La Rebelión cantonal (o Revolución cantonal) fue una insurrección que tuvo lugar durante la Primera República Española entre julio de 1873 y enero de 1874. Sus protagonistas fueron los republicanos federales «intransigentes», que querían instaurar inmediatamente la República Federal de abajo arriba sin esperar a que las Cortes Constituyentes elaboraran y aprobaran la nueva Constitución Federal, tal y como defendía el presidente del Poder Ejecutivo de la República Francisco Pi y Margall, apoyado por los sectores «centrista» y «moderado» del Partido Republicano Federal.
La rebelión se inició el 12 de julio de 1873 en Cartagena -aunque tres días antes había estallado la Revolución del Petróleo de Alcoy por iniciativa de la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT)- extendiéndose en los días siguientes por las regiones de Valencia, Murcia y Andalucía. En estas zonas se formaron cantones, lo que da el nombre a la rebelión, cuya federación constituiría la base de la República Federal Española. La teoría política en que se basó el movimiento cantonal fue el federalismo «pactista» de Francisco Pi y Margall contra cuyo gobierno se alzaron, paradójicamente, los republicanos federales «intransigentes». Al fracasar la política del gobierno de Pi y Margall de combinar la persuasión con la represión para poner fin a la insurrección, el gobierno que le sustituyó presidido por el «moderado» Nicolás Salmerón no dudó en emplear al ejército dirigido por los generales Arsenio Martínez Campos y Manuel Pavía para aplastar la rebelión, política que acentuó el siguiente gobierno del también «moderado» Emilio Castelar, que, tras suspender las sesiones de las Cortes, comenzó el asedio de Cartagena, el último reducto de la rebelión, que no caería en manos gubernamentales hasta el 12 de enero, una semana después del golpe de Pavía que puso fin a la República federal dando paso a la dictadura de Serrano.
Aunque la rebelión cantonal fue considerada como un movimiento «separatista» por el Gobierno de la República, la historiografía actual destaca que la rebelión únicamente buscaba reformar la estructura del estado, sin querer en ningún momento romper la unidad de España.
El 11 de febrero de 1873, al día siguiente de la abdicación de Amadeo I, el Congreso y el Senado, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República por 258 votos contra 32, pero sin definirla como unitaria o como federal, postergando la decisión a las futuras Cortes Constituyentes.
Ese mismo día la autoproclamada Asamblea Nacional nombró como presidente del Poder Ejecutivo al republicano federal Estanislao Figueras, cuyo gobierno tuvo que restablecer el orden que estaba siendo alterado por los propios republicanos federales que habían entendido la proclamación de la República como una nueva revolución y se habían hecho con el poder por la fuerza en muchos lugares, donde habían formado «juntas revolucionarias» que no reconocían al gobierno de Figueras, porque era un gobierno de coalición con los antiguos monárquicos del Partido Radical, y tildaban de tibios a los "republicanos de Madrid". «En muchos pueblos de Andalucía la República era algo tan identificado con el reparto de tierras que los campesinos exigieron a los ayuntamientos que se parcelaran inmediatamente las fincas más significativas de la localidad... algunas [de las cuales] habían formado parte de los bienes comunales antes de la desamortización». En casi todos los lugares la República también se identifica con la abolición de las odiadas quintas, promesa que la Revolución de 1868 no había cumplido, como recordaba una copla que se cantaba en Cartagena:
Eso fue lo que el diputado José Echegaray, del Partido Radical, echó en cara a los líderes republicanos:
El encargado de la tarea de restablecer el orden fue el ministro de la Gobernación Francisco Pi y Margall, paradójicamente el principal defensor del federalismo "pactista" de abajo arriba que las juntas estaban poniendo en práctica. Pi consiguió la disolución las juntas y la reposición de los ayuntamientos que habían sido suspendidos a la fuerza aquellas en "una clara prueba de su empeño en respetar la legalidad incluso contra los deseos de sus propios partidarios", aunque mantuvo el cuerpo armado de Voluntarios de la República que se oponía a los cuerpos de seguridad y a los Voluntarios de la Libertad, la milicia monárquica fundada en el reinado de Amadeo I.
Pi y Margall también tuvo que ocuparse en dos ocasiones de la proclamación por la Diputación de Barcelona, dominada por los republicanos federales «intransigentes», del «Estado catalán». La primera fue el 12 de febrero, al día siguiente de la proclamación de la República en Madrid, y Pi Margall logró convencerles de que desistieran mediante telegramas que les envió desde Madrid. La segunda se produjo el mismo día 8 de marzo en que en Madrid tenía lugar un intento de golpe de Estado por parte de los radicales que intentaban evitar que la república se proclamara federal impidiendo la convocatoria de Cortes Constituyentes. Esta vez no bastaron los telegramas de Pi y Margall sino que hizo falta que cuatro días después, el 12 de marzo, fuera a Barcelona el propio presidente del Poder Ejecutivo de la República Estanislao Figueras para que la Diputación retirara la declaración.
Especialmente después del tercer intento de golpe de estado del Partido Radical para paralizar la convocatoria de las Cortes Constituyentes que tuvo lugar el 23 de abril, arreció la presión de los republicanos «intransigentes» y de la prensa afín sobre el gobierno para que proclamara la República Federal sin esperar a la reunión de las Cortes Constituyentes pero el gobierno se atuvo a la legalidad. El ministro de la Gobernación Pi y Margall recibió cientos de telegramas en los que se decía:
En mayo se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes, que a causa del retraimiento del resto de los partidos supusieron una aplastante victoria para el Partido Republicano Federal. Pero esta situación era engañosa porque en realidad los diputados republicanos federales de las Constituyentes estaban divididos en tres grupos:
A pesar de esta división no tuvieron problemas en proclamar la República democrática federal el 8 de junio, una semana después de que se abrieron las Cortes Constituyentes bajo la presidencia del veterano republicano «intransigente» José María Orense, por 218 votos contra dos:
En cuanto se reunieron las Cortes Constituyentes el primer presidente del Poder Ejecutivo de la República Estanislao Figueras devolvió sus poderes a la Cámara y propuso que se nombrara para sustituirlo a su ministro de Gobernación Francisco Pi y Margall, pero los intransigentes se opusieron y lograron que Pi desistiera de su intento. Entonces Figueras tuvo conocimiento de que los generales «intransigentes» Juan Contreras y Blas Pierrad preparaban un golpe de estado para iniciar la República federal «desde abajo» al margen del Gobierno y de las Cortes, lo que le hizo temer por su vida, sobre todo después de que Pi y Margall no se mostrara muy dispuesto a entrar en su gobierno. El 10 de junio Figueras, que sufría una fuerte depresión por la muerte de su mujer, huyó a Francia.
El intento de golpe de estado se produjo al día siguiente cuando una masa de republicanos federales instigados por los «intransigentes» rodeó el edificio del Congreso de los Diputados en Madrid mientras el general Contreras al mando de la milicia de los Voluntarios de la República tomaba el ministerio de la Guerra. Entonces los «moderados» Emilio Castelar y Nicolás Salmerón propusieron que Pi y Margall ocupara la presidencia vacante del Poder Ejecutivo pues era el dirigente con más prestigio dentro del partido republicano. "Castelar y Salmerón creyeron que Pi y Margall, cercano a los intransigentes, el que les había dado su base ideológica y su organización, podría controlar y contentar a la izquierda parlamentaria mediante un Gabinete de conciliación". Finalmente los «intransigentes» aceptaron la propuesta aunque bajo la condición de que fueran las Cortes las que eligieran a los miembros del gobierno que iba a presidir Pi y Margall.
El programa de gobierno que presentó Pi y Margall ante las Cortes se basaba en la necesidad de acabar con la guerra carlista, la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de la esclavitud y las reformas en favor de las mujeres y los niños trabajadores. También incluía la devolución a los pueblos de los bienes comunales mediante una ley que modificara la desamortización de Pascual Madoz de 1855, pero la ley no llegó a ser aprobada. Tampoco llegó a aprobarse otra que tenía como objeto la cesión vitalicia de tierras a los arrendatarios a cambio del pago de un censo. La que sí fue aprobada fue una ley de 20 de agosto que dictaba reglas «para redimir rentas y pensiones conocidas con los nombres de foros, subforos y otros de igual naturaleza». Por último el programa incluía como prioridad la elaboración y aprobación de la nueva Constitución de la República Federal.
