La primera fase de la guerra ruso-ucraniana se refiere al periodo comprendido entre 2014 y 2015 en los inicios de dicho conflicto. Tras esta etapa se desarrolló una fase de alto el fuego a la que siguió un recrudecimiento del conflicto a partir de 2021. Inicialmente se trato de una crisis diplomática internacional que sobrevino en febrero de 2014 tras la destitución del presidente ucraniano Víktor Yanukóvich como resultado de las protestas del Euromaidán —realizadas principalmente en la zona occidental del país para apoyar el acercamiento hacia la Unión Europea— que fueron rechazadas por comunidades rusófilas de la zona suroriental del país, compuestas en su mayoría por rusos étnicos y ucranianos rusófonos.
El 23 de febrero de 2014, el parlamento ucraniano realizó un juicio político con el que destituyó a Yanukóvich bajo la condena por haber «abandonado su cargo». Consecuentemente, el parlamento asumió el poder Ejecutivo y propuso derogar la ley sobre la cooficialidad de los idiomas de las minorías a nivel municipal y provincial. Como respuesta, diversos grupos prorrusos se manifestaron en contra del nuevo gobierno nacional y proclamaron sus anhelos de estrechar sus vínculos (o inclusive integrarse) con Rusia. Estas protestas se concentraron en Crimea y algunas óblast en la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania donde se produjeron una serie de revueltas militares, incluyendo tanto tropas locales como tropas rusas. En medio del levantamiento, las autoridades de Crimea convocaron a un referéndum para el 16 de marzo siguiente con el propósito de adherirse a la Federación Rusa.
Tras el pedido del gobierno de Crimea a Rusia, el Consejo de la Federación aprobó un envío de tropas que (según las autoridades del país) tenía como objetivo garantizar la integridad de los habitantes de Crimea y las bases rusas estacionadas allí, hasta que se normalizara la situación socio-política. Ello favoreció la Declaración de Independencia de Crimea y Sebastopol que condujo a la proclamación de la República de Crimea —reconocida solo por Rusia— previo restablecimiento de la constitución de 1992 que consideraba al territorio como soberano —aunque delegaba algunas competencias a Ucrania— con una ciudadanía y una policía propias. El proceso finalmente condujo a la adhesión de Crimea a Rusia que fue oficializada el 18 de marzo de 2014, aunque no contó con el reconocimiento del gobierno ucraniano.
Pese al apaciguamiento alcanzado en Crimea, la situación degeneró en el Dombás donde las fuerzas independentistas de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) se enfrentaron al gobierno de Ucrania agravando la guerra en esta región. El 11 de mayo de 2014, ambas repúblicas celebraron referéndums sobre su estatus político que resultaron en una proclamación de independencia de las regiones en cuestión mientras que los combates continuaron a pesar de los intentos de por detenerlos. No obstante, el 15 de febrero de 2015 —con la entrada en vigencia del acuerdo Minsk II— se inicio un alto el fuego incondicional.
Numerosos ciudadanos rusos ocuparon altos puestos entre los rebeldes y varios países consideraron que Rusia proporcionó apoyo material y militar a los separatistas. En este sentido, las reacciones internacionales fueron casi siempre condenatorias de la decisión de Rusia de intervenir, y de apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Es así que tras la adhesión de Crimea a Rusia, varios países (encabezados por la Unión Europea y Estados Unidos) aplicaron una serie de sanciones contra el entorno del gobierno ruso. Pero fue el voto de la Resolución 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la integridad territorial de Ucrania, la acción que contó con la participación de países más numerosa: a favor se pronunciaron cien naciones, once votaron en contra y 58 se abstuvieron, con lo que la secesión de Crimea y Sebastopol fue declaranda «inválida».
Los antecedentes históricos de la guerra ruso-ucraniana corresponden a una variedad de factores sociales, culturales, étnicos y lingüísticos que contribuyeron a la formación de las chispas de las protestas prorrusas en el este y el sur de Ucrania en la secuela de principios de la revolución prooccidental de 2014 en Ucrania.
