De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el 27 de mayo de 2007 (cuarto domingo de mayo), se celebraron en España elecciones municipales.
En el Real Decreto 444/2007, de 2 de abril de 2007, se convocan estas elecciones para cubrir los siguientes puestos:
El Real Decreto también recoge la elección de los diputados de las Diputaciones Provinciales de Régimen Común, que se realizará una vez celebradas las elecciones municipales mediante elección indirecta.
Por otra parte, a lo largo de la misma jornada, en el conjunto de España se celebraron también elecciones a trece de los diecisiete Parlamentos Autonómicos del país; a las asambleas de Ceuta y Melilla; a las Juntas Generales del País Vasco; a los Cabildos Insulares canarios; a los Consejos Insulares de Baleares; al Consejo General de Arán; y a los concejos de Navarra.
Tras una directiva de la Unión Europea (Directiva 94/80/CE), el artículo 13.2 de la Constitución Española fue reformado el 28 de agosto de 1992 para extender los derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales a todos los ciudadanos de la UE que residan en municipios españoles. Esta extensión de derechos se amplió el 6 de febrero de 1990, cuando España y Noruega suscribieron un acuerdo por el que se reconoce el derecho a votar en elecciones municipales a los noruegos en España y viceversa. (Véase también: Inmigración en España)
El 17 de agosto de 2006, el PSOE e IU presentaron al Congreso de los Diputados una proposición no de ley para instar al Gobierno a tomar las medidas necesarias para conceder a los inmigrantes que residen regularmente en España (predominantemente ciudadanos de Marruecos, Ecuador y Colombia) el derecho al sufragio en las elecciones municipales, siempre que, como establece la Constitución, se creen acuerdos de reciprocidad. De hecho, España ya había firmado tratados de amistad con Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile y Colombia; el Gobierno solo tendría que firmar los convenios para que 360 000 ciudadanos inmigrantes de estos países pudieran votar en las elecciones municipales. Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano (25 de agosto de 2006) que es "altamente improbable" que los inmigrantes extracomunitarios puedan votar.
Con todo, además de los españoles, podrán votar en estas elecciones los ciudadanos de Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia que residan en España; según datos de la Secretaría de Estado de Inmigración, estos ciudadanos sumaban 619 341 en junio de 2006. A esta lista también hay que añadirle los ciudadanos de Bulgaria y Rumania que entraron a formar parte de la UE el 1 de enero de 2007. De haberse tenido en cuenta a los cinco países sudamericanos con tratados de amistad citados anteriormente, se podría haber ascendido a 1,2 millones de extranjeros con derecho a voto, una cifra tres veces superior a la de las elecciones municipales de 2003.
Según un estudio del INE, existen en España 46 municipios, en los que más del 25 % su población es extranjera; destacan, con más de 50 000 habitantes, Torrevieja y Orihuela, en la provincia de Alicante; Fuengirola y Mijas, en la provincia de Málaga; y Arona y Adeje, en Tenerife, donde casi el 50 % de su población es extranjera.
Andalucía ha sido una de las comunidades autónomas que más casos de corrupción urbanística ha sufrido por parte de sus Ayuntamientos. Más de 25 localidades han visto cómo se ha llamado a declarar a sus alcaldes o concejales por implicaciones en casos de irregularidades en el sector de la construcción, como recalifcaciones de terrenos dudosas o sombras en contratos y adjudicaciones. El caso más llamativo y que más expectación ha levantado en los medios de comunicación ha sido el de Marbella. En este municipio malagueño se ha conseguido destapar una compleja trama de acciones delictivas que se ha saldado con el encarcelamiento de su alcaldesa, su primera teniente de alcalde, varios de sus concejales y el alcalde anterior. La gravedad del Caso Malaya ha sido de tal magnitud que, por primera vez en la historia reciente de España, han sido necesarias la disolución del Ayuntamiento de Marbella por parte del Gobierno Central y la creación de una comisión gestora.