Enseguida el gobierno de Pi y Margall se encontró con la oposición de los «intransigentes» porque en su programa no se habían incluido algunas de las reivindicaciones históricas de los federales como «la abolición del estanco del tabaco, de la lotería, de los aranceles judiciales y de los consumos repuestos en 1870 por ausencia de recursos». La inoperancia del gobierno a causa de la labor de bloqueo que realizaban los ministros «intransigentes» hizo que se presentara en las Cortes una proposición para que se concediera al presidente del Poder Ejecutivo la facultad de nombrar y destituir libremente a sus ministros. La aprobación de la misma le permitiría a Pi sustituir a los ministros intransigentes por otros del sector «moderado», naciendo así un gobierno de coalición entre los «centristas» pimargalianos y los «moderados» de Castelar y Salmerón. La respuesta de los «intransigentes» fue reclamar que las Cortes, mientras se redactaba y aprobaba la nueva Constitución Republicana federal, se constituyeran en Convención de la cual emanaría una Junta de Salud Pública que detentaría el poder ejecutivo, propuesta que fue rechazada por la mayoría de diputados que apoyaba al gobierno, y a continuación el 27 de junio los «intransigentes» presentaron un voto de censura contra el gobierno, que incluía la paradójica petición de que su presidente Pi y Margall se pasara a sus filas. La crisis se resolvió al día siguiente, como temían los «intransigentes», con la entrada en el gobierno de los "moderados" Maisonnave en Estado, Joaquín Gil Berges en Gracia y Justicia y José Carvajal en Hacienda, además de reforzar la presencia de los pimargalianos con Francisco Suñer en Ultramar y Ramón Pérez Costales en Fomento. El programa del nuevo gobierno se resumió en el lema «orden y progreso».
El 30 de junio Pi y Margall pidió a las Cortes facultades extraordinarias para acabar con la guerra carlista, aunque limitadas al país vasconavarro y a Cataluña. Los «intransigentes» se opusieron vivamente a la propuesta porque la entendían como la imposición de la «tiranía» y la «pérdida de la democracia», aunque el gobierno les aseguró que solo se aplicaría a los carlistas y no a los republicanos federales. Aprobada la propuesta por las Cortes el gobierno publicó un manifiesto en el que después de justificar los poderes extraordinarios que había recibido, anunció la llamada al Ejército de las quintas y de la reserva, pues «la patria exige el sacrificio de todos sus hijos, y no será liberal ni español, el que no lo haga en la medida de sus fuerzas».
La respuesta de los «intransigentes» a la política de «orden y progreso» del gobierno de Pi y Margall fue abandonar las Cortes el 1 de julio, alegando como motivo inmediato un bando del gobernador civil de Madrid limitando las garantías de los derechos individuales. En el Manifiesto que hicieron público el día 2 mostraron su determinación «de plantear inmediatamente las reformas que habían venido sosteniendo el Partido Republicano en su incansable propaganda» justificada porque a su juicio:
Solo quedó en las Cortes el diputado Navarrete quien ese mismo día 2 de julio explicó los motivos del retraimiento acusando al gobierno de Pi y Margal de falta de energía y de haber contemporizado e incluso claudicado frente a los enemigos de la República Federal. Pi y Margall le contestó en esa misma sesión:
Tras el abandono de las Cortes los «intransigentes» exhortaron a la inmediata y directa formación de cantones, lo que iniciaría la rebelión cantonal, formándose en Madrid un Comité de Salud Pública para dirigirla, aunque «lo que prevaleció fue la iniciativa de los federales locales, que se hicieron dueños de la situación en sus respectivas ciudades». Aunque hubo casos como el de Málaga en que las autoridades locales fueron las que encabezaron la sublevación, en la mayoría se formaron juntas revolucionarias. Dos semanas después de la retirada de las Cortes la revuelta era un hecho en Murcia, Valencia y Andalucía.
Aunque no hubo un centro organizativo de la rebelión y cada cantón realizó sus propias proclamas, los sublevados «más allá de las lógicas particularidades locales» perseguían unos mismos fines: «la sustitución de todo tipo de autoridades gubernativas o jurisdiccionales, la abolición de impuestos especialmente impopulares (los consumos o el estanco del tabaco y de la sal), la secularización de las propiedades de la Iglesia, las reformas sociales favorables a la gran masa de desposeídos que no tenían otro bien que su fuerza de trabajo, el indulto por delitos políticos, la desaparición del ejército regular y su sustitución por tropas milicianas o la creación de juntas y comités de salud pública, como órganos de gobierno de naturaleza popular».
El 18 de julio, una vez iniciada la rebelión en Cartagena y otras ciudades, el Comité de Salud Pública de Madrid ordenaba:
El 22 de agosto, cuando ya solo mantenían la rebelión los cantones de Málaga y de Cartagena, el diputado del sector «intransigente» Casualdero intervino en la Cortes para explicar que la sublevación no era ilegal y sediciosa sino que había sido el resultado de la puesta en práctica de la verdadera ideal federal, de abajo arriba, de que es el cantón el que legitima a la federación y no al revés:
Tras el abandono de las Cortes el 1 de julio de 1873 de los diputados republicanos federales «intransigentes», el Comité de Salud Pública que constituyeron en Madrid bajo la presidencia de Roque Barcia, pensó en trasladarse a Cartagena, «porque ninguna ciudad poseía no sólo unas defensas naturales representadas por las características de su puerto, bien abrigado y defendido por una serie de fuertes y castillos poderosamente artillados que hacían de Cartagena invulnerable tanto por mar como por tierra, sino que a ellos se agregaba la escuadra». El Comité de Salud Pública constituyó la Comisión de Guerra, presidida por el general Juan Contreras que se comprometió a sublevar Cartagena, Valencia, Barcelona, Sevilla y Murcia.
La insurrección comenzó en Cartagena a las cinco de la madrugada del 12 de julio siguiendo las instrucciones de una «Junta Revolucionaria de Salvación Pública» que se había constituido una hora antes por iniciativa del enlace con el Comité de Madrid, Manuel Cárceles Sabater. La señal para la sublevación la dio el castillo de Galeras que lanzó un cañonazo avisando que el regimiento de África, que iba a relevar a la guarnición de voluntarios, se había retirado. Según otras versiones el cañonazo era la señal previamente acordada, para indicar a la fragata Almansa que se habían tomado las defensas y podía sublevarse junto al resto de la escuadra.
El jefe de la guarnición de voluntarios del fuerte, el cartero Saez, «en su afán de enarbolar una bandera roja y al no contar con ella, mandó izar la turca creyendo que no se vería la media luna, pero el comandante de Marina lo divisó, comunicándolo al ministro de Marina (el telegrama decía: El castillo de Galeras ha enarbolado bandera turca). Un voluntario, velando por el prestigio de la causa, se abrió una vena con la punta de su navaja y tiñó con su sangre la media luna, sustituyendo así a la bandera de Turquía».
A esa misma hora, las 5 de la madrugada del 12 de julio, un grupo de voluntarios al mando de Cárceles invadió el ayuntamiento, instalando en los bajos la «Junta Revolucionaria de Salvación Pública» mientras otros grupos ocupaban las puertas de la muralla de la ciudad. Avisado por el alcalde de la ciudad, a día siguiente llegó a Cartagena el gobernador civil de Murcia Antonio Altadill acompañado del diputado federal murciano Antonio Gálvez Arce, conocido como Antonete. Después de valorar que los insurrectos controlaban la ciudad el gobernador aconsejó al Ayuntamiento que dimitiera, cosa que hizo «en presencia del gobernador de la provincia, por su consejo y bajo su presidencia». Poco después la Junta izó la bandera roja en el Ayuntamiento y proclamó el Cantón Murciano, nombrando a continuación a Antonete Gálvez comandante general de las fuerzas del Ejército, Milicia y Armada. En el Manifiesto que hizo público esa misma tarde del 12 de julio la «Junta de Salvación Pública», constituida «por la voluntad de la mayoría del pueblo republicano de esta localidad» justificó la proclamación del Cantón Murciano como un acto de defensa de la República Federal.
A continuación comandados por Antonete Gálvez y por el general Juan Contreras, presidente del Comité de Guerra que se había desplazado desde Madrid, se apoderaron de los barcos de guerra de la base naval sin causar víctimas.
El gobernador civil telegrafió al presidente del Poder Ejecutivo Francisco Pi y Margall que ni los Voluntarios de la República ni la Guardia Civil obedecían ya sus órdenes por lo que abandonó Murcia para dirigirse a Madrid pero fue detenido por los insurrectos en la estación de Alguazas, a 20 kilómetros de la capital. Así en la mañana del 15 de julio se constituyó la «Junta revolucionaria» de Murcia, presidida por el diputado Jerónimo Poveda, quien izó la bandera roja en el Ayuntamiento y luego en el palacio arzobispal que quedó convertido en sede de la Junta. En el Manifiesto que hizo público, la «Junta revolucionaria» de Murcia expuso las primeras medidas que había tomado («indulto para todos los reos políticos», «la incautación de los bienes que el cardenal Belluga legó a favor de los establecimientos de beneficencia», la incautación del Seminario de San Fulgencio a donde se trasladarán «las oficinas públicas establecidas en casas arrendadas», la incautación «de las armas y efectos de guerra que existan en la capital, posesionándose de los cuarteles», la sujeción a un jurado de «los propaladores de alarmas» y «de los que, con dañadas intenciones abandonen la población») y explicó los motivos de su constitución:
En el manifiesto la Junta revolucionaria de Murcia establecía que las «Juntas revolucionarias de los pueblos organizarán en los mismos la administración municipal con arreglo al sistema federal» y además anunciaba que iba a nombrar una comisión que «atienda el armamento y las defensas del Cantón Murciano» y otra que «establezca relaciones con las provincias limítrofes». Ambas estarían «bajo las órdenes del general Contreras y el ciudadano Antonio Gálvez», con lo que establecía implícitamente la subordinación de la Junta de Murcia a la de Cartagena en la dirección del Cantón Murciano, que quedó así constituido.
