La crisis española hace referencia a la crisis económica que comenzó en 2008 y que, extendida durante años, ha demostrado no ser solamente una crisis económica –con una específica y explosiva burbuja inmobiliaria que provocó la mayor crisis inmobiliaria en España–, sino también una crisis social, institucional, territorial y política. En la contabilidad nacional según los intereses del Instituto Nacional de Estadística, dependiente de la Administración General del Estado, afirma que concluyó en el año 2014. Sin embargo, en la actualidad[¿cuándo?] aún no se han recuperado los valores previos a la crisis,[cita requerida] por lo que existen debates[¿por quién?] sobre en qué fecha situar el final de la crisis.
Para el expresidente del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba o politólogos como el catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido, diputado del PSOE, la Constitución española de 1978 después de más de 30 años necesitaría reformas importantes en el sistema electoral, reforzamiento de los derechos sociales y los derechos económicos, integración de Europa en el texto constitucional, establecimiento definitivo del estado federal y cambios sobre la monarquía. Proponen una delimitación entre las competencias del estado central y las de las comunidades autónomas, y un sistema de financiación basado en la redistribución, la solidaridad y reforma del senado para hacer una cámara territorial.
La presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y secretaría general del PP, María Dolores de Cospedal, manifestó que la Constitución no requería ninguna reforma.
La Constitución Española de 1978 ha sido modificada en dos ocasiones: la Reforma constitucional española de 1992 (sobre el sufragio de extranjeros) y la controvertida Reforma constitucional española de 2011 que establece la prioridad absoluta del pago de la deuda y los intereses.
El modelo autonómico fijado en la Constitución ha evolucionado sin establecerse límites y normas claras en su funcionamiento. Las continuas demandas de transferencias han provocado fricciones y constantes que han estallado con la crisis económica. Conviven demandas de mayor autonomía –llegando al soberanismo y la independencia– con demandas de federalización y otras de recentralización de competencias ya cedidas por el Gobierno central.
Desde 2008 hay una crisis económica en España, como consecuencia a factores externos como la crisis financiera de 2008 y factores internos como la burbuja inmobiliaria en España y la crisis inmobiliaria española. Se produjo un rescate bancario. Durante la crisis se han producido dos recesiones económicas en España (2008-2010 y 2011-2014)
Desde inicios de la crisis la estadísticas oficiales reflejaron una caída progresiva del ingreso de los hogares, y un incremento de pobreza, para 2014, el INE calculó que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza alcanzaba el 22,2%.
Crecimiento interanual del PIB en España (base 2010)
Según la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, la deuda externa del estado español en 2012 está repartida en:
Según los datos de 2012 del Banco de España, la deuda total (interna y externa) de España asciende aproximadamente al 400% del Producto Interior Bruto.
Del 400% aproximadamente del PIB en 2012, se reparte de la siguiente forma:
Desde la PACD denuncian que en 2012 la deuda privada en España es bastante más abultada que la pública. Con respecto a la media de la Unión Europea, la deuda pública española en 2012 es inferior, donde el promedio se encuentra en el 83 %.
La deuda externa de España en septiembre de 2012 era el 165,7 % del PIB.
Entre los acreedores de la deuda pública española, en 2012 un 55 % el Estado lo debe a entidades financieras españolas (Banco Santander y BBVA principalmente) y el resto a entidades extranjeras, principalmente bancos franceses y alemanes.
El Banco Central Europeo (BCE) presta dinero a bancos a intereses muy bajos (1 %), un dinero que ellos invierten en comprar deuda pública a intereses del 5 %. Por ello, desde la PACD denuncian que en plena crisis, los bancos siguen obteniendo beneficios gracias al endeudamiento, y la liquidez que inyecta el BCE no revierte en crédito a los ciudadanos.
Algunas construcciones públicas en España han recibido críticas de despilfarro, por considerarse un fracaso o por encontrarse infrautilizadas. Algunos ejemplos son:
Un informe de la Agencia Tributaria señaló en noviembre de 2012 que un 71,8% del fraude fiscal corre a cargo de empresas y grandes fortunas, elevándose lo defraudado a una cantidad cercana a los 42.000 millones de euros, pero las investigaciones se centran en autónomos, profesionales liberales y trabajadores con nómina, cuyo fraude solo representa el 8% del total.
En marzo de 2012, Partido Popular aprobó una amnistía fiscal con la que preveía recaudar 2.500 millones de euros que escaparon de Hacienda. A finales de julio se habían ingresado 52 millones de euros, un 2 % de los 2.500 previstos. Un estudio del grupo Tax Justice Network reveló que existen de 17 a 26 billones de euros escondidos en paraísos fiscales, que habrían aportado 230.000 millones de euros en concepto de recaudación por impuestos.
