Los casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero de la Iglesia católica hacen referencia a una serie de condenas, juicios e investigaciones sobre casos y crímenes de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes y miembros del clero católico en contra de menores de edad, que van desde los 3 años, e involucran, en la mayoría de los casos, a niños y adolescentes de entre 11 y 14 años de edad. Estos crímenes pueden incluir sexo anal y/o penetración oral. Los casos han sido documentados y denunciados ante las autoridades civiles de varios países, resultando en la persecución de los pederastas y demandas civiles contra las diócesis de la Iglesia católica. Muchos de los casos salen a la luz pública varias décadas después de los hechos. Las demandas ante las autoridades han sido hechas también contra la jerarquía católica, quien en muchas ocasiones obstaculiza las investigaciones, además de no reportar y de hecho encubrir a los sacerdotes pederastas, trasladándolos de las parroquias para evitar su detención y juicio.
A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha incrementado el número de denuncias por abuso sexual infantil en todas sus variedades por parte de religiosos católicos. En los últimos años, han cobrado relevancia los casos de Irlanda, Estados Unidos, Alemania y Chile, donde las autoridades locales han encontrado culpables a sacerdotes de cientos de acusaciones de pedofilia. El escándalo ha alcanzado a congregaciones como la Legión de Cristo; ocasionó la renuncia de los obispos irlandeses de Cloyne, John Magee, y de la diócesis de Kildare y Leighlin, James Moriarty, quienes reconocieron haber sido negligentes ante las denuncias de pedofilia por sacerdotes en sus diócesis; y ha llevado a la cárcel a varios sacerdotes católicos. En abril de 2010, Roger Joseph Vangheluwe dimitió como obispo de Brujas por haber abusado sexualmente de un joven cuando era sacerdote y al comienzo de su episcopado. Organizaciones de víctimas de pedofilia han señalado que los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I tienen algún grado de responsabilidad al haber encubierto abusos, o bien omitido las denuncias.
La Santa Sede, por la voz de Benedicto XVI, ha condenado la pedofilia y reconocido los casos que han llevado al escándalo por esta causa en los últimos años de la primera década del siglo XXI. A través de un comunicado dirigido a los católicos de Irlanda, el máximo jerarca católico ha reconocido la actuación "insuficiente" de la Santa Sede en los casos de pedofilia denunciados y reconoció que se trataba de actos criminales que dañaron a las víctimas y han dañado la imagen de la Iglesia en el mundo; actos por los cuales los sacerdotes "deberán responder —dijo el papa— ante Dios y los tribunales debidamente constituidos".
El papa Benedicto XVI ha reconocido públicamente los casos de pedofilia cometidos por sacerdotes, ha pedido perdón a las víctimas y sostenido que los culpables deben responder ante los tribunales. Así mismo, el papa Francisco publicó una carta dirigida «al Pueblo de Dios» el 20 de agosto de 2018 en la que condena los abusos sexuales cometidos por los sacerdotes. El director de la Oficina de prensa de la Santa Sede indicaba que el papa Francisco dice que se necesita urgentemente que los culpables rindan cuentas, no solo los que cometieron esos crímenes, sino también aquellos que los cubrieron. Lo cual en muchos casos incluye a los obispos. Además de hacer un llamamiento a toda la Iglesia Católica para que se adopten las medidas de protección necesarias en todas las instituciones; y, así mismo, que el texto del papa «es para Irlanda, para Estados Unidos, es para Chile, pero también para el resto de fieles que conforman el pueblo de Dios.»
Sin embargo, a juicio de las organizaciones de sobrevivientes de abuso eclesiástico no se han producido avances significativos en el encubrimiento de estos crímenes, desde la curia vaticana y el propio papa Francisco.
A finales de la década de 1990 comenzaron a salir a la luz denuncias contra sacerdotes y religiosos católicos, principalmente en Estados Unidos y Australia, acusados de abusos sexuales a menores, cometidos durante la segunda mitad del siglo pasado. Más de un centenar de miembros de la Iglesia católica australiana han sido condenados por abusar sexualmente de un millar de víctimas, según la organización Broken Rites.
El papa Benedicto XVI ha condenado reiteradamente estas prácticas, subrayando que "sacerdocio y pedofilia son incompatibles".
Según Philip Jenkins —profesor de Historia y Estudios Religiosos en la Universidad de Pensilvania— en su libro Pedophiles and Priests, el 99,7 % de los sacerdotes católicos nunca se han visto implicados en este tipo de comportamientos delictivos y no existe evidencia de que la pedofilia sea más común entre el clero católico que entre los ministros protestantes, los líderes judíos, los médicos o miembros de cualquier otra institución en la que los adultos ocupen posiciones de autoridad sobre los niños. Sin embargo, estudios como el difundido en 2017 por la Comisión Especial que investigó la pederastia en Australia desde la década de 1920 en dicho país o los publicados en 2021 por la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia de Francia y por la Comisión estatal contra la pedofilia de Polonia, respectivamente, concluyeron que los niños sufrían o eran más propensos a sufrir abusos en los entornos de la Iglesia católica que en las escuelas estatales o en los campamentos de verano, o en cualquier otro entorno fuera de la familia; el estudio polaco, que recoge datos de abusos sexuales desde 2020, incluso especifica que el colectivo social con mayor prevalencia de implicados en abusos sexuales a menores es la Iglesia, con un 30 % del total de abusos a menores en Polonia cometidos por religiosos católicos.
Además, el valor de las estadísticas es relativo en este caso, puesto que el método estadístico solo puede basarse en casos declarados. Sin embargo, el fenómeno de abuso tiende a ser silenciado debido al carácter culpabilizante que tiene para el que lo comete, y al carácter vergonzante que tiene para el que lo padece. Por lo tanto los estudios de Jenkins, si bien han de ser tenidos en cuenta, son necesariamente relativos. Otros estudios también ven pocas razones para concluir que el abuso sexual es principalmente una cuestión católica, sino un problema social mayor donde lo que sí tienen en común todos los agresores, es que la mayoría poseen lazos preexistentes con sus víctimas: miembros de la familia u otros del círculo de confianza de la víctima.
Asimismo, un informe de la BBC de 2004, declara que en los Estados Unidos el 4 % del clero católico de ese país ha estado implicado en prácticas sexuales con menores, en número aproximado de 4000 sacerdotes durante los últimos 50 años aunque solo entre el 5 y el 10 % de las víctimas denuncia el caso, según Barbara Blaine, presidenta de la Red de sobrevivientes de abusados por sacerdotes (SNAP) de los EE. UU.
La mayoría de los casos se presentaron en seminarios sacerdotales, escuelas y orfanatos en donde niños y adolescentes estaban bajo el cuidado del clero. La publicación de numerosos escándalos creó una fuerte crítica hacia la jerarquía de la Iglesia, especialmente por la actitud que algunos obispos y superiores religiosos asumieron frente a las evidencias del hecho, limitándose a llamadas de atención privadas y el traslado del infractor a otros sitios, mientras se guardaba una indiferencia sistemática frente a las víctimas, lo que llevó a la conclusión de que los superiores de los infractores estaban encubriendo el crimen.[cita requerida]
Por otra parte, existen bulos popularmente aceptados y muchas denuncias fueron falsas, y fueron aprovechadas por ciertos sectores opositores de la Iglesia,[fuente cuestionable] por lo cual cabe destacar también que muchos sacerdotes de varios países fueron declarados inocentes por las autoridades.
Los casos de abuso sexual a menores de edad se presentaron siempre allí en donde niños y adolescentes estaban en contacto con religiosos, de la misma manera que sucede en otro tipo de organizaciones que tienen la responsabilidad de su cuidado o que están en contacto frecuente con los mismos. La confianza que los ministros de la Iglesia generan entre los laicos facilitó en la mayoría de las ocasiones el obrar del abusador en parroquias, seminarios, orfanatos, hospitales y organizaciones de trabajo social. En muchos casos la víctima no recibió atención inmediata incluso por parte de su familia debido al respeto que esta le tenía al implicado o por temor e ignorancia.[cita requerida]
El Código de Derecho Canónico, la base del derecho eclesiástico, contempla penas para los delitos que tienen que ver con el abuso sexual, como se expresa en varios cánones. Según el Canon 1395, el clérigo que cometa un delito sexual con un menor de edad, sea este por medio de violencia o amenazas, debe ser castigado con penas justas que pueden incluir la expulsión del estado clerical. Las evidencias de este crimen por parte de religiosos puede ser trazada con anterioridad al siglo XX debido a la existencia de documentos eclesiásticos que buscan prevenirlo, como la constitución apostólica Sacramentum Poenitentiae de 1741. Sin embargo, el desarrollo de los medios de comunicación, especialmente después de la II Guerra Mundial, pondría en evidencia el caso no solo dentro de la Iglesia católica, sino de todas aquellas instituciones y organizaciones en donde adultos tienen contacto directo con menores. Con el advenimiento de la secularización, sobre todo de aquellas naciones de fuerte tradición católica, los casos adquirieron una gran relevancia para ciertos sectores anticatólicos.[cita requerida]
Maud de Boer-Buquicchio, relatora especial de Naciones Unidas sobre la venta y la explotación sexual de niños, señala que el Vaticano “debería tomar todas las medidas necesarias para garantizar investigaciones rápidas, exhaustivas y públicas que estén sujetas al escrutinio público y el enjuiciamiento de los presuntos autores, además de pedir informes obligatorios a todos los clérigos y hacer que el personal denuncie estos actos atroces".