El 15 de julio el general Juan Contreras hacía público un Manifiesto en que comunicaba que se acababa de levantar en armas al grito de ¡Cantones federales! y hacía ostentación de las fuerzas que le apoyaban, especialmente de la Armada, y pedía a los jefes y oficiales de las fuerzas «centralistas» -así llama a las que permanecen fieles al gobierno de Pi y Margall y a la legalidad- que no dispararan «ni contra el pueblo ni contra sus hermanos de armas». Además promete que:
Pi y Margall reconoció que lo que estaban haciendo los «intransigentes» era poner en práctica su teoría del federalismo «pactista» de abajo arriba, pero condenó la insurrección porque esa teoría estaba pensada para una ocupación del poder «por medio de una revolución a mano armada» no para una «República [que] ha venido por el acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica».
El gobierno de Pi y Margall se vio desbordado por la rebelión cantonal y también por la marcha de la Tercera Guerra Carlista, ya que los partidarios de don Carlos campaban por sus respetos con total libertad en las Vascongadas, Navarra y Cataluña, salvo en las capitales, y extendían su acción a todo el país a través de partidas, mientras que el pretendiente Carlos VII había formado en Estella un gobierno con sus propios ministerios, que comenzaba incluso a acuñar moneda, mientras que la connivencia de Francia les permitía recibir ayuda externa.
Otro foco de conflicto para el gobierno de Pi y Margall fue la Revolución del Petróleo que se había iniciado en Alcoy el 7 de julio con una huelga en la industria papelera. A este conflicto se añadieron los disturbios sociales y cantonales en Andalucía, como en Carmona, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla y Málaga.
Para acabar con la rebelión cantonal Pi y Margall se negó a aplicar las medidas de excepción que le proponía el sector «moderado» de su partido, que incluía la suspensión de las sesiones de las Cortes, porque confiaba en que la rápida aprobación de la Constitución federal -lo que no sucedió- y la vía del diálogo -la "guerra telegráfica" que ya le funcionó cuando la Diputación de Barcelona proclamó el Estado catalán- haría entrar en razón a los sublevados. No obstante no dudó en reprimir a los sublevados como lo prueba el telegrama que envió el Ministro de la Gobernación a todos los gobernadores civiles el 13 de julio, nada más tener conocimiento de la proclamación del Cantón Murciano el día anterior en Cartagena:
Pero al mismo tiempo en la madrugada del 14 de julio Pi y Margall le envió un largo telegrama al gobernador civil de Murcia para que intentara convencer a los insurrectos del Cantón de Cartagena de que lo que estaban haciendo no era defender la República federal sino ponerla en peligro:
La política de Pi y Margall de combinar la persuasión y la represión para acabar con la rebelión cantonal se aprecia también en las instrucciones que dio al general republicano Ripoll en su cometido de acabar con la rebelión cantonal en Andalucía al frente de un ejército de operaciones con base en Córdoba compuesto por 1677 infantes, 357 caballos y 16 piezas de artillería:
El 14 de julio tuvo lugar un debate en las Cortes a propuesta del diputado por Cartagena Prefumo, republicano federal del sector "«moderado», quien después de afirmar que «he estado siempre al lado de la política que representaba el Sr. Pi y Margall» le acusó de haberse cruzado de brazos —«¡Gran manera de hacer orden!», le dijo— a lo que Pi replicó que «el Gobierno no ha tenido debilidad, lo que faltan son medios materiales». Al día siguiente Pi y Margall pidió en las Cortes que se discutiera y aprobara rápidamente la nueva Constitución para así frenar la extensión de la rebelión cantonal. Dos días después, el 17 de julio, se dio lectura al Proyecto de Constitución Federal de la República Española que había redactado en 24 horas Emilio Castelar, pero tres diputados «intransigentes» miembros de la Comisión constitucional presentaron un proyecto alternativo. En este clima de división Pi y Margall intentó formar un nuevo gobierno que agrupara a todos los sectores de la Cámara, para lo que pidió el voto de confianza pero el resultado le fue adverso al obtener el apoyo de solo 93 diputados, frente a los 119 que obtuvo el «moderado» Nicolás Salmerón. Lo que había sucedido era que como la política de Pi y Margall de persuasión y represión no había conseguido detener la rebelión cantonal, el sector «moderado» le había retirado su apoyo votando a favor de Nicolás Salmerón. Al día siguiente Pi y Margall dimitió, tras 37 días de mandato.
El mismo día de su dimisión, 18 de julio, intervino el diputado «intransigente» Casalduero que acusó a Pi y Miargall de haber traicionado las ideas que hasta entonces había defendido —la construcción de la Federación de abajo arriba— y que se había dejado arrastrar por el sector «moderado» que propugnaba la represión.
Mes y medio después de haber dimitido, y cuando las Cortes estaban a punto de suspenderse a propuesta del nuevo presidente Emilio Castelar, Pi y Margall explicó el 6 de septiembre a la Cámara por qué en aquellos momentos había defendido la construcción federal de arriba abajo, y no de abajo arriba como siempre lo había hecho, y por lo que algunos le habían acusado de haber sido el promotor ideológico de la rebelión cantonal:
Nicolás Salmerón, elegido Presidente del Poder Ejecutivo con 119 votos a favor y 93 votos en contra, era un federalista «moderado» que defendía la necesidad de llegar a un entendimiento con los grupos conservadores y una lenta transición hacia la república federal. Nada más tomar posesión del cargo sustituyó al general republicano Ripoll -nombrado por Pi y Margall- por el general Manuel Pavía, de dudosa fidelidad a la República Federal, al frente del ejército expedicionario de Andalucía. Cuando el 19 de julio Salmerón se reunió con Pavía para ofrecerle el puesto le dijo, según relata el propio Pavía: «si consigue Vd. que un soldado dispare su fusil contra un cantonal, se habrá salvado el orden», lo que contrasta con las instrucciones que le dio Pi y Margall a Ripoll.
La llegada de Salmerón a la presidencia del Poder Ejecutivo produjo una intensificación de la rebelión cantonal porque los «intransigentes» pensaron que con él sería imposible ni siquiera alcanzar la República Federal «desde arriba», como les había asegurado Pi y Margall, con lo que a través de la vía de la insurrección cantonal conseguirían finalmente derribar el sistema político centralista propio de una república unitaria e instaurar «desde abajo» un sistema político federal en España, que era el que se había proclamado previamente el 8 de junio en las Cortes Constituyentes. El Decreto de 20 de julio por el que el Gobierno de Salmerón declaró piratas a los barcos de guerra cantonales, produjo una respuesta el 22 de julio, por la que los cantonalistas declararon traidor al gobierno de Madrid. El 24 de julio, en acuerdo con los diputados intransigentes y la Junta de Cartagena, crearon el Directorio Provisional como autoridad superior para dar unidad y cohesión del movimiento cantonal. y extenderlo con la formación de nuevos cantones. El Directorio Provisional estaba compuesto por tres miembros: Juan Contreras, Antonio Gálvez y Eduardo Romero Germes. Dos días después el Directorio provisional se amplió a nueve componentes, incorporándose los diputados a Cortes José Mª Pérez Rubio, Alberto Araus y Alfredo Sauvalle, el mariscal de campo Félix Ferrer y el miembro de la Junta de Salud Pública de Madrid Nicolás Calvo Guayti. Y finalmente el 27 de julio el Directorio Provisional se transformó en el Gobierno Provisional de la Federación Española, con los siguientes ministerios: Juan Contreras y Román, presidente y Marina; Antonio Gálvez Arce, Ultramar; Eduardo Romero Germes, Fomento; Alberto Araus y Pérez, Gobernación; Alfredo Sauvalle y Gil de Avalle, Hacienda; Félix Ferrer y Mora, Guerra; Nicolás Calvo Guayti, Estado e interino de Justicia; y José Mª Pérez Rubio, Secretario general del Gobierno.
Tras la formación del gobierno de Salmerón se produjo la extensión del movimiento cantonal, de modo que hasta el día 23 de julio la insurrección se había ya extendido en las regiones de Andalucía y Levante, e incluso a las provincias de Salamanca y Ávila, lo que añadido al conflicto carlista, supuso que treinta y dos provincias se hallaban levantadas en armas.
