Resistencia Ancestral Mapuche nació en RAM.
Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es una supuesta organización armada con base en la patagonia argentina,sospechada de ser un montaje de servicios de inteligencia. Según el gobierno argentino durante la presidencia de Mauricio Macri, se trata de una organización delictiva, que promueve una lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra. Según el gobierno del expresidente de Argentina Mauricio Macri, la organización consideraría ilegal la ocupación del «territorio ancestral mapuche» realizada por el Imperio español y luego por Argentina y Chile, y lucharía por la independencia de la «nación mapuche».
Según un supuesto comunicado de la RAM, esta organización le habría declarado la guerra en 2014 a la Argentina y a Chile, considerando ilegal la conquista que ambos Estados hicieron de los territorios mapuches.
Su existencia es puesta en duda por algunas personas. Según las comunidades mapuche, el obispo de Bariloche, algunos políticos y periodistas, la RAM no existe o se trata de un grupo creado por los servicios de inteligencia del Estado argentino, en el marco del conflicto por el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras ancestrales, abierto a partir de la reforma constitucional de 1994 (art. 75, inc. 17), pero no existen pruebas judiciales de su existencia.
Desde 2017 algunos funcionarios argentinos han calificado informalmente al supuesto grupo como terrorista, por los actos violentos que realizan, y los sabotajes que se reivindican, en especial atentados contra la propiedad privada como quema de campos, corte de rutas, vandalismo en algunas propiedades y cuatrerismo. Se han adjudicado ataques a pozos petroleros, el incendio de la casa de un puestero en Lago Escondido luego de golpearlo, el incendio en un galpón con maquinarias en El Maitén y una emboscada en la le dispararon a varios policías, ataques al Consulado de Chile en Bariloche y a la Iglesia Nuestra Señora de la Catedral.
El gobierno argentino de Mauricio Macri informó "oficialmente" en 2017, que había confirmado que la RAM está financiada por una organización inglesa con sede en Bristol, Reino Unido —a la que no identificó— y lo vinculó con la situación de ocupación por ese país de las Islas Malvinas.
Varias comunidades mapuche han expresado que los miembros de RAM «no son mapuches», que se trata de personas infiltradas, sospechando que la RAM sea en realidad «un montaje de los servicios de inteligencia» para criminalizar al pueblo mapuche, deslegitimar cualquier futuro reclamo territorial y poder justificar futuros actos de represión contra sus comunidades. El 25 de noviembre de 2017 efectivos del grupo Albatros de la Prefectura Naval asesinaron al joven de 22 años de origen mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi, en las cercanías de San Carlos de Bariloche. Desde el gobierno argentino atribuyeron el episodio a una supuesta agresión con armas de fuego, lanzas y piedras por parte de integrantes de la RAM, a la que los efectivos respondieron disparando sus armas 9 mm. Investigaciones posteriores confirmaron que los mapuches baleados no estaban armados. En mayo de 2019 la Cámara Federal de General Roca desestimó la figura de legítima defensa, en el marco de un enfrentamiento.
Uno de sus líderes, el dirigente indígena Facundo Jones Huala, fue extraditado a Chile desde Argentina y, en 2018, condenado a nueve años y un día de prisión por el Tribunal Oral en los Penal de Valdivia.
Desde la conquista europea, los pueblos indígenas han considerado ilegítima la ocupación de sus tierras ancestrales. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, el Estado argentino no reconoció la personería jurídica de los pueblos indígenas, ni derechos sobre esas tierras.
En 1994 el Estado argentino modificó considerablemente su postura y reconoció por primera vez los derechos indígenas al reformar la Constitución Nacional en 1994 (artículo 75, inciso 17), entre ellos «la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan», prohibiendo su enajenación:
El marco normativo de los derechos indígenas se completó con la ratificación del Convenio n.º 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la ley 24.071 (2000), la inclusión en el Censo Nacional a partir de 2004, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) y el nuevo Código Civil y Comercial (2015), regulando la propiedad indígena de la tierra. A partir de entonces las comunidades indígenas que habitan en la Argentina, comenzaron a organizarse para hacer efectivos sus nuevos derechos constitucionales.
