Nicolás Maduro Moros cumple los años el 23 de noviembre.
Nicolás Maduro Moros nació el día 23 de noviembre de 1962.
La edad actual es 62 años. Nicolás Maduro Moros cumplió 62 años el 23 de noviembre de este año.
Nicolás Maduro Moros es del signo de Sagitario.
Nicolás Maduro Moros nació en Caracas.
Nicolás Maduro Moros (Caracas, 23 de noviembre de 1962) es un político, diplomático y dirigente sindical venezolano que ha ejercido como ministro de relaciones exteriores entre 2006 y 2012, como vicepresidente de la república desde 2012 al 2013 y presidente de Venezuela durante el período 2013-2019 y el periodo presidencial 2019-2025, este último con reconocimiento parcial de su mandato.
Durante la enfermedad del presidente Hugo Chávez, Maduro asumió la presidencia de Venezuela. Tras las elecciones de 2012, el mal estado de salud de Chávez le impidió tomar posesión del cargo el 10 de enero, sin embargo, siguió en el cargo hasta su fallecimiento ocurrido el 5 de marzo de 2013. Al morir Chávez, Maduro asumió la presidencia tres días después. Ante esta situación, personalidades nacionales e internacionales denunciaron que, según lo establecido en el artículo 233 de la constitución, no debía ser el vicepresidente Maduro quien asumiera el cargo, sino Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el 8 de marzo de 2013 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo declara «presidente encargado». Posteriormente, Maduro fue proclamado presidente de Venezuela tras las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013.
Desde su elección como presidente el 19 de noviembre de 2013, Maduro ha gobernado Venezuela por decreto durante la mayor parte del tiempo. Durante los gobiernos de Chávez y Maduro, Venezuela ha enfrentado una grave crisis social, económica y política, aumento de la delincuencia, inflación, pobreza y hambre. A partir de abril de 2014, debido al aumento de la escasez en Venezuela y disminución de la calidad de vida, se producen protestas en todo el país, provocando un descenso rápido y progresivo en la popularidad de Maduro, pérdida de popularidad que se vio consolidada con la victoria opositora en las elecciones parlamentarias de 2015, y el inicio de un proceso para revocar el mandato de Maduro a través de referéndum, sin resultados debido a que Maduro concentra el poder a través de otros órganos en manos del oficialismo, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral, así como las Fuerzas Armadas.
Maduro, al igual que Chávez, ha sido señalado como autoritario, varias fuentes también lo consideran un dictador, sobre todo después de la suspensión del movimiento para revocar su mandato a finales de 2016, y una posterior crisis institucional el 29 de marzo de 2017, en la que el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyó a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional, siendo esta medida considerada por la propia Asamblea y la Fiscalía General como una "ruptura del hilo constitucional" o incluso un autogolpe de estado, si bien posteriormente el Tribunal revisó su sentencia y corrigió algunos aspectos controvertidos ante el repudio internacional. La decisión resultó en protestas a nivel nacional; Maduro respondió con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, bajo condiciones electorales consideradas como irregulares, incluyendo por la Fiscal General Luisa Ortega y la compañía de las máquinas de votación Smartmatic. La oposición no participó en la elecciones y todos los miembros electos fueron pro-gobierno.
El 20 de mayo de 2018, elecciones presidenciales fueron convocadas prematuramente y Maduro fue reelecto por un periodo adicional de seis años . Los líderes opositores fueron encarcelados, exiliados o inhabilitados para participar, no hubo observación internacional, y se ejercieron tácticas en las que se sugería a los electores que podían perder sus trabajos o ayudas sociales si no votaban por Maduro. La oposición venezolana, aproximadamente 51 países, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Grupo de Lima y el Grupo de los 7 (G7) no reconocieron su reelección, afirmando que dichos comicios fueron ilegales, carecían de garantías mínimas y no respetaban las normas internacionales de procesos electorales.
Un informe de la Organización de Estados Americanos ha determinado que durante su gestión se han cometido crímenes de lesa humanidad, y las Naciones Unidas han reportado más de 9000 ejecuciones extra-judiciales y más de cuatro millones de venezolanos se han visto obligados a salir del país. El 10 de enero de 2019, minutos después de que Nicolás Maduro prestara juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para el periodo presidencial 2019-2025, la Organización de Estados Americanos, en una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, aprobó una resolución en la que se declara ilegítimo a Maduro como presidente de Venezuela, instando a que se convocaran nuevas elecciones. El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, emitió una orden de captura contra Maduro con una recompensa de 15 millones de dólares por cargo relacionados con narcotráfico.
Durante su mandato, especialmente desde mediados de 2020, se han reportado intervenciones y abusos de parte de la justicia venezolana y fuerzas de seguridad, controladas a plenitud por el gobierno de Maduro, hacia varios partidos políticos principales del país, tanto de la oposición, como de la izquierda chavista, lo que ha evidenciado el totalitarismo del gobierno venezolano y la búsqueda, según la oposición, de un «partido único» o una «oposición controlada» en el país.
Nicolás Maduro nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas (Venezuela). Es hijo de Teresa de Jesús Moros de Maduro, de nacionalidad colombiana, y de Nicolás Maduro García. Creció dentro de una familia de izquierda, y su padre fue dirigente sindical. Maduro recibió clases en el liceo José Ávalos, en El Valle, un liceo público ubicado en un barrio a las afueras de Caracas. Su primer contacto con la política aconteció cuando se convirtió en miembro de la asociación de estudiantes de su escuela secundaria. A los 15 años fue expulsado del liceo por organizar una movilización estudiantil, siendo presidente del centro de estudiantes; pero posteriormente logró finalizar sus estudios secundarios en el liceo José Ávalos, aunque después de culminar la secundaria no ingresó a la universidad y se dedicó a trabajar por su cuenta conduciendo un autobús.
Maduro fue criado como católico, y su ascendencia familiar paterna es de origen judío sefardí. En el 2012, se informó que Maduro era seguidor del gurú indio Sathya Sai Baba. Sin embargo, él mismo se declara cristiano.
A los 12 años, Maduro ya militaba en una organización de izquierda, llamada Ruptura. Posteriormente, participó activamente en la Liga Socialista.
También trabajó como guardaespaldas de José Vicente Rangel durante la infructuosa campaña presidencial de Rangel en 1983. Luego, durante los años 1986 y 1987, cursó estudios en la escuela cubana de formación de cuadros políticos de izquierdas "Ñico López" en la ciudad de La Habana. El 9 de junio de 1988 contrajo matrimonio con Adriana Guerra Angulo en la jefatura civil de la Parroquia El Valle, y el 21 de junio de 1990 nace su único hijo, Nicolás Maduro Guerra, dicho matrimonio duró hasta 1994.
En 1990 comenzó como inspector de área en el Metro de Caracas. Más adelante, encontró empleo como conductor de autobús en el año 1991, cargo que desempeñó durante 7 años. Durante su labor como conductor, inicia su carrera política al convertirse en un sindicalista no oficial que representaba a conductores de autobuses del Metro de Caracas.
En el año 1993, junto a un grupo de trabajadores simpatizantes del MBR-200, realizó una visita a Chávez, quien se encontraba recluido en la Cárcel de Yare debido a su intento fallido de golpe de estado. En ese mismo momento, sostuvo su primer encuentro con quien sería su futura compañera, Cilia Flores.
