La presidencia de Nicolás Maduro comenzó el 19 de abril de 2013 cuando, tras la celebración de las elecciones generales, Nicolás Maduro Moros obtuvo mayoría simple. La oposición acusó dicho proceso electoral de fraudulento.
Este período se caracterizó por la crisis económica en Venezuela, en un contexto de crisis económica mundial. El gobierno llevó a cabo la Reforma de la constitución venezolana.
Según las Naciones Unidas, entre 2014 y 2018 tres millones de venezolanos abandonaron el país durante el primer período presidencial de Maduro.
El 4 de marzo de 2013 el Ministro Villegas anuncia que la salud de Chávez presentaba complicaciones causadas por una deficiencia respiratoria que no evolucionó favorablemente. Al día siguiente Hugo Chávez fallece en el Hospital Militar. El 8 de marzo la Asamblea Nacional juramenta a Nicolás Maduro como Presidente Encargado, quien en su discurso solicita al CNE la convocatoria de elecciones presidenciales.
El 14 de abril de 2013 se celebraron elecciones presidenciales. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó por mayoría simple las elecciones al obtener el 50.61 % de los votos. El partido Primero Justicia (PJ) se mantuvo como el principal partido de la oposición al obtener el 49.12 % de los votos, cinco más que en la legislatura anterior.
Finalmente, el 19 de abril de 2013, Maduro oficialmente comenzó su presidencia.
Seis meses después de ser elegido, el presidente Maduro gobernó con ley habilitante en dos oportunidades: desde el 19 de noviembre de 2013 hasta 19 de noviembre de 2014 y desde el 15 de marzo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de su solicitud a través de la Ley Habilitante.
En octubre de 2013, Maduro solicitó una ley habilitante para aprobar leyes con el fin de luchar contra la corrupción y también para encarar, lo que él llamó, una "guerra económica". El 19 de noviembre de 2013, la Asamblea Nacional concedió a Maduro el poder de aprobar leyes hasta el 19 de noviembre de 2014.
El 10 de marzo de 2015, Maduro solicitó otra habilitante en una segunda oportunidad, un tiempo después de las sanciones impuestas por los Estados Unidos a siete funcionarios del gobierno venezolano. La Ley Habilitante se utilizará para "enfrentar" lo que Maduro llamó "la agresión del país más poderoso el mundo, los Estados Unidos ". Días después, el 15 de marzo de 2015, la Asamblea Nacional otorgó el poder a Maduro para dictar decretos ley hasta el 31 de diciembre de 2015.
En mayo de 2017, el decreto N.º 2830 del Presidente Maduro convocaba a la Asamblea Nacional Constituyente y definía los objetivos de ésta, incluyendo: "el perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia la Venezuela Potencia", "desarrollar el Estado democrático, social, hacia un Estado de la Suprema Felicidad Social, con el fin de preservar y ampliar el legado del Comandante Hugo Chávez", "la ampliación de las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar la impunidad de los delitos, especialmente (...) la promoción del odio social y la injerencia extranjera", "el desarrollo constitucional de los valores espirituales que nos permitan reconocernos como venezolanos y venezolanas" y "el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad".
El decreto presidencial también creaba una comisión que definiría un método para elegir a los integrantes de la asamblea constituyente, combinando "las modalidades territorial y sectorial". Este método, denominado "bases comiciales", estableció que los constituyentes fueran 8 'indígenas', 364 'territoriales' y 173 'sectoriales', conformando este último grupo de 8 representantes "campesinos y campesinas, pescadoras y pescadores", 5 representantes de "personas con discapacidad", 5 de "los empresarios y las empresarias", 3 de "los estudiantes de universidades privadas" y 11 de las públicas, 12 representantes de los "trabajadores del sector social", 11 de los trabajadores de "comercio y banca", y 11 constituyentes en representación de los trabajadores "de la economía popular independiente", entre otros sectores y subsectores.
Dieciocho países, incluyendo muchos de América Latina, así como también los 28 países miembro de la Unión Europea, anunciaron que no reconocen los resultados de esta elección ni tampoco a la asamblea constituyente que surge de ésta, debido al señalamiento de diferentes irregularidades que atentaban contra la democracia venezolana y agravaría la crisis institucional.
