La expresión «Mediterraneidad de Bolivia» hace referencia al hecho de que dicha nación se encuentra «rodeada por tierra», es decir, que no tiene una salida soberana al mar territorial. De esa forma, alude específicamente a la situación como Estado sin litoral, devenido en un reclamo de acceso al océano Pacífico de parte del Estado Plurinacional de Bolivia a la República de Chile, entendido como un asunto de índole diplomático y fronterizo, que involucra también a la República del Perú, por razones históricas y jurídicas.
Entre los gobiernos de Bolivia y de Chile —y según historiadores de ambos países y en menor medida también de Argentina y Perú— existe un desacuerdo referente a la pertenencia jurisdiccional del territorio del desierto de Atacama durante los años de dominio de la Corona española en la región, denominado la «cuestión del Paposo». Durante el periodo colonial, la provincia de Charcas equivale esencialmente al núcleo del actual Estado Plurinacional de Bolivia y, a su vez, el reino de Chile lo es respecto a la República de Chile.
El nombre de este desacuerdo alude al caserío indígena de Paposo (25°01′S 70°28′O / -25.017, -70.467), uno de los tres asentamientos costeros con aptitud de puerto —siendo los otros dos Cobija (22°33′S 70°16′O / -22.550, -70.267) y Mejillones (23°06′S 70°27′O / -23.100, -70.450)—, que entonces existían en el desierto que se extiende entre los ríos Loa y Copiapó y la puna de Atacama.
Uno de los principales motivos de la disputa sería la eventual contradicción contenida en la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, en la cual la ley IX del título XV (De las Audiencias y Chancillerias Reales de las Indias), del libro II, expresa que el territorio jurisdiccional de la Real Audiencia de Charcas tenía costas en el mar del Sur, esto es, en el océano Pacífico, mientras que la ley V, del mismo título y libro, hace colindantes a los territorios jurisdiccionales de las Reales Audiencias de Lima y de Santiago de Chile, lo cual no sería posible si la Audiencia de Charcas se interponía alcanzando el mar al norte del territorio jurisdiccional de la Audiencia de Chile.
La creación del Virreinato del Río de la Plata implicó que el territorio de Charcas pasase a ese nuevo virreinato en 1776. Posteriormente, la Real Ordenanza de Intendentes de Ejército y Provincia de 28 de enero de 1782 dividió el Virreinato del Río de la Plata en ocho intendencias, creando entre ellas la Intendencia de Potosí sobre parte del territorio jurisdiccional de la Arquidiócesis de Charcas, incluyendo a Atacama con la categoría de partido. En 1783 se creó nuevamente la Real Audiencia de Buenos Aires reemplazando la jurisdicción de la Audiencia de Charcas por el sur.
El gobierno de Chile encargó el estudio de este asunto a Miguel Luis Amunátegui, quien en 1863 publicó su libro al respecto, «La Cuestión de Límites entre Chile y Bolivia», en el que negaba que la provincia de Charcas hubiera tenido jurisdicción sobre la costa del océano Pacífico, sosteniendo que el reino de Chile limitaba por el norte con el virreinato del Perú, lo cual ha sido desde entonces la posición oficial de la República de Chile. El gobierno y escritores de Bolivia —principiando por Casimiro Olañeta en 1843—, por el contrario, argumentan actos de jurisdicción de parte de autoridades coloniales de Charcas en Cobija, señalando que el río Salado era el límite norte de Chile y negando que haya tenido límites con el Perú. En Argentina, los mapas del virreinato del Río de la Plata que se han publicado normalmente coinciden con la posición de Bolivia, asignando el desierto de Atacama a la jurisdicción del virrey de Buenos Aires.
Antonio José de Sucre modificó, el 29 de enero de 1825, la organización territorial de Charcas, estableciendo que las intendencias del periodo colonial fuesen convertidas en departamentos, divididas en provincias y estas en cantones. El antiguo partido de Atacama pasó a ser entonces una provincia del Departamento de Potosí, con capital en San Pedro de Atacama.
