un gabinete paritario, es decir, de igual número de hombres y de mujeres (9 hombres y 9 mujeres, sin contar al primer ministro); la primera vez había ocurrido en el 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala (gabinete Jiménez).
El 14 de abril de 2019, Del Solar anunció las renuncias de los ministros Carlos Bruce (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Edmer Trujillo (Transporte y Comunicaciones). Fueron reemplazados por Miguel Estrada Mendoza y María Jara Risco, respectivamente, que juraron el 26 de abril de 2019. Con el nombramiento de María Jara, fue la primera vez que un gabinete ministerial en el Perú tuvo más ministras que ministros (10 contra 8).
El 30 de septiembre de 2019 se produjo la juramentación del hasta entonces ministro de Justicia Vicente Zeballos como Presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo de Salvador del Solar, que renunció tras la negativa de facto de la cuestión de confianza que había presentado ante el Congreso con motivo de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.
El 1 de diciembre, Vizcarra, a través de una resolución suprema, destituyó al periodista Hugo Coya como presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión. La resolución fue refrendada por el ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, quien aseguró que la salida de Coya fue consensuada. Sin embargo, el periodista afirmó que lo ocurrido constituyó un cese intempestivo y que el ministro Petrozzi le comunicó, en varias oportunidades, que existía un malestar en el gobierno por la cobertura que brindaba el canal del Estado a los políticos de oposición. El Instituto de Prensa y Sociedad calificó el acto de Vizcarra como un desacuerdo del Gobierno con la pluralidad informativa. A los pocos días, Petrozzi renunció al cargo de Ministro de Cultura y se nombró como ministra a Sonia Guillén.
El 5 de mayo de 2020, en medio de la Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en Perú, el Gobierno publicó el Decreto Legislativo 1476 que establece medidas para la transparencia, el derecho a la información y la protección de los/as usuarios/as de los servicios educativos brindados por instituciones educativas privadas de educación. En el decreto se dispone que, a solicitud de los usuarios, los colegios deben brindar información sobre 1) los costos fijos y variables en que se incurren en virtud del servicio educativo no presencial y 2) Uno de los documentos correspondientes a los Estados Financieros (balance general, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, o el estado de ganancias y pérdidas, con preferencia en este último). La medida ha sido criticada por constitucionalistas, pues argumentan que va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece las personas jurídicas tienen derecho al Secreto Bancario y a la Reserva Tributaria (4972-2006-PA/TC) y estos solo pueden ser objeto de intervención a pedido de un Juez, del Fiscal de la Nación o de una Comisión Investigadora del Congreso (según artículo 2 inciso 5 de la Constitución Política). La Corte Constitucional ha establecido específicamente que el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Balance General, el Estado de flujos de efectivo y el Estado de cambios en el patrimonio neto están protegidos por el Secreto Bancario y la Reserva Tributaria (Sentencia 2838-2009-HD). No obstante, el Decreto Legislativo permite que los usuarios de los servicios educativos soliciten dichos Estados Financieros a los colegios, lo que vulneraría la Constitución Política del Estado en lo referido al derecho a la intimidad de las personas jurídicas (específicamente Secreto Bancario y Reserva Tributaria).
El 15 de julio de 2020, Pedro Cateriano juró como Presidente del Consejo de Ministros del Perú.
El 6 de agosto de 2020, el gabinete no obtuvo la confianza del Congreso.
Los congresistas de Fuerza Popular, que dominaban el parlamento en mayoría de escaños, al igual que el resto de parlamentarios, aplaudieron a Vizcarra durante su juramentación como presidente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran los enfrentamientos entre ambos poderes, que a la postre conducirían a la disolución del Congreso.
Fuerza Popular, desde un inicio, tuvo al APRA como un aliado en el Congreso. El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén admitió que, si bien nunca se formalizó una alianza política entre ambas fuerzas, existía una «alianza estratégica» dentro del Congreso, lo que explicaba que los dos hubieran compartido la Mesa Directiva en dos legislaturas seguidas, y que coincidieran en las votaciones del pleno y de las comisiones. Ello dio origen al término de fujiaprismo o aprofujimorismo, que algunos sectores políticos utilizan.
Si bien al principio Vizcarra evitó confrontaciones con el Congreso, la reforma judicial que impulsó a partir de julio de 2018, y la reforma política que puso en marcha en abril de 2019, marcaron un punto de quiebre en su relación con el Congreso.
El Ejecutivo se fortaleció frente a la población debido a sus enfrentamientos en contra del Congreso al cual acusó de "obstruccionista". En contraparte, el Congreso pareció que empezaba a perder fuerza, cuando Keiko Fujimori y otros dirigentes de su partido fueron puestos en prisión preventiva al estar presuntamente implicados en el caso Odebrecht por haber recibido dinero ilícito para sus campañas electorales del 2011 y 2016. Fuerza Popular sufrió una crisis interna y varios miembros de su bancada en el Congreso renunciaron a la misma, de tal modo que de los 73 miembros que tuvo en un principio, dicha cifra se redujo a 55. Otro golpe para el fujimorismo fue la anulación del indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, el 4 de octubre de 2018.
Asimismo, se formaron nuevas bancadas en el Congreso, que de cinco pasaron a doce, por lo que inicialmente se avizoraba que Fuerza Popular perdería el control del Congreso, al producirse una nueva correlación de las fuerzas políticas. Pero ello no ocurrió, pues al iniciarse la legislatura de 2019, lograron el apoyo de las bancadas de Acción Republicana, Contigo y Cambio 21, con quienes compartían la Mesa Directiva.
