175 PSOE 107 PP 17 IU 14 CDS 18 CiU 5 PNV 4 HB 2 PA 2 UV 2 EA 2 EE 1 PAR 1 AIC
El domingo 29 de octubre de 1989 se celebraron elecciones generales en España. Las elecciones fueron anticipadas nueve meses, ya que debían haberse celebrado el domingo 22 de julio de 1990. Felipe González adelantó la convocatoria debido a los desacuerdos del Gobierno con los sindicatos mayoritarios UGT (afín al PSOE) y CCOO, que convocaron una huelga general el 14 de diciembre de 1988, contra una reforma laboral que introducía los contratos temporales, facilitaba el despido y reducía al mínimo legal los derechos laborales de los trabajadores menores de 25 años. Dicha huelga fue la más exitosa de la democracia en España, paralizando incluso la televisión pública, y obligó al Gobierno a negociar con los sindicatos.
Tras anunciarse los resultados por primera vez, la noche de las elecciones, el Partido Socialista Obrero Español había renovado su mayoría absoluta, aunque esta vez por un margen exacto, de 176 sobre 350 escaños, sin poder ocultar la pérdida de casi 800.000 votos y un notorio declive de su popularidad. El Partido Popular se presentaba a estos comicios tras su refundación de ese mismo año; su candidato fue José María Aznar. En las elecciones europeas de ese mismo año, el PP había obtenido un mal resultado, apenas un 21%, lo que motivó a cambiar de candidato, dando Manuel Fraga un paso atrás y presentando a Aznar, presidente de Castilla y León con un perfil joven. El PP recuperó los votos perdidos en las europeas y superó los malos pronósticos con un resultado similar al de 1986. Esto permitió a Aznar seguir al frente del PP, haciéndolo crecer en el futuro. Debido a la confrontación del PSOE con los sindicatos debido a la política del Gobierno, el voto a la izquierda radical aumentó, duplicando su número de papeletas, aunque sin alcanzar, por poco, los resultados de las dos primeras elecciones.
Los comicios de 1989 fueron considerados como unos de los más controvertidos en la historia democrática de España. El anuncio lento de los resultados en muchos distritos electorales, junto con defectos graves en los datos del registro electoral, una estructura ineficiente de la administración electoral y la lucha política en curso entre el gobernante PSOE y los partidos de la oposición sobre la mayoría absoluta socialista en el Congreso de los Diputados dio lugar a un gran escándalo cuando los resultados electorales en una serie de distritos electorales fueron impugnados bajo acusaciones de irregularidades y fraude. Los tribunales judiciales se vieron obligados a intervenir, determinando elecciones parciales para Murcia, Pontevedra y Melilla. La cuestión fue apelada ante el Tribunal Constitucional de España, que revirtió las resoluciones anteriores y anuló la votación en Melilla solamente, con una nueva elección que se celebró el 25 de marzo de 1990. El PP obtuvo la victoria en dicha elección, dejando al PSOE con 175 escaños solamente.
De este modo el candidato por el PSOE, Felipe González, se quedó a un escaño de revalidar por tercera vez su mayoría absoluta aunque pudo gobernar como tal, puesto que los diputados de Herri Batasuna se ausentaron durante toda la legislatura, con lo que el grupo socialista abarcaba más de la mitad de los diputados de la cámara.
Respecto a 1986 el PSOE pierde Navarra, La Rioja, Baleares, Palencia, Valladolid, Salamanca y Madrid; el PP gana Navarra, La Rioja, Baleares, Palencia, Valladolid, Salamanca, Ávila y Madrid; el CDS pierde Ávila; y el PNV no obtiene el respaldo mayoritario en Guipúzcoa, que pasa a manos de Herri Batasuna.