El proceso de la caída del muro de Berlín, la reunificación alemana y el colapso de los gobiernos comunistas (1989-1991) trajeron enormes cambios en los países del Bloque del Este, hasta entonces integrantes o aliados de la Unión Soviética, alterando la balanza geopolítica en Europa. Sin embargo, tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania y Rusia mantuvieron estrechos vínculos y el gobierno ucraniano acordó abandonar su arsenal nuclear en 1994 —mediante el Memorándum de Budapest— con la condición de que los Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia brindaran garantías contra las amenazas a la integridad territorial o la independencia política de Ucrania. Cinco años más tarde, Rusia fue uno de los signatarios de la Carta para la Seguridad Europea, que «reafirmó el derecho inherente de todos y cada uno de los Estados participantes a ser libres de elegir o cambiar sus arreglos de seguridad, incluidos los tratados de alianza, a medida que evolucionan».
El Imperio ruso fue ganando control sobre esta zona gradualmente en tratados de paz con el Imperio otomano tras las guerras ruso-turcas de 1735–1739, 1768–1774, 1787–1792 y 1806–1812. La colonización de la tierra, a finales del siglo XVIII, fue dirigida por el príncipe Potiomkin a quien la zarina Catalina «la Grande» otorgó poderes de gobernación absolutos sobre el territorio. Las tierras se concedieron generosamente a la nobleza rusa (dvoryanstvo) y se trasladó a campesinos rusos y ucranianos, en régimen de servidumbre, para cultivar lo que hasta entonces era una estepa escasamente poblada. También vinieron colonos extranjeros invitados por Catalina «la Grande» de Alemania (los cuales se conocerían como alemanes del mar Negro), Prusia (menonitas de Rusia), Polonia, Italia, Grecia, Serbia y otros países.
Durante los años anteriores al inicio del conflicto (años 2006 y 2009), hubo disputas políticas a raíz del corte del suministro a través de los gaseoductos que suministraban gas ruso a través de Ucrania (el 80% pasaba por Ucrania mientras que el 20% restante a través de Bielorrusia). Los cortes del suministro se sucedieron después del fracaso en las negociaciones entre las compañías de ambos países a la hora de establecer el precio.
La política de rusificación fue más intensa en Ucrania que en otras partes de la Unión Soviética, por lo que este país contiene ahora el grupo más grande de rusófonos que no son rusos étnicos: en 2009 había en torno a 5,5 millones de ucranianos cuya lengua materna era el ruso. Los hablantes de ruso son más numerosos en la mitad sudoriental del país, mientras que tanto el ruso como el ucraniano son usados por igual en el centro, y el ucraniano es la lengua dominante en el oeste. Algunos de estos "ucranianos rusificados" hablan ruso, mientras que otros hablan una mezcla de ucraniano y ruso conocida como "súrzhyk"; muchos de ellos también tienen cierto dominio del idioma ucraniano. Las estimaciones de su prevalencia en el país varían, pero según distintos estudios, los "ucranianos rusificados" constituyen entre un tercio y la mitad de la población total de Ucrania.
Se atribuye la creación de la Flota del Mar Negro a Grigori Potiomkin el 13 de mayo de 1783, tras la anexión de Crimea bajo el reinado de Catalina la Grande y la creación de una importante base militar, ubicada en la ciudad de Sebastopol (recientemente anexionada a la Federación de Rusia desde marzo de 2014). La expansión hacia el sur del Imperio ruso a finales del siglo XVIII les llevó a enfrentarse con su mayor rival en la región del Mar Negro, el Imperio otomano. La Flota del Mar Negro venció a los turcos en 1790, combatió contra los otomanos durante la Primera Guerra Mundial, contra la flota rumana durante la Segunda Guerra Mundial y mantuvo breves combates contra la Armada de Georgia en el transcurso de la Guerra de Osetia del Sur de 2008.
El Euromaidán (en ucraniano, Євромайда́н, Yevromaidán; «Europlaza») es el nombre dado a una serie de manifestaciones y disturbios heterogéneos de índole europeísta y nacionalista de Ucrania que en su punto álgido derrocaron al presidente Víktor Yanukóvich, líder de la formación política prorrusa Partido de las Regiones. Los sucesos se desencadenaron en Kiev la noche del 21 de noviembre de 2013, un día después de que el Gobierno de Ucrania hubiera suspendido in extremis la firma del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea (UE).