En su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias del 28 de julio de 2019, luego del recuento de su labor en la presidencia, anunció que en vista que el Congreso había desnaturalizado el proyecto de reforma constitucional sobre la inmunidad parlamentaria, consideraba que no le habían dado la confianza, y por tanto, anunció la presentación de un nuevo proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales para 2020, es decir, un año antes del 2021, año en que culmina su período. Esto se podría autorizar a través de un referéndum para no requerir de dos legislaturas lo cual podría prevenir un retraso de tiempo; sin embargo, esta reforma si necesita de una votación dentro de una primera legislatura que solo necesita de la mayoría simple para ser aprobada en el Congreso e ir por el camino del referéndum. Este anuncio tomó de sorpresa a la ciudadanía y a los congresistas, que no se esperaban un anuncio de esta envergadura durante el mensaje presidencial.
El Ejecutivo entregó el proyecto al Congreso el 31 de julio de 2019, tras el largo feriado de Fiestas Patrias. Una consecuencia fue el distanciamiento de Mercedes Aráoz con el presidente Vizcarra, pues adujo que no había sido consultada o informada de una decisión tan importante en la que tenía directa injerencia por ser la segunda vicepresidenta. Aráoz mostró su disconformidad con el proyecto, pues consideraba que se debía cumplir el periodo por el cual había sido elegida junto con Vizcarra. El 15 de agosto de 2019, junto con Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca, Araoz renunció a la bancada de PpK en el Congreso, al considerar que se había quebrado la democracia interna. La bancada de PpK, al quedarse solo con 4 miembros, estuvo a punto de disolverse por no contar con el número mínimo de 5 miembros, pero lo evitaron al incluir en sus filas a la congresista Yesenia Ponce, ex de Fuerza Popular y de Cambio 21. El premier Del Solar criticó la decisión de Aráoz, pues según su opinión, se daba en momentos en que la oposición andaba tramando desestabilizar al gobierno.
La Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra, y que era la primera instancia que debía discutir el proyecto de adelanto de elecciones, dio largas al asunto, agravando más la crisis política. Los fujimoristas consideraron que solo había dos caminos para resolver la crisis política: la vacancia o la renuncia del presidente de la República. El otro camino, el cierre del Congreso por negar una segunda cuestión de confianza, fue desaprovechado entonces por el gobierno, tal vez porque esperaba negociar con la oposición otra salida menos traumática. El premier Del Solar, según se supo después, entabló diálogos discretos con los experimentados congresistas Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), Luis Iberico Núñez (APP), (Luis Galarreta (Fuerza Popular), Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén (Apra), convencido de poder llegar a un entendimiento, pero sin ningún resultado.
El mismo presidente del Congreso Pedro Olaechea declaró estar dispuesto al diálogo con el presidente Vizcarra y planteó un agenda personal, en el que, además del adelanto de elecciones, consideraba prioritarios temas como la generación de empleo, la seguridad ciudadana y la reconstrucción del norte (pese a que estos último no eran de competencia directa del Congreso). La reunión entre ambos se llevó a cabo el 3 de septiembre de 2019 en Palacio de Gobierno.
Ese mismo 3 de septiembre, transcurrido más de un mes del anuncio de Fiestas Patrias de Vizcarra, la Comisión de Constitución anunció la ratificación de su Consejo Consultivo de treinta personas para analizar el proyecto. El 4 de septiembre, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos asistieron a la Comisión para sustentar el proyecto de adelanto de elecciones. También fueron citados los titulares de entidades como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registrado Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como constitucionalistas y economistas. Las opiniones se mostraron divididas: para unos era constitucional el adelanto de elecciones; para otros era anticonstitucional y antidemocrático.
También Olaechea solicitó la opinión de la Comisión de Venecia sobre el proyecto del adelanto de elecciones, aunque ella no tendría carácter vinculante. El 24 de septiembre, los miembros de la Comisión de Venecia visitaron el Congreso, donde escucharon las distintas posiciones de las bancadas sobre el proyecto de adelanto de elecciones; luego se reunieron con los representantes del gobierno.
El 25 de septiembre de 2019, la Comisión de Constitución presidida por Rosa Bartra dio un predictamen que aconsejaba archivar el proyecto de adelanto de elecciones, pues consideraba que era «per se anticonstitucional». Al día siguiente, el predictamen se debatió durante dos horas en el seno de la Comisión, y finalmente, fue aprobado con 13 votos a favor y uno en contra. Los votos a favor fueron del bloque fujimorista (8 en total), así como de sus las bancadas del Apra, Acción Republicana, Contigo, Cambio 21 y Alianza para el Progreso (1 voto cada uno). El único que votó en contra fue Yonhy Lescano, de Acción Popular. Los representantes de las otras bancadas (Frente Amplio, Nuevo Perú, PpK, Unidos por la República y Bancada Liberal) no participaron pues se retiraron como protesta, al no lograr que el proyecto fuera debatido en el pleno.
El gobierno y las bancadas contrarias al fujimorismo cuestionaron severamente este archivamiento, que se daba incluso antes de tener la opinión de la Comisión de Venecia, que había sido solicitada por el mismo presidente del Congreso; según su opinión, quedaba claro que desde el primer momento el fujimorismo y sus aliados habían tomado una decisión y que todo alarde de buscar un diálogo había sido solo una maniobra dilatoria.
Coincidiendo con la discusión por el proyecto de adelanto de elecciones y de la solicitud de habeas corpus a favor de Keiko Fujimori ante el Tribunal Constitucional, el 11 de septiembre de 2019, el fujimorismo y sus aliados del Congreso apresuraron el proceso de selección de los magistrados de dicho tribunal, que estaba pendiente desde noviembre del año anterior. Aunque solo se estaba cumpliendo con la ley establecida, ya que el periodo de los magistrados estaba vencido, se destacó la inusual celeridad con la que se seleccionaron a los once candidatos a dicho Tribunal, varios de los cuales fueron cuestionados por sus nexos con partidos políticos o con las investigaciones realizadas por la fiscalía. Se programó, para el 30 de septiembre, la reunión del pleno del Congreso para la elección de los magistrados.