Cuando el 17 de julio se organizó frente al gobierno civil de Valencia un acto multitudinario de homenaje a los Voluntarios de la República que habían regresado en tren de combatir a los internacionalistas de la AIT que se habían sublevado en la Revolució del Petroli de Alcoy, la multitud arengada por el diputado Feliu gritó "¡Viva el Cantón valenciano!". Al día siguiente la milicia se desplegó por los puntos estratégicos de la ciudad y a las 11 de la noche la proclamación del Cantón Valenciano ya era un hecho. El 19 de julio se eligieron a los miembros de la "Junta Revolucionaria" del Cantón que fue presidida por Pedro Barrientos, catedrático de la Escuela de Bellas Artes, mientras el gobernador civil Castejón huía a Alcira en tren. El 22 de julio, cuando ya se habían adherido al Cantón 178 pueblos de la provincia de Valencia, el presidente de la Junta Pedro Barrientos hizo la proclamación oficial del Cantón Valenciano en la plaza de la catedral de Valencia, que fue rebautizada como Plaza de la República Federal. Desfilaron a continuación 28 batallones de milicianos sin armas y se tocó el himno de La Marsellesa. En una alocución la "Junta Revolucionaria" reafirmó su compromiso con el mantenimiento del orden:
Un día antes, el 21 de julio, había salido de Valencia el diputado federal Francisco González Chermá, al mando de 100 voluntarios, dos compañías de carabineros y una de infantería para proclamar el Cantón de Castellón. Cuando llegó a a la ciudad de La Plana disolvió la Diputación Provincial y proclamó el Cantón, pero a diferencia de lo ocurrido en la provincia de Valencia los pueblos de la provincia de Castellón se opusieron al cantonalismo, ya que muchos de ellos eran carlistas especialmente los de la zona del Maestrazgo. Esto hizo posible la rápida actuación de las fuerzas conservadoras que entraron en Castellón y disolvieron la "Junta revolucionaria". González Chermá logró escapar en tren hasta Valencia. Era el final del efímero cantón de Castellón, que solo había durado cinco días, del 21 al 26 de julio de 1873.
El 19 de julio se proclama el cantón de Cádiz nada más conocerse que se había formado el Gobierno de Salmerón, según relató en el cónsul de Estados Unidos en la ciudad en el informe que envió a su gobierno calificando lo sucedido como «una auténtica revolución». El Comité de Salud Pública, presidido por Fermin Salvochea, comunicó que se había constituido «con objeto de salvar a la República federal, secundando el movimiento iniciado en Cartagena, Sevilla y otras poblaciones». Tanto el gobernador civil como el militar se sumaron a la insurrección y la bandera roja cantonal comenzó a ondear en todos los edificios oficiales. Del Cantón de Sevilla recibieron abundante material de guerra y su posición se vio reforzada con la incorporación al cantón de La Línea de la Concepción y de San Fernando, pero no así la base naval cuyo comandante «no reconoce la autoridad del Comité... [ya que] los barcos de guerra dependen del poder central», por lo que «espera órdenes de Madrid», según relata el cónsul estadounidense. Cuando desde La Carraca se bombardea Cádiz, el Comité de Salud Pública acusa en un Manifiesto a los marinos de que lo que pretenden es «tiranizar al pueblo, concluir con las libertades patrias y obtener ascensos y condecoraciones a costa de nuestra sangre».
El 21 de julio se proclama el Cantón de Málaga, aunque desde la proclamación de la República Federal el mes anterior Málaga ya era prácticamente independiente del poder central gracias al pacto no escrito entre Francisco Solier uno de los líderes de los «intransigentes» malagueños y diputado a Cortes allegado al ministro de Ultramar Palanca, y el gobierno de Pi y Margall, que después de nombrar a Solier gobernador civil, solo exigió a cambio que mantuviera relaciones normales con el Gobierno. El 25 de julio en la reunión para elegir a los miembros del Comité de Salud Pública son detenidos varias decenas de republicanos «intransigentes» del sector de Carvajal, enemigo de Solier, y al día siguiente 45 de ellos son deportados a Melilla.
Otros levantamientos se produjeron en Andalucía con las proclamaciones de los cantones de Sevilla (19 de julio), Granada (el 20 de julio), además de los de Loja, Bailén, Andújar, Tarifa y Algeciras. En la Región de Murcia histórica hubo proclamaciones de cantones en Almansa y en Jumilla, aunque sobre este último caso existen dudas de que realmente existiera.
La rebelión cantonal también se produjo en algunos lugares de las provincias de Salamanca y Toledo (en Camuñas) destacando también, en Extremadura, el intento de constituir cantones en Coria, Hervás y Plasencia, así como la publicación del periódico El Cantón Extremeño (fundado por Hernández González y continuado por Evaristo Pinto Sánchez), en cuyas páginas se animaba a la creación del cantón ligado a Lusitania y se instaba a los lectores a tomar las armas, de ser necesario, para defender los ideales promulgados. También en la provincia de Ávila tendrá la Revolución cantonal una cierta incidencia.
Según Jorge Vilches, «puntos comunes en las declaraciones cantonales fueron la abolición de impuestos impopulares, como los consumos y el estanco de tabacos y sal, la secularización de los bienes del clero, el establecimiento de medidas favorables a los trabajadores, el indulto a presos por delitos contra el Estado, la sustitución del Ejército por la milicia y la formación de comités o juntas de salud pública».
Las expediciones marítimas y terrestres que emprendió el Cantón de Cartagena tuvieron dos objetivos esenciales. En primer lugar, extender la rebelión con lo que se conseguiría distraer fuerzas al enemigo y alejar la línea del presunto cerco al que podría ser sometido; y en segundo lugar, proveer de subsistencias a las fuerzas concentradas en Cartagena que pasaban de 9000 hombres y que el hinterland del Campo de Cartagena no podía proporcionar, además de proveerse del dinero necesario para hacer frente a los gastos de guerra, porque los recursos obtenidos en la propia Cartagena -venta de las mercancías abandonadas en la aduana y de las existencias de tabaco almacenado; contribuciones y adelantos sobre las mismas que se hicieron pagar a las clases acomodadas- eran insuficientes.
La primera expedición marítima tuvo lugar el 20 de julio en una acción simultánea del vapor de ruedas Fernando el Católico al mando del general Contreras hacia Mazarrón y Águilas en la costa murciana, y de la fragata blindada Fragata blindada Vitoria al mando de "Antonete" Gálvez hacia Alicante. En principio las dos misiones tuvieron éxito pues Mazarrón y Águilas se incorporaron al Cantón Murciano y Gálvez proclamó el cantón de Alicante constituyendo una Junta de Salud Pública. Pero tres días después de la vuelta de la Vitoria a Cartagena las autoridades "centralistas" recuperaron el control de Alicante y pusieron fin al cantón. Gálvez regresó en el Vigilante, que fue requisado en el puerto de Alicante, e hizo escala en Torrevieja donde una comisión se entrevistó con él para adherirse al Cantón Murciano, dejando de pertenecer a la provincia de Alicante. Pero cuando el 23 de julio el Vigilante estaba a punto de entrar en Cartagena fue interceptado por la fragata blindada SMS Friedrich Carl haciendo uso del decreto recién aprobado por el gobierno de Nicolás Salmerón que declaraba «piratas» a todos los barcos que enarbolaran la bandera roja cantonal por lo que podían ser apresados por los buques de cualquier país dentro incluso de las aguas jurisdiccionales españolas. Además el comodoro Reinhold von Werner comandante de la Friedrich Carl exigía la entrega de la fragata Vitoria porque también había enarbolado la bandera roja. Finalmente la Junta de Cartagena entregó el Vigilante a Werner pero no la Vitoria que estaba a salvo en el puerto.
Mientras tanto en Murcia se organizó la primera expedición terrestre importante con destino a Lorca, ciudad que no quería sumarse al Cantón de Cartagena, como ya lo habían hecho Totana y Alhama tras ser auxiliadas por una columna de voluntarios que había salido de la capital de la provincia el 21 de julio. La fuerza cantonal compuesta de 2.000 hombres y cuatro piezas de artillería al mando de "Antonete" Gálvez llegó el 25 de julio izando la bandera en el Ayuntamiento y constituyendo una Junta de Salvación Pública. Pero el cantón murciano en Lorca solo duró un día porque en cuanto las fuerzas de Gálvez regresaron a Murcia el 26 con varios miles de pesetas como contribución de guerra, las autoridades locales que habían abandonado la ciudad volvieron y destituyeron a la Junta.