El 11 de marzo de 2013, el día de su inscripción presidencial, Nicolás Maduro presentó el mismo plan de gobierno con el que Hugo Chávez resultó elegido en las elecciones presidenciales de 2012, llamado "Plan de la Patria 2013-2019".
En el plano económico, este período ha quedado marcado por el impacto del descenso de los precios del petróleo que afectó a los países dependientes de este combustible. En Venezuela, este impacto adquirió la forma de una crisis económica. En la campaña electoral, al tiempo que se iban conociendo diversos indicadores económicos, la MUD comenzó a hablar con énfasis de crisis económica, Maduro y sus ministros tildaron de tales diagnósticos de "guerra económica" y consiguieron, no solo trasladar su mensaje al electorado, sino manejar la situación hasta el período estival. Pero al final de las vacaciones, estuvo marcado por el estallido de los mercados petroleros y, junto a ella, por los cada vez más alarmantes síntomas que ofrecía la economía venezolana (inflación alarmante, hundimiento del mercado inmobiliario, crecimiento del desempleo, descenso del crecimiento del PIB). Con motivo de atenuar la desaceleración de la economía venezolana se anunció que el Consejo de Ministros aprobará una serie de medidasː
En septiembre de 2013 comienza a funcionar el Órgano Superior de la Economía, propuesto para velar por la estabilidad de la economía nacional y el abastecimiento de productos.
A finales de noviembre de 2013, Maduro anuncia un plan para mantener las empresas produciendo en diciembre y enero. Entre las medidas más significativas se encuentran la creación de la “Corporación Nacional para la Logística y Servicio de Transporte del Comercio Interno”, con el fin de mejorar el transporte y la distribución de productos. Ese mismo mes el BCV afirmó que la previsión del 3 % de crecimiento de la economía de Venezuela para el 2013, se quedó «algo desfasada», y rebajó el crecimiento de la economía en torno al 2,5 %. El entonces presidente del BCV Eudomar Tovar alegó que Venezuela recuperaría su crecimiento en el año 2014.
Durante el tercer trimestre de 2014, la economía venezolana entra oficialmente en recesión. Además en enero de 2015 se supera la barrera de un millón de desempleados. Para diciembre de ese año ya rozan los dos millones de desempleados. La recesión termina en el tercer trimestre de 2015 pero volvería a caer en el siguiente trimestre (Q1 2016).
El 22 de abril de 2014, Maduro lanzó nuevos planes centrados en tres objetivos: (1) estimular la producción económica en todos los niveles del país, (2) desmantelar los obstáculos que dificulta que los productos lleguen a los ciudadanos comunes y (3) continuar con la aplicación de una "ley de precios justos". En 2015 se aprueba nuevas medidas económicas: la creación de SIMADI, la reforma en Ley de Precios Justos, la unificación de los Ministerios de Industria y Comercio y la asignación de 110 000 pensiones.
En enero de 2016, se decreta la Emergencia Económica Nacional. En febrero y marzo se publican otras medidas: el aumento de la gasolina y del salario mínimo, la devaluación del bolívar y la suba del IVA. En diciembre de ese año se produce la dimisión del presidente del BCV, Nelson Merentes.
En 2017 se realizan nuevas formas económicas: la ley de Comités Locales de Abastecimiento y Producción, el Régimen Tributario para Desarrollo Soberano del Arco Minero, el régimen especial tributario y el Gran Consorcio AgroSur. Además, el Banco de desarrollo de América Latina comunica su intención de aportar hasta 40 millones de dólares al Banco Central de Venezuela.
En diciembre del 2017 Maduro anunció la creación del petro, una criptomoneda respaldada por las reservas de varios recursos naturales de Venezuela como petróleo, oro, diamantes y gas. El 5 de enero de 2018, anunció la emisión de cien millones de petros. En agosto de 2018 la SUDEBAN instruyó a los bancos a manejar el Petro como unidad de cuenta.[cita requerida] Sin embargo, un mes después se dio marcha atrás con esta decisión. La moneda ha sido objeto de críticas, algunas de las cuales sostienen que el petro no es una criptomoneda por no ser descentralizada, y sitios web como ICOindex han calificado al petro como una estafa.