Aunque el 30 de marzo de 2012, Yanukóvich y los líderes de la UE habían acordado un estatuto de asociación de Ucrania con la UE, la entrada en vigor se fue aplazando y las negociaciones quedaron estancadas durante un año, entre otras razones porque una de las exigencias europeas era la liberación de Yulia Timoshenko y Yuri Lutsenko, opositores al Gobierno. Ello no impidió que durante los meses previos al inicio de las protestas, Yanukóvich prometiera realizar las reformas necesarias para seguir adelante con la negociaciones.
Sin embargo, sorpresivamente, el 21 de noviembre de 2013, el Gobierno ucraniano, encabezado por Mikola Azárov, publicó una nota oficial en la que informaba que el proceso de preparación de la firma del acuerdo quedaba «suspendido». Las razones esgrimidas fueron la caída en la producción industrial y el mantenimiento de relaciones con los países de la Comunidad de Estados Independientes. Yanukóvich asistió a la cumbre de la UE los días 28 y 29, tal como estaba previsto antes de la suspensión unilateral, pero solo para declinar la última oferta europea, de 600 millones de euros, por considerarla «humillante». Por su parte, Azárov reprochó a la UE y al Fondo Monetario Internacional la falta del apoyo económico que hubiera compensado el «divorcio comercial» con Rusia, a la vez que admitía que había sido Moscú quien había conminado a Kiev a no sellar el pacto.
Desde el 21 de noviembre, se producen en Kiev varias concentraciones en la plaza de la Independencia exigiendo al gobierno retomar el diálogo con la UE. La concentración aglomeró a cientos de miles de personas en todas las inmediaciones de la plaza, con discursos diarios de líderes políticos opositores así como íconos culturales ucranianos y extranjeros que venían en señal de motivación y apoyo. Entre los principales gestores se encontraban: organizaciones sociales, la oposición política —incluido el grupo ultra-nacionalista y de extrema derecha Sector Derecho, uno de los principales organizadores del movimiento en Kiev e instigador de los disturbios, y el partido parlamentario de extrema derecha Svoboda— y las Iglesias ucranianas —como la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Kiev—, con excepción de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú. En las manifestaciones también participaron representantes de minorías étnicas (rusos, tártaros de Crimea, judíos, georgianos, armenios y otros) y ciudadanos de otros países (de Polonia, Bielorrusia, Georgia, Rusia y otros).
Las protestas desembocaron en disturbios, que fueron creciendo en intensidad, al punto de que hubo días en que muchos manifestantes continuaban sus protestas toda la noche, lo que hacía imposible su desalojo del lugar por parte de las autoridades. El 16 de enero, la Rada ordenó penas contra los manifestantes, el bloqueo de edificios administrativos y la instalación de tiendas de campaña. Esto fue tomado por los manifestantes como un veto a su derecho de manifestarse y protestar. Desde entonces, las protestas provocaron una escalada de violencia en rechazo a las nuevas leyes. Como resultado, el 22 de enero las manifestaciones registraron cinco muertos por primera vez desde su inicio. Entre tanto, las protestas se fueron expandiendo a lo largo del centro y oeste del país y con algunos focos en el este, mayoritariamente ruso. La exigencia no era solo el cambio económico a Europa, sino el cambio total de gobierno, lo que llevó a la dimisión de Azárov el 28 de enero y, a que Parlamento reunido en asamblea extraordinaria, derogara las polémicas leyes que limitaban los derechos de manifestación y reunión.
La noche del 19 y 20 de febrero, Yanukóvich y los principales líderes de la oposición (Vitali Klichkó, Arseni Yatseniuk y Oleh Tiagnibok) acordaron una tregua, y el desarme de las barricadas colocadas en la plaza de capital anteriormente como medida de contención a las fuerzas policiales. El 21 de febrero —tras el llamado “Jueves Negro” (20 de febrero) en el que murieron más de 60 manifestantes—, se aprobó un acuerdo entre ambas partes para adelantar las elecciones, formar un gobierno de transición, volver a la Constitución de Ucrania de 2004 y frenar la violencia. En la madrugada del 21 al 22 de febrero Yanukóvich, sin informar al parlamento, abandonó la capital y desapareció en dirección desconocida. El 22 de febrero, por la mañana, la Rada Suprema lo destituyó de su cargo por "abandono de sus funciones constitucionales" y tomó el control del país votando, por mayoría constitucional, la vuelta a la Constitución de 2004, acordada el día anterior. Sólo después de dicha vuelta al sistema político parlamentario, en lugar del presidencial, Oleksandr Turchínov asumió la presidencia del parlamento, previa renuncia por escrito del presidente anterior. Al día siguiente, Turchínov fue nombrado primer ministro en funciones con el fin de realizar la coordinación de tareas de gobierno. El 28 de febrero, Yanukóvich reapareció en Rostov del Don (Rusia), donde denunció un presunto golpe de Estado.