A partir de 2013, se hicieron públicos numerosos escándalos de fraude fiscal en el que intervinieron expolíticos, políticos y personas estrechamente relacionados con políticos. El tesorero del partido de gobierno, Luis Bárcenas, protagonizó uno de los más sonados escándalos de corrupción, financiación ilegal y cohecho. Este escándalo fue objeto de numerosos titulares en la primera mitad de 2013, si bien antes ya había aparecido, pero las revelaciones de enero de 2013 aportaron nuevos datos. Estos hechos llevaron a que Luis Bárcenas fuera imputado y encarcelado a la espera de juicio, por una serie de asuntos que fueron denominados caso Bárcenas. Igualmente en junio de 2014, el expresidente autonómico Jordi Pujol se vio obligado a confesar haber defraudado dinero al fisco si bien aparecieron cuantiosas informaciones sugiriendo que cobró comisiones, pudiendo haber incurrido en cohecho por valor de centenares de millones de euros y financiación ilegal de partidos.
En septiembre de 2014, el asunto de las tarjetas "opacas" que estuvieron funcionando en Caja Madrid y su sucesora bankia hasta 2012, ocupó numerosos espacios en la prensa. Numerosos consejeros con conexiones políticas usaron tarjetas fiscalmente opacas mediante artificios contables en gastos personales por cantidades escandalosas, arguyendo que eran gastos de representación cuando eran gastos personales y familiares suntuarios.
Según la Asociación de Productores de Energías Renovables, en mayo de 2013, “el 95% de la generación en régimen ordinario lo controlan cinco empresas; el 99,7% de la distribución está controlada por las mismas cinco empresas (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, EDP - Energías de Portugal, E.ON); y el 79,5% de la comercialización de electricidad lo controlan esas mismas empresas”.
El 4 de febrero de 2013, el Financial Times publicó un editorial donde afirmaba que en España, mientras todavía permanece la crisis económica, la mayoría de las «instituciones, desde la monarquía hasta la justicia, muestran síntomas de putrefacción»
La constitución española de 1978 asienta a España como una democracia representativa. La ley orgánica del Régimen Electoral General establece un sistema electoral de listas cerradas, donde los ciudadanos pueden elegir votar a un determinado partido político, y el Congreso de los Diputados elige al presidente. La ciudadanía dispone de la iniciativa legislativa popular como herramienta democrática entre cada legislatura. Desde 1978, se han presentado más de 60 iniciativas a las Cortes, donde solo ha prosperado una.
Políticos, analistas políticos y académicos ven en el Senado una cámara que no ejerce en la práctica una función útil, ya que para casi todas sus funciones el Congreso es el que acaba decidiendo y las pocas funciones exclusivas no se han usado. Existen llamadas a reformar el Senado para que sea un órgano que dé relevancia a las regiones, otras a eliminarlo. Cualquier reforma necesitaría de un cambio en la Constitución.
La Iglesia católica en España ha sido criticada por estar exenta de pagar impuestos como el IBI, de esta exención también se benefician comisarías, colegios, cuarteles, prisiones, los edificios de la Cruz Roja, las embajadas..., así como, los edificios que son patrimonio histórico. Al no pagar el IBI de las cerca de 100.000 propiedades que posee en España, según el historiador Stanley George Payne, de las que 5.000 son edificios religiosos, (en torno al 80% del patrimonio artístico de España es propiedad de la Iglesia, que también dispone de 300 museos y 103 catedrales) la Iglesia está exenta de pagar al Estado alrededor de 3.000 millones de euros cada año.
Iñaki Urdangarín, el yerno del entonces rey de España, fue primero imputado y luego acusado formalmente por la justicia por el Caso Nóos. Se encuentran imputados todos los miembros de la Junta Directiva del Instituto Nóos incluyendo la infanta Cristina, la hija de Juan Carlos I. La monarquía ha recibido otras críticas con respecto a la opacidad del presupuesto de la Casa Real, entre otras.
El 2 de junio de 2014, el rey Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo Felipe VI, para ello Juan Carlos I entregó una declaración institucional al Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien convocó a los medios de comunicación con carácter de urgencia para su lectura y valoración a las diez de mañana, unas horas después fue emitido por radio y televisión un discurso en el que el monarca revelaba que había tomado la decisión en el mes de enero y la atribuía al proceso de regeneración institucional demandado por la sociedad:
Todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor. En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco.
La fecha de esta abdicación había sido previamente consultada en el mes de marzo con Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) y Mariano Rajoy (PP), para no interferir en el desarrollo de la campaña electoral de las elecciones europeas de 2014. Ambas formaciones experimentaron un severo retroceso en su porcentaje de voto en dichas elecciones. A pesar de que los trámites para la sucesión contaron con un apoyo parlamentario superior al 90% de los diputados y senadores, se convocaron de forma espontánea manifestaciones en las principales plazas y calles del país pidiendo la convocatoria de un referéndum para decidir sobre la continuidad o no de la monarquía, se escenificaba así el descontento hacia la institución que se venía experimentando desde el año 2011 a raíz del Caso Nóos, el viaje a Botsuana y la crisis económica, entre otros episodios. Izquierda Unida, Podemos y Equo, que juntos sumaron el 19,87% de los votos en las Elecciones al Parlamento Europeo de 2014, también pidieron un referéndum. Por su parte PP, PSOE y UPyD, entre otros partidos, respaldaron la sucesión.
Igualmente, en octubre de 2014, el que había sido jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno dimitió como consejero del rey Juan Carlos I, por su implicación con gastos suntuarios mediante las tarjetas ilegales de Caja Madrid en años anteriores. A principios de 2016, se inició el juicio del caso Nóos, la agencia tributaria y la fiscalía, siguiendo el criterio del gobierno apoyaban la retirada de la acusación contra la infanta Cristina de Borbón, sin embargo, las tres jueces encargadas de juzgar el caso consideraron que sí debía ser juzgada en febrero de 2016.