El 9 de febrero de 1825, el mariscal Sucre convocó una Asamblea General de Diputados de las Provincias del Alto Perú, a fin de que se resolviera el destino del Alto Perú, optando por la anexión de sus territorios a otra nación —a Perú o al Gobierno de Buenos Aires— o por su independencia. En el decreto se dispuso que el Departamento de Potosí nombraría «diputados por Potosí, tres por Chayanta, tres por Parco, tres por Chichas, uno por Atacama y otro por Lípez». El 14 de mayo de 1825, se reunió en Potosí la Junta Electoral del Departamento de Potosí, sin que por Lípez y Atacama hubiere concurrido algún elector, «no obstante los repetidos oficios del Gobierno, y no poderlos esperar más, sin perjuicio del tiempo y de los Señores Electores de las otras Partidas», siendo elegido finalmente por Atacama, conforme al escrutinio, Mariano Enríquez.
El 23 de julio de 1825, la Asamblea decide no asociarse a ninguna de las repúblicas vecinas y erigir a los departamentos del Alto Perú como un Estado soberano e independiente. El acta de independencia, fechada a 6 de agosto de 1825 y redactada por el presidente de la Asamblea, José Mariano Serrano, junto a una comisión formada por Manuel Urcullo, José María Mendizábal y Casimiro Olañeta, fue suscrita por cuarenta y ocho delegados, entre los que figura José Mariano Enríquez, diputado por Potosí. El mismo 6 de agosto de 1825, la Asamblea adoptó varios acuerdos, entre los cuales puede mencionarse que determinó que la nueva república adoptaría el nombre de "Bolívar", en homenaje a Simón Bolívar, y nombrando a este último como Padre, Protector y Primer presidente.
El 28 de diciembre de 1825, Simón Bolívar decretó, considerando que estas provincias no tenían un puerto habilitado y que en el territorio de Atacama se encontraba el denominado Cobija, ésta quedaría habilitada desde el 1 de enero de 1826 como puerto mayor, con el nombre de Puerto La Mar.
El 19 de noviembre de 1826, Antonio José de Sucre promulga la primera constitución de Bolivia, elaborada por el Congreso de Chuquisaca, que dispuso en el artículo 3.º que «El territorio de la República Boliviana comprende los departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro» y en el artículo 142 establecía que «La Fuerza Armada se compondrá del ejército de línea y de una escuadra».
El 1 de julio de 1829, el presidente Andrés de Santa Cruz convirtió mediante decreto al territorio de Atacama, limítrofe con el Perú, en una provincia independiente con un gobernador que respondía directamente al presidente y con la nueva denominación de provincia del Litoral, obteniendo una jerarquía intermedia superior a una provincia común, pero inferior a un departamento. Todo esto ante la pasividad de las autoridades chilenas de la época que se encontraban preocupadas en consolidar los territorios de Chiloé y la consolidación de la República.
En 1836, se constituyó un Estado denominado Confederación Perú-Boliviana, a partir de la colación de Perú, dividido en dos Estados —el Estado Nor-Peruano y el Estado Sud-Peruano—, y Bolivia. Para aquel entonces Bolivia adquirió los buques de guerra Yanacocha y Confederación, a los que se sumaron los bergantines La Fallete y Congreso y la corbeta Libertad, integrando la armada de la Confederación Perú-Boliviana.
En 1839, el presidente José Miguel de Velasco elevó el rango de la provincia del Litoral a distrito con un prefecto.
Para resguardar las costas bolivianas, posteriormente se adquirieron las naves Sucre, María Luisa y Morro. Al carecer de una estructura sólida, la escuadra naval boliviana fue disuelta antes de 1879.
Las constituciones bolivianas de 1834, 1839, 1843, 1851, 1861, 1868, 1871, 1878, 1880 fueron aprobadas por senadores y diputados representantes por Cobija y Mejillones.