Sin embargo, Marbella no ha sido el único municipio con casos de corrupción en los que sus alcaldes se han visto implicados. En octubre de 2006 el alcalde de la localidad madrileña de Ciempozuelos presentó su dimisión tras apuntarse un posible cobro de comisiones que ascenderían a 40 millones de euros. En noviembre, él y su antecesor en el cargo ingresaron en prisión acusados de cohecho y blanqueo de dinero, acusaciones de las que finalmente resultaron absueltos en todos sus términos por la Audiencia Provincial. Ese mismo mes, el alcalde del municipio grancanario de Telde y varios concejales fueron detenidos, acusados de cohecho y malversación de caudales públicos, en una operación que vino a denominarse Caso Faycan. Tras quedar en libertad provisional con cargos y bajo fianza, el regidor y los ediles dejaban oficialmente sus cargos unas semanas más tarde. Por las mismas fechas, en el municipio mallorquín de Andrach, su alcalde Eugenio Hidalgo, el director de Ordenación del Territorio del Gobierno de las Islas Baleares y cinco personas más fueron detenidos, acusados de delitos relacionados con la corrupción urbanística.
De acuerdo con los datos aportados por el Ministerio de Administraciones Públicas, Castilla y León es la autonomía que más casos de transfuguismo político, en términos absolutos, ha registrado en sus ayuntamientos. De los 44 municipios que han realizado mociones de censura durante el periodo 2003-2007, en 15 ha habido tránsfugas de por medio. Destaca el caso de la ciudad de León, la única capital de provincia española en la que ha habido cambio de alcalde, incurriendo además en el transfugismo. No obstante, en términos relativos, la cifra sería superada por otras autonomías con menor número de municipios, como ocurre con la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Cataluña.
Con motivo de las elecciones, muchos pueblos de pocos habitantes están sufriendo empadronamientos masivos, que pueden determinar la victoria de uno u otro candidato. Así, pueblos como Enix, que ha pasado de 267 electores a 347 en el censo del 31 de enero de 2006 o Las Tres Villas, que del 29 de enero al 31 obtuvo 129 nuevos habitantes, reconociendo el candidato del PSOE a la localidad que de ese número 45 o 50 eran familiares suyos. Otra tanto ha ocurrido en Mogán, en Canarias, donde el equipo municipal ofrecía empadronar a turistas a cambio de un voto a su favor. Todos estos casos han obligado al Instituto Nacional de Estadística a investigar el padrón de numerosos pueblos.
El Ayuntamiento de Madrid, el más importante de España en cuanto a número de concejales, es uno de los que más interés suscitan de cara a las elecciones de mayo de 2007.
Alberto Ruiz-Gallardón, del Partido Popular, fue elegido como alcalde de Madrid en los anteriores comicios de 2003. Su reelección como candidato no fue ninguna sorpresa (se daba por supuesta), y tuvo lugar el 14 de enero de 2007 en un acto realizado por su partido en un salón de Ifema, que si bien tuvo un gran aforo, no tuvo tanta repercusión a nivel nacional.
La elección del candidato del PSOE a la alcaldía de la capital, sin embargo, fue algo más accidentada y dio bastante más juego a los medios de comunicación. Desde un principio se pensó que la candidata de las últimas elecciones, Trinidad Jiménez, sería quien volviera a repetir la candidatura. Esta idea se vino abajo cuando el 6 de septiembre de 2006 fue elegida por el presidente del Gobierno para ocupar la Secretaría de Estado para Iberoamérica. A partir de ese momento fueron muchos los posibles candidatos socialistas que se barajaron en los círculos de opinión: el exsecretario general de la OTAN, Javier Solana; el expresidente del Gobierno, Felipe González; el concejal Pedro Zerolo; el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido; el rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba; etc.
Los rumores cesaron temporalmente cuando el 10 de octubre de 2006 el PSOE realizó una propuesta oficial al ex ministro de Defensa, José Bono, para que aceptara el cargo. Sin embargo, Bono, que pareció dispuesto a aceptarlo en un primer momento, acabó rechazando la propuesta al día siguiente. Desde ese momento, el nombre que empezó a tomar fuerza fue el de María Teresa Fernández de la Vega, no sin la oposición de algunos colectivos que la preferían en su cargo de vicepresidenta del Gobierno. Finalmente, la incógnita se despejó el 25 de octubre de 2006: Miguel Sebastián, hasta ese momento director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, y prácticamente desconocido por la ciudadanía, fue el candidato designado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para la alcaldía de la capital.
