El gobierno de Iván Duque inició el 7 de agosto de 2018 sucediendo al gobierno de Juan Manuel Santos.
El 7 de agosto de 2018 se realizó la toma de juramento para iniciar oficialmente el mandato como Presidente de la República de Colombia, la ceremonia de realizó en la plaza de Bolívar, a las afueras del Congreso de Colombia, asimismo afirmó que no invitaría a dicho evento a los presidentes de Cuba y Venezuela, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro respectivamente.
En la ceremonia hubo alrededor de 3000 invitados, y asistieron los siguientes presidentes: Mauricio Macri, de Argentina; Lenín Moreno, de Ecuador; Juan Carlos Varela, de Panamá; Danilo Medina, de la República Dominicana; Carlos Alvarado, de Costa Rica; Jimmy Morales, de Guatemala; Evo Morales, de Bolivia; Enrique Peña Nieto, de México; y Juan Orlando Hernández, de Honduras, de la misma manera asistieron los expresidentes Alan García, de Perú; Ricardo Lagos, de Chile y Felipe González, de España.
El comienzo de la agenda legislativa del gobierno de Iván Duque estuvo caracterizado por varias crisis y choques con el poder legislativo y judicial. Una de las primeras acciones de su gobierno fue objetar la Ley que creaba la Jurisdicción Especial para la Paz según había acordado en los Acuerdos de paz con las FARC-EP. Las objeciones de Duque fueron rechazadas al recibir 110 votos negativos en la Cámara de Representantes y 40 votos en contra en el Senado, decisión que fue ratificada por la Corte Constitucional. Otra de las grandes reformas que intentó impulsarse en primer término fue la reforma tributaria que buscaba recoger la visión de la «economía naranja» propuesta en campaña. Dicha ley de reforma tributaria recibió el nombre de «ley de financiamiento».
La ley de financiamiento impulsada por el gobierno nacional fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, lo cual suscitó que se tramitara y aprobara una nueva reforma. Con tal de no afectar las finanzas del país, la Corte profirió los efectos de la Ley hasta el 1 de enero de 2020. Así mismo la Corte Constitucional estudia una demanda de inconstitucionalidad en contra del actual Plan Nacional de Desarrollo.
Finalizando el 2019 el Gobierno de Duque logró sancionar varias leyes, como la nueva reforma tributaria aprobada en la madrugada del 20 de diciembre, o como la Ley 2013 que obliga a los funcionarios del gobierno a que publiquen su declaración de bienes y rentas, que registren posibles conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.
En materia ambiental el Gobierno expidió una serie de medidas que permitirían estudiar la posibilidad de aplicar la fracturación hidráulica en el país; para ello se conformó una comisión de expertos sobre el tema, que determinó la necesidad de ejecución de pruebas piloto, con el fin de analizar el impacto de esta técnica en contexto. Todo ello, pese a que en un evento de campaña realizado en Bucaramanga, el 11 de abril de 2018, Iván Duque había afirmado que: "aquí tenemos una sobreposición de ecosistemas complejos y diversos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por el tipo de suelo, por eso he dicho que en Colombia no se realizará el fracking".
No obstante lo anterior, el Consejo de Estado suspendió las normas que regulan el fracking; aun así, las pruebas piloto para implementar dicha técnica en el país siguieron en firme. Hasta abril de 2021 se habían aprobado dos de estos pilotos, que fueron asignados a las empresas Ecopetrol y ExxonMobil.
En materia agropecuaria, una resolución del Ministerio de Agricultura de finales del 2019 que decretaba las cuotas de pesca para el año siguiente causó gran polémica, pues se creyó que permitiría el aleteo, consistente en cortarles las aletas a los tiburones para comercializarlas. El Gobierno aclaró que dichas cuotas se establecen por lo menos desde el 2010, y que el aleteo está prohibido en el país; sin embargo, diversos analistas cuestionan la capacidad del Estado para hacer cumplir las regulaciones sobre dicha práctica.
Luego de más de 100 años de planeación, y 11 de construcción, Duque inauguró el Túnel de la Línea, el túnel más largo de Latinoamérica, y la obra más esperada e importante del país. La obra sufrió muchísimos retrasos a lo largo de un siglo de obras, y luego de varios escándalos de corrupción en torno a su construcción.[cita requerida]
En materia de derechos humanos el 6 de noviembre de 2019 se llevó a cabo una moción de censura en el congreso de la República en contra del ministro de defensa Guillermo Botero, la quinta moción de censura presentada en contra de un ministro de gobierno en menos de un año. En el debate realizado en la plenaria se presentaron pruebas de nuevos casos de falsos positivos.[cita requerida] En un caso, el asesinato del exguerrillero Dimar Torres, se presentaron pruebas de que fue ejecutado por orden de autoridades militares cercanas al gobierno.