El gobierno de Maduro adoptó en agosto de 2018 un paquete económico, al cual denominó "la fórmula mágica" para recuperar la economía. Este plan incluyó, entre otras medidas:
Diferentes medios de comunicación lo llamaron "Viernes Rojo", al considerar que las medidas anunciadas tendrían un impacto económico mayor que el Viernes Negro de 1983 durante la presidencia de Luis Herrera Campins. Diferentes economistas y expertos sostuvieron que las medidas económicas carecían de coherencia y contribuirían con una mayor hiperinflación.
La tasa de inflación llegó a 80 000 % anual en 2018, según el Johns Hopkins-Cato Institute Troubled Currencies Project, siendo Venezuela el único país en el mundo sufriendo una hiperinflación. Por su parte, la medición de la Asamblea Nacional de Venezuela indica una inflación de 1.300.000% anual entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018.
En octubre de 2013, Maduro creó el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, cuya tarea consiste en coordinar las más de treinta "misiones sociales" del gobierno. El mandatario explicó que la dependencia se ocuparía, entre otras cosas, "de atender a los viejitos y viejitas y niños y niñas, para atender a lo más sublime y amado del pueblo revolucionario". "Todas estas misiones forman parte del gran sistema de la revolución socialista que trasciende los criterios del Estado de bienestar, que es un avance social en el marco del capitalismo. Estas misiones tenemos que llevarlas hasta el cielo, ese es nuestro agradecimiento a Chávez", profundizó Maduro al crear el Viceministerio.
En 2016, Maduro lanzó el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa para distribuir paquetes de alimentos subsidiados. Los comités han estado sujetos a controversias por denuncias de corrupción, de uso político, de retrasos y de aumentos de precios sin previo aviso. La empresa mexicana Soltein SA de CV, fue contratada para diseñar una plataforma en línea para rastrear los paquetes. El 18 de diciembre de 2016, Maduro anunció la creación del sistema del carnet de la patria.[cita requerida] Se trata de un documento de identidad que incluye un código QR, su finalidad es la de conocer el estatus socioeconómico de la población y agilizar el sistema de las misiones bolivarianas y el de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP). El 20 de enero de 2017 comenzó la primera jornada de registro para adquirir el carnet de la patria. El uso del carnet ha sido objeto de denuncias como posible método de control social, una política de exclusión social así como de coacción como de compra de votos durante las elecciones regionales, municipales y presidenciales.
El 13 de septiembre de 2017 se presentó el Plan Conejo, un proyecto de cría y reproducción de conejos domésticos por parte del gobierno venezolano como medida para contrarrestar la escasez de alimentos de primera necesidad.
En febrero de 2014, médicos del Hospital Médico Universitario de Caracas dejaron de realizar cirugías debido a la falta de suministros. La política de divisas complicó la importación de medicamentos y otros suministros médicos en Venezuela.
Se ha reformó la Ley de Lactancia Materna, aprobada el 12 de julio de 2007. "Tiene como objetivo ser un instrumento jurídico que tiene por objeto promover, proteger y apoyar la lactancia materna a fines de garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los niños y niñas".[cita requerida]
En junio de 2013 el sector universitario inicia un paro indefinido de actividades para exigir un aumento del presupuesto en las universidades públicas. Estudiantes de la UCV cortaron de manera temporal la Autopista Francisco Fajardo. Se realiza una marcha estudiantil desde Barquisimeto hasta Caracas, conocida como los "400 kilómetros por la dignidad universitaria".
La comunicación de los actos de gobierno de Maduro se realiza a través de cadenas nacionales y de programas propios. Entre 2015 y 2017 condujo Contacto con Maduro, emitido por Venezolana de Televisión. Este programa fue reemplazado por Los Domingos con Maduro que se emitió durante 2017.
El 8 de noviembre de 2017 fue promulgada la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conocida como Ley contra el Odio, que establece como sanción entre 8 a 10 años de cárcel a funcionarios que se abstengan, omitan o retarden la consumación de un delito de odio y al personal de salud que se niegue a atender a una persona por razones de odio. La ley es polémica y ha sido criticada en Venezuela, cuyos detractores señalan que está diseñada para penalizar la disidencia política al tipificarla como delito, que establece restricciones a la libertad personal y que promueve tanto la censura como la autocensura.