El viernes 27 de septiembre de 2019, el presidente Vizcarra dio un mensaje a la Nación en el que anunció que su Gabinete presentaría ante el Congreso una cuestión de confianza orientada a suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y modificar el mecanismo para dicha elección, a fin de garantizar su transparencia. Dijo que ante el evidente reparto de cargos (cuotas políticas) que estaban haciendo el fujimorismo y sus aliados para dicho tribunal con sus allegados, era necesario frenar ese intento. Sobre el archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones, Vizcarra no dijo nada, aunque luego el premier Del Solar aseguró que se seguiría insistiendo en ese tema.
En la mañana del 30 de septiembre, se reunió la Junta de Portavoces del Congreso de la República, y acordó que, en la sesión del pleno programada para ese día, se realizara primero la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Asimismo, determinó que recién al término de dicho proceso se recibiría al primer ministro Salvador del Solar y a los integrantes de su Gabinete para que sustenten la cuestión de confianza.
Ese mismo día, el premier Salvador del Solar llegó al Congreso y tras un intento de impedirle su ingreso al hemiciclo, fue recibido por Pedro Olaechea, que le permitió, por cortesía, hablar en el pleno. Del Solar presentó la cuestión de confianza y luego se retiró.
Pese a que en el pedido de cuestión de confianza, se planteaba, además de un nuevo mecanismo para la elección de los magistrados, que se suspendiera el proceso de elección iniciado hace más de una semana, la mayoría del Congreso decidió llevarla adelante. Se eligió a uno de los postulantes como Magistrado, el abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea.
Mientras que en el Congreso se debatía aún la cuestión de confianza, el presidente Martín Vizcarra dio un mensaje a la Nación, anunciando la disolución del Congreso de la República, pues consideraba que la elección de un candidato al Tribunal Constitucional era una «negación fáctica» a la cuestión de confianza presentada por su premier Del Solar. Dijo además que, como paso siguiente, llamaría a elecciones de congresistas de la República.
En la tarde de ese mismo día, el pleno del Congreso de la República se volvió a reunir y aprobó otorgarle la confianza al Ejecutivo, con 50 votos a favor, 31 en contra y 13 abstenciones.
Durante los primeros meses de su gobierno, Vizcarra actuó de manera cautelosa y evitó cualquier disputa con el Congreso. No obstante, está actitud no fue bien vista por la población, y de un 57% que tenía de aprobación inicial, cayó hasta el 35% en julio de 2018. Tras el estallido del escándalo de CNM Audios en ese mismo mes de julio y el anuncio de la realización de un referéndum para agilizar la reforma judicial, el gobierno empezó a recuperar el apoyo de la población, lo que se reflejó en una subida de su aprobación en las encuestas, que en diciembre de 2018 llegó a su pico más alto: 66%. La población vio también con simpatía que el presidente Vizcarra apoyara abiertamente la lucha contra la corrupción y la labor del Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato.
Luego de poner en camino la reforma judicial, Vizcarra se enfocó en llevar adelante la reforma política; sus críticos, sin embargo, consideraron que solo buscaba confrontar al Congreso, debido a la caída de su popularidad (en marzo de 2019 bajó a 56%). Pasado el entusiasmo de la lucha contra la corrupción política y judicial, la ciudadanía empezó a exigir al gobierno que se enfocara en otros temas que consideraban que estaban descuidados, como la cuestión socioeconómica y la inseguridad ciudadana.
El 7 de julio de 2018, el portal IDL-Reporteros, liderado por el periodista Gustavo Gorriti, difundió una serie de audios a través del programa periodístico Panorama. Se destapó así un grave escándalo de corrupción denominado CNM Audios, Lava Juez o Corte y Corrupción. Se trata de escuchas telefónicas en los que se revelan supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucraban directamente a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En los audios se escucha a César José Hinostroza Pariachi (juez supremo), a Iván Noguera Ramos (consejero), a Julio Gutiérrez (consejero) y a Walter Ríos (presidente de la Corte Superior del Callao), negociando y utilizando su influencia personal en ámbitos de gobierno, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores y tratamiento preferencial. Posteriores filtraciones comprometieron a otros personajes, entre ellos al fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry (pese a lo cual, pocos días después, juró como Fiscal de la Nación), así como empresarios como Antonio Tamayo, y el presidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo. A todos los involucrados en el caso CNM Audios se les consideró como miembros de una organización criminal, que fue denominada como Los Cuellos Blancos del Puerto.
El 11 de julio de 2018, Vizcarra anunció la creación de una comisión para reformar el Poder Judicial, la cual estaba presidida por Allan Wagner Tizón. Ese mismo día el Presidente de la Corte Suprema Duberlí Rodríguez anunciaba la crisis en el sistema judicial.
El 28 de julio de 2018, en su discurso a la Nación, Vizcarra anunció que, en vista que el Congreso no parecía dispuesto a agilizar la reforma judicial, convocaría a un referendum para trasladar a la población la aprobación de cuatro reformas constitucionales; la primera de ellas sería la reforma judicial, que empezaría por la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); las otras tres eran reformas políticas: la restitución de la bicameralidad en el Congreso, la prohibición de la reelección de los congresistas y una nueva legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos. Fijó incluso el plazo para la realización del referéndum: diciembre de 2018.