El conflicto desatado alrededor de las tierras ancestrales indígenas, está muy vinculado a los intereses económicos relacionados con la megaminería (en especial, en la zona cordillerana) y la explotación de los yacimientos petrolíferos, así como grandes terratenientes que desconocen todos o parte de los derechos territoriales indígenas, cuando se trata de tierras que se encuentran en su posesión, como es el conocido caso de la empresa italiana Benetton.
En varios casos, los propietarios de tierras reclamadas por las comunidades indígenas iniciaron juicios para desalojar a dichas comunidades, pese a que el Estado argentino aún no ha finalizado con la devolución de tierras ancestrales ordenada por la Constitución de 1994.
Ante la magnitud del conflicto, en 2006 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Emergencia Territorial Indígena n.º 26.160, suspendiendo los desalojos de tierras indígenas con el fin de finalizar el relevamiento catastral de las tierras ancestrales, paso previo para formalizar los títulos de propiedad comunitaria.
El conflicto se agudizó en 2017 debido a la perspectiva de vencimiento del plazo de suspensión de los desalojos el 23 de noviembre de 2017, pese a que solo se había completado el relevamiento catastral en un 30 % (459 de las 1532 comunidades indígenas identificadas). Entre las provincias que no habían finalizado el relevamiento, se encuentran las de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Organizaciones indígenas, de derechos humanos y partidos políticos habían reclamado la prórroga de la ley, para evitar que el conflicto territorial ingrese en una situación de descontrol.
Las comunidades mapuches han reivindicado la propiedad sobre territorios que pertenecieron a sus antepasados; en Argentina, sus mayores éxitos se alcanzaron en la provincia del Neuquén, donde les fueron reconocidos numerosos territorios («reservas»). En Río Negro y Chubut, el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras ha sido menor, dando lugar a una serie de conflictos de baja intensidad, orientados a que los estados nacional y provincial reconozcan sus derechos territoriales constitucionales, en especial sobre áreas ocupadas por parques nacionales y grandes latifundios.
La organización, que ha declarado la guerra a las naciones de Chile y Argentina, ha reivindicado algunos actos violentos tanto en Chile como en Argentina y otros tantos le son adjudicados, sabotajes,, quema de campos, corte de rutas, cuatrerismo, atenados con bombas molotov, ataques a pozos petroleros, el incendio de la casa de un puestero en Lago Escondido luego de golpearlo, el incendio en un galpón con maquinarias en El Maitén y una emboscada en la le dispararon a varios policías,ataques al Consulado de Chile en Argentina y un ataque a la Iglesia Nuestra Señora de la Catedral en Bariloche.
En la provincia del Chubut, gran parte de los reclamos mapuches se orientaron contra las propiedades rurales del Grupo Benetton, propietaria de algo más de 900 000 hectáreas en el país, un tercio de las cuales están en Chubut, y opera en la región bajo el nombre de Compañía de Tierras Sud Argentina SA (CTSA) con centro en la estancia Leleque (de 180 000 hectáreas), en el departamento Cushamen, al noroeste de la provincia.
El Grupo Benetton se instaló en la región a comienzos de los años noventa. En 2006 la empresa reconoció parte de los derechos constitucionales del pueblo mapuche sobre sus tierras y ofreció ceder a Chubut 7500 hectáreas en Esquel, a fin de que las mismas fueran entregadas bajo el régimen de territorios ancestrales a las diversas comunidades. El gobierno provincial ordenó realizar estudios técnicos sobre la propuesta, que concluyeron que se trataba de tierras improductivas, inadecuadas para atender el reclamo mapuche.
El 13 de marzo de 2015, una comunidad mapuche, perteneciente al Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu (MAP), instaló un lof (comunidad) llamado «Pu Lof en Resistencia» dentro de la estancia Leleque, en el predio ubicado en el paraje Vuelta del Río, sobre la Ruta Nacional 40 y a la vera del curso superior del río Chubut, entre Cholila y Esquel.
