Elecciones presidenciales de Argentina de 1983
Las elecciones presidenciales de Argentina de 1983 se llevaron a cabo el domingo 30 de octubre del mencionado año con el objetivo de volver a la democracia tras la dictadura instalada en 1976, conocida como el Proceso de Reorganización Nacional, y la guerra de las Malvinas del año anterior.
Los comicios se realizaron bajo el texto constitucional impuesto durante la dictadura militar autodenominada Revolución Libertadora, que establecía el sufragio indirecto y un mandato presidencial de seis años sin posibilidad de reelección inmediata.
Triunfó el candidato radical Raúl Alfonsín con un 51.75% del voto popular y 317 votos de los 600 miembros del Colegio Electoral. En segundo lugar resultó el candidato peronista Ítalo Luder, que obtuvo el 40.16 % del voto popular y 259 electores. Los otros dos candidatos más votados fueron Oscar Alende, del Partido Intransigente, con el 2.33 % de los votos, y Rogelio Frigerio, del Movimiento de Integración y Desarrollo, con el 1.19 %, obteniendo ambos dos electores cada uno. Los 20 electores restantes fueron a parar a partidos sin fórmula, que ocuparon el 2.23 % todos juntos. El restante 2.34 % fue a parar a otras candidaturas, que no obtuvieron electores. De todas las elecciones realizadas desde entonces hasta la fecha, estas tuvieron el nivel de polarización más alto entre dos candidatos, con Alfonsín y Lúder acaparando juntos el 91.91 % de los sufragios válidamente emitidos.
Las elecciones de 1983 iniciaron el período más largo de continuidad democrática de la historia argentina, no interrumpido desde entonces. Simultáneamente se eligieron la totalidad de los miembros del Congreso Nacional y al asumir el presidente Alfonsín, se renovaron la totalidad de los miembros de la Corte Suprema. Fue la primera victoria en una elección presidencial obtenida hasta entonces por la Unión Cívica Radical desde 1928 (sin contar los triunfos de candidatos de extracción radical en las elecciones restringidas de 1958 y 1963) y la primera derrota del Partido Justicialista en elecciones libres.
Alfonsín no finalizó el mandato constitucional debido a que "resignó" su cargo cinco meses antes, el 8 de julio de 1989. Alfonsín no fue sucedido por el vicepresidente Víctor Martínez, sino por el presidente sucesor ya electo Carlos Menem, quien completó el mandato de seis años iniciado el 10 de diciembre de 1983, antes de dar inicio el suyo el 10 de diciembre de 1989.
El 24 de marzo de 1976, en medio de la crisis social, política y económica que envolvía al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, se produjo un golpe de Estado —el sexto realizado con éxito desde el golpe de 1930— que depuso a la Presidenta, disolvió el Congreso y lo reemplazó con una Junta Militar. Si bien desde 1930 los golpes de estado ocurrían regularmente en la Argentina del siglo XX, a partir de la década de 1960 los golpes de Estado en Argentina formaron parte de un cuadro subregional y regional más amplio, de golpes militares generalizados en Sudamérica y América Latina, en la mayoría de los casos apoyados o promovidos por Estados Unidos, a partir de las operaciones de la Escuela de las Américas con base en Panamá y la doctrina de la seguridad nacional. Legitimada por la doctrina de los gobiernos de facto de 1930, la nueva dictadura se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional e impuso a Jorge Rafael Videla, quien también era miembro de la Junta Militar, como presidente de la Nación. Durante el "Proceso", se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos, con un estimado de 30 000 desapariciones forzadas, según el propio Videla.
Por otro lado, el gobierno militar se caracterizó por la continuidad de la debilitación económica iniciada durante el gobierno peronista. Los militares dejaron el manejo de la economía en manos de José Alfredo Martínez de Hoz, quien mantendría el puesto hasta el fin del gobierno de Videla, el 29 de marzo de 1981. Martínez de Hoz siguió los, en ese momento, nuevos lineamientos económicos de la Escuela de Chicago (genéricamente incluida en el concepto de neoliberalismo), que habían sido implementados por primera vez por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, instalada en 1973. El resultado combinado de las políticas económicas internas y la situación financiera internacional de abundantes capitales buscando plazas de inversión, impulsó un nivel de endeudamiento récord. La deuda externa, que fue producto, incluso, de la estatización de deuda externa privada, se elevó de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983.
