El gobierno de transición de Jeanine Áñez se desarrolló desde el 12 de noviembre de 2019, hasta el 8 de noviembre de 2020, tras la renuncia de Evo Morales. A consecuencia de las protestas suscitadas posterior a las elecciones generales del 20 de octubre de 2019. Así como también, la sugerencia de renuncia hacia Evo Morales, por parte de las Fuerzas Armadas de Bolivia (FAB), la Policía Boliviana y la Central Obrera Boliviana (COB).
De acuerdo al artículo 169.I de la Constitución Política del Estado y a la sentencia constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001 del Tribunal Constitucional de Bolivia, el gobierno de Jeanine Áñez se efectuó por sucesión constitucional ipso facto, para prevalecer el Estado constitucional de derecho, en el cual, el órgano ejecutivo de forma integral no se encuentre suspendido y con vacío de poder.
Dicho gobierno tuvo como objetivo principal convocar a nuevas elecciones generales para el año 2020, tras la anulación por unanimidad de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Todo ello tras detectarse una serie de protestas ante los resultados electorales, en los que los partidos políticos derrotados alegaron "fraude", avalados por el informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ratificadas nuevamente por la OEA en su informe final, aunque posteriormente, la Universidad de Míchigan, CELAG, investigadores del MIT y diferentes entidades internacionales se pronunciaron desmintiendo el informe de la OEA y dando por válidos los resultados electorales.
Áñez tomó el mando el 12 de noviembre de 2019, mediante el proceso de sucesión presidencial amparado en los artículos 169 y 170 de la Consitucion Politica del Estado, en cumplimiento de la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001, posteriormente validada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ante el vacío de poder causado por las renuncias de Evo Morales, Álvaro García Linera y los presidentes de ambas cámaras legislativas.
Políticos como el expresidente Carlos Mesa y el nuevo partido oficialista Movimiento Demócrata Social felicitaron a Áñez.La nueva presidente interina juramentó con una biblia, lo que ocasionó diversas reacciones.
Desde la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, a causa de la crisis política, hasta la asunción de Jeanine Áñez, Bolivia vivió un periodo de acefalía y desgobierno. Esta situación se dio porque renunciaron Álvaro García Linera (Vicepresidente de Bolivia), Adriana Salvatierra (Presidente de la Cámara de Senadores), Rubén Medinaceli (Primer Vicepresidente de la Cámara de Senadores) y Víctor Borda (Presidente de la Cámara de Diputados); cargos que, según la Constitución de 2009, podían asumir la presidencia por la sucesión constitucional.
Entre el 10 y 12 de noviembre se trató de que la Asamblea Legislativa sesione para aceptar o rechazar la renuncia de Morales y elegir presidente de Estado, pero dada la inasistencia de asambleístas del Movimiento al Socialismo, quienes pedían garantías para sesionar; el Tribunal Constitucional Plurinacional interviene y reconoce la proclamación de Añez, como presidenta por sucesión, a través de una Sentencia Constitucional.
De los 20 ministros que acompañaron a Jeanine Áñez, solo 7 fueron políticos de carrera al igual que ella, con una larga trayectoria política, entre ellos tenemos a los siguientes; Arturo Murillo, Yerko Núñez, Eliane Capobianco, Víctor Hugo Zamora, María Elva Pinckert, Oscar Mercado y Victor Hugo Cárdenas en cambio los restantes 13 ministros son solamente técnicos.
Según la "Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz", toda servidora y servidor público, empezando por el Presidente de Bolivia y terminando hasta el último funcionario público, están obligados a presentar su declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General del Estado.
La falsedad en su declaración jurada, omitir u ocultar bienes, o el alterar y adulterar los datos del patrimonio, son considerados delitos graves y se encuentra penado por ley, con una sanción privativa de libertad de 4 años de cárcel. Asimismo la norma también señala que todas las declaraciones juradas son públicas para el conocimiento de cualquier ciudadano boliviano.