Transcurrían los meses y el Congreso, controlado por el fujimorismo, se rehusaba en aprobar los proyectos del referéndum en los tiempos estipulados por el gobierno, así como daba la impresión de que tenía la intención de «blindar» al juez Hinostroza y al fiscal Chávarry. Vizcarra anunció entonces la presentación de una cuestión de confianza, encontrando un aliado en el presidente del Congreso Daniel Salaverry, quien ya empezaba a desmarcarse del grupo fujimorista. Presionada por el gobierno y la opinión pública, la mayoría fujimorista aprobó finalmente los proyectos dentro del plazo fijado, el 4 de octubre de 2018.
El referendum finalmente se realizó el 8 de diciembre de 2018, en el que la ciudadanía aprobó tres de los proyectos, incluida la reforma judicial (el retorno de la bicameralidad congresal fue rechazada). Ello se interpretó como un triunfo del gobierno.
Como la prioridad era la reforma judicial, el gobierno envió al Congreso el proyecto de ley orgánica para la implementación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que reemplazaría al Consejo Nacional de la Magistratura. Se instó al Congreso a que diera prioridad a su debate y aprobación. Tras algunas modificaciones al proyecto original, el pleno del Congreso, tras arduos debates en las comisiones de Justicia y Constitución, aprobó el proyecto el 1 de febrero de 2019.
El 18 de febrero de 2019, el presidente Vizcarra promulgó la Ley N° 30916 o Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por lo que se creaba oficialmente dicho organismo.
En cuanto a los implicados en el caso CNM Audios: el juez César Hinostroza, luego que el Congreso le destituyera, huyó a España, donde fue capturado; se haya actualmente en trámite su extradición. Walter Ríos se haya en prisión preventiva. Chávarry fue removido de su cargo de Fiscal de la Nación, aunque sigue siendo fiscal supremo, pese a las denuncias constitucionales que pesan sobre él.
Vizcarra apoyó públicamente al Equipo Especial de Fiscales de Lava Jato, uno de cuyos miembros, el fiscal José Domingo Pérez, encargado de los casos de Keiko Fujimori, Alan García y Kuczynski (caso Odebrecht), se mostró especialmente activo, recibiendo la simpatía popular. El primer caso en mostrar un gran avance fue el de Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, por haber recibido presuntamente dinero ilícito de parte de la empresa Odebrecht durante las campañas electorales de 2011 y 2016 (caso Cócteles). El juez Richard Concepción Carhuancho hizo suya la tesis del fiscal y ordenó detención preventiva por 36 meses para Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular, en octubre de 2018.
A su vez, en noviembre del mismo año, el Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país para el presidente Alan García, quien al conocer dicha medida solicitó asilo diplomático en la Embajada de Uruguay, pedido que finalmente le fue rechazado a inicios de diciembre. Papel fundamental para el rechazo del gobierno de Uruguay fue la comunicación telefónica que Vizcarra tuvo con el presidente de dicho país, Tabaré Vázquez, a quien le pidió que fuera consecuente con el compromiso de lucha contra la corrupción que Uruguay había suscrito en convenios internacionales.
Cuando en vísperas del Año Nuevo de 2019 el cuestionado fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry removió de sus cargos a los fiscales del Equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, la ciudadanía reaccionó indignada y realizó masivas protestas en Lima y provincias. El mismo presidente Vizcarra, que estaba en viaje a Brasil, regresó al Perú, e hizo una caminata al Congreso llevando una propuesta de un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público.
El 15 de febrero de 2019, el Equipo de Fiscales de Lava Jato y la empresa Odebrecht, firmaron el acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficios en Sao Paulo, Brasil. El monto de la reparación civil acordado fue de S/610 millones, más los intereses legales, que ascenderán a S/150 millones. El dinero será pagado en un plazo de 15 años. La empresa brasileña se comprometía a brindar información con respecto a cuatro proyectos en las que había admitido haber dado coimas: Corredor Vial Interocéanico Sur (tramos 2 y 3); Línea 1 del Metro de Lima (tramos 1 y 2); Vía Evitamiento del Cusco; y Proyecto Vía Costa Verde-tramo Callao. Hubo críticos en el Perú, encabezados por la congresista Yeni Vilcatoma, que rechazaron el acuerdo por considerar que beneficiaba más a la empresa que al Estado; se promovió incluso una interpelación al ministro de Justicia Vicente Zeballos. Las delaciones premiadas permitieron el avance de los casos, como el de Alan García, investigado por el caso del Metro de Lima y de la Interoceánica Sur. En abril de 2019, el fiscal José Domingo Pérez amplió dicha investigación a Luis Nava Guibert y a Miguel Atala (hombres del entorno íntimo de García), así como a sus hijos, por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht, dinero que en realidad habría estado destinado a Alan García. El 16 de abril de 2019, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por diez días de Alan García, junto con otras ocho personas, todos los cuales fueron sindicados de integrar una organización criminal para recepcionar dineros ilícitos, cuya cabeza sería el expresidente. En la mañana del 17 de abril de 2019, cuando un fiscal y un grupo de agentes de la policía llegaron a la casa de Alan García para cumplir la orden judicial, el expresidente se encerró en su habitación y se disparó un tiro en la cabeza, falleciendo horas después en la sala de urgencias del Hospital Casimiro Ulloa. Poco después, Miguel Atala confesó que el dinero que recibió de Odebrecht era en realidad para Alan García, al que fue transfiriendo en partes fraccionadas entre el 2010 y 2018.
El 7 de mayo de 2019, se formalizó la acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal, al ser ambos sindicados de haber recibido de Odebrecht US$ 3 millones para su campaña electoral del 2011. Este caso está a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, quien pidió 20 años de prisión efectiva para Ollanta y 26 años para Nadine. Se incluyó también en la acusación a amigos y allegados a la pareja.