El segundo mandato de Felipe González se caracterizó por el crecimiento económico, con inversiones públicas favorecidas por los Fondos Estructurales provenientes de la Comunidad Económica Europea a la que España había accedido recientemente. El PIB creció alrededor o por encima del 5% entre 1987 y 1989 y el desempleo disminuyó del 20.6% al 16.9%. Este período también vio la consolidación de las reformas del sistema de bienestar social iniciadas durante el primer mandato de González, permitidas a través de un mejor financiamiento derivado de un sistema tributario relativamente progresivo. Sin embargo, la expansión económica fomentada por las políticas liberales del gobierno también provocaron un aumento de las diferencias de riqueza y de desigualdad, lo que provocó disturbios sociales y una pérdida de popularidad para el hasta entonces partido dominante PSOE, que se hizo evidente en las elecciones municipales, autonómicas y del Parlamento Europeo de 1987. A fines de 1988, los dos principales sindicatos de España, las Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) organizaron una huelga general que logró paralizar al país y obligar al gobierno de González a negociar un retiro parcial de sus políticas económicas.
Al mismo tiempo, el principal partido de la oposición, la conservadora Alianza Popular (AP), sufría una profunda crisis interna desde las elecciones de 1986, que habían visto la disolución de la Coalición Popular y la renuncia del líder del partido Manuel Fraga. Su sucesor, Antonio Hernández Mancha, se mostró incapaz de mejorar las desdichas electorales de la AP y esta vio diezmada su credibilidad política luego de una infructuosa moción de censura contra el gobierno de González en marzo de 1987. Hernández Mancha terminó renunciando a principios de 1989, con Fraga regresando como líder interino que supervisó la fusión de AP con sus antiguos aliados, el Partido Demócrata Popular (PDP) y el Partido Liberal (PL), en el nuevo Partido Popular (PP). Pensando en su liderazgo nacional como temporal, Fraga nombró al entonces desconocido presidente de la Junta de Castilla y León, José María Aznar, como su sucesor.
El período 1986-1989 también vio un aumento en la actividad terrorista del grupo separatista vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Esto llegó a su punto máximo con el atentado de Hipercor el 19 de junio de 1987, que con 21 muertos y 45 heridos se convertiría en el ataque más letal en la historia de ETA. Otros ataques mortales incluyeron el bombardeo de la Plaza República Dominicana el 14 de julio de 1986, tres semanas después de las elecciones generales anteriores y un día antes de que las Cortes recién elegidas volvieran a reunirse, lo que dejó 12 muertos y 32 heridos; y el atentado de los barracones de Zaragoza en diciembre de 1987, con 11 muertos, incluidos 5 niños, y 88 heridos. Al mismo tiempo, el gobierno del PSOE introdujo una política de dispersión de terroristas encarcelados en todo el territorio español para evitar que las organizaciones terroristas, entre ellas ETA, impidieran coercitivamente la reinserción de los presos. Los partidos políticos firmaron varios acuerdos antiterroristas, como el Pacto Ajuria Enea o el Acuerdo sobre Terrorismo de Madrid, dirigidos a aumentar la cooperación entre partidos y terminar con el terrorismo. En enero de 1989, ETA declaró un cese al fuego de 15 días, más tarde prorrogado varias veces, para iniciar conversaciones de negociación en Argel con el gobierno socialista, pero no se llegó a una conclusión exitosa y ETA reanudó su campaña de violencia.
El mandato de las dos Cámaras de las Cortes Generales -el Congreso de los Diputados y el Senado- expira cuatro años después de la fecha de su elección anterior, a menos que se disuelvan antes. El Decreto Electoral debía emitirse a más tardar el día veinticinco antes de la fecha de expiración de las Cortes en caso de que el Presidente del Gobierno no hiciera uso de su prerrogativa de disolución anticipada. El Decreto debía publicarse al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, y el día de las elecciones debía tener lugar entre el 54º y el 60º día de la publicación. Las elecciones anteriores se celebraron el 22 de junio de 1986, lo que significaba que el período legislativo expiraría el 22 de junio de 1990. El decreto electoral debía publicarse a más tardar el 29 de mayo de 1990, y las elecciones se celebrarían el día siguiente a partir de la publicación, fijando la última posible fecha de elección para las Cortes Generales el sábado 28 de julio de 1990.