Desde 2015, diversas organizaciones no gubernamentales han reportado violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales durante los operativos, y tanto el presidente Maduro como la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz y el defensor del pueblo Tarek William Saab han reconocido excesos policiales durante los despliegues.
A partir del año 2015 se acentúa la emigración de venezolanos, debido a la inflación y la situación política, llegando al 20% de la población. Según la OEA y voceros de la agencia de refugiados de Naciones Unidas, ACNUR lo catalogaron como la emigración más grande que ha existido en la historia del hemisferio occidental.
Para el 2014, la producción petrolera era cerca de un 13 % menos que cuando Hugo Chávez asumió la presidencia en el año 1999. El 5 de agosto de 2014, después de varios intentos de subir el precio de la gasolina, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, anunció que Venezuela elevaría los precios de la gasolina para consumo doméstico. Sin embargo, Ramírez fue despedido al mes siguiente. En octubre de 2014, los precios del petróleo de Venezuela cayeron al precio de cuatro años antes.
En 2019 se produjeron una serie de apagones eléctricos a nivel nacional. Fue el apagón eléctrico más grande en la historia de Venezuela, llegando a durar entre cinco y siete días continuos en algunos estados. La causa del apagón fue una falla en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. Expertos y fuentes en la empresa estatal Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) los atribuyen a la falta de mantenimiento, el desabastecimiento de combustibles de las centrales termoeléctricas, la corrupción en el área, los bajos salarios y a la inexperiencia en el campo. La administración de Nicolás Maduro atribuye los apagones a sabotajes.
A finales de 2012, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, dijo que los asesinatos aumentaron un 14% en el 2012 llegando a la cifra de 16.072 homicidios. El gobierno propuso a finales de marzo una ley de desarme, que entró a discusión en la Asamblea Nacional, para regular y limitar al máximo la posesión, la compra y la venta de municiones y armas a particulares. La ley fue promulgada el 16 de junio de 2013.[cita requerida]
El 13 de mayo de 2013 comienza el Plan Patria Segura, que implicó el despliegue de 3000 efectivos del Ejército Nacional en Caracas para asumir funciones de seguridad pública.
El 22 de septiembre de 2014, el presidente Maduro anunció que su gobierno invertiría $47 millones para la creación de 60 nuevos centros de desarme, y $39 millones para financiar el plan desarme bajo el cual los efectivos de la guardia nacional patrullarán los barrios más peligrosos. Agrupaciones de Colectivos declararon al gobierno de Venezuela que "no iban a participar en el plan de desarme", afirmando que eran grupos involucrados con la Revolución Bolivariana y que en su lugar, el gobierno debería centrarse en bandas criminales.
EL 13 de julio de 2015 Maduro lanzó la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), un despliegue policial como respuesta al incremento de la violencia en Venezuela. Consisten en operativos donde se retiene a ciudadanos y se los verifica en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL) a fin de determinar si se ha cometido algún delito.
En abril de 2016 se crean las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Las FAES han sido señaladas de ser un instrumento político del presidente Nicolás Maduro, así como recibir acusaciones de ser un grupo de exterminio y represión a opositores.
El 27 de junio de 2017 se produjo un ataque al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, llevado adelante por un grupo de miembros de la policía venezolana liderado por el disidente Óscar Pérez, desde un helicóptero policial. Durante el ataque se lanzaron granadas contra el edificio. Maduro calificó el incidente como un «ataque terrorista». En enero de 2018 se realizó la Operación Gedeón donde funcionarios del CONAS, SEBIN, DGCIM, GNB, FAES, PNB y Policaracas tomaron por asalto la Parroquia El Junquito en búsqueda de Oscar Pérez. En el operativo resultaron muertas diez personas: siete miembros del grupo opositor, dos oficiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y un líder de los llamados colectivos. Diversos movimientos y organizaciones nacionales e internacionales catalogaron la acción de «masacre» y/o «ejecución extrajudicial».
En julio de 2013 se anuncia la instalación de un sistema antiaéreo en las montañas orientales.[cita requerida]
En septiembre de 2019 Maduro desplegó una importante cantidad de armamento en la frontera con Colombia, incluyendo el sistema de defensa aérea ruso S-125 o Pechora 2 y 20 cazabombardero Sukhoi Su-30. En noviembre, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro denunciaron que habían desmontado un supuesto intento del gobierno colombiano de captar soldados venezolanos para que les vendieran información del sistema antimisiles y de los aviones Sukhoi.
También en noviembre de 2019 el presidente dijo “tenemos 321.433 fusiles que están siendo distribuidos por las vías seguras de la FANB para nuestros milicianos”. También ordenó entregar 13 mil fusiles para los cuerpos de combatientes de Guayana. Estas medidas fueron tomadas como un intento de desarmar a la Fuerzas Armadas para dar prioridad a la Milicia Bolivariana.
El 1° de mayo del 2017 Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente mediante decreto presidencial N° 2830. La misma está encargada de redactar una nueva Constitución para Venezuela. Aunque inicialmente tendría una vigencia de dos años, el 21 de mayo de 2019 la asamblea aprobó un decreto mediante el cual extendía su vigencia al menos hasta el 31 de diciembre de 2020.
En el ámbito internacional algunos países, como los miembros del Grupo de Lima y la Unión Europea, desconocen a la asamblea. Entre los que si la reconocen se encuentran Bolivia, Cuba, Irán, Nicaragua, Rusia y Siria.
Durante su gobierno Nicolás Maduro mantiene una línea similar a la de su predecesor Hugo Chávez, tratando de promover el integracionismo y una política de un mundo "multicéntrico y pluripolar". Recibió la presidencia pro tempore del Mercosur en julio de 2013 abogando por reintegrar a Paraguay al Bloque, ofreció asilo a Edward Snowden,[cita requerida] y tuvo breves impases con los gobiernos de Colombia (Crisis diplomática entre Colombia y Venezuela de 2013), Perú y España por diferentes asuntos.
A mediados de junio el presidente Nicolás Maduro inició una gira internacional por varios países de Europa que comenzó en Italia y en la ciudad del Vaticano, donde fue recibido por el Papa, al que Maduro pidió la canonización de José Gregorio Hernández.[cita requerida]
El segundo país a visitar fue Portugal, donde asistió a la VIII comisión mixta Portugal-Venezuela. En ella se pactaron 14 acuerdos de cooperación bilateral, principalmente en tecnología, alimentación, salud, deportes y cultura. Finalizó su gira en Francia entrevistándose con el presidente François Hollande. Maduro manifestó su deseo de desarrollar una alianza estratégica antes de fin de año.
Después de la gira, el primer mandatario venezolano asistió al Foro de Países Exportadores de Gas en Moscú. En la cumbre se desarrolló un homenaje al fallecido presidente Hugo Chávez en el teatro Nueva Ópera. Nicolás Maduro aprovechó su visita para anunciar una "alianza estratégica" con Rusia.[cita requerida]
Nicolás Maduro ha mostrado su apoyo al gobierno de Siria en numerosas oportunidades, oponiéndose a la intervención en el país.
En marzo del 2014 Nicolás Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Panamá, luego de que este último país solicitara al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar una reunión de consulta de los cancilleres sobre la situación de Venezuela.
El 6 de abril de 2015, 33 líderes mundiales emitieron un manifiesto contra el gobierno de Maduro, la llamada Declaración de Panamá, un comunicado para denunciar en la VII Cumbre de las Américas lo que denominan como «alteración democrática» en Venezuela, impulsada supuestamente por el gobierno de Nicolás Maduro. La declaración exigió la inmediata liberación de lo que denominan «presos políticos» en Venezuela. Entre los antiguos jefes de estado y de gobierno que se adhirieron al comunicado se encontraron: Jorge Quiroga (Bolivia); Sebastián Piñera (Chile); Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Belisario Betancur (Colombia); Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón Guardia, Laura Chinchilla, Óscar Arias, Luis Alberto Monge (Costa Rica); Osvaldo Hurtado (Ecuador); Alfredo Cristiani y Armando Calderón (El Salvador); el expresidente del gobierno de España, José María Aznar; los expresidentes de México Felipe Calderón y Vicente Fox; Mireya Moscoso (Panamá); Alejandro Toledo (Perú); Fernando de la Rúa (Argentina); Fernando Henrique Cardoso (Brasil); Ricardo Lagos (Chile); Sixto Durán Ballén (Ecuador); Ricardo Martinelli (Panamá); Hipólito Mejía (República Dominicana); Luis Alberto Lacalle (Uruguay); y Jean Chrétien ex primer ministro de Canadá). Del mismo modo, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, expresó que «Los países que integran Unasur, que participan de la Cúpula, de la Cumbre de Las Américas, tenemos hoy, incluso, el absoluto interés de que haya una mayor liberación, que suelten a los presos, que no haya niveles de violencia en las calles, todos nosotros tenemos ese interés. […] No pensamos que la mejor relación con la oposición sea encarcelar a quienquiera que sea […], si la persona no cometió un crimen, no puede ser encarcelada». La ministra de Comunicación e información de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó esa declaración de algunos ex-mandatarios como una «vergüenza» por apoyar a quienes el gobierno venezolano considera los responsables de la violencia.
Por su parte, el presidente Maduro planteó entregar en la cumbre firmas recolectadas en su país contra el decreto que declara a Venezuela una «amenaza extraordinaria a la seguridad nacional estadounidense». Maduro, según versiones de prensa, habría ordenado a todas las escuelas del país celebrar el «día antiimperialista» contra los Estados Unidos con diversas actividades del día, incluyendo la «recolección de las firmas de alumnos, maestros, personal administrativo, mantenimiento y personal de cocina». Maduro también habría ordenado la recolección de firmas en instituciones del Estado, en donde algunos trabajadores han denunciado despidos masivos, como represalia en su negativa de acatar la orden del ejecutivo de firmar contra el «decreto de Obama». Por su parte, Roberta S. Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, comentó que las sanciones «no eran para dañar a los venezolanos o al Gobierno venezolano en su conjunto». Los alegatos para las sanciones contra funcionarios venezolanos, según el departamento de Estado de Estados Unidos recogen: «erosión de las garantías de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia y abusos a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales, arrestos arbitrarios y detención de manifestantes antigubernamentales y corrupción pública significativa» y se aclaró que las sanciones no van dirigidas al país o población en general, sino «de forma específica contra "individuos" de ese país que están atentando gravemente contra los derechos humanos y las libertades de la población». El gobierno venezolano rechaza estas versiones de prensa. [cita requerida] Por su parte, Michel Temer, vicepresidente de Brasil y responsable de la coordinación política de Rousseff, dijo que era "inadmisible que haya presos políticos" en cualquier país de América Latina.
El gobierno de Colombia, en cabeza de Iván Duque, acusa al gobierno de Nicolás Maduro de mantener, desde 2016, alianzas con grupos armados ilegales de Colombia como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como también con la disidencia de las FARC-EP "Segunda Marquetalia" de alias Iván Márquez y Jesús Santrich, estos últimos para continuar delinquiendo en actividades de narcotráfico con ayuda del Cartel de los Soles. Duque acusa a Maduro de esconder en territorio venezolano a los miembros del Comando Central (COCE) del ELN, donde les brinda protección de los ataques de la Fuerza Pública de Colombia contra esta estructura insurgente a cambio de lealtad al régimen (incluso el ELN juró defender la revolución bolivariana en caso de un eventual ataque militar de alguna coalición de países) y de manejar la explotación de recursos mineros en Venezuela como oro, diamantes y coltán en el Estado Amazonas para entregarlos al gobierno, debido a la debacle de la producción petrolera que ha causado la crisis económica, social y política que el país padece desde 2013.
A finales de marzo de 2021 se presentaron enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y disidencias de las FARC-EP que están al servicio de alias Gentil Duarte, enemigo de la Segunda Marquetalia, en zona fronteriza entre el Estado Apure de Venezuela y el Departamento de Arauca en Colombia, donde el ELN tiene el control total de la zona, generando el desplazamiento de 600 venezolanos a Arauquita por abusos de parte de la FANB. Sin embargo, fuentes oficiales de la oposición en el exilio afirman que el enfrentamiento sería para despejar esta ruta de contrabando en favor de Segunda Marquetalia, asegurando este paso fronterizo para el transporte de cocaína desde Colombia a Venezuela y de ahí transportarla a Centroamérica, dejando de empatizar el Gobierno Bolivariano de Venezuela con alias Gentil Duarte y su grupo armado.
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