"La Iglesia también debe hacer cumplir las políticas de tolerancia cero sobre el abuso sexual infantil en todas las instituciones bajo su supervisión, asegurándose de despedir de inmediato a aquellos que hayan abusado de niños", apuntó la experta.
La relatora especial señaló que, a pesar de varios casos históricos, las denuncias de abuso sexual de niños por parte de miembros del clero continúan siendo denunciadas y son "profundamente preocupantes".
Añadió que todas las víctimas merecen reparación y rehabilitación, dado el alcance del daño sufrido y el impacto en sus vidas y en sus comunidades.
"Durante décadas, el flagelo del abuso contra los niños ha sido completamente ignorado, negado o renombrado como un pecado que podría ser absuelto si se busca el perdón", dijo, y agregó que la Iglesia debe proporcionar a las víctimas los medios para acceder a asesoramiento y apoyo social con carácter de urgencia.
Los primeros casos denunciados de manera pública se presentaron por primera vez en Estados Unidos e Irlanda. El informe John Jay encontró acusaciones contra 4392 sacerdotes estadounidenses en el lapso de 50 años, lo que representaba el 4 % del clero de ese país. Las evidencias llamaron pronto la atención de la opinión pública internacional porque se trataba de víctimas menores de edad, numerosos niños impúberes y en su mayoría varones. Los primeros casos se dieron durante los años noventa, pero su amplio informe en los medios pronto motivó a antiguas víctimas a denunciar a sus agresores y cuyo abuso se había presentado desde años tan tempranos como 1940,
En el Estado de Delaware uno de los primeros casos presentados y ganado es el del Capitán de Corbeta Kenneth J. Whitwell, quien presentó una demanda por abuso sexual contra: Archmere Academy, Inc., el Padre Edward Joseph Smith, O.Praem y la Arquidiócesis Católica de Wilmington. En dicho caso, el sacerdote Norbertino Edward Joseph Smith, O.Praem no fue a prisión, pero The Norbertine Fathers of Delaware, Inc. se vio obligada a un pago de $ 41,000,000 USD[2] a causa del abuso cometido por el sacerdote católico Edward Joseph Smith, O.Praem durante 33 meses consecutivos. Dicha compensación se incluye $ 6 millones en daños compensatorios y $ 35 millones en daños punitivos.
Las denuncias aumentaron de manera inmediata no solo en países de tradición católica como Irlanda, sino en otras naciones como el Reino Unido, Canadá y, sobre todo, en Estados Unidos, en donde recibieron una amplia difusión en los medios de comunicación social, los cuales recogieron declaraciones de las víctimas. Los informes se centraron especialmente en las maneras en que los menores fueron abusados y posteriormente silenciados por medio de constricciones morales, psicológicas e incluso violentas, y en el silencio que guardaron por años algunos jerarcas de la Iglesia, hecho que constituye, siempre que el delito haya sido real, un caso de encubrimiento delictivo. Muchas de las víctimas conformaron asociaciones para fortalecer sus reclamos judiciales y de compensación frente a los agresores y a las instituciones eclesiales y en numerosos casos recibieron el apoyo de partidos políticos y otros sectores sociales.[cita requerida]
Las denuncias no se centraron solo dentro de la esfera del abuso sexual, sino que incluyeron también la violencia física y moral, como fue el caso en Irlanda de las Hermanas de la Misericordia con los asilos de las Magdalenas, caso que fue llevado al cine con el título The Magdalene sisters (2002) de Peter Mullan. La película, elaborada con testimonios de las víctimas, muchas de ellas ya de edad avanzada, recuenta el drama de muchachas que eran internadas por sus familias a causa de embarazos no deseados y en donde eran sometidas a castigos físicos y violencia física y moral.
Algunos autores católicos opinan que el tratamiento que se hace del tema en los medios es desproporcionado y anticatólico, frente al tratamiento que se hace de hechos similares de otras confesiones o de otros sectores de la sociedad.
A partir de las primeras denuncias públicas en diversos países del mundo los sobrevivientes de estos crímenes se organizan en redes con el objetivo de luchar contra un flagelo que consideran posee características sistémicas al interior de la Iglesia Católica. Por ejemplo SNAP en Estados Unidos, la Red de Sobrevivientes de Italia, la Red de Sobrevivientes en Chile, la Red de Sobrevivientes de Argentina, entre otras. A partir de la visita del Papa Francisco a Chile el año 2018, se creó una Red Global de Sobrevivientes que reúne a grupos en todo el mundo llamada ECA.
En 2018, un consorcio de investigadores universitarios financiado por la Iglesia, pero sin acceso a sus archivos, cifró en 3677 los menores de 13 años que habían sido víctimas de abusos en Alemania entre 1946 y 2014 por parte de 1670 religiosos que, en su mayoría, no fueron condenados. La Iglesia alemana pidió disculpas en 2018 e implantó iniciativas para luchar contra estas conductas, tales como designar un responsable de "prevención", crear una línea telefónica para víctimas o asumir los costes de las terapias, aunque no hubo avances respecto a una petición de las víctimas: colaborar completamente con la justicia para llevar a juicio a los culpables y compensar a las víctimas. La Iglesia procedió a indemnizar caso por caso y sin transparencia.
Un informe publicado en marzo de 2021 reveló que cientos de menores habían sufrido violencia sexual en la diócesis de Colonia entre 1975 y 2018, y que numerosos responsables religiosos habían silenciado los hechos. Al conocerse la dimensión del problema, el 4 de junio se supo que el arzobispo de Múnich Reinhard Marx había presentado su dimisión al pontífice al reconocer el «fracaso» de la Iglesia en la «catástrofe de abusos sexuales» del país, aunque Francisco rechazó su renuncia.
La Iglesia argentina ha tenido entre 2004 y 2009 al menos cuatro sacerdotes condenados por abuso de menores.
Cronología
Una comisión de investigación sobre la pederastia en el país dio a conocer, en 2017, que el 7 % de los religiosos católicos australianos fueron acusados de abusos sexuales a niños entre 1950 y 2010 sin que se investigasen las denuncias. En el caso de la orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, la cifra de miembros acusados de estas prácticas delictivas se elevaba al 40 %. La Iglesia católica, con fuerte presencia en Australia, recibió quejas de 4500 personas por presuntos abusos a menores cometidos por alrededor de 1880 religiosos, sobre todo por parte de sacerdotes entre 1980 y 2015, aunque algunos casos se remontarían a la década de 1920.
El cardenal George Pell, también interrogado en su momento por dicha comisión, fue inicialmente condenado y encarcelado en 2019 por violación y agresión sexual a dos adolescentes en los años 1990. Sin embargo, tras cumplir más de doce meses en prisión (de una pena total de seis años), fue absuelto en 2020 por el más alto tribunal australiano al existir dudas acerca de la solidez de las pruebas presentadas durante el juicio.
En octubre de 2002, tras denuncias periodísticas sobre abusos sexuales a niños y a jóvenes que se habrían extendido por más de diez años, el arzobispo emérito de La Serena, Francisco José Cox, renunció a toda actividad pastoral. El 31 de octubre de 2002, el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, anunció la salida del religioso por «conductas impropias» y su reclusión en un monasterio en Alemania. El 5 de noviembre de 2002, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile pidió perdón a todos las personas dañadas.
En junio de 2003, José Andrés Aguirre Ovalle, más conocido como el «cura Tato», fue condenado en primera instancia a doce años de cárcel como autor de violación, abusos deshonestos reiterados y estupro contra nueve jóvenes entre 1998 y 2002. Sin embargo, a mediados de noviembre de 2012, su solicitud de rebaja de pena fue aceptada, por lo que fue liberado el 26 de ese mes, tras haber cumplido poco más de nueve años en prisión.
En enero de 2010, una investigación desarrollada por el Ministerio Público acreditó que el entonces sacerdote de la iglesia de Melipilla, Ricardo Alberto Muñoz Quintero, explotó sexual y reiteradamente a cinco adolescentes, además de abusar de manera sexual de una de sus dos hijas cuando ejercía en Curacaví. Además, Muñoz está acusado de producir material pornográfico infantil, obtenido de los mismos ilícitos.
En febrero de 2011, tras una investigación de la Santa Sede, el expárroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Fernando Karadima, fue declarado culpable de abuso sexual con violencia contra menores, por lo que fue sentenciado a una vida de penitencia y oración en absoluta reclusión.
En abril de 2011, la Conferencia Episcopal de Chile presentó un Protocolo ante denuncias contra clérigos por abusos de menores, y anunció la formación de un Consejo que se encargará de dirigir políticas de prevención de abusos sexuales y de ofrecer ayuda a las víctimas.
En mayo de 2018, los 34 obispos miembros de la Conferencia Episcopal de Chile presentaron su renuncia al Vaticano, convirtiéndose ésta en la «mayor consecuencia a la fecha del largo historial de abusos en la Iglesia católica». La renuncia se dio pocas semanas después de que el papa Francisco reconociera sus "errores graves de juicio" en relación con descalificación de los hechos relacionados con el obispo Juan Barros y su encubrimiento del caso Karadima.