Otro caso importante, dentro del caso Lava Jato, es el que involucra a otra empresa brasileña, OAS, que habría también pagado coimas por obras públicas y financiado de manera ilícita campañas electorales presidenciales y municipales en el Perú. El acuerdo de colaboración entre OAS y la Fiscalía se inició el 13 de marzo de 2019. El Equipo de Fiscales de Lava Jato interrogó a exdirectivos de la empresa y a su mismo expresidente, Léo Pinheiro, preso actualmente en Brasil. Las delaciones de OAS se refieren a aportes irregulares a la campaña del No a la revocatoria y de la reelección de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán; y sus posibles vínculos con el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio. Así como aportes dados al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.
El 21 de diciembre de 2018, el gobierno oficializó la conformación de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Estaba integrada por el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, como coordinador, y los académicos Paula Valeria Muñoz Chirinos, Milagros Campos Ramos, Jessica Violeta Bensa Morales y Ricardo Martin Tanaka Dongo. Se instaló el 5 de enero de 2019.
Basándose en el informe que dio dicha Comisión, el gobierno presentó doce propuestas de reforma política ante el Congreso (11 de abril de 2019). Excluyó, sin embargo, el tema de la bicameralidad, por haber sido recientemente rechazado en el referéndum.
Entre los tres proyectos de reforma constitucional se encuentra el que busca el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el objetivo de establecer contrapesos entre ambos; la reforma que modifica los impedimentos para ser candidato a cualquier cargo de elección popular, a fin de mejorar la idoneidad de los postulantes; y la reforma que busca ampliar el mandato regional y municipal a cinco años, para que coincidan con las elecciones generales.
Para el Poder Legislativo, se plantea que la elección de los congresistas se realice en la segunda vuelta presidencial; se propone la eliminación el voto preferencial y que se establezca la paridad y alternancia en la lista de candidatos. De otro lado, para los partidos políticos, se busca promover la democracia interna y la participación ciudadana en la selección de candidatos, estableciendo elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias organizadas por la ONPE. Otras reformas se refieren a la inscripción y cancelación en el registro de las organizaciones políticas, y los requisitos para mantener la inscripción vigente, así como la regulación del financiamiento de organizaciones políticas, para evitar la corrupción. Otra propuesta es que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria no sea competencia del Congreso, sino de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, en el Congreso, el fujimorismo y sus aliados dieron la impresión de demorar la revisión de las reformas políticas planteadas por el Ejecutivo. La Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra, que es la primera instancia donde deben verse los proyectos de reforma constitucional y legislativa, aprobó su propio cronograma para revisar todos los proyectos pendientes, sin priorizar los del Ejecutivo. Se temía que, a ese paso, las reformas políticas planteadas por el Ejecutivo no lograrían estar expeditas para las elecciones generales de 2021, ya que los plazos se vencerían: se necesitan dos legislaturas para hacer las tres reformas constitucionales, a lo que se suma que, según la ley electoral, solo se deben hacerse cambios hasta un año antes de las elecciones. Los otros proyectos son de carácter legislativo y no necesitan de tal trámite.
Una reunión realizada el 15 de mayo de 2019 en Palacio de Gobierno entre los representantes del Ejecutivo y el Legislativo, acordó un cronograma alternativo para priorizar los proyectos de reforma. Pero si hubo algún optimismo de que el Congreso, pese a los plazos cortos, llevara adelante las reformas políticas, ello se desvaneció cuando, al día siguiente, la Comisión de Constitución, luego de un corto debate, mandó al archivo el proyecto que proponía que el levantamiento de inmunidad parlamentaria fuera decisión de la Corte Suprema y no del mismo Congreso. Al actuar así, adujeron que defendían los fueros del Congreso.
En la mañana del 21 de mayo de 2019, el presidente Vizcarra, el primer ministro Salvador del Solar y el ministro de Justicia Vicente Zevallos, fueron al Congreso de la República. Los ministros habían sido citados ese día ante la Comisión de Constitución para sustentar la reforma política. Pero Vizcarra anunció que sus ministros no acudirían a la Comisión, pues consideraba que no estaban dadas las condiciones para la reforma política, como lo demostraba el hecho que la Comisión archivara el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, sin esperar que los ministros fueran a la Comisión a sustentar las reformas políticas.
El fujimorismo acusó al Ejecutivo de querer usar como mesa de partes al Congreso e imponer sus reformas, pero el Ejecutivo dijo que solo planteaba que cada una de las reformas se discutieran ampliamente y se hicieran las modificaciones que se considerasen necesarias, mas no desechar tan rápidamente los proyectos, habida cuenta de que se trataba de reformas que apoyaba la ciudadanía, según se reflejan en las encuestas de opinión pública.
El 28 de mayo de 2019, la Comisión Permanente del Congreso, dominada también por Fuerza Popular, mandó al archivo las denuncias constitucionales que pesaban sobre los fiscales Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, sindicados de pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Todo lo cual daba la impresión de que la alianza Fuerza Popular-Apra seguía «blindando» a funcionarios involucrados en corrupción, por una «asunto de supervivencia», como dijera Rosa Bartra en el chat de La Botica, aunque ellos negaron de plano tal intención.
