Gobernantes de Argentina
Se listan en este artículo a los gobernantes de Argentina, incluyendo a quienes ejercieron sus cargos en relación a una parte de su actual territorio, desde la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 y a los gobernadores bonaerenses que tuvieron el manejo de las relaciones exteriores de otras provincias hasta la formación del Estado Nacional Argentino, a mediados del siglo XIX.
A lo largo de la historia, las autoridades máximas han cambiado de título y de atribuciones: virreyes, presidentes de juntas gubernativas, triunviros, directores supremos, gobernadores de Buenos Aires a cargo del poder ejecutivo nacional y presidentes de la Nación.
Desde 1536 hasta 1810 el territorio que actualmente ocupa la Argentina pertenecía al Imperio español en América por lo que la autoridad suprema era el rey.
El Imperio español alcanzó los 20 millones de kilómetros cuadrados a finales del siglo xviii, aunque su máxima expansión se produjo entre los años 1580 y 1640, durante los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, período en el que tuvo lugar la unión dinástica con Portugal. Durante los siglos xvi y xvii, funcionó una estructura territorial propia, «virreinal» y no colonial. Este sistema, muy diferente al de otros imperios europeos, basado en la consideración de los territorios de ultramar como extensiones de la metrópoli, y por tanto iguales en derechos a los de la península ibérica, funcionó hasta el año 1768. Hasta el último período del Imperio, en el siglo xix no adquiere estructura puramente colonial.
La Corona española tenían el control efectivo solo sobre una parte del territorio, y el resto estaba dominado por diferentes pueblos indígenas. Inicialmente el área que actualmente pertenece a Argentina, estuvo en la jurisdicción de diversas capitanías, luego pasó a depender del Virreinato del Perú y desde 1776 hasta la Revolución de Mayo, en 1810, integró el Virreinato del Río de la Plata.
El 1 de agosto de 1776, bajo Carlos III de España, surge el Virreinato del Río de la Plata separado del Virreinato del Perú ―que había sido creado en 1542― la totalidad de los territorios que actualmente poseen Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y algunos territorios que hoy están en jurisdicción de Chile y Brasil.
A partir de la Revolución de Mayo, en 1810, se establecieron diversos gobiernos de corta duración integrados mayoritariamente por población local. Entre 1810 y 1811 hubo dos juntas, la Primera Junta y la Junta Grande. Entre 1811 y 1814 hubo tres Triunviratos, donde tres personas compartían el poder. En este período la Asamblea del Año XIII, se declaró soberana y estableció varias de las instituciones que anticiparon la independencia, dado que hasta el momento, se gobernaba en nombre del preso rey Fernando VII de España. Entre 1814 y 1820 gobernó el Directorio, una forma de gobierno unipersonal. El 9 de julio de 1816 se declaró la Independencia de las Provincias Unidas. Hubo varios directores.
En el Litoral, fuerzas portuguesas avanzaron sobre la Banda Oriental, en apoyo de los realistas de Montevideo. El Triunvirato decidió negociar un armisticio el 20 de octubre de 1811. Por él se puso fin al sitio de Montevideo; tanto las tropas de Buenos Aires como las portuguesas se retirarían de la Banda Oriental. Artigas rechazó el acuerdo y se trasladó con gran parte de la población oriental al Campamento de Ayuí, episodio conocido como el éxodo del pueblo oriental.
En su obra de gobierno se destaca la declaración de la libertad de prensa, la sanción de la Ley de Seguridad Individual, la creación de la Cámara de Apelaciones, el Reglamento de Institución y Administración de Justicia, creó la Comisión de Inmigración (primer intento de atraer inmigrantes al país) y se impugnó la Ley Marcial.
Como se puede ver, el 23 de marzo de 1812, el triunviro Juan José Paso fue reemplazado por Juan Martín de Pueyrredón.
Este Primer Triunvirato fue depuesto por una revolución gestada por la Logia Lautaro.
Además se convocó a la Asamblea del Año XIII (1813) que estableció la libertad de vientres y esclavos, oficializó el himno nacional y el escudo nacional y una nueva forma de gobierno, el Directorio, que entraría en rigor un año más tarde, entre otras cosas.
Como puede verse, Antonio Álvarez Jonte fue reemplazado por el futuro Director Supremo Gervasio Antonio de Posadas el 19 de agosto de 1813.
En enero de 1814, el Triunvirato logró que la Asamblea Constituyente creara un ejecutivo unipersonal, denominado Directorio.