La Constitución establece, que mediante ley, se podrá regular medios perteneciente a entes públicos:
El Parlamento elige por mayoría al Presidente, y este al Gobierno. Las leyes se aprueban con mayoría del Parlamento.
Se ha criticado que no existe separación de poderes, ya que instituciones del Poder Judicial, sus miembros son elegidos por el Poder legislativo: Ministerio Fiscal de España, Consejo General de Poder Judicial, Tribunal Constitucional En España no hay separación de los cuatro poderes de un Estado moderno (Poder Judicial y Fiscalizador, Medios de Comunicación de Masas Públicos, Legislativo y Gobierno). Tienen “autonomía funcional” pero son elegidos por el Poder Político.
El indulto es una medida de gracia, mediante el cual el Gobierno excluye de cumplir la pena (aunque no la sentencia ni los antecedentes) a un condenado. De origen histórico y con el fin de corregir posibles imprecisiones de la ley, el uso del indulto ha sido en ocasiones controvertido, pues ha sido utilizado por los gobiernos para anular las decisiones de la justicia.
El gobierno de Felipe González indultó en 1988 al general Alfonso Armada, uno de los perpetradores del intento golpista del 23-F. En 1998 José María Aznar indulta a José Barrionuevo y Rafael Vera, políticos socialistas condenados por el caso GAL, y en 2000, más de 1.300 condenados salen de prisión gracias a un indulto masivo aprobado con motivo del fin del milenio y del jubileo. José Luis Rodríguez Zapatero indultó al banquero Alfredo Sáenz Abad, número dos del Banco Santander, e intentó sin éxito eliminar sus antecedentes penales. Esto ocurrió durante el tiempo de traspaso de poderes después de que el PSOE perdiera las elecciones generales de 2011. La mayoría de los beneficiados de los indultos del actual gobierno de Mariano Rajoy son traficantes de drogas, aunque el caso más mediático fue el indulto a un conductor temerario que acabó con la vida de una persona al conducir por sentido contrario por una autopista. Este indulto fue anulado por el Tribunal Supremo. El gobierno de Rajoy también ha indultado a agentes de policía condenados por agresiones y torturas.
En 2012, 48 de los 487 puestos de los consejos de administración del IBEX 35 (el 9,8% del total) estaban ocupados por personas que tuvieron o tienen cargos electos. Estas empresas representan el 14,5% del valor del Ibex, frente al 10,9% de 2009. De los 48, 18 puestos son ocupados por miembros del PSOE, con un poder equivalente al 4,35% del valor del Ibex. El PP tiene 11 consejeros de su órbita, y sus empresas controlan el 4,31% del Ibex.
El gobierno en funciones de Mariano Rajoy aprobó en diciembre de 2015 una prórroga de 60 años para la empresa papelera ENCE en Pontevedra. La exministra del PP Isabel Tocino es consejera de esa empresa, con un sueldo de 87.000 euros anuales.
En la siguiente tabla se muestran políticos que han ocupado alguna vez un cargo en un consejo de administración de una empresa.
El fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, reveló que en noviembre de 2009 se estaban tramitando un total de 730 causas contra cargos públicos por corrupción. PSOE y PP acumulaban entonces 464 del total de las causas (264 el PSOE y 200 el PP). En cuanto al resto de partidos políticos, Coalición Canaria acumulaba 43 causas, CiU 30, el Partido Andalucista 24, Izquierda Unida 20, el Grupo Independiente Liberal (GIL) 17, Unió Mallorquina 7, Esquerra Republicana de Catalunya 5, Bloque Nacionalista Galego 3 y PNV otras 3.
A las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 concurrieron en las listas electorales más de 100 políticos imputados en distintas causas.
En enero de 2013 había más de 300 políticos imputados (con Baleares y Valencia a la cabeza), 200 de ellos concentrados en solo cinco comunidades.
El 18 de enero de 2013, el periódico El Mundo publicó que Luis Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato», con dinero B procedente «de constructoras, empresas de seguridad y donaciones». La práctica se habría extendido durante 20 años. El diario exculpaba a Rajoy y Cospedal que no habrían cobrado esas comisiones ilegales. Según el diario, Rajoy habría puesto fin a la práctica en 2009. Publicaciones posteriores mostraron datos que sugirieron que el presidente Rajoy, y otros miembros de la actual cúpula del PP y ministros, como Cospedal pudieron cobrar dichos sobresueldos y que éstos eran pagados por empresarios, lo que finalmente entroncó con un escándalo previo, el llamado caso Gürtel. Se inició una petición en Change.org el 1 de febrero pidiendo un millón de firmas pidiendo la dimisión del presidente. Fueron alcanzadas el millón de firmas en una semana.
Estas publicaciones en la prensa (El Mundo y El País) provocaron manifestaciones desde el 31 de enero de 2013, provocando de nuevo acampadas en la plaza de San Jaime, plaza de Cataluña y la Puerta del Sol.
