El primer caso de la pandemia de COVID-19 en Perú, un hombre de 25 años que volvía a Lima de un reciente viaje a Europa, fue anunciado el 6 de marzo de 2020. El inicio del brote epidémico en el país, llamado también «transmisión comunitaria», fue anunciado el 17 de marzo de 2020; mientras que el primer fallecimiento fue reportado dos días después. Con el pasar del tiempo el brote se expandió en todo el territorio nacional, siendo Ucayali el último departamento en reportar su primer caso positivo el 12 de abril de 2020. En este mismo departamento, en la provincia de Purús, se confirmó el 7 de julio de 2020 que indígenas sharanahuas se habían contagiado de COVID-19 durante su estadía en la frontera con Brasil, convirtiéndose en la última provincia a nivel nacional en declarar tener presencia de personas contagiadas. El aumento exponencial de contagios, ocurrido desde la tercera semana de abril, llegó a posicionar al Perú como el segundo país con más casos en América Latina y el quinto a nivel mundial. El 26 de agosto de 2020, Perú se llegó a posicionar como el país con el mayor índice de mortalidad per cápita y el noveno país en el mundo con mayor cantidad de muertes totales.
El 15 de marzo de 2020, el Gobierno del Perú decretó estado de emergencia y aislamiento social obligatorio a nivel nacional que regiría desde las 00:00 h del 16 de marzo por un período de 15 días. A este anuncio, el 18 de marzo se le incluyó el «toque de queda» nocturno y dominical. Estas medidas fueron recurrentemente extendidas hasta en cinco oportunidades, llegando hasta fines de junio. El 26 de junio, el gobierno amplió nuevamente el estado de emergencia hasta el 31 de julio, pero esta vez la cuarentena general fue cambiada por un «aislamiento social focalizado» y la flexibilización del toque de queda desde el 1 de julio; para menores de 14 y mayores de 65 años, y quienes presenten comorbilidades conforme lo determina la Autoridad Sanitaria Nacional, en todo el territorio nacional a excepción de siete departamentos. Esta última medida tuvo una primera extensión hasta el 31 de agosto, y una segunda hasta el 30 de septiembre; en las cuales ingresaron nuevos departamentos y provincias al aislamiento focalizado. Para octubre se volvió a extender el estado de emergencia pero terminó la cuarentena en todo el país. En enero de 2021 comenzó la denominada segunda ola por lo que algunas regiones han vuelto a tener algunas restricciones como inmovilización social los domingos o toques de queda más extensos, mientras que otras 10 regiones van a volver a cuarentena total del 31 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021 inclusive.
Hasta el 20 de febrero de 2022, se contabiliza la cifra de 3,496,009 casos confirmados y 209,468 fallecidos del virus.
La Organización Mundial de Salud (OMS) hizo pública el 31 de diciembre de 2019 la existencia de una nueva enfermedad infecciosa que, en estado avanzado, ocasiona una neumonía pero con una causa desconocida y que fue registrada por la autoridades de China en la ciudad de Wuhan. Dicha enfermedad fue estudiada a principios de enero de 2020 revelándose la presencia de un nuevo tipo de coronavirus al que denominaron inicialmente 2019-nCoV, cuyos síntomas resultaron ser parecidos a los de la gripe y de otros coronavirus.
Debido a su parecido con el virus del SARS, el SARS-CoV, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV, por sus siglas en inglés), decidió renombrar al 2019-nCoV como SARS-CoV-2. De la misma forma, el 11 de febrero de 2020 la OMS nombra a la enfermedad infecciosa causada por este nuevo coronavirus como COVID-19, acrónimo del inglés coronavirus disease 2019, simplificando y facilitando el reconocimiento del nombre para la población.
La rápida propagación de la enfermedad en China y en varios otros países, obligó a la OMS a declarar una emergencia sanitaria de preocupación internacional el 30 de enero de 2020, sustentando su inquietud por el impacto que el virus ocasionaría en países subdesarrollados. Sin embargo, con el transcurrir el tiempo, la enfermedad se fue expandiendo en enero entre los países de Asia y febrero entre los países de Europa. Ante esta incidencia, el 11 de marzo de 2020 la OMS decide declarar la situación como una pandemia a nivel global, alertando a todos los países del mundo tomar cartas en el asunto contra la nueva enfermedad.
Las primeras sospechas de contagio en Perú se reportaron el 23 de enero cuando, en un medio de prensa, la entonces ministra de salud Elizabeth Hinostroza, anunció la identificación de cuatro pacientes (tres ciudadanos chinos que llegaron al país desde la ciudad de Wuhan y una traductora peruana) con síntomas sospechosos de COVID-19 en el Hospital Dos de Mayo. Más tarde, el 31 de enero, las pruebas moleculares de los cuatros pacientes resultaron negativas según las declaraciones del Ministerio de Salud.
Un segundo caso sospechoso fue registrado el 30 de enero, cuando dos ciudadanos chinos acudieron al Hospital Regional de Cusco al presentar un cuadro de infección respiratoria aguda. Ambos habían arribado al país provenientes de Pekín el 27 de enero y al día siguiente llegaron a Cuzco para visitar Machu Picchu. Los protocolos fueron activados inmediatamente y los dos pacientes fueron trasladados a un ambiente aislado. Por su parte, un especialista en control de infecciones del Ministerio de Salud (MINSA) descartó que los pacientes tuvieran la enfermedad.
El 6 de marzo, se confirmó oficialmente el primer caso positivo (paciente cero) por COVID-19 en territorio peruano en una conferencia de prensa presidida por los entonces presidente y ministra de salud, Martín Vizcarra y Elizabeth Hinostroza, respectivamente. Según el comunicado del gobierno, el paciente de 25 años de edad trabajaba como piloto en LATAM Airlines y contrajo el virus en su viaje de vacaciones por España, Francia y República Checa. Conocido el caso, el gobierno activó inmediatamente el «Plan nacional de preparación y respuesta frente al riesgo de introducción del coronavirus» con el fin de fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta. Los protocolos de seguridad también fueron activados en los aeropuertos, en los lugares con mayor afluencia de turistas y en los terminales marítimos y terrestres.
Al día siguiente, el MINSA reportó cinco casos positivos más. Las primeras cuatro personas, tres adultos y un niño, eran familiares cercanos del paciente cero que contrajeron la enfermedad al estar en contacto. Mientras que el quinto paciente que se reportó fue un hombre de 29 años residente en la ciudad de Arequipa que contrajo la enfermedad en Reino Unido y que llegó al Perú el 29 de febrero, convirtiendo a Arequipa en el segundo departamento en presentar casos de COVID-19. El personal del Ministerio de Salud realizó una habilitación especial y una carpa de atención exclusiva para el tratamiento de pacientes con COVID-19 en el Hospital Goyeneche en Arequipa, incluyendo la contratación de personal médico para la atención de los pacientes sospechosos.
Para el 8 de marzo, se habían procesado 250 muestras a nivel nacional, de las cuales 7 dieron positivas para COVID-19. Un día después, fueron confirmados dos casos más. Además, el MINSA reportó que los infectados eran cercanos al paciente cero e identificados en Lima, siendo los dos adultos mayores (un hombre de 78 años y una mujer de 66 años). El 10 de marzo se identifican cuatro nuevos casos: dos jóvenes en la ciudad de Huánuco, que contrajeron el virus en un viaje por Europa, mientras que los dos restantes fueron registrados en la provincia de Chincha, (un hombre de 46 años, y una mujer de 29 años), ambos procedentes de España. En el mismo día, dos personas más habían dado positivo en la ciudad de Lima.
El 15 de marzo, el Ministerio de Salud confirmó el ascenso del número de pacientes infectados a 71, lo que supuso un incremento acelerado de casos positivos, acumulando una cifra de 71 personas contagiadas. El 15 de marzo, los 28 casos reportados ese día representó el 10.11% de un total de 277 muestras, para entonces el país había acumulado un total 1751 casos descartados distribuidos en ocho regiones siendo la mayoría de los casos positivos concentrados en Lima.
Uno de los primeros casos que las entidades gubernamentales reportaron fue del ciudadano, durante la fase de contagio comunitario, sucedió el día 11 de marzo. El paciente Luis Núñez del Prado de 47 años y el segundo caso fue del ciudadano Fabricio Lopez Mayanga de 18 años—un párroco de Villa María del Triunfo— había contraído la enfermedad sin haber viajado al extranjero por varios meses. Según los médicos de EsSalud el paciente presentaba anteriormente un cuadro de neumonía atípica que había sido tratado en la Clínica Maison de Santé del Distrito de Chorrillos, pero al conocer que dio positivo, fue trasladado inmediatamente al Hospital Rebagliati en el distrito de Jesús María. Este caso fue considerado por los medios, como «la primera víctima grave del coronavirus en el país».
El día 14 de marzo, surge otro caso de contagio comunitario. El MINSA informó una posible infección de 43 niños en el distrito de Comas que estuvieron en contacto con una persona que tuvo un caso positivo de COVID-19. Ante un peligro de expansión del virus, el ministerio habilitó un cerco epidemiológico, aislando a los niños bajo el cuidado de sus padres y puestos bajo supervisión por el personal de salud. Para el día 17 marzo, el presidente de la república Martín Vizcarra, comunicó en un medio de prensa del gobierno la llegada oficial de la fase 3 (contagio comunitario) al país, dos días después del aislamiento social y el estado de emergencia decretado en el día 15 de marzo. Al 18 de marzo, Perú registró una cantidad de 145 contagiados y 3028 casos descartados, en las declaraciones del Ministerio de Salud.
A principios de abril, Loreto y Callao fueron los departamentos que contaron con mayor cantidad de contagio en el país, por detrás de Lima. Dentro de la ciudad de Lima, Jesús María es el distrito que contó con mayor cantidad de infectados, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) al 9 de abril.
El día 11 de marzo, el gobierno declaró oficialmente «estado de emergencia sanitaria» a nivel nacional, activando todos los protocolos sanitarios necesarios contra la pandemia. Esta medida implicó la intervención y el aislamiento domiciliario obligatorio por 14 días a todos los extranjeros provenientes de los países infectados en los terminales aéreos y terrestres de todo el territorio nacional. El 12 de marzo, el gobierno decide establecer la suspensión inmediata de eventos que congreguen 300 personas a nivel nacional como medida de prevención y contención frente a la pandemia al registrar 22 casos positivos y un incremento de 29 %.
El 15 de marzo, tras registrarse un acelerado crecimiento de casos, el presidente Martín Vizcarra decretó el estado de emergencia a nivel nacional, medida que regiría desde las 00:00 h del 16 de marzo. Esta medida implicó el cierre de todas las fronteras, la suspensión del transporte internacional de pasajeros de todo tipo y el aislamiento social obligatorio a toda la población. Sin embargo —por motivos de incumplimiento del aislamiento social obligatorio por la población— el gobierno decide declarar el día 18 de marzo un toque de queda a nivel nacional, permitiendo que las fuerzas armadas y la policía hagan cumplir la prohibición. A su vez, también decretó la prohibición del uso de vehículos particulares, a excepción de aquellos necesarios para la prestación de algunos servicios esenciales.