El 2 de abril de 1982, el gobierno militar, en ese entonces encabezado por Leopoldo Fortunato Galtieri, inició la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido, que tenía como finalidad recuperar para la Argentina los territorios del Atlántico Sur sobre los cuales reclamaba su soberanía desde su ocupación por el Reino Unido en 1833. El resultado de la guerra, que duró más de dos meses, fue la muerte de unos 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños, y terminó con la rendición Argentina el 14 de junio y el retorno de las islas al control del Reino Unido. El 18 de junio de 1982, tan solo cuatro días después, la Junta exigió la dimisión de Galtieri tras el fracaso bélico, prácticamente haciendo colapsar a la dictadura militar. En contra de los deseos de gran parte de la cúpula militar, Reynaldo Bignone fue nombrado sucesor de Galtieri, siendo el único Presidente de facto del Proceso que no integró la Junta que lo designó. Bignone anunció entonces que llevaría a cabo una transición democrática, con elecciones programadas para finales de 1983, y que esta culminaría con un traspaso de poder organizado en marzo de 1984.
Heredando una economía que luchaba bajo aplastantes tasas de interés impuestas por la Circular 1050 del Banco Central, el nuevo presidente de la institución, Domingo Cavallo, rescindió la política en julio, iniciándose un movimiento hacia la liberalización económica, que fue complementado por Bignone restaurando un derecho limitado de reunión y libertad de expresión. Esto se realizó como consecuencia de la enorme presión que ejercían la gran cantidad de partidos políticos para una rápida transición, agrupados en la Multipartidaria establecida por Ricardo Balbín, líder de la Unión Cívica Radical, en 1981. Seis años de congelación intermitente de salarios, políticas adversas a la industria y medidas restrictivas como la Circular 1050 habían dejado el PIB per cápita en su nivel más bajo desde 1968 y los salarios reales en torno al 40%. Ante estas condiciones, el retorno de algunas libertades condujo rápidamente a una ola de huelgas, incluyendo dos paros generales dirigidos por Saúl Ubaldini de la federación sindical CGT (la más grande de América del Sur). La reacción de los sectores más duros del régimen llevaron al General Jorge Anaya a anunciar que presentaría su candidatura a la Presidencia, en medio de las burlas hacia su persona por medio del cántico Anaya canalla, idea que fue rápidamente frustrada por Bignone.
Las manifestaciones exigiendo el adelantamiento de las elecciones no se hicieron esperar, y la policía reprimió severamente una protesta en la Plaza de Mayo el 16 de diciembre de 1982, lo que resultó en la muerte de un manifestante y las esperanzas de Bignone de posponer indefinidamente los comicios. El régimen empezó a prepararse para la transición triturando evidencias la desaparición del estimado de 30.000 disidentes (la mayoría de los cuales eran estudiantes, académicos y sindicalistas no involucrados en la violencia que sufrió Argentina entre 1973 y 1976). Sin embargo, en febrero de 1983, el jefe de la policía de Buenos Aires, Ramón Camps, reconoció públicamente los crímenes y afirmó que los "desaparecidos" estaban, de hecho, muertos. La entrevista de Camps, que provocó la indignación general, obligó a Bignone a dejar de negar la tragedia y, el 28 de abril, decretó la ley de autoamnistía N.º 22.924 para todos los implicados (incluido él mismo). El gobierno militar dictó un nuevo estatuto para los partidos políticos y hubo una afiliación masiva de ciudadanos que iba más allá de las limitaciones los partidos políticos y de la mayoría de sus dirigentes, muchos de ellos con ideas obsoletas o con una imagen políticamente inadecuada para un proceso democrático, tolerante y respetuoso de los derechos.
Las reglas electorales fundamentales que rigieron la elección presidencial fueron establecidas en el texto constitucional entonces vigente (Reforma constitucional 1957) y la Ley N.º 22 847 de 1983, sancionada por el dictador Reynaldo Bignone "en uso de las atribuciones conferidas el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional". En las elecciones de 1983 no se utilizaron las normas electorales de rango constitucional que habían sido aplicadas en las elecciones de marzo de 1973 y septiembre de 1973, establecidas en el Estatuto Fundamental Temporario de 1972 (voto directo y balotaje), debido a que el mismo había caducado en 1981.