La segunda expedición marítima tuvo como objetivo sublevar la costa andaluza de Almería a Málaga. El 28 de julio, al mando del general Contreras salieron de Cartagena, aclamadas por la multitud, la fragata de hélice Almansa y la fragata blindada Vitoria, con dos regimientos a bordo más un batallón de infantería de Marina. Cuando al día siguiente la expedición llegó a Almería exigió a una comisión de representantes de la Diputación y del Ayuntamiento que subieron a bordo de la Numancia el pago de 100 000 duros como contribución de guerra y el abandono de la ciudad de las fuerzas militares para que el pueblo decidiera libremente proclamar el Cantón o no. La respuesta fue negativa y las autoridades locales prepararon la defensa de la plaza, mientras la mayoría de población civil de Almería se marchaba de la ciudad. En la mañana del día 30 comenzó el bombardeo contra las defensas de la ciudad y los edificios militares, que fue respondido desde Almería. La ciudad no se rindió por lo que el general Contreras esa misma noche puso rumbo a Motril en la costa de Granada a donde llegó al amanecer del día siguiente. Contreras desembarcó a los heridos, visitó la ciudad y recibió ayuda económica en forma de pagarés a cobrar en Málaga por un importe de 160 000 reales.
El 1 de agosto cuando la Almansa se encontraba en aguas de Málaga fue flanqueada por las fragatas acorazadas HMS Swiftsure y SMS Friedrich Carl, británica y alemana respectivamente, que en aplicación del "decreto de piratería" de Salmerón le obligaron a regresar, junto con la Victoria que se había quedado rezagada -el motivo que adujeron fue que las fragatas cantonales se disponían a bombardear Málaga-. Al llegar a Escombreras, cerca de Cartagena, las tripulaciones de las dos fragatas fueron obligadas a desembarcar y a descargar los cañones mientras el general Contreras permanecía detenido en la Friedrich Carl, aunque fue puesto en libertad poco después. La Almansa y la Vitoria quedaron bajo la custodia británica y fueron llevadas a Gibraltar donde serían devueltas al gobierno español.
La segunda expedición terrestre se organizó en Cartagena el 30 de julio y tuvo como objetivo Orihuela, una ciudad de predominio carlista. Estaba mandada, como la primera expedición terrestre a Lorca, por "Antonete" Gálvez y contaba con fuerzas de Cartagena -los regimientos Iberia y Mendigorría- y de Murcia -un cuerpo de voluntarios al mando de un cuñado de Gálvez-. Entraron en la ciudad de madrugada enfrentándose a guardias civiles y carabineros dispuestos para su defensa. En los combates murieron cinco guardias y nueve resultaron heridos, mientras los cantonales tuvieron un muerto y tres heridos, e hicieron prisioneros a 14 guardia civiles y a la totalidad de los 40 carabineros. Tras su victoria en la llamada batalla de Orihuela, volvieron a Cartagena al día siguiente junto con los guardias civiles y carabineros que llevaban presos. Allí el general cantonalista Félix Ferrer les dirigió la siguiente felicitación:
A principios de agosto "Antonete" Gálvez y el general Contreras encabezan una tercera expedición terrestre en dirección a Chinchilla compuesta por 3000 hombres distribuidos en tres trenes para cortar la comunicación ferroviaria con Madrid del ejército del general Arsenio Martínez Campos que tiene cercada a Valencia. Los primeros combates se producen en la estación de ferrocarril de Chinchilla donde los cantonales consiguen desalojar a las tropas enviadas por Martínez Campos al enterarse de los planes de los cantonales. Pero cuando los cantonales reciben la noticia de que el cantón de Valencia ha caído emprenden la retirada, lo que es aprovechado por las fuerzas "centralistas" para contraatacar apoyadas por la artillería, lo que provoca el pánico y la desbandada de los cantonales murcianos. Finalmente Gálvez y Contreras lograron reorganizar sus fuerzas, recibiendo el auxilio de la columna de reserva que había quedado en Hellín. Así pudieron regresar a Murcia a donde llegaron el 10 de agosto por la noche. La batalla de Chinchilla resultó un desastre para los cantonales murcianos porque perdieron cerca de 500 hombres, entre ellos 28 jefes y oficiales, además de 51 vagones, cuatro cañones y 250 fusiles, y sobre todo porque dejó el paso libre a Martínez Campos para ocupar Murcia.
El lema del gobierno de Salmerón fue el «imperio de la ley», lo que suponía que para salvar la República y las instituciones liberales había que acabar con carlistas y cantonales. Para sofocar la rebelión cantonal tomó medidas duras como destituir a los gobernadores civiles, alcaldes y militares que habían apoyado de alguna forma a los cantonalistas y a continuación nombró a generales contrarios a la República Federal como Manuel Pavía o Arsenio Martínez Campos -lo que no le importó porque lo prioritario era restablecer el orden- para que mandaran las expediciones militares a Andalucía y a Valencia, respectivamente. "Además, movilizó a los reservistas, aumentó la Guardia Civil con 30 000 hombres, nombró delegados del Gobierno en las provincias con las mismas atribuciones que el Ejecutivo. Autorizó a las Diputaciones a imponer contribuciones de guerra y a organizar cuerpos armados provinciales, y decretó que los barcos en poder de los cartageneros se consideraran piratas -lo que suponía que cualquier embarcación podía abatirlos estuviera en aguas españolas o no". Gracias a estas medidas fueron sometidos uno tras otro los distintos cantones, excepto el de Cartagena que resistiría hasta el 12 de enero de 1874.
El general Manuel Pavía y las fuerzas que estaban a su mando partieron el 21 de julio desde Madrid para Andalucía en dos trenes, aunque no llegaron a Córdoba hasta dos días después a causa de que la vía estaba interceptada en Despeñaperros lo que les obligó a desviarse por Ciudad Real y Badajoz. El día antes de su llegada el general Ripoll, que iba a ser relevado por el general Pavía, había conseguido desbaratar el intento de proclamación del cantón de Córdoba por parte de los "Voluntarios de la República" que habían acudido a la capital desde los pueblos de la provincia, aunque el mérito se lo atribuyó después el general Pavía quien afirmó que las fuerzas cantonalistas se disolvieron al producirse su llegada a la capital cordobesa. La primera medida que tomó Pavía fue restablecer la disciplina de las tropas recurriendo a métodos expeditivos y a continuación se dispuso a atacar el cantón de Sevilla porque su caída desmoralizaría al resto de cantones de Andalucía. Las tropas de Pavía partieron de Córdoba en dirección a Sevilla el 26 de julio. Después de dos días de duros combates en la mañana del 30 de julio ocupó el Ayuntamiento, aunque el control de la ciudad no se completó hasta el día siguiente, a costa de 300 bajas -las bajas cantonales fueron muchas más pero nadie las contabilizó-. Al día siguiente, 1 de agosto, Pavía hacía su entrada oficial en Sevilla, y algunas de sus tropas eran enviadas a los pueblos de la provincia para proceder al desarme de las fuerzas del Cantón de Sevilla cuya capital acababa de caer.
El 2 de agosto una parte de las tropas de Pavía salió de Sevilla en dirección a Jerez de la Frontera de donde desalojaron al día siguiente a los cantonales, que huyeron a San Fernando o a Cádiz. Ese mismo día el grueso del ejército de Pavía se encontraba a las puertas de Cádiz en San Fernando, donde tomó la estación de ferrocarril sin disparar un tiro. El general Pavía se negó a entablar ningún tipo de negociación para la rendición de la capital del cantón de Cádiz por lo que el Comité de Salud Pública, viéndose cercado por tierra y por mar -había en su bahía barcos de diversos países dispuestos a capturar a los barcos cantonales que ondearan la bandera roja- entregó el poder al Cuerpo consular acreditado en Cádiz que, después de comunicar cada cónsul con su gobierno respectivo, hizo público un manifiesto notificando el hecho y solicitando la cooperación de la población a fin de que no se altere el orden -que mantuvo gracias a la colaboración del gobernador militar nombrado por el Comité de Salud Pública, el brigadier Eguía-. Así poco después Pavía hizo su entrada en Cádiz al frente de sus fuerzas y a continuación dispuso que parte de ellas se ocuparan de desarmar a las fuerzas cantonales de los pueblos importantes de la provincia, telegrafiando previamente a San Roque, Algeciras y Tarifa: «caeré sobre ese pueblo con todas mis fuerzas y el tren a batir y haré castigos ejemplares». También ordenó el ingreso en el castillo de Santa Catalina para formales consejo de guerra de los jefes y oficiales del regimiento de artillería a pie que se había sumado a la rebelión. Una de las localidades donde la represión fue más dura fue Sanlúcar de Barrameda, donde la rebelión iniciada a finales de junio había estado protagonizada por los internacionalistas de la sección española de la AIT. Fueron encarcelados 74 insurrectos y unos 200 lograron huir para evitar la detención.