En ese mismo contexto se acusó al gobierno de haber escondido la muerte de siete menores de edad en el Caquetá durante un bombardeo, que luego fueron reportados como guerrilleros dados de baja en combate. Estas acusaciones volvieron a ser tema de debate en el Congreso después de que una investigación del New York Times reportara sobre nuevos lineamientos desde altos mandos de las FF.MM. que podrían permitir la reaparición de la ejecución de civiles por parte de militares.
La revista Semana reportaría sobre una operación de silencio dentro del ejército orquestada por los altos mandos para identificar y castigar a los militares que habían denunciado los abusos contra derechos humanos. En un evento en el que se encontraba el Presidente en la ciudad de Barranquilla, un periodista le preguntó al presidente sobre la muerte de menores en un bombardeo en el Caquetá, a lo que el presidente respondió, sin que quedase claro si había logrado oír al periodista: "¿De qué me hablas, viejo?", abriendo de nuevo polémica en redes sociales. Luego el periodista en cuestión denunció haber sido golpeado por los guardaespaldas del presidente.
Como resultado de todos estos escándalos el ministro de Defensa Guillermo Botero renunció ante su inminente expulsión del gabinete que se avecinaba con el voto de la moción de censura generando una crisis institucional. Fue en este ambiente de crispación política que el Gobierno de Duque recibió un nuevo golpe, cuando el 5 de octubre la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia anunció un paro nacional para el 21 de noviembre. El motivo del paro fue expresado mediante un comunicado, en el que, según los líderes sindicales, el Gobierno buscaba:
Adicionalmente los organizadores del paro convocaron a la marcha para protestar la creación de un holding financiero internacional, que según los organizadores del paro sería expedido “con el fin de privatizar el sector financiero público”.
El gobierno reaccionó al anunció del paro incrementando las medidas de seguridad, mediante el despliegue del Ejército Nacional y Policía Nacional en las principales ciudades, pero expresando su apoyo al libre ejercicio del derecho constitucional y a la protesta pacífica, sin disturbios. Así mismo el Gobierno negó que estuviese interesado en hacer reformas pensionales o laborales que fueran en contra de las clases medias y populares del país, y declaró que los anuncios sobre dichas intenciones eran noticias falsas.
El 21 de noviembre se realizó el Paro Nacional, el cual tuvo una convocatoria masiva en todo el país,[cita requerida] viendo el comercio y el tráfico de algunos sectores en ciertas ciudades paralizados. Ciudades como Bogotá o Medellín contaron con contingentes militares dispuestos en puntos estratégicos para resguardar la infraestructura de transporte y servicios. La jornada transcurrió con normalidad en el país, excepto en Bogotá y Cali, donde se presentaron graves disturbios. En Cali, el alcalde decretó el toque de queda, y la ciudad fue tomada por la Tercera Brigada del Ejército, ante el reporte de supuestas bandas de saqueadores, y el sonido de tiros y explosiones.
Posteriormente el 22 de noviembre se decretó el toque de queda en Bogotá. Los críticos del gobierno acusaron estas medidas de poner el país bajo estado de sitio. El toque de queda impuesto en Bogotá fue el primer toque de queda decretado por un Gobierno desde 1977. Como resultado del paro nacional la aprobación del gobierno Duque cayó al 26%.
Los incumplimientos por parte del gobierno Duque a los acuerdos llegandos durante las protestas de 2019-2020 en Colombia, sumado la pandemia por COVID-19 y la mala gestión estatal de la pandemia, la Reforma Tributaria del 2021, la Reforma a la Salud de 2020, la impunidad en crímenes a líderes sociales, y la falta de oportunidades laborales y académicas para la población en general, al igual que desafortunados y descontextualizados comentarios del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, derivaron en nuevas movilizaciones a finales de abril de 2021.
Sin embargo, el gobierno respondió con represión a la manifestaciones y se han decretado toques de queda en distintos sectores del país. En adición y dada la escalada de violencia, el gobierno finalmente retiró el proyecto de la Reforma Tributaria el 2 de marzo de 2021, y el lunes 3 de marzo el ministro de Hacienda y su viceministro anunciaron su renuncia.