El Tercer Triunvirato se da a un intento de formar un gobierno en las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1815. En medio del período del Directorio, no llegó a formarse íntegramente ni tomó medida de gobierno alguna, como tampoco fue disuelto ni reconocido fuera de Buenos Aires. No suele ser contado entre los gobiernos argentinos.
Ejercieron el poder provisoriamente hasta el nombramiento de un nuevo Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Debido a la fugacidad del gobierno (tan sólo dos días) no se aplicaron reformas mayores y la obra de gobierno fue escasa, siendo su única función evitar la acefalia del Poder Ejecutivo.
La llamada Asamblea del Año XIII dictaminó, a fines de 1813 la creación de un cargo unipersonal que ejercería el Poder Ejecutivo. El Directorio fue de carácter unitario, debido a que las autoridades residían en Buenos Aires y no había diputados del resto de las provincias.
El Directorio fue fuertemente impulsado por Carlos María de Alvear durante la asamblea, quien propuso a su propio tío, Gervasio Antonio de Posadas para ser el primero en ocupar el cargo.
Este sistema de gobierno iría poco a poco perdiendo poder, luego de la creación de algunos puestos funcionarios subordinados que limitaron sus facultades. Sería especialmente criticado luego de la Constitución unitaria de 1819, fuertemente rechazada por el resto de las provincias por ser de carácter unitario. De esta manera, las provincias derrocarían al gobierno central en febrero de 1820 iniciándose otro período.
Entre 1820 y 1852 cada provincia tuvo un propio gobierno y su propia autoridad fue el gobernador, sin que exista un poder central por sobre ellas. Muchas provincias firmaron constituciones, otras se aliaron con vecinas. Surgieron en este período también los caudillos provinciales, que generalmente eran militares con dinero, prestigio y popularidad en el pueblo. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires mantuvo una primacía legal y de facto gracias a diversos tratados, como el del Cuadrilátero (1820) o el Pacto Federal de 1831.
Durante este período hubo un efímero intento de organización nacional que fracasó, dado que la sanción de la Constitución de 1826 era de carácter centralista, por lo que la forma que adoptó fue de una república unitaria, eligiéndose primer presidente a Bernardino Rivadavia entre 1826 y 1827, quien fue el primer Presidente de la Nación Argentina.
El período terminó con el derrocamiento del caudillo bonaerense Juan Manuel de Rosas en 1852, en la Batalla de Caseros.
Tras la caída del gobierno central, derrotado por los caudillos federales en la Primera Batalla de Cepeda, en febrero de 1820, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes sellaron una serie de pactos (tratado del Pilar, tratado de Benegas y el tratado del Cuadrilátero), que establecieron la unidad nacional y la forma federativa de gobierno. Poco a poco todas las provincias adhirieron a esos tratados, que preveían la realización de un Congreso Constituyente, el cual finalmente se reunirá en 1824. Mientras tanto, entre 1820 y 1824, la Argentina careció de un gobierno nacional, rol que fue ocupado de facto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esta situación fue legalizada por la Ley Fundamental, dictada por el Congreso, que delegaba en el gobierno de Buenos Aires las relaciones exteriores del país.
El Cabildo, cuya asamblea era presidida por Juan Norberto Dolz, destituyó a Ramos Mexía, sin embargo este no se había dado por enterado, por lo que todavía ostentaba el título. Soler, por su parte protagonizó un levantamiento donde se autoproclamó gobernador.
Ante el inicio de la guerra con el Brasil, el Congreso juzgó necesario la creación de un Poder Ejecutivo Nacional para llevar adelante el esfuerzo bélico. Por eso, el 6 de febrero de 1826 dictó la Ley de Presidencia. Mediante esa ley se declaró constitucionalmente una autoridad presidencial por lo que terminó este período acéfalo.
Tras el rechazo de las provincias a la Constitución de 1826, el Congreso restableció la vigencia de la Ley Fundamental y convocó a una Convención para la reforma de la constitución, tras lo cual se declaró disuelto.
Como resultado de la guerra civil entre unitarios y federales (1828-1831), las provincias de la Liga Federal (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes) firmaron, el 4 de enero de 1831, el Pacto Federal, que estableció una Comisión Representativa que se encargaría de las relaciones exteriores de la Confederación. Esta Comisión le delegó la dirección de los negocios exteriores al gobierno de Buenos Aires. Tras la derrota de los unitarios, el resto de las provincias adhirieron al Pacto, el cual funcionaría como virtual carta magna hasta la sanción de la constitución de 1853.