La siguiente lista muestra el patrimonio de las ministras y ministros de estado del gobierno de Jeanine Áñez Chávez según su propia declaración jurada. El ministro con mayor fortuna es Branko Marinković con una patrimonio de alrededor de 47,6 millones de bolivianos (unos 6,9 millones de dólares) antes de ingresar al cargo público ministerial.
El 13 de noviembre de 2019 designó al general Sergio Carlos Orellana Centellas como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, en reemplazo de Williams Kaliman, el general que le sugirió a Evo Morales que debía renunciar a fin de encontrar una solución a las protestas y el estado de convulsión popular. En la misma fecha, el gobierno de Jeanine Áñez designó a los comandantes generales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.
En enero de 2020, el gobierno ordenó el cierre del instituto de formación militar Escuela de Comando Antiimperialista General Juan José Torres (antes Escuela del ALBA) creado en 2011 por Evo Morales, integrándolo a la Escuela Militar de Ingeniería con el nuevo nombre a Héroes de Ñancahuazú. El nombre es un homenaje a los militares bolivianos que combatieron al grupo conocido como guerrilla de Ñancahuazú, enfrentamientos que culminaron con la muerte de Ernesto Che Guevara y la mayor parte de sus compañeros.
Los primeros casos confirmados importados de la enfermedad por coronavirus se dieron a conocer la noche del 10 de marzo de 2020, mediante un comunicado oficial del Ministro de salud Aníbal Cruz Senzano. Las 2 personas contagiadas con COVID-19 eran dos mujeres de 60 y 64 años que habían regresado desde Italia y Estados Unidos. Ambas pacientes fueron detectadas como pacientes cero en los departamentos de Oruro y Santa Cruz.
Al día siguiente, 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia global. Ese mismo día el gobierno transitorio de Bolivia declaró la “emergencia nacional”. Se estableció la suspensión del transporte terrestre de pasajeros, la reducción de la jornada laboral y de las horas de apertura de los centros de abastecimiento, entre otras medidas.
A partir del 26 de marzo se impuso el "estado de emergencia sanitaria", que implicó el endurecimiento de las medidas de confinamiento, el cierre total de fronteras, la prohibición de circulación de vehículos no esenciales y otras medidas restrictivas. El Tribunal Supremo Electoral decretó la postergación, sin fecha determinada, de las elecciones presidenciales previstas para el 3 de mayo de 2020.
En abril, diversas autoridades advirtieron acerca de la debilidad del sistema sanitario boliviano, e instaron a la población a respetar de modo estricto las medidas de prevención. El 14 de abril la presidenta interina de Bolivia anunció la extensión por dos semana de las medidas de cuarentena. Finalizada esta etapa, se dispuso una nueva extensión hasta el 10 de mayo, que fue nuevamente prorrogada hasta el 31 de mayo para el departamento de Santa Cruz y la ciudad de La Paz.
El 28 de mayo, mediante el Decreto Supremo N° 4245, se estableció la cuarentena nacional, condicionada y dinámica hasta el 30 de junio de 2020.
El sistema sanitario boliviano se vio prácticamente colapsado a partir de junio de 2020. Los centros de salud llegaron al límite de admisión de pacientes, cientos de personas murieron sin atención hospitalaria, y los cementerios quedaron saturados.
El 1 de agosto de 2020 las autoridades dispusieron ampliar el plazo de la cuarentena nacional condicionada y dinámica hasta el 31 de agosto. El gobierno de Jeanine Áñez estableció el fin del ciclo lectivo, sin opción de actividades educativas virtuales. Esta medida fue fuertemente criticada. Unicef advirtió acerca de la "terrible pérdida" que representa para los estudiantes y ofreció su colaboración a fin de que la actividad escolar no se cancele totalmente.
El 14 de noviembre de 2019, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fue el portavoz de la decisión de la administración de Donald Trump, reconociendo al gobierno de Jeanine Áñez desde que esta asumió el cargo de presidente.