En febrero de 2014, la Rada Suprema acordó abolir la Ley sobre las bases de la política lingüística estatal de 2012, que establecía que en los rayones donde un determinado idioma fuese hablado por al menos 10 % de los habitantes, dicho idioma podía adquirir el rango de lengua cooficial. Sin embargo, el 3 de marzo el presidente interino del parlamento, Oleksandr Turchínov, se negó a firmar la mencionada resolución acerca de la ley de política lingüística hasta que la Rada no elaborase una nueva, por lo que la ley siguió en vigor (en 2018 dicha ley dejó de estar vigente al ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional).
La abrogación de la Ley aprobada en 2012 eventualmente hubiera perjudicado a los hablantes de ruso (cooficial en todo el este y sur de Ucrania, además de algunos raiones en Kirovogrado, Cherníhiv, Sumy y Zhitómir), húngaro (cooficial en algunos raiones de Transcarpatia) y rumano (cooficial en algunos raiones de Transcarpatia, Chernivtsí y Odesa). La propuesta fue rechazada por una parte de las comunidades bilingües dentro de Ucrania, además de otros países vecinos con importantes minorías en el territorio ucraniano, en particular Rusia.
Tras la destitución del presidente Víktor Yanukóvich, el Congreso de diputados y gobernadores regionales del Este y Sur de Ucrania llamó a la resistencia y acusó al gobierno de Kiev de incumplir el acuerdo de paz que había sido firmado el 21 de febrero con el depuesto mandatario. La tensión aumentó aún cuando varias provincias del oeste ucraniano, suprimen al otrora oficialista Partido de las Regiones y a su aliado el Partido Comunista de Ucrania. En respuesta a estos hechos, el 24 de febrero miles de manifestantes depusieran al alcalde de Sebastópol —quien había sido nombrado por la Rada Suprema— para reemplazarlo por un ruso étnico y, el 26 de febrero, el presidente ruso Vladímir Putin puso en alerta a las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas con Ucrania. El ejército ruso inició ejercicios militares y desde ese día hubo informes de que soldados rusos habían establecido un puesto de control en Crimea. Entre tanto, alrededor de 3 500 personas marcharon de Sebastópol en dirección de Simferópol (capital crimea) y en la madrugada del 27 de febrero, un grupo de hombres armados tomaron las sedes del Consejo de Ministros y el Consejo Supremo de Crimea (CSC); la bandera rusa fue izada en ambos edificios. El CSC llevó a cabo una moción de censura, escogió a un nuevo primer ministro y convocó un referéndum para el 25 de mayo.
Al día siguiente grupos armados prorrusos tomaron dos aeropuertos de Crimea —uno civil y otro militar— en Simferópol y Sebastopol. En los medios occidentales informaron que las tropas rusas tenían movimientos en la región, incluyendo helicópteros militares que se desplazaban dentro de la península y camiones del ejército rusos que se acercaban a la capital de Crimea. El gobierno ucraniano llegó a tildar estos hechos de «acto de invasión rusa», algo que el gobierno de Putin negó rotundamente. También dijeron que las fuerzas rusas tomaron una base aérea militar ucraniana, desembarcaron tropas en otra base aérea, y rodearon una base de guardacostas. A la vista de los acontecimientos, la Rada Suprema acordó pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El 1 de marzo, las manifestaciones contra el gobierno ucraniano se fueron extendiendo a la región de Ucrania oriental, que cuenta con un amplio porcentaje de población de etnia rusa y el idioma ruso es hablado por más de la mitad de la población. Ese mismo día, tras intentos de asalto a los edificios del Consejo de Ministros y del Consejo Supremo de Crimea por parte del gobierno ucraniano, el autoproclamado primer ministro de la República Autónoma de Crimea, Serguéi Aksiónov, afirmó el control sobre todas las fuerzas de seguridad en Crimea, con la ayuda de hombres armados y pidió a Putin recibir asistencia en el mantenimiento de la «paz y tranquilidad».