Fin del dominio de Buenos Aires:
Durante los diecisiete años que duró su gobierno, Rosas estableció una fuerte influencia en las demás provincias, apoyando caudillos que respondieran a él. Esta situación se consolidó tras la muerte, en 1838, de Estanislao López (gobernador de Santa Fe y "patriarca de la federación") y del fracaso del bloqueo naval anglofrancés (1846-1848), el cual fuera apoyado por una insurrección unitaria. Así, a partir de 1850, el clima opresivo se distendió, lo que permitió que, el 1 de mayo de 1851 el gobernador de Entre Ríos, Urquiza, aceptara la tradicional renuncia anual que Rosas hacía cada año del desempeño de las relaciones exteriores. Urquiza derrotó a Rosas el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros, derrota tras la cual Rosas renunció y dejó el país.
Una vez terminada la Batalla de Caseros, el vencedor Justo José de Urquiza, designó a Vicente López y Planes como gobernador de Buenos Aires. Debido al todavía vigente Pacto Federal, el Poder Ejecutivo Nacional y las Relaciones Exteriores del país todavía recaían en el gobernador de aquella provincia, en este caso, López y Planes.
Cuando López y Planes renunció, Urquiza determinó que fuera el gobernador de Entre Ríos quien ejerciera las Relaciones Exteriores de la Nación Argentina, que en ese momento era él mismo, sin pactos mediante, acción que fue mal vista por Buenos Aires, que inició el proceso de separación.
En vista de ello, el 31 de mayo de 1852, las provincias firmaron el Acuerdo de San Nicolás que establecía lo siguiente:
A partir de 1852 y con la sanción de la Constitución Argentina de 1853 comenzó a hablarse de la Nación Argentina, presidida por una autoridad nacional constitucional representante de todas las provincias. Sin embargo, entre 1852 y 1862 no hubo un orden político-administrativo estable, la Provincia de Buenos Aires se había separado del resto formándose el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina separadamente.
Durante el período de separación, Buenos Aires experimentó prosperidad económica gracias a los ingresos que le proporcionaba la Aduana, aunque la Confederación no tenía casi ingresos. Justo José de Urquiza, presidente de la Confederación, tomó algunas medidas para trabar el comercio de Buenos Aires pero ninguna le fue fructífera. Los dos estados coexistieron pacíficamente hasta 1859.
En dicho año, las tropas bonaerenses, al mando de Bartolomé Mitre se enfrentaron a las de la Confederación, al mando de Urquiza en la batalla de Cepeda, triunfando estas últimas. Como consecuencia de ello, se negoció la entrada de Buenos Aires a la Confederación, pero el fracaso diplomático llevó a otra batalla, la Batalla de Pavón (1861) donde venció el ejército de Mitre. Como consecuencia se pactó el ingreso de Buenos Aires a la Confederación pero bajo a los términos que a la nueva provincia le parecieran convenientes.
De 1861 en adelante, el país se organizó bajo la forma republicana representativa federal de gobierno, con una autoridad, el presidente, y varios funcionarios subordinados. A lo largo de la historia ha habido varios golpes de estado, militares y civiles que han derrocado presidentes (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976), también varias revoluciones populares (1890, 1893, 1905 y 2001), gobiernos democráticos y militares, provisorios e interinos. En un principio el mandato del presidente estaba fijado en seis años, aunque con la reforma constitucional de 1994 el período disminuyó a cuatro años, imitando a otras repúblicas federales como los Estados Unidos o Brasil.
Se conoce con el nombre de presidencias históricas a las tres primeras presidencias, las de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda.
En este período, se solidifica la unión nacional, con breves y fracasados levantamientos de algunos caudillos, como por ejemplo, Ricardo López Jordán y el Chacho Peñaloza. Se inició también un proceso de modernización, que posibilitó la primera exportación de carnes congeladas al mercado internacional en 1877. También se extendieron vías férreas, tarea que había comenzado en 1857 en el Estado de Buenos Aires. Además se organizó el Ejército Argentino y se fundaron varias escuelas en diferentes niveles. En 1879 se realizó la guerra contra los indígenas que ocupaban los territorios de la Patagonia, de manera tal que se les arrebató el dominio de esa región.
Presidentes
Es el período constitucional que se extiende desde 1880 hasta 1916. Durante el mismo, gobernaron nueve presidentes, todos ellos varones y pertenecientes al Partido Autonomista Nacional (PAN). Uno de ellos, Julio A. Roca, gobernó en dos mandatos no sucesivos. La hegemonía del PAN abarca también la presidencia de Nicolás Avellaneda (1874-1880), incluida en el período anterior.