En enero de 2020, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, David Hale, anunció durante una visita a Bolivia la intención de Washington de reanudar los lazos diplomáticos completos con La Paz, así como la determinación de enviar un nuevo embajador al país.
El 11 de diciembre de 2019, se emitió el Decreto Supremo 4107 que elimina la visa para el ingreso de turistas de Israel.
Las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia se tornaron difíciles después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreciera asilo a Evo Morales. Poco después de su llegada, Evo Morales brindó conferencias de prensa, concedió entrevistas y se reunió con distintas personalidades mexicanas.
El gobierno de Áñez manifestó su descontento con el gobierno de México por permitir que Evo Morales se refiriera a la política interna boliviana. Según el gobierno, México estaba violando los principios de asilo político, además de introducirse en los asuntos bolivianos mediante Morales.
Varios exfuncionarios bolivianos buscaron asilo en la embajada mexicana en La Paz, entre ellos los exministros Juan Ramón Quintana Taborga, Wilma Alanoca Mamani y Javier Eduardo Zavaleta López. El gobierno de Bolivia expidió órdenes de arresto contra cuatro de ellos y exigió que las autoridades mexicanas los entregaran. Ante la negativa, la embajada fue rodeada por un grupo de agentes policiales y sobrevolada por drones en un acto que el canciller mexicano calificó de "hostigamiento".
El 30 de diciembre de 2019, Áñez ordenó la salida del país de la embajadora mexicana y de otros diplomáticos.
Bolivia bajo mando de Áñez rompió relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, y en su lugar reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
El ministro de gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, aseguró que cuatro médicos cubanos estaban inmersos en las protestas de octubre por lo que fueron capturados, por dicha decisión, el gobierno de Cuba ordenó retirar a sus médicos que se encontraban en el país sudamericano haciendo labor social.
El 27 de diciembre de 2019, el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez Chávez expulsó de Bolivia a 2 altos diplomáticos españoles, sobre la base de que diplomáticos españoles intentaron entrar de forma "subrepticia" en la embajada de México, presuntamente para facilitar la salida de Juan Ramón Quintana, exministro de la presidencia, refugiado en la sede diplomática.
A su vez, España respondió expulsando a 3 diplomáticos bolivianos, "en reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interino de Bolivia".
Hacia mitad de noviembre de 2019, un grupo de periodistas argentinos se trasladó a Bolivia a los fines de desarrollar su trabajo profesional. Debido a las amenazas y maltratos recibidos debieron refugiarse en sede diplomática argentina en La Paz. En entonces embajador argentino expresó su preocupación acerca de la seguridad de los periodistas, que finalmente fueron evacuados pocas horas después.
Luego del inicio de la presidencia de Alberto Fernández en Argentina, las relaciones bilaterales entre ambos países se redujeron a su expresión mínima, continuando en aspectos comerciales, migratorios o policiales. Según declaraciones de Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, "La relación bilateral con Argentina está prácticamente paralizada".
La canciller Karen Longaric anunció que Bolivia se retiraría de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y su alejamiento con la UNASUR.
Según la nueva cancillería, 80% de los embajadores a nivel mundial que representaban a Bolivia desde el gobierno de Evo Morales fueron cesados del cargo.
El gobierno de Jeanine Áñez se caracterizó por efectuar cambios simbólicos, como el hecho de entrar al Palacio Quemado con una Biblia, palacio que además uso como sede gubernamental a diferencia del anterior gobierno que había trasladado la sede gubernamental a la Casa Grande del Pueblo, aunque los ministerios y otras oficinas gubernamentales del poder ejecutivo continuaron con su funcionamiento dentro del nuevo edificio; implementó la bandera de la flor de patujú como representación de los pueblos indígenas del oriente boliviano en conjunto con la ya implementada Wiphala en los actos oficiales y refundar el periódico Cambio como Bolivia.