La mala gestión de las protestas han derivado en violaciones a los derechos humanos, desacato a las autoridades, abuso de las autoridades, saqueos, incendio y vandalización de edificios, centros comerciales, unidades militares; vandalización de monumentos, uso de armas prohibidas por el DIH, confrontaciones directas entre manifestantes y fuerza pública que deja un saldo enorme de heridos y leve de muertos, entre muchos otros problemas.
También se han presentado bloqueos de vías de comunicación, desabastecimiento de víveres y ataques a la prensa colombiana.
A la fecha se siguen registrando nutridas movilizaciones a lo largo de Colombia.
Durante el gobierno de Iván Duque estalló una polémica nacional en torno a las actividades de contrainteligencia del Ejército Nacional el cual habría interceptado las comunicaciones, y perfilado, a más de 130 individuos, la mayoría periodistas, pero también figuras de oposición, y personas del común según su actividad en Internet. En 2019 la Corte Suprema inició una investigación judicial tras encontrar evidencias de que el Ejército estaba espiando jueces y magistrados.
Los medios de comunicación describieron estos hechos como una "nueva ola de interceptaciones ilegales" que afectaron principalmente a políticos como Roy Barreras y periodistas de Semana, quienes también fueron víctimas de hostigamientos y seguimientos por parte de unidades de inteligencia del Ejército. Según Semana, estas unidades recibían órdenes que provenían directamente del Comando Central al mando del general Nicacio Martínez, quien renunció un día antes de los allanamientos, el 27 de diciembre de 2019. El 28 de diciembre de 2019 una comisión de la Corte Suprema de Colombia y de la Policía Judicial, adscrita a la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría, allanaron al Comando Central de Contrainteligencia del Ejército colombiano ubicado en el Batallón de Facatativá. El allanamiento duró 16 horas. Durante los allanamientos, varios oficiales del Ejército intentaron obstruir la labor de los investigadores.
Dentro de las instalaciones se reportaron hechos extraños, como la presencia de monitores de computador encendidos pero sin CPU y hasta un hombre vestido de civil escondido detrás de un archivador en posesión de una USB. También notaron que en varios computadores se encontraban flojos los tornillos que sujetaban los discos duros por lo cual se presume que fueron remplazados antes del allanamiento. Asimismo en celulares incautados se encontraron evidencias de la existencia de grupos de WhatsApp que utilizaron los oficiales de inteligencia para coordinar la destrucción y ocultamiento de la información.
El allanamiento fue ordenado por la magistrada y mayor del Ejército Nacional (r) Cristina Lombana. Según los investigadores, la magistrada Cristina Lombana habría sido espiada por unidades de inteligencia del Ejército, en la época en la que tenía en su despacho el proceso contra Álvaro Uribe por presunto intento de soborno a testigos en su contra. Según una fuente anónima que trabajaba en la inteligencia militar, los seguimientos hechos en su contra eran entregados "directamente a un alto mando del Centro Democrático". Después los investigadores encontraron un micrófono que estaba ubicado directamente encima del escritorio del magistrado César Reyes, instructor del caso que se lleva en contra de Uribe después de que la Magistrada Lombana perdiera la competencia de este caso.
Este hallazgo produjo indignación entre los magistrados quienes recordaron el escándalo de las chuzadas del DAS en febrero de 2009, durante el gobierno Uribe, y que también involucró el espionaje de magistrados a través de micrófonos escondidos en los despachos. La empresa que ocupaba anteriormente el edificio emitió un comunicado con su versión sobre la razón por la cual se encontraron estos micrófonos en el sitio: hacían parte de un sistema de video-comunicación, y, en cumplimiento del acuerdo comercial con el propietario del edificio, fueron dejados ahí luego de que dicha empresa abandonara el lugar.
Un senador de oposición, Iván Cepeda, argumentó que los allanamientos se hicieron no para recolectar evidencia sino para destruir evidencias que pudiese involucrar a Álvaro Uribe con el escándalo del seguimiento a periodistas o en su proceso por falsos testigos que inicialmente estaba en el despacho de la Magistrada Lombana pero que después le fue removido por tener esta conflicto de intereses al ser tanto juez como militar activo.
Los detalles de este allanamiento solo vieron la luz pública el 11 de enero de 2020 cuando Revista Semana publicó un artículo explicando los verdaderos motivos de la renuncia del Comandante del Ejército el general Nicacio Martínez.