El mismo día en que se conoció quién iba a ser su principal adversario político, Ruiz-Gallardón aseguró que «es Zapatero quien, a través de Sebastián, ha decidido librar la batalla política por la alcaldía de Madrid, y será él quien asuma las consecuencias», una idea que mantuvo durante los meses posteriores. Ante esta afirmación, Zapatero respondió en enero de 2007, preguntado por la prensa, que «para que exista la confrontación hace falta ser candidato a la Presidencia del Gobierno», y que «no sé qué estará pensando él», [...] «yo lo que puedo asegurar es que no me presento a la alcaldía de Madrid».
El candidato a la alcaldía de Madrid por Izquierda Unida, el tercer partido con representación en el Ayuntamiento, fue Ángel Pérez. La Presidencia Regional de IU-Comunidad de Madrid le propuso el 31 de mayo de 2006, y el Consejo Político Regional de Izquierda Unida le designó definitivamente como candidato el 3 de junio de 2006, en una votación con todos los votos válidos a su favor. A pesar de sus años de experiencia, una encuesta en el diario La Razón aseguraba en enero de 2007 que Ángel Pérez es un político desconocido por siete de cada diez madrileños. La candidatura de Pérez fue recurrida a la Comisión de Garantías de IU por el sector comandado por Virginia Díaz e Inés Sabanés. La comisión de garantías anuló la elección de Pérez como candidato, a lo que este contestó afirmando que la Comisión carecía de competencias para apartarle de la candidatura. Finalmente, los dos sectores enfrentados llegaron a un acuerdo, dejando la candidatura a la Comunidad de Madrid a Sabanés y la candidatura a la alcaldía a Pérez.
Una de las novedades que presentaron las elecciones al Parlamento de Cataluña, celebradas el 1 de noviembre de 2006 (medio año antes que las municipales), fue la aparición de un nuevo partido político, Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (C's), formado a raíz de un manifiesto de intelectuales de la asociación Ciutadans de Catalunya en respuesta al nacionalismo catalán, que obtuvo tres escaños por la provincia de Barcelona. Su presidente, Albert Rivera, aseguró en una entrevista que el PSC estaba preocupado por la irrupción de Ciudadanos en esas elecciones municipales (por un posible trasvase de votos), y pensaba que las expectativas de su partido eran buenas a pesar de que no se presentaría en todos los municipios de España, ni siquiera de Cataluña. En los lugares donde no se presenta Ciudadanos ha pedido el voto en blanco.
En lo referente al Ayuntamiento de Barcelona, cabe destacar que el alcalde electo en las municipales de 2003, Joan Clos (que gobernaba desde 1997), fue sustituido en septiembre de 2006 por Jordi Hereu. Este relevo se debió a la designación de Clos como titular del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en sustitución a su vez de José Montilla, que se presentaba en aquel momento como candidato por el PSC a la Generalidad de Cataluña y cuya presidencia acabó consiguiendo.
Batasuna, un partido político con presencia en el País Vasco y Navarra, se encuentra ilegalizado desde 2003 en aplicación de la Ley de Partidos alegando su vinculación con ETA. Desde entonces, no ha renunciado a volver a las urnas. Ya en septiembre de 2006, antes de la ruptura del «alto el fuego permanente» declarado por ETA el 22 de marzo de 2006, los líderes de Batasuna ya consideraban que sería "impensable" su no participación en estos comicios, ya que de ser así, supondría "un fracaso para la democracia". En un acto llevado a cabo el 25 de noviembre de 2006 en Burlada (Navarra), el portavoz de Batasuna, Pernando Barrena, aseguró que su formación se presentaría a las elecciones municipales, aunque sin aclarar bajo qué siglas.