El día 15 de marzo, el gobierno peruano decidió realizar una bonificación para el personal de unidades de cuidados intensivos (UCI), servicios de hospitalización, despistaje epidemiológico y visitas domiciliarias, personal que trabaja en los servicios de alerta y respuesta contra la COVID-19. Esta medida se aplicó el 16 de marzo, correspondiendo un paquete en conjunto con otras medidas adicionales incluyéndose la limpieza del transporte público, una red de soporte para la protección del adulto mayor, un bono extraordinario para el personal de salud, la transferencia de EsSalud para respaldar la atención frente a la pandemia, el financiamiento de acciones de bioseguridad, acondicionamiento y habilitación de espacios físicos y el fortalecimiento de la línea 113. Para este propósito, el Ministerio de Economía y Finanzas destinó 783 millones de soles.
El 18 de marzo, el presidente Martín Vizcarra informó que en Lima serían habilitados el Hospital de Ate y la Villa Panamericana para la atención exclusiva de pacientes con COVID-19. El Hospital de Ate — en el distrito de Ate— comenzó a operar el 25 de marzo por disposición del Ministerio de Salud, se habilitó exclusivamente con camas de cuidados intensivos (40 en total). Para el día 30 de marzo, la Villa Panamericana —nombrado así por los Juegos Panamericanos de 2019— abrió sus puertas, con una cantidad inicial de 900 camas y una ampliación futura de hasta 3000 camas hospitalarias.
En otras regiones del país, algunas autoridades también realizaron diversas medidas sanitarias. En la ciudad de Cusco se realizó la labor de limpieza y desinfección en la plaza de armas, con una aplicación futura en los en centros de abastos, hospitales y en otros puntos de la ciudad. La autoridad de la ciudad de Chachapoyas instaló un puesto sanitario y de vigilancia en la vía principal de acceso a la ciudad con la finalidad de evaluar a los sospechosos infectados que ingresan a la ciudad y desinfectar los vehículos con la ayuda del personal policial. En la ciudad de Ayacucho, las autoridades instalan un pabellón especial para el tratamiento de los infectados, con una cantidad de 79 camas hospitalarias y un ambiente especializado de 12 camas con ventilador mecánico en la localidad de Canaán en un área especial del nuevo hospital regional de la ciudad.
El 27 de marzo, el gobierno promulga una ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria, con la finalidad de realizar medidas para una adecuada prestación de servicios de salud para las personas infectadas y con riesgo. El 1 de abril, el presidente anuncia públicamente la creación del «Comando de Emergencia COVID-19» que unifica y articula las decisiones a seis representantes de diversas instituciones: EsSalud, Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Ejército Peruano, Policía Nacional del Perú y un miembro en representación a las clínicas privadas. Este grupo de trabajo es liderada la exministra de salud Pilar Mazzeti, en representación del Ministerio de Salud.
A partir del mes de abril, el Ministerio de Salud establece bases en diversas regiones del país: En Piura se instaló la base del Comando de Operaciones COVID-19 el día 7 de abril. Al día siguiente en Tumbes, Loreto, Arequipa y en el departamento de Lambayeque el 9 de abril; En Ucayali, el Ministerio de Salud y las autoridades de salud de la región conforman el Comando Regional de Operaciones COVID-19 el día 20 de abril.
Si bien Pilar Mazzetti, jefa del Comando de Operaciones contra el COVID-19, había asegurado el 5 de abril la identificación de 504 camas para cuidados intensivos (UCI), empieza a surgir un cuestionamiento sobre la capacidad real de las mismas, luego de revelarse que un paciente con insuficiencia respiratoria fue impedido de ingresar a los hospitales Hipólito Unanue y Arzobispo Loayza debido a la falta de camas. El 7 de abril, tanto el expresidente Martín Vizcarra como el exministro de Salud Víctor Zamora, reconocieron esa deficiencia advirtiendo que las próximas semanas serían muy críticas para el sistema de salud. Este colapso se empezaría a notar con mayor profundidad el 18 de abril al anunciarse la falta de médicos y camas en el hospital Almenara, sumado a esto la poca calidad de los ventiladores mecánicos. Al día siguiente, la presidenta del cuerpo médico del antiguo hospital de Ate Rudy Huertas, denunció el fallecimiento de varias personas por COVID-19 en su nosocomio, advirtiendo la baja calidad en infraestructura. El expresidente Martín Vizcarra, en una conferencia de prensa, informó sobre la falta de camas en el departamento de Ucayali y la poca disponibilidad en los departamentos de Lambayeque y Piura. Asimismo, el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva Jesús Valverde, indicó que desde el lunes 20 los hospitales de Lima ya no cuentan con camas disponibles para pacientes en estado crítico. El Dr Frank Britto, miembro del Comando Nacional de Operaciones COVID-19, comunicó por su parte que en el país existe un total de 656 camas UCI para pacientes con COVID-19 de las cuales 189 se encuentran disponibles. Para el 23 de abril, el Minsa declara en «alerta roja» al sistema de salud con la finalidad de asegurar la atención en emergencias. Sin embargo, los problemas se mantendrían días después, la Contraloría General detectó un déficit de camas en el hospital Santa Rosa en Piura. El secretario del Sindicato de Enfermeros del Hospital Martín Castro, indicó el colapso de las atenciones médicas y de las camas en al menos cinco hospitales de la ciudad de Lima. Nelson Shack, contralor general de la República, informó que el hospital de Ate solo cuenta con 24 camas disponibles, añadiendo a esto la insuficiente cantidad de personal especializado y entregas incompletas de ventiladores mecánicos.
El 30 de abril, un reportaje realizado por la CNN, reveló que la capacidad de propagación del virus ha superado la capacidad de respuesta del sistema de salud en la región de Loreto, produciendo un colapso sanitario, reflejado en la gran cantidad de cadáveres apilados en la morgue del principal hospital de la región.
El 24 de abril, el gobierno publicó un decreto con el objetivo de reactivar la actividad inmobiliaria, al agilizar la obtención de licencias. Al día siguiente, la ministra de producción Rocío Barrios informó que el reinicio de las actividades económicas está previsto para inicios del mes de mayo y será controlado, siendo más lento en las regiones más afectadas como: Tumbes, Piura, Lambayeque La Libertad, Loreto y Lima. El 27 de abril, la ministra de Trabajo Sylvia Cáceres informó que los trabajadores que estén a cargo del reparto de comida por delivery deberán obtener un contrato laboral, cuando el rubro de los restaurantes reinicie sus operaciones. Asimismo, indicó que los protocolos sanitarios decretados deben cumplirse.
El 29 de abril, el presidente Martín Vizcarra confirma el plan de «Reactivación Económica» comprendido en cuatro fases, cada una cuenta con una aplicación durante un mes, estimando que la actividad económica se incremente en 10 % hasta alcanzar a los 90 % en el mes de septiembre. El domingo 3 de mayo, es publicado el Decreto Supremo n.º 080-2020-PCM oficializando la reanudación de las actividades económicas de manera gradual e iniciando la «primera fase». Según las declaraciones del entonces presidente, fue tomada en consideración la situación sanitaria, movilidad interna, dimensión social y actividades económicas por los sectores competentes del Poder Ejecutivo. El 8 de mayo, la entonces ministra de economía María Antonieta Alva, estima que durante la primera fase unos 1.4 millones de trabajadores retornarán a sus labores y la actividad económica tendrá una operación del 44% al 70%.
El 1 de junio, la ministra de economía anuncia el inicio de la «segunda fase», estimando el beneficio de unos 1.5 millones de trabajadores y la reactivación del 84% de producción de la economía peruana. Esta segunda fase se aprueba oficialmente el día 4 de junio mediante Decreto Supremo n.º 101-2020-PCM, dicha fase faculta al Ministerio de la Producción (Produce) para disponer el inicio de actividades de los conglomerados productivos y comerciales, previa coordinación con los gobiernos locales y los sectores Interior, Defensa y Salud. No obstante, esta fase no será aplicada en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y el departamento de Ancash en sus provincias Santa, Huarmey y Casma. En ese mismo día, la ministra de economía María Antonieta Alva anuncia que el gobierno está elaborando programas de gasto público que generen empleo y que forma parte de la reactivación económica, incluyendo la prioridad de reiniciar las actividades de asistencia técnica a la ejecución de la obra pública con algunos programas de gasto público.
El 1 de julio, el gobierno da inicio a la «tercera fase» mediante el Decreto Supremo n.º 117-2020-PCM, donde se contempla el retorno de 60 actividades comerciales siguiendo los «Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19» y los protocolos de su sector. Las regiones que permanecieron excluidas del reinicio de actividades, continuando con la cuarentena focalizada son: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash.
Mediante el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, se aprobó la “Reanudación de Actividades”, conforme a una estrategia para una reanudación progresiva de diversas actividades en el marco de la emergencia sanitaria, que constaba de cuatro fases para su implementación.
El gobierno, habiendo previsto el incremento de personas en la vía pública y con ello la generación de aglomeraciones, estableció medidas diferenciadas de acuerdo a las condiciones de cada departamento, a lo que se denominó «Cuarentena focalizada» el día 26 de junio, que entró en rigor desde 1 de julio. Se mantuvieron las medidas de restricción de la cuarentena anterior en provincias o departamentos con mayor riesgo, según lo establecido por la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud. Asimismo, el gobierno implementó nuevas restricciones durante la cuarentena para los menores de 14 años, mayores de 65 años y las personas que presenten comorbilidades según lo establezca la Autoridad Sanitaria Nacional. Desde el 1 de julio, los departamentos que inicialmente permanecieron en cuarentena en todas sus provincias fueron Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. Mientras que el 31 de julio, el gobierno prorroga la cuarentena hasta el 31 de agosto y añade a las provincias de Tambopata (del departamento de Madre de Dios); Santa, Casma y Huaraz (del departamento de Ancash); las provincias de Mariscal Nieto y Ilo (del departamento de Moquegua); provincia de Tacna (del departamento de Tacna); las provincias de Cusco y La Convención (del departamento de Cusco); las provincias de San Román y Puno (en el departamento de Puno); la provincia de Huancavelica (del departamento de Huancavelica); las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio (del departamento de Cajamarca); las provincias de Bagua, Condorcanqui y Utcubamba (del departamento de Amazonas); y las provincias de Abancay y Andahuaylas (del departamento de Apurímac).
Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones, desde agosto, existía un descenso del exceso de fallecidos por toda causa, de 4432 a 1964. A esto se suma una reducción en la cantidad de hospitalizaciones. El 16 de agosto había 14 060 camas ocupadas, para el 9 de setiembre el número se redujo a 10 560. Y para el 8 de septiembre, se reportaron 11 087 pacientes hospitalizados y 1499 en UCI.