Este período constitucional se extendió desde 1880 hasta 1916, aunque la hegemonía del PAN comenzó en 1874, con la presidencia de Avellaneda. Se caracterizó por estar basado en una representatividad cuestionada, debido a la práctica sistemática del fraude electoral, facilitado por el sistema de voto cantado (no secreto), no obligatorio e indirecto, en el que no se les reconocía a las mujeres su derecho a elegir y ser elegidas. En las once elecciones presidenciales entre 1853 y 1910 el promedio de participación electoral fue del 1,7 % de la población total.
Desde 1874 comenzó a gobernar el país el Partido Autonomista Nacional (PAN), de tendencia liberal-conservadora, liderado por el general Julio A. Roca. El PAN estableció virtualmente un régimen de partido único, conocido como «República Conservadora» o «República Oligárquica», dominada por una élite conocida como la Generación del 80. Todos los presidentes entre 1874-1916 pertenecieron al PAN, que además controló ambas cámaras del Congreso Nacional con mayorías absolutas, el Poder Judicial y todas las provincias, con excepción del gobierno radical de la provincia de Buenos Aires entre 1898 y 1902.
Frente a la falta de elecciones libres, a partir de 1890 surgió una oposición insurreccional, que terminó creando la Unión Cívica Radical, que recurrió a la lucha armada y la abstención como estrategias para derribar al «régimen».
En 1910, un pacto entre los líderes del PAN y el radicalismo (Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen) permitió la sanción de la Ley Sáenz Peña de 1912, estableciendo el voto secreto y obligatorio, solo para varones. Las elecciones legislativas de 1914 fueron las primeras que se hicieron bajo el sistema de la Ley Sáenz Peña. El primer presidente elegido con el sistema de dicha ley fue el radical Hipólito Yrigoyen, poniendo fin a este período.
El período se caracterizó por la plena instalación de un sistema económico centrado en la producción de carne vacuna y cereales en región pampeana, con predominio del latifundio (estancia), destinada a la exportación al Imperio Británico, trasladada en tren hasta el puerto de Buenos Aires y desde allí en barco. Como contrapartida Argentina importaba desde Gran Bretaña la mayor parte de las manufacturas que necesitaba. La producción y la población crecieron exponencialmente, esta última a causa de una ola de inmigración masiva promovida por el Estado, que pasó de 1,8 millones en 1869 (0,13% de la población mundial) a 7,9 millones en 1914 (0,44% de la población mundial).
Las primeras presidencias radicales marcaron el inicio de la democratización de la elección de autoridades en Argentina, al ser resultado de la Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, que estableció el voto secreto y obligatorio de los ciudadanos varones. Se extendieron desde 1916 hasta el golpe de Estado militar de 1930, el primero de un serie que se extenderían hasta fines de siglo XX.
La Ley Sáenz Peña de 1912, estableció el voto secreto y obligatorio para varones. La reforma permitió eliminar el fraude electoral sistemático que caracterizó al período anterior. El radicalismo en el poder se dividió entre yrigoyenistas y «antipersonalistas», referenciados en Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, respectivamente. En 1924 la Unión Cívica Radical (UCR) sufrió una importante división al crearse la Unión Cívica Radical Antipersonalista (UCRA). Las elecciones presidenciales de 1928 se polarizaron entre los dos partidos radicales. Los sectores conservadores contrarios a la Ley Sáenz Peña y los antipersonalistas, adoptaron una postura que negaba legitimidad democrática a la presidencia de Hipólito Yrigoyen. En 1930, luego de 68 años de continuidad constitucional, el presidente y el Congreso Nacional fueron derrocados por un golpe de Estado que impuso un régimen autoritario de perfil conservador, el primero de una serie que se extendería hasta el 10 de diciembre de 1983.
Durante el período radical creció considerablemente el movimiento sindical. Los gobiernos radicales, en sentido contrario a sus antecesores conservadores, legitimaron la huelga y promovieron la negociación colectiva, pero durante su gestión se produjeron las mayores masacres obreras de la historia argentina, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, las matanzas en La Forestal y la Masacre de Napalpí. La violencia social del período también se reflejó en el pogromo (matanza de judíos) -único en la historia de América- cometido por el grupo parapolicial de extrema derecha Liga Patriótica Argentina.
Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) los gobiernos conservador y radical dispusieron la neutralidad del país en el conflicto. Argentina se vio beneficiada por el fin de la guerra, debido a la reapertura del mercado europeo al que destinaba la casi totalidad de su producción y atravesó una época de prosperidad en los años '20. Pero hacia el final del período se produjo el Crac del 29, que dio inicio a la Gran Depresión y puso fin a la era librecambista sobre la que se había construido el poder global del Imperio Británico y el modelo agroexportador argentino.