El origen de este tema, se encuentra, para algunos historiadores como el chileno Luis Emilio Rojas, algo confusa. Sus comienzos se remontan a antes de la Guerra del Pacífico, iniciada en 1879 y que finalizó en 1883 con la pérdida definitiva de Bolivia del departamento del Litoral (en la actualidad, parte de la región chilena de Antofagasta).
Luis Emilio Rojas señala que desde el momento de la fundación del Estado boliviano (1825), este no tenía mar. No obstante, tal como indica el historiador Roberto Querejazu Calvo en su libro "Guano, Salitre, Sangre", Bolivia es heredera del territorio de la Audiencia de Charcas y, por lo tanto, no le corresponde territorios en la costa del Pacífico. Sin embargo, los intereses económicos existentes de la época obligaron a la firma del tratado de 1866 que, entre sus complejas disposiciones, aclaraba la supuesta frontera no ratificada:
En 1883, el Tratado de Ancón puso fin a la guerra entre Chile y Perú, en el que se otorgaba el dominio de Tarapacá y una administración temporal de Tacna y Arica por 10 años y luego la realización de un plebiscito para definir su estatus final.
Las relaciones entre Chile y Bolivia, en tanto, serían restablecidas por el Pacto de tregua de 1884, que fijó un régimen temporal a la espera de la celebración de un tratado definitivo de paz. La posesión a perpetuidad del territorio de Antofagasta fue una de las exigencias de Chile, mientras que Bolivia aceptaba y renunciaba sin presiones y a perpetuidad a poseer un puerto o territorio alguno en el Océano Pacífico, esto ratificado por los Congresos de ambos países y; teniendo en consideración las argumentaciones de Chile en las negociaciones ante Perú.[cita requerida] De esta forma, se restablecía las fronteras coloniales originales entre las repúblicas del Perú y Chile, definidas de acuerdo al principio de Utis Possidetis de 1810. Los cuales quedarían modificados nuevamente por la anexión de la provincia de Tarapacá y formalizado por ambos países en el Tratado de 1929.
El Tratado de 1904 llevaría a la normalización de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, poniendo fin al régimen establecido por el Pacto de Tregua, y que fijaron las fronteras definitivas entre ambos países. El llamado «Tratado de Paz y Amistad» no incluyó provisiones para la cesión de soberanía sobre algún territorio costero para Bolivia y, a cambio, se establecieron diversos beneficios para el acceso comercial a través de puertos bajo administración chilena. El tratado estableció que:
Durante la Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú, se realizó una ronda de negociaciones en marzo de 1882 con el fin de mediar entre los beligerantes. Para ello, Estados Unidos envió como mediadores a Cornelius Logan a Chile, a George Maney a Bolivia y a James R. Partridge a Perú. Al iniciarse las tratativas con el presidente provisional peruano García Calderón, Chile pidió la posesión no sólo del Departamento de Tarapacá sino también de las provincias de Tacna y Arica para poder ofrecerlas a Bolivia como salida al mar y consolidar la presencia de Chile en Antofagasta; así, resguardaba Tarapacá de Perú, puesto que Chile limitaría por el norte con Bolivia.
El 18 de mayo de 1895, los ministros plenipotenciarios de Bolivia y Chile firmaron tres tratados: uno «de Paz y Amistad» con el que Bolivia aceptaba «el dominio absoluto y perpetuo» de Chile sobre el territorio del Litoral a cambio de reparaciones financieras, un segundo sobre comercio, y un tercero, de carácter secreto, sobre «transferencia de territorios». Este último documento posibilitaría el acceso boliviano al mar a través de la cesión de Tacna y Arica en caso de que Chile se asegurara la definitiva posesión de ambas provincias y, en caso contrario, Chile entregaría un puerto en bahía Vítor, ubicada al sur del territorio ariqueño.
La República de Bolivia abonará como indemnización por dicha transferencia de territorio la suma de cinco millones de pesos de plata, de 25 gramos de peso y 9 décimos de fino, quedando especialmente afecto para responder a este pago el 40% del rendimiento bruto de la Aduana de Arica.