En enero de 2007, pocos días después del atentado del Aeropuerto de Barajas (perpetrado el 30 de diciembre de 2006 y que costó la vida de dos personas), el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, afirmó que "el Gobierno español o no ha sabido o no ha querido responder de manera constructiva y positiva a la oferta realizada por la organización ETA el 22 de marzo" aunque también pidió a ETA que mantuviera "intactos los contenidos y objetivos explicitados en su comunicado". Fueron estas unas declaraciones en las que no se dio por roto el alto el fuego ni se realizó una condena contra el atentado. Diez días después, la izquierda abertzale presentó en Bilbao la iniciativa electoral "Orain Bizkaia, Orain Ezker Abertzalea", en la que se exigió la derogación de la Ley de Partidos.
A mediados de marzo de 2007, Batasuna celebró en Santurce una asamblea secreta, a la que asistieron unos 300 miembros de la izquierda abertzale, para tratar la estrategia a seguir de cara a las elecciones municipales y forales. De esta forma, el 27 de marzo de 2007, una dirigente abertzale, líder del partido Herritarren Zerrenda (ilegalizado en 2004 por considerarse sucesor de Batasuna), registró en el Ministerio del Interior un nuevo partido para concurrir a las elecciones: Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB). Esa misma noche, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó que Interior ya había visto indicios de ilegalidad y pidió a la Fiscalía General del Estado que investigara. Así, el 3 de abril, el fiscal general Cándido Conde-Pumpido solicitó al Tribunal Supremo que detuviera el proceso de legalización de ASB por tratarse de "una sucesión o continuadora de Batasuna", basándose en cuatro aspectos: la reutilización del nombre de Batasuna en la nueva formación, la pertenencia a Herri Batasuna de dos de sus promotores, la identidad en la organización y la estructura entre Batasuna y ASB, e indicios de proximidad a la violencia.
Además, a finales de abril, Batasuna logró constituir más de 200 agrupaciones electorales con el nombre Abertzale Sozialistak (AS) (más el nombre del municipio en el que se presentan) gracias a las firmas de más de 80 000 personas.
El 12 de abril de 2007, se conoció que Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV), un partido fundado en 1930 como escisión del PNV y que estuvo integrado en la coalición electoral Herri Batasuna (HB) entre 1978 y 2001, iba a presentar listas en todos los municipios vascos y en algunos navarros. Este aumento de las candidaturas de ANV, que tenía una baja concurrencia en las elecciones previas, hizo pensar al Ministerio del Interior que podría estar relacionada con Batasuna. Sin embargo, debido a la antigüedad de la formación, a que esta rechaza la violencia en sus estatutos y a la dificultad (desde el plano jurídico) de ilegalizar el partido en su conjunto, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba optó por invalidar las listas en las que se identificaran candidaturas relacionadas con Batasuna. El 28 de abril de 2007, tras recibir un informe conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidió no ilegalizar ANV, hecho que desató las críticas del Partido Popular y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
En la siguiente tabla figuran los candidatos a las alcaldías de las ciudades españolas con más de 250.000 habitantes, ordenados según los resultados obtenidos; e incluyendo también los de aquellas formaciones políticas que hubieran perdido la representación municipal con la que contaban en la anterior legislatura (Acord en Valencia y Alicante, PA en Sevilla, CC-PNC en Las Palmas de Gran Canaria, EA en Bilbao y PG en Vigo):
El cuadro recoge los resultados electorales en las cincuenta capitales de provincia, así como en las dos capitales de comunidad autónoma que son distintas a las de la provincia a la que pertenecen (Mérida y Santiago de Compostela); también figuran los resultados de Gijón y Vigo, ciudades que, sin ser capitales, cuentan con una población superior a los 250.000 habitantes.
Miguel Sebastián , candidato a la Alcaldía de Madrid por el PSOE presenta su dimisión como concejal por los resultados obtenidos en las Elecciones Municipales, el PSOE pierde 3 concejales, El Partido Popular gana 4 e IU gana 1.
Rafael Simancas, candidato a la Comunidad de Madrid y Secretario General del Partido Socialista de Madrid (PSM), presenta su dimisión el 4 de junio por los malos resultados obtenidos tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, baja 3 diputados, gana 2 IU y 10 el PP, por lo que en Madrid se constituirá una comisión gestora para dirigir el PSM hasta la celebración de un nuevo congreso y la elección de un nuevo Secretario General.
En el trasfondo político está la cuestión de la elección de Miguel Sebastián por la Moncloa, sin apenas apoyos en el PSM.
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