El Presidente del Gobierno tiene la prerrogativa de disolver ambas Cámaras en un momento dado, ya sea en forma conjunta o por separado, y convocar a elecciones anticipadas, siempre que no hubiera una moción de censura en curso, no estuviera en vigor el estado de emergencia y no se produjera la disolución antes de que haya transcurrido un año desde la anterior. Además, ambas cámaras se disolverían y se convocaría una nueva elección si un proceso de investidura no lograba elegir un Presidente del Gobierno dentro de un período de dos meses desde la primera votación. Aunque no exista un requisito constitucional para la celebración de elecciones simultáneas para el Congreso y el Senado, no existen precedentes de elecciones separadas y los gobiernos habían preferido durante mucho tiempo que las elecciones para las dos Cámaras se celebraran simultáneamente. El 25 de agosto de 1989, fuentes gubernamentales confirmaron que Felipe González convocaría a elecciones anticipadas para el 29 de octubre.
A pesar de la huelga general de 1988 y la pérdida de popularidad del gobierno, las posibilidades de una derrota electoral del PSOE eran remotas. La retirada de Fraga y la designación de Aznar como candidato del PP no bastaron para revertir el hecho de que la oposición seguía sumamente dividida y era electoralmente débil. Además, la economía se encontraba en buen estado y creciendo, lo que hizo inevitable otra victoria del PSOE. Sin embargo, la campaña se centró en si los socialistas lograrían conservar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados por un tercer período. Izquierda Unida, liderada por Julio Anguita, tenía esperanzas de aumentar su representación parlamentaria por encima de los 7 escaños. Felipe González confirmó que, si ganaba las elecciones, sería su última candidatura a Presidente del Gobierno. No cumpliría, sin embargo, esta promesa y sería candidato por dos elecciones más hasta 1996.
La noche de las elecciones de 1989 fue una de las más dramáticas desde la primera victoria de González en 1982. Se confirmó al anunciarse los resultados que el PSOE había revalidado por tercera vez su mayoría absoluta, esta vez por el margen exacto de 176 escaños sobre 350. Las encuestas de salida y los recuentos iniciales mostraron que el PSOE estaba por debajo del umbral de la mayoría, en algunas proyecciones, con tan solo 170 escaños. Sin embargo, a medida que avanzaba el conteo de votos, el resultado del PSOE comenzó a crecer repentinamente, a las 4 a. m., el PSOE había sido galardonado con su 176° escaño con el 98% de las mesas escrutadas. Temprano en la noche, el Secretario de Organización del partido Txiki Benegas, el Vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra y el propio González habían comentado que, a pesar del resultado final, el PSOE seguía siendo el partido más grande y lideraría el nuevo gobierno por sí solo, rechazando cualquier acuerdo de coalición. El ajustado resultado no pudo ocultar la pérdida de casi 800.000 votantes y una clara erosión en apoyo desde 1986, que llevó a los partidos de oposición e incluso a algunos medios internacionales, como el Financial Times, The Independent o The Times a pedirle a González un cambio de dirección en el gobierno, acusándolo de actuar "con arrogancia" durante su período de mayoría absoluta.