Putin instó al Consejo de la Federación a autorizar el envío de tropas a Ucrania argumentando que había una «situación extraordinaria en Ucrania» que representaba una amenaza «sobre la vida de los ciudadanos rusos»; el Consejo de la Federación aprobó la iniciativa a pesar de las advertencias disuasorias que tanto la Unión Europea como Estados Unidos habían hecho a Rusia. Entre tanto —en conversación telefónica— el presidente estadounidense Barack Obama instó a Putin a que replegase sus tropas por considerar que esta ocupación violaba la ley internacional. Putin le replicó que si la violencia se propagaba a las regiones de Ucrania oriental o a Crimea, Rusia se reservaría «el derecho de proteger sus intereses y a la población rusohablante».
Por su parte, el gobierno ucraniano calificó de «declaración de guerra» el despliegue ruso en Crimea y el ministerio de Defensa movilizó a los reservistas tras ordenar a los comandantes militares poner en alerta a sus unidades. No obstante, las bases militares de Ucrania en Crimea ya estaban bajo el control ruso cuyas fuerzas además habían bloqueado unidades de la marina ucraniana, obligándolas a entregarse. Entre tanto, Rusia había comenzado a acumular tropas en varios sectores de las fronteras del este con Ucrania y desplegó 3 500 soldados y equipo pesado en la costa del mar Báltico en Kaliningrado, cerca de las fronteras de Polonia y de Lituania, causando que ambos países, miembros de la OTAN, pidiesen protección contra una posible invasión rusa.
El 4 de marzo, Putin subrayó que lo único que había hecho su gobierno era reforzar sus instalaciones militares en el territorio ucraniano para protegerlas de las amenazas crecientes que estaban recibiendo. También anunció que no contemplaba una adhesión de Crimea a Rusia aunque admitió que su país no reconocía al gobierno interino de Kiev al que calificó como el resultado de un «golpe anticonstitucional». En el entretiempo, las tropas rusas capturaron la base de la Guardia de Fronteras de Ucrania en Balaklava, después de una serie de asaltos repetidos y 23 de las 34 unidades militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania desplegadas en Crimea juraron su lealtad a la república autónoma.
El Ayuntamiento de Sebastópol adoptó en una reunión extraordinaria del 6 de marzo la decisión de formar parte de Rusia como territorio federal, al tiempo que declaró su apoyo al referéndum de Crimea. En la misma jornada, los dos presidentes de la Asamblea Federal de Rusia afirmaron que apoyarían la adhesión de Crimea si así se decidía en el referéndum.
El 11 de marzo, Crimea y la ciudad de Sebastopol proclamaron su independencia de Ucrania, declarando la República Autónoma de Crimea con 78 votos a favor de un total de 81 miembros en el Parlamento de Crimea. Entonces, la Rada Suprema de Ucrania amenazó con iniciar el proceso de disolución del Parlamento de Crimea si las autoridades de la península continuaban con el proceso de adhesión a Rusia. El gobierno de Crimea hizo referencia en su decisión a la opinión consultiva sobre Kosovo en el que la Corte Internacional de Justicia declaró que el derecho internacional no contiene ninguna prohibición de que tales declaraciones de independencia, un argumento que ya había sido refutado por eruditos y políticos como discutible debido al ambiente político incierto vivido en la región.
A las 24:00 horas del viernes 14 quedó prohibida la propaganda electoral y el 15 de marzo se desarrolló una jornada de reflexión. Según las autoridades de Crimea, desde la apertura de los 1.205 colegios electorales —a las 08:00 (UTC+2) del 16 de marzo— se registró una alta concurrencia de electores, con un 45 y 50 % de participación en toda la península hacia las horas del mediodía. Las autoridades de la península daban por hecho que el 70 % de los votantes apoyaría la unificación con Rusia.