Entre el golpe de Estado de 1930 y el de 1943, existió en el país una democracia débil ―exceptuando durante el gobierno militar de José Félix Uriburu, en que no hubo democracia―, en la que el fraude electoral era frecuente y público.
Tanto Agustín Pedro Justo como Roberto M. Ortiz fueron elegidos con un amplio fraude electoral.
El golpe que pone fin a este período, no recibió apoyo cívico, a diferencia del anterior, debido a que el gobierno constitucional tenía una buena opinión pública. Entre las razones que el Ejército tuvo para protagonizar el golpe, es que, de haberse permitido las elecciones de 1944 habrían ganado partidos que apoyaban el ingreso de Argentina en la Segunda Guerra Mundial y en contra del Eje Roma-Berlín-Tokio, algo que los golpistas querían evitar.
El crack de la bolsa de New York que repercutió en la Argentina, desató una grave crisis económica mundial: la Gran Depresión del año 1929, que afectó a la todas las sociedades del momento y que se extendería por varios años.
Durante esta época surgieron las llamadas villas miseria alrededor de la Ciudad de Buenos Aires y comenzó a tener auge el Gran Buenos Aires.
La inmigración era ya escasa, aunque muchos de los inmigrantes aún permanecían en el país.
Los diferentes gobiernos intentaron varias medidas para calmar la situación, como el Pacto Roca-Runciman, aunque no fueron totalmente eficaces. La crisis iría de a poco desapareciendo hacia principios del año 1940.
Fue el período desde el golpe de estado de 1943, que derrocó a Ramón Castillo, hasta la asunción de Juan Domingo Perón en 1946.
Durante esta período ejercieron la presidencia de facto tres militares: Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell. Durante la misma, se realizó una persecución política a obreros, sindicalistas y comunistas. Se disolvió el Congreso y los gobiernos provinciales. El entonces coronel Juan Domingo Perón tuvo una activa participación desde la Secretaría General de Trabajo y Previsión Social. Se disolvieron también los partidos políticos.
En el plano internacional el gobierno de Edelmiro Farrell declaró la guerra al Eje cuando el conflicto ya casi había terminado y ello no reportó beneficios a Argentina.
Los gobernantes de facto establecieron la enseñanza católica en los colegios públicos y privados e intervino las universidades, prohibió el lunfardo por considerarlo antimoral y repugnante, y además impuso una censura importante a la prensa.
En cuanto a economía, se impuso un plan de austeridad fiscal, y reducción de gasto público, por lo que se ganó el apoyo de empresarios y hacendados.[cita requerida]
La autodenominada Revolución Libertadora fue una dictadura impuesta por el golpe de Estado que derrocó al presidente Juan D. Perón, el Congreso Nacional, la Corte Suprema y todos los gobiernos provinciales. Inauguró una época de prohibición y persecución del peronismo que se extendió durante dieciocho años hasta 1973. Fue parte de la serie de golpes de Estado que entre 1930 y 1976 derrocaron a los gobiernos constitucionales radicales y peronistas.
La Revolución Libertadora tuvo dos etapas marcadas. La primera etapa fue liderada por el general Lonardi, buscaba incorporar al peronismo y sus principios a la vida política argentina, sin admitir la presencia de Perón. La segunda etapa, liderada por el general Aramburu y el almirante Rojas, decidió reprimir duramente al peronismo y «desperonizar» a la población. Durante esta etapa se criminalizó las ideas, libros y símbolos del peronismo, e incluso la mención de los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Perón y se dispuso el fusilamiento de los militares y civiles que participaron del Levantamiento de Valle. Asimismo se abolió la Constitución por bando militar y se puso en vigencia un nuevo texto constitucional, decidido por representantes elegidos en condiciones no democráticas. La persecución y criminalización del peronismo, tuvo como consecuencia la organización de la Resistencia Peronista.
La política económica de la dictadura adoptó un perfil conservador de derecha, desnacionalizando los depósitos bancarios y poniendo fin a los controles sobre el comercio exterior. El gobierno ingresó al Fondo Monetario Internacional. Procedió también a devaluar la moneda, con el propósito de estimular las exportaciones, que eran fundamentalmente agropecuarias.
En materia social los sindicatos fueron intervenidos y el presupuesto de 1957 incluyó varias reformas que perjudicaron a los sectores asalariados.
Entre las elecciones de 1958 y el golpe de estado de 1966, se sucedieron tres gobiernos radicales, dos de ellos elegidos y uno establecido de facto. La legitimidad de los gobiernos fue cuestionada, debido a la vigencia de un texto constitucional establecido de manera no democrática, así como la proscripción del peronismo y otros grupos políticos. El período terminaría con la llamada "Revolución Argentina", en 1966.