En 2016 el dirigente indígena Facundo Jones Huala se integró a la comunidad mapuche instalada en Cushamen. Huala había sido objeto de la atención de la prensa nacional en 2013, al ser detenido en Chile, acusado de violación a la ley de control de armas e ingreso ilegal al país. El 27 de mayo de 2016 Jones Huala fue detenido en el lof de Cushamen, como consecuencia de un pedido de extradición de Chile. Estaba imputado por los delitos de incendio, infracción a la Ley de Extranjería, tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. Chile lo buscaba para ser juzgado por los hechos de 2013 y una orden de detención librada por la justicia argentina, por su presunta participación en la quema de un refugio cercano a la ciudad de Bariloche, fue liberado tres meses después.
A fines de junio de 2016 efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), la Guardia de Infantería de la Policía provincial y la Unidad de Abigeato irrumpieron con violencia en los terrenos ocupados por la comunidad «Pu Lof en Resistencia»; al parecer, en busca de ganado perteneciente a Benetton. Luego del procedimiento, que dejó varios heridos entre los miembros de la comunidad y siete detenidos, se recuperaron 242 cartuchos correspondientes a la variedad conocida como «antimotines».
En septiembre de 2016 miembros del lof bloquearon el paso del tren turístico conocido como La Trochita, y desde entonces se repitieron los cortes de rutas, en especial sobre la vieja ruta nacional 40 (RN1S40). La respuesta del gobierno nacional fue enviar sucesivos grupos de agentes de la Gendarmería Nacional, que se apostaron repetidas veces en las cercanías del acampe mapuche.
En noviembre de 2016, un comunicado difundido por Amnistía Internacional y suscrito por numerosas organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de la sociedad civil expresaba la "profunda preocupación" con que observaban la creciente "estigmatización y persecución al pueblo mapuche", y la distorsiva interpretación de la legislación vigente a fin de calificar los reclamos de las comunidades como "amenazas a la seguridad" o actos "terroristas".
En diciembre de 2016, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia rechazó un habeas corpus preventivo, presentado por el grupo mapuche, ante la posibilidad de que se realizara un operativo represivo en su contra por parte de la Gendarmería Nacional.
Un mes después, los días 10 y 11 de enero de 2017, la comunidad de Cushamen sufrió un violento ataque realizado por fuerzas de Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia del Chubut. Las fuerzas de seguridad dispararon contra los indígenas, entre los que se encontraban mujeres y niños, destruyeron sus viviendas y detuvieron a varios de sus integrantes. El caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que días después solicitó formalmente al estado argentino información sobre los hechos denunciados.
Parte de los agentes afectados a este operativo partieron de la base operativa que la institución tiene dentro de la estancia Leleque, propiedad de Benetton, que la había cedido meses antes en carácter de "base informal" para alojamiento del grupo de efectivos trasladados a la zona en 2016.
La represión generó un escándalo nacional y los miembros del lof denunciaron que el gobierno provincial los calificaba de «terroristas» y «peligrosos», y que el desalojo -prohibido por la Ley 26.160- había sido un pedido informal del Grupo Benetton. El gobernador Mario Das Neves rechazó esas imputaciones y culpó de la represión al juez federal de Esquel, Guido Otranto. Desde entonces, el control de las actividades de la comunidad quedó en exclusivas manos de la Gendarmería Nacional, mientras que la Policía provincial se mantuvo al margen.
En 2017 Huala declaró en la Radio Mitre «reivindicamos la violencia como una herramienta de autodefensa y, también, como una herramienta de liberación».
El 28 de junio de 2017 otra vez fue detenido Jones Huala, lo que generó una sucesión de protestas y marchas en reclamo de su libertad. El 31 de julio de 2017 organizaciones mapuche y de derechos humanos realizaron un corte de calle frente al Juzgado Federal de Bariloche para pedir la liberación de Jones Huala. Los manifestantes fueron reprimidos por Gendarmería, que detuvo a varias personas. El mismo día, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, pidió la destitución del juez Guido Otranto, por haber liberado a Jones Huala en agosto del año anterior, apoyado por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti.