Por la condición extraordinaria en la que Áñez tomó el poder, el país se encontraba aún inmerso en las protestas a nivel nacional que no acabaron con la renuncia de Evo Morales. En la ciudad de Sacaba, el 15 de noviembre, cinco cocaleros murieron durante enfrentamientos con la policía antidisturbios. Varios sectores de la ciudad de El Alto también se declararon en contra del gobierno de Áñez. Entre el 22 y 25 de noviembre de 2019 un equipo de la CIDH investigó y constató 36 muertes y más de 500 heridos en las localidades de Senkata y Sacaba, ocasionados por la supuesta represión militar avalado por el decreto 4078 promulgado por Jeanine Añez, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica como la masacres.
El 17 de noviembre, el ministro de la Presidencia Jerjes Justiniano anunció que se activó varios puente aéreos para abastecer de alimento y agua a ciudades como La Paz, Cochabamba y Sucre, que se encuentran bloqueadas por los huelguistas.
El 19 de noviembre, un grupo de partidarios del expresidente Morales bloquearon una refinería de petróleo en El Alto, que la policía desbloqueó a la fuerza, en dicho enfrenamientos perecieron cuatro personas.
El 18 de noviembre, la ministra de Comunicación Roxana Lizárraga anunció que se iniciará el proceso de diálogo con todo los involucrados en las manifestaciones, iniciado con los de las ciudades de El Alto y La Paz.
El gobierno de Áñez anunció que llamaría a nuevas elecciones nacionales en donde no participaría Evo Morales.
La fecha inicialmente prevista para estas elecciones era el domingo 3 de mayo de 2020. El TSE aplazó por 14 días el calendario electoral, creando una fecha provisional de las elecciones el domingo 17 de mayo como medida para salvaguardar la salud de la población en el marco de la pandemia de COVID-19. Posteriormente, el TSE propuso una fecha tentativa entre el 7 de junio y el 6 de septiembre.
A nivel internacional diversos gobiernos y organismos se posicionaron a favor o en contra del gobierno de Jeanine Áñez, se encuentran los siguientes:
Reconocen al gobierno interino:
No reconocen al gobierno interino:
No se han pronunciado al respecto:
En marzo de 2020, dos investigadores estadounidenses del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), publicaron en el periódico estadounidense The Washington Post, una redacción que contradice a la auditoría electoral e informe final de la OEA, avalando un triunfo de Evo Morales en las pasadas elecciones generales del 20 de octubre de 2019.
Inmediatamente, la OEA alegó que dicho artículo no había tenido en cuenta la manipulación de actas, suspensión del conteo rápido, el cambio inexplicable de la tendencia de votos y la presencia de servidores informáticos ocultos. La Organización de Estados Americanos se ratificó en su posición respecto a las elecciones anuladas en Bolivia.
Días después, el Instituto Tecnológico de Massachusetts le envió una carta oficial a la Embajada de Bolivia en EE. UU. para aclarar que no realizó ni ordenó realizar dicho estudio que señalaba la inexistencia de fraude electoral en las elecciones generales. En el comunicado también se explica que, si bien el informe fue realizado por dos investigadores que trabajan en un laboratorio de investigación electoral del MIT, este trabajo lo hicieron por cuenta propia y fuera de su trabajo habitual. El Instituto Tecnológico de Massachusetts aclara también que sus dos investigadores fueron contratados por el Centro de Investigación Económica y Política, con sede en Washington.
En junio de 2020, Nicolás Idrobo, Dorothy Kronick (ambos de la Universidad de Pensilvania) y Francisco Rodríguez (Universidad Tulane] publicaron un trabajo de investigación en el cual señalaron que el análisis de la OEA sobre los datos computados a última hora fue defectuoso y que no había evidencia estadística que sugiriera la existencia de fraude. Los investigadores señalaron que las variaciones que los observadores de la OEA encontraron "inexplicables" podían responder a factores ajenos a la posibilidad de fraude.
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