Las principales reglas electorales para la elección presidencial fueron:
Tras la muerte de Ricardo Balbín, en septiembre de 1981, la Línea Nacional, sector interno del partido que este lideraba, perdió peso ante otra corriente interna, el Movimiento de Renovación y Cambio, liderado por Raúl Alfonsín. Con un discurso progresista y socialdemócrata, Alfonsín estaba entre las primeras figuras políticas prominentes que condenaron la autoamnistía presentada por el gobierno militar. Ante el llamado a elecciones, se realizaría una elección primaria el 14 de agosto de 1983 entre Alfonsín, representante del sector renovador, y Fernando de la Rúa, quien fuera compañero de fórmula de Balbín en las elecciones de septiembre de 1973, en representación del balbinismo. Alfonsín contaba con una larga trayectoria en la lucha por los derechos humanos durante la dictadura, mientras que De la Rúa era una de las figuras más prominentes del radicalismo dentro del plano político, principalmente el electoral, habiendo sido el único candidato radical en los comicios legislativos de marzo de 1973 en derrotar a su contrincante peronista en la elección al Senado Nacional.
El 17 de julio, un mes antes de la primaria presidencial, tuvieron lugar elecciones de renovación parcial de autoridades partidarias, exceptuando los distritos de Chaco, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy. En las internas que tuvieron lugar ese día, el Movimiento de Renovación y Cambio se impuso por abrumador margen ante la Línea Nacional, al punto que el balbinismo no obtuvo los suficientes votos para conservar representación por la minoría en la Convención de la provincia de Buenos Aires. La impugnación de una mesa en la localidad de Florencio Varela, única irregularidad de importancia registrada en la jornada, no alteró el resultado final. La interna parcial dejó a Alfonsín como virtual presidente electo del partido, con el favor asegurado de 57 delegados sobre 95, aun cuando todavía no estuvieran elegidos todos. Tres días más tarde, el 20 de julio, De la Rúa declaró que no admitir que Alfonsín ganaría las primarias sería negar la realidad y que fragmentar el partido favorecería al peronismo en las elecciones presidenciales, por lo que retiró su precandidatura.
Ante la sorpresiva retirada de De la Rúa, que fue elogiada por varios dirigentes radicales, entre ellos el presidente saliente del partido, Carlos Raúl Contín, Alfonsín negoció con él que la fórmula presidencial radical fuese proclamada antes del 14 de agosto, a fin de comenzar la campaña electoral con más tiempo, y previó un triunfo sobre el peronismo en las elecciones en un discurso en su pueblo natal, Chascomús. Su compañero de fórmula sería Víctor Hipólito Martínez, una figura ligeramente más conservadora que en había sido candidato a gobernador de Córdoba en 1973, siendo uno de los candidatos radicales más exitosos en las elecciones provinciales de ese año. De la Rúa, por su parte, fue de nuevo primer candidato a Senador Nacional por Capital Federal, elección que ganaría por un margen aplastante.
El partido gobernante antes del golpe y principal rival de la UCR, el Partido Justicialista (PJ), no había perdido una elección libre desde su fundación en 1947, pero se encontraba muy debilitado y sufría una crisis de popularidad por el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Además de esto debió sortear una crisis interna a la hora de buscar candidatos no solo en las elecciones presidenciales, sino también para las elecciones provinciales y legislativas. A partir del derrocamiento de Perón en 1955 el Partido Justicialista se convirtió en un partido de base sindical de facto ya que las organizaciones gremiales eran el único instrumento político disponible para el peronismo, con lo cual los políticos y activistas dependían en gran medida de los sindicatos. Después de la muerte de Perón, y ante la carencia del PJ de una estructura territorial estable o de una cantidad importante de dirigentes con bases de apoyo independientes, los sindicatos estuvieron en una posición privilegiada para hacerse cargo de la conducción, máxime después de su participación en la destitución de José López Rega, lo que se evidenció con la virtual imposición de las 62 Organizaciones en las designaciones de Antonio Cafiero como ministro de Economía y de Carlos Ruckauf como ministro de Trabajo.
Durante la dictadura militar, con la actividad política prohibida y muchos dirigentes presos o exiliados, los sindicatos fueron centros de la actividad política peronista y de refugio de políticos a los que proporcionaban empleo, como fue el caso de Eduardo Duhalde, Antonio Cafiero, Vicente Joga, Rubén Marín, José María Vernet, Carlos Ruckauf y una docena de legisladores. Los sindicatos aportaban el uso de sus locales, imprimían propaganda partidaria y contribuían con activistas. Estaban en condiciones de mantener contacto con sus afiliados y, gracias a su relación con los empresarios, intervenían activamente en la recolección de aportes para la campaña electoral.