El 19 de marzo fueron absueltos seis integrantes de la comunidad Pul Lof de la Resistencia Cushamen, que habían sido acusados de delitos de hurto de ganado, usurpación y terrorismo. La jueza consideró que hay razones para considerar que el Oscar Oro, abusó de su cargo en perjuicio de los acusados. Durante el juicio, el comisario de El Maitén, declaró que se había sentido presionado para llevar a cabo acciones ilegales, tales como detener bajo pretextos que no lo justificaban. En 2018, el pedido de extradición de Huala fue aceptado a nivel de la Corte Suprema de Justicia y fue extraditado a Chile.había declarado la guerra a la nación Argentina y a Chile. La RAM considera que el estado argentino y el chileno y sus leyes son ilegítimos. Desarrolla actos violentos de baja intensidad. Entre los actos que realizan hay atentados violentos, en especial atentados contra la propiedad privada como quema de campos, corte de rutas, vandalismo en algunas propiedades y cuatrerismo. Se han adjudicado el incendio en un galpón con maquinarias en El Maitén y una emboscada en la le dispararon a varios policías, ataques al Consulado de Chile en Bariloche y a la Iglesia Nuestra Señora de la Catedral.
En diciembre de 2018 Huala fue condenado por el Tribunal Oral en los Penal (TOP) de Valdivia, Chile, a 9 años de cárcel.
Desde hace algunos empezaron a ser publicados en sitios anti sistema algunos panfletos firmados como "Resistencia Ancestral Mapuche", pero sin causar reacción alguna. Desde 2016 existió intercambio de información entre los servicios de inteligencia chilenos y argentinos sobre la puesta en marcha de la hipótesis del enemigo interno en ambos lados de la cordillera, Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en la Patagonia argentina, y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en la Araucanía chilena. [cita requerida]
El presidente Mauricio Macri el 27 de junio de 2017 ofreció a Michelle Bachelet, presidenta de Chile, resolver con prontitud la extradición del lonko Jonas Huala, que ese día fue detenido por Gendarmería en la ruta 40 y encarcelado en Bariloche. Un día después, Clarín publicó la primera de una larga serie de notas sobre la supuesta guerrilla llamada RAM.
El 16 de agosto de 2017 el comandante Fabián Méndez de Gendarmería Nacional imparte la orden a sus subordinados de que "a partir de hoy no se habla más de mapuches sino de RAM". En sentido similar, Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad nacional, expresó en una entrevista radial que "A partir de ahora cualquier tipo de actividad pública que haga el RAM van a ser detenidos y llevados a juicio. Que lo tengan claro, porque eso es lo que va a ocurrir. [...] Van a quedar todos presos, no tenemos nada que dialogar, vamos a judicializarlos”.
Bajo el nombre de ”Operación Huracán” en septiembre de 2017, Carabineros detienen y encarcelan en Chile a 8 comuneros mapuches acusados de ser terroristas de la CAM. En enero de 2018 el Ministerio Público de ese país informó que mediante pericias técnicas se había detectado la manipulación de las pruebas que incriminaban a los detenidos y abre una investigación contra la fuerza policial. La operación fraudulenta es probada y en marzo el entonces presidente Sebastián Piñera aceptó la renuncia del director de Carabineros Bruno Villalobos y del general Gonzalo Blu.
En septiembre de 2017, Mahmud Aleuy viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra Bullrich entregándole la transcripción de una conversación por Whatsapp entre los detenidos sobre una supuesta importación de armas desde Argentina. Tras una denuncia del fiscal en el Juzgado de Garantías de Temuco, se comprueba que las escuchas efectuadas bajo el amparo de la ley de inteligencia son fraguadas y, la investigación del "Operativo Huracán", fraudulenta; según los peritajes los registros de WhatsApp y grabaciones telefónicas habían sido manipulados con diálogos falsos.