Las autoridades de Crimea anunciaron que los resultados se darían a conocer el 17 de marzo. Según los primeros datos del escrutinio del referéndum en Crimea en la noche del día 16, con el 50 % de los votos contados, el 95,5 % de la población votó a favor de ser anexada a Rusia. Unas horas más tarde se anunció que con el 75 % de los votos contados, el resultado era de 95,7 % a favor de formar parte de Rusia. Ya para la madrugada del 17, se anunció el final del recuento con el 100 % de los votos escrutados.
Un día tras los referendos de Crimea y Sebastopol del 16 de marzo de 2014 donde se impuso por mayoría la opción de unirse a Rusia, el Parlamento de la República de Crimea votó con 85 votos a favor, la adhesión a Rusia y declaró el «Estado soberano independiente República de Crimea». Además, una delegación del parlamento viajó a Moscú para reunirse con la Duma Estatal y el Consejo de la Federación con el fin de adoptar los actos jurídicos y normativos para la entrada de la península en la Federación Rusa.
El 18 de marzo, durante una ceremonia en el Kremlin, fueron firmados los acuerdos de adhesión a la Federación de Rusia de la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol como dos sujetos federales. La República de Crimea se incorporó bajo el estatus de «república», mientras que Sebastopol lo hizo bajo el estatus de «ciudad federal». Los firmantes del tratado fueron Serguéi Aksiónov, Vladímir Konstantínov, Vladímir Putin y Alexéi Chaly. Tras esto, Putin declaró que Crimea ya era parte íntegra de Rusia. Al día siguiente, Putin presentó a la Duma Estatal el acuerdo de adhesión de Crimea y Sebastopol, para tramitar su ratificación, después de que la Corte Constitucional de la Federación Rusa reconoció por unanimidad la constitucionalidad del tratado afirmando que se enmarca en la Constitución de Rusia.
En respuesta al aumento de la tensión militar, el gobierno ucraniano puso al Ejército en estado de máxima alerta. Además, tras la muerte de un soldado ucraniano durante un asalto el 18 de marzo, Ucrania declaró que el conflicto con Rusia había «pasado de la fase política a la militar». Al día siguiente, Ucrania renunció a la presidencia de turno en la Comunidad de Estados Independientes, que debía ejercer a lo largo de 2014. Mientras, la víspera de la celebración del referéndum por la adhesión de Crimea a Rusia, el Parlamento de Ucrania votó a favor de la disolución del Consejo Supremo de Crimea. La medida contó con el apoyo de 278 de los 449 miembros de la Cámara (a la sesión asistieron 296 diputados).
El 6 de abril miles de personas se congregaron en varias ciudades ucranianas en protesta contra el Gobierno interino de Kiev. En Donetsk, los manifestantes rompieron el cordón policial, asaltaron un edificio de la administración regional y retiraron la bandera ucraniana, colocando en su lugar una bandera rusa. En esta ciudad, cerca de 2000 personas se habían congregado en la plaza de Lenin con banderas rusas y pancartas antigubernamentales pidiendo la federalización de Ucrania y estatus de oficialidad del idioma ruso. En el mismo sentido, en la plaza de la Libertad de Járkov, los manifestantes —algunos llevaban banderas rusas— pidieron la celebración de un referéndum sobre la federalización. También ocurrieron protestas en Odesa (donde se armaron barricadas), Mikoláyiv y Lugansk. En esta última ciudad un asalto a la Dirección provincial del Servicio de Seguridad dejó ocho heridos.
El 7 de abril, un grupo de manifestantes proclamó por unanimidad la República Popular de Donetsk (RPD) durante una reunión celebrada en la sede de la Administración regional. Los secesionistas establecieron su territorio dentro de los límites de la región de Donetsk y se decidieron la creación de un Consejo Popular, a la vez que convinieron celebrar un referéndum antes del 11 de mayo. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos declaró que su país no reconocería ni la república ni los resultados de referéndum. La nueva república también pidió a Rusia que defiendiera de los «embates criminales» de Ucrania al pueblo ruso residente.