Como consecuencia, el número de pacientes en UCI se redujo. Esto fue confirmado por Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, quien añadió que todo paciente que lo llegase a requerir, se podía recibir en cuidados intensivos. Según Valverde, la disminución del número de muertes por COVID-19 se debió a la experiencia obtenida en el manejo de los pacientes. Sin embargo, resaltó que se mantiene una ocupación mayor al 90% de camas UCI en los grandes hospitales del país como el Rebagliati, Almenara, Sabogal, Dos de Mayo y Loayza.
Con respecto a este tema, Alicia Abanto, adjunta de Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, destacó que, si bien las cifras nacionales están mejorando en cuanto a la disponibilidad de camas, hay que tener en cuenta la realidad regional, pues la situación varía.
El 8 de septiembre, el Ministerio de Salud reportó 11087 pacientes hospitalizados y 1499 en UCI, mientras que el 19 de septiembre, las hospitalizaciones se reducen a 9269 y 1421 en UCI. El 5 de octubre, tras 6 meses de colapso hospitalario, el panorama médico mejora: la cantidad de hospitalizados se reduce en 7000 de un máximo de 14 000 camas; las altas son mayores que los contagios; y los casos activos se redujeron alrededor de los 90000.
Los hospitales comienzan a quedarse vacíos, aguardando la amenaza de una segunda ola de infecciones. Como sucede en el Hospital Octavio Mongrut donde la zona para cuidados intermedios, que contando con 76 camas, quedó desocupada. Y en el espacio habilitado para casos de COVID-19, alrededor de la mitad de camas están disponibles. Hacia el 14 de octubre, la cantidad de casos activos se redujo a menos de 64 000, y 4000 casos hospitalizados hasta el 5 de noviembre.
El 22 de octubre de 2020, el gobierno peruano anuncia el fin de la cuarentena en todo el país para el 30 de octubre, debido a una reducción en el número de casos positivos y hospitalizados en los centros médicos a nivel nacional. Sin embargo, continúan el toque de queda y la prohibición de circular a los vehículos particulares los domingos. Otra medida anunciada por el gobierno fue la apertura progresiva de las fronteras terrestres y el transporte aéreo por los países de la región (Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile), ambas manteniendo el protocolo de seguridad y siendo, en este último, de forma obligatoria el uso de pruebas PCR.
En una rueda de prensa, Dante Cersso, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de Essalud, advirtió al gobierno un leve incremento de los contagios de la enfermedad en algunos de los distritos de Lima. Indicó que uno de los motivos son las aglomeraciones en las playas de la capital y añadió que en 17 distritos de Lima hubo un incremento de los casos; la mayoría de estos con acceso al litoral cono Santa Rosa, Pucusana, San Bartolo, Punta Hermosa, San Miguel, Lurín, Chorrillos, Barranco, Villa El Salvador y Santa María del Mar; y acaeciendo también en otros distritos sin litoral como Jesús María, Independencia, Mi Perú, Villa María del Triunfo, Pueblo Libre, Comas y Rímac. También informó del incremento de casos en otras regiones como Cusco (27 %), Tacna (36 %), Tumbes (65 %), Callao (7 %), Apurímac (26 %), Huánuco (9 %), Arequipa (3 %) y La Libertad (1 %). Asimismo, EsSalud reveló que entre jóvenes de 18 a 29 años hubo un incremento de 3271 casos, mientras que entre mayores de 60 años hubo un aumento de 2692, concluyendo de esa forma que los jóvenes estaban siendo mayormente afectados. Fiorella Molinelli, por aquel entonces presidenta de Essalud, mencionó que bajo este panorama una segunda ola de contagios y hospitalizaciones podría presentarse el primer trimestre del 2021. El 12 de diciembre, Jesús Valverde (presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva), advirtió que el país debería contar con el doble de camas para cuidados intensivos, respecto a las que se contaban en ese momento e instó al gobierno a tomar precauciónes ante una segunda ola, asimismo, reveló el incremento de los contagios en 12 regiones del país, siendo Apurímac (de 20 % a 42 %), Piura (de 12 % a 19 %), Junín (de 5 % a 9 %), Ica (de 12 % a 15 %), Cusco (de 12 % a 15 %), Ayacucho (de 8 % a 10 %), Tacna (de 9 % a 10 %), Lima (de 4 % a 5 %) y Arequipa (de 2 % a 3 %) los que más incrementaron; mientras que Amazonas (30 %), Huánuco (25 %) y Huancavelica (19 %) son las regiones que crecieron por encima del 10 %.
El 11 de enero de 2021, la entonces ministra de salud Pilar Mazzetti confirmó la llegada de la nueva variante británica al país, tras ser analizada la muestra en una paciente que vive en Lima pero que nunca viajó a Europa, como precaución se realizaron pruebas PCR en sus familiares y se les dio seguimiento médico. Al día siguiente, la ministra de salud confirmó el surgimiento de una segunda ola en el país, al informar de un exceso de fallecimientos en el país. Según el reporte realizado por Convoca, son nueve las regiones que cuentan con una tasa de muertos por 100 000 habitantes por encima del nivel nacional siendo Ica la única región con una elevada tasa de muertes con 184.8 casos, le sigue Callao (175.3), Moquegua (161.9), Lima Metropolitana (159.1), Lima región (152.1), Lambayeque (148.3), Tumbes (138), Áncash (128.7) y La Libertad (123.2). Ante tal panorama, el 13 de enero, el gobierno establece nuevas medidas de restricción en el país aplicando esta vez una «cuarentena focalizada» a partir del 15 de enero hasta el 31 del mismo mes. Se clasificaron regiones en cuatro niveles de riesgo: extremo, muy alto, alto y moderado. Al comienzo de la aplicación, ninguna región fue clasificada en el nivel extremo. Las regiones Áncash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima región, Piura y Tacna fueron clasificadas en el nivel muy alto, lo que implicaba una inmovilización social obligatoria desde las 19:00 del presente día hasta las 04:00 del día siguiente y con aforos reducidos del 20% al 40% en diversos establecimientos. Las regiones Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Cerro de Pasco, Puno y Tumbes fueron clasificadas en el nivel alto con inmovilización desde las 21:00 del presente día hasta 04:00 del día siguiente y con aforos del 30% al 50% en comercios y otros establecimientos; Las regiones de Amazonas, Ayacucho, Loreto, Huancavelica, San Martín y Ucayali fue clasificada en el nivel moderado con un toque de queda desde las 23:00 del presente hasta las 04:00 del siguiente y con un aforo del 40% al 60% según el tipo de establecimiento.
Segunda cuarentena
El 27 de enero de 2021, el gobierno decide establecer una cuarentena a nivel nacional ante el incremento de contagios y muertes por COVID-19, que entró en vigencia el lunes 31 de enero y culminaría el 14 de febrero. La cuarentena también se clasificó en cuatro niveles de riesgo, y debido a la gravedad de la situación, ninguna región pudo ser clasificada en el nivel moderado. Las regiones que fueron clasificadas en el nivel extremo como Lima Metropolitana, Región Lima, Callao, Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac; tuvieron restricción para transporte terrestre y aéreo, así como la restricción a movilizarse fuera de casa, por cualquier otro motivo que no fuera el de abastecerse de productos de primera necesidad y ser asistido en bancos. Las tiendas de abastecimiento de productos básicos contaban con un aforo del 40 % y en los restaurantes solo operaba el servicio por delivery. Ese mismo día, la ministra de Salud advirtió a la población que la segunda ola de contagios tenía un comportamiento más agresivo que la inicial. A la fecha, el Perú reportó un total de 1 113 970 casos y 40 272 muertos con 1 028 120 de altas médicas.
Bajo ese panorama, habiendo pasado dos semanas de haber surgido la segunda ola, la ocupación de las camas UCI a llegó a su límite y se formaron largas colas para la obtención de oxígeno medicinal. Se informó que los pacientes entran a emergencias rápidamente y que la mayoría de estos son pacientes jóvenes. También informó que la cantidad de hospitalizados ascendía a 11 000, además 1300 pacientes graves están a la espera de una cama UCI, y de estos, 650 están en Lima. En ese mismo día, la región de Huánuco se convirtió en una de las primeras en entrar en un colapso sanitario, se indicó que dicho colapso tiene una explicación en diversos ángulos: el relajamiento de las medidas de bioseguridad, una cuestionada gestión de las autoridades regionales y la indiferencia del gobierno nacional para priorizar la salud.
Variantes del SARS-CoV-2
El 27 de marzo, el INS informó que venía recogiendo muestras en pacientes de ocho departamentos del país, para la detección mediante secuenciamiento genético de las variantes Gamma y Alfa, además de otras de menor relevancia. Más tarde, el 7 de abril, mediante una publicación en Twitter, el INS confirmó la presencia de la variante P.1 en 10 regiones del país. A mediados de junio, el Ministro de Salud, Óscar Ugarte anunció que el 90.6% de los casos detectados en la región Arequipa eran originados por la variante Lambda, que junto con la variante Delta pusieron en alerta a la población del país. También afirmó, que otros departamentos de la Macrorregión Sur vienen siendo afectados por la C.37, teniendo prevalencia en un 78.1% de los casos del Cuzco, un 76% de Moquegua y 72% de Tacna. A finales de julio, Ugarte señaló que se hasta entonces se habían confirmado 19 casos de la variante Delta en territorio nacional.
Una tercera ola de contagios a nivel nacional comenzó a finales de 2021, asociada a la llegada de la variante ómicron al país, detectada el 19 de diciembre. No fue hasta el 4 de enero de 2022 cuando Hernando Cevallos oficializó el comienzo de un nuevo auge pandémico. Desde la primera semana de 2022, los laboratorios públicos y privados de todo el país lucieron abarrotados de personas quienes argumentaban presentar síntomas de la enfermedad. Ante la alta demanda, el gobierno decidió reforzar la capacidad de detección mediante exámenes de COVID-19 ordenando la apertura de cientos de puntos de descarte distribuidos en la capital e interior del país. El 10 de enero, el MINSA dispuso que la toma de pruebas moleculares de COVID-19 sería de uso exclusivo para las personas con comorbilidades y adultos mayores, mientras que las pruebas antigénicas serían destinadas al resto de la población con síntomas de COVID-19. Además, ordenó que los pacientes asintomáticos quienes hayan tenido contacto con un positivo a la enfermedad recibirían atención a través del servicio de TeleSalud. Ese mismo día, la institución mencionó que desde el 11 del mismo mes, se autorizaría la venta del autotest COVID-19 en las farmacias y boticas del territorio. La Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (ANACAB) indicó que el precio promedio de este nuevo tipo de prueba que ingresa al mercado peruano oscilaría entre los 20 y 45 soles. Para el 12 de enero, estos se agotaron a través de los servicios farmacéuticos en línea. El 18 de enero, Hernando Cevallos (Ministro de Salud del Perú) y Juan Carrasco (Ministro de Defensa del Perú) revelaron haber contraído la enfermedad. Seis días después, Carrasco fue ingresado en la UCI del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins tras desarrollar una serie de complicaciones derivadas de la infección de COVID-19 que padeció. A mediados de febrero, la DIGEMID otorgó el Registro Sanitario Condicional a la píldora molnupiravir, autorizando la venta del fármaco en el país que sería usado para el tratamiento contra la enfermedad. A dos años del inicio de la crisis sanitaria, César Munayco indicó que el país atravesaba una etapa de transición del período pandémico al endémico, debido a la considerable reducción en el número de casos confirmados, pacientes en estado severo y muertos a nivel nacional. Días antes, Munayco y el equipo del MINSA estimaban que la tercera ola llegaría a su fin en el mes de marzo.