Ante la inminencia de la revelación de las operaciones de espionaje del Ejército Nacional, el Comando Central inició una operación de contrainteligencia contra la revista Semana y una purga dentro del Ejército, que terminó con la carrera de varios oficiales.
No obstante lo anterior, Iván Duque manifestó que la renuncia de Nicacio Martínez se había dado por temas personales, y que había dado la orden de iniciar una investigación a fondo para encontrar a las "manzanas podridas" responsables del caso. También prometió emplear sanciones ejemplares contra los participantes de los hechos, y puso a cargo de la investigación a los generales del Ejército Luis Fernando Navarro y Eduardo Zapateiro, así como al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
En abril de 2020 el presidente Iván Duque destituyó a 11 oficiales y un general mientras que otro, Eduardo Quirós Chaparro se retiró de manera voluntaria. Por su parte la Casa de Nariño afirmó que estos hechos no se hicieron por orden del Gobierno y que este también había sido víctima de seguimientos ilegales por parte del ejército.
Este escándalo ha sido comparado, o incluso ha sido considerado una continuación, del escándalo de las chuzadas del DAS (organismo de inteligencia estatal que fue suprimido por dicho escándalo) el cual fue desmantelado por haberse comprobado que espió a periodistas, senadores y magistrados que se oponían al gobierno de Álvaro Uribe, jefe del partido Centro Democrático al cual pertenece el presidente Iván Duque.
En octubre antes de las elecciones regionales el Helicóptero presidencial se accidentó lo cual tuvo como lugar la muerte de 6 militares. Durante las elecciones territoriales de 2019 el gobierno del presidente Duque perdió la Gobernación y la Alcaldía en las ciudades más importantes y vio una significativa disminución en su votación bajando de 1‘489.240 votos a 1‘171.560 ganando sólo las gobernaciones de Casanare y Vaupés y teniendo que gobernar en coalición en otros cinco departamentos: Amazonas, Atlántico, Bolívar, Guaviare y Vichada; hecho que algunos analistas políticos atribuyeron a la mala imagen del Presidente. El 31 de octubre de 2019 el presidente se reunió en un almuerzo con toda la bancada del Centro Democrático para analizar los resultados.
Después de asumir la presidencia en agosto de 2018, el gobierno de Iván Duque inició un proceso de evaluación de 30 días sobre el estado del proceso de las negociaciones de paz con el ELN, conversaciones que habían sido empezadas por su antecesor Juan Manuel Santos. Después de estos 30 días el Gobierno suspendió las conversaciones de paz exigiéndole al Ejército de Liberación Nacional «cesar unilateralmente las acciones criminales» a lo cual la guerrilla respondió que no haría concesiones unilaterales. Posteriormente, el 17 de enero de 2019, el ELN detonó un carro bomba contra la escuela de policía General Santander que tuvo como resultado 23 muertos. El 18 de enero, como reacción al atentando se levantó de manera permanente la mesa de negociación.
Adicionalmente el ejecutivo colombiano, dirigido por Duque solicitó la extradición de los negociadores del ELN en Cuba por considerarlos cómplices de los atentados. Cuba negó dicha solicitud y solicitó a las partes dar aplicación al protocolos de ruptura de conversaciones que habían sido acordados entre las partes, pero el gobierno de Iván Duque insiste en la ruptura de los protocolos y el arresto de los guerrilleros negociadores, bajo el argumento de que los protocolos fueron suscritos por el gobierno anterior y por lo tanto no son vinculantes para el nuevo gobierno. Cuba y Noruega, estados garantes de las negociaciones se opusieron a la ruptura de los protocolos, mientras que Chile y Brasil, también garantes, apoyaron al gobierno colombiano.
En 2019 Iván Duque, en un discurso en la Asamblea General de la ONU, aseguró tener pruebas de que el ELN operaba en Venezuela, pero algunas de las fotos fueron desmentidas como falsas por el periódico El Colombiano de Medellín.
El 14 de febrero de 2020 el ELN comenzó un paro armado el cual afectó las regiones de Chocó, Cauca y Norte de Santander.
Desde su campaña, Duque afirmó en una reunión con el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que en Venezuela «hay que restaurar la democracia» De la misma manera, el 5 de julio de 2018 viajó a la frontera con Venezuela, para reunirse con María Corina Machado, dirigente opositora venezolana, con el fin de «afianzar lazos» con la oposición venezolana. En agosto de ese año, calificó al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, y afirma la necesidad de realizar elecciones libres en ese país, igualmente indicó que «si la “dictadura” no se termina, la migración no se detiene».