El 5 de mayo de 2010 fue capturado el clérigo Luis Enrique Duque Valencia, quien recibió una condena de 18 años y 4 meses por violar a dos niños de siete y nueve años en el Líbano (Tolima); la Corte Suprema de Justicia de Colombia consideró también responsable civil de los abusos a la Iglesia católica, a través de la Diócesis de Líbano-Honda, por lo que tendría que pagar a la familia de las víctimas unos 600 millones de pesos. El clérigo había huido de la justicia por casi tres años. En julio de ese mismo año capturaron un sacerdote llamado William de Jesús Mazo Pérez, quien violó al menos tres menores de edad al oriente de Cali. En un programa periodístico del país se publicó un informe de un sacerdote que era representante de una fundación para niños, acusado de abuso sexual por parte de una profesora del la fundación, a varios menores de edad. Éste pesar de las denuncias, nunca fue procesado judicialmente, pero el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le impidió seguir con la fundación. En este mismo informe se presenta a un sacerdote, vicerrector de un colegio del sur de Bogotá, sobre quien el programa tenía un vídeo en el cual éste abusaba sexualmente de un menor de edad practicándole sexo oral. El video fue grabado por alumnos del colegio quienes lo entregaron a un miembro de la policía nacional. Sin embargo, pese a estas denuncias el sacerdote solo fue trasladado a otra diosésis. El caso de este sacerdote que se pone al descubierto, es solo uno más de varios casos que se han presentado en Colombia. Otro de los casos más sonados en Colombia, y como fue registrado al final de los créditos de la película Spotlight, fue el caso del Sacerdote capturado en Medellín por actos sexuales con menor de 13 años, el padre Víctor Manuel Torres González, de 40 años, oriundo de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, por hechos ocurridos el 12 de agosto de 2013, donde la víctima fue un menor 13 años.
En el 2011 el sacerdote Jairo Alzate Cardona fue condenado a 7 años de prisión por ser encontrado culpable por el delito de acceso carnal abusivo con menor agravado, los abusos del menor de 10 años sucedieron varias veces en el 2008 en la ciudad de Pereira.
Diferentes escándalos de abuso sexual involucrando a miembros del clero católico se han hecho públicos en Costa Rica, pues más de diez sacerdotes han sido acusados formalmente. Sin embargo uno de los eventos más recientes y más dramáticos por su exposición mediática se dio en 2019 cuando acusaciones judiciales contra los sacerdotes Mauricio Víquez y Manuel Guevara llevaron incluso al allanamiento de las oficinas de la Conferencia Episcopal por parte del Organismo de Investigación Judicial el 7 de marzo de 2019. Víquez, quien fue portavoz de la propia Conferencia Episcopal y profesor en la Universidad de Costa Rica, fue dimitido del estado clerical por la Santa Sede y se encuentra fuera del país por lo que se elevó una orden internacional de captura en su contra. En el caso de Guevara, cura párroco de Santo Domingo de Heredia, fue arrestado por las autoridades. Otro sacerdote buscado por abuso sexual Jorge Arturo Morales Salazar fue arrestado por las autoridades judiciales mientras intentaba escapar por la fronte con Panamá y retenido con prisión preventiva.
Sin embargo otros casos notorios han sido:
En los años 90, el sacerdote guatemalteco Juan Francisco Aragón Larrazábal quién era párroco en la Iglesia Nuestra Señora de Czestochowa en Guayaquil, fue encarcelado por violación sexual a tres menores de edad. El 23 de diciembre de 1991 fue asesinado con 19 puñaladas por el reo William Mantuano.
El Padre Luis Fernando Intriago Páez quién era párroco en la Iglesia Nuestra Señora de Czestochowa en Guayaquil entre 1996 y 2013, año en que le fue sesada sus funciones como sacerdote luego que fue acusado de abuso sexual y tortura a por lo menos diez menores de edad por medio de una práctica no reconocida por la Iglesia católica denominada la "Dinámica del Pecado", por lo que en 2013 el Arzobispo Antonio Arregui lo calificó de manipulador y fue suspendido de sus actividades de sacerdote. Intriago conoció en Lima al fundador del Movimiento de Vida Cristiana, Luis Fernando Figari, quien también es acusado por abusos sexuales a menores de edad en Perú, con el que formó una amistad y por el cual Intriago trajo la agrupación católica a Ecuador, misma que lideraba y se relacionaba con miles de jóvenes. Sin embargo este escándalo no era nada nuevo para el Padre Intriago, ya que desde el 2003 fue amonestado de manera no formal en repetidas ocasiones por la Congregación para la Doctrina de la Fe debido a su comportamiento homosexual activo. Las amonestaciones nuevamente se hicieron presentes en 2009 por el escándalo que provocaba en algunos fieles sus continuos encuentros nocturnos con jóvenes menores de edad. El caso saltó a la palestra pública el 8 de mayo de 2018, luego de que el medio GK City realizó una investigación de ocho meses y lo hizo público, poniendo en evidencia que la Fiscalía del Estado y la Arquidiócesis de Guayaquil no hicieran nada para agilitar el proceso e investigación, pese a que Intriago confesó haber tenido una actitud morbosa y reprochable.
El Padre Pedro Vicente García García, quien fue párroco de la Iglesia José Obrero, en el barrio Garay, centro de Guayaquil, fue acusado en 2013 de haber violado a 5 niñas que asistían a clases de catecismo, entre las cuales estaba una niña de 11 años quien era parte del coro de la iglesia. García huyó y fue declarado el más buscado por delitos sexuales, hasta que finalmente fue capturado en agosto de 2017 en Quito y declarado culpable en 2018, después de 5 años del suceso, además se sabe que al menos violó a 10 menores, pero las familias no han querido denunciar para no exponer a las menores.
Desde abril de 2018, tres personas han comparecido para hacer públicas sus denuncias de violación sexual en contra del sacerdote César Cordero Moscoso, rector fundador de la Universidad Católica de Cuenca, lo que despertó reacciones con respecto al acusado y también a la Universidad. Los tres denunciantes coinciden en que las violaciones ocurrieron hace más de 50 años. La posición oficial de la Universidad Católica de Cuenca es que el sacerdote es una persona natural y que desde el año 2013 ya no es rector de la institución, pero las autoridades afirmaron: “nos condolemos con él”.
Una investigación realizada en 1995 por el catedrático de la Universidad de Salamanca Félix López Sánchez y publicada por el Ministerio de Asuntos Sociales de España, determinó que el 4,17 % de los abusos a menores fueron realizados por religiosos.
En 2021, una investigación conjunta, pendiente de publicación, elaborada por tres profesores de la Universidad Abierta de Cataluña, la Universidad de Barcelona y la Universidad del País Vasco concluyó que los casos de pederastia en el seno de la Iglesia española fueron «sistemáticos», y derivaron en una «nula colaboración» para esclarecerlos así como en una inadecuada reparación por parte de la Conferencia Episcopal a quienes sufrieron estas prácticas de abuso sexual. El estudio está basado en las entrevistas a 38 víctimas. Los clérigos implicados elegían a víctimas altamente vulnerables, con una media de 11,8 años de edad, lo que constata el carácter efebofílico de estas conductas. En el 65,8 % de los casos el abuso se repitió de forma “crónica” durante un periodo que va desde los tres hasta los ocho años, y en el 42,1 % hubo penetración. Según el estudio, las víctimas mantuvieron las agresiones en secreto durante muchos años: muy pocos lo notificaron a la autoridad y, de estos, el 52,9 % ha tenido una mala experiencia tras dar ese paso dado que la respuesta institucional de la Iglesia fue «causante de un nuevo daño» en las víctimas. Entre las consecuencias de los abusos se señalaron «problemas cronificados de ansiedad y depresión, dificultades sexuales, de alimentación y sueño», además de un «trauma espiritual» y pérdida de la fe. El trabajo también pone en duda la cifra de 220 casos de abusos a menores cometidos desde 2001 reconocidos en abril de 2021 por la Iglesia española.
Respecto a los casos de abusos sexuales a menores cometidos en el Monasterio de Montserrat (Barcelona), un informe dado a conocer en 2019 por una comisión independiente divulgó la existencia de dos casos perpetrados en 1968 por el entonces responsable de la Escolanía. Además, confirmó que el monje Andreu Soler abusó de otros doce jóvenes entre los años 1972 y 2000. La comisión destacó que este religioso, director de la agrupación scout católica Els Nois de Servei ("Los Chicos de Servicio"), actuó durante ese periodo con total impunidad dado que «se omitió cualquier tipo de actuación» por parte de la institución. Soler, al que se calificó como «depredador sexual y pederasta» y que falleció en 2008, con el paso del tiempo llegó a actuar cada vez con mayor agresividad contra sus víctimas. En 2021 el monasterio apartó de sus funciones a otro monje tras ser denunciado por presuntos abusos sexuales a un menor de 17 años, que habrían sucedido dos años antes.