Previo a la comprobación de su falsedad, el soporte probatorio fue incorporado al protocolo de 180 páginas redactado por especialistas del Ministerio de Seguridad sobre la "subversión mapuche" en la región. Bullrich dice tener "información coincidente" con tales datos y basándose en este documento refuerza su hipótesis de existencia de grupos terroristas mapuches en la Patagonia y a ello le sigue la militarización de la región. Argentinos y chilenos acordaron entonces cerrar los pasos fronterizos, junto a otras medidas.
Tras la comprobación de que el "Operativo Huracán" era un fraude, se anuló la pesquisa sobre los presuntos integrantes de la CAM y se abrió una causa contra la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, DIPLOCAR, lo que causó un escándalo en Chile. Bullrich y el gobierno argentino, en tanto, no se pronunciaron al respecto.
El 29 de noviembre de 2017 hubo un cónclave bilateral en el Palacio San Martín de la Cancillería, asistió una delegación chilena conformada por el entonces subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, el embajador José Viera Gallo y tres funcionarios de menor rango; por Argentina estuvieron la ministra Patricia Bullrich, Gerardo Milman, Pablo Noceti y Gonzalo Cané, Vicente Autiero, y Luis Correa.
En el marco de la desaparición de Santiago Maldonado investigada por la justicia federal argentina, como víctima de desaparición forzada en el marco de la represión de una protesta, el gobierno argentino tomó la decisión de considerar a la supuesta RAM como la principal expresión del pueblo mapuche, pese a que Orlando Carriqueo, secretario de la mesa coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, no conoce a ningún integrante de la supuesta organización.
En una conferencia de prensa del 26 de noviembre de 2017 la ministra de seguridad Patricia Bullrich afirmó, luego de que se le preguntase sobre la supuesta RAM, que RAM "es un nombre genérico de grupos que actúan violentamente". Antes había declarado al canal TN que la RAM estaba financiada por una organización inglesa, y luego que es apoyada y financiada por el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, la ETA, el IRA irlandés, las FARC colombianas, la agrupación La Cámpora y la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. En el mismo sentido, se dio a conocer información que se suponía surgida de un informe oficial de inteligencia según la cual Abdullah "Apo" Öcalan, líder del Movimiento de Liberación de Kurdistán fue visto en Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Neuquén y habría mantenido contactos con la RAM. Öcalan permanece desde 1999 cumpliendo su condena en una cárcel de máxima seguridad en Turquía.
Según el senador Fernando Pino Solanas, "la RAM es un invento o una organización infiltrada por los servicios secretos". Así lo afirmó en una entrevista al señalar que «dos grandes nucleamientos de la comunidad mapuche, la Confederación Mapuche Neuquina y la Coordinadora del Parlamento Mapuche, lo dicen». La diputada María Emilia Soria la describió como un enemigo inventado. En el mismo sentido se expresó la madre de Jones Huala.
Según otros medios, la supuesta existencia del RAM, término desconocido años atrás, fue inventada por Sergio Capozzi, candidato a diputado nacional por Cambiemos en Río Negro y dirigente de la Fundación Pensar.
Juan José Chaparro, obispo de Bariloche desde 2013, fue entrevistado acerca de los hechos de violencia sucedidos a fines de noviembre de 2017 en la zona de Villa Mascardi. Entre otros conceptos, señaló «No conozco la existencia de la RAM. Me parece que se está armando un enemigo», expresando sus dudas acerca de la veracidad de las afirmaciones oficiales sobre la organización. Tampoco se ha detectado hasta el momento alguna publicación, blog o página de internet por los cuales la RAM dé a conocer sus pensamientos y acciones.