[...]
El texto del acuerdo redactado por Luis Barros Borgoño y Heriberto Gutiérrez fue aprobado por el Congreso chileno, pero el boliviano discutió algunos de sus puntos, por lo que no fue ratificado. En Sucre el 9 de diciembre de ese mismo año, el ministro chileno Juan Gonzalo Matta suscribió un nuevo protocolo con el canciller boliviano Emeterio Cano que fijaba un plazo de dos años para la entrega de un puerto a Bolivia y que, en caso de que aquello no ocurriera, la cesión de la provincia del Litoral quedaría sin efecto. El nuevo protocolo no logró solucionar las diferencias entre ambos gobiernos y un nuevo protocolo, firmado en Santiago el 30 de abril de 1896, fijó que Chile cedería Arica y que, en caso de no obtener dicho territorio en el plebiscito, sería Vítor u otra caleta similar que pudiera convertirse en puerto comercial. El Congreso boliviano introdujo una nueva cláusula por la cual se reservaba el derecho de aceptar o no el puerto que ofreciera Chile, lo que fue rechazado por las autoridades chilenas. A las dificultades en la negociación se sumó el acuerdo logrado por el representante argentino Dardo Rocha sobre la Puna de Atacama, que Chile reclamaba como parte del territorio del Litoral en disputa y que daría origen a un nuevo litigio. Esto llevó al fin de las negociaciones sin lograr ratificar algún acuerdo de paz.
Tras un periodo sin negociaciones, que incluyó el endurecimiento de la relación con la misión del embajador Abraham König y su memorándum al canciller boliviano de 1900, aquellas se retomaron finalmente mediante el Tratado de 1904, que llevó a la normalización de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, poniendo fin al régimen establecido por el Pacto de Tregua, y que fijaron las fronteras definitivas entre ambos países.
Por otro lado, la Cuestión de Tacna y Arica se alargó por varias décadas, en que no se logró acuerdo para la realización del plebiscito. Recién en 1929, el Tratado de Lima definió que Tacna quedaría en manos peruanas y Arica, en manos chilenas. Un protocolo complementario adjunto al Tratado definió que «[l]os Gobiernos de Perú y de Chile no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías». Este artículo apuntaba directamente a las negociaciones con Bolivia y fue posteriormente un punto clave en cualquier discusión sobre una posible salida al mar para este último país.
A lo largo del siglo XX, Bolivia ha reclamado una salida soberana al mar, argumentando que su característica de mediterraneidad ha sido un importante impedimento para su desarrollo económico y social.[cita requerida] Por otro lado, Chile desconoce las reclamaciones de Bolivia argumentando lo establecido en los tratados firmados entre ambos países.
En diversas ocasiones, se ha tratado de llegar a acuerdos para solucionar el conflicto diplomático, entre las que destaca la década de 1970, cuyo punto culminante fue el Acuerdo de Charaña, discutido en 1975 por los dictadores Hugo Banzer y Augusto Pinochet. Este último propuso a su par boliviano la posibilidad de entrega de una pequeña franja litoral al norte de Arica junto con un corredor terrestre con plena soberanía que permitiera la conexión territorial con Bolivia a cambio de un territorio de igual superficie, consideradas las porciones terrestre y marítima, en las cercanías del salar de Uyuni. Sin embargo, el tratado no se firmó ni concretó debido a la oposición de Perú que, para dar su aprobación al canje territorial, exigió que el litoral no fuese exclusivamente boliviano sino trinacional, moción rechazada tanto por Bolivia como por Chile. Años después, roces entre Bolivia y Chile llevaron al fin de sus relaciones diplomáticas en 1978. En la actualidad, sólo existen relaciones entre ambos países a nivel consular.
A comienzos de los años 2000, se produjeron acercamientos entre los presidentes Jorge Quiroga y Ricardo Lagos con motivo de la construcción de un gasoducto desde Tarija hacia el océano Pacífico, pero nuevos conflictos impidieron la concreción de la propuesta.