Prohibido el peronismo, la Unión Cívica Radical quedó como el principal partido del país. Sin embargo, aún durante la dictadura, los radicales se dividieron en dos partidos, UCR Intransigente, liderada por Arturo Frondizi y UCR del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín. La UCRI adoptó un perfil más crítico frente a la dictadura y una postura de mayor tolerancia hacia el peronismo, mientras que la UCRP adoptó un perfil más cercano a la dictadura y menos tolerante ante la posibilidad de que el peronismo se integrara a la vida política.
En la elección que consagró a Arturo Frondizi como presidente, estaban proscriptos el peronismo y el comunismo. En la elección que consagró a Arturo Illia, además del peronismo y el comunismo, también había sido proscripto el frondizismo en tanto que el propio Frondizi permanecía preso. Ambas elecciones fueron realizadas bajo una Constitución cuestionada como ilegítima, por haber sido realizada durante una dictadura, con la proscripción del peronismo y el comunismo y sin cumplir con las reglas constitucionales.
Durante los gobiernos de Frondizi e Illia, no se levantaron totalmente las proscripciones de partidos políticos, en especial siguieron proscribiendo al peronismo lo que los convirtió en gobiernos de legitimidad cuestionada porque practicaron la persecución política.
Mientras los gobiernos de Frondizi y Guido no mostraron altos índices de crecimiento, el gobierno de Arturo Umberto Illia sí lo hizo, mostrando niveles de expansión del PBI de alrededor del 10 % anual.
Todos los gobiernos del período continuaron con una política de industrialización y desendeudamiento. Frondizi aplicó incluso concesiones petroleras a empresas extranjeras, que luego fueron anuladas por Illia.
Tras el golpe de estado del 28 de junio de 1966, autotitulado como Revolución Argentina y hasta el 25 de mayo de 1973, comenzó un nuevo período de facto en Argentina en el que se sucedieron tres presidentes militares, Juan Carlos Onganía, Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse.
La Revolución Argentina sancionó el llamado Estatuto de la Revolución Argentina que pretendía tener el mismo valor jurídico que la Constitución Argentina, que fue desplaza a un segundo orden normativo.
Se prohibieron nuevamente los partidos políticos, especialmente el peronismo, radicalismo y comunismo que fueron brutalmente perseguidos. Durante casi todo el gobierno de facto rigió el estado de sitio.
Para el final del período, la situación era incontrolable, por lo que el entonces presidente Alejandro Agustín Lanusse llamó a elecciones donde no restringió al peronismo, aunque sí al propio Juan Domingo Perón.
En el marco de persecución a opositores, el gobierno revolucionario comenzó a reprimir la actividad universitaria, con acciones policiales tales como la noche de los bastones largos, pues los militares consideraban que las universidades y posgrados eran la cuna del comunismo y la subversión.
Muchos dirigentes políticos, intelectuales y alumnos universitarios debieron marchar al exilio. En 1969 estalló el Cordobazo, una manifestación social que acabó en disturbios violentos gracias a la represión policial.
En el plano económico, se intentaron aplicar medidas económicas tendientes a liberar los mercados y facilitar el camino para la introducción de grandes monopolios internacionales, al tiempo que eran suprimidos importantes derechos gremiales y reprimidas las huelgas y actividades obreras.
Durante este gobierno, se cambió la moneda argentina por primera vez en el siglo XX, dejándose de lado el Peso Moneda Nacional, que tenía una abrupta inflación y regía desde 1896, y reemplazándoselo por el Peso Ley 18.188. La nueva moneda, instaurada en 1969, sin embargo, comenzó a mostrar deficiencias a finales del gobierno militar.
Durante el gobierno de Lanusse aumentó el gasto público, construyéndose diversas rutas, puentes y represas (véase: Revolución Argentina).
Desde las elecciones de 1973 hasta el golpe de estado 1976, existió un período democrático muy convulsionado donde el partido que gobernó fue el peronismo, que había estado proscripto desde 1955.
Tras el retorno de la democracia, se disolvió el estado de sitio y se declaró una amnistía para los presos políticos (véase: Héctor José Cámpora).
Surgieron también diversas organizaciones peronistas juveniles, como la organización Montoneros y organizaciones armadas de extrema izquierda. Esto desató una crisis civil y social por su actuación violenta produciendo muertes, secuestros y torturas. La situación se agravó tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974.
Surgió también la llamada Alianza Anticomunista Argentina, dirigida por José López Rega, que persiguió, torturó y mató a militantes de izquierda.