Uno de los países en donde ha habido una mayor cobertura internacional de estos casos ha sido Estados Unidos en donde algunas diócesis han tenido que pagar cuantiosas sumas en indemnizaciones a las víctimas. Según un estudio de la Junta Nacional de Revisión (National Review Board), un total de 4392 sacerdotes fueron acusados del abuso sexual de 10.667 menores entre 1950 y 2002. De ese total, aproximadamente 6700 casos presentaron suficientes pruebas, otros 3300 no fueron investigados porque los sacerdotes ya habían fallecido y otros 1000 no presentaron pruebas fiables para justificar una investigación, según un comunicado divulgado por la diócesis de Yakima, en el estado de Washington. "De más de 5000 sacerdotes que sirvieron en la archidiócesis de Los Ángeles entre 1930 y 2003, 113 fueron acusados de abuso, según el Informe Oficial del Pueblo de Dios de la arquidiócesis de Los Ángeles, publicado en febrero de 2004. Del total de sacerdotes acusados 43 ya murieron, 54 ya no son sacerdotes y 16 permanecían en el ministerio. Del último grupo, en 12 casos no se encontraron pruebas suficientes para declarar abuso y solo cuatro han sido suspendidos y enfrentan juicios".[cita requerida]
Uno de los informes indicó que los costes relacionados con estos problemas superaron los 570 millones de dólares en concepto de gastos legales, indemnizaciones, terapia para las víctimas y tratamiento para los infractores. Esa cifra no incluye los 85 millones de dólares que pagó la arquidiócesis de Boston para resolver algunas de las demandas presentadas por las víctimas. La arquidiócesis de Boston (Massachusetts), la cuarta diócesis católica más grande de EE. UU. y en donde comenzó la avalancha de escándalos, anunció a finales de mayo de 2005 el cierre de 65 de las 357 parroquias de su jurisdicción.[cita requerida]
Ante la avalancha de condenas, muchas de las cuales individúan a la Iglesia católica, la Liga Católica de los Estados Unidos argumenta que las estadísticas de abuso sexual en la misma son similares a las que existen en otras instituciones: por ejemplo, en las escuelas públicas de ese país, se calcula que un 5 % de todos los profesores son responsables de abusar sexualmente un 15 % del número total de estudiantes. En una encuesta oficial realizada en el 2003 se reveló que un 6,7 % de los estudiantes de Estados Unidos habían padecido una mala conducta sexual por parte de su profesor, que incluso llegaba al punto del contacto físico. Otro informe del Departamento de Educación de los Estados Unidos publicado en el 2004 encontró que entre el 3,5 % y 5,03 % de los estudiantes son objeto de conducta sexual inapropiada por parte de sus educadores en algún momento durante su carrera estudiantil. Se descubrió que los profesores, entrenadores y profesores sustitutos eran los que más incurrían en el delito.
Un estudio realizado, por investigadores del College John Jay de Justicia Criminal de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que examinó las causas y el contexto de la crisis de abusos sexuales del clero en la Iglesia católica de EE. UU., concluyó que no había una sola causa o factor de predicción de abuso sexual por parte del clero católico. El informe añadió que los factores situacionales y la oportunidad de abusar desempeñaron un papel importante en el inicio y continuación de los actos abusivos. El estudio se realizó en cinco años y fue publicado en 2011. El aumento de la frecuencia de los abusos en los años 1960 y 1970 fue consistente con los patrones de desviación en la sociedad durante ese tiempo. Las influencias sociales se añadieron a las vulnerabilidades de los sacerdotes individuales cuya preparación para una vida de celibato era insuficiente en ese tiempo. Ni el celibato ni la homosexualidad fueron las causas de los abusos.
Cronología
Algunas de las víctimas del padre Murphy denunciaron estos abusos a las autoridades civiles, que abrieron una investigación en ese momento; sin embargo, esa investigación se cerró. La Congregación para la doctrina de la fe solo fue informada sobre el asunto veinte años más tarde. Considerando el hecho de que el padre Murphy era anciano y se encontraba en malas condiciones de salud, que vivía retirado y que desde hacía más de veinte años no se habían presentado acusaciones de nuevos abusos, la Congregación para la doctrina de la fe sugirió que el arzobispo de Milwaukee estudiara la manera de afrontar la situación, por ejemplo, restringiendo el ministerio público del padre Murphy y pidiéndole que asumiera toda la responsabilidad por la gravedad de sus acciones. El padre Murphy murió aproximadamente cuatro meses más tarde, sin más incidentes.
Un informe elaborado por la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (CIASE) reveló en 2021 que, entre 1950 y 2020, unos 216 000 menores fueron víctimas de abuso sexual por parte de miembros del clero católico del país; la cifra subía a 330 000 menores cuando se incluía como abusadores a personas laicas que tenían otros vínculos con la Iglesia, como escuelas católicas y programas para jóvenes. También se estimaba que entre 2900 y 3200 clérigos pederastas habían trabajado en el seno de la Iglesia católica francesa desde la década de 1950.
El CIASE advirtió de que el problema era sistémico y la violencia sexual no se limitó a «unas pocas ovejas negras que se desviaron del rebaño». Jean Marc Sauvé, presidente de la Comisión, afirmó: «Cuando se le informó de los abusos, [la Iglesia] no tomó las medidas estrictas necesarias para proteger a los niños de los depredadores».
Ante estos hechos, el papa Francisco instó a los obispos y a los católicos franceses a asumir las responsabilidades que a cada un competan para hacer “una casa segura” y se solidarizó con las víctimas. Es el momento de la vergüenza, apuntó. También indicó que“Es la hora de la vergüenza”, enfatizó el máximo referente del Vaticano en una jornada donde también se lamentó por la “larga incapacidad de la Iglesia” en el trato para evitar los casos de miembros pederastas. Sobre tales cifras que marcaron un duro contexto para la institución, el papa dijo que “por desgracia” son enormes. Siguió con sus declaraciones y fue más allá pues también les habló a los obispos, fieles, superiores y religiosos de todo el mundo. Los animó a redoblar los esfuerzos para que estos “dramas” no se vuelvan a producir.
En octubre de 2005 una investigación del Gobierno irlandés en una diócesis del condado de Wexford revela más de cien casos de abuso sexual a menores por parte de miembros de la Iglesia Católica. El informe Ferns contaba con más de 271 páginas de extensión en las que se hacían alegaciones contra 21 de los sacerdotes que habían estado trabajando en la diócesis entre 1966 y 2002.
El 20 de mayo de 2009 se publica la Comisión Investigadora de Abusos de los Niños en Irlanda (conocida comúnmente como "Comisión Ryan") que reúne, tras casi 10 años de investigación, más de 2000 testimonios que relatan abusos físicos y sexuales por parte de responsables de internados controlados por órdenes religiosas católicas. Este es uno de los mayores casos de reconocimiento de los abusos sexuales de la Iglesia Católica en una investigación que abarca más de 35 000 niños en un período de 86 años (de 1914 a 2000). Los datos de escuelas, reformatorios y orfanatos en este periodo, recogen 253 acusaciones de abusos sexuales a chicos y 128 a chicas. No todas están atribuidas a sacerdotes, religiosos o religiosas; son casos de diversa naturaleza y gravedad, rara vez referidos a impúberes.
En diciembre de 2009 se publica otro informe llevado a cabo por la comisión de investigación de la archidiócesis de Dublín que se conoce communmente como el "Informe Murphy". La comisión identificó 320 personas abusadas desde 1974 a 2004; y otras 120 desde 2004 a 2009. También acusó públicamente a los responsables eclesiásticos de haber encubierto los hechos durante más de tres décadas.
Ante los resultados de las investigaciones, en diciembre de 2009 cuatro obispos dimiten y toda la jerarquía de la Iglesia católica en Irlanda rinde cuentas ante el papa. Los obispos que presentan su dimisión son Donal Murray (Obispo de Limerick), James Moriarty (Obispo de Kildare y de Leighlin), Raymond Field (Obispo titular de "Árd Mór"), Eamonn Walsh (Obispo titular de "Elmhama".
El 16 de marzo de 2010 se hace público que el máximo responsable de la jerarquía católica en Irlanda, el Cardenal Sean Brady, estuvo presente en reuniones en 1975 en las que niños víctimas de abusos firmaron juramentos de silencio sobre las quejas contra el cura pedófilo Brendan Smyth. La Conferencia Episcopal de Irlanda, como luego hicieron público L'Osservatore Romano y Radio Vaticana, aclararon que el padre Brady participó en esa investigación, asistiendo a la entrevista de dos víctimas, y transmitió los resultados a sus superiores.
El 19 de marzo de 2010, Benedicto XVI escribe una carta a los católicos de Irlanda. Es quizá el documento más extenso e importante en el que el papa trata este tema. Como anunciaba en esa carta, en mayo de 2010 nombró a cinco arzobispos y cuatro religiosos para llevar a cabo una inspección. En marzo de 2012 se presentó un sumario con los resultados de la visita.
El 22 de abril de 2010 el papa Benedicto XVI acepta la renuncia de James Moriarty, obispo de Kildare y Leighlin, en Irlanda, que fue obispo auxiliar en Dublín entre 1991 y 2002. Moriarty afirmó que renunciaba porque “debería haber desafiado la cultura predominante”, aunque no era acusado directamente en el Informe Murphy.
En el caso de los abusos y agresiones sexuales cometidos por miembros del clero o en el seno de instituciones católicas en Irlanda, el Gobierno estableció un mecanismo público de compensación financiera para las víctimas al que se acogieron más de 14 500 personas. En 2002 el Ministerio de Educación del país firmó un acuerdo para compartir con las diversas órdenes religiosas irlandesas el pago de indemnizaciones por abusos. 18 órdenes católicas se comprometieron a aportar 128 millones de euros a un fondo de compensaciones, mientras que el Gobierno aportaría el resto. Finalmente la Intervención General del Estado admitió que, al superarse el número de denuncias previstas debido a un error de cálculo del Ministerio, le correspondería al Estado irlandés compensar con unos 1000 millones de euros a estas víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de órdenes religiosas.