El 17 de abril de 2014, se llevó a cabo una reunión en Ginebra, Suiza, entre los jefes de la diplomacia de la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia (Catherine Ashton, John Kerry y Serguéi Lavrov, respectivamente) para consultar al ministro de Asuntos Exteriores ucraniano en funciones, Andréi Deshitsa, sobre la crisis en su país. Allí aprobaron un documento con varias medidas para arreglar la situación en Ucrania, suponiendo la amnistía a los manifestantes quienes no hayan cometido crímenes graves, estipulando el desarme de todos los grupos armados (propiciado por el gobierno ruso) y la devolución de los edificios ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios. Las partes también acordaron que la Constitución de Ucrania debía ser revisada en un proceso «inclusivo, transparente y responsable» que consagrara la organización federal del país y el respeto a las minorías. Sin embargo, el portavoz de los rebeldes separatistas de Donetsk declaró que el gobierno de Kiev era ilegítimo y que no abandonarían su posición hasta que la Rada Suprema se disolviera. Igualmente, uno de los líderes separatistas de Donetsk, Denis Pushilin, afirmó que ellos no habían participado en las conversaciones de Ginebra y, por tanto, no cumplirían el acuerdo, señalando que Lavrov, no actuaba en representación de Donetsk, sino en nombre de Rusia, por lo que el acuerdo no les afectaba.
La República Popular de Járkov (RPJ) (en ruso: Харьковская Народная Республика) o simplemente R.P. de Járkov, fue un Estado autoproclama en Europa Oriental, junto a la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, creado en abril de 2014 en el óblast de Járkov de Ucrania, durante las protestas prorrusas. De acuerdo con la constitución de Ucrania, el territorio reclamado por la RPJ es una parte integral de Ucrania. La mayor parte del territorio declarado por la RPJ fue recuperado por las Fuerzas Armadas de Ucrania.
En Lugansk la pregunta fue: «¿Apoya usted el acto de independencia estatal de la República Popular de Lugansk?»
Encuestas iniciales realizadas por varios medios de comunicación internacionales mostraron una mayoría de votos a favor de la autonomía. En la noche del 11 de mayo, los resultados finales fueron dados: con una participación del 74,87 %, un 91,78 % votó al «Sí», a favor de la independencia de la República Popular de Donetsk, y un 7,1 % al «No».
El Partido Nueva Rusia (PNR), fundado el 13 de mayo de 2014 en Donetsk, declaró en su I Congreso del 22 de mayo la formación de un nuevo Estado autodeclarado llamado Nueva Rusia, inspirado en la región histórica homónima. Pocos días antes, el 16 de mayo el ciudadano ruso Aleksandr Borodái se autoproclamó primer ministro de Donetsk. Asistieron al primer congreso del PNR desertores de las fuerzas ucranianas de la República Popular de Donetsk (RPD), la milicia de Donbás así como también el autoproclamado líder de la república de Donetsk, Pável Gúbarev, el líder del partido Eurasia Aleksandr Dugin, al que se ha prohibido la entrada en diversos países, y Valeri Korovin.
El nuevo estado confederal tendría por ciudad capital Donetsk y nacionalizaría las industrias de mayor importancia. Según declaraciones de Gúbarev, el reciente estado incluiría las principales localidades que todavía no estában bajo el control de los separatistas: Járkov, Jersón, Dnipropetrovsk, Nicolaiev, Odesa y Zaporiyia. El 26 de mayo, Borodái y el primer ministro de Lugansk Alekséi Kariakin firmaron un documento en el que acordaron la creación del estado confederado. Vyacheslav Ponomaryov, también ruso y autoproclamado alcalde de Slaviansk, fue detenido el 9 de junio por las nuevas autoridades.
El 9 de mayo, el día de la celebración de la victoria sobre la Alemania nazi, se presentó un asalto del ejército de Kiev contra las fuerzas prorrusas en los cuarteles de la policía de Mariúpol y en el edificio local del Ministerio del Interior. Los enfrentamientos empezaron cuando 60 separatistas armados con armas automáticas consiguieron capturar la comisaría de policía. Según los testigos, algunos policías locales ayudaron a los separatistas durante la toma de control y se enfrentaron con las tropas internas que respondieron a la captura disparando contra el edificio con ametralladoras montadas en transportes blindados de personal. Entonces el contingente ucraniano fue reforzado por la policía, así como por una unidad Omega de la Guardia Nacional. Según los habitantes, el Ejército