Tras las conferencias que duraron dos meses después de que la UCR designara a Alfonsín, el ala izquierda de los Justicialistas (el blanco de gran parte de la represión antes y después del golpe de 1976) resultó poco compatible con la influencia de la CGT dentro del partido. Ante la declinación de Antonio Cafiero por la derrota en las internas ante Herminio Iglesias en la populosa provincia de Buenos Aires, se escogió a los contrarios ideológicos Ítalo Lúder, que había sido presidente interino durante la licencia por enfermedad de Isabel Perón en septiembre de 1975, como candidato a presidente, y al exgobernador de la provincia de Chaco, Deolindo Felipe Bittel, como su compañero de fórmula; mientras que Lúder había autorizado la represión violenta contra la izquierda por parte de la Triple A en 1975, Bittel era un populista famoso por su defensa del Habeas Corpus durante la dictadura subsiguiente.
Pese a la diferencia entre ambos candidatos, la candidatura justicialista fue apoyada por varios grupos de izquierda, que presentaron solo candidaturas gubernatoriales y legislativas, apoyando a Lúder en la elección presidencial, siendo el más destacado el Partido Comunista, seguido por la coalición Convergencia para la Liberación Nacional (COLINA), y posteriormente por el Partido del Trabajo y del Pueblo y el Partido Comunista Revolucionario, estos dos últimos considerados de carácter maoísta.
Emilio Eduardo Massera, exmiembro de la primera junta militar, trató de presentarse a la contienda a través de su Partido para la Democracia Social pero fue imposibilitado debido su detención por el Juez Federal Oscar Mario Salvi por la presunta participación en la desaparición del empresario Fernando Branca.
Unión Cívica Radical
Partido Justicialista
Partido Intransigente
Movimiento de Integración y Desarrollo
Alianza Federal
Unión del Centro Democrático
Partido Demócrata Cristiano
Movimiento al Socialismo
Partido Socialista Popular
Frente de Izquierda Popular
Partido Obrero
Unión Cívica Radical
Partido Justicialista
Partido Intransigente
Movimiento de Integración y Desarrollo
Alianza Federal
Unión del Centro Democrático
Alianza Demócrata Socialista
Partido Demócrata Cristiano
Movimiento al Socialismo
Partido Socialista Popular
Frente de Izquierda Popular
Partido Obrero
La elección se caracterizó por la ausencia de encuestas electorales que se pudieran considerar fiables. Dado que en el país no había todavía encuestadoras oficiales, la mayoría de los sondeos de opinión publicados entre agosto y octubre de 1983 se encontraban signados por profundas manipulaciones, en su mayoría en favor del candidato apoyado por las determinadas publicaciones. Lo único en lo que coincidieron plenamente era en que la elección estaba polarizada entre Ítalo Lúder y Raúl Alfonsín. Incluso aquellas encuestas publicadas por el peronismo coincidían en que la candidatura de Alfonsín suponía un desafío nunca antes visto para el PJ, pues en ninguna la diferencia fue superior a los seis puntos.
La campaña electoral de Alfonsín se caracterizó por renovar los canales de la comunicación política en la Argentina. Ocho meses antes de la elección, Alfonsín contrató al publicista David Ratto para dirigir su campaña. Por entonces los partidos políticos argentinos solían restar importancia a la publicidad como método para lograr adhesión electoral y solía ser realizada por los propios dirigentes políticos. Contrarrestado por el tiempo, Alfonsín centró su estrategia de campaña en acusar a los justicialistas, que se habían negado a condenar la amnistía militar de Bignone, de disfrutar del apoyo tácito del dictador. Alfonsín disfrutó del valioso apoyo de varios intelectuales y artistas argentinos, entre ellos el dramaturgo Carlos Gorostiza, que ideó el lema del candidato de la UCR, «Ahora, Alfonsín». El equipo publicitario decidió personalizar la campaña, centrándola en la imagen del candidato y resaltando sus cualidades naturales. Destacaron, además del «Ahora, Alfonsín», otros lemas como «Juntos para que Argentina gane» y «El hombre que hace falta» o la imagen de un escudo con los colores de la bandera argentina y las iniciales «RA», correspondientes tanto a Raúl Alfonsín como a República Argentina. También fue importante el «saludo de Alfonsín», con la forma de un «abrazo a la distancia», que surgió del gesto que el propio Alfonsín tuvo en un acto en el Luna Park el 7 de diciembre de 1982, al juntar ambas manos junto a su cabeza.