El líder del PP, José María Aznar, consideró los resultados de su partido como "satisfactorios", mejorando ligeramente el resultado de Fraga en 1986, que era el objetivo que Aznar se había propuesto a sí mismo durante la campaña electoral. Además, el PP había ganado las elecciones en Madrid por primera vez en la historia, donde Aznar y González figuraban en las listas de sus respectivos partidos. Los líderes de IU tampoco pudieron ocultar su euforia, habiendo experimentado un notable crecimiento, duplicando sus resultados de 1986 y destacando "el desplazamiento del electorado hacia la izquierda", mientras comentaban abiertamente que preferían que el aumento de la Izquierda Unida viniera "en detrimento de la mayoría absoluta del PSOE". Por otro lado, el Centro Democrático y Social (CDS) perdió votos y escaños en comparación con 1986 y su resultado fue comentado como "no el que esperaba" por el líder del partido Adolfo Suárez, quien reconoció que su imagen pública se había "deteriorado" en los últimos tiempos. El desglose de los resultados mostraría una notable transferencia de votos del PSOE a IU en áreas industriales y urbanas, con los socialistas defendiéndose en distritos rurales. También significó un notable incremento de la presencia de mujeres en ocupando escaños, en el Congreso se dobló la cifra pasando de un 6,3 % en la III legislatura a un 12,9 %.
aIncluye al Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) .
b De ellos, 20 del PSC.
c Incluye a Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Centristas de Galicia (CdG).
d De ellos, 2 del UPN y 2 de CdG.
e Respecto a Coalición Popular.
f De ellos 13 de CDC y 5 de del UDC.
g De ellos 13 del PCE, 3 del PSUC y 1 del PASOC.
h De la ATI.
El asiento 176 del PSOE, que determinaba su mayoría absoluta en el Congreso, permaneció en disputa. Los líderes del PP tenían profundas sospechas de irregularidades electorales debido a un retraso del Ministerio del Interior para proporcionar resultados detallados durante la noche de las elecciones, y también en que el PSOE recibiera varios escaños por muy pocos votos y en las últimas etapas del conteo de votos, lo que resultó ser decisivo en que el PSOE conservara su mayoría. En Barcelona, el PP afirmó que sus propios recuentos le otorgaron al PSC-PSOE hasta 5000 votos menos que los reconocidos oficialmente por el Ministerio, lo que resultaría en que obtuvieran un cuarto asiento en la provincia del PSC. Además, alegaron que este asiento había sido asignado desde el PP al PSC solo cuando se contó el 99.98% de los votos. El líder de IU, Julio Anguita criticó el recuento de votos, cuestionando abiertamente: "¿cómo puede [el PSOE] pasar de 172 a 176 escaños tan rápido?". IU anunció que pedirían a la Junta Electoral Central que revisara los registros de votación de 1.087 centros electorales en el distrito de Murcia, donde el último asiento había sido asignado al PSOE por encima de IU por un estrecho margen de 96 votos.
Los reclamos de PP en Barcelona fueron suspendidos después de que el recuento de los españoles que votaron en el extranjero dio un margen aún mayor para el PSC y aseguró su 14° escaño en el distrito electoral. Sin embargo, la Junta Electoral encontró irregularidades en Murcia después de determinar el 5 de noviembre que el número de votantes y las papeletas no coincidían en quince salas. Los nuevos resultados provisionales publicados el 6 de noviembre, que no incluían las salas donde se habían encontrado irregularidades, otorgaron el último escaño al PSOE por tan solo dos votos. Algunos miembros de IU acusaron abiertamente al PSOE de fraude electoral, afirmando que los interventores socialistas habían votado dos veces en algunas salas no solo en Murcia, sino también en Málaga, Madrid y La Rioja, donde, sin embargo, no se habían impugnado los resultados de las elecciones. Un nuevo recuento en Murcia dio lugar a que la Junta concediera el asiento a IU el 11 de noviembre, lo que llevó al PSOE a anunciar que apelarían ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Al mismo tiempo, tanto el PP como el CDS alegaron haber encontrado irregularidades en varios colegios electorales en Melilla y Pontevedra, donde el PSOE también había obtenido escaños por un puñado de votos, y solicitaron que la votación fuera declarada nula. La situación caótica se agravó aún más cuando, el 22 de noviembre, el PP denunció que había encontrado casos de duplicidad de nombres en el padrón electoral de Ceuta, y el partido exigía que la elección se repitiera en Murcia después de reclamar procedimientos irregulares en el recuento de votos realizado por la Junta Electoral. El fiscal general, Javier Moscoso, entró en la refriega y declaró el 24 de noviembre que el disputado escaño murciano pertenecía al PSOE. El 1 de diciembre, el Tribunal Superior de Murcia anuló los resultados de las elecciones en el distrito electoral y exigió que el gobierno convocara una elección parcial en un plazo de tres meses.