El 8 de agosto, tras "pacificar" Cádiz y su provincia, Pavía se dirige a Córdoba para desde allí caer sobre los cantones de Granada y de Málaga. El 12 de agosto Pavía entraba a caballo en Granada donde no había encontrado resistencia. Inmediatamente ordenó el desarme de los insurrectos de la capital y de la provincia poniendo fin así al cantón de Granada. A continuación se puso en marcha hacia Málaga, desafiando las órdenes del gobierno de que no fuera allí -y así se lo había comunicado el gobierno al gobernador civil Solier quien a su vez había telegrafiado a Pavía y éste le había contestado: "V.S. será diputado de las Constituyentes [pero] para mí no es más que el gobernador civil de una provincia que está bajo mis órdenes"-. Según el relato de Pavía cuando recibió la orden de no atacar el cantón de Málaga presentó la dimisión "en nombre del honor y la honra del Ejército y la mía propia", pero el gobierno no le admitió la dimisión. Intentando salir del atolladero en que se encontraba, el presidente Salmerón destituyó al gobernador civil Solier y autorizó que una pequeña guarnición al mando de un delegado del gobierno, no de Pavía, fuese a Málaga. Pero disconforme de nuevo con la decisión del gobierno, Pavía volvió a presentar la dimisión -«yo no podía permitir que fuese guarnición alguna a Málaga, sin que yo la condujese y entrara en la ciudad a la cabeza de ella, ni permitiría que las fuerzas populares de la ciudad poseyesen armas», escribió Pavía tiempo después-. Mientras mantenía su nuevo desafío al gobierno acabó con la resistencia de Écija donde, según el propio Pavía, «hizo castigos ejemplares» que servirían de ejemplo a los todos los cantonalistas de Andalucía que no se rindieran a su autoridad.
El 6 de septiembre Nicolás Salmerón dimitió de la presidencia del Poder Ejecutivo para no tener que firmar la sentencia de muerte de ocho soldados que en Barcelona se habían pasado al bando carlista, porque era absolutamente contrario a la pena de muerte -que las Cortes acababan de restablecer para determinados delitos militares-. En la decisión también pudo pesar la conducta del general Pavía de continuo desafío a su autoridad, que volvió a repetir ante el nuevo presidente del Poder Ejecutivo Emilio Castelar -ante el que dimitió de nuevo dos veces más-. La solución al impasse que había provocado Pavía la resolvió finalmente el gobernador Sorlier cuando solicitó al gobierno, y éste lo aceptó, abandonar Málaga con sus hombres, pero éstos fueron detenidos y desarmados en Bobadilla por las fuerzas de Pavía, quien finalmente pudo entrar en Málaga, poniendo fin así al cantón de Málaga y a la campaña de Andalucía.
Al mismo tiempo que el general Pavía desarrollaba las operaciones militares para acabar con el movimiento cantonal en Andalucía, el general Arsenio Martínez Campos se ocupaba de Valencia y de Murcia. El 24 de julio las tropas más avanzadas de Martínez Campos realizaron el primer intento de penetración en Valencia desde la cercana localidad de Catarroja, siendo rechazadas en la plaza de toros. Entonces la Junta del Cantón Valenciano organizó la defensa de la ciudad teniendo en cuenta que ya no había murallas porque habían sido derribadas ocho años antes, excepto las antiguas puertas de las Torres de Serranos y las Torres de Cuart. Tras el fracaso de varios intentos de negociación Martínez Campos inició el sábado 2 de agosto el bombardeo de la ciudad desde Chirivella, a unos dos kilómetros al oeste de la capital, siendo respondido por el cañón que los cantonales habían emplazado en las Torres de Cuart.
El bombardeo cada vez más preciso de Valencia causó el pánico entre la población y cundió el desánimo. Una comisión formada por los cónsules de Italia y Gran Bretaña y el escritor conservador local Teodoro Llorente Olivares se entrevistó el martes 5 de agosto con el general Martínez Campos en su cuartel general de Cuart de Poblet consiguiendo la paralización del bombardeo hasta las 12 de la mañana del día siguiente. La Junta cantonal y los jefes de la milicia votaron a favor de no continuar la lucha, por lo que las personas más comprometidas se dirigieron al puerto de Valencia acompañados de una muchedumbre para embarcar en el vapor Matilde, embargado por la Junta unos días antes, para dirigirse a Cartagena, donde iban a continuar la rebelión. A continuación se izó la bandera blanca en el Miguelete, la torre más alta de la ciudad. Martínez Campos entró en Valencia el 8 de agosto y al día siguiente hizo público un bando ordenando la disolución de las milicias y la entrega de sus armas.
La victoria del ejército de Martínez Campos en la batalla de Chinchilla le dejó el paso libre para ocupar la ciudad de Murcia. Así el día 11 de agosto era disuelta su Junta Revolucionaria -unos 1000 cantonalistas lograron huir a Cartagena-, por lo que solo quedó «Cartagena como símbolo de la lucha por la autonomía federativa, pero no, subrayémoslo, del separatismo que les atribuían los enemigos de los republicanos en un afán de restarles adeptos». Cuatro días después Martínez Campos comenzaba el cerco por tierra de Cartagena que iría estrechando poco a poco y enseguida enviaba un informe pesimista al ministro de la guerra en el que le decía que el asedio duraría varios meses, tiempo suficiente para que "las Cortes voten la Constitución federal o cantonal que les dé el triunfo sin haber ellos arriado la bandera". Además en el informe propugnaba la mano dura para los jefes y oficiales que hubieran participado en la rebelión por su carácter «antisocial, antipatriótico y tan contraria al Ejército». el 2 de septiembre el Gobierno Provisional de la Federación Española presentó su dimisión, sus miembros integrados en la Junta de Cartagena, que quedó como única autoridad, la Junta Soberana de Salvación Pública, presidida por Pedro Gutiérrez.
En la sesión de las Cortes del 6 de septiembre, en que se discutió la dimisión de Nicolás Salmerón y el nombramiento de Emilio Castelar para sustituirle, Pi i Margall realizó una dura crítica sobre la forma como se había reprimido la rebelión cantonal:
El 7 de septiembre de 1873 fue elegido para ocupar la Presidencia del Poder Ejecutivo Emilio Castelar cuando estaba prácticamente acabada la rebelión cantonal, con la excepción del último reducto del cantón de Cartagena.
Castelar había quedado hondamente impresionado por el desorden causado por la rebelión cantonal. Así valoró mucho más tarde lo que había supuesto para el país, según él, la rebelión cantonal:
Solo dos días después de haber sido investido presidente del Poder Ejecutivo, Castelar consiguió de las Cortes, gracias a la ausencia de los «intransigentes», la concesión de facultades extraordinarias, iguales a las pedidas por Pi y Margall para el país vasconarro y para Cataluña para combatir a los carlistas, pero ahora extendidas a toda España para acabar tanto con la guerra carlista como con la rebelión cantonal. El siguiente paso fue proponer la suspensión de las sesiones de las Cortes, lo que entre otras consecuencias supondría paralizar el debate y la aprobación del proyecto de Constitución federal. El 18 de septiembre la propuesta fue aprobada con los votos de los republicanos federales "moderados" y la oposición de los «centristas» de Pi y Margall y los «intransigentes», que habían vuelto a la Cámara. Así las Cortes quedaron suspendidas desde el 20 de septiembre de 1873 hasta el 2 de enero de 1874.
Los poderes extraordinarios que obtuvo Castelar y la suspensión de las sesiones de las Cortes le permitieron a gobernar por decreto, facultad que utilizó inmediatamente para reorganizar el cuerpo de artillería disuelto hacía unos meses al final del reinado de Amadeo I, llamar a los reservistas y convocar una nueva leva con lo que consiguió un ejército de 200 000 hombres, y el lanzamiento de un empréstito de 100 millones de pesetas para hacer frente a los gastos de guerra.
El mismo día 18 de septiembre en que las Cortes votaban la suspensión de sus sesiones el periódico El Cantón Murciano de Cartagena publicaba la alocución que "Antonete" Gálvez había dirigido a las tropas cantonalistas al ser nombrado comandante general de la fuerza ciudadana, que acababa así: «al que os diga que esta plaza se entregará, prendedle en el acto, que ese es un traidor. Esta plaza no se entregará nunca». La moral de los 75 000 habitantes de Cartagena en aquellos momentos aún se mantenía alta, como lo muestra esta copla que se cantaba por la ciudad:
Por esas fechas empiezan a circular los "duros cantonales" por valor de cinco pesetas, que sustituyen a las monedas de dos pesetas que se habían empezado a acuñar a principios de septiembre, y que tenían mayor valor intrínseco del que se les atribuía. En el decreto de la Junta en que se aprobó su acuñación se decía: «[Cartagena] quiere ser la primera que esparza por el mundo un testimonio vivo, de imperecedera memoria que recuerde a las futuras generaciones el grito de justicia y fraternidad».
A finales de octubre y principios de noviembre de 1873 aparecen las primeras muestras de cansancio entre la población por el largo asedio al que está sometida Cartagena desde mediados de agosto. Así el 2 de noviembre una manifestación exige la celebración de elecciones, a lo que la Junta Soberana de Salvación accede, pero su resultado no varía la composición de la Junta. Mientras tanto el general Ceballos logra introducir espías y provocadores dentro de la ciudad que llegan a ofrecer dinero a los líderes del cantón que éstos rechazan aunque sí lo aceptan algunos oficiales que serán detenidos y encarcelados el 21 de noviembre.