El 29 de mayo de 2019, el presidente Vizcarra dio un mensaje a la Nación, en el que anunció su decisión de plantear la cuestión de confianza ante el Congreso en respaldo a la reforma política y la lucha contra la corrupción, luego del «descarado» blindaje que el Congreso había hecho del fiscal Chávarry, así como por el archivamiento del proyecto que buscaba reformar la inmunidad parlamentaria, convertida en un instrumento para que los congresistas involucrados en delitos comunes evadan la justicia. El presidente, acompañado por los miembros de su gabinete ministerial y los gobernadores regionales, manifestó que la cuestión de confianza se sustentará en la aprobación, «sin vulnerar la esencia», de seis proyectos de ley, a saber:
El 4 de junio de 2019, Salvador del Solar se presentó en el Pleno del Congreso para exponer y solicitar la cuestión de confianza ante la representación nacional. Terminada su exposición, se inició el debate parlamentario, que tuvo que ser extendido hasta el día siguiente. Finalmente, al mediodía del 5 de junio de 2019 se realizó la votación. La cuestión fue aprobada con 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones.
La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, anunció un nuevo cronograma para priorizar los seis proyectos de reforma política. El nuevo cronograma comenzará a implementarse el 7 de junio, y atenderá en el siguiente orden los proyectos de reforma política:
La comisión de Constitución debatió los dictámenes entre el 7 de junio y el 20 de julio. El fujimorismo y sus aliados hicieron una serie de cambios en los proyectos, pero el más llamativo fue lo cometido con el último dictamen, sobre el levantamiento de inmunidad de los parlamentarios. Se rechazó la propuesta del Ejecutivo de que sea la Corte Suprema la encargada de levantar la inmunidad a los congresistas, disponiendo que el Congreso siga conservando esa prerrogativa. La única variante era que proponía plazos definidos para que el Congreso levantase la inmunidad una vez que el Poder Judicial hiciera el pedido respectivo. Además, se planteaba que el pedido se dé solo cuando exista sentencia firme.
Consultado el primer ministro Salvador del Solar sobre los dictámenes aprobados en la Comisión de Constitución, consideró que solo cinco respetaban el espíritu de las reformas planteadas por el Ejecutivo, y que el último, sobre la inmunidad parlamentaria, significaba un retroceso, pues no respetaba la cuestión de confianza, que había surgido precisamente cuando la Comisión de Constitución mandó al archivo ese mismo proyecto.
Sometidos los seis proyectos al pleno del Congreso, se aprobaron entre el 22 y el 25 de julio, incluyendo más modificaciones a los proyectos originales del Ejecutivo, sobre todo en lo que tenía que ver con la democracia interna y la inmunidad parlamentaria. El 27 de agosto de 2019, el gobierno promulgó las autógrafas que convierten en leyes cuatro de dichas reformas (inscripción de organizaciones políticas; financiamiento de los partidos; democracia interna; y paridad y alternancia en las listas). Las otras dos reformas pendientes (que, a saber, son sobre la inmunidad parlamentaria y el impedimento para ejercer cargos públicos), por ser reformas de tipo constitucional, continuaron en manos del Congreso, pues necesitan de otra legislatura para su aprobación.
El 27 de noviembre de 2018, miembros de la comunidad nativa de Mayuriaga, en el distrito de Morona, provincia del Datem del Marañón en el departamento de Loreto, sabotearon el oleoducto Norperuano a la altura del km 193 en el ramal norte. Acto seguido, bloquearon la zona y no dejaron reparar la rotura del ducto, produciéndose un derrame cuantioso de petróleo, ocasionando millones de soles en pérdidas, así como un atentado al medio ambiente. Luego de 90 días, aceptaron finalmente un acuerdo con el gobierno, representado por el primer ministro César Villanueva, comprometiéndose los mismos pobladores en reparar el ducto, mientras que el gobierno se comprometía a mejorar las condiciones de la comunidad en salud, educación y otros rubros (26 de febrero de 2019).
Para algunos analistas, este episodio resultó un mal precedente y una prueba más de la claudicación del gobierno frente al chantaje camuflado bajo reclamo social. El 19 de junio de 2019 se reportó otra rotura del oleoducto norperuano a la altura del kilómetro 237, en la comunidad nativa Nuevo Progreso, distrito de Manseriche, a 35 km de Mayuriaga.
El 9 de julio de 2019, Petroperú informó de otro sabotaje al Oleoducto Norperuano. Ocurrió a la altura del km 371+734 del tramo 2 del oleoducto, en la comunidad de Tayuntsa, provincia de Bagua, Región Amazonas, cerca del río Nieva. No obstante, el daño no ha sido mayor porque el bombeo de crudo se encuentra paralizado a raíz de la medida de fuerza que iniciaron las federaciones indígenas en Loreto el 5 de julio y que generó la toma de la Estación 5 en Loreto. Estas poblaciones se consideran afectadas por la actividad petrolera.
El 4 de febrero de 2019, pobladores de la comunidad de Nueva Fuerabamba (Challhuahuacho, Cotabambas, Apurímac) empezaron a bloquear un tramo del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, que conduce hacia la mina Las Bambas, interrumpiendo así el traslado del mineral de cobre al puerto de Matarani. Los comuneros exigían a la empresa minera MMG Las Bambas el pago de 100 millones de soles por el uso de la vía, la cual pasaba por un predio de su propiedad, en Yavi Yavi (Chumbivilcas, Cusco).
El 21 de marzo de 2019 se iniciaron las negociaciones entre el gobierno, los representantes de la empresa minera y los dirigentes de la comunidad. Estando en ello, el 23 de marzo, el presidente de la comunidad Gregorio Rojas Paniura y cuatro abogados, que estaban entre los negociadores, fueron apresados y detenidos preliminarmente, acusados de crimen organizado y extorsión en agravio de la empresa minera, sobre un proceso iniciado de oficio en 2017. Los comuneros de Fuerabamba condicionaron el reinicio del diálogo a la liberación de su presidente y de sus asesores legales. El gobierno respondió que era un tema judicial en el que no podía intervenir.