La decisión judicial en Murcia generó especulaciones en otros distritos electorales donde se habían apelado los resultados de que los Tribunales Superiores locales siguieran su ejemplo de manera similar. En Pontevedra, donde se determinó que el número de votos contados excedía el número de votantes, el Tribunal decidió que la elección se celebraría nuevamente. Finalmente el CDS perdió en los tribunales el escaño que había ganado en las urnas y ostentaba el diputado Francisco Javier Moldes Fontán, que se adjudicó irregularmente el PSOE, pues los partidos sumaban más votos que votantes (lo que a la postre le daría su tercera mayoría absoluta). Finalmente, el Tribunal Superior de Andalucía dictaminó que las elecciones en Melilla eran nulas, pero desestimó el recurso de apelación en Ceuta, donde declaró la validez de las elecciones. El gobierno de González anunció que apelaría la decisión ante el Tribunal Constitucional que, el 25 de enero de 1990, resolvió suspender provisionalmente la repetición de las elecciones legislativas en Murcia, Pontevedra y Melilla. Del 15 al 19 de febrero, el Tribunal revocó los Tribunales Superiores de Justicia de Murcia y Galicia y anuló las elecciones para Murcia y Pontevedra, y los resultados declarados se consideraron válidos y definitivos. Sin embargo, determinó que la magnitud de las irregularidades encontradas en Melilla era tal que se requirieron nuevas elecciones en el distrito electoral tanto para el Congreso como para el Senado, por lo que definitivamente anuló los resultados del 29 de octubre. El 25 de marzo de 1990, las elecciones parciales en Melilla dieron como resultado que el PP recibiera el escaño del distrito electoral, mientras que los socialistas renovaron y ampliaron su mayoría en el Senado. También se llevó a cabo una elección parcial el 7 de octubre de 1990 en una mesa de votación en Mamblas, Ávila, como resultado de un conflicto judicial entre el PP y el CDS sobre un senador en dicho distrito electoral. Al final, el resultado de la elección permitió al PP ganar al senador en disputa con el CDS.
Se descubrió que las irregularidades eran consecuencia de registros electorales defectuosos, la falta de conocimiento de las reglas electorales por parte de los nombrados para integrar los colegios electorales, la falta de medios para el monitoreo activo del proceso electoral y la estructura ineficiente de la administración electoral, junto con la detección de algunos votos ilícitos en varias salas. Si bien estos fallos habían estado presentes en las pasadas elecciones, la cercanía de los resultados en las elecciones de 1989 y el hecho de que la mayoría del PSOE dependiera de un puesto disputado significaba que estos quedaron expuestos. Como resultado, la ley electoral fue enmendada posteriormente en 1991 para introducir mejoras en la eficiencia de la administración electoral.
El martes 5 de diciembre de 1989, día en el que se votó la investidura, faltaban los 18 diputados correspondientes a circunscripciones en las que se habían impugnado los resultados electorales y los litigios aún no se habían resuelto. Felipe González logró el apoyo necesario para ser investido en la primera votación.
El jueves 5 de abril de 1990, una vez resueltas la disputas sobre las elecciones (que se saldaron con la repetición de elecciones en Melilla, la cual dio el escaño de esta ciudad al PP en detrimento del PSOE), Felipe González se sometió a una moción de confianza, la segunda y última realizada hasta la fecha en el período democrático de España, para confirmar su puesto de Presidente del Gobierno.
Artículo 100.
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