El desánimo y la desmoralización de los sitiados aumentaron cuando a finales de noviembre comenzó el bombardeo de la ciudad, que era lo que pretendía el gobierno cuando el 14 de noviembre el ministro de la Guerra José Sánchez Bregua comunicó al general Ceballos que «sería conveniente arrojar 5.000 proyectiles a la plaza porque así se podría quebrantar el ánimo de los defensores o cuando menos molestarles, para no dar lugar a que permanezcan como han permanecido, completamente tranquilos». El bombardeo comenzó el 26 de noviembre de 1873 sin previo aviso y se prolongó hasta el último día del asedio, el 12 de enero de 1874, contabilizándose en total 27 189 proyectiles, "un verdadero diluvio de fuego", que causaron 800 heridos y doce muertos y destrozos en la mayoría de los inmuebles -sólo 28 casas quedaron indemnes-. Tras la primera semana de bombardeo en que los sitiadores se percataron de que las defensas de Cartagena seguían intactas, el general Ceballos presentó la dimisión, alegando motivos de salud y la "escasez de recursos para tomar la plaza en el plazo que interesa al Gobierno" -es decir, antes de que se reabran las Cortes el 2 de enero que previsiblemente obligarán a dimitir a Castelar-. El 10 de diciembre es sustituido por el general José López Domínguez.
El acercamiento a los constitucionales y a los radicales de Castelar encontró la oposición del «moderado» Nicolás Salmerón y de sus seguidores, que hasta entonces habían apoyado al gobierno, porque creían que la República debía ser construida por los republicanos auténticos, no por los recién llegados que estaban «fuera de la órbita republicana». La primera muestra de que Salmerón había dejado de apoyar al gobierno de Castelar se produjo en diciembre de 1873 cuando en la Diputación Permanente de las Cortes sus partidarios votaron junto a pimargallianos e «intransigentes» en contra de la propuesta de Castelar de que se celebraran elecciones para ocupar los escaños vacantes, por lo que fue rechazada.
A raíz de la derrota parlamentaria de Castelar, Cristino Martos, líder de los radicales, y el general Serrano, líder de los constitucionales, que hasta entonces habían estado preparándose para las elecciones parciales que ya no se iban a celebrar, acordaron llevar a cabo un golpe de fuerza para evitar que Castelar fuera reemplazado al frente del Poder Ejecutivo por un voto de censura que previsiblemente iban a presentar Pi y Margall y Salmerón en cuanto volvieran a abrirse las Cortes el 2 de enero de 1874.
Cuando se reabrieron las Cortes el 2 de enero de 1874 el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, el militar que iba a dirigir el golpe, tenía preparadas a sus tropas para el caso de que Castelar perdiera la votación parlamentaria. En lado contrario batallones de Voluntarios de la República estaban preparados para actuar si vencía Castelar -de hecho, según Jorge Vilches, «los cantonales cartageneros habían recibido la contraseña de resistir hasta el 3 de enero, día en que siendo derrotado el Gobierno Castelar se formaría uno intransigente que "legalizaría" su situación y "cantonalizaría" España»-. Al abrirse la sesión intervino Nicolás Salmerón para anunciar que retiraba su apoyo a Castelar. Le respondió Emilio Castelar haciendo un llamamiento al establecimiento de la «República posible» con todos los liberales, incluidos los conservadores, y abandonando la demagogia.
A continuación se produjo la votación en la que el gobierno de Castelar salió derrotado por 100 votos a favor y 120 en contra. Entonces el diputado constitucional Fernando León y Castillo hizo llegar el resultado al general Pavía quien dio la orden de salir hacia el Congreso de los Diputados a los regimientos comprometidos y él personalmente se situó en la plaza frente al edificio. Eran las siete menos cinco de la mañana, cuando se estaba procediendo a la votación para elegir al candidato federal Eduardo Palanca Asensi.
Salmerón, al recibir la orden del capitán general en una nota entregada por uno de sus ayudantes en el que le decía «Desaloje el local», suspendió la votación y comunicó el gravísimo suceso a los diputados. Poco después fuerzas de la guardia civil entraron en el edificio del Congreso disparando tiros al aire por los pasillos que hicieron que prácticamente todos los diputados lo abandonaran.
Castelar rehusó el ofrecimiento del general Pavía para que presidiera el gobierno porque no estaba dispuesto a mantenerse en el poder por medios antidemocráticos, por lo que la presidencia del Poder Ejecutivo de la República y del gobierno la asumió el líder del Partido Constitucional Francisco Serrano, duque de la Torre, quien se fijó como objetivo prioritario acabar con la rebelión cantonal y con la Tercera Guerra Carlista. En el Manifiesto que hizo público el 8 de enero de 1874 justificó el golpe de Pavía afirmando que el gobierno que iba a sustituir al de Castelar hubiera supuesto la desmembración de España o el triunfo del absolutismo carlista y a continuación anunció, dejando abiertas todas las posibilidades sobre República o Monarquía hereditaria o electiva, que se convocarían Cortes ordinarias que designarían la «forma y modo con que han de elegir al supremo Magistrado de la Nación, marcando sus atribuciones y eligiendo al primero que ha de ocupar tan alto puesto».
La instauración de la dictadura de Serrano -las Cortes continuaron disueltas y se restableció la Constitución de 1869 pero a continuación se la dejó en suspenso «hasta que se asegurase la normalidad de la vida política»- apenas encontró resistencia popular excepto en Barcelona donde los días 7 y 8 de enero se levantaron barricadas y se declaró la huelga general -hubo una docena de víctimas en los enfrentamientos con el ejército y los sucesos más graves se produjeron en Sarriá a causa de un levantamiento encabezado por el "Xich de les Barraquetes" al mando de unos 800 hombres-. El 10 de enero el gobierno de Serrano decretó la disolución de la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) por «atentar contra la propiedad, la familia y demás bases sociales» -nada más triunfar el golpe de Pavía la Comisión Federal de la AIT había comunicado a las comisiones locales que a la «dictadura grotesca del apóstata Castelar y sus cómplices [que] ha producido el golpe de Estado del tres de enero de 1874... ha dejado su puesto para que lo ocupe la dictadura militar, que ha disuelto a tiros la legalidad burguesa»-. Inmediatamente la Guardia Civil ocupó todos sus locales y los periódicos internacionalistas fueron suspendidos.
Al conocerse en Cartagena el golpe de Pavía los sitiados perdieron toda esperanza de que su causa pudiese triunfar por lo que se plantearon la capitulación, aunque "estimulados por el terror que anuncia la próxima derrota, los cantonales hacen una desesperada y heroica defensa, como lo reconoce el propio general José López Domínguez", que manda el ejército gubernamental que sitia por tierra la plaza. A las 11 de la mañana del día 6 de enero explota el depósito de pólvora del Parque de Artillería, muriendo las 400 personas que allí se habían refugiado porque el Parque estaba más allá del alcance de los cañones enemigos. Por eso hay dudas de si la explosión la causó un proyectil lanzado por los sitiadores o de si se trató de un sabotaje. Fue el golpe definitivo a la capacidad de resistencia de los sitiados y ni "Antonete" Gálvez ni el general Contreras "lograron levantar el ánimo de aquel pueblo sometido a un castigo implacable".
En la tarde del 11 de enero, se celebró una gran asamblea en la que además de los miembros de la Junta participan militares, voluntarios y movilizados. En ella se decidió a propuesta de Roque Barcia la rendición y la junta Revolucionaria encargó al señor Don Antonio Bonmatí y Caparrós, que en nombre de la Cruz Roja Española, parlamentara con el jefe del ejército gubernamental y ofrecer la rendición de la plaza, a pesar de que el resto de los líderes del Cantón Murciano de Cartagena, entre ellos "Antonete" Gálvez y el general Contreras, defendieron continuar resistiendo. Poco después sale de Cartagena ondeando bandera blanca una comisión de la asamblea encabezada por dos representantes de la Cruz Roja para negociar la rendición con el general López Domínguez. A las 9 de la mañana del día siguiente, 12 de enero, se da lectura ante la asamblea a la contrapropuesta que llevará la Comisión a las condiciones exigidas por López Domínguez en su entrevista del día anterior, y que incluyen además de la aceptación del indulto por el delito de rebelión que les había ofrecido López Domínguez, exceptuando a los miembros de la Junta, el que se incluyan en el indulto los prisioneros de guerra hechos en Chinchilla y que reconozcan los grados y empleos concedidos durante la insurrección, entre otras peticiones.
Mientras la comisión estaba parlamentando con el general López Domínguez, la mayor parte de los miembros de la Junta, encabezados por "Antonete" Gálvez y el general Contreras, junto con cientos de cantonalistas que también querían escapar, subieron a bordo de la fragata Numancia -los que no cupieron subieron a bordo de otros dos buques- que salió del puerto de Cartagena a las cinco de la tarde de ese día, 12 de enero, consiguiendo evadir el cerco de la flota gubernamental gracias a su gran velocidad y a la habilidad de su capitán, poniendo rumbo a Orán, a donde llegaron al día siguiente.