Lúder, por su parte, consciente de las tensiones intrapartidarias, limitó sus anuncios de campaña y retórica en gran parte a una evocación del fundador del Partido Justicialista, el fallecido Juan Domingo Perón. Su campaña fue considerada por historiadores como Luis Alberto Romero como "falta de convicción", destacando un incidente en el que el candidato a vicepresidente, Deolindo Bittel, durante un discurso público en el que hacía referencias a elegir entre "dependencia o liberación", se confundió y afirmó que el justicialismo optaría por la dependencia. La campaña peronista sufrió varias modificaciones a medida que el apoyo a Alfonsín crecía entre el electorado, dividiéndose entre quienes consideraban preferible personalizar la campaña en torno a Lúder y quienes preferían limitarse a defender los votos tradicionales del peronismo.
El candidato del Partido Intransigente, Oscar Alende, fue el único líder partidario que rechazó el diálogo entre los partidos políticos y la dictadura. Fuerte opositor a la autoamnistía militar, Alende se comprometió a enjuiciar a todos los militares que habían cometido violaciones a los derechos humanos, sin adjudicar niveles de responsabilidad. Al mismo tiempo, sus discursos se basaban en un rechazo casi absoluto a la deuda externa contraída por el régimen de facto, declarando fervientemente que dicha deuda era ilegal y que el gobierno electo no debía pagarla.
El conservador Francisco Manrique, que había sido el tercer candidato más votado en las elecciones presidenciales de marzo y septiembre de 1973, y que de hecho había sido el tercer candidato (no peronista ni radical) más exitoso hasta el momento, se presentaba nuevamente como candidato de la Alianza Federal, sucesora de su anterior coalición, la Alianza Popular Federalista. Entre sus propuestas, muy similares a las que había presentado en 1973, se encontraba liberalizar la economía y otorgar mayor autonomía a las provincias. Sin embargo, la popularidad de dicha alianza se veía minada por su apoyo a la dictadura, con la figura más grande de la Alianza, la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO), habiendo afirmado en 1981 que su propósito era servir como partido de la dictadura militar. Las fracturas que sufrió la FUFEPO como consecuencia de sus alianzas distritales con otros partidos también fue un problema para la Alianza Federal, y para el propio candidato.
Otro candidato conservador destacado fue Álvaro Alsogaray, de la Unión del Centro Democrático, que había conformado una coalición conocida como Confederación Nacional de Centro, solo pudo realizar pequeñas alianzas a nivel distrital, y como consecuencia el conservadurismo se vio dividido en estas elecciones, además de estar muy deslegitimado debido a que varios de sus principales dirigentes habían sido funcionarios o aliados de los sucesivos gobiernos militares.
El 26 de octubre de 1983, tan solo cuatro días antes de las elecciones, la Unión Cívica Radical convocó a un masivo acto de cierre de campaña en la Avenida 9 de Julio, la calle más ancha de Buenos Aires. Al momento de la convocatoria, seguía extendida en los medios y en la población la idea de que el justicialismo ganaría las elecciones, pero el acto de cierre del radicalismo fue considerado sorpresivamente exitoso por el altísimo número de asistentes. A día de hoy, las cifras varían según los medios y las fuentes, pero se estima que asistieron entre 500.000 y 1.500.000 personas, siendo esta última la cifra estimada por los propios organizadores. Alfonsín dio un discurso llamando a la tolerancia, la no violencia y resaltando los valores de la libertad y la democracia, finalizándolo al recitar parte del Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina, que el candidato describió como una suerte de "rezo laico".
En contraste con la campaña pacífica impulsada por Alfonsín, dos días antes de los comicios y en respuesta al concurrido acto radical, el Partido Justicialista realizó otro acto masivo para el cierre de su campaña, de concurrencia similar al del radicalismo y en el que Lúder estuvo presente. Durante el mismo el candidato justicialista a Gobernador de la importante provincia de Buenos Aires (que era la más poblada del país y albergaba al 38% del electorado), Herminio Iglesias, prendió fuego un ataúd con las siglas de la UCR y una corona mortuoria en presencia de aproximadamente medio millón de asistentes y ante la mirada de millones de personas que lo veían por televisión. Esto, sumado a las sospechas de un apoyo no declarado de Lúder a la autoamnistía militar, generó en gran parte de la población recuerdos amargos del gobierno de Isabel Perón y la violencia contra la izquierda, y fue considerado posteriormente como un posible aliciente para la victoria de la UCR en las elecciones nacionales. Sin embargo, a día de hoy, la mayoría de los analistas políticos consideran que Alfonsín habría triunfado de todas formas, aunque se cree que las acciones de Iglesias contribuyeron a lo aplastante de su triunfo.