Algunos casos de corrupción que se han visto envueltos los partidos políticos desde la transición son:
En España, los partidos políticos tienen la obligación de explicar su situación financiera y patrimonial en libros de contabilidad que deben presentar anualmente ante el Tribunal de Cuentas de España. Seis meses después, el organismo tiene que emitir un informe sobre su adecuación o no a la legalidad. Sin embargo, el último informe sobre el estado contable de los partidos políticos es de 2007. Teniendo en cuenta este retraso de cinco años y que la nueva ley aprobada en 2012 establece un plazo de prescripción de cuatro años para los delitos de financiación irregular, es muy difícil que el Tribunal de Cuentas llegue a tiempo para penalizar comportamientos fraudulentos. La prescripción fue introducida en la Comisión Constitucional posterior al proyecto de reforma de la ley.
Por otro lado, salvo que haya un proceso judicial abierto que afecte directamente a un partido, es un acuerdo del pleno del Tribunal de Cuentas, elegido por los representantes políticos, el único que permite iniciar los procedimientos sancionadores, así como de imponer los castigos correspondientes.
En 2007 la deuda de los partidos políticos con los bancos era de 227 millones de euros, 59,4 millones el PP y 59,9 millones el PSOE (el PSC tenía créditos por otros 10,4 millones). Un informe de marzo de 2012 revelaba la opacidad de los partidos políticos.
En 1995, la Caja de Ahorros de Jerez condonó deudas por valor total de 20 millones de pesetas a 32 miembros del PSOE de Andalucía, entre ellos el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. El entonces líder del Partido Andalucista, Pedro Pacheco, denunció que se trataba de un caso de clientelismo político por parte de la Junta, pues a cambio de esa condonación, la Caja llevaría las nóminas de la educación pública andaluza.
En 1996, cuando el PP llegó al poder con Aznar y Manuel Fraga era presidente de la Xunta de Galicia, Caixa Galicia perdonó 300 millones de pesetas de deuda al partido.
La Caixa perdonó una deuda de 7,1 millones de euros al PSC en diciembre de 2004. En marzo de 2006 la caja de ahorros de Bilbao y Vizcaya (BBK) cerró un acuerdo con el PSOE condonándoles una deuda de 21 millones de euros. Ese mismo año salió a la luz que el Banco Santander había condonado una deuda de 12 millones de euros al PSOE, coincidiendo con el inicio del Gobierno de Zapatero.
En 2005 el PP y el PSOE justificaban el perdón de deudas de los bancos con los partidos políticos como una práctica usual. En 2012 María Antonia Trujillo, ministra de vivienda con Zapatero, declaró que «El que tenga deudas que las pague. Que no se hubiera endeudado» en relación a las personas que estaban siendo desahuciadas de sus casas.
En España, ser político es una profesión, a diferencia de Suiza donde hay políticos milicianos. Gozan de privilegios fiscales, entre los que destacan que los parlamentarios solo necesiten siete años para cobrar la pensión máxima, mientras que los trabajadores normales, con 15 años de cotización, la pensión se iría solamente al 50%. Esta medida se implantó para permitir que los políticos exiliados durante la dictadura franquista pudieran acceder a una pensión al regresar a España tras la Transición, sin embargo, se ha mantenido a pesar de que ya ha perdido su razón de ser.
Por otro lado, el paro que les corresponde si cesa su actividad en el Parlamento es de una mensualidad por cada año de permanencia en las cámaras (el máximo es de 24 mensualidades a percibir) con un salario base de 3.126 euros mensuales, superior comparable con cualquier prestación normal por desempleo. Por otro lado, no es necesario ningún requisito de estudios, ni se realizan ninguna oposición o examen que habilite al político presentarse en una lista electoral.
En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2012 que realiza la ONG Transparencia Internacional (TI), España se sitúa en el puesto número 13 de la Unión Europea. España se sitúa en el puesto 30 de la lista global, empatada con Botsuana con una nota de 6,5 puntos. En los últimos 18 años España ha ido bajando del puesto 21 al 30 y ha advertido de que es uno de los pocos países europeos que todavía no cuenta con una ley de transparencia en vigor.
En enero de 2013, Según el Índice de Transparencia Presupuestaria internacional, España se sitúa en el puesto 19, detrás de Uganda. En junio de 2011, antes de que España pidiera el rescate bancario, Rajoy utilizó al país africano como antítesis para reforzar la imagen del país y aguantar la presión de la troika por el rescate bancario.
A fecha de 2012, España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes sin una ley de transparencia (Open Government o Gobierno Abierto). Se ha defendido que una ley de transparencia que hubiera permitido el acceso libre a todos los contratos firmados por las Administración Públicas, a explicar detalladamente los gastos y financiación de los contratos, se hubiera podido luchar mucho mejor contra la corrupción a todos los niveles, desde hace años.
Desde 2010, las encuestas del CIS revelaron un declive progresivo del número de votantes potenciales a los principales partidos que gobernaron durante la crisis PSOE y PP. Este desgaste se manifestó de manera particularmente clara en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. En esas elecciones, Izquierda Unida y el nuevo partido Podemos superaron juntos el 18% de los sufragios.