Los casos de abuso sexual contra menores de edad por parte de sacerdotes católicos en México han sido denunciados desde hace décadas, aunque han sido pocos los que han llegado a ser confirmados. En el 2002 la Iglesia fue acusada de cubrir los casos de abuso e incluso de pagar dinero para comprar el silencio de las víctimas.
En este país cobra importancia particular el caso de Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo. Maciel murió en 2008, entre acusaciones de abuso sexual contra varios seminaristas y niños y la exigencia por parte de las víctimas de que pidiera perdón. Uno de los acusadores de Maciel fue el exrector de la Universidad Anáhuac, Juan Manuel Fernández Amenábar, cuyo caso fue dado a conocer por Alberto Athié Gallo. En 1997 nueve ex legionarios enviaron una carta pública a Juan Pablo II donde denunciaron abusos sexuales por parte de Maciel. Las acusaciones en contra de Maciel fueron negadas durante años por parte de la Legión de Cristo, que finalmente reconoció públicamente los crímenes realizados por su fundador.El cardenal Ratzinger también inició un proceso contra Marcial Maciel por acusaciones de pedofilia. En 2006, cuando Ratzinger ya era papa, anunció el cierre de la investigación sobre Maciel debido a su avanzada edad y quebrantada salud, ordenándole el retiro del sacerdocio público para consagrarse a una vida de «oración y penitencia».
En 2010, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP), por sus siglas en inglés) dio a conocer una lista de 65 sacerdotes acusados en Estados Unidos de abuso sexual. Dichos sacerdotes se encuentran en varias diócesis de México, algunos de ellos en activo. SNAP también ha presentado acusaciones contra Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México, al que acusan de haberse coludido con Roger Mahony para proteger a varios de estos sacerdotes, pero particularmente en el caso de Nicolás Aguilar Rivera, procesado en Tehuacán (Puebla) por abuso sexual contra por lo menos sesenta niños. Las quejas contra Rivera Carrera han llegado a los tribunales estadounidenses, la primera de ellas fue desechada porque el tribunal consideró que la materia de la demanda estaba fuera de su jurisdicción. La cuarta demanda contra el prelado mexicano fue presentada por SNAP ante un tribunal federal estadounidense en Los Ángeles (California). El acto fue minimizado por la Arquidiócesis Primada de México, que calificó la denuncia como "calumniosa", "engaño mediático" y "oportunista".
Nicolás Aguilar Rivera que fue denunciado por 4 niños en 1997, en Tehuacán, Puebla. Hay registros de que el sacerdote pedófilo fue transferido por la arquidiócesis presidida por Norberto Rivera a Estados Unidos, hasta la fecha Aguilar continua prófugo, es sospechoso de alrededor de 60 violaciones contra niños en Puebla y 26 violaciones más cometidas en Los Ángeles, California. Aguilar Rivera tuvo un periodo de actividad como pederasta que abarcó de 1986 a 1997, según denuncian las víctimas bajo el conocimiento de Norberto Rivera Carrera.
En 2012, Manuel Ramírez García sacerdote de San Pedro, Nuevo León, Fue acusado por 13 niños de abusar sexualmente de ellos. Los niños eran estudiantes de 5º grado de primaria en el "Colegio de Guadalupe", según sus propias declaraciones el sacerdote los tocó
Un informe, presentado en junio de 2021 por el episcopado polaco, cuantificó en 292 el número de sacerdotes pederastas que, a su vez, abusaron sexualmente de 368 niños y niñas entre 2018 y 2020. El documento también abordó la negligencia y, en algunos casos, el voluntario encubrimiento de los abusadores, así como la dinámica del silencio ante la pederastia clerical en este país europeo. Un informe anterior, referido al período comprendido entre 1990 y 2018, concluyó con la existencia de 382 clérigos que habrían abusado de 625 menores.
El arzobispo primado de Polonia, Wojciech Polak, pidió perdón a las víctimas de abusos. El 19 de septiembre de 2021 se inauguró la Conferencia Internacional sobre la Protección de Niños y Adultos Vulnerables en Varsovia, organizada por la Conferencia Episcopal Polaca y en la que tuvieron lugar reflexiones, intervenciones, debates y el testimonio de algunas víctimas. El arzobispo Polak animó, asimismo, a afrontar la verdad sobre estos hechos con transparencia y a luchar contra los abusos mediante la cooperación para lograr superar la «cultura del silencio», pero sobre todo a superar el miedo que aún persiste en muchas diócesis: «El miedo a nuestra imagen, a perder nuestra reputación, a los procedimientos judiciales». Dentro de las medidas tomadas por la Iglesia destacó el reemplazo, a petición propia, del obispo Zbigniew Kiernikowski tras concluir una investigación de la Santa Sede por negligencia en relación con abusos sexuales a un menor en la diócesis de Siedlce.
Los escándalos en los cuales se vieron implicados miembros de la Iglesia Católica, trajeron como consecuencia la acusación contra las estructuras jerárquicas de la misma, las cuales fueron vistas en la mayoría de las veces como protectoras del incriminado a través de un complejo y sistemático proceso. En consecuencia, muchos obispos y superiores religiosos fueron denunciados por las víctimas y presentados por los medios de comunicación social como encubridores del crimen. Los casos pusieron en evidencia una disparidad entre la justicia civil y la eclesiástica y el desconocimiento que la opinión pública en general tiene de la misma, por ejemplo de aspectos de competencia jurídica como los distintos concordatos. Sin embargo, los escándalos tuvieron notables repercusiones dentro del Derecho Canónico.[cita requerida]
En numerosos casos, los sacerdotes y religiosos acusados de actos de abuso sexual contra menores de edad, cuando estos llegaron a conocimiento de sus superiores inmediatos, recibieron como sanción llamados de atención privados y fueron desplazados a otros sitios alejados del lugar. Algunos diócesis sometieron a los acusados a tratamientos y evaluaciones psicoterapéuticas, tras las cuales estaban habilitados para reanudar sus actividades pastorales si los psicólogos o psiquiatras que los trataban le advertían al obispo que no había riesgo de reincidencia. En muchos otros casos, sea incriminados como sus superiores, ofrecieron e incluso pagaron sumas de dinero extrajudiciales con el fin de evitar que el escándalo saliera a la luz pública.[cita requerida]
Quienes defienden el accionar de los obispos sugieren que, al reasignar a los sacerdotes a sus labores tras el tratamiento, estaban actuando de acuerdo con el mejor consejo médico cuando éste estaba disponible. Por su parte, los críticos han cuestionado si los obispos pueden necesariamente llegar a juicios acertados en circunstancias serias sobre la mejora psicológica de un sacerdote, basándose en el consejo de profesionales ampliamente considerados como de opiniones cambiantes. Asimismo, los obispos fueron criticados por actuar como meros "empresarios", quienes veían los casos de abuso como un asunto médico y disciplinario del sacerdote, y que estaban preocupados por mantener el tema en secreto con el objeto de lograr un manejo financiero y administrativo óptimo en vez de preocuparse por los intereses de las víctimas:[cita requerida]
Un ejemplo de la política de desplazar a los incriminados de lugar a lugar es el caso del sacerdote Eleuterio "Al" Ramos de la diócesis de Orange, quien, como en otros casos, fue reasignado a otra parroquia tras su tratamiento, como lo evidencia un documento fechado 3 de abril de 1980 en donde el acusado fue transferido a otro lugar de acción pastoral después de haber sido sometido a tratamientos psicológicos por actos cometidos a finales de la década de los 70. En 1993 y 1994 dos expedientes habían sido abiertos para Ramos y para la Diócesis de Orange por el caso de dos muchachos a los cuales, según el informe, Ramos embriagó, les mostró películas pornográficas y procedió al abuso. Posteriormente Ramos admitió en la corte que había abusado de un número mayor de muchachos y que les había tomado fotografías desnudos. El sacerdote fue transferido a una centro de rehabilitación en Massachusetts y en 1985 fue transferido nuevamente a Tijuana. Otro expediente fue abierto para Ramos en 2003 en el cual Ramos es acusado de violar un muchacho en un hotel de San Diego con otros sujetos y del abuso repetido de muchachos del condado de Orange después de que el sacerdote dejó la diócesis. En el juicio de 2003 Ramos confesó que había abusado de al menos 25 muchachos y murió un año después a la edad de 64 años.