El 29 de marzo, el gobierno declaró en emergencia al distrito de Challhuahuacho, y amplió el estado de emergencia declarado en parte del Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa. El 30 de marzo fue liberado el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y se reinició el diálogo. El 11 de abril de 2019 se realizó la mesa de diálogo en Challhuahuacho, con la presencia del presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar y tres ministros de Estado, y la participación de representantes de las 38 comunidades del distrito. Los diálogos continúan hasta la fecha.
El 9 de julio de 2019, el Ministerio de Energía y Minas confirmó el otorgamiento de la licencia de construcción a la empresa Southern Perú Copper Corporation para el desarrollo del proyecto minero Tía María, que contempla la explotación de dos grandes minas de cobre en la provincia de Islay del departamento de Arequipa. Sin embargo, una parte de la población arequipeña, respaldada por sus autoridades regionales, se opuso al proyecto, ya que temen que afecten la provisión del agua en una zona que es mayormente agropecuaria. Vista esta situación, la empresa y el gobierno se comprometieron a no poner en marcha el proyecto, hasta que no se logre la «licencia social», es decir, se llegue a un entendimiento con la población.204 205
La población de Arequipa inició un paro indefinido, además del bloqueo de carreteras que unen a la región con el centro y el sur del país.
El 9 de agosto el gobierno comunicó la suspensión de la licencia de construcción otorgada a la empresa Southern Peru Copper Corporation para la ejecución del proyecto tras una resolución del Consejo Nacional de Minería. Al día siguiente, distintos medios de prensa difundieron un audio grabado el día 24 de julio de una reunión del presidente con el gobernador regional de Arequipa y diversas autoridades. En la grabación, el presidente les explica que el recurso de revisión, presentado por el Gobierno Regional de Arequipa al Ministerio de Energía y Minas para anular la licencia, no podía ser respondido de forma inmediata. De la misma manera, el Presidente expresó que la licencia no se puede revocar inmediatamente y que prepararía un argumento para la cancelación. A los pocos días, medios de comunicación difundieron más partes de las grabaciones en las cuales el jefe de Estado plantea que el gobierno no quiere imponer proyectos mineros y lo que se debe hacer es revertir la licencia de construcción administrativamente, incluso se compromete a dar soporte junto a personal técnico y también dice a las autoridades regionales que si en el plazo de un mes no cumple, se tomen medidas radicales.
En diciembre de 2019, el diario El Comercio reveló que la Contraloría General había encontrado indicios de responsabilidad de 14 funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua por la construcción de un Hospital cuando Vizcarra era gobernador. El informe periodístico resaltó que el actual ministro Edmer Trujillo autorizó un pago irregular de 41 millones de soles como adelanto a favor del consorcio ICGSA-Incot cuando era Gerente General del Gobierno Regional. El pago se dio el último día de gestión (31 de diciembre) y en 133 comprobantes de pago. El ministro señaló que el pago se dio por el Hospital de Contingencia; sin embargo, un informe del programa Cuarto poder reveló que el pago se hace para elaborar el expediente técnico del nuevo hospital de Moquegua. El programa de televisión también dio a conocer que 3 de los 14 funcionarios investigados laboran actualmente en el gobierno, específicamente en dependencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del cual Edmer Trujillo era titular. En 2020, url dueño de la empresa ICGSA, Fernando Castillo, se acogió a la colaboración eficaz y manifestó al Ministerio Público que le habría pagado 5 millones de soles a Martín Vizcarra a través de Carlos Estremadoyro, actual ministro de Transportes y Comunicaciones.
El programa periodístico Cuarto Poder, en julio de 2020, reveló que Fredy Eduardo Herrera Begazo, esposo de Doris Vizcarra Cornejo y cuñado del presidente de la República, ejecutó diversos contratos con el Estado en los últimos 5 años. Específicamente en el periodo que Martín Vizcarra ejerce el poder desde el año 2016 al 2019, percibió un total de S/. 429,667 soles.
Otro caso es el de Rossmary Silva Acevedo, cuñada de la primera dama, Maribel Carmen Díaz Cabello. Entre noviembre del 2017 y diciembre del 2018, fue designada como jefa territorial en Moquegua del Fondo de Cooperación para el Desarrollo (FONCODES), organismo dependiente del Ministerio de Inclusión Social (MIDIS), con una remuneración de S/. 10,500 soles mensuales.
Otra acusación al entorno más íntimo del Presidente de la República es el caso de Jorge Antonio Mere Vidal, expareja de Mirian Maribel Morales Córdova, actual secretaria general de Palacio de Gobierno. El ciudadano desarrollo diversos servicios en el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas, la OEFA y la Autoridad Nacional del Agua. Entre los años 2016 y 2019, Jorge Mere Vidal facturó la suma de 175, 011 soles.
El 11 de octubre de 2020, un informe de la Unidad de Investigación del diario El Comercio reveló que un aspirante a colaborador eficaz en el caso Club de la construcción manifestó que la empresa Obrainsa y su socia Astaldi hicieron un pago ilícito de S/1 000 000 (un millón de soles) a Martín Vizcarra a cambio de que se les otorgue la buena pro de la obra Lomas de Ilo, cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua. En el informe también se revela que, cuando el consorcio ya había ganado la obra, Martín Vizcarra solicitó una avioneta para transportar a personas que se reunirían con él. El aspirante a colaborador eficaz adjuntó los correos en los cuales coordina con Martín Vizcarra sobre el alquiler de la avioneta de la empresa ATSA por más de 35 mil soles.