El 27 de septiembre afirmó que rechaza la mediación del gobierno venezolano en el diálogo con el ELN, esto debido al «auspicio» que este hace hacia la guerrilla, de la misma manera respondió a la movilización de tropas venezolanas a la frontera con su país, advirtiendo que no caerá en provocaciones del gobierno vecino. El 23 de enero de 2019, tras la proclamación del diputado y presidente del parlamento venezolano, Juan Guaidó como «presidente encargado» de esa nación, el gobierno de Duque fue uno de los primeros en reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela. El 1 de febrero de 2019 el presidente Duque sentenció que al Régimen de Maduro le quedaban "pocas horas".
El 23 de febrero, Cúcuta (Colombia) se convirtió en escenario de una serie de protestas entre venezolanos y fuerzas de seguridad del Estado venezolano, justo en el borde fronterizo, en el marco de la crisis por el intento de ingreso de la ayuda humanitaria hacia Venezuela. Finalmente estos intentos fracasaron y uno de los camiones de ayuda humanitaria fueron prendidos en fuego en la frontera.
Aunque inicialmente se acusó a la Guardia Bolivariana de haber prendido en fuego el camión luego se demostró que el mismo se incineró por culpa de un coctel molotv lanzado por un protestante venezolano desde el lado colombiano de la frontera. El resto de la ayuda se daño en las bodegas mientras que el embajador del Gobierno en Colombia, Humberto Calderón Berti, acusó al gobierno de Guaidó en el exilio de haber malversado las ayudas y dineros que recibieron como motivo de su reconocimiento como presidente legítimo de Venezuela.
El 4 de septiembre, el polémico presidente venezolano Nicolás Maduro, acusó a Iván Duque de querer buscar un conflicto entre Venezuela y Colombia, por, según Maduro, insinuar que Venezuela era el responsable del conflicto armado interno en el país, provocando un aumento en las tensiones diplomáticas entre ambos países, y desencadenando el envío de tropas venezolanas hacia la frontera bajo el pretexto de «ejercicios militares». Maduro, quien también es el líder socialista de la nación donde gobierna, indicó que el ejecutivo colombiano se encuentra tras «una maniobra para escalar acusaciones falsas y aumentar tensiones». Por su parte, la administración de Iván Duque declaró «alerta máxima» después de los movimientos militares llevados a cabo por el dirigente chavista en la frontera.
Posteriormente en 2019 estalló un escándalo cuando se demostró que Juan Guaidó, el presidente reconocido por Iván Duque, fue asistido por el grupo delincuencial de Los Rastrojos para ingresar y salir de Colombia hacia Venezuela.
Maduro ha acusado en varias ocasiones al gobierno colombiano de querer asesinarle.
En 2020 ante la captura de la ex-Senadora y prófuga Aida Merlano (quien era buscada con circular roja de Interpol) por parte de autoridades Venezolanas, el Gobierno de Iván Duque solicitó al Gobierno de Juan Guaidó su extradición a Colombia pese a que la exsenadora fue capturada por fuerzas policiales al mando de Nicolás Maduro. Como resultado Maduro se mofó de Duque diciendo que su política internacional estaban guiadas por extremismo ideológico y "fantasías políticas" y se refirió a Duque calificándolo de "obtuso" y "bruto", lo cual recrudeció las malas relaciones entre Bogotá y Caracas. Analistas colombianos han manifestado que el régimen de Maduro podría usar a la excongresista con fines políticos y que esta podría canjear información de inteligencia sobre el Estado y el Congreso colombiano en un momento de crecientes tensiones.
En febrero de 2020 Nicolás Maduro acusó a Guaidó de ser el responsable de un envió de armas que fue decomisado en Colombia el 24 de febrero. Guiado negó cualquier autorización de este tipo de operaciones.
Durante la crisis del COVID 19 el Gobierno de Nicolás Maduro ofreció a su homólogo restablecer relaciones diplomáticas para afrontar la pandemia del COVID-19, y ofreció donar dos máquinas de pruebas que habían llegado a Venezuela como parte de un convoy humanitario realizado por puente aéreo desde China hasta Caracas. Esto tras la falla de la única máquina en Colombia habilitada para realizar pruebas, cuya avería paralizó por unos días la toma de pruebas, pero el gobierno colombiano se negó a recibir las máquinas y argumentó que solo se comunicaría con el presidente legítimo de Venezuela Juan Guaidó.
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