Los gobiernos peronistas continuaron aplicando medidas económicas similares a las de sus antecesores.
Tras la muerte de Perón, al asumir su tercera esposa, María Estela Martínez de Perón, la crisis se encontraba en un punto crítico, por lo que procedió a devaluar la reciente moneda y a aplicar planes de ajuste.
El 4 de junio de 1975, el ministro de economía Celestino Rodrigo dio lugar al conjunto de reformas económicas conocidas como el Rodrigazo. Dispuso un brutal ajuste que duplicó los precios y provocó una crisis terminal. Rodrigo quería eliminar la distorsión de los precios relativos con una fuerte devaluación de 160 % para el cambio comercial y 100 % para el cambio financiero. La tasa de inflación llegó hasta tres dígitos anuales y los precios nominales se multiplicaron en un 300 %. Se produjo desabastecimiento de gran cantidad de productos de necesidad primaria, alimentos, combustibles y otros insumos para transportes.
El Rodrigazo produjo una vorágine de remarcación de precios y tres semanas después se declaró la primera huelga general contra un gobierno peronista, que duró 48 horas. José López Rega, ministro de Bienestar Social y padrino político de Rodrigo, cesó en su cargo. Esto marcó el comienzo del declive definitivo del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Entre el golpe de Estado de 1976 y el retorno de la democracia de 1983 gobernó en la Argentina una última dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, probablemente la más conocida debido a su carácter relativamente reciente y la cantidad de desaparecidos por represión política e ideológica que se produjo, estimada en 30 000 desaparecidos, datos que aportan organizaciones de derechos humanos, como las abuelas de Plaza de Mayo (véase: Desaparecidos por la dictadura argentina y Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980).
Al igual que se había hecho durante dictaduras anteriores, la dictadura prohibió los partidos políticos y declaró el estado de sitio. Fue un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado.
La dictadura aplicó un plan económico que derivó en un fracaso, impulsado por el entonces ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz. Tenía como fines estimular la inversión extranjera y erradicar la inflación, que había alcanzado un nivel crítico en 1975.
Se inició una reducción arancelaria que llegó a su máximo nivel en 1978, con la finalidad expresa de incrementar la competitividad de la economía argentina y promover sus ventajas naturales. El resultado fue un proceso de importaciones masivas y un efecto desastroso sobre la industria. Grandes empresas industriales cerraron sus plantas: General Motors, Peugeot, Citroën y Chrysler, Siam, Decca (Deutz-La Cantábrica), la planta de vehículos utilitarios de Fabricaciones Militares, Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti, y otras miles de empresas industriales medianas y pequeñas. Para 1980 la producción industrial había reducido un 10 % su aporte al PBI, y en algunas ramas como la hasta entonces extendida industria textil, la caída superó el 15 % (Gerchunoff,373).
Apoyado en una política laboral que produjo una profunda reforma de las leyes laborales, la prohibición de la huelga, la intervención militar de los sindicatos, y la política represiva del terrorismo de estado, Martínez de Hoz decretó el congelamiento de salarios y contuvo el descontento general, ante una caída del nivel de vida de la población sin precedentes. El salario real, sobre una base 100 en 1970, había subido a 124 en 1975. En 1976, cayó bruscamente a 79, el nivel más bajo desde los años treinta (OIT 1988). Adicionalmente la pobreza ―que desde los años años cuarenta se ubicó siempre debajo del 10 %, y que bajó hasta el 5,8 % en 1974― subió al 12,8 % (en 1980) y al 37,4 % de pobreza (en 1982).
Con el objetivo de controlar la demanda de divisas y mantener una política de atraso cambiario, a fines de 1978 Martínez de Hoz implementó un sistema de devaluación programada, apodado la Tablita. Junto con la Ley 21.526 de Entidades Financieras ―promulgada en junio de 1977―, la tablita promovió la especulación financiera desmedida. La medida se tomó para intentar compensar las pérdidas ocasionadas a los ahorristas por la diferencia entre la tasa de interés pagada a los depósitos a plazo fijo y la inflación; para proteger a las entidades financieras, el Estado se hizo responsable del pago de los depósitos. El coste de estas medidas, que ocasionaron el cierre de más de 25 entidades crediticias, cuyos pasivos debió asumir el Estado, fue enorme; también lo fue para los consumidores, que debieron hacer frente a un mercado de crédito liberalizado, cuyas tasas aumentaron parejamente a las pagadas por los depósitos. Los créditos hipotecarios alcanzaron una tasa de interés del 100 % anual, que resultó impagables para numerosos deudores, y condujo a una gran parte de la población a perder la propiedad de sus viviendas.