A partir de junio de 2014 todas las encuestas revelaron un fuerte aumento de Podemos que a principios de 2015 era la segunda fuerza en intención de voto según el CIS, y parecía tener posibilidades de alcanzar el gobierno en las elecciones generales de 2015. Durante la primera parte de 2015, se debatió ampliamente sobre la posibilidad de que el nuevo partido alcanzara a ganar las elecciones.
Con la crisis económica que comenzó en 2008 la tasa de desempleo creció rápidamente desde un 8% en 2006 al 20% en 2010 y el 25% en 2012 (6.098.876 personas en enero de 2013) y convirtiéndose en la mayor preocupación de la sociedad española superando al terrorismo. Si bien el paro en algunas regiones de España es bastante menor que en otras, el cómputo general es uno de los más altos de la Unión Europea.
La Tasas de desempleo en porcentaje, según el INE:
Evolución de la tasa de desempleo en España
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
El desempleo juvenil (menores de 25 años) es el 57,6%.
Por su parte, durante 2013 se tramitaron 10.949 concursos de acreedores a empresas, un 6,4% más que en 2012 y la cifra más alta de toda la serie histórica.
En 2013 está previsto que se apruebe la quinta ley educativa de era democrática, la LOMCE. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, o LOMCE y también denominada "Ley Wert", es una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Educación (2/2006, del 3 de mayo) o LOE y de la LOGSE de 1990, que son las leyes que regulan el sistema educativo español y a las que el Partido Popular siempre se opuso. El proyecto de ley definitivo fue presentado el 17 de mayo de 2013 por el ministro de Educación, Cultura y Deporte del gobierno popular de Mariano Rajoy, José Ignacio Wert. Desde que en 2012 se hizo público el primer borrador de la ley ciertos sectores sociales encabezados por los partidos de la oposición, los sindicatos y las asociaciones de padres y de alumnos de la enseñanza pública han mostrado su rechazo a la misma.
Las principales críticas que ha recibido son:
Las tasas universitarias sufrieron un notable aumento durante la crisis, y diversas universidades implementaron programas de ayuda a algunos estudiantes, pero aun así el número de estudiantes que tuvieron que dejar sus estudios universitarios por falta de recursos económicos aumentó notablemente.
El número de españoles residentes en el extranjero ha crecido un 5,5% desde el inicio de la crisis hacia 2008. Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), perteneciente al INE, en 2012 son 302.623 los jóvenes (entre 15 y 29 años) con nacionalidad española que residen en otros países, mientras que en 2009 eran 242.154. Sin embargo, estas cifras no reflejan a los emigrados que no se apuntan en los consulados, que son la mayoría en el caso de los jóvenes.
El 91% del empleo destruido en los últimos 4 años es de menores de 35 años, tal y como publica la Encuesta de Población Activa (EPA). El paro juvenil se ha situado en un 55% en la última EPA, siendo el dato de paro juvenil más alto de la Unión Europea. Actualmente, 374.600 jóvenes (de hasta 29 años) con formación superior se encuentran en paro. En 2008, los jóvenes en esta misma situación eran 178.200. Pero este perfil no es el único que se repite en el extranjero, también se van jóvenes con otras cualificaciones medias y profesionales.
Ante esta situación, los jóvenes han comenzado a emigrar a otros países en busca de una oportunidad laboral, para poder asegurarse un futuro que en el Estado español se hace incierto. Si bien es cierto que la media europea de paro juvenil (un 22,5%) es muy inferior a la española, encontrar trabajo no está garantizado. Y más allá de Europa, los jóvenes españoles están empezando a optar por otros destinos como Latinoamérica y Asia. Generalmente, los trabajos que realizan los jóvenes en el extranjero también se encuentran caracterizados por la precariedad, con jornadas laborales muy largas y sueldos muy bajos que no aseguran una vida digna, y menos un futuro.
La alternativa al paro es la precariedad: el Gobierno opta por la flexibilidad y la temporalidad de los contratos. No se trata solo de una nula estabilidad laboral, sino de una falta de independencia que elimina del horizonte cualquier proyecto de vida estable y convierte a los jóvenes españoles en personas dependientes de sus familias.
A raíz de la Manifestación del 15 de mayo de 2011, surgió el Movimiento 15M y una serie de protestas y manifestaciones que se extienden hasta la actualidad. Se han producido manifestaciones en contra de recortes sociales, en sanidad, educación, la ley LOMCE, corrupción política, entre otros.
A principios de febrero, se han vuelto a producir acampadas como ocurrió el 15 de mayo de 2011. Se han producido acampadas en Puerta del Sol (conocida como Inviernos al Sol, plaza de Cataluña y plaza de San Jaime (conocida como Acampada Nòmada o Acampada Plaça Catalunya 2.0).
En diciembre de 2013, el diario británico The Economist publicó un informe realizado por la compañía The Economist Intelligence Unit que afirmaba que la conflictividad social alcanzaba en España un riesgo de nivel 3 sobre 4 puntos por el malestar desencadenado durante la crisis económica, lo que implicaría para el año 2014 un alto riesgo de sufrir revueltas sociales. El informe solo situaba tres países europeos en esta categoría: Bulgaria, Portugal y España, y únicamente Grecia estaría en un escalón más alto, el de “riesgo muy alto”.