A los ojos de la opinión pública, los superiores de religiosos incriminados ejercieron el acto de encubrimiento de los mismos al no denunciar a las autoridades locales los casos y tomar medidas como las descritas arriba, es decir, ordenar tratamientos terapéuticos, transferencias y silencio ante la opinión pública. Sin embargo, se desconoce que la Iglesia católica como organismo internacional representado por la Santa Sede tiene una serie de tratados oficiales con diferentes naciones del mundo los cuales son considerados dentro del ordenamiento jurídico internacional. Muchos de esos tratados son los concordatos los cuales vienen regulados en cada país en convenios entre el Estado y la Santa Sede. Desde esa perspectiva y en numerosos casos por países, sacerdotes o religiosos que incurren en cierto tipo de delitos vienen procesados por los estamentos judiciales de la Iglesia católica, que contempla penas específicas para casos como el abuso sexual a menores de edad. Desde este punto de vista, muchos superiores no siguieron los procesos del Derecho Eclesiástico que contemplan incluso el retiro definitivo del infractor. Cuando las víctimas denunciaron los delitos a la opinión pública, se presentó un contraste evidente entre los dos derechos, el civil y el eclesiástico y la sensación ante aquellos que desconocen la lógica jurídica de la Iglesia de que esta no denunció los casos a la policía del país en donde ocurrió el delito, como dentro de la sociedad civil se hace de manera ordinaria. Un paralelo a este caso se presenta entre el derecho penal civil y el derecho militar en el cual si un militar comete un delito, corresponde a un tribunal militar su enjuiciamiento y depende de dicho tribunal militar si el caso amerita ser transferido a un tribunal civil. Si el uniformado, en virtud de su delito, pierde la calidad militar, este puede ser juzgado por un tribunal civil como civil. Este ejemplo es paralelo para aquellas personas que están investidas con la condición de clérigos o religiosos pertenecientes a la Iglesia Católica en todo el mundo.[cita requerida]
El problema se agrava porque en numerosos casos no se siguió el debido proceso de acuerdo al Derecho Canónico. Por ejemplo, en el caso de los norbertinos, se ha demostrado que estos no solo sabían de las tendencias pedofílicas del sacerdote Brendan Smyth, sino también de alegatos en su contra por abuso sexual que databan incluso de 1945 y, sin embargo, ante la falta de acción, a finales de la década de los 80 e inicios de los 90 las autoridades públicas de Irlanda se decidieron a iniciar su persecución.[cita requerida]
Un ejemplo del choque entre el derecho civil y eclesiástico se presentó en mayo de 2001 cuando el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, envió una carta a todos los obispos católicos declarando que las investigaciones internas de la Iglesia sobre los casos de abuso sexual infantil estaban sujetas a secreto pontificio y que no debían ser denunciadas a las fuerzas públicas hasta que las investigaciones fueran completadas bajo pena de excomunión.[cita requerida] En dicho acto, el cardenal obraba legítimamente dentro de los procesos eclesiásticos y el secreto era válido solo para la investigación interna, así como lo es para un proceso penal militar. Por otra parte, no tuvo la intención de desalentar a las víctimas a reportar los casos de abuso sexual a la policía.[cita requerida]
Una de las consecuencias de este choque de ámbitos judiciales se presentó en la legislación estadounidense que obliga a la denuncia de los casos de abuso sexual a la policía, por ejemplo en una ley del Estado de Massachusetts que dice:
Otro caso se presentó en Colombia en el caso del sacerdote Efraín Rozo, acusado de haber violado a niños y jóvenes en Estados Unidos, delitos que confesó públicamente en un video y por lo cual se le lleva un proceso en el Estado de California. El Tribunal Eclesiástico de Bogotá le adelantó un proceso por el abuso de dos seminaristas, entre ellos su propio sobrino, hace más de 40 años, pero al final fue declarado inocente porque según la sentencia los delitos prescribieron por haber sucedido hace más de 40 años. En un comunicado emitido por el vicario judicial eclesiástico de la capital colombiana, se declara:
Otro caso que describe los procesos judiciales de la Iglesia y su contraste con el derecho civil lo presenta el cardenal Bernard Law, Arzobispo de Boston, al cual numerosas peticiones de laicos y los medios de comunicación pidieron su renuncia por la evidencia de numerosos casos de abuso sin debido proceso. Ante la negativa del anciano prelado, el papa Juan Pablo II "aceptó" su renuncia de acuerdo al artículo 401, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico que dice que un obispo renuncia a su cargo por "razones graves", lo cual lo hace "no apto" para ejercer más el cargo.[cita requerida]
En este punto el principal modelo de comportamiento es el caso "Brendan Smyth" en Irlanda del Norte cuya detención en 1997 causó una crisis política en Irlanda y un duro cuestionamiento a su comunidad religiosa, los norbertinos, quienes conocieron el comportamiento delictivo de Smyth por espacio de 40 años y no adelantaron ningún tipo de proceso disciplinario ni ante las autoridades eclesiásticas ni mucho menos ante las autoridades civiles. Analistas tanto católicos como no católicos discrepan si existió una confabulación deliberada para ocultar la naturaleza de su comportamiento, o si tuvo que ver en lo que pasó la completa incompetencia de sus superiores de la Abadía Kilnacrott, o si tal vez hubo una mezcla de la incompetencia de sus superiores con su presunción de que lo que ocurría con los miembros de su orden no era de su incumbencia. Al respecto, William McMurry, abogado de Louisville, Kentucky, entabló una demanda en contra de la Santa Sede en junio de 2004 representando a tres hombres que alegaban abuso sexual y que acusaron a los líderes de la Iglesia de organizar un encubrimiento de los casos de abuso sexual de niños. Los expertos legales predijeron el fracaso de la demanda por la soberanía de la Santa Sede y la falta de evidencia de la complicidad de la misma.
El pago extrajudicial a las víctimas de abuso infantil por parte de los clérigos infractores e incluso por parte de sus superiores con el fin de comprar su silencio ha sido otro aspecto que agrava la situación. Si los mismos fueron hechos por los mismos superiores, quedan automáticamente incriminados como encubrimiento de un delito, tanto dentro del derecho civil como eclesiástico. Uno de los casos más célebres en este sentido es el del cardenal Connel de Dublín al cual se le acusó de prestar dinero a un sacerdote incriminado para comprar el silencio del acólito Andrew Madden. Posteriormente, el arzobispo Connel se defendió asegurando que sencillamente prestó el dinero al sacerdote, sin conocer para qué lo iba a utilizar. La historia quedó registrada en un libro que Madden publicó posteriormente como Acólito: una vida después de abuso en donde relata su drama.
El aumento de denuncias y la publicación en los medios tuvo bien pronto sus consecuencias en la Iglesia, especialmente durante el Pontificado de Juan Pablo II. Una de las consecuencias fue la de revisar los procesos de formación sacerdotal en los seminarios y el 25 de marzo de 1992 completó la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis ("Os daré pastores"), uno de los documentos papales más largos de la historia. Este documento estudiaba la crisis de la identidad sacerdotal, la renovación de la vida sacerdotal y la reforma de los seminarios en detalle. Asimismo, en el 2002 hubo una reunión en la Ciudad del Vaticano impulsada por el papa Juan Pablo II con los principales Obispos de Estados Unidos para tratar del problema del abuso sexual por miembros del clero. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos aprobó dos normativas importantes:
Algunos han atribuido la reducción del número de acusaciones de abuso a partir de la década de los 90 a los esfuerzos de reforma de este papa.
Por último, también desde este Pontificado, la Iglesia comenzó a tratar el tema de la homosexualidad dentro del clero, ya que la mayoría de los casos de abuso sexual involucran varones púberes. La Congregación para la educación católica publicó un documento en 2005 en donde controversialmente establece un paralelo entre la homosexualidad y la pedofilia y declara que la Iglesia "no puede admitir en los seminarios o para las sagradas órdenes a aquellos quienes practiquen la homosexualidad, presenten bien marcadas tendencias homosexuales o apoyen a la llamada 'cultura gay'".
En diciembre de 2006 la Archidiócesis de Los Ángeles, liderada por el Cardenal Roger Mahony, acordó pagar 60 millones de dólares para resolver 45 de los más de 500 casos pendientes relacionados al abuso sexual cometido por sacerdotes. Por otro lado, varias archidiócesis estadounidenses se declararon en quiebra, con la intención de que, si ésta era otorgada, los juicios pendientes y futuros se resolvieran en cortes federales de bancarrota.
La diócesis de Tucson se declaró en quiebra en septiembre de 2004, y así también la diócesis de Spokane en diciembre del mismo año. La diócesis de Tucson llegó a un acuerdo con sus víctimas, que el juez de bancarrota aprobó el 11 de junio de 2005; la diócesis de Spokane como parte de su bancarrota acordó pagar al menos 48 millones de dólares como compensación a la gente abusada por sacerdotes. Todos los pagos tenían que ser acordados con las víctimas y otro juez antes de ser realizados. También la diócesis de San Diego se declaró en quiebra. En total, más de una veintena de diócesis estadounidenses se han declarado en bancarrota a partir de 2004; el obispo de la Diócesis de Norwich, Michael Cote, ha reconocido que, a fecha de julio de 2021, 28 diócesis y 3 órdenes religiosas católicas se han acogido a esta fórmula legal en Estados Unidos para afrontar las elevadas indemnizaciones que se prevé desembolsar a las víctimas. Asimismo, desde los años ochenta las diócesis católicas de Estados Unidos han abonado alrededor de 4000 millones de dólares por demandas relacionadas con abusos sexuales; la agencia Associated Press estima que, a raíz de decretos para facilitar nuevas denuncias como el Child Victims Act del Estado de Nueva York, esto podría suponer un desembolso para la Iglesia de 4000 millones adicionales.
Más recientemente, víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos belgas presentaron el 16 de septiembre de 2011 una denuncia para pedir responsabilidades a la Iglesia e indemnizaciones para los afectados. La denuncia colectiva, dirigida contra los obispos y responsables eclesiásticos de la Iglesia belga y de la Santa Sede, se interpuso el 16 de septiembre ante el tribunal de primera instancia de Gante, según indicó la abogada de las víctimas, Christine Musche, al diario De Morgen. El objetivo de la demanda es constatar la responsabilidad civil de la Iglesia católica y solicitar una indemnización por los daños causados.