El 5 de agosto de 2017, los medios informaron que el periódico Jornada de Chubut y la casa de esa provincia en la ciudad de Buenos Aires fueron atacadas por personas que pertenecerían al RAM. Los atacantes pintaron en las paredes de la Casa de Chubut inscripciones reclamando la aparición de «Sebas, el Lechu». La inscripción llamó la atención de algunos observadores, por utilizar el nombre de «Sebas» (Sebastián) para referirse a Santiago Maldonado. La confusión del nombre del joven desaparecido en Cushamen, llamándolo «Sebastián Maldonado», había caracterizado a algunas reparticiones oficiales y medios de comunicación, entre ellos el diario Clarín, debido a que el defensor oficial que interpuso el habeas corpus, no conocía su nombre exacto e interpuso la medida en favor de "Santiago Peloso y/o Sebastián Maldonado". El incidente generó suspicacias sobre los verdaderos autores de los ataques y pintadas en la Casa de Chubut y el diario Jornada.
Según Jorge Lanata en Periodismo para todos, el policía José Aigo habría sido asesinado en 2012 en un supuesto enfrentamiento con militantes de las organizaciones chilenas MIR y FPMR, que según Lanata estarían relacionadas con la RAM y los acusó de la quema de un camión y de dos refugios.
Sin embargo años antes ya diferentes medios atribuyeron su asesinato a cazadores furtivos, lo que llevó a la detención del hijo del intendente de San Martín de los Andes el cual sería uno de los cazadores que dispararon al policía. El informe televisivo fue calificado de racista, y de estar elaborado sobre la base de hipótesis no comprobadas, información parcial, sesgada, y afirmaciones no avaladas por evidencias. Otros medios desmintieron la supuesta información dada por Lanata, ya que la investigación judicial nunca vinculó a la RAM con el asesinato del policía Aigo, ocurrido a más de 300 km de su zona de origen.La supuesta organización no se ha reivindicado ni adjudicado hecho alguno.
En julio de 2018 un incendio intencional destruyó las instalaciones de una confitería en el centro de esquí La Hoya, en Esquel. Según una nota del periódico oficialista Clarín señalaron la "sospecha" de que la RAM o alguno de sus miembros fueran los autores del delito.
Poco después, el fiscal a cargo de la investigación desmintió esa falsa información, afirmando que "La versión de la Resistencia Ancestral Mapuche es falsa y sale de la edición digital del diario Clarín de ayer" y "La versión falsa de vincular a la RAM genera un malestar en la zona y para nosotros es una línea que ni siquiera fue investigada".
El 31 de agosto de 2017, en un comunicado firmado por representantes de la Coordinadora del Parlamento Pueblo Mapuche Chewelche en Río Negro; Coordinadora del Parlamento Pueblo Mapuche en Río Negro, Confederación Mapuche Neuquina, Comunidades en Santa Cruz y Chubut entre otros, se caracterizó al grupo "RAM" como un "fantasma", blanco de la caza de "fuerzas armadas, jueces y fiscales y mucha tinta de los medios empresariales" y "que de lo grotesco y evidente, parece más el accionar de un “grupo de inteligencia” que de la lucidez y capacidad de resistencia cultural que ha tenido el pueblo mapuche".
El comunicado señalaba además que "no está generado desde el interior de una cultura sabia, humanista, holística que invita a proyectar un nuevo modelo de sociedad, sino que es obra de un montaje, del accionar de los servicios de inteligencia de los estados argentino y chileno, para implementar el plan cóndor en nuestros territorios, dando lugar a la aplicación de la ley antiterrorista; construyendo así un escenario que justifica una política represora. La RAM es un accionar que anima a los que promueven el odio racial y la defensa de intereses económicos concretos, que necesitan instalar regiones militarizadas para acallar las voces y la historia". Debido a sus sospechas, las comunidades mapuche exigieron al gobierno que identificara a las supuestas personas que pertenecen a la RAM, sosteniendo que sus miembros "no son mapuches", sino personas infiltradas.
Nilo Cayuqueo, miembro de una comunidad mapuche de la provincia de Buenos Aires, afirmó desconocer a la RAM o a cualquiera de sus integrantes. Ignacio Prafil, miembro de la Coordinadora del Parlamento Pueblo Mapuche Chewelche en Río Negro se expresó en el mismo sentido.