Mientras tanto la comisión volvió a Cartagena con las condiciones para la rendición ofrecidas por el general López Domínguez, que no habían variado sustancialmente de las iniciales, como suponían los miembros de la Junta que escaparon. La comisión comunicó a los sitiados que el general ya no negociaría más y que les había dado un plazo para aceptar sus condiciones que finalizaría a las 8 de la mañana del día siguiente, 13 de enero. Aceptadas éstas el general López Domínguez entró en Cartagena ese día al frente de sus tropas. Fue ascendido a teniente general y recibió la cruz laureada de San Fernando.
Los términos de la capitulación de Cartagena concedidos por el general López Domínguez son considerados "razonables" dadas las costumbres al uso en la época, ya que quedaron "indultados los que entreguen las armas dentro de la plaza, tanto jefes como oficiales, clases e individuos de tropa de mar y tierra, institutos armados, voluntarios y movilizados", con la excepción de los que "componen o han formado parte de la Junta Revolucionaria".
En cambio el ministro de la Gobernación, el republicano unitario Eugenio García Ruiz que fue propuesto para el cargo por el general Pavía -resolviendo de paso la rivalidad entre Martos y Sagasta para ocupar ese ministerio tan importante- y a pesar de que no formaba parte de ningún partido, actuó con una "saña especial contra los federales" pues pretendió incluso desterrar a Francisco Pi y Margall que no había tenido nada que ver con la rebelión cantonal, lo que no consiguió porque el resto del gobierno de Serrano se opuso. "García Ruiz fue un unitario y antifederal que venía atacando a Pi y Margall en la Cámara y en la prensa desde hacía años. La firmeza de Pi en sus convicciones, su carácter inflexible y tal vez, incluso, su condición de catalán irritaban a García Ruiz, quien al ser nombrado ministro de la Gobernación creyó encontrar la oportunidad para volver a expresar de forma fehaciente, su odio contra el federalismo".
García Ruiz encarceló y deportó a cientos de personas anónimas sin otra acusación que la de ser "cantonalistas", "internacionalistas" o simplemente "agitadores", y sin que en las actas conservadas figure si fueron o no sometidas a juicio. La mayoría de los deportados fueron enviados a la colonia española de las islas Marianas situadas en medio del Océano Pacífico a 3000 kilómetros de distancia de las islas Filipinas -que también recibieron deportados "cantonales"-, por lo que estaban prácticamente incomunicados y sus familias carecían de noticias de ellos. Estas presentaron numerosísimas peticiones a las autoridades solicitando que se averiguase su paradero -y que todavía se conservan en el Archivo Histórico Nacional-, lo que traduce que las autoridades no comunicaban los fallecimientos. "En pleno océano Pacífico, con un calor húmedo sofocante, por su situación tropical, los deportados sufrieron muchas penalidades". Solo se conoce una fuga de las islas Marianas: ocho presos que escaparon "en uno de los escasos barcos de pesca que, muy ocasionalmente, hacían escala de allí". La cifra oficial de deportados a las Marianas y a las Filipinas fue de 1.099, pero no se poseen datos de los que fueron deportados a Cuba, ni de los que cumplieron penas en presidios españoles.
En cuanto a los líderes del movimiento cantonal, la mayoría escaparon a Orán a donde llegaron el 13 de enero de 1873. Allí permanecieron detenidos por las autoridades francesas hasta que el 9 de febrero fueron puestos en libertad. La fragata Numancia fue devuelta al gobierno español el 17 de enero, pero no las personas que viajaban a bordo como pretendían los representantes españoles. A Antonete Gálvez la Restauración le permitió, mediante amnistía, regresar a su Torreagüera natal. En esta época entablaría una extraña y entrañable amistad con Antonio Cánovas del Castillo, máximo responsable de la Restauración, quien consideraba a Gálvez un hombre sincero, honrado y valiente, aunque de ideas políticas exageradas.
Roque Barcia no huyó en la fragata Numancia, pero solo cuatro días después de la capitulación de Cartagena publicó un documento en los periódicos en el que condenaba la rebelión cantonal, a pesar de haber sido él uno de sus principales dirigentes e impulsores. En el escrito exculpatorio expuso una serie de falsedades como la de que «estaba en Cartagena porque no me dejaban salir» y de que había sido «un prisionero, más de los sitiados que de los sitiadores». Y a continuación descalificaba el movimiento cantonal y a sus dirigentes: «Todos mis compañeros son muy santos, muy justos, muy héroes, pero no sirven para el gobierno de una aldea. [...] Republicanos federales: no nos empeñemos, por ahora en plantear el federalismo. Es una idea que está en ciernes. [...] Sin abjurar de mis ideas, siendo lo que siempre fui, reconozco al Gobierno actual y estaré con él en la lucha contra el absolutismo». Según José Barón Fernández, después de escribir esto, «Roque Barcia quedó desacreditado, para siempre, como político» y «se convirtió en lo que en lenguaje corriente llamamos un demagogo».
Se ha discutido mucho sobre el grado de participación de la FRE-AIT, pero hoy parece claro que los dirigentes de la Internacional no intervinieron en la rebelión cantonal y que el único lugar donde los internacionalistas tomaron la iniciativa, además de la revolució del petroli de Alcoy, fue en Sanlúcar de Barrameda —allí se formó una junta que en realidad era el Consejo de la sección local de la Internacional, tras la clausura del local social por orden de las autoridades—, como reconoció en una carta fechada el 4 de agosto Tomás González Morago, miembro del Comité federal de la FRE-AIT: «La federación de Alcoy y la de Sanlúcar de Barrameda son las únicas que han intentado por su propia cuenta un movimiento contra el orden de cosas establecido». Sin embargo, muchos «internacionalistas» participaron en la rebelión, especialmente en Valencia, donde algunos de ellos formaron parte de la Junta que se formó, y Sevilla. Una carta de Francisco Tomás Oliver enviada el 5 de agosto a la Comisión de la AIT así lo reconocía:
En una carta posterior, del 15 de septiembre, Tomás diferenciaba la insurrección de Alcoy, «un movimiento puramente obrero, socialista revolucionario», de la rebelión cantonal, un movimiento «puramente político y burgués», y afirmaba que «Sevilla y Valencia son las únicas dos ciudades en que se han batido los internacionales», aunque reconocía que habían tomado «una parte muy activa en los acontecimientos» en otras localidades, como Cádiz, Granada, Jerez de la Frontera, San Fernando, Carmona, Lebrija, Paradas, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, pero que luego habían sido «abandonados por los farsantes». La consecuencia fue que la represión también se abatió sobre los internacionalistas, especialmente tras la formación del gobierno de Emilio Castelar.
El 16 de agosto de 1873 La Federación, órgano de la FRE-AIT, explicó por qué a su juicio había fracasado la rebelión cantonal:
El historiador José María Jover dedicó su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia a la Primera República Española que fue ampliado y reeditado en 1991 con el título Realidad y mito de la Primera República. En este estudio Jover se propuso analizar la visión estereotipada y deformada que se tenía de la Primera República y de su principal episodio, la rebelión cantonal. Según Jover la «intensa actividad mitificadora» de lo que había sucedido la inició Emilio Castelar con el discurso que pronunció en las Cortes el 30 de julio de 1873, solo dos semanas después de que Pi y Margall fuera sustituido por Salmerón. De hecho, del discurso se hizo un folleto con doscientos mil ejemplares de tirada, una cantidad extraordinaria para la época. En él Castelar equiparaba la rebelión cantonal al «socialismo» y a la «Comuna de París» y lo calificaba de movimiento «separatista» —«una amenaza insensata a la integridad de la Patria, al porvenir de la libertad»— contraponiendo la condición de español y la condición de cantonal.
Castelar acentuó la visión de la rebelión cantonal como atentatoria contra la unidad nacional en el discurso que pronunció el 2 de enero de 1873, cuando las Cortes estaban a punto de aprobar su destitución de la presidencia del Poder Ejecutivo de la República y unas horas antes de que se llevara a cabo el golpe de Estado de Pavía, y en el que renunció al federalismo por «la República de lo posible»:
Continuador de la visión de Castelar fue Manuel de la Revilla, catedrático de literatura de la Universidad Central, quien consideraba el federalismo como algo absurdo en «naciones ya constituidas» y que respondió al libro de Pi y Margall Las nacionalidades alegando que la puesta en práctica del pacto federal solo traería «la ruina y la vergüenza».
Sin embargo, la persona que más se distinguió en su ataque a la República Federal fue Marcelino Menéndez y Pelayo quien en su Historia de los heterodoxos españoles escribió:
Los rasgos característicos de la imagen de la rebelión cantonal y de la «República del 73» que legaron a la posteridad estos autores, según José María Jover Zamora, «se corresponden con otros tantos aspectos reales de la situación histórica de referencia, si bien deformados por una visión antagónica»:
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