El grupo Red de Supervivientes de las Víctimas de Abusos por Sacerdotes y el grupo de derechos humanos Centro para los Derechos Constitucionales han declarado que han presentado una denuncia en el Tribunal Penal Internacional alegando que líderes de la Iglesia, con el papa Benedicto XVI al frente, toleraron y permitieron el sistemático y generalizado encubrimiento de abusos sexuales contra menores.
El derecho canónico es el conjunto de normas internas de la Iglesia católica cuyo principal cuerpo legislativo es el Código de Derecho Canónico (CDC) que incluye entre sus objetivos el de asegurar el orden debido, sea en la vida individual o social, sea en la actividad misma de la Iglesia.
En 1962, la Congregación para la Doctrina de la Fe, redactó la Instrucción conocida como Crimen sollicitationis que fue aprobada por Juan XXIII. En esta carta la Congregación para la Doctrina de la Fe (organismo eclesiástico que sucedió históricamente al Santo Oficio) definió procedimientos a seguir en caso de acusaciones de abuso sexual por parte de clérigos u obispos católicos en el ámbito de la confesión sacramental. De acuerdo con este documento, la excomunión inmediata es la pena para cualquier católico que omitiera por un mes el deber de denunciar a un sacerdote que incurriera en tales conductas como parte del ejercicio de la Penitencia.
En 1983, la Santa Sede promulgó una revisión al Código de Derecho Canónico. A partir de aquí, el canon 1395, §2 califica explícitamente el sexo con menores por parte de los sacerdotes como un delito canónico. En 2001 se promulgó una revisión del documento, acorde con el Código de Derecho Canónico de 1983 y el Código de Cánones para las Iglesias Orientales de 1990. En abril de 2001, la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede publicó Sacramentorum sanctitatis tutela, o Tutela de la Santidad de los Sacramentos. Este reemplazaba el Crimen sollicitationis.
Dentro del CDC existe el procedimiento pertinente a la gravedad de un delito como el de la pedofilia y no existen atenuantes que permitan que el incriminado sea exonerado de sus responsabilidades. El canon 1311 señala además que la Iglesia tiene el derecho de juzgar a los fieles que han cometido un delito, entendido este como atentado contra las leyes eclesiales o contra la fe católica. Por otro lado, el Derecho Canónico no contempla la previsión de que las víctimas o los testigos del acto delictivo denuncien tales hechos ante las autoridades civiles. En la sección "Delitos contra la vida y la libertad humana", del canon 1397 dentro de la regulación para clérigos y religiosos se establece [que el sacerdote o religioso] que cometa homicidio, violación carnal o retenga a otro con el uso de violencia, así como el que mutile o hiera gravemente a una persona, debe asumir las sentencias descritas en el canon 1397. Este último señala, después de un proceso penal eclesiástico y de acuerdo a la gravedad del delito, penas como las siguientes:
En 2013 se incorporó al ordenamiento penal de la Santa Sede el delito sobre pornografía infantil. El papa Francisco lo incorporó a través de un Motu Proprio tras inaugurar su pontificado. Este delito contempla penas entre 1 y 5 años de prisión. El Vaticano condenó el 23 de junio de 2018 a Carlo Alberto Capella, sacerdote italiano y ex diplomático de la Nunciatura en Washington a una pena de 5 años y 5000 € de multa por posesión, cesión e intercambio de pornografía infantil.
Algunas víctimas acuden al sacramento de la confesión ante otro ministro en búsqueda de ayuda efectiva a su situación, sin embargo lo único que hacen es neutralizar a quien podría ayudarles porque involucra otro aspecto jurídico eclesial: el sigilo sacramental que, de acuerdo al canon 983 del CDC establece que este es inviolable y adelanta que los confesores no pueden de manera absoluta traicionar ni una sola parte de aquellos que el penitente les dice con palabras o por cualquier otro medio. De este modo, si la víctima narra los hechos a otro sacerdote de ese modo, dicho sacerdote queda absolutamente impedido para revelar lo que sabe en ningún tribunal eclesiástico o civil, elemento jurídico reconocido por la mayoría de los estados del mundo. Por otro lado, si un niño es víctima de un caso de abuso sexual, debe comprender que no ha cometido pecado, sino que el pecado es del abusador.
Respecto al problema pecado o delito dice Pepe Rodríguez que el abuso sexual debe ser tratado como delito y no como pecado:
Sin embargo, el CDC distingue claramente entre pecado y delito y establece penas para los delitos que describe extensamente en su corpus iuris, por ejemplo en el Libro VI sobre las sanciones en la Iglesia para delitos y penas en general. Por ejemplo, un incriminado en delitos graves como el abuso infantil no necesariamente queda exonerado de sus responsabilidades civiles por la absolución en confesión, la cual es materia espiritual y cae dentro del término del arrepentimiento. La distinción católica entre delito y pecado queda descrita también en la existencia de los tribunales eclesiásticos diseñados para penalizar los delitos y la existencia del sacramento de la confesión y las penitencias cuya función es la de purificar el pecado según la cosmogonía católica. Por ejemplo, un confesor no puede exigir al penitente la confesión del delito, incluso si el confesor tiene conocimiento de su culpabilidad y tampoco puede imponerle el juramento, situación esta que un tribunal eclesiástico puede hacer porque no adelanta un sacramento, sino un proceso judicial.
En 1962 el cardenal Alfredo Ottaviani, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe envió una carta que se conoció con el nombre de Crimen sollicitationis. En esta carta, dirigida a «todos los patriarcas, arzobispos, obispos y otros ordinarios locales, incluidos los del rito oriental», el Santo Oficio estableció procedimientos a seguir para tratar los casos de clérigos (sacerdotes u obispos) de la Iglesia Católica acusado de haber usado el sacramento de la penitencia para hacer avances sexuales a los penitentes; Sus reglas eran más específicas que las genéricas en el Código de Derecho Canónico.
Además, instruyó que se utilicen los mismos procedimientos cuando se trata de denuncias de comportamiento homosexual, pedófilo o zoófilo por parte de clérigos. Repitió la regla de que cualquier católico que durante más de un mes no haya denunciado a un sacerdote que haya hecho tales avances en relación con la confesión fuera automáticamente excomulgado y podría ser absuelto solo después de haber denunciado realmente al sacerdote ante el Ordinario del lugar o ante la Santa Congregación del Santo Oficio, o al menos prometiendo seriamente hacerlo.
En 1983 la Iglesia católica promulgó una versión revisada del Código de Derecho Canónico que incluía un canon (1395, §2) que nombraba explícitamente el sexo con un menor por clérigos como un crimen canónico que debía ser castigado con penas justas, sin excluir el despido del estado clerical si fuera el caso. así lo justifica ". Según De delictis gravioribus, la carta enviada en mayo de 2001 por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que más tarde se convirtió en Papa Benedicto XVI, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y de acuerdo con el Padre Thomas Patrick Doyle , quien sirvió como perito en derecho pontificio canónico, Crimen Sollicitationis estuvo vigente hasta mayo de 2001.
En abril de 2001, el papa Juan Pablo II emitió una carta en la que se afirmaba que un pecado contra el Sexto Mandamiento del Decálogo por parte de un clérigo con un menor de 18 años debe considerarse un pecado grave, o 'delictum gravius' . En la carta, Sacramentorum sanctitatis tutela (Salvaguardando la Santidad de los Sacramentos), "§1 Reserva a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) que también se extiende a un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de edad menor de dieciocho años. §2 Quien haya perpetrado el delito mencionado en §1 será castigado de acuerdo con la gravedad de la ofensa, sin excluir el despido o la deposición ". En otras palabras, el CDF recibió un mandato más amplio para abordar los casos de abuso sexual.
En una disculpa de 2001, Juan Pablo II llamó al abuso sexual dentro de la Iglesia una profunda contradicción de la enseñanza y el testimonio de Jesucristo. En 2002, Juan Pablo II pronunció un discurso ante los cardenales de Estados Unidos, donde señaló que los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes católicos son reflejo de una crisis moral que afecta a la sociedad entera. En 2004, durante la visita ad límina de obispos de Estados Unidos, también se refirió al problema en varios de sus discursos.
En el discurso de Benedicto XVI a los obispos irlandeses en visita «ad Limina», de octubre de 2006, el papa les exhortaba a "establecer la verdad de lo sucedido en el pasado, dar todos los pasos necesarios para evitar que se repita, garantizar que se respeten plenamente los principios de justicia y, sobre todo, curar a las víctimas y a todos los afectados por esos crímenes abominables".
En abril de 2008, durante su viaje a Estados Unidos, Benedicto XVI se reunió con un pequeño grupo de víctimas de abusos para escucharles y alentarles. Durante ese mismo viaje, habló en diversas ocasiones de la situación y las medidas que se habían tomado.
En su viaje a Australia, en 2008, el papa reafirmó que las víctimas deben recibir compasión y asistencia, y los responsables de estos males deben ser llevados ante la justicia. También se reunió con un grupo de víctimas de abusos.
En la visita apostólica de Benedicto XVI a Alemania, en septiembre de 2011, también se reunió con un grupo de víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y personal de la Iglesia. Les reiteró en esta ocasión la voluntad de los responsables de la iglesia de afrontar todos los crímenes y poner los medios necesarios para que no se repitan.