La noche del 29 de octubre, durante la veda electoral y pocas horas antes de los comicios, el presidente de facto Bignone emitió un último mensaje en Cadena Nacional en el que declaró: "Las elecciones generales que se llevarán a cabo en pocas horas más entrañan un verdadero desafío cívico que la Historia nos plantea a todos los argentinos. Que las raíces de la democracia sean cada vez más sólidas y profundas en nuestra sociedad" y afirmó que los comicios se realizarían alejados de "toda sospecha de parcialidad o favoritismo hacia los protagonistas de nuestro futuro institucional, los partidos políticos".
La elección resultó en un triunfo amplio y sorpresivo para la fórmula Alfonsín-Martínez, de la Unión Cívica Radical, que obtuvo el 51,75% de los votos positivos y una mayoría absoluta de 317 electores, garantizándose la consagración de Alfonsín como presidente en el Colegio Electoral sin necesidad de pactar con otras fuerzas políticas. La fórmula Luder-Bittel, del Partido Justicialista, se ubicó en el segundo puesto con el 40,16% de los votos y 259 electores. La UCR venció en las elecciones presidenciales en dieciséis de los veinticuatro distritos electorales, incluyendo en la crucial provincia de Buenos Aires, depositaria del 38% del electorado, donde obtuvo una diferencia abrumadora y contribuyó a la elección como gobernador de Alejandro Armendáriz. Se impuso también en la Capital Federal, Catamarca, Córdoba, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, y el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (este último que eligió por primera vez presidente mediante el sistema indirecto). La hegemonía justicialista se limitó en general al extremo norte del país, imponiéndose Luder en Chaco (provincia natal de Bittel), Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, y la sureña Santa Cruz, único distrito del sur donde no se impuso el radicalismo.
Incluso teniendo en cuenta la expansión del electorado por el paso del tiempo (diez años desde la anterior elección con 3.625.911 votantes nuevos desde septiembre de 1973), el viraje a favor del radicalismo en detrimento del peronismo fue notorio: Alfonsín obtuvo 4.818.840 votos más que Ricardo Balbín en septiembre de 1973, y un crecimiento porcentual del 27,33%, mientras que Luder sufrió una pérdida de 1.363.737 de votos más una caída porcentual de 21,69% con respecto al resultado logrado por Juan Domingo Perón. La desaparición fáctica de una formación conservadora coherente como la Alianza Popular Federalista (que obtuvo el 12,19% en septiembre de 1973) pudo jugar también a favor de Alfonsín. Numerosos análisis históricos posteriores en general coinciden en que los nuevos votos para el alfonsinismo, además del electorado de clase media tradicionalmente radical, pudieron provenir tanto de ciudadanos jóvenes (muchos de los cuales votaban por primera vez), como de peronistas descontentos, así como de antiperonistas conservadores que lo consideraban el único candidato capaz de derrotar al PJ.
En general, se consideró a la derrota justicialista como una anomalía y muchos de los hitos electorales marcados por la victoria de Alfonsín no se han vuelto a repetir, sobre todo en el plano provincial. Fue la última vez que un candidato no peronista se impuso en Misiones, y lo más cerca que ha estado un postulante ajeno al PJ de triunfar en Santiago del Estero (con 7,96 puntos de diferencia), y que estaría de hacerlo en La Rioja hasta la victoria de Mauricio Macri en la segunda vuelta de 2015. El radicalismo obtuvo su mejor resultado en la Capital Federal con un 64,26% y el más bajo en la provincia de Corrientes con un 33,84% (a pesar de que de todas formas también se impuso allí por la presencia de los partidos Autonomista y Liberal, que generaron una competencia a cuatro bandas), mientras que el justicialismo obtuvo su mayor victoria en la La Rioja (provincia natal de Isabel Perón y de donde provendría el siguiente presidente por el partido, Carlos Menem) con un 55,52% y su peor resultado fue en Neuquén, con un 22,20%.