El 24 de abril de 2013, el gobierno de Bolivia inició formalmente, ante la Corte Internacional de Justicia, la presentación de una demanda para solicitar a Chile la negociación de una salida soberana al mar. El 15 de abril de 2014, el Estado Plurinacional de Bolivia presentó su memoria. El 24 de septiembre de 2015 la Corte Internacional de Justicia de la Haya se declaró competente para revisar el asunto.
Finalmente el 1 de octubre de 2018 la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Chile estableciendo que este país no tiene ninguna obligación legal de acordar una salida al mar para Bolivia, aunque anima a ambos países a continuar dialogando en busca de una solución al conflicto.
Para afrontar su mediterraneidad, Bolivia ha firmado acuerdos con Argentina y Perú, que le permiten tener acceso tanto al océano Atlántico como al océano Pacífico:
Bolivia posee instalaciones portuarias en la "Zona Franca de Bolivia" en Rosario, desde 1964, pero en total estado de abandono. Dada la necesidad urbana, se impulsa su traslado a Villa Constitución, dentro de la provincia de Santa Fe, u otro puerto ya bonaerense. Hasta fines de la década de 1980, era común vislumbrar las siluetas de naves de guerra de Bolivia.
Durante una visita diplomática al Perú, el presidente Jaime Paz Zamora y su homólogo peruano, Alberto Fujimori, llegaron a un acuerdo con esta nación para la cesión de 5 kilómetros de costa y una extensión territorial de 163,5 ha (1,635 km²) llamada Bolivia Mar por un periodo de 99 años renovables desde 1992, después de los cuales toda construcción y el territorio pasa nuevamente al Perú.
En el acuerdo, Bolivia utilizaría una zona franca del puerto de Ilo para su administración y funcionamiento.
Boliviamar es una playa que forma parte del proyecto de desarrollo turístico firmado entre el Perú y Bolivia el 24 de enero de 1992, se encuentra exactamente a 17 kilómetros de la ciudad de Ilo, a un costado de la vía costanera que une los departamentos de Tacna y Moquegua.
Para más información remitirse al "Protocolo Complementario al Convenio entre los Gobiernos del Perú y de Bolivia sobre la participación de empresas bolivianas en la Zona Franca Industrial de Ilo" que crea la Zona Económica Especial para Bolivia en Ilo (ZEEBI), que amplía en su máximo alcance las facilidades que el Gobierno del Perú otorgó a favor de Bolivia en los Convenios de 1992.
En 1987 Bolivia comunica al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que las comunidades americana e internacional estaban, supuestamente, convencidas de que existía un grave problema entre Bolivia y Chile y que había que hallar una solución equitativa que diera a Bolivia un acceso “soberano y efectivo” al Océano Pacífico, algo que sería de interés hemisférico. En 1989, la ONU acepta incluirlo como tema de cualquier sesiones a pedido de una de las partes.
La privatización de los puertos de Antofagasta y Arica habría afectado la presencia boliviana y sus posibilidades comerciales, además del incremento de tarifas en estos puertos. En 1904, Bolivia cedió su litoral a Chile a cambio de un régimen de libre tránsito de mercaderías desde los puertos de Chile a Bolivia. Sin embargo, cabe destacar que el Tratado de 1904 lo que estableció fue la imposibilidad de que Chile fijara cualquier tipo de arancel aduanero (tributo) a los productos que salen o entran de Bolivia y pasan por puertos chilenos,[cita requerida] algo que no ha ocurrido. Las empresas privadas que operan los puertos chilenos cobran a Bolivia los gastos operacionales que cobran a cualquier otro cliente, lo que no significa arancel aduanero o tributo alguno a favor del Estado de Chile (el único obligado en virtud del Tratado de 1904).[cita requerida]
En diciembre de 2009, el presidente Evo Morales dijo ante la prensa que los tratados firmados con Chile por motivo de la Guerra del Pacífico eran revisables y de ninguna manera intocables.