En marzo de 2014, la organización Cáritas Europa publicó un informe según el cual España era el segundo miembro de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil superado solo por Rumanía.
Durante el año 2012 se recortaron en Sanidad en España 7.000 millones de euros (abril) y se cerraron numerosas plantas hospitalarias a nivel nacional. Se dejaron de financiar fármacos para síntomas menores, entre otras medidas.
También entró en vigor el repago en algunas comunidades como Cataluña.
A partir del 1 de septiembre de 2012 los inmigrantes con situación irregular en España dejaron de tener derecho a la atención sanitaria, al igual que en Alemania, Reino Unido, Grecia, Polonia y Rumanía. Únicamente se les permite acceder a urgencias y parto.
Desde los Pactos de Toledo la Sanidad se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado y no a través de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social. Desde la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 1999, la financiacón del Sistema Nacional de Salud se separa por completo de la Seguridad Social, y pasa a financiarse a través de los impuestos directos (IRPF) e indirectos (IVA) que paga toda la ciudadanía; al margen de su situación administrativa o laboral.
Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2013 supusieron para la sanidad pública la privatización total de los seis hospitales de modelo semiprivado que ya existían, el desmantelamiento de los hospitales de La Princesa y Carlos III, la privatización de todos los servicios no sanitarios (cocinas, lavanderías, almacenes y mantenimiento, etc.) de toda la red de hospitales públicos, así como la fusión de sus servicios sanitarios. También implicaron la privatización de la gestión de 27 centros de atención primaria y la implantación del euro por receta.
Estas medidas son un paso más en un proceso de privatización previamente planificado que se inicia en 1991 con el Informe Abril, encargado por el gobierno del PSOE a una comisión presidida por Fernando Abril Martorell, empresario, banquero y exprocurador en las Cortes franquistas, y a nueve vicepresidentes, de los cuales siete estaban relacionados con la sanidad privada y la industria farmacéutica. Las recomendaciones más destacadas del informe fueron la reducción de las prestaciones sanitarias, la introducción del repago por acudir a consultas, urgencias o por pruebas diagnósticas, extender a los pensionistas el pago del 40% de las recetas, y potenciar la participación de la empresa privada en el sistema sanitario público. Cuando se hizo público el informe, una intensa movilización social que culminó en una huelga general hizo que fuera descartado de forma oficial, aunque se convirtió en la hoja de ruta del proceso de privatización.
En 1997 se aprueba, con los votos de PP, PSOE, CiU, PNV y CC, la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud, que permite que los centros sanitarios y socio sanitarios sean gestionados por cualquier tipo de entidad, pública o privada. Con ello se da entrada al ánimo de lucro en la sanidad pública.
El primer hospital de financiación pública y gestión privada se inauguró en 1999 en Alcira, tras lo cual este modelo se ha extendido por diferentes comunidades autónomas, siendo en Madrid donde ha alcanzado su mayor desarrollo. El modelo consiste en que una empresa privada recibe gratuitamente miles de metros cuadrados de suelo público donde construye el hospital y dispone el equipamiento básico. Una vez finalizada la obra se lo alquila a la Administración correspondiente por un canon anual durante un periodo aproximado de 30 años.
Los estudios realizados en Gran Bretaña, donde este modelo lleva más tiempo implantado, demuestran que los costes se multiplican por 6 respecto a los de un hospital de gestión pública. Un estudio comparativo entre la Fundación Jiménez Díaz, de gestión privada, y el Hospital Ramón y Cajal, de gestión enteramente pública, en relación a la gestión de servicios sanitarios demuestra que este último, con un presupuesto solo superior en un 13%, gestiona el doble de camas y de quirófanos, con pacientes con patologías mucho más complejas.
Este modelo no solo incrementa los gastos públicos sino que presenta otros inconvenientes económicos. A pesar de que la gestión es privada y los beneficios obtenidos también, en caso de pérdidas estas son cubiertas por las administraciones públicas. En 2011 siete hospitales de gestión privada de la Comunidad de Madrid reclamaron 80 millones de euros por gastos no esperados y un aumento en la asignación anual de 9,8 millones.
En 2003 el hospital de Alcira o Hospital de La Ribera presenta pérdidas superiores a los 5 millones de euros. El gobierno del PP de la comunidad valenciana fue al rescate de la empresa gestora pagando 43,9 millones de euros en concepto de bienes y 26 millones en concepto de indemnización para cubrir el lucro cesante de los 6 años de explotación que restaban. El contrato de gestión se rescindió, pero la nueva adjudicación, un contrato en el que se sumaban a este hospital 13 Centros de Salud y una mejora de las condiciones económicas, recayó sobre la misma empresa.
La gestión privada de los hospitales termina en manos de empresas constructoras, aseguradoras o financieras, en muchos casos vinculadas a tramas de corrupción o ligadas a fondos de capital riesgo, que pasan de la burbuja inmobiliaria a la burbuja sanitaria. Nuestra salud queda en manos de empresas privadas sin ninguna experiencia en el ámbito de la sanidad, que solo buscan un nuevo espacio de benéfico económico. Esto ocurre, al igual que en los procesos de privatización de otros servicios públicos, en connivencia de las élites económicas con los poderes políticos.