El resultado combinado de las políticas económicas internas y la situación financiera internacional de abundantes capitales buscando plazas de inversión, impulsó un nivel de endeudamiento récord. La deuda externa se elevó de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983. El proceso de endudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se comprobó en el importante fallo de 196 fojas dictado el 13 de julio de 2000 en el caso "Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ Defraudación" (Exte. 14467).
Durante el Proceso de Reorganización Nacional varios miles de personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y hechas desaparecer o forzadas al exilio, como parte de un plan represivo que fue iniciado por orden de la presidente constitucional María Estela Martínez de Perón, con el fin de aniquilar a la subversión.
Durante ese tiempo llegaron a funcionar 610 de centros clandestinos de detención, entre los más conocidos la ESMA y el Olimpo, en la ciudad de Buenos Aires, el Campito y el Vesubio, en la Provincia de Buenos Aires, y La Perla, en Córdoba.
La mayor parte de los detenidos-desaparecidos fueron asesinados y hechos desaparecer en los llamados vuelos de la muerte, mediante los cuales fueron tirados al mar vivos y drogados, desde aviones militares.
Estas acciones de represión ilegal constituyeron el Terrorismo de Estado y dejaron a las Fuerzas Armadas (sin sustento constitucional eran simples "bandas armadas") en una situación de ilegitimidad e ilegalidad similar, o aun peor, que las otras fuerzas irregulares guerrilleras a las que supuestamente se intentaba combatir.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que produjo el famoso informe "Nunca Más".
Por estos crímenes de lesa humanidad las tres juntas de comandantes que gobernaron el país entre 1976 y 1983 (se excluye la última) fueron juzgadas y condenadas en 1985. Otros responsables han sido enjuiciados y condenados tanto en Argentina como en otros países. Los procesos han continuado varias décadas después de los hechos.
Es el período democrático que se extiende desde la toma de los poderes legislativo y ejecutivo por funcionarios elegidos democráticamente el 10 de diciembre de 1983 hasta la actualidad.
Las instituciones de la Constitución Nacional se mantuvieron en plena vigencia. Entre 1987 y 1990 hubo cuatro sublevaciones militares conducidas por un grupo conocido como «carapintadas». En 1993, los dos principales partidos del país, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical llegaron a un acuerdo para reformar la Constitución, cuya legitimidad estaba cuestionada por haber sido establecida durante una dictadura, sin cumplir con las exigencias constitucionales y democráticas. La reforma constitucional se concretó en 1994 y estableció, entre otras modificaciones, que el presidente y vicepresidente serían elegidos por voto directo, mediante un sistema de doble vuelta, reduciendo su mandato de seis a cuatro años, factible de una reelección. En el caso concreto del presidente en ejercicio Carlos Menem, la Constitución estableció que el mandato en vigencia de seis años, debía considerarse como primer mandato.
Las primeras medidas de Alfonsín como presidente fueron designar a los nuevos miembros de la Corte Suprema y ordenar formar causas contra los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros y los integrantes de las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 hasta la guerra de las Malvinas. Simultáneamente creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares. En este período se sentaron las bases del Mercosur, que fue creado oficialmente en 1991, durante la presidencia de Menem.
El período democrático sufrió, hasta el momento, dos grandes crisis económicas, la hiperinflación de 1989 y 1990 y la llamada crisis del 2001. Entre 1989 y 2002, la pobreza aumentó considerablemente, así como la deuda externa y la inestabilidad social. En 1989 la inflación alcanzó el 3079,5% anual, máximo histórico. Durante ambas crisis se produjeron saqueos.
El presidente Menem llevó realizó grandes transformaciones del sistema económico y el Estado, mediante una política de privatización de servicios públicos y fondos de pensión, y un sistema monetario de libre convertibilidad del peso con el dólar. Durante sus gobiernos creció la economía, pero también creció fuertemente la criminalidad, la desocupación y la pobreza. En 1998 comenzó otro período de recesión, que alcanzaría su clímax durante el gobierno de De la Rúa y llevaría a la crisis de 2001.
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el salario mínimo, las pensiones y la clase media crecieron a la par de importantes nacionalizaciones como los fondos de pensión y las empresas Aerolíneas Argentinas e YPF.
Durante el gobierno de Macri se produjo una nueva crisis, como resultado de un endeudamiento acelerado que llevó a un virtual default y una gran devaluación, un endeudamiento adicional récord con el Fondo Monetario Internacional y una inflación del 53% anual, que alcanzó tasas que no se registraban desde 1990.
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Gobernantes de Argentina (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)
Aún no hay comentarios, ¡deja el primero!