Actualmente, la posición oficial de Chile es contraria a la cesión de soberanía de territorio chileno para Bolivia basándose en el principio del Derecho Internacional "Pacta sunt servanda" y, específicamente, en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, de la cual son partes tanto Chile como Bolivia. En algunas oportunidades, cuando la diplomacia boliviana ha buscado la solución del asunto en ámbitos multilaterales como la OEA, Chile ha mantenido que el asunto es estrictamente bilateral. Asimismo, frente a la advertencia del gobierno boliviano de llevar el asunto a tribunales internacionales, Chile considera que no existe conflicto jurídico alguno, pues todos los asuntos pendientes quedaron resueltos con el tratado firmado en 1904 y no es función de la jurisdicción el cuestionar la moralidad de hechos históricos pretéritos.[cita requerida]
La entrega de un territorio soberano para Bolivia ha sido reivindicado por algunos sectores de izquierda. En un acto organizado en el Court Central del Estadio Nacional, con motivo de la visita de Evo Morales para la asunción de Michelle Bachelet al poder, los cinco mil asistentes corearon el grito "Mar para Bolivia." Sin embargo diversas encuestas han manifestado que dicha opinión es minoritaria: una encuesta a fines de marzo de 2006 mostró que el 62% de los chilenos estaría en contra de una cesión de franja territorial con soberanía a cambio de una compensación territorial. Aunque un 90% de los encuestados se manifestó a favor de restablecer relaciones diplomáticas entre ambos países y que un 75% estaba de acuerdo en buscar soluciones para la aspiración marítima boliviana sin cesión de soberanía, un 69% se opuso en caso de discutir temas de soberanía. Además, un 88% de los encuestados señaló que, en caso de que existiese un acuerdo, debía ser aprobado por un plebiscito.
En una consulta realizada por la municipalidad de Arica, la población se opuso ampliamente a entregar una salida a Bolivia por esa zona. En dicha oportunidad, su alcalde viajó a Santiago de Chile y entregó los resultados en el Palacio de La Moneda, para que el gobierno tuviera en consideración la opinión de los ariqueños. El Consejo Autónomo Aimara de Chile, bajo la presidencia de Hortencia Hidalgo Cáceres y Ángel Bolaños Flores, denunció este plebiscito promovido por el Alcalde de Arica como fascista, ya que iría contra la hermandad y las buenas relaciones con los pueblos vecinos.
Sólo en el caso que un eventual entendimiento entre Bolivia y Chile implique una salida por el territorio de Arica, el Perú tendría que ser consultado antes de formalizarse cualquier acuerdo, conforme las disposiciones del artículo primero del Protocolo complementario del Tratado de Lima (1929), entre el Perú y Chile.
La posición oficial del Perú en relación a la mediterraneidad de Bolivia consiste en comprender y respaldar verbalmente la justa aspiración boliviana para solucionar el problema, siempre que no se comprometan sus derechos los que a decir del exministro de Relaciones Exteriores y actual embajador del Perú en Bolivia Manuel Rodríguez Cuadros versan sobre: los derechos, servidumbres y facilidades que el Perú posee en relación al territorio de Arica, los intereses marítimos del Perú y los intereses marítimos y socioeconómicos de la región de Tacna.
En 1997 Perú cedió una playa en las costas de Ilo a Bolivia llamada Boliviamar durante 100 años.El acuerdo fue firmado por el entonces presidente peruano, Alberto Fujimori, y su par boliviano, Jaime Paz Zamora, cuya imagen dentro del agua con los pantalones remangados aún es usada por simpatizantes y detractores de la idea.
La concesión, se decía, serviría para reducir los lazos comerciales con los puertos chilenos de Iquique y Arica, por donde Bolivia ingresa y despacha la mayor parte de su mercadería, y dejar atrás por fin la paradoja de que su acceso al océano dependa del país que se quedó con sus provincias costeñas tras la Guerra del Pacífico (1879-1884), en la que Bolivia y Perú se enfrentaron a Chile.
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