En verano de 2014, coincidiendo con el brote de ébola en África Occidental dos misioneros españoles que desde hacía años desarrollaban labor misionera en África contrajeron la enfermedad. El gobierno decidió repatriarlos para tratarlos en España, aunque diversas fuentes médicas desaconsejaron dicho traslado. Diversas medidas del protocolo de seguridad fallaron y produjeron el primer contagio fuera de África del virus del Ébola, una auxiliar de enfermería resultó afectada y numerosos medios criticaron duramente a la ministra de sanidad Ana Mato por su gestión de esta crisis biosanitaria.
Las pensiones, en España, se pagan mediante un sistema de reparto. Las cotizaciones sociales recaudadas a empresas y trabajadores son inmediatamente distribuidas entre los pensionistas. Las cotizaciones a pensiones públicas suponen actualmente casi un 30% del salario bruto de los trabajadores y la confederación de empresarios ha solicitado reiteradamente su reducción.
Actualmente (desde enero de 2012) la recaudación de cotizaciones sociales no basta para cubrir el pago de las pensiones y el Gobierno recurre al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que durante los años de crecimiento económico (1997-2007) acumuló los excedentes de cotizaciones. Si en 2006 los ingresos suponían el 120% de los gastos de la Seguridad Social, actualmente apenas son el 90%.
En mayo de 2010, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció un ajuste de 15.000 millones de euros, entre los que incluía la congelación de las pensiones durante un año. El aumento de las pensiones sería menor a la inflación, excepto para las mínimas y no contributivas. En total, las pensiones públicas españolas llevan retrocediendo en su poder adquisitivo desde el inicio de la década, pues con el gobierno de Mariano Rajoy los aumentos de las pensiones siguieron siendo inferiores a la inflación. En 2014 solo subieron un 0,25%, menos que el aumento de los precios. Este incremento insuficiente para cubrir la inflación se suma a los acumulados en 2013 (2% las inferiores a 1.000 € mensuales y 1% las restantes), 2012 (2,9% las mínimas y no contributivas y 1% las restantes) y 2011 (2,3% las mínimas y no contributivas y 1,3% las restantes). En 2013, por primera vez, no se compensó a los pensionistas por sufrir una inflación mayor a la prevista por el Gobierno, perdiendo 0,9 puntos adicionales de poder adquisitivo.
Los empleados públicos llevan perdiendo poder adquisitivo desde 2010, último año en el que su salario aumentó. En ese año sus sueldos fueron reducidos en un 5% y congelados desde entonces. En 2012, además, no percibieron la paga extra de Navidad, que supone más de un 7% de su salario anual. Por otra parte, la convocatoria de oposiciones lleva congelada desde hace años en algunas Comunidades Autónomas.
En la década 1996-2006 el precio de la vivienda en España subió en torno a un 180%, provocando que los jóvenes destinaran el 65% de media de su salario al pago de las hipotecas en 2006. Entre los años 1998 y 2007, el número de hipotecas formalizadas anualmente fue del orden de 822.000. Más de 8 millones en total. La subida de los precios fue causado por la burbuja inmobiliaria. El aumento del precio de la vivienda se ha realimentado con procesos de corrupción urbanística y especulación.
En junio de 2008, desde el Estado se animaba a los ciudadanos a comprar vivienda nueva, ya que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, afirmó que era «el momento adecuado». Meses más tarde comenzaba la crisis económica en 2008, provocando un aumento del desempleo superiores al 20%, que, junto con la subida de las hipotecas por el Euribor, ha causado la imposibilidad para miles de familias de hacerse cargo del pago de la hipoteca de la vivienda. Además hay que sumar la existencia de cláusulas suelo en los contratos por las que los perjudicados han interpuesto numerosas demandas.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde 2007 hasta el primer semestre de 2012 se han producido 417.000 ejecuciones hipotecarias. Como consecuencia de ellas, hasta el momento, 203.808 personas o familias han perdido sus casas en este periodo y otras 160.000 ejecuciones más estaban previstas para 2013 y primeros meses de 2014. En 2013, las ejecuciones hipotecarias aumetaron un 6,5% respecto al año anterior con unas 50 mil ejecuciones más, y 38.961 familias perdieron su vivienda.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado la opacidad y falta de datos oficiales sobre ejecuciones hipotecarias y de lanzamientos, ya que según el CGPJ no diferencian las que conciernen a primera vivienda, avales, locales o segundas residencias. Tampoco dicen cuales son las entidades que más ejecutan, ni cuales son los municipios con mayor número de procesos cursados. Un estudio realizado por la PAH estima que desde que estalló la crisis se han producido 362.776 desahucios. Unos 146.358 lanzamientos más que los datos oficiales. Consideran que estas estimaciones se pueden quedar cortas a tenor debido a los 2 millones de hogares españoles con todos sus miembros en el paro y de los 6 millones de desempleados (una tasa del 26%) que había según la EPA a cierre de 2012.
En agosto de 2012 se producían 517 desahucios diarios. En 2013 el número de ejecuciones diarias rondaba las 137. Tras la subasta de la vivienda, las casas vuelven a ser tasadas por debajo de su precio inicial de tasación, teniendo los propietarios que hacer frente al pago de la diferencia sin disponer del disfrute del inmueble.