En su primera audiencia con el arzobispo Gerhard Muller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el papa Francisco ha pedido que se actúe con firmeza contra los clérigos que hayan cometido abusos sexuales sobre menores para que sean llevados ante la justicia, invitó a la jerarquía de la Iglesia a promover «ante todo medidas de protección de los menores» y a que «se ayude a todos aquellos que han sido víctimas de violencia en el pasado», en tanto que impulsó a las conferencias episcopales de todos los países a «formular y actuar» las directivas establecidas.
El portavoz de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke, al comentar la carta que el papa Francisco publicó el 20 de agosto de 2018, indica que:
Las razones por las cuales tantos sacerdotes se vieron implicados en casos de abuso a menores de edad es materia de estudio por parte de muchos observadores dentro y fuera de la Iglesia católica. Si bien muchos se centran en adelantar un proceso ejemplar que condene no solo a los abusadores, sino a aquellos que por una u otra razón no adelantaron procesos efectivos que llevaran a la protección de los niños.
Una de las discusiones a las que ha conducido el problema del abuso infantil es a cuestionar el celibato sacerdotal católico. Para muchos,[cita requerida] no todos los sacerdotes están habilitados para cumplir este precepto y sus urgencias sexuales los llevan a buscar compensaciones afectivas las cuales pueden dirigir a niños en lugar de adultos ante los cuales ocultan dichas tendencias al no estar casados. Otras observaciones dicen que las personas con predisposición al abuso sexual infantil pueden ser atraídas por un estilo de vida célibe debido a la confusión que sienten sobre su identidad u orientación sexual. También se ha dicho[cita requerida] que aquellos que ya abusan sexualmente de niños deliberadamente, ingresan en el clero católico para obtener un encubrimiento en una institución que se centra en el celibato y porque el clero puede tener un frecuente acceso a los niños. De otro lado, observadores calculan que en el mundo existen alrededor de 130 000 sacerdotes católicos casados que no pueden ejercer por dicha razón.
Se ha argumentado que no existen estadísticas de un mayor nivel de actividad sexual orientada hacia los niños en el clero célibe católico en comparación con el clero casado de otras denominaciones, o en su defecto de los profesores de los colegios. De ser esto cierto, se pueden dar dos situaciones: (I) aquellos con predisposición a abusar sexualmente de niños no necesariamente van a ingresar al clero católico, y (II) quienes ya abusan sexualmente de niños, como grupo, tampoco específicamente deciden ingresar al clero católico, aunque parece probable que algunos abusadores de niños sí lograron acceder al sacerdocio católico como lo han hecho en el de otras denominaciones. También se ha señalado[cita requerida] que la manera más fácil de tener acceso a los niños es formar una familia, y que el abuso sexual infantil es estadísticamente más notable dentro de las familias. Consecuentemente, el elegir una profesión que requiere de celibato puede considerarse como una desventaja para el posible abusador de niños.
La Comisión Especial que investigó los casos de pederastia cometidos en Australia desde 1920 pidió a la Conferencia de Obispos australiana que solicitara a la Santa Sede una enmienda a la ley canónica para que el celibato no sea obligatorio, entre otras muchas recomendaciones. En su informe final, publicado en 2017, dicha comisión reconoció que si bien el celibato obligatorio no es la causa directa del abuso, sí que contribuye a que se den abusos sexuales a menores en combinación con otros factores de riesgo y puede, asimismo, desencadenar disfunciones psicosexuales y mentales. «Para muchos miembros del clero y religiosos, el celibato es una idea inalcanzable que hace que se viva una doble vida y contribuye a una cultura del secreto y la hipocresía y esta cultura parece haber contribuido a que se soslaye la transgresión del celibato y se minimice el abuso sexual como un lapso moral perdonable», recalcaba el informe.
Conviene además añadir[cita requerida] que en la formación de los candidatos al sacerdocio la correcta integración de la afectividad y más en concreto el ejercicio de la sexualidad es un tema fundamental para poder acceder al sacerdocio, de forma que cualquier problema relacionado con el ejercicio de la sexualidad ha de ser resuelto necesariamente varios años antes de la ordenación sacerdotal.
Sobre la supuesta relación entre la pederastia y el celibato de los sacerdotes, Jorge Mario Bergoglio (luego papa Francisco) afirmó en el libro El jesuita que la pederastia como perversión en un individuo preexiste a su opción por el celibato sacerdotal:
Es un hecho que el número de clérigos católicos es bastante reducido en América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda, y por lo tanto, es lícito afirmar que en aquellos lugares es extremadamente importante conseguir nuevos sacerdotes o por lo menos mantener los ya existentes. Por eso se ha alegado[cita requerida] que la jerarquía católica actuó con el fin de preservar el número del clero y asegurar que estuvieran disponibles para desempeñar sus funciones, en vista de las acusaciones de que los sacerdotes que cometieron los abusos no eran dignos de ejercer el sacerdocio.
Otros,[cita requerida] sin embargo, discrepan y creen que el mal manejo de los casos de abuso sexual por parte de la Iglesia simplemente reflejaba la actitud prevaleciente hacia ese tipo de actividades en la época, la cual consistía en suprimir la información, porque podía causar escándalo y una pérdida de confianza hacia la institución. Esa actitud, por ejemplo, era la misma que adoptaban los medios de comunicación y las organizaciones seculares cuando ocultaban o ignoraban la información que podía afectarles, desde la sexualidad promiscua de los políticos hasta la violencia doméstica. Ven a la Iglesia como una institución que cometió errores horrendos pero genuinos, pues sus líderes no estaban al tanto con la creciente demanda de responsabilidad y rendición de cuentas de la sociedad.
Los católicos tradicionalistas sostienen que el Concilio Vaticano II (1962-1965) creó un ambiente que animó a los sacerdotes a cometer abusos sexuales.[cita requerida] El concilio esencialmente buscaba adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo, como un método apropiado para salir adelante y anunciar el Evangelio. Pero los tradicionalistas creen que esto dio lugar a una conversión de los católicos al secularismo y no lo contrario.[cita requerida] Por ejemplo, en la edición del 27 de enero de 2003 de la revista Time el actor y católico tradicionalista Mel Gibson dijo que el Concilio Vaticano II corrompió a la Iglesia y solo trajo consigo pedofilia y menos fieles. Sin embargo, es importante recalcar que los casos de abuso sexual de menores por parte de sacerdotes han ocurrido desde mucho tiempo antes del Concilio Vaticano II.[cita requerida] Según la tesis de Malachi Martin, expresada en su novela "El último papa", la homosexualidad está ligada a la pedofilia de los sacerdotes, y estas dos triangulan con prácticas satanistas.[cita requerida]
Hubo una opinión pública significativamente negativa respecto a lo que fuera percibido como un fallo de la jerarquía católica en responder adecuadamente a las acusaciones de abuso sexual y la aparente lentitud de respuesta de la Santa Sede para develar el escándalo.
Algunas fuentes argumentan que esta opinión pública negativa fue exagerada por malentendidos y diferentes perspectivas, y alimentada por declaraciones hechas a los medios por varias partes con diferentes agendas, incluyendo abogados de aquellos demandando a la Iglesia por daños. Conforme el furor público fue aumentado, algunos miembros de la Iglesia católica comenzaron a ver una agenda anticatólica detrás de estos pronunciamientos.
Las críticas de la cobertura de medios por parte de los católicos y otros[fuente cuestionable] se centran en el excesivo énfasis puesto en incidentes de abuso católicos. Tales voces argumentan que iguales o mayores niveles de abuso sexual infantil en otros grupos religiosos y contextos seculares (como instituciones de enseñanza, cuerpos militares o hasta en el ámbito artístico), han sido o ignorados o han recibido una cobertura mínima por los medios. El comentarista Tom Hoopes escribió:
Philip Jenkins, profesor de Historia y Estudios Religiosos en la Universidad de Pensilvania, cree que la Iglesia católica fue injustamente destacada por los medios de comunicación seculares, quienes no publicitaron tanto escándalos similares en otros grupos religiosos, como la Comunión anglicana, varias iglesias protestantes, y las comunidades judías y musulmanas. Particularmente, sostiene que la Iglesia católica podría tener una menor incidencia de sacerdotes pedófilos que las iglesias que permiten al clero contraer matrimonio porque estadísticamente, el abuso sexual de menores suele ocurrir dentro de las familias, pero los sacerdotes católicos, por su celibato, no tienen familias. Del mismo modo, el término "sacerdotes pedófilos", ampliamente usado por los medios, da a entender un número grande de abusadores sexuales dentro del sacerdocio católico, cuando en realidad la incidencia sería menor que en otros segmentos de la sociedad. Tan sólo un 0,3 % de los sacerdotes católicos habrían sido abusadores de menores de edad según este autor.
Jenkins señala que la cobertura de las historias de abusos por parte de los medios se ha vuelto "...una grotesca efervecencia de retórica del anticatolicismo."
El periodista Brendan O'Neill también declaró que la prensa secular tergiversa y exagera sobre el tema, desinformando a sus lectores. De igual manera piensa el comunicador Bruno Mastroianni expresando que, en los casos de abuso, se exageran y tergiversan números y hechos.
Por su parte, algunos sacerdotes que luchan desde hace muchos años en contra redes pederastas, abuso de menores y pornografía infantil, expresan que fuera de la Iglesia también hay muchos actos de pederastia, pero eso solo es noticia cuando va ligada a sacerdotes; así lo afirman los sacerdotes Shay Cullen y Fortunato Di Noto.
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