Desde entonces, se convirtió en un activista de la liberación de Chávez. Chávez le asignó el nombre clandestino de "Verde". Luego del indulto de Chávez, por el entonces presidente Rafael Caldera, y su salida de prisión en 1994, Maduro, Cilia Flores y otro grupo de seguidores, ayudaron a Chávez a organizar su movimiento político.
En 1995 funda junto a otros trabajadores sindicalistas de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, organización de la que se convirtió en Coordinador Nacional. También fue fundador del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas (SITRAMECA).
En la década de 1990, pasó a formar parte de las filas del MVR, partido que apoyó la campaña presidencial de 1998 cuando Hugo Chávez resultó elegido presidente de Venezuela.
Tras una carrera de activismo político, se convierte en candidato a diputado del antiguo Congreso de la República con el apoyo del MVR por el Distrito Federal, siendo elegido en las elecciones del 8 de noviembre de 1998. Tomó posesión como diputado el 23 de enero de 1999, y se convirtió en Jefe de la Fracción Parlamentaria del MVR en la Cámara de Diputados, además integró integró la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social, de la Comisión Permanente de Juventud, Recreación y Deportes y de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana.
Fue elegido diputado en la Asamblea Constituyente de 1999 que redactó una nueva Constitución ese mismo año por el Distrito Federal, que pasó a ser Distrito Capital a partir del 23 de diciembre de ese año. En la constituyente Maduro presidió la Comisión de Participación Ciudadana, de dicho parlamento para posteriormente ser elegido diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela en las elecciones del 30 de julio de 2000 por el Movimiento V República. En la Asamblea Nacional presidió la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral desde el 14 de agosto de 2000 hasta el 5 de enero de 2005. El 5 de enero de 2005 es elegido para presidir la AN.
Fue reelegido en las elecciones legislativas de 2005. Luego de la salida de Maduro de la Asamblea Nacional en agosto de 2006, para ocupar un cargo ministerial, Flores fue elegida en la votación interna parlamentaria como presidenta de la Asamblea Nacional, siendo la primera mujer venezolana en alcanzar ese cargo.
A pedido del presidente Hugo Chávez, en el año 2006 Maduro ingresa en el gabinete ministerial como Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, sustituyendo de esa forma al entonces Ministro Alí Rodríguez Araque quien fue posteriormente designado como Secretario General de la UNASUR. Maduro sirvió de encargado en dirigir la política exterior venezolana desde el año 2006 hasta principios de 2013 cuando fue sustituido por Elías Jaua. En ese período trabajó en organismos de integración como la Celac, el Alba, Unasur y Mercosur.[cita requerida]
El 10 de octubre de 2012, 3 días después de las elecciones presidenciales, fue nombrado nuevo vicepresidente ejecutivo ocupando el puesto de Elías Jaua quien tuvo que separarse de su cargo para aspirar a la gobernación de Miranda.
El 8 de diciembre de 2012, Hugo Chávez afirmó que, en caso de que quedara incapacitado, Nicolás Maduro, debería asumir el cargo de presidente de la República hasta la convocatoria de unas nuevas elecciones para las que pidió el apoyo popular hacia Maduro.
El 9 de enero de 2013 el presidente Hugo Chávez designó a Nicolás Maduro como presidente del Consejo de Ministros y a Elías Jaua como Primer Vicepresidente con motivo de la sesión de ese día, debido a unos tratamientos médicos (que le impidió juramentarse un día después). Maduro invitó a los ministros a trabajar junto con los miembros del ALBA y seguir desarrollando la "revolución eficiente".
El 5 de marzo de 2013, posterior al fallecimiento del presidente Hugo Chávez, Maduro asumió el cargo de presidente encargado de Venezuela hasta la celebración de elecciones presidenciales.
Debido a su padecimiento, Hugo Chávez no consiguió jurar su cuarto mandato, algunos medios de comunicación internacionales expresaron sus dudas sobre la constitucionalidad de la presidencia de Maduro ya que, según su interpretación del artículo 233 de la Constitución venezolana, tendría que haber sido el presidente de la Asamblea el que asumiera la presidencia al producirse la falta absoluta del presidente antes de la toma de posesión. Igualmente destacaron que al abandonar el cargo de vicepresidente por el de presidente, Maduro se aseguraba el poder presentarse a las elecciones ya que el artículo 229 dice.
Sin embargo, el Tribunal Supremo aclaró que al morir el presidente titular, el vicepresidente tenía que asumir el cargo de presidente encargado y que como se trataba de un presidente reelecto (Chávez) que ya estaba en posesión del cargo, el gobierno tenía continuidad administrativa, caso en el cual según esta interpretación corresponde al vicepresidente ejecutivo asumir la presidencia interinamente.
Por su parte, el gobierno venezolano, aseguró que su presidencia no era contraria a la Constitución y que este podría presentarse sin ningún impedimento a las elecciones sobre la base de esa interpretación. El gobierno también se apoya en el artículo 233 para sostener su postura, pero se centra en otra parte del artículo 233 que indica:
El 8 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció que era constitucional que al morir el presidente, el vicepresidente asumiera el cargo de presidente encargado y que no existía ningún impedimento legal para que este pudiera presentarse a las elecciones. Ese mismo día, Maduro prestó juramento como presidente encargado de Venezuela ante la Asamblea Nacional en el Palacio Federal Legislativo.
Meses antes de fallecer debido al cáncer que lo aquejaba, Hugo Chávez pidió a sus seguidores votar por Nicolás Maduro vicepresidente en ese entonces, en el caso de que no pudiera continuar ejerciendo el cargo de presidente y se tuviesen que convocar elecciones anticipadas para completar el período 2013-2019. Poco después de la convocatoria a elecciones por parte del CNE, el PSUV y otras organizaciones políticas apoyaron la inscripción de su candidatura a la Presidencia. Maduro centró su campaña en darle continuidad a la gestión y proyecto del fallecido presidente Chávez.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Nicolás Maduro, "ha seguido usando emisiones obligatorias a nivel nacional de radio y televisión, para transmitir mensajes del gobierno" y que "el uso de emisiones nacionales obligatorias se ha intensificado durante la campaña y días después de las elecciones presidenciales del 14 de abril, en tal número de ocasiones que interrumpen los discursos o conferencias de prensa dadas por los líderes de los grupos de oposición al gobierno".
Andrés Oppenheimer en un artículo publicado en Pittsburgh Tribune-Review refiriéndose a las elecciones presidenciales de 2013, afirmó que el ventajismo a favor de Maduro era tan alto que las elecciones fueron "una de las contiendas electorales más desiguales en cualquier lugar en los últimos tiempos". Oppenheimer comentó que cuando Maduro estaba actuando como presidente interino, se extendió el duelo por la muerte de Hugo Chávez dándole "una ventaja enorme de propaganda a Maduro". También dijo que Maduro tenía "una ventaja de más de 10 a 1 en televisión en horario de propaganda", mientras que a Henrique Capriles se le permitió solamente 4 minutos de publicidad por día, Maduro tenía los mismos 4 minutos, 10 minutos de anuncios de servicio público del gobierno y una cantidad ilimitada de tiempo para los "discursos de difusión nacional obligatoria".
Por su parte, durante la campaña electoral, Maduro acusó a la oposición de planear sabotear las elecciones presidenciales implicando directamente a Henrique Capriles, a quien acusó de querer provocar violencia posterior al evento electoral.
Las elecciones presidenciales de Venezuela se desarrollaron el 14 de abril de 2013. En ellas hubo 14.988.563 votos válidos que se distribuyeron de la siguiente manera: Nicolás Maduro Moros obtuvo 7 587 532 (el 50,61 %) y Henrique Capriles Radonski, 7 363 264 (el 49,12 %).
El 9 de abril ambos candidatos se comprometieron a reconocer los resultados de la elección, sin embargo, el candidato Henrique Capriles Radonski "rechazó firmar el acuerdo del CNE", en su lugar, firmó un documento en donde llama a "Maduro a abandonar el uso de recursos y medios del Estado". En la noche del 14 de abril, Capriles desconoció el boletín oficial emitido por el CNE y llamó a un reconteo total de los votos, ya que según su comando de campaña se habían detectado al menos 3500 irregularidades durante el proceso de votación, petición que también realizó el rector del CNE Vicente Díaz, (quien sin embargo dijo que "no tenía duda de los resultados") y la cual fue apoyada por los gobiernos de España, Francia, Estados Unidos, Paraguay, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Maduro aceptó la realización de la auditoría propuesta por la oposición del 100 % de las actas, pero el Consejo Nacional Electoral descartó la realización de un nuevo reconteo argumentando que ya se habían realizado auditorías previstas en la legislación y el conteo es por ley automatizado. En cambio se realizó una auditoría a la cajas, mesas y comprobantes que no habían sido seleccionadas el día de la elección, arrojando un margen de error de 0,02 %.
Nicolás Maduro fue juramentado como presidente de la República el 19 de abril en la Asamblea Nacional. Según el artículo 233 de la Constitución, deberá completar el periodo constitucional correspondiente al del expresidente Hugo Chávez. El 9 de septiembre del 2013 fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la impugnación de las elecciones, un día antes de que se hiciera efectiva la salida de Venezuela del mecanismo, el informe fue entregado al organismo por parte del abogado y miembro de la MUD Ramón José Medina que por su parte dijo: “Aspiramos que se anulen y se repitan esas elecciones, que fueron unas elecciones fraudulentas”.
El 11 de marzo de 2013, el día de su inscripción presidencial, Nicolás Maduro presentó el mismo plan de gobierno con el que Hugo Chávez resultó elegido en las elecciones presidenciales de Venezuela, llamado "Plan de la Patria 2013-2019". El 11 de junio el CNE anunció la finalización de la auditoría al 100% de los votos emitidos, confiriéndole la victoria de Maduro.
Seis meses después de ser elegido, el presidente Maduro —usando las atribuciones que le confiere la constitución en el artículo 203— gobernó con ley habilitante en dos oportunidades: desde el 19 de noviembre de 2013 hasta 19 de noviembre de 2014 y desde el 15 de marzo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de su solicitud a través de la Ley Habilitante.
En octubre de 2013, Maduro solicitó una ley habilitante para aprobar leyes con el fin de luchar contra la corrupción y también para encarar, lo que él llamó, una "guerra económica". El 19 de noviembre de 2013, la Asamblea Nacional concedió a Maduro el poder de aprobar leyes hasta el 19 de noviembre de 2014.
El 10 de marzo de 2015, Maduro solicitó otra habilitante en una segunda oportunidad, un tiempo después de las sanciones impuestas por los Estados Unidos a siete funcionarios del gobierno venezolano. La Ley Habilitante se utilizará para "enfrentar" lo que Maduro llamó "la agresión del país más poderoso el mundo, los Estados Unidos". Días después, el 15 de marzo de 2015, la Asamblea Nacional otorgó el poder a Maduro para dictar decretos ley hasta el 31 de diciembre de 2015.
Desde el año 2003, Venezuela posee una regulación sobre las transacciones en moneda extranjera, el gobierno de Chávez justificó la medida aduciendo que protegía el nivel de reservas internacionales, para el 2015 existen tres tipos de cambio (CENCOEX, SICAD, SIMADI), además, de una cotización paralela denominada «dólar negro» que fue de carácter ilegal hasta las reformas del 2014. Desde finales de 2013 y en relación a esta distorsión cambiaría, algunos bienes de consumo masivo empezaron a ser escasos al mismo tiempo que la inflación aumentaba. Debido a diferentes inconvenientes, en la asignación de moneda extranjera, necesaria para la importación, algunas industrias se vieron obligadas a interrumpir su funcionamiento, debido a la ausencia de materia prima.
Al momento de su elección en 2013, Nicolás Maduro, siguió la misma línea de las políticas económicas existentes de su antecesor Hugo Chávez. Al asumir la presidencia de Venezuela, el presidente Maduro se enfrentó a una alta tasa de inflación y problemas de escasez de bienes. Estas nuevas dificultades económicas a las que Venezuela se enfrentaba, fueron una de las principales razones de las protestas en Venezuela en 2014. El presidente Maduro, ha comentado en varias oportunidades, que estaba luchando una "guerra económica" contra el capitalismo y para ello promulgó medidas económicas llamadas "ofensivas económicas". Sin embargo, según The New Yorker, Maduro sólo se ha concentrado en su apoyo político en lugar de atender asuntos prioritarios que economistas han advertido al gobierno venezolano.
Según Finanzas Digital, al culminar el cuarto trimestre de 2013, "el Producto Interno Bruto (PIB) reportó un crecimiento de 1 %, (...) al sumarse con los tres trimestres previos consolida una expansión de 1,34 % durante el año 2013".A principios de 2014, la economía volvió a caer en recesión con 3 semestres consecutivos de datos negativos y con un retroceso al final del año 2014 del 3 % en su PIB respecto al año anterior. Algunos economistas del país, atribuyeron las causas de la problemática a erradas políticas económicas del gobierno, por su parte el gobierno afirmó que se debía a los conflictos políticos de 2014 y a una importante caída de los precios del petróleo. Por otro lado, el desempleo para el cierre de 2014 fue de 5,9 % un descenso con respecto al mismo mes de 1999 cuando alcanzaba 12 %. El índice de desarrollo humano de Venezuela en 2014 se ubicó en 0,764 dentro de la categoría de "alto desarrollo humano", este mide 1) una vida larga y saludable, 2) acceso a educación y 3) un nivel de vida digno. Esto representó un avance con respecto a 2012 cuando alcanzó 0,748 y a 1980 cuando era de 0,639. A pesar de ello, Venezuela encabezó el Índice de miseria Mundial en agosto de 2014, que se basa en la inflación, el desempleo y otros factores económicos. En una investigación realizada por la UCV, la USB y la UCAB durante el año 2014 y publicada en abril de 2015, arrojó que "11,3 % de los venezolanos hace 2 o menos comidas diarias" y que "la lista de 10 alimentos más comprados la encabeza la harina el arroz y el pan; el huevo desapareció de la dieta clásica" del Venezolano.
Para el 17 de febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro anunció el aumento de la gasolina, quedando en 1 Bs. para la de 91 octanos y en 6 Bs. para la de 95 octanos. Representando un 1328,57 % y 6085,56 % de incremento en el precio que se manejaba desde 1996. Por su parte, el sistema marginal de divididas (SIMADI) pasa a ser sistema complementario flotante, pasando de un dólar a 6,13 Bs., a 10 Bs.
En agosto de 2018 el gobierno lanzó un nuevo paquete económico, consistente en la creación de una nueva moneda (el 'Bolívar soberano'), un incremento del 3400 % del salario mínimo y un aumento del Impuesto al Valor Agregado. El anuncio de este paquete fue denominado "Viernes Rojo" por algunos medos de comunicación, trazando un paralelo con el Viernes Negro de 1983 durante la presidencia de Luis Herrera Campins. Diferentes economistas y expertos sostuvieron que las medidas económicas contribuirían con una mayor hiperinflación. La tasa de inflación llegó a 80 000 % anual en 2018, según el Johns Hopkins-Cato Institute Troubled Currencies Project, siendo Venezuela el único país en el mundo sufriendo una hiperinflación. Por su parte, la medición de la Asamblea Nacional de Venezuela indica una inflación de 1.300.000% anual entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018.
En octubre de 2013, se creó el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, que tiene la misión de coordinar las más de treinta "misiones sociales" del gobierno.
En 2016, Maduro lanzó el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa para distribuir paquetes de alimentos subsidiados. Los comités han estado sujetos a controversias por denuncias de corrupción, de uso político, de retrasos y de aumentos de precios sin previo aviso. También se creó el carnet de la patria, un documento de identidad con código QR, que permite al gobierno conocer el estatus socioeconómico de la población y agilizar el sistema de las misiones bolivarianas y el de los CLAP. El uso del carnet ha sido objeto de denuncias como posible método de control social, una política de exclusión social así como de coacción como de compra de votos durante las elecciones regionales, municipales y presidenciales.
Se ha reformado la Ley de Lactancia Materna, que fue aprobada el 12 de julio de 2007. "Tiene como objetivo ser un instrumento jurídico que tiene por objeto promover, proteger y apoyar la lactancia materna a fines de garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los niños y niñas".
La política de divisas complicó la importación de medicamentos y otros suministros médicos en Venezuela.
En julio de 2013 se anuncia la instalación de un sistema antiaéreo en las montañas orientales.
El gobierno propuso a finales de marzo una ley de desarme, que entró a discusión en la Asamblea Nacional, para regular y limitar al máximo la posesión, la compra y la venta de municiones y armas a particulares. Esta ley fue promulgada el 16 de junio de 2013. El 22 de septiembre de 2014, el presidente Maduro anunció que su gobierno invertiría $47 millones para la creación de 60 nuevos centros de desarme, y $39 millones para financiar el plan desarme bajo el cual los efectivos de la guardia nacional patrullarán los barrios más peligrosos. Agrupaciones de Colectivos declararon al gobierno de Venezuela que "no iban a participar en el plan de desarme", afirmando que eran grupos involucrados con la Revolución Bolivariana y que en su lugar, el gobierno debería centrarse en bandas criminales.
En el 2015 inicia el despliegue de la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP), cuyo propósito era responder al incremento de la violencia.
Los habitantes de la Cota 905 pidieron a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez, al ministro Jorge Infante y a Antonio Álvarez que prohibieran la entrada de los funcionarios policiales. Los efectivos aceptaron el acuerdo a cambio de que los delincuentes dejaran de usar las bandas delictivas para cometer crímenes. El 25 de agosto de 2017 la Cota 905 fue declarada como “zona de paz”. Como ha ocurrido en otras “zonas de paz”, los funcionarios policiales no pueden ingresar a la localidad a realizar operativos.
El 1° de mayo del 2017 Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente mediante decreto presidencial N° 2830. La misma está encargada de redactar una nueva Constitución para Venezuela. Aunque inicialmente tendría una vigencia de dos años, el 21 de mayo de 2019 la asamblea aprobó un decreto mediante el cual extendía su vigencia al menos hasta el 31 de diciembre de 2020.
Durante su gobierno Nicolás Maduro mantiene una línea similar a la de su predecesor Hugo Chávez, tratando de promover el integracionismo y una política de un mundo "multicéntrico y pluripolar". Recibió la presidencia pro tempore del Mercosur en julio de 2013 abogando por reintegrar a Paraguay al Bloque, ofreció asilo a Edward Snowden, y tuvo breves impases con los gobiernos de Colombia (Crisis diplomática entre Colombia y Venezuela de 2013), Perú y España por diferentes asuntos.
A mediados de junio el presidente Nicolás Maduro inició una gira internacional por varios países de Europa que comenzó en Italia y en la ciudad del Vaticano, donde fue recibido por el papa, al que Maduro pidió la canonización de José Gregorio Hernández.
El segundo país a visitar fue Portugal, donde asistió a la VIII comisión mixta Portugal-Venezuela. En ella se pactaron 14 acuerdos de cooperación bilateral, principalmente en tecnología, alimentación, salud, deportes y cultura. Finalizó su gira en Francia entrevistándose con el presidente François Hollande. Maduro manifestó su deseo de desarrollar una alianza estratégica antes de fin de año.
Después de la gira, el primer mandatario venezolano asistió al Foro de Países Exportadores de Gas en Moscú. En la cumbre se desarrolló un homenaje al fallecido presidente Hugo Chávez en el teatro Nueva Ópera. Nicolás Maduro aprovechó su visita para anunciar una "alianza estratégica" con Rusia.
Nicolás Maduro ha mostrado su apoyo al gobierno de Siria en numerosas oportunidades y se ha opuesto a cualquier intervención en el país.
En marzo del 2014 Nicolás Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Panamá, luego de que este último país solicitara al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar una reunión de consulta de los cancilleres sobre la situación de Venezuela.
El 6 de abril de 2015, 33 líderes mundiales emitieron un manifiesto contra el gobierno de Maduro, la llamada Declaración de Panamá, un comunicado para denunciar en la VII Cumbre de las Américas lo que denominan como «alteración democrática» en Venezuela, impulsada supuestamente por el gobierno de Nicolás Maduro. La declaración exigió la inmediata liberación de lo que denominaron «presos políticos» en Venezuela. Entre los antiguos jefes de estado y de gobierno que se adhirieron al comunicado se encontraron: Jorge Quiroga (Bolivia); Sebastián Piñera (Chile); Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Belisario Betancur (Colombia); Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón Guardia, Laura Chinchilla, Óscar Arias, Luis Alberto Monge (Costa Rica); Osvaldo Hurtado (Ecuador); Alfredo Cristiani y Armando Calderón (El Salvador); el expresidente del gobierno de España, José María Aznar; los expresidentes de México Felipe Calderón y Vicente Fox; Mireya Moscoso (Panamá); Alejandro Toledo (Perú); Fernando de la Rúa (Argentina); Fernando Henrique Cardoso (Brasil); Ricardo Lagos (Chile); Sixto Durán Ballén (Ecuador); Ricardo Martinelli (Panamá); Hipólito Mejía (República Dominicana); Luis Alberto Lacalle (Uruguay); y Jean Chrétien ex primer ministro de Canadá). Del mismo modo, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, expresó que «Los países que integran Unasur, que participan de la Cúpula, de la Cumbre de Las Américas, tenemos hoy, incluso, el absoluto interés de que haya una mayor liberación, que suelten a los presos, que no haya niveles de violencia en las calles, todos nosotros tenemos ese interés. […] No pensamos que la mejor relación con la oposición sea encarcelar a quienquiera que sea […], si la persona no cometió un crimen, no puede ser encarcelada». La ministra de Comunicación e información del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó esa declaración de algunos ex-mandatarios como una «vergüenza» por apoyar a quienes el gobierno venezolano considera los responsables de la violencia al mismo tiempo que los invitó a buscar «empleo» y se reunió con los que calificó de víctimas de esos presos.
Por su parte, el presidente Maduro planteó entregar en la cumbre firmas recolectadas en su país contra el decreto que declara a Venezuela una «amenaza extraordinaria a la seguridad nacional estadounidense». Maduro, según versiones de prensa, habría ordenado a todas las escuelas del país celebrar el «día anti-imperialista» contra los Estados Unidos con diversas actividades del día, incluyendo la «recolección de las firmas de alumnos, maestros, personal administrativo, mantenimiento y personal de cocina». Maduro también habría ordenado la recolección de firmas en instituciones del Estado, en donde algunos trabajadores han denunciado despidos masivos, como represalia en su negativa de acatar la orden del ejecutivo de firmar contra el «decreto de Obama». Por su parte, Roberta S. Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, comentó que las sanciones «no eran para dañar a los venezolanos o al Gobierno venezolano en su conjunto». Los alegatos para las sanciones contra funcionarios venezolanos, según el departamento de Estado de Estados Unidos recogen: «erosión de las garantías de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia y abusos a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales, arrestos arbitrarios y detención de manifestantes antigubernamentales y corrupción pública significativa» y se aclaró que las sanciones no van dirigidas al país o población en general, sino «de forma específica contra "individuos" de ese país que están atentando gravemente contra los derechos humanos y las libertades de la población». El gobierno venezolano rechaza estas versiones de prensa.[cita requerida] Por su parte, Michel Temer, vicepresidente de Brasil y responsable de la coordinación política de Rousseff, dijo que era "inadmisible que haya presos políticos" en cualquier país de América Latina.
Para el 31 de julio de 2017, un día después de haberse aprobado la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Maduro, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, penalizó a Nicolás Maduro congelando todos los activos sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos.
El 22 de septiembre de 2017 Canadá aplicó una serie de sanciones contra Maduro y una larga lista de funcionarios venezolanos, en donde se ordenaba congelar los activos que estos tuvieran en territorio canadiense y se prohibía a cualquier persona o empresa canadiense realizar negocios con los sancionados.
En 2017 la fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció públicamente que Nicolás Maduro estaba implicado en la trama de corrupción de Odebrecht. Posteriormente el 30 de marzo de 2018, el gobierno de Panamá sancionó a Maduro junto con otros personeros de su gobierno, por ser considerado de "alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva". La medida establece una prohibición de transacciones comerciales y/o financieras con cualquier empresa o persona en territorio panameño, y ordena además establecer si existiesen personas de otras nacionalidades que pudiesen actuar como personas interpuestas en representación de los venezolanos incluidos en la nómina.
Tras las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, Capriles desconoció el resultado y pidió un conteo del 100% de los votos. Al día siguiente convocó a un cacerolazo en rechazo a la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Asimismo, se extendió el acuartelamiento o la disponibilidad de los oficiales de las policías de los estados y municipales entre, que quedaron bajo el control del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En total, hubo nueve muertos.
El 23 de enero de 2014 comenzó una campaña opositora llamada "La Salida" con el fin de lograr «encontrar una salida pacífica, democrática y constitucional al gobierno de Nicolás Maduro». Fue impulsada por Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado, líderes de la Unidad Democrática. Terminó el 18 de febrero de 2014 con la aprensión de Leopoldo López, hecho que desencadenó la oleada de protestas de 2014.
El 12 de febrero de 2014 comenzaron las protestas contra el gobierno presidido por Nicolás Maduro. La razones esgrimidas por los manifestantes fueron el aumento de la delincuencia, la alta inflación y la escasez de productos básicos. La ola de protestas dejó un saldo de 43 fallecidos, más de 486 heridos y 1854 detenidos en 2014, según un informe de la Fiscalía General de la República.
A raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de dictar la decisión 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y extiende los poderes del presidente Nicolás Maduro, se originó una nueva oleada de protestas. La oposición volvió a las calles el 1 de abril con nuevas peticiones después de cinco meses de ausencia, recordando que el 26 de octubre de 2016 fue la última convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática en rechazo a la suspensión del referéndum revocatorio. Caracas fue el centro de una gran manifestación de la alianza. La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana reprimió con bombas lacrimógenas y perdigones. El 5 de abril de 2017, la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, acudió a la Organización de Estados Americanos a defender al Gobierno venezolano y aseguró que las fuerzas policiales actuaron «no para reprimir, sino para evitar que se expandiera la violencia».
Los líderes de la oposición y gran parte de su base de apoyo civil argumentan que las manifestaciones contra el Gobierno se mantendrán hasta la salida del Gobierno venezolano o hasta que se cumplan una serie de metas con la que ideólogos de la oposición esperan pueda tener lugar una "transición democrática". Sin embargo las protestas se fueron diluyendo hacia agosto de 2017.
El 5 de julio de 2017 se produjo el asedio de la Asamblea Nacional entre miembros y empleados de la Asamblea Nacional, mayoritariamente opositores, y partidarios del gobierno, liderados por los periodistas oficialistas Oswaldo Rivero y Luis Hugas. El Mercosur consideró que el episodio «constituye un avasallamiento del Ejecutivo sobre otro Poder del Estado», e instaron al gobierno «a poner fin inmediatamente a todo discurso y a todas las acciones que incentiven una mayor polarización.»
El 4 de agosto de 2018, en Caracas, Maduro se encontraba dando un discurso en un acto por la conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando se produjo una explosión de un dron cargado con el explosivo C-4. El presidente resultó ileso, pero se registraron siete heridos de efectivos pertenecientes a la GNB.
El 10 de enero de 2019, minutos después de que Nicolás Maduro prestara juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para el periodo presidencial 2019-2025, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, aprobó una resolución en la que se declara ilegítimo a Maduro como presidente de Venezuela.
A principios de 2019, la Asamblea Nacional declara que Maduro estaba usurpando el cargo del presidente de acuerdo al artículo 233 de la Constitución. Acto seguido, nombra a Juan Guaidó como presidente interno. Guaidó fue reconocido por más de cincuenta países como Presidente encargado de Venezuela.
El 30 de abril de 2019, se produjo un alzamiento militar en las afueras de la base aérea La Carlota, en Caracas, con la presencia de Leopoldo López y Juan Guaidó.
El 5 de enero de 2020, Juan Guaidó y el equipo de su junta directiva junto a la mayoría de diputados opositores, se dirigían al Palacio Federal Legislativo y un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) les obstaculizaron el paso para que no llegaran, mientras en el Palacio Federal Legislativo Luis Parra era juramentado como presidente de la Asamblea. El 7 de enero de 2020, Juan Guaidó junto con un grupo amplio de diputados opositores logró retomar el poder de la Asamblea Nacional.
En octubre de 2013, el nivel de aprobación de Maduro se ubicaba entre 45 y 50 % en donde Reuters afirma que se debía posiblemente a la aprobación heredada por Hugo Chávez. Un año más tarde, en octubre de 2014, el nivel de aprobación de Maduro era de 24.5 % de acuerdo con Datanálisis. En noviembre de 2014, encuestas realizadas por Datanálisis indicaba que más del 66 % de los venezolanos opinaban que Maduro no finalizaría sus seis años de mandato, representando a partidarios del gobierno un 25 % quienes pensaban que Maduro debería renunciar. Sin embargo, Simón Cordova Diputado al Parlatino por el Movimiento Bastión Revolucionario 200 4-Fases y director de la encuestadora International Consulting Services (ICS), afirma que para octubre del mismo año un 53,2 % de los venezolanos evaluó como positiva la gestión del presidente Maduro.
El lugar de nacimiento y la nacionalidad de Nicolás Maduro han sido cuestionadas en múltiples ocasiones, argumento que ha sido usado para afirmar que Maduro no puede ejercer la presidencia, dado que el artículo 227 de la constitución venezolana establece que «Para ser elegido presidente o presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de treinta años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta Constitución». Tras su triunfo en las elecciones presidenciales de 2013, que le dieron el triunfo, diputados opositores advirtieron que investigarían la presunta doble nacionalidad de Maduro.
Para 2014, oficiales gubernamentales dieron a conocer cuatro parroquias diferentes como lugares de nacimiento de Nicolás Maduro. El gobernador del estado Táchira José Vielma Mora aseguró que Maduro nació en el sector El Palotal de San Antonio del Táchira y que tenía familiares que viven en las poblaciones de Capacho y Rubio. En junio de 2013, dos meses después de asumir la presidencia, Maduro afirmó en una rueda de prensa en Roma que había nacido en Caracas, en Los Chaguaramos, en la parroquia San Pedro. Durante una entrevista con una periodista española, también en junio de 2013, Elías Jaua afirmó que Maduro nació en la parroquia El Valle, en el municipio Libertador de Caracas. El diputado opositor Abelardo Díaz indicó haber revisado el registro civil de El Valle, sin conseguir ningún documento, al igual que la referencia ofrecida por Vielma Mora sin encontrar pruebas ni aportes documentales que pudieran comprobarla. En octubre de 2013 Tibisay Lucena, como presidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró en el programa de Globovisión Vladimir a la 1 que Nicolás Maduro nació en la parroquia La Candelaria, en Caracas, y mostró copias del libro de presentación del registro de todos los niños que nacieron el día en el que presuntamente nació Maduro. En abril de 2016, durante una cadena nacional de radio y televisión, Maduro ratificó que nació en Los Chaguaramos, específicamente en Valle Abajo, agregando que fue bautizado en la iglesia San Pedro.
En 2016 un grupo de venezolanos le pidió a la Asamblea Nacional investigar si Nicolás Maduro era colombiano en una carta difundida y dirigida al presidente de la Asamblea Henry Ramos Allup que justifica la solicitud en las "razonables dudas que existen en torno a los verdaderos orígenes de Maduro, debido a que, hasta la fecha, se ha negado a exhibir su partida de nacimiento". Los 62 peticionarios, entre quienes están el exembajador Diego Arria, el empresario Marcel Granier y exmilitares opositores, aseguran que según la Constitución colombiana el mandatario es "colombiano por nacimiento", al ser "hijo de madre colombiana y por haberse residenciado" en el país vecino "durante su juventud". El mismo año varios exmiembros de distintas directivas del CNE enviaron una carta a Tibisay Lucena solicitándole que se “exhiban públicamente, en un medio impreso de circulación nacional, los documentos que acreditan el estricto cumplimiento de los artículos 41 y 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, la partida de nacimiento y el Certificado de Nacionalidad Venezolana por Nacimiento de Nicolás Maduro Moros, a fin de constatar si él es venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad”. El documento refiere que la actual presidenta del CNE incurre en “un grave error, e incluso una irresponsabilidad, cuando afirma que el tema de la nacionalidad de Maduro ‘no es un lema del Consejo Nacional Electoral’” y los firmantes también hacen referencia a los cuatro momentos diferentes en los cuales distintas políticos han adjudicado cuatro diferentes lugares de nacimiento como oficiales.
El Diario Las Américas afirmó tener acceso a las inscripciones de nacimiento de Teresa de Jesús Moros, madre de Nicolás Maduro, y de José Mario Moros, tío del presidente venezolano, inscritos ambos en la iglesia parroquial de San Antonio de Cúcuta, Colombia. Diputados opositores han asegurado que la partida de nacimiento de Maduro debe decir obligatoriamente que es hijo de madre colombiana y que eso representaría una prueba que confirmaría que el presidente tiene doble nacionalidad y que no puede ejercer el cargo según el artículo 41 de la constitución. La diputada Dennis Fernández ha encabezado una comisión especial que investiga los orígenes del mandatario, afirmando que “la madre de Maduro es ciudadana colombiana” y que Maduro también sería colombiano. El investigador, historiador y exdiputado a Walter Márquez aseguró meses después de los comicios presidenciales que la madre de Maduro nació en Colombia y no en Rubio, estado Táchira. Márquez también ha afirmado que Maduro “nació en Bogotá, de acuerdo con los testimonios verbales de personas que lo conocieron de niño en Colombia y a las investigaciones documentales que hicimos” y que “son más de 10 testigos que corroboran esta información, cinco de ellos viven en Bogotá”.
El 28 de octubre de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que señala que según pruebas «incontrovertibles» tienen «absoluta certeza» de que Maduro nació en Caracas, en la parroquia la Candelaria, para entonces Departamento Libertador del Distrito Federal, el 23 de noviembre de 1962. El fallo no reproduce el acta de nacimiento de Maduro, pero cita una comunicación firmada el 8 de junio por la vicecanciller de Colombia, Patti Londoño Jaramillo, donde precisa que “no se encontró información relacionada, ni registro civil de nacimiento, ni cédula de ciudadanía que permita inferir que el presidente Nicolás Maduro Moros sea un nacional colombiano”. El tribunal advirtió a los diputados de la Asamblea Nacional y a la ciudadanía "que sembrar dudas sobre los orígenes del presidente" puede “acarrear las correspondientes consecuencias penales, civiles, administrativas y, de ser el caso, disciplinarias” por "atentar contra el Estado".
El 11 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio decretó la nulidad de las elecciones presidenciales de 2013 después de que el abogado Enrique Aristeguita Gramcko presentara pruebas sobre la presunta inexistencia de condiciones de inelegibilidad de Nicolás Maduro para ser electo y para ejercer el cargo de la presidencia. Aristeguieta argumentó en el recurso que, según el artículo 96, literal b, de la Constitución Política de Colombia, Nicolás Maduro Moros, aún en el supuesto no demostrado de haber nacido en Venezuela, es “colombiano por nacimiento” por ser hijo de madre colombiana y por haberse residenciado en dicho territorio durante su juventud. La Sala Constitucional admitió la demanda y exigió a la presidencia y al CNE remitir una copia certificada de la partida de nacimiento del presidente, además de su renuncia de la nacionalidad colombiana. En marzo de 2018 el expresidente colombiano Andrés Pastrana hizo referencia a la cédula de bautismo de la madre de Maduro, señalando que el documento divulgado reitera el origen colombiano de la madre del mandatario.
El presidente Maduro y miembros de su comitiva han dado a conocer, en reiteradas oportunidades, supuestos intentos de magnicidio. En un período de quince meses, tras las elecciones presidenciales, se denunciaron trece supuestos actos de magnicidio. Según Johan Rivas, en SuNoticiero, el presidente Maduro es "el mandatario que ha denunciado más intentos de golpe de Estado en la menor cantidad de tiempo posible". En su programa La Hojilla, Mario Silva, reconocido comunicador del principal canal del estado, expresó que el presidente Maduro habría recibido trece millones de ataques psicológicos. Sin embargo, analistas comentan que Maduro podría estar usando las denuncias como "cortina de humo para distraer la atención de las causas reales" de algunos problemas que enfrenta su gobierno. A continuación, se citan algunas:
Durante la campaña presidencial de 2013, integrantes de la comunidad LGBT denunciaron que Maduro habría utilizado "comentarios homofóbicos" como arma política, tildando a representantes de la oposición como "maricones" [sic] y "pelucones". Maduro, habría calificado en discurso "homofóbico" a su oponente Henrique Capriles Radonski de "princesita", y diciendo "Yo sí tengo mujer, oyeron, me gustan las mujeres".
Según el portal informativo Cubainformacion, Maduro habría rechazado las acusaciones de la comunidad LGBT de ser homófobo y recordó que la oposición rechazó la enmienda chavista sobre "diversidad sexual" en el referéndum de 2007. afirmando que "“Y en el término de la vida sexual de lo que hoy se conoce con el concepto de ‘Diversos Sexuales’, ellos son los amigos y amigas de uno, de siempre, desde niño y joven, tan es así que se propuso una enmienda a la Constitución para reconocer su existencia y el respeto supremo de la República y de la Patria a estos hermanos y hermanas Diversos Sexuales, pero la oposición y la derecha mandó a votar en contra de esa enmienda”. En octubre de 2013, Maduro se mostró acompañado de supuestos miembros de la comunidad LGBT declaró: ''me da alegría verlos a ustedes aquí y saber que la comunidad sexodiversa no se deja manipular, yo llamo a debate nacional con la verdad”.
Las declaraciones que mayor revuelo han causado son las amenazas públicas de guerra en caso de que la denominada revolución bolivariana fuese derrotada. En enero de 2015 en medio de una transmisión en vivo por el canal de El Estado VTV, Maduro alertó que "si fracasara la revolución bolivariana y el imperialismo toma el control del país, que se preparen para un tiempo de masacre y muerte".
En junio de 2017 al cierre de un evento en el Poliedro de Caracas para juramentar al comando de campaña para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que él mismo convocó, Maduro volvió a señalar:
En la madrugada del lunes 31 de julio de 2017, luego de efectuada la elección a la ANC y dado los resultados, Maduro amenazó al Parlamento, a la Fiscalía General de la República, a la oposición y a los medios de comunicación privados. Afirmó que impulsaría medidas para levantar la inmunidad parlamentaria a los diputados de oposición, intervenir el Ministerio Público y reformarlo, encarcelar a los dirigentes de oposición que él considera involucrados en ''hechos delictivos'' y de abrir procesos administrativos contra medios de comunicación como Televen y Venivisión alegando "apología al delito".
El 2 de mayo de 2018, en un acto de campaña efectuado en el estado Vargas durante las elecciones presidenciales de 2018, Maduro advirtió que si se instalaba un “gobierno capitalista” en el país que entregase sus riquezas, él mismo tomaría las armas para defender la revolución, diciendo "Tomaría un fusil para hacer la revolución armada. Este pueblo no se va a calar jamás a un gobierno entreguista y capitalista, por eso debemos prepararnos para defender en paz la soberanía y democracia de Venezuela" y señalando a su contrincante Henri Falcón de ser el candidato del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Desde la creación de la Operación Liberación del Pueblo el 13 de julio de 2015, diversas organizaciones no gubernamentales han reportado violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales durante los operativos, y tanto el presidente Maduro como la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz y el defensor del pueblo Tarek William Saab han reconocido excesos policiales durante los despliegues.
El 18 de diciembre del 2017 un grupo de hombres haciéndose pasar por agentes de seguridad del Estado, asaltaron un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ubicada en San Pedro de Los Altos, estado Miranda, sustrayendo 20 fusiles AK103 y 3 pistolas. Al día siguiente, Óscar Pérez, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quien meses atrás se había revelado contra el gobierno de Maduro, se atribuyó la autoría del robo. Ese mismo día en medio de una cadena nacional, Maduro afirmó haber dado la orden a las Fuerzas Armadas de disparar contra los ejecutores del robo, a quienes catalogó de terroristas.
El 15 de enero del 2018, el gobierno inició un operativo en el barrio El Junquito, al noroeste de Caracas donde dio con el paradero de Óscar Pérez. Acto seguido ocurrió un enfrentamiento, dejando varios heridos. Óscar Pérez murió durante el operativo policial. Luego del deceso de Óscar Pérez, allegados a este revelaron que los responsables del homicidio habían recibido la orden de no tomar a nadie con vida y de matar a Pérez. Poco después el mismo Maduro confirmó que había dado la orden de matar a Óscar Pérez y amenazó con aplicar la misma táctica a cualquier grupo opositor que considerara terrorista.
El 23 de enero de 2018 la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Nicolás Maduro, decretó que las elecciones presidenciales previstas legalmente para diciembre de ese año, debían realizarse antes del 30 de abril. Posteriormente Maduro solicitó a la Constituyente que se realizaran también elecciones para los consejos legislativos estadales y municipales. El 23 de febrero el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que el 22 de abril se harían elecciones presidenciales solamente, sin embargo el órgano electoral postergó la fecha de las presidenciales para el 20 de mayo, día en el cual se harían las elecciones presidenciales conjuntamente con las elecciones a consejos legislativos. La convocatoria fue rechazada por la sociedad venezolana, por la comunidad internacional y por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA y la Unión Europea (UE), al considerar que dichas elecciones adolecían de garantías que permitieran unos comicios transparentes, libres y justos.
Maduro decidió lanzar su candidatura para reelegirse presidente, contando con el apoyo de 10 partidos políticos. La oposición venezolana, en su mayoría, decidió no participar en las presidenciales por considerar que el proceso era ilegal al haber sido convocadas por un organismo incompetente en la materia y antes del tiempo establecido en la Constitución. Sin embargo Henri Falcón, presidente del partido Avanzada Progresista, inscribió su candidatura, acto que fue rechazado por la oposición. También inscribieron sus candidaturas, Javier Bertucci por el Movimiento Esperanza por el Cambio y Reinaldo Quijada por el partido Unidad Política Popular 89. Los candidatos conjuntamente con el CNE, suscribieron un Acuerdo de Garantías Electorales, que fungió como una ampliación a la normativa electoral ya vigente; en dicho Acuerdo se estableció la eliminación de los “Puntos Rojos” que el chavismo utiliza como mecanismo de control de los procesos electorales, el acompañamiento internacional y la re-ubicación de los centros electorales a sus sitios regulares.
Nicolás Maduro inició su campaña antes del tiempo electoral reglamentario, sin separarse del cargo de presidente, haciendo uso del canal estatal VTV y prometiendo beneficios a quienes votaran por él, hechos que son prohibidos por la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley contra la Corrupción. Henri Falcón por su parte prometió que de ganar las elecciones entregaría a los ciudadanos venezolanos tarjetas con dólares para combatir la crisis económica, dolarizar los salarios e implementar un modelo económico de “producción abierta”, entre otras. El candidato Bertucci, entre otros puntos, destacó incentivar los valores familiares con proyectos educacionales, profesionalizar a los cuerpos de seguridad, dignificar los servicios públicos y el sistema de salud, garantizar que las necesidades básicas de estudiantes y docentes sean cubiertas, así como también crear un marco legal que genere confianza a inversionistas nacionales e internacionales, fortalecer y devolver la autonomía a los cinco poderes públicos y restablecer las relaciones bilaterales con los países del mundo. Reinaldo Quijada en su plan de gobierno contempló en materia económica sostener el control de cambios por un tiempo, pero ajustar el precio del dólar, buscar financiamiento externo, refinanciar la deuda, recuperar la producción petrolera, el aparato productivo y “racionalizar” los precios de la gasolina y demás combustibles.
Días previos al 20 de mayo, Falcón solicitó al CNE sancionar a Nicolás Maduro por violar la ley al ofrecer al electorado premios pagados con dinero público a través del Carnet de la Patria en los Puntos Rojos. Posteriormente Claudio Fermín, jefe de Campaña de Falcón, introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso contencioso electoral en donde solicitaba prohibir la instalación de los “puntos rojos” dentro de los 200 metros establecidos por el CNE, además de prohibir a los órganos del Poder Público que se condicionara los programas sociales y el otorgamiento de beneficios vinculados al Carnet de la Patria, su presentación o lectura del código QR en las cercanías de los centros electorales, hechos que su juicio constituyen actos de corrupción. El 17 de mayo la Sala Electoral del TSJ dictó la sentencia N° 52 en donde rechazó la petición del Fermín, alegando que las solicitudes cautelares se trataban de hechos futuros e inciertos.
El 20 de mayo, la jornada electoral se caracterizó por una marcada abstención y por cientos de denuncias sobre compra de votos, voto asistido y actos de proselitismo político del chavismo, todos estos actos prohibidos por la ley. Durante el desarrollo de la jornada, el candidato Falcón y distintos medios de comunicación fustigaron reiteradas veces la instalación de los “puntos rojos” a menos de 200 metros de los centros electorales, e incluso en algunos casos dichos puntos se encontraban dentro de los mismos centros. También hubo denuncias de entrega de comida al electorado por parte de militantes del gobierno. Habiendo culminado el proceso, el candidato Falcón ofreció una rueda de prensa desde la sede de su partido político, en donde criticó duramente el proceso electoral, reiterando los hechos irregulares en cuanto a compra de votos por parte de Maduro y coacción al electorado por parte de militantes del chavismo, razón por la cual desconoció la legitimidad del proceso.
Luis Emilio Rondón, el rector principal del CNE y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, anunció su desconocimiento a los comicios ratificando las denuncias en torno al proceso, destacando los puntos rojos del oficialismo en las cercanías de los centros de votación, el ventajismo que privó desde la convocatoria del proceso en el mes de enero pasado y el uso de recursos del Estado para beneficiar la opción ganadora en el sistema nacional de medios públicos, mencionando que el "proceso ventajista no permitió que los venezolanos permitieran expresarse" y que "estos aspectos vician la voluntad mayoritaria de los venezolanos. Cuando vemos la participación, la mayoría de los venezolanos no se presentaron ni convalidaron este proceso electoral".
Por las redes sociales se rumoreaba que la abstención rondaba el 70 % del registro electoral según cifras extraoficiales; el CNE por su parte, señaló que la participación fue del 46.07 %, proclamando como ganador a Maduro con 67.84 %, equivalente a 6 245 862 de electores que representaría sólo el 32.42 % de todo el registro electoral.
Desde el momento de anunciarse las elecciones a principios de 2018, la comunidad internacional así como organismos internacionales cuestionaron la legitimidad del proceso y lo rechazaron por argumentar que no contaba con garantías electorales mínimas de ser un proceso justo, libre y transparente, agregando que no reconocerían los resultados ni a Maduro como presidente.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también cuestionó la legitimidad del proceso al señalar que no se podía garantizar la transparencia de unas elecciones en un escenario donde hay múltiples violaciones a los derechos humanos.
El 5 de junio de 2018, la OEA, con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, aprobó una resolución donde declara ilegítima la reelección de Maduro e inicia el procedimiento para suspender a Venezuela del organismo. El presidente de la República Argentina, Mauricio Macri anunció que denunciará al gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por hechos de violación a los derechos humanos.
El 19 de febrero de 2018, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, acudió a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio (TSJ en el exilio), para solicitar iniciar un antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro por la comisión de supuestos delitos de corrupción propia y legitimación de capitales relacionados con el caso Odebrecht. Tras casi dos meses de deliberaciones, el 9 de abril de 2018 el TSJ en el exilio determinó que existían suficientes méritos para continuar con el enjuiciamiento formal de Maduro.
El 17 de abril, tras recibir la decisión del TSJ en el exilio, la Asamblea Nacional con 105 votos a favor de la bancada opositora y 2 en contra del chavismo, aprobó la continuidad del juicio solicitado por el TSJ en exilio contra Maduro, lo que dejaría a este último separado del cargo de presidente, según lo establecido en el Artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano.
El 3 de mayo de 2018 el tribunal declaró la suspensión de Maduro como presidente y ordenó su inhabilitación para cualquier otro cargo público. El secretario general de la OEA Luis Almagro reconoció la inhabilitación y suspensión de Maduro como presidente. El partido político Vente Venezuela publicó un comunicado en el que respaldó la decisión del tribunal, sosteniendo que "ratifica que Maduro no puede ser candidato a ninguna elección" y que con esta decisión le corresponde a la Asamblea Nacional iniciar un nuevo proceso “para ocupar ese vacío y avanzar en la restitución del orden democrático en el país”.
El 15 de agosto, el Tribunal Supremo sentenció a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de prisión en la Cárcel de Ramo Verde por los delitos de corrupción que se le imputaron, además de ordenar que pague 35 mil millones de dólares por el daño al patrimonio público del país.
El 16 de septiembre de 2020, la Misión de Investigación de las Naciones Unidas hizo público un informe donde se detalla que, desde 2014, las autoridades venezolanas han hecho constantes violaciones a los Derechos Humanos. Dentro de los crímenes de lesa humanidad por los cuales se acusa al Presidente, Nicolás Maduro, al Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, al Ministro del Interior, Néstor Reverol, a las fuerzas de seguridad y al Sebin, destacan las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura. La presidenta de la Misión de la ONU, Marta Valiñas, aseguró que se trataban de actos coordinados y apoyados por los altos funcionarios del gobierno venezolano.
Parte de la familia de Maduro es de origen judío sefardí tal como se destacó en una reunión entre líderes judíos, el entonces canciller Maduro y el presidente Chávez. Según afirman algunas fuentes, Maduro también fue seguidor del gurú indio Sathya Sai Baba. Sin embargo, Maduro niega estas versiones y se declara católico haciendo referencia a Cristo comparándolo con Chávez en algunos discursos. Según el ministro de relaciones exteriores de Turquía Mevlüt Çavuşoğlu, Nicolás Maduro habría expresado en una reunión en 2018 que algún día podría convertirse al Islam.
Desde el 15 de julio de 2013, está casado con Cilia Flores, seis años mayor, con quien ya tenía una relación de concubinato de muchos años. Flores fue procuradora general de la República y diputada al igual que presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Distrito Capital, Maduro la conoció cuando era la abogada de Hugo Chávez después de la rebelión militar de 1992 y esta gestionara un indulto ante el presidente de ese entonces Rafael Caldera. Nicolás Maduro y Cilia Flores no tuvieron hijos en común; de relaciones anteriores, Flores tiene tres hijos y Maduro uno, Nicolás Ernesto Maduro Guerra; además, hay cuatro nietos (dos del lado de Flores y dos del lado de Maduro); la última nieta se llama nombre Victoria Maduro, bautizada así porque nació en octubre de 2012 cuando se produjo la última victoria electoral del presidente Hugo Chávez.
Durante su juventud, Nicolás Maduro practicó béisbol jugando como tercera base. A la vez participó en diversas organizaciones políticas y sociales.[¿cuál?]
Algunas distinciones recibidas por Maduro:
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