En reportajes la líder mapuche Moira Millán, de la comunidad Pïllan Mahuiza de Chubut, declaró: "Se me estigmatiza en los principales canales de televisión de Argentina diciendo que soy una de las organizadoras de todo este conflicto, líder de este estallido, que es (en realidad) una invención de los servicios de inteligencia", y que "el pueblo mapuche es el que le está poniendo el cuerpo a las balas, es además el pueblo que había conseguido recursos legales para frenar los megaproyectos extractivistas, entonces si logran convencer a la ciudadanía que somos terroristas desactivan todos los derechos y garantías aplican la Ley Antiterrorista. Entonces ya directamente el extractivismo tendría luz verde en todo nuestro territorio porque no va haber manera de frenarlo". Algunos diputados argentinos también se han expresado rechazando la supuesta existencia de la RAM y calificándola de "invento de Patricia Bullrich".
El 1 de agosto de 2017 un grupo de personas de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, reclamaban la libertad del lonko (líder) de dicha comunidad, Facundo Jones Huala, bloqueando una carretera cerca de El Maitén. El grupo fue dispersado por la Gendarmería Nacional Argentina en forma violenta. Poco después, se reportó la desaparición de Santiago Maldonado, un manifestante que apoyaba los reclamos. Los testigos dijeron ante el Poder Judicial que Maldonado fue tomado por agentes de la Gendarmería. Por dicha desaparición fueron denunciados el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros altos funcionarios del gobierno nacional por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre «por la figura penal típica de desaparición forzada de personas en concurso con encubrimiento.
El gobierno nacional relacionó la desaparición de Maldonado con la acción de la RAM, causando así que la misma fuera conocida por la opinión pública; mientras que otros hicieron responsable al gobierno nacional de dicha desaparición. El 4 de agosto, un grupo de personas atacaron el edificio de la "Casa del Chubut" en Buenos Aires, atribuyeron el ataque a una reacción de miembros de la RAM, pese a tratarse al parecer de una acción directa de parte de grupos anarquistas activos en la ciudad como protesta a la desaparición de Maldonado, en la que también se ha sospechado la acción de los servicios de inteligencia del gobierno. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas ha instado al gobierno argentino a buscar y localizar a Maldonado. La Fiscalía y el Juzgado Federal de Esquel quedaron a cargo de la investigación sobre la desaparición de Maldonado, caratulada como desaparición forzada. En un reportaje del diario La Nación publicado el 17 de septiembre de 2017, el juez opinó que podría deberse a un accidente y que por lo tanto que no se trataría de una desaparición forzada. Debido a estas opiniones, —consideradas un prejuzgamiento—, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo recusó y fue apartado de la investigación.
Santiago Maldonado fue hallado sin vida el 17 de octubre de 2017 en aguas del río Chubut, a 300 metros río arriba del lugar donde fuera visto por última vez. Los peritajes mostraron que el cuerpo o tenía golpes ni lesiones, que había fallecido por ahogamiento y el cuerpo no había sido movido. A pesar de eso la familia insiste en que se investigue.
El día en que se realizaba en la provincia de Buenos Aires el entierro de Santiago Maldonado, el gobierno de Macri realizó un nuevo desalojo contra lo que denominaron "comunidades RAM". En este contexto, el grupo Albatros de la Prefectura reprimió con balas de goma y de plomo a los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu con lo que asesinaron al joven de 22 años Rafael Nahuel.
Pese a que la ministra de Seguridad afirmó a las pocas horas que la muerte del joven se había producido en el marco de un «enfrentamiento», y que los mapuches poseían armamento de guerra, ningún arma fue encontrada. Las pericias confirmaron que Nahuel no tenía rastros de pólvora en sus manos, —lo que descarta la hipótesis de “enfrentamiento”—, y que los miembros de Prefectura habían efectuado al menos 114 disparos.
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