El 18 de octubre de 2020, los diarios La República y El Comercio revelaron que tres aspirantes a colaboradores eficacesrevelaron pagos ilícitos de S/1′300.000 (un millón trescientos mil soles) al entonces gobernador regional Martín Vizcarra para la adjudicación del contrato por la construcción de un hospital, en diciembre del 2013. Dichos pagos habrían sido realizados por funcionarios de la empresa ICCGSA. Los diarios revelaron que según uno de los colaboradores, los pagos quedaron incompletos y Vizcarra, siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, solicitó a otro ministro la culminación de los pagos. Dicho otro ministro habría actuado como intermediario entre la empresa ICCGSA y Vizcarra para la completar los pagos ilítictos
El 20 de octubre, parlamentarios de Unión por el Perú, motivados por nuevos presuntos casos de corrupción, presentaron una segunda moción de vacancia por incapacidad moral, la cual fue apoyada por parlamentarios del Frente Amplio, Podemos Perú y Acción Popular, además de uno independiente.
El día 2 de noviembre de 2020 se sometió a debate la admisión de la moción de vacancia en el pleno del Congreso, la cual fue aprobada con 60 votos, 40 en contra y 18 abstenciones. En dicha sesión también se acordó citar a Vizcarra al Congreso para el día lunes 9 de noviembre.
El día 9 de noviembre, Vizcarra asistió al Congreso a ejercer su defensa personalmente. En el discurso, cuestionó que 68 congresistas tienen procesos en investigación y preguntó si estos tendrían que dejar su cargo por ello. Tras varias horas de debate, la moción de vacancia fue votada y aprobada con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones.
La vacancia fue rechazada por varios sectores de la población, por lo que se iniciaron protestas en diversas ciudades del país. A pesar de estar en desacuerdo con la decisión tomada por el Congreso, Martín Vizcarra dirigió un último mensaje a la Nación en la cual aceptó la decisión:
Abandonó el Palacio de Gobierno ese mismo día, Al día siguiente fue jurado presidente Manuel Merino, siguiente en la sucesión presidencial como presidente del Congreso, quien solo duró seis días en el cargo hasta que presentó su renuncia y fue remplazado por el Presidente Francisco Sagasti.
Los niveles de aprobación se basan en encuestas nacionales con un diseño muestral probabilístico polietápico efectuado a un universo poblacional de 19,064,735, representado por todas las personas mayores de 18 años de todos los niveles socio-económicos en 25 regiones del ámbito nacional urbano. Asimismo, la muestra tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 3% (Ipsos Perú).
Tras la aprobación de la vacancia presidencial, fue invitado por el partido Somos Perú para integrar la lista congresal para las elecciones generales de 2021. El 27 de noviembre del 2020, Vizcarra anunciaría su intención de postular con el partido Somos Perú en una entrevista para RPP. Tras ser subsanada algunas observaciones, la lista de candidatos de Somos Perú fue admitida por el Jurado Electoral Especial.
El día 10 de febrero de 2021, el periodista Carlos Paredes, autor del libro "El perfil del lagarto", reveló en el programa Beto a Saber que Vizcarra y su esposa se habían vacunado contra la COVID-19 en octubre de 2020. La información fue confirmada al día siguiente por el expresidente Vizcarra quien informó a la prensa:
El Congreso de la República citó a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti para que informe sobre lo sucedido. En su participación en el hemiciclo, Mazzetti afirmó que alguien como el presidente debe abstenerse de participar en ensayo clínico. Horas después, el diario Perú21 reveló que Vizcarra pidió expresamente la vacuna y esta se le puso de forma irregular en Palacio de Gobierno. Posteriormente, la Universidad Cayetano Heredia confirmó que Vizcarra no formó parte de los 12,000 voluntarios.
El día 13 de febrero de 2021, la Universidad Peruana Cayetano Heredia desmintió la versión de Vizcarra y señaló que ni él ni su esposa formaron parte de los doce mil voluntarios ni de los ensayos clínicos. Finalmente, el día 15 de febrero se confirmaría que la ministra Mazzetti también se habría vacunado, junto a otros 487 funcionarios, configurando un escándalo de corrupción bautizado como "vacunagate".
Tras el escándalo del Vacunagate diversos congresistas formularon denuncias constitucionales contra el expresidente Vizcarra por Infracciones a la Constitución y por diversos delitos en los que habría incurrido.
El 1 de marzo de 2021, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe hecho por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre las denuncias.
El día 31 de marzo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatió el informe final que recomienda la inhabilitación de los altos funcionarios y aprobó el documento con 15 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
El día 3 de abril Vizcarra fue citado a la sesión de la Comisión Permanente del día 8 de abril, fecha en la que el expresidente ejerció su defensa ante dicha Comisión. Luego de dos horas de debate, la Comisión Permanente aprobó la acusación constitucional contra Vizcarra, Mazzetti y Astete por las infracciones constitucionales.
El día 16 de abril, se llevó a cabo la sesión del Pleno del Congreso de la República. La defensa de Martín Vizcarra pidió la reprogramación del debate para otra fecha; sin embargo, la Mesa Directiva y el Pleno del Congreso calificaron la inasistencia como injustificada.
El Pleno del Congreso, sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente, inhabilitó al expresidente de la República Martín Vizcarra por 10 años. La decisión obtuvo 86 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La defensa del expresidente Vizcarra argumentó que habría vulneraciones al debido proceso.
El 12 de marzo, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó prisión preventiva por 18 meses para el expresidente Martín Vizcarra. Ello, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir. La audiencia fue programada para el día 17 de marzo, donde la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, luego de escuchar ambos fundamentos por parte de la fiscalía y de la defensa de Vizcarra, se rechazó el pedido de prisión preventiva y se impuso comparencia con restricciones.
Destacan las siguientes:
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