Desde la PAH, y otros colectivos, se ha denunciado que los bancos y cajas aceptan la dación en pago de hipotecas impagadas por las inmobiliarias y, en cambio, la rechazan en las de las familias. Según datos del Banco de España, en enero de 2012, mientras las familias con hipotecas impagadas representaban el 3,5% del total, había un 15,9% de morosidad entre las inmobiliarias. La morosidad de las inmobiliarias subió al 30,3% en diciembre de 2012.
Desde el Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, abogada general del Tribunal, dictaminó el 8 de noviembre de 2012 que la ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea al permitir la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que si no se cumplen, provocan la ejecución forzosa del desalojo.
El 15 de noviembre de 2012, se aprobó el «Real Decreto-ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios», conocido como decreto antidesahucios. Sin embargo, fue criticado por la PAH, que defendían que se trataba de un decreto parcial que no resolvía el problema y solo posponía el desahucio. Este decreto no modifica la ley hipotecaria ni la ley de enjuiciamiento civil; por lo que, afirman, se trata tan solo de un "parche".
Mientras, a diferencia de España, en Estados Unidos está contemplada la dación en pago; en Grecia hay una moratoria hasta 2013 y en Reino Unido, si la persona no puede pagar lo que debe, siempre puede declararse en "bancarrota".
Se han denunciado la aplicación de cláusulas abusivas, entre ellas la denominada cláusula suelo, que no eran informadas por los bancos o notarios.
Se ha denunciado que los delitos de corrupción política prescriben, mientras que las deudas de las hipotecas no.
La OCU, Adicae y consultoras independientes han denunciado que se tasan al alza los pisos que proceden de promotores y más bajos los de particulares. Además, estas sociedades de tasación están participadas en muchos casos por los bancos y cajas para las que trabajan valorando los pisos sobre los que las entidades deciden si dan o no una hipoteca.(Tasamadrid -controlada hasta comienzos de 2012 por Bankia hasta que se la vendió a Tinsa-, Servatas en manos hasta diciembre de 2011 de BBK, Kutxa y Caja Vital, LKS Tasaciones por Caja Laboral, VTH por La Caixa. En diciembre de 2012, el Banco de España ha obligado a que las tasadoras de pisos se desliguen de la banca.
El 30 de marzo de 2011, la PAH y el Observatori DESC junto a otras entidades sociales y organizaciones sindicales comenzaron a tramitar el texto de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de regular la dación en pago con efectos retroactivos. Posteriormente, se amplió el texto con las peticiones de moratoria inmediata de los desahucios y reconversión de las hipotecas en alquiler social, como medida de mínimos destinada a garantizar el derecho a la vivienda de las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias.
Hasta septiembre de 2011 no se autorizó la ILP, sin embargo la Junta Electoral Central no dio comienzo a la recogida de firmas de la ILP hasta el 18 de abril de 2012.
Fueron entregadas 1.402.845 firmas el 5 de febrero de 2013 en el Congreso. Convocaron una manifestación para el 16 de febrero de 2013, y realizaron escrache virtual para que la admitieran a trámite. El 12 de febrero, se aprobó a trámite la ILP con 333 votos a favor y una abstención. Afirman que el cambio de postura del Partido Popular fue debido a la presión popular. Mantienen su advertencia de realizar escrache físico si no aprueban la ILP tal y como la entregaron.
Según un sondeo de Metroscopia, el 87 % de los españoles está de acuerdo con las demandas de la ILP.
En 2002 se contabilizaron en España 3,1 millones de casas vacías. 10 años después, aún pendientes de la finalización del censo que está realizando el Instituto Nacional de Estadística, se espera que la nueva cifra sea de entre 5 y 6 millones de casas vacías. Esto significa más de un 20% del total de las viviendas en España.
El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), la cual controla el 80% del mercado de préstamos para la compra de viviendas en España, Santos González, se ha posicionado en contra de la dación en pago en España, ya que el afirma que «el porcentaje de personas que están a punto de ser desahuciadas es muy pequeño».
Parte de la sociedad catalana reivindicó ser un nuevo estado de Europa en la Manifestación "Catalunya, nou estat d'Europa" del 11 de septiembre de 2012, que tuvo una asistencia de entre 600.000 y 2 millones de personas. A raíz de esta manifestación, el Presidente de la Generalitat catalana convocó elecciones anticipadas. En las elecciones autonómicas de Cataluña del 25 de noviembre de 2012, 107 escaños (CIU, ERC, PSC, ICV-EUiA, CUP) de los 135 (PPC, Ciudadanos) del Parlamento de Cataluña pertenecían a partidos posicionados a favor referéndum por el derecho de autodeterminación (79%).
El 23 de enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó por 85 votos a favor (CIU, ERC, ICV-EUiA, 1 de la CUP), 41 en contra (PPC,15 del PSC, Ciutadans), 2 abstenciones(CUP) y 5 no votaron (5 del PSC), la Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña (62,9%), donde afirma que «el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». Se basó en los siguientes principios: soberanía, legitimidad democrática, transparencia, diálogo, cohesión social, europeísmo, legalidad, papel principal del Parlamento de Cataluña y participación.
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