La elección fue casi completamente polarizada, acaparando el radicalismo y el peronismo un 91,91% de los votos positivos, y destruyendo las expectativas de las terceras fuerzas. La mayor polarización se registró en Misiones, con el PJ y la UCR recogiendo el 97,35% de los votos y con una diferencia entre ambos de menos de dos puntos porcentuales, mientras que la menor polarización fue en Corrientes con un 62,22%. El Partido Intransigente, que en marzo de 1973 había obtenido el 7,43% de los votos en alianza con otros partidos y también con Alende como candidato, vio reducido su alcance al 2,33%, si bien logró llegar a un tercer puesto por el desplome del conservadurismo, y obtuvo solo dos electores por Capital Federal. El Movimiento de Integración y Desarrollo, que presentaba a Rogelio Julio Frigerio, se ubicó en el cuarto puesto con el 1,19% y obtuvo también dos electores en la provincia de Formosa. En general, el MID obtuvo mejores resultados electorales que el PI a nivel provincial, obteniendo representación parlamentaria en varias legislaturas provinciales, la mayoría en distritos de pequeño tamaño.
Fuera de Alende y Frigerio, ninguna otra formación con fórmula presidencial definida fuera del PJ y la UCR obtuvo electores y las 20 bancas restantes en el cuerpo se repartieron entre fuerzas de alcance provincial, la mayoría antiguas escisiones del radicalismo (el Movimiento Federalista Pampeano con dos electores, el Movimiento Popular Jujeño con dos y el Partido Bloquista de San Juan con cuatro) y el peronismo (el Movimiento Popular Neuquino con cuatro electores, y el Partido Tres Banderas de Santiago del Estero con un elector). Con su imagen pública muy afectada por lo sucesos ocurridos durante la dictadura militar, y la relación que muchos de sus dirigentes políticos tenían con ella, la derecha y la centroderecha conservadora vieron su caudal electoral diezmado ante el giro bipartidista del electorado, siendo el espacio político más afectado por el crecimiento electoral del radicalismo. Además de haberse visto dividido en tres candidaturas distintas (Francisco Manrique por la Alianza Federal, Álvaro Alsogaray por la Confederación Nacional de Centro, y Rafael Martínez Raymonda por la alianza Demócrata-Socialista), ninguno de los postulantes conservadores superó el punto porcentual de votos ni obtuvo representación en el Colegio Electoral. Solo dos fuerzas de carácter derechista, el Partido Renovador de Salta del exgobernador de facto Roberto Ulloa, y el Pacto Autonomista - Liberal de Corrientes, ninguno de los cuales presentaba un candidato presidencial, estuvieron representadas.
La izquierda política, que había sufrido numerosas pérdidas materiales y humanas durante la dictadura, también vio reducida su presencia electoral, de por sí muy pequeña en Argentina por el acaparamiento del peronismo de la mayor parte del voto obrero, al que se le sumó la llegada de Alfonsín, cuyo proyecto socialdemócrata atrajo muchos apoyos de la clase media urbana del país. Se vio también afectada por la división, con cuatro candidatos (Luis Zamora del Movimiento al Socialismo, Guillermo Estévez Boero del Partido Socialista Popular, Jorge Abelardo Ramos del Frente de Izquierda Popular, y Gregorio Flores del Partido Obrero), ninguno de los cuales tuvo un buen desempeño. Influyó también el cambio del sistema electoral directo por uno indirecto, pues muchas formaciones no tuvieron los recursos para presentar candidaturas en todo el país. Los cuatro postulantes juntos obtuvieron únicamente el 0,61% de los votos. El FIP, que apoyando la candidatura de Perón en septiembre de 1973 había sumado 889.727 adhesiones (7,48%), redujo su caudal a 14.093 votos (0,10%). La otra formación nacional que presentó una fórmula fue el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que no presentaba un candidato presidencial propio desde 1963, y postuló a Francisco Eduardo Cerro (su candidato a vicepresidente en la elección previamente mencionada), que obtuvo solo el 0,31% de los votos.
Los colegios electorales se reunieron el 28 de noviembre de 1983, en cada una de las capitales provinciales y en la Ciudad de Buenos Aires, proclamando ganadores a Raúl Alfonsín y Víctor Martínez. El 7 de diciembre de 1983 la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados y el Senado, dio la aprobación definitiva de las elecciones.