El 11 de marzo, el Gobierno hace oficial la declaración de Emergencia Sanitaria a nivel nacional durante 90 días, luego que en ese mismo día la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarada al COVID-19 como una pandemia a nivel mundial. Esa medida estableció que en un plazo de 72 horas, mediante un Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio de Salud emita un Plan de Acción junto con la relación de bienes y servicios que se requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria, esto incluye al Seguro Social de Salud (EsSalud) y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Con este plan, el gobierno «busca fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta para mitigar el impacto sanitario, social y económico que tendría el coronavirus en el país». En ese sentido, las instituciones públicas y privadas encargadas de la administración de los puertos, aeropuertos y puestos de entradas terrestres son responsabilizadas a aplicar medidas sanitarias necesarias con el fin de evitar la propagación de la COVID-19. Esta medida también involucra a personas que ingresan al territorio peruano, sean peruanos y en especial extranjeros provenientes de países con antecedentes epidemiológicos (como Italia, España, Francia y China), son intervenidas obligatoriamente a un periodo de aislamiento domiciliario por 14 días.
El 4 de junio, el gobierno publica —mediante el Decreto Supremo 020-2020-SA— una prórroga el estado de emergencia sanitaria por 90 días adicional desde el 10 de junio hasta el 7 de septiembre.
El 15 de marzo y en una rueda de prensa, el gobierno decreta el Estado de Emergencia y cuarentena a nivel nacional, siendo aplicada legalmente el día 16 de marzo de 2020 a las 00:00 horas hasta el 30 de marzo de 2020 a las 00:00 horas. Esta medida fue realizada un día antes que el presidente anunciara la llegada la fase de contagio comunitario en el país, para ese entonces en el exterior, el Perú ha sido considerado como el primer país de América Latina en decretarla.
Según el Decreto Supremo, las principales medidas de un Estado de Emergencia en el Perú son el cierre total de las fronteras y el aislamiento social obligatorio (cuarentena nacional). También aplicó a las fuerzas armadas y la policía, la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las medidas anunciadas, autorizando la libre intervención de personas, vehículos, locales y establecimientos que violen la medida. La única excepción aplicada, son la operación los servicios comerciales, de banca y medicinal, garantizando el constante abastecimiento de alimentos y medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza, recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y entre otros.
Cuatro días antes de finalizar el estado de emergencia, mediante una evaluación del gobierno en la evolución de la enfermedad y el acatamiento de aislamiento social, el presidente Martín Vizcarra decidió decretar una extensión adicional el día 26 de marzo, manteniendo las mismas medidas y ampliándose hasta el 12 de abril. Sin embargo, esta medida se extendería en varias ocasiones debido al crecimiento continuo de casos positivos: Tercera ampliación anunciada el 8 de abril (12 de abril-26 de abril), cuarta ampliación el 23 de abril (26 de abril-10 de mayo), quinta ampliación el 8 de mayo (10 de mayo-24 de mayo), sexta ampliación el 22 de mayo (24 de mayo-30 de junio) con ciertas modificaciones y concesiones en las restricciones que se venían acatando hasta la fecha.
Asimismo, el gobierno también estableció medidas adicionales durante el estado de emergencia, como la limitación de circulación de las calles por género cada dos días incluyendo una restricción total en los domingos y la inmovilización total en los días de semana santa (9 y 10 de abril)
El 26 de junio, el Gobierno de Martín Vizcarra decidió ampliar el estado de emergencia hasta el viernes 31 de julio, según el Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano. El Decreto Supremo precisa también que, a partir del 1 de julio, la nueva estrategia es una cuarentena focalizada (a excepción de los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash en donde continúa la cuarentena general), lo cual implica que los niños menores de catorce años, así como las personas en grupos de riesgo como los adultos mayores de 65 años y quienes presenten comorbilidades conforme lo determina la Autoridad Sanitaria Nacional deberán continuar en aislamiento social obligatorio.
Las excepciones escritas detalladamente en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM son:
El toque de queda a nivel nacional fue realizado el día 18 de marzo, según las declaraciones del presidente, esta decisión surgió debido al incumplimiento del aislamiento social obligatorio por la población. Esta medida fue aplicada el mismo día —desde las 20:00 hrs hasta las 5:00 hrs (UTC-5)—. Asimismo, las fuerzas armadas y policiales fueron facultados para hacer cumplir la prohibición. A su vez, también decretó la prohibición del uso de vehículos particulares a excepción de aquellos necesarios para la prestación de algunos servicios esenciales. Según el Decreto Supremo N.º 046-2020-PCM, las excepciones durante el toque de queda son válidas para el personal estrictamente necesario que brinde servicio en las actividades esenciales para la crisis.
El 26 de marzo, debido al crecimiento de los casos y una mayor incidencia en la violación de la cuarentena, el gobierno establece una ampliación en el horario desde las —18:00 hrs hasta las 5:00 hrs— para los departamentos de Piura, Loreto y Lambayeque. El 23 de mayo, el gobierno decide establecer un toque de queda las 24 hrs todos los domingos hasta el 30 de junio a excepción del personal de salud, fuerzas armadas y policial, medios de comunicación, entre otros. El 27 de junio, el gobierno anuncia nuevos cambios para el toque de queda, reduciendo el horario desde las —22:00 hrs hasta las 4:00 hrs— de lunes a domingo a excepción de los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash que rige desde las —20:00 hrs. hasta las 4:00 hrs—. Asimismo, deja sin efecto el toque de queda de 24 horas en todos los domingos.
Según del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, las excepciones durante el toque de queda son:
Debido a la paralización económica que causó el coronavirus durante el mes de marzo, el presidente del Banco Central de Reserva Julio Velarde, ha decidido lanzar un plan de garantías por una cantidad de 30 000 millones de soles con el objetivo de asegurar la cadena de pagos de las empresas y acelerar la recuperación de algunos sectores que están siendo afectados por la cuarentena. Días más tarde, el gobierno empieza a armar «el mayor plan económico de América Latina contra la COVID-19», un plan de estímulo que según el reportero de BBC Noticias es —en términos de porcentaje de PIB— equiparable al de Dinamarca, el Ministerio de Economía ha comunicado que dicha inversión es un «equivalente del 12 % del PIB del país» y que son divididas en dos etapas, decidiendo destinar más de 25 mil millones de soles. Según la ministra de economía, esta medida se pudo realizar considerándose que el Perú cuenta con las finanzas públicas más fuertes de América Latina, una baja inflación, una de las monedas menos volátiles de la región, una reserva internacional de 68 044 millones y una deuda pública del 27 % del PIB, siendo las más bajas de América Latina. Para el 3 de abril, el ejecutivo anunció la creación del plan «Reactiva Perú» que utilizará una garantía de 30 000 millones de soles para las empresas que están siendo afectadas por la paralización del país y cuyo monto proviene del Tesoro Público, para dicho plan los expertos señalan que la clave está en el costo anual que los bancos aplicarán a los empleadores.
El 16 de marzo, día que entró en vigencia el Estado de Emergencia, el gobierno tomó la decisión de realizar un subsidio de 380 soles para las familias más vulnerables durante los primeros 15 días con el objetivo beneficiar una cantidad de 9 millones de personas que representa en el país un 72 % de la población ocupada y principalmente informal. El 1 de abril, el gobierno aplica un segundo bono de 360 soles para las familias vulnerables, por motivos de la extensión de la cuarentena decretada el día 26 de marzo. El 30 de marzo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, anunció la suspensión del pago del servicio de agua para el mes de marzo y abril en la ciudad de Lima, fraccionando el coste de ambos meses a lo largo de los 24 meses, mientras que el resto de los servicios aún mantuvo las conversaciones con el gobierno y algunos optaron por ofrecer la suspensión de los cortes de los servicios como la Telefonía e Internet. El 16 de abril, luego de una tercera prórroga de la cuarentena, el presidente Martín Vizcarra anuncia una transferencia para bono de 380 soles para las familias vulnerables de las zonas urbanas que será aplicada el viernes 17 de abril. El 23 de abril, el presidente anuncia el Bono Familiar Universal de 760 soles para 6.8 millones de hogares, tras comunicar que las anteriores medidas fueron insuficientes y no llegaron a todos. Esta medida fue procesada el día 27 de abril captando unos 4 millones de beneficiados de los 6.8 millones en total y oficializada el día 6 de mayo, destinando unos 1226 millones de soles.
El 20 de marzo, el gobierno crea el «Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE» con el objetivo de garantizar los créditos para capital de trabajo otorgados a las MYPE incluyendo el reestructurar y refinanciar sus deudas. Dos días después, el Ministerio de la Producción decide facilitar créditos a las MYPES con un periodo de gracia de hasta 6 meses. El 26 de marzo, el presidente Martín Vizcarra subsidia un 35 % de las planillas en las empresas para los trabajadores con sueldos de hasta 1500 soles —con el objetivo de garantizar la preservación del empleo privado durante la cuarentena y el toque de queda—, este subsidio tuvo un coste cercano a los 600 millones de soles y dicha medida fue aplicada formalmente el día 30 de marzo. Más tarde, el poder ejecutivo aprueba el retiro de 2400 soles de los fondos de Compensación de Servicios (CTS), una medida que busca mitigar el impacto económico por la ampliación del Estado de Emergencia. El 27 de marzo, el ejecutivo procedió suspender los aportes de los trabajadores a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) a lo largo del mes de abril con la finalidad que los empleados cuenten con mayor liquidez. Sin embargo, esta medida fue rápidamente criticada por la ministra de economía María Antonieta Alva y el director General de Mercados Financiero y Previsional Privado del MEF Oscar Graham, implicando que afectaría el fondo de quienes están en el sistema y que fue debatida en el congreso dos días después y la cual no se llegó a ningún consenso. El día 1 de abril, esta medida es oficializada mediante el Decreto de Urgencia 034-202, siendo aplicado el beneficio desde los primeros 6 meses y no desde los 12 meses de la propuesta anterior.
A principios del mes de abril, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (Sylvia Cáceres) comunica mediante un medio de prensa su aporte en la habilitación de un bono de 380 soles para los 780 mil trabajadores independientes que cuenten con hogares vulnerables, siendo aplicada formalmente para el día 8 de abril, mediante un comunicado oficial del gobierno. El Congreso por su parte, aprueba un proyecto de ley que autoriza el retiro del 25 % de las AFP hasta una cantidad máxima de 12 900 soles, mientras que el Seguro Integral de Salud (SIS) aprueba la transferencia de 60 millones de soles a establecimientos de salud para atención de sus afiliados.
El 13 de abril, el gobierno decreta la «suspensión perfecta de labores» acompañada de ingresos para los trabajadores, asimismo, destina unos 92 millones de soles para garantizar el seguro de EsSalud de los trabajadores. El 14 de abril, el gobierno anuncia un nuevo bono para las micro y pequeñas empresas, a través del «Fondo de Apoyo Empresarial-MYPE». El 26 de abril, el presidente Martín Vizcarra anuncia que —de los 300 millones de soles que se aplicó anteriormente— se agregará 500 millones de soles de apoyo adicional como bono para las pequeñas empresas siendo autorizada para el día 29 de abril con una transferencia de 500 millones de soles al Fondo de Apoyo Empresarial (FAE). El 30 de abril, el gobierno aprueba el retiro de hasta 3000 soles para los afiliados (AFP) fraccionando el retiro de 1000 soles por mes (mayo, junio y julio). Más tarde, el gobierno amplia el límite del retiro de las AFP hasta 5000 soles en respuesta a la iniciativa realizada por el Congreso.
El 24 de marzo, el exdirector del Instituto Nacional de Salud (INS) Ernesto Bustamante, puso en cuestión la compra de pruebas rápidas (serológicas) para la detección de la COVID-19 realizada por el Ministerio de Salud tras indicar que —dichas pruebas solo detecta anticuerpos del virus y no la enfermedad a tiempo—. El 27 de marzo, surge una crítica de los medios españoles al gobierno de España sobre la compra en la adquisición de los test de pruebas rápidas a la empresa china Bioeasy que no funcionaban correctamente, el ministro de Salud Víctor Zamora comunicó que «las pruebas rápidas no son de los mismos proveedores de España y que estas cuentan con las certificaciones de calidad que nuestro país exige».
En la segunda semana de abril surge una polémica sobre el testimonio del médico Ricardo Villarán del hospital Almenara que, a través de su cuenta personal de Facebook, puso en cuestionamiento la eficiencia del sistema de salud del hospital reclamando el cambio de la presidencia de la institución. EsSalud respondió el caso solicitando al médico las pruebas correspondientes sobre las falencias en la institución con la finalidad de evitar un escándalo, aclarando que la Red Asistencial Almenara no ejerció ningún tipo de mordaza a sus trabajadores y que respeta la libertad de expresión. La jefa del Comando COVID-19 Pilar Mazetti se pronunció al respecto, comunicando que admitir la falta equipos de protección no debería ser sancionado, asegurando que es una obligación de los médicos exponer lo que está mal para mejorarlo.
El 9 de abril, el decano de Colegio Médico del Perú Miguel Palacios informa en un medio de prensa la falta de equipos de protección para los médicos que atienen a las personas infectadas, advirtiendo a las autoridades que sus vidas corren riesgo y solicitando al presidente el abastecimiento de mascarillas, guantes y mamelucos para los doctores. A las 6:00 hrs (UTC -5) de ese mismo día, el Ministerio de Salud anuncia la distribución de más de 8 millones de implementos de equipos de protección personal en Lima y todas las regiones del país, evidenciando la falta de anticipación en la distribución de los equipos de protección. El 11 de abril, el Colegio Médico del Perú (CMP) informó que en el país se registraron 183 médicos infectados por COVID-19 criticando la falta de prevención por parte de las autoridades. Esta falta de capacidad de abastecimiento de equipos de protección aún se mantendría hasta el final del mes al reportarse protestas del personal de salud en Tumbesy Apurímac, mientras por contagio se reportaron en Ucayaliy en Lima en el hospital Grau. Esta situación obligó que las autoridades recurrieran al traslado de médicos a la capital para su atención médica desde Iquitosy el traslado de médicos de Lima a Lambayeque. El 10 de mayo, tras el continuo pedido por el traslado de varios médicos infectados, el ministro de Salud comentó al respecto indicando que «desde el punto de vista legal todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de personas» resaltando su dificultad para decidir el traslado de los pacientes infectados, esta declaración ocasionó que surgieran muchas críticas en su contra ocasionando que algunos solicitaran su renuncia al cargo y su expulsión de la Orden Médica. Once días después, el ministro de Salud decide disculparse por la frase a través de RPP Noticias: «Lamento muy profundamente que una frase mal dicha y peor interpretada haya herido tan profundamente la sensibilidad de mis colegas, mis hermanos, mis amigos, y por supuesto que siento y me disculpo por esa situación». Para fines de mayo, la cifra de contagios en los médicos aumenta a 1061 casos —de las cuales 33 se encontraron en estado crítico y 26 fallecieron— siendo la mayor parte proveniente de las ciudades de Lima, Piura, Iquitos y Pucallpa. Mientras que a principios de junio, las muertes ascendieron a 45.
El 19 de abril, el medio de prensa Ojo Público confirmó que la compra de 1.4 millones de pruebas rápidas realizada por el gobierno a la compañía biotecnológica china Orient Gene Biotech no contaba con el certificado para dispositivo médico otorgado por la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) en China y tampoco en la nómina referencial para China utilizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ministro de salud Víctor Zamora comunicó que el primer embarque de dichas pruebas llegaron al país cuando China aún no pedía el certificado de calidad de la NMPA y aquellas pruebas cumplieron con los requisitos exigidos y certificaciones que se les exigió en su momento en el país y también en los estándares de mercados de la Unión Europea. El 20 de abril, Perú Compras también admite que no existía el requisito del Certificado de Registro de Producto de Dispositivo Médico de China y informa que el gobierno compró las pruebas a las empresas Nipro Medical Corporation y Multimedical Supplies siendo sus fabricantes las empresas Orient Gene Biotech y Core Technologies que contaron con la autorización sanitaria de funcionamiento emitida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Asimismo, la empresa Nipro Medical Corporation informó que en su proceso de compra incorporó cuatro documentos emitidos a su favor por Tuv Rheinland (un organismo de certificación de origen alemán), cuyos informes (emitidos en enero del 2018) indican que Orient Gene Biotech ha aplicado y establecido un sistema de calidad administrativa para los equipos médicos.
El 21 de abril, según una información estadística presentada por la Universidad Johns Hopkins y The Washington Post, revela que «la ciudad de Lima es la única que cuenta con más decesos por COVID-19 que siete países de Sudamérica» siendo superada por Brasil (2588) y Ecuador (520). El 28 de abril, el informe presentado por IDL-Reporteros indicó que desde los crematorios Piedrangel y Campo Fe se obtuvo un total de 1073 muertes por COVID-19 solo en Lima y Callao, cuestionando la cifra presentada por Minsa —que reportaba ese día una cifra de 484 muertos en la sala situacional—. El ministro de Salud Víctor Zamora admitió la posibilidad de un subregistro de las cifras oficiales, sin embargo, negó que exista una manipulación de los datos registrados en los fallecidos al indicar la existencia de tres cifras que registran una causa de muerte: la oficial, la cifra de muertes por registro civil y una estimación. La titular del Comando COVID-19 Pilar Mazzetti también informó sobre el tema indicando que cualquier persona fallecida cuyo fallecimiento no se ha producido por una causa evidente debe ser considerada como caso sospechoso de haber contraído la COVID-19.
El 7 de abril, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional informa que desde el 17 de marzo hasta la fecha recibió un total de 64 denuncias, de las cuales 10 son por presuntas irregularidades en la sobrevaloración de canastas de víveres y padrones que benefician con el Bono de 380 soles a allegados de funcionarios y servidores ediles, también se revela una presunta sobrevaloración en la compra de 35 ventiladores mecánicos para el Hospital de Emergencias COVID-19 de Ate Vitarte así como las denuncias contra efectivos policiales que habrían solicitado un soborno con la condición de retirar la infracción. La entidad comunicó que los fiscales anticorrupción siguen realizando acciones de prevención mediante visitas inopinadas y videollamadas de exhortación a los 1874 municipios que recibieron 213 650 millones soles para la adquisición y distribución de canastas de víveres para la población más vulnerable.
El 10 de abril, la Defensoría del Pueblo advierte al Comando COVID-19 sobre el escaso avance de la ejecución de los recursos que el gobierno transfirió a las autoridades locales, indicando que 17 regiones gastan menos del 20 % de su presupuesto COVID-19 otorgado por el gobierno siendo el departamento de Tumbes el que encabeza la lista con un avance del 16.9 %, le sigue Cajamarca con 16.3 % de ejecución, Huánuco con 15.1 %, Puno y San Martín con 14.2 %. Walter Gutiérrez «el defensor del Pueblo» propuso al presidente Martín Vizcarra que el Ministerio de Salud asuma el plan de contingencia en los territorios que cuenta con pocos resultados en la ejecución del presupuesto. El 13 de abril, el ministro de Salud se pronuncia afirmando que «endurecerá cualquier acto de robo o corrupción en el sector», asimismo, estableció comités de profesionales y trabajadores de los hospitales para vigilancia del uso adecuado de los equipos de protección personal (EPP) y los insumos para la realización de descarte de las pruebas rápidas con el objetivo de impedir los robos sistemáticos de los EPP que ocurren de manera cotidiana y que debilita la respuesta ante la pandemia. El 29 de abril, durante una conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra se pronuncia calificando de imperdonable la corrupción en el país en plena pandemia y anuncia que los actos de corrupción serán castigados con todo el peso de la ley.
El Jefe de Estado, Francisco Sagasti anunció el 6 de enero de 2021 la compra de 38 millones de vacunas que formarían parte del plan de vacunación previsto para inmunizar a la población del territorio contra la COVID-19. Durante su mensaje a la nación, anunció que el primer lote de vacunas de Sinopharm llegarían a finales del mes de enero de dicho año y los primeros que serían inoculados con la vacuna serían los miembros del personal médico y sanitario del país, quienes pertenecen a la primera etapa de vacunados. El 29 de enero de 2021, durante una conferencia de prensa del Consejo de Ministros, la ministra de salud, Pilar Mazzetti anunció que el primer lote de vacunas de Sinopharm serían embarcadas el 8 de febrero y llegarían el 9 de febrero al Perú.
El 7 de febrero de 2021 a las 19:54 UTC-5, diversos medios informativos del país informaban de la llegada del vuelo AF 480 de Air France al Perú, que contenía en su interior el primer lote de 300 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la empresa china Sinopharm, para que posteriormente sean trasladas al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) para garantizar la protección constante tras la refrigeración de las vacunas Sinopharm en contenedores para su futuro uso. Un segundo lote de 700 mil vacunas de Sinopharm llegaron el sábado 13 de febrero, para así completar la primera entrega de un millón de dosis.
El inicio de la vacunación contra la COVID-19 en el Perú marca un hito en la historia de la inmunización contra diversas enfermedades en el país, y se inicia el 9 de febrero de 2021, con la vacunación del jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Cuidados Intermedios del Hospital Arzobispo Loayza, Josef Vallejos Acevedo. Desde entonces hasta el presente ya se han vacunado al 80% de personas con las 2 dosis de vacunación.
El brote por COVID-19 ocasionó que los sistemas de salud de varios países atraviesen por un colapso sanitario y decidieran realizar esfuerzos por la obtención de los ventiladores mecánicos y otros insumos médicos. Esta crisis sanitaria produjo que existiera una fuerte demanda de estos aparatos en los países desarrollados que terminaría por complicar su compra en los países latinoamericanos, siendo el Perú uno de los más perjudicados. El ministro del Interior Walter Martos afirmó que en el país existe una escasez en la cantidad de respiradores mecánicos, acaeciendo en una urgente necesidad para su ampliación. El 21 de marzo, los ingenieros de la universidad Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) trabajaron en el diseño y desarrollo de un respirador mecánico con un bajo coste y rápida implementación, esta iniciativa incentivó que el ministro de Salud Víctor Zamora se reuniera con los delegados del PUCP y realizaran un acuerdo para su posible producción en el mes de abril.
A principios de abril, el Perú contó con 276 ventiladores mecánicos siendo ampliado a 500 su capacidad luego de las declaraciones de la titular del Comando de Operaciones COVID-19 Pilar Mazzeti. El ministro de Salud por su parte, decide autorizar con urgencia la fabricación de respiradores artificiales básicos y de calidad a la Marina de Guerra del Perú para su producción nacional durante el estado de emergencia, dichos respiradores mecánicos se denominaron «Samay» que significa «respirar» en quechua. En los días posteriores, otras universidades locales se suman para la producción de esos aparatos. La Universidad de Piura inicia la fabricación de 10 ventiladores mecánicos, ofreciendo un servicio de reparación para su región. El 12 de abril, el equipo de la PUPC y cuatro empresas privadas culminan la creación de un respirador mecánico bautizándolo con el nombre «Masi» que proviene del quechua y su nombre es denominado «un compañero o amigo cercano que brinda apoyo». El presidente Martín Vizcarra y el ministro de Salud Víctor Zamora, hacen una visita al laboratorio del PUCP, inspeccionando su función y planteando su producción a partir del mes de mayo. El 16 de abril, La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) se suman en su fabricación estableciendo un prototipo cuyas piezas pueden ser fabricadas en impresoras 3D, unos días más tarde se uniría el hospital Arzobispo Loayza con el desarrollo de un nuevo prototipo cuya elaboración emplea ingeniería inversa.
A principios de julio, el Perú pasa de tener de 100 a 1300 ventiladores mecánicos. Una cantidad que fue creciendo debido a la producción nacional y compras internacionales así como las donaciones recibidas de China (125), Estados Unidos (250), Alemania (30) y diversas empresas privadas. Según las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, el Perú pasaría a bordear los 2000 ventiladores mecánicos luego de la compra de 400 ventiladores adicionales desde China.
El 31 de marzo, el Ministerio de Salud aprueba un documento técnico que establece acciones son dirigidas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las personas hospitalizadas; Adaptándose a los estudios internacionales sobre el uso de fármacos en atención de pacientes con COVID-19, siendo estos la: Cloroquina, Hidroxicloroquina, Azitromicina, Lopinavir/Ritonavir, entre otros.
El 2 de abril, el Ministerio de Salud aprueba una norma para que los cuerpos de las personas que fallecen a causa de la COVID-19 sean incinerados, sin embargo, la Defensoría del Pueblo comunicó sobre la imposibilidad de aplicar la norma considerando la situación real de los crematorios que a penas existen cuatro crematorios públicos disponibles, recomendando la modificación de la norma y se priorice la inhumación en condiciones de bioseguridad. El 10 de abril, el ministro de Salud Víctor Zamora anuncia la creación de un comando de levantamiento de cadáveres, tras registrarse en las calles de diferentes distritos de la ciudad de Lima a personas que piden atención médica por síntomas de COVID-19. Días después, el Ministerio de Salud aprueba el protocolo desde la Resolución Ministerial N° 100-2020-Minsa, que fue aprobada el 23 de marzo. En este protocolo incluye equipos de trabajo conformados por un médico cirujano, un trabajador de salud ambiental, un chofer y personal de apoyo; que contarán con una movilidad, equipos de protección personal (EPP) y material necesario para la preparación del cadáver (bolsa hermética, solución desinfectante, pulverizador, entre otros).
El 19 de abril, el Ministerio de Salud aprueba una guía técnica que establece medidas de control para el traslado interprovincial excepcional de personas, esta medida establece que todos los viajeros deben pasar por una evaluación por la autoridad sanitaria de su jurisdicción (Diris, Diresas, Geresas) con el objetivo de identificar la detección y posibles síntomas compatibles con la enfermedad. Al día siguiente, el gobierno aprueba una directiva sanitaria que establece medidas para un programa de inmunización a nivel nacional, esta medida establece una nueva estrategia de vacunación en los establecimientos de salud que atenderá a diferentes partes de la población.
El 24 de abril, el gobierno aprueba mediante el Decreto Legislativo n.º 1466, una norma que facilita el intercambio prestacional entre establecimientos de salud públicos y privados. El 29 de abril, el Ministerio de Salud modifica el documento técnico «Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por Covid-19», aplicando nuevas estrategias para los tratamientos de los pacientes basándose en las experiencias internacionales y que buscan mejorar el pronóstico en casos leves, moderados y severos.
El 3 de mayo, el Ministerio de Salud aprueba una guía técnica para los restaurantes y servicios afines con modalidad de servicio a domicilio, brindando indicaciones sobre la compra y recepción de alimentos, almacenamiento, acondicionamiento, preparación de pedidos, despacho y entrega de la comida.
El 3 de abril, el ministro de Salud Víctor Zamora confirma la existencia de siete laboratorios (en su mayoría privados) que funcionan para el descarte de la COVID-19, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; el Instituto de Medicina Tropical de Cayetano Heredia; NAMRU-6, el laboratorio de Estados Unidos en Perú; el laboratorio Roe de Magdalena; el UNILAB con sede Gregorio Escobedo; y el laboratorio Inbiomedic; Incluyendo el laboratorio regional de Arequipa que iniciaría funciones el 6 de abril.
El 28 de marzo, una investigación de Ojo Público reveló que el país tenía a su disposición doce laboratorios públicos que se encontraban en condiciones para la detección de la COVID-19 en diversos departamentos del país, mientras que el resto requerían el envío de sus muestras en un vuelo hacia Lima o las regiones cercanas que disponían de uno. Inicialmente los departamentos de Cusco, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Loreto y San Martín fueron los primeros que contaban con un laboratorio. Sin embargo, tenían problemas para su aplicación como la falta de adquisición en los laboratorios de la costa norte y de transporte hacia zonas remotas en los laboratorios ubicados en la selva amazónica. El 5 de abril, el Ministerio de Salud habilitó el noveno laboratorio ubicado en la ciudad de Arequipa con una inversión de 580 mil soles, y paralelamente anunció la futura habilitación del laboratorio de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) en Arequipa y en los departamentos de Ica, Ucayali, Huánuco, Apurímac y Puno. El 25 de abril, dos laboratorios adicionales fueron habilitados en la ciudad de Ayacucho y Huánuco, tras pasar la supervisión del Instituto Nacional de Salud (INS). El 26 de mayo, la INS autorizó la operación del decimosegundo laboratorio en la ciudad de Arequipa por la UNSA.
El 1 de abril, el Ministerio de Salud anuncia que el Instituto Nacional de Salud (INS) logró realizar el secuenciamiento del genoma completo de la COVID-19, determinándose que el virus llegó al país desde Europa y dejando en evidencia tres vectores (variantes) del mismo virus. Asimismo, el INS compartió esta información genética en la Base de Datos Internacional Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), para profundizar las investigaciones.
El día 7 de abril, el Perú se une en una carrera internacional para el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19, siendo la empresa farmacéutica Farvet y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) las primeras (conocidas a la fecha) que desarrollan conjuntamente una vacuna en Chincha empleando los mismos equipos que Alemania. Según Manolo Fernández, el director ejecutivo de la empresa Farvet, el método aplicado es el mismo que desarrollaron exitosamente en otros tipos de coronavirus que causan neumonías en aves sintetizando y produciendo una proteína llamada Spike S1 que impide que el virus se adhiera a la célula y se replique. Mirko Zimic por su parte, jefe del Laboratorio de Bioinformática y Biología Molecular de la UPCH, indicó que la cepa peruana es muy idéntica al aislado en España y cuyo mayor obstáculo es la producción de la proteína en gran cantidad. Asimismo, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) publicó un concurso de proyectos especiales de respuesta contra la COVID-19 recibiendo unas 600 propuestas que concursan por recibir 5 millones de soles (1.5 millones de dólares) para el financiamiento de los proyectos. El 17 de mayo, los científicos de Farvet y de la UPCH anuncian un avance de 95 % en la efectividad, considerando en la posibilidad de convertirse en un importante aporte del Perú al mundo.
El 5 de junio, la Estación Experimental de Investigación Científica y Mejora Genética de Alpacas perteneciente al Grupo Inca, seleccionan a cuatro alpacas para el desarrollo de una nueva vacuna que viene desarrollando en conjunto con Farvet y UPCH. Asimismo, indican que aquellas alpacas tiene la capacidad de generar algunos tipos de anticuerpos conocidos como «nanobodies», que son muy diminutos y tienen un potencial mayor contra los patógenos.
El 9 de abril, el Ministerio de Salud aprueba guía técnica mediante la Resolución Ministerial N.º 180-2020-Minsa que establece procedimientos para el cuidado de la salud mental del personal de la salud que brinda atención a los pacientes infectados con COVID-19. El 12 de abril, el ejecutivo autoriza la creación del Servicio COVID Especial-Servicer que dispone la contratación del personal médico peruano y extranjero, esta medida tiene una duración para todo el periodo establecido en la Emergencia Sanitaria (de 90 días) hasta los treinta días posteriores. También autorizó la ampliación del seguro de vida para el personal de salud que realiza su labor en el centro hospitalario contra la COVID-19 y dispuso una transferencia de 49 millones de soles al Ministerio de Salud para el financiamiento de la medida.
El 17 de abril, el gobierno aprueba las medidas que permitan a las entidades del sector Salud del todo el país cuenten con mayor personal y programar el aumento de los turnos, también dispuso la transferencia de 20 millones de soles para la implementación de equipos de respuesta rápida en las Direcciones de Salud de Lima Metropolitana y de los Gobiernos Regionales, otro monto de 14 millones para la formación de equipos de seguimiento clínico bajo modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y otros 13 millones de soles para el financiamiento de servicios funerarios. El 24 de abril, el ministro de Salud establece una reunión con los representantes del Colegio de Enfermeros del Perú garantizando la promoción, protección y cuidados mediante la provisión integral de los equipos de protección personal, así como en la capacitación y el mejoramiento del bono de salud. También se ha previsto la eliminación de los contratos mediante servicios de terceros y la celeridad para su incorporación al régimen del CAS, impulsando el trabajo articulado para la promoción del Sistema Unificado de Salud.
El 14 de marzo, un día antes de la cuarentena, el Ministerio de Salud decide anunciar una des centralización en la evaluación de las muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en el país, ampliando la cantidad de laboratorios a nueve. Los primeros laboratorios habilitados el 14 de marzo fueron establecidos en el departamento de Iquitos y Tumbes, manteniendo la habilitación de los 7 laboratorios restantes en los próximos días: en Cusco y La Libertad el día 16 de marzo; En San Martín y Piura para el día 18 de marzo; Finalmente en Jaén (Cajamarca), Ucayali y Ica para el 22 de marzo.
El 19 de marzo, el presidente Martín Vizcarra en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anuncia la compra de 1.6 millones de pruebas por un coste de 102 millones de soles —de las cuales 1.4 millones de pruebas son para descarte rápido (serológicas) y 200 000 pruebas son para descarte molecular (PCR)—, el presidente comunicó a la población que la compra tiene la finalidad de «descentralizar la capacidad de diagnósticos en el resto del país» y que más tarde el Ministerio de Salud lo destina al norte del país, en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Piura y Cajamarca. Del total de estas pruebas, una cantidad de 300 000 de las pruebas serológicas llegan el día viernes 17 de marzo desde Shanghái (China), la ministra de economía María Antonieta Alva comunicó que las pruebas llegarán por partes: otras 300 000 pruebas el 2 de abril, 371 000 pruebas el 19 de abril y 400 000 el 30 de abril. Asimismo, informó que realizará la compra de nuevas pruebas de diagnóstico tras la gran demanda que existe en el mercado internacional. En ese mismo día, en una conferencia de prensa, el ministro de Salud Víctor Zamora añadió la adquisición de 300 000 pruebas moleculares (PCR) adicionales. El 25 de marzo, el ministro ratificó el uso de las pruebas serológicas en el país, indicando que dichas pruebas serán complementarias con las pruebas moleculares y aquella compra tiene el objetivo de reforzar la vigilancia epidemiológica.
El 30 de marzo, los medios de prensa informan que la oficina de Perú Compras del Instituto Nacional de Salud (INS) firmó el pedido de las pruebas moleculares diez días después de lo anunciado por el presidente, la entidad informó que el proceso de compra aún estaba en espera por motivos de cambio en términos de referencia y tuvo que sortear la competencia internacional con los Estados Unidos de América. Asimismo, se conoció que el pedido de la compra no fue inicialmente realizada en marzo, tuvo un inicio desde enero del mismo año a pedido del Ministerio de Salud. El presidente Martín Vizcarra por su parte, indicó que la obtención de un proveedor fue un proceso lento por la alta demanda del proyecto y que a estas alturas se requirió un aumento de la cantidad de pruebas. Asimismo, informó que está listo la orden de compra de las primeras 54 mil pruebas PCR y con un plazo previsto en el mes de abril.
El 10 de abril, el Perú empezó a procesar unas 9000 pruebas diarias tras las 1000 pruebas diarias que se realizó la semana pasada, asimismo, el presidente Martín Vizcarra informó que plantea alcanzar las 12 000 pruebas al día en la siguiente semana. En esa fecha, el Perú acumuló 56 681 muestras, de las cuales 25 643 son muestras PCR y 31 038 son muestras serológicas, siendo las muestras serológicas superior a la cantidad de pruebas PCR y obteniéndose una cantidad de 5897 resultados positivos. El ministro de Salud Víctor Zamora informó que el incremento de las pruebas tiene el objetivo de «mejorar la vigilancia epidemiológica». El 14 de abril, el país supera las 10 000 pruebas por día, normalizando esa cifra en los días posteriores.
El 19 de abril, el Instituto Nacional de Salud (INS) realiza la entrega de kits de diagnóstico molecular (PCR) a los laboratorios de las regiones de Cajamarca, La Libertad, Piura y Lambayeque; Otorgando una descentralización de la toma de muestras en diversas regiones del país sin necesidad de enviar las muestras por Lima. Asimismo, el ministro de Salud Víctor Zamora indicó que las regiones que cuentan con un laboratorio propio son Tumbes, Loreto, La Libertad, Piura y Cajamarca; También precisó que las siguientes entregas se realizará de manera gradual y próximamente en las regiones de Ucayali, Cusco, Ica, Arequipa y San Martín.
El 6 de mayo, el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud crea una prueba molecular para el diagnóstico de la COVID-19 —que cuenta con un menor costo y muestra los resultados en menos de una hora— siendo el Biólogo Genetista del INS Eduardo Juscamayta López el creador de la nueva propuesta y cuenta con el financiamiento de CONCYTEC por un monto de 300 mil soles.
El 27 de marzo, el Ministerio de Salud aprueba una directiva para la implementación y desarrollo de los servicios de telemedicina síncrona y asíncrona que permitirá que la población acceda a una atención médica a distancia haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC), siendo las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) las que recibirán los criterios para la inserción de estos servicios a nivel nacional. El 10 de mayo, el gobierno aprueba a través del Decreto Legislativo N° 1490 la implementación y desarrollo de los servicios de telesalud en todos los establecimientos sanitarios del país, incluyendo la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, otorgando un acceso gratuito por datos y telefonía, dicho servicio ha sido incluido diversas modalidades de atención: telemonitoreo para las condiciones de los pacientes, teleorientación para resolver dudas en las consultas y la telegestión para los establecimientos. Asimismo, incluye también el servicio de teleconsulta para los pacientes y teleinterconsulta para los profesionales de salud.
A principios de marzo, la propagación por COVID-19 se incrementó alrededor de 100 000 infectados y 4000 muertes en 114 países, obligando a la OMS declarar públicamente la situación como una pandemia a nivel global. Dicha situación ocasionó que alrededor del mundo surgiera una fuerte histeria colectiva en los consumidores y se empezaran a escasear los productos de primera necesidad tras una ola de compras masiva, tal efecto también llegó al Perú generando un gran desabastecimiento de mascarillas y geles antibacteriales en las farmacias, acaeciendo finalmente en una alza de los precios de aquellos productos. Este comportamiento también se extendió por diferentes regiones del interior del país, reportándose mayormente en las regiones de Ancash, Arequipa y Cusco. Sin embargo, el gobierno enfatizó que dicha crisis no afectará el abastecimiento de los productos, asegurando que el país posee un fuerte mercado interno agrícola y una baja dependencia de los productos importados. Fernando Cillóniz, presidente del directorio de la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA), comunicó que la agricultura en el país pasa por momentos favorables, descartando la posibilidad de generar un fuerte desabastecimiento. Asimismo, el sector empresarial conformado por la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX PERÚ) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), informaron a la población que garantizarán la cadena de abastecimiento de alimentos y productos de limpieza e higiene en el país y exhortó evitar la sobredemanda de aquellos productos.
Desde mediados de abril, la prolongación del aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno ocasionó que miles de personas (especialmente desde la capital) decidieran regresar a sus regiones de origen por diversos motivos: ingresos económicos, algún trámite que necesitaban hacer en la capital, falta de trabajo o por una atención médica urgente. La ministra del Ambiente Fabiola Muñoz se pronunció anunciando que realizará la manera de ordenar y articular el traslado de las personas a sus regiones mediante un programa de empadronamiento, así como establecer un análisis de descarte. Esta crisis también fueron reportados desde otras regiones del país, cuando un reporte de Ojo Público informa el fallecimiento de un joven de 25 años que intentaba cruzar el río Pampas (frontera entre Apurímac y Ayacucho) en su largo viaje desde la región de Ica. Desde entonces, se reportaron varias personas esperando la ayuda del gobierno o sus gobiernos regionales para el retorno a sus lugares de origen. Para fines de abril, esta problemática fue atendida por diversas autoridades, Defensa Civil comunicó el traslado humanitario de unas 4000 personas por vía terrestre o aérea luego de realizar los análisis de descarte y establecer una cuarentena obligatoria dentro de las regiones de origen. Unos días después, el presidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos comunicó que unos 167 856 personas en todo el país se inscribieron en padrones para el retorno a sus regiones luego de establecer acuerdos con los gobiernos regionales, sin embargo, informó que el gobierno cuenta con la capacidad de realizar unas 800 pruebas diarias indicando que el traslado se realizará de manera progresiva y ordenada. El 28 de abril, la ministra del Ambiente estableció un cambio de estrategia para el traslado indicando que todas las personas que desean regresar a sus regiones deberán permanecer en cuarentena por 14 días en Lima y someterse dos veces la prueba rápida (al principio y al final de la cuarentena). En el mes de mayo, comunicó que unas 200 000 personas se empadronaron priorizando un traslado ordenado y gradual. Defensa Civil informó que unas 24 606 personas lograron retornar a sus regiones, de la cual unas 17 803 fueron desde Lima hacia el interior del país, otras 4716 desde las regiones hacia Lima y 2087 en viajes interregionales (excluyendo Lima).
El 11 de marzo, cinco días después del primer caso positivo, el Ministerio de Educación decide postergar el inicio de clases de todas las escuelas públicas y privadas del país hasta el día 30 de marzo como medida de contención de la pandemia. La misma medida se aplicó al día siguiente, con la suspensión de clases para todas las universidades públicas y privadas del país. Luego de dichas medidas, el ministerio anunció el 14 de marzo la compra de kits de higiene con carácter de urgencia para la desinfección de las escuelas públicas con una inversión de 165 millones de soles.
La pérdida de clases ocasionada por la postergación obligó al ministerio a plantear la educación a distancia creando el programa «Aprendo en casa» para la recuperación de clases y alistando las clases virtuales como un plan de contingencia, dicho plan recibió el apoyo de gran parte de las radio-emisoras y algunos canales de televisión local que han dispuesto el alcance para las personas que no cuentan con un servicio de Internet. Esta recuperación, no completamente virtual, se dio oficialmente a partir del 6 de abril mediante la resolución ministerial N° 160-2020- MINEDU publicada en el diario El Peruano. Para el 8 de abril, el programa empieza a recibir gran aceptación por la ciudadanía de todos los estratos sociales obteniendo un mayor índice de audiencia que los programas matutinos para adultos y llegando a trasmitir para 4.3 millones de personas en su primer día de emisión y lo cual contó con 1.8 millones de usuarios por internet. El 21 de marzo, el ministerio crea el cuento infantil «Los niños contra el coronavirus» que fue traducido en varios idiomas amerindios de la selva y emitidas a través de sus escuelas, en Spotify y por radio de emisora local. Este relato es una adaptación de su similar «Rosa contra el virus», de la psicóloga española Mercedes Bermejo.
El 16 de abril, según una encuesta virtual realizada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) determinó que un 90 % de padres de familias se encontraban insatisfechos con la educación a distancia que recibían sus hijos en los colegios privados, siendo mayoritaria el reclamo en las regiones de: Lima, Arequipa, Callao, La Libertad y Piura. Asimismo, también reveló que un 69 % de los encuestadores informaron que las escuelas privadas no redujeron las pensiones durante el estado de emergencia decretado por el gobierno. El 22 de abril, el programa «Aprendo en casa» recibe apoyo nacional e internacional, Rayo en la botella y el canal de televisión de la Universidad de San Martín de Porres son uno de los connacionales que ofrecieron su apoyo, mientras que en el ámbito internacional fueron Amazon, Plaza Sésamo y Movistar TV.
El 15 de marzo, el gobierno decide decretar Estado de Emergencia a nivel nacional como medida de contención, ocasionando el cierre de todas las fronteras del país desde el 16 de marzo. El ministro del Interior Calos Morán, indicó que el cierre corresponde tanto para el servicio internacional como interprovincial de pasajeros, así como la intervención de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de la medida. Sin embargo, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) comunicó que la restricción no será aplicada para el transporte de carga y mercancías por las vías terrestre, fluvial, aérea y ferroviaria. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) por su parte, limitó la capacidad del transporte público formal (Metropolitano, el Metro y los corredores complementarios) de la ciudad de Lima y Callao en un 50 %, disponiendo el registro obligatorio para su circulación y aplicando la circulación de los taxis formales según su número de placa. Asimismo, emite las disposiciones sanitarias para evitar la propagación de la COVID-19 en el transporte urbano de la ciudad de Lima y Callao, priorizando la desinfección y limpieza de las unidades de transporte público. Una medida que se refuerza para el día 2 de abril, destinando una inversión de 50 millones de soles. En los días siguientes, hasta el 19 de marzo, la medida es aplicada en otras provincias del país, cada una con su requerimiento propio prevaleciendo la reducción de las unidades o los kits de limpieza e desinfección. Las provincias que aplicaron esta medida a la fecha son Piura, Ayacucho, Cajamarca, Maynas, Trujillo y Cusco. El 18 de marzo, el gobierno decide prohibir la circulación de los vehículos particulares, tras registrar un aumento de estos vehículos durante el Estado de Emergencia, otorgando el derecho a las fuerzas armadas y la policía nacional para su intervención.
El 11 de mayo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece un nuevo protocolo para los conductores, cobradores y usuarios que deben cumplir para evitar la propagación de la COVID-19. Asimismo, informó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizan operativos en 32 puntos estratégicos en 14 distritos de Lima, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de dicho protocolo.
El 20 de marzo, el Instituto Peruano de Economía indicó mediante una nota de prensa, que los sectores más afectados por la interrupción del proceso productivo ocasionada por la cuarentena son la minería, el turismo y el comercio. Según un estudio, estimó que los sectores más afectados serán el comercio, pesca, turismo y minería. —Sectores como el pesquero, la paralización impide la exportación de la anchoveta y la elaboración de la harina de pescado, siendo esta última para el país un mayor productor mundial con ventas de unas 900 mil toneladas métricas. El sector minero presenta pérdidas por la baja demanda generada por el coronavirus en China, que es el destino que concentra el 45 % de las exportaciones mineras peruanas y de cerca de 70 % para el cobre—. A consecuencia de la emergencia mundial, las exportaciones estuvieron cayendo debido a la baja demanda de China, la Unión Europea y Estados Unidos que representan el 60 % de sus exportaciones no tradicionales. Esto sumado al sector de Hidrocarburos que fue paralizado por la caída de los precios de petróleo, ocasionada a principios de marzo por la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Ambas crisis derivó para el sector petrolero una pérdida de 35 millones de dólares en ingresos para el fisco y de 23 millones de dólares en las transferencias de canon para las regiones productoras. Con respecto a las exportaciones en las regiones del interior del país, según Perú Cámaras, estima que los tres departamentos más afectados por la caída del comercio exterior serán Apurímac (98.5 %), Puno (90.1 %) y Cusco (86.2 %).
Dada la situación económica que sobrepasa el país, la ministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alva comunicó que, debido a la fortaleza económica que obtuvo el país, el impacto del coronavirus tendrá un margen limitado indicando que el PIB continuará creciendo a lo largo del 2020. Asimismo, afirmó que el país posee un fuerte espacio fiscal y monetario para frenar la crisis, asegurando que tiene los recursos necesarios para enfrentar la situación y que el país cuenta con tres instrumentos fiscales para atenuar el impacto. Sin embargo, durante la apertura de reactivación económica, admitió que el país sufrirá una caída económica similar a la posguerra de la Guerra del Pacífico, debido a la crisis causada por la pandemia. Las calificadoras de riesgo tales como Standard & Poor’s y Moody's también reconocieron dicha fortaleza económica del país, decidiendo mantener el grado de calificación crediticia del país. Un caso contrario con Fitch Ratings, que decidió rebajar la calificación. Según el economista Alfredo Thorne «Es una llamada de atención de que Perú se esta alineando a países medianamente endeudados, como Colombia y México y ha dejado este grupo de países que tenían grandes ahorros y bajas deudas». Mientras que el exministro de Economía y Finanzas Alonso Segura agregó que «es la primera vez en 20 años que el Perú no había tenido una calificación baja».
Según el Banco mundial, indicó que la contracción económica causada por la pandemia ocasionará la peor recesión en 80 años, anunciando que el Perú cuenta con una caída de -4.7 % en el mes de abril y sufrirá una caída de -12 % en todo el año.
El día lunes 16 de marzo a las 23:59, las fronteras del país fueron cerradas durante un lapso de 15 días luego que el gobierno anunciara Estado de Emergencia a nivel nacional el día 15 de marzo. Sin embargo, dicha medida tuvo un día libre (15 de marzo) para el retorno de los connacionales, lo cual la cancillería peruana decide reabrir la frontera sur con Chile luego de realizar un acuerdo con la cancillería chilena, permitiendo una vez más el retorno de los peruanos y chilenos. Dicha situación no se logró en la frontera con Bolivia ocasionando reclamos de los bolivianos que necesitaban comerciar en el lado peruano, asimismo, la policía tomó el control del río Desaguadero que es habitualmente usado por lancheros bolivianos que realizan mercadería de contrabando, empleando fuerza policial y militar en otras zonas de la frontera con Bolivia. El 29 de marzo, las autoridades bolivianas reportan una persona infectada con COVID-19 en la ciudad fronteriza de Copacabana, motivando que el Ejército peruano y la Policía Nacional realizaran una vigilancia (por día y noche) en las fronteras desde el Hito 2 (distrito de Unicachi) hasta el Hito 20 (Kasani), disponiendo también el uso de drones por sitios no habituales. También realiza refuerzo de vigilancia en Tacna, en la frontera con Chile, con el fin de impedir el paso de ilegales al territorio peruano. El 2 de abril, el Gobierno Regional de Tumbes, el Ejército y la Policía Nacional refuerzan la vigilancia y control en la frontera con Ecuador a lo largo del canal binacional, luego que las autoridades tumbesinas descubrieran un puente artesanal que era usado como paso ilegal. Para el 4 de abril, el gobierno central toma la medida, desplegando la infantería blindada y cinco vehículos porta tropas orugas M113 A1 para vigilancia fronteriza diurna-nocturna en el departamento de Tumbes. César Astudillo, el general del ejército y jefe de comando conjunto de las fuerzas armadas del Perú, comunica que dicha vigilancia también se realizará en el departamento de Piura.
El impacto económico que ocasionó la pandemia en las economías en el mundo tuvo una fuerte repercusión en los negocios en el interior del país. El sector turístico, que recibe anualmente 4.5 millones de turistas y que representa al país el 3 % del PIB (Producto Bruto Interno), es uno de los primeros en ser duramente afectados. Desde el 11 de marzo, la Canatur ha registrado en días anteriores la pérdida de cinco mil paquetes turísticos procedentes de China y Japón que empezaron por afectar directamente a los restaurantes, alojamientos, agencias de turismo, entre otros. Asimismo, la limitación del aforo en los eventos (anunciado el 12 de marzo) y el estado de emergencia ocasionaron que diversos eventos culturales y otras actividades se cancelaran —tales como la cancelación de los carnavales en Ayacucho, el Festival de la Vendimia, las misiones comerciales de sus principales productos y la visita de una delegación norteamericana en San Martín, así como el menor flujo turístico en Cusco—.
Luego que el gobierno anunciara el estado de emergencia y cuarentena a nivel nacional desde el día 15 de marzo, en Lima surgió una respuesta ciudadana positiva frente a la situación. A través de las redes sociales, se organizó una iniciativa promovida por la Selección Peruana de Fútbol que convocaba a la población realizar un canto masivo de la canción «Contigo Perú» desde las 20:00 horas mediante los hashtags «YoMeQuedoEnCasa», «BanderazoPorElPerú» y «ContigoPerú» con la finalidad de evitar la propagación del virus. Sin embargo, en los días posteriores surgió una iniciativa similar y de mayor influencia, muchas personas se asomaban desde sus balcones o ventanas de sus hogares realizando un «aplauso sanitario» en agradecimiento a los trabajadores que luchan contra la COVID-19, el mismo gesto se repitió en varias zonas del distrito de Jesús María y hacia otros lugares de la ciudad. También se hizo eco en Twitter el hashtag «AplausosALosQueEstánAfuera», que siguió la misma iniciativa. El viernes 20 de marzo, los titulares de todos los diarios peruanos amanecieron con el hashtag «YoMeQuedoEnCasa». Esta iniciativa recoge otras experiencias similares en España y Argentina, donde los diarios se unieron para dar un solo mensaje en sus portadas. Ese movimiento tan popular surgió en Italia, el país europeo más afectado por el brote de la COVID-19, en donde su población tomó esta iniciativa como una forma de agradecimiento para el personal de sanidad y otros trabajadores. También entonaban el himno nacional o algunas canciones tradicionales como una forma de sobrellevar mejor la cuarentena.
Progreso diario de los casos, con media móvil de siete días.
(Inoculados con primera dosis al 1 feb. 2022)
(Inoculados con segunda dosis al 1 feb. 2022)
(Inoculados con tercera dosis al 1 feb. 2022)
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