El caso Gürtel (también conocido como Trama Gürtel) es el nombre con el que se conoce una investigación iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada por la Fiscalía en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional, sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia.
La trama estaba encabezada por el empresario Francisco Correa Sánchez, cuyo apellido Correa en alemán dio nombre al caso, sin ninguna relación con aquel idioma. Se abrió el caso Gürtel tras la denuncia realizada desde Majadahonda por el exconcejal José Luis Peñas, entre otros.
El caso fue investigado inicialmente por la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por el fiscal Antonio Salinas, y tras la denuncia efectuada por esta en la Audiencia Nacional, fue instruido por el juez Baltasar Garzón –actualmente involucrado en la causa judicial «Operación Tándem» tras publicarse unas grabaciones realizadas por el ex comisario del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo, en las que se revela que Garzón y Villarejo estaban «preparando la Gürtel» antes de que el exmagistrado admitiese la causa y comenzara la instrucción–, hasta que fue separado del caso tras haber sido suspendido por el Consejo General del Poder Judicial, como consecuencia de una denuncia. Después fue continuado por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio María Pedreira y finalmente recayó en el juez en comisión de servicios del Juzgado Central núm 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
El denominado caso Bárcenas, que constituye una derivación del Gürtel, y recoge una contabilidad B del PP (es decir, no declarada a la Hacienda Pública española), con recepción de donativos ilegales de constructoras y entrega de dinero negro a los dirigentes del partido, fue inicialmente instruido de forma separada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Sin embargo, se planteó un conflicto de competencia y la Audiencia Nacional atribuyó también la investigación a Pablo Ruz.
José Camarasa Albertos, diputado por la lista del Partido Socialista del País Valenciano-PSOE en las Cortes Valencianas entre el 28 de junio de 1999 y el 28 de diciembre de 2009, fue el primero en dilucidar en 2005 lo que más tarde sería conocido como la trama Gürtel al detectar contratos irregulares de la empresa Orange Market, proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
José Luis Peñas, exconcejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda y amigo de Francisco Correa desde 2001 hasta 2008, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, el 6 de noviembre de 2007, tras haber recibido más de 260.000 euros de la trama de corrupción política, según los últimos informes de la policía. Aportó como pruebas grabaciones ocultas realizadas en reuniones con personas como Isabel Jordán, administradora de la empresa Easy Concept que, junto con Special Events y Orange Market, eran propiedad de Francisco Correa. La Fiscalía General remitió la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, que inició la investigación.
La trama estaba encabezada por el cuarteto integrado por el empresario Francisco Correa y tres de sus hombres de confianza: Álvaro Pérez Alonso apodado el Bigotes, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Este grupo habría establecido un supuesto conglomerado de negocios con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, así como para saltarse las prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental que habrían afectado a sus negocios inmobiliarios.
Las empresas de Correa organizaban eventos públicos del Partido Popular durante el Gobierno de José María Aznar.
Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre dejaron de contar con él en 2004.
El método más habitual para obtener sus ventajas y beneficios era la utilización de dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas.
José Luis Izquierdo López, empleado de confianza de Francisco Correa y de Pablo Crespo, mostró a los jueces los asientos contables del dinero supuestamente relacionado con este asunto, la llamada "caja B". En la documentación figuran los nombres de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar), Álvaro Pérez, Antoine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo Galeote, L.B., Ricardo Galeote, Benjamín Martín, Ginés López, F. Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo Crespo, Pau Collado, Araceli Martínez, Rocío Martínez y Sabio Martínez. Francisco Correa pidió a su empleado figurar en ellas como "Don Vito, como el de la película" (refiriéndose a Don Vito Corleone, personaje interpretado por Marlon Brando en El Padrino). Todas estas personas están o han estado vinculadas al PP; sin embargo, no ha sido constatada la financiación ilegal del Partido Popular como persona jurídica.
Tras el levantamiento del secreto del sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se conocen indicios de posible financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Partido Popular de Galicia, Partido Popular de Castilla y León y del Partido Popular nacional.
El caso Gürtel fue destapado públicamente por el diario español El País, a cuyos investigadores les fue concedido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, en su vigesimoséptima edición de 2010, al "mejor trabajo de prensa". El 18 de abril de 2010, el diario publicó un amplio informe sobre el caso.
Una de las denunciantes, Ana Garrido Ramos, técnica del ayuntamiento de Boadilla del Monte, sufrió acoso laboral continuado en el ejercicio de su cargo. El acoso por parte de superiores y antiguos compañeros fue tal que se vio obligada a emigrar temporalmente a Centroamérica. Después de la celebración del juicio, el TSJM condenó al ayuntamiento de Boadilla del Monte por acoso laboral.
El 5 de agosto de 2014, la asociación ¿Hay derecho? inició una campaña en change.org para que concedieran la Orden al Mérito Civil a Ana Garrido Ramos, cuyos informes fueron relevantes para la investigación de la trama Gürtel en este municipio madrileño, el más castigado por la corrupción de la trama de Francisco Correa.
Hay varias empresas relacionadas con la red de corrupción, destacando las siguientes:
Agencia de eventos que entre 1996 y 1999 organizó todos los actos políticos del Partido Popular de Galicia. Esta empresa tiene como administrador único a Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP gallego. El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2007 varios contratos a la empresa por un importe total de 210 000 euros. El propio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, admitió que en 2004 "se manipuló un informe técnico" para adjudicar a esta empresa un contrato por valor de 153 000 euros.
Empresa propiedad de Pablo Crespo, con la que el Ayuntamiento de Boadilla organizó diversos viajes, algunos de ellos al equipo electoral de José María Aznar en su campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2003.
Compañía especializada en la gestión del servicio público de información y atención al ciudadano. En 2005 el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, suscribió un contrato con ella. La Comunidad de Madrid adjudicó sin concurso más de 70 contratos.
Junto con Easy Concept es la otra firma presuntamente favorecida con contratos "a dedo" por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Entre los años 2004 y 2005 habría organizado eventos junto con Easy Concept por valor de 562 183 euros.
Fue la empresa proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. La empresa organizaba mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares, según reconoció el propio partido. Vinculada a uno de los detenidos, Pablo Crespo, a ella se le adjudicó el diseño del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur. Su presidente, Álvaro Pérez, el Bigotes, pagó trajes a Francisco Camps por importe de 12 783 euros y que este pudo facilitar a cambio la concesión de adjudicaciones a esta empresa, según Garzón, pero no para la justicia, que absolvió a Francisco Camps.
Algunos de los hechos más relevantes de la instrucción y causas judiciales a lo largo del tiempo son:
En noviembre de 2007, la Fiscalía Anticorrupción inicia una investigación como consecuencia de una denuncia recibida de unos concejales de Majadahonda.
Francisco Correa presunto cabecilla de la trama confiesa que las campañas electorales de 2007 y las generales de 2008 se financiaron con pagos en b y que se le pagó en b a través de facturas falsas abonadas por empresarios, contratistas de la administración pública, que tenían prohibido donar dinero al PP. por su parte Ricardo Costa, exsecretario general del partido popular valenciano y antiguo colaborador de Francisco Camps, declaró: «Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro».
En los días en que estalló el escándalo del caso Gürtel, Baltasar Garzón y Mariano Fernández Bermejo, por entonces ministro de Justicia, fueron juntos de cacería en el municipio de Torres, en Jaén, coincidiendo también en la cena celebrada a continuación de la cacería con el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González. Fernández Bermejo se vio obligado a dimitir como Ministro por no disponer de permiso de caza.
Ante la publicación en los medios del encuentro, la dirigencia popular lo calificó de "compadreo intolerable" y denunció una presunta "estrategia de destrucción" puesta en marcha contra su fuerza política, e intentó personarse en el proceso judicial. El gobierno de Esperanza Aguirre solicitó la recusación de Garzón por su "notoria animadversión" hacia el PP, al considerarse "parte perjudicada" dentro de la investigación.
El organizador de la cacería, un militante y exconcejal del PP, aseguró que el encuentro fue fortuito y entre un nutrido grupo de personas, hablando sólo de "temas triviales". Distintos medios recordaron que las pesquisas llevaban un par de años de labor (en el caso de algunas personas más de cinco años) y que Garzón también fue recusado por parte de los socialistas en los años 1990 por sus investigaciones sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación, justificándose su "mala fe" al no ser designado ministro por Felipe González cuando fue diputado bajo las siglas del PSOE, situación ante la cual el PP defendió la continuidad del polémico juez, la cual prevaleció.
Baltasar Garzón fue denunciado por el abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, presidente del grupo Begar y propietario de Televisión Castilla y León. El motivo de la querella es la orden de Garzón de grabar las conversaciones de los presos encausados por dicha trama con sus abogados, por lo que habría podido incurrir en prevaricación y vulneración de la intimidad. El 25 de febrero de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España admitió a trámite la querella.
Estas escuchas fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que dicha intervención vulneraba «el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías».
El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, en su Auto de 19/10/2010 afirma que Garzón ordenó las escuchas interpretando la ley «de forma errónea» y, sin motivación alguna, ante la «mera posibilidad» de que los letrados actuaran de «enlaces» de la trama de corrupción con el exterior y pese a no tener contra los abogados sospechas ciertas. Esta actuación «conducía, sin apenas escapatoria alguna, a la irremediable laminación del derecho de defensa» y con ello, Garzón «transmutó el ejercicio de este derecho fundamental en un instrumento idóneo para la autoincriminación de los imputados internos en prisión, desarbolando o desactivando cualquier estrategia defensiva que pudieran poner en práctica los letrados».
Ante las imputaciones dimitieron tres cargos del PP de Madrid (dos autonómicos y uno municipal) que presuntamente recibieron pagos ilícitos a cambio de contrataciones entre 2006 y 2007: el consejero de Deportes, Alberto López Viejo; el exalcalde de Majadahonda y gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega (ambos nombrados por Aguirre); y el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Sobre López Viejo, Aguirre expresó su plena confianza:
Posteriormente, los diarios El País y El Mundo dieron a conocer datos sobre las investigaciones de Garzón revelando que López Viejo sugería a Francisco Correa fraccionar los contratos de servicios signados con la Comunidad de Madrid (muchos sin respaldo presupuestario ni la tramitación legal requerida) para presentarlos a través de terceras empresas, evitando así los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo, lo que permitió aumentar los precios de coste hasta en un 40 % más de lo debido y cargar gastos de los actos electorales del PP a distintas consejerías del gobierno regional. De acuerdo a las informaciones aportadas, Esperanza Aguirre siempre depositó en él la responsabilidad de organizar todos sus actos, primeras piedras, presentaciones, inauguraciones, etc. "En total, millones de euros a lo largo de los cinco últimos años".
No obstante el apoyo ofrecido a López Viejo meses antes, el 2 de mayo de 2010 Esperanza Aguirre afirmó sobre la corrupción y sobre la implicación de su persona en el caso lo siguiente:
El que era por entonces tesorero nacional del PP y senador por Cantabria desde 2004, Luis Bárcenas, el eurodiputado Gerardo Galeote y el diputado nacional por Segovia Jesús Merino Delgado, fueron imputados por su vinculación a la trama Gürtel. A Bárcenas se le relacionaba además en el caso de espionaje a miembros del PP en Madrid. El 19 de abril de 2010, Bárcenas y Merino abandonaron sus actas de senador y diputado nacional, respectivamente, rechazando además que su defensa procesal la siguiera costeando su partido. La causa contra Bárcenas y Galeote fue archivada el 1 de septiembre de 2011, y la causa contra Merino el día 2.
Con el paso de los días, aparecerían nuevos nombres relacionados con la presunta trama en la Comunidad de Madrid, como el de Benjamín Martín Vasco, diputado autonómico del PP cercano a Aguirre, que preside la comisión que investiga el espionaje a cargos populares madrileños contrarios a la presidenta regional por parte de agentes de la Consejería de Interior cuando fungía, a finales de 2006, como alto funcionario en Arganda del Rey. Finalmente, el 18 de febrero de 2009 Martín Vasco se apartó de la presidencia de la comisión rebasado por las críticas.
En cuanto a la "coincidencia de tiempos" con que se hizo público el caso, se explicó que fue el riesgo de fuga de los implicados lo que precipitó las detenciones, pues los sospechosos estaban ya al corriente de los pinchazos telefónicos y cibernéticos, destruían documentos y preparaban su salida del país.
El 24 de abril de 2009, el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, llamó a declarar como imputados al diputado regional del PP Alfonso Bosch Tejedor y al ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Juan Carlos Clemente Aguado. También ha citado a Francisco Correa, al abogado Santiago Lago Borstein y a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asíns y Enrique Ruiz de la Fuente.
El País publicó en mayo del mismo año que en el libro de contabilidad de dinero negro aparecían pagos al exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, en concreto 220 000 euros, actual portavoz adjunto del PP. Asimismo, se hizo pública la presencia de Álvaro de la Cruz en las anotaciones. De la Cruz fue jefe de gabinete de Francisco Álvarez-Cascos cuando era secretario general del Partido Popular, y se indica que cobró 30 000 euros.
El 6 de octubre de 2009, el TSJM levanta el secreto de sumario sobre 17 000 folios de los casi 60 000 de los que consta el mismo, que se corresponden con la instrucción realizada por el juez Baltasar Garzón. La presidenta de la Comunidad de Madrid expulsa del Grupo Parlamentario Popular de la asamblea regional a los tres diputados autonómicos imputados: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. Además, les pide la entrega de sus actas como diputados regionales, ante lo que estos se niegan, pasando a formar parte del hasta entonces inexistente Grupo Mixto del parlamento autonómico. Asimismo, Esperanza Aguirre solicitó a todos los imputados con cargos electos en la Comunidad de Madrid que se desvincularan del Grupo Popular correspondiente, y devolvieran sus actas. El único en atender esta petición fue el exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Los demás, como el exalcalde de Boadilla del Monte, o los anteriores diputados autonómicos, fueron apartados del Grupo Popular, mientras retenían su acta correspondiente.
El 22 de febrero de 2010, se publica en los medios de comunicación que la Agencia Tributaria española descubrió algunas comisiones sin declarar de nueve altos cargos del PP, los tres diputados y los cuatro alcaldes que fueron forzados por su partido a dimitir de sus cargos o a abandonar el grupo por estar involucrados en la trama, por un valor de 3,8 millones de euros y, consiguientemente, cometiendo un delito de tipo fiscal.
Según afirmó el propio juez Baltasar Garzón, el presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps y otros altos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana habrían concedido adjudicaciones a empresas, supuestamente a cambio de regalos, como trajes, chaquetas, pantalones, etc. Esos regalos se mencionan en las grabaciones donde Álvaro Pérez conversaba con los diversos altos cargos. Además, también llegó a asegurar que existían unas facturas de las dos tiendas donde se compró la ropa, y declaraciones del sastre que se encargaba de suministrársela a Francisco Camps y sus colaboradores, José Tomás.
Tomás declaró posteriormente que los trajes de Camps eran pagados por Pablo Crespo, dirigente del PP gallego y administrador único de la empresa Special Events (propiedad de Francisco Correa). También aseguró que Francisco Camps se mostraba muy preocupado y le preguntaba nervioso sobre la existencia de facturas a su nombre. Según Baltasar Garzón, estos supuestos sobornos estarían vinculados con una hipotética adjudicación de contratos por casi cinco millones de euros a la empresa de Francisco Correa en Valencia por cuatro años.[cita requerida]
Además de Francisco Camps, Baltasar Garzón también presupone implicación en esta supuesta trama a otros dirigentes del PP valenciano, como el secretario general, Ricardo Costa, o el secretario de organización, José Víctor Campos.
El 14 de mayo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), hizo pública la imputación de Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.
El Partido Popular defendió de inmediato la inocencia de Camps, y llegó a celebrar su imputación porque, según la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal: «Por fin va a poder hablar en condición de igualdad y tener derecho a la defensa.» Otros dirigentes del PP también defendieron a Camps, como la Portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, quién apeló a la presunción de inocencia del presidente valenciano. Por su parte, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, denunció una «cacería contra Camps», que se debería a sus éxitos electorales en la Comunidad Valenciana.
El día 15 de mayo fue también imputado por el TSJV el empresario Álvaro Pérez, presidente de Orange Market y amigo íntimo del presidente Camps. La empresa dirigida por Pérez, filial de la Special Events de Francisco Correa, fue la que presuntamente se encargó de suministrar trajes por valor de 12 000 euros a Camps y otros altos cargos del PP valenciano.
El día 16 Camps apareció públicamente en un mitin del PP en Valencia. En su comparecencia no mencionó explícitamente su imputación en el caso, y se limitó a vaticinar una victoria del PP en las siguientes elecciones europeas y a denunciar que «algunos hacen de la insidia el único camino». En el mismo acto intervino también Ricardo Costa, quien agradeció las múltiples muestras de apoyo que recibían en la calle.
Camps compareció ante el juez el día 20, y se declaró «muy tranquilo y satisfecho por haber podido dar mi opinión sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos meses». Su declaración ante el Tribunal duró 45 minutos. En la calle, el presidente recibió tanto muestras de apoyo como descalificaciones. Finalmente, el Tribunal encontró indicios suficientes de un posible delito de cohecho y decidió que el presidente valenciano compareciese ya como acusado. No obstante, los jueces que formaban el TSJV decidieron por dos votos contra uno anunciar que no se habían encontrado indicios suficientes de la relación de dichos trajes con los contratos, por lo que se sobreseyó el caso, conociéndose de inmediato por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que dicha sentencia sería recurrida por la Fiscalía General del Estado, lo cual llevó a los dirigentes del Partido Popular a alzar la voz por la presunta falta de independencia del órgano persecutor.
El 24 de septiembre de 2009, en un nuevo giro del caso, los periódicos El Mundo y El País se hicieron eco de un informe policial que detallaba el funcionamiento de la presunta trama corrupta dentro de la Comunidad Valenciana, explicando el diseño de una doble contabilidad en las empresas involucradas y los arreglos con el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, y con el vicepresidente de la Generalidad, Vicente Rambla, concluyéndose el ingreso de dinero negro a las arcas populares. Dos días más tarde, El País y la cadena SER darían a conocer diversos pinchazos telefónicos policiales, entre ellos el que registra una conversación del vicesecretario de organización del PP de Valencia, David Serra, con Álvaro «el Bigotes» Pérez el 29 de diciembre de 2008, la cual alude a las operaciones entre el partido y una de las empresas de Pérez, así como al conocimiento que de las mismas tenía el presidente de la Generalidad, Francisco Camps, pues a decir de Serra "éste ('el presi', como se le denomina a Camps en la charla) lo sabe todo", a lo que el Bigotes respondió «sí, ya lo sé».
El secretario del PP valenciano, Ricardo Costa, fue destituido «temporalmente» por Francisco Camps en octubre de 2009 tras un tira y afloja entre su proclama de independencia del PP valenciano y las presiones ejercidas desde la cúpula nacional de su partido. También serían destituidos el vicesecretario de Organización, David Serra, y la tesorera, Yolanda García.
El levantamiento del secreto del sumario en abril de 2010 permitió conocer el funcionamiento de la presunta trama de corrupción y de financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana urdida bajo el gobierno de Francisco Camps.
En 2018 la rama valenciana de Gürtel llegó a juicio en la Audiencia Nacional. Entonces el antiguo secretario general de los populares valencianos declaró que «el PP se financiaba con dinero negro». Esta admisión tuvo un importante eco social, siendo además trascendental para las investigaciones en curso sobre la presunta financiación política mediante el uso de "asociaciones populares" en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante.
El exsecretario general de organización del Partido Popular en Galicia, Pablo Crespo, fue uno de los imputados.
La Junta de Galicia, presidida por Manuel Fraga autorizó en abril de 2005 la construcción de la cementera de Coirós, denominada Gallega de Molienda de Clinker y presidida por Ramón Blanco, citado a declarar por Baltasar Garzón y antiguo socio de Pablo Crespo.[cita requerida]
Una red de unas 20 compañías con sede en Galicia, lideradas por Ramón Cerdá Sanjuán, acabadas de crear o sin actividad, fue empleada por altos cargos del Partido Popular implicados en el caso para lograr adjudicaciones.[cita requerida]
Juan Casares, exdiputado del PP en el parlamento gallego, y José Enrique Sotelo, diputado provincial por Pontevedra y líder de los populares en Cangas do Morrazo, fueron acusados de formar parte de la trama, por supuestamente tener certificados de unos parquímetros inexistentes en la villa de Cangas. Sotelo fue absuelto en junio de 2010. Por otro lado, las empresas de la familia Casares recibieron un total de 19 millones de euros en contratos de la Junta de Galicia entre 2000 y 2005.[cita requerida]
Según un informe policial del que se hicieron eco los medios en el mes de septiembre de 2009,[cita requerida] más del 52 % de los gastos derivados del PP de Galicia en las cuentas de las empresas relacionadas con el caso Gürtel fue pactado en dinero negro entre los años 1996 y 1999, siendo por entonces Pablo Crespo el secretario de organización del partido.
El juez del caso fijó la fianza por responsabilidad civil de Francisco Correa y otros cabecillas en 201,4 millones de euros en total.
Luis Bárcenas recibió de la trama Gürtel al menos 1,3 millones de euros.
Dimisión o cese de cargos en empresas públicas:
El 24 de mayo de 2018 se publica la Sentencia “Caso Gürtel”. La noticia tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación.
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