La mayoría de los gobiernos latinoamericanos aclamaron la restauración democrática en Argentina, y felicitaron a Alfonsín por su victoria, mientras que los países aún gobernados por dictaduras militares guardaron silencio. El presidente de Brasil, Joao Baptista da Oliveira Figueiredo, quien dirigía la transición hacia un gobierno civil en su propio país, declaró: "la amistad entre el pueblo brasileño y argentino será aún más fuerte y la cooperación entre nuestros países se intensificará". La dictadura militar de Augusto Pinochet, en Chile, que mantenía una disputa territorial con Argentina por el Canal Beagle, no se pronunció con respecto a los comicios, pero la Alianza Democrática opositora al régimen felicitó a Alfonsín, afirmando "la felicidad de los amigos demócratas en Chile por el regreso de Argentina a la democracia". El régimen de Alfredo Stroessner en Paraguay también guardó silencio. El presidente colombiano Belisario Betancur dijo que "la elección de Alfonsín acercó a América Latina al gran propósito de nuestros libertadores, en el sentido de afirmar la soberanía y el progreso material e intelectual de nuestras naciones". El presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, afirmó su deseo de que las elecciones argentinas fueran un buen augurio para la democracia en la región. Fernando Belaúnde Terry, presidente de Perú, dijo que esperaba que Argentina se recuperara "económica y democráticamente". El vicepresidente de los Estados Unidos, George H. W. Bush, que envió una delegación a presenciar la asunción de Alfonsín el 10 de diciembre, aclamó al presidente como "un líder capaz y campeón del estado de derecho" y afirmó que su delegación se sintió conmovida por la efusividad del pueblo argentino hacia la restauración democrática.
La victoria de Alfonsín produjo un estado de tensión momentáneo. La conducción del Partido Justicialista se negó a conceder entrevistas durante los primeros días posteriores a la elección, sorprendidos por una derrota que la mayoría de los dirigentes consideraba imposible. El periódico español El País publicó en una nota que la derrota justicialista era un "punto oscuro" para la situación política argentina, afirmando que: «nadie sabe cómo reaccionan los peronistas a una derrota, porque jamás han sido derrotados». Lúder, sin embargo, mantuvo una actitud conciliadora, reconoció la victoria radical y felicitó a Alfonsín, comprometiéndose a colaborar con la normalización política del país y con el mejoramiento de la situación económica. Se realizaron algunas suposiciones mediáticas con respecto al futuro gabinete radical, sonando entre los nombres el del expresidente Arturo Frondizi, el diputado electo Juan Carlos Pugliese, y Antonio Tróccoli.
Originalmente, la dictadura había dispuesto que entregaría el poder al gobierno electo el 25 de mayo de 1984, más de siete meses después de las elecciones. El objetivo del régimen era disponer de tiempo suficiente para negociar con el gobierno electo y asegurar la impunidad para la cúpula militar por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Durante la campaña, la junta militar llegó a la conclusión de que el período de tiempo entre las elecciones y el traspaso de mando era demasiado largo como para ser cumplido en la práctica y fijaron el 30 de enero como nueva fecha. Sin embargo, confirmada la victoria de Alfonsín, la situación se hizo cada vez más insostenible para el régimen, y la posibilidad de que este llegara en el poder a la fecha establecida era considerada remota. A lo largo del año la situación económica del país había empeorado visiblemente en modo inmanejable, y el gobierno de facto sufría un abrumador desprestigio público por la derrota bélica de 1982 y las violaciones a los derechos humanos, produciéndose numerosas protestas sociales. El 2 de noviembre, dos días después de su triunfo, Alfonsín instó públicamente a la dictadura que adelantaran «en la medida de lo posible» la asunción del nuevo gobierno.
Enrique García Vázquez, que Alfonsín pensaba poner a cargo del Banco Central, se reunió con el presidente saliente, Julio González del Solar, y se puso al corriente de una masiva deuda externa con reservas insuficientes para sustentarla. Alfonsín respondió a esto exigiendo a Bignone que adelantara la entrega de mando. El 16 de noviembre, la junta militar promulgó una modificación a la ley electoral, fijando el 10 de diciembre como fecha de asunción de las autoridades electas. La fecha había sido elegida por el propio Alfonsín por ser el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Ese mismo día, Alfonsín asumió como presidente de la Nación, recibiendo el bastón de mando y la banda presidencial de manos de Bignone, que abandonó la Casa Rosada por la entrada trasera para evadir a los manifestantes que se encontraban fuera del recinto. Desde 2007, el día de la jura de las autoridades electas se conmemora como "Día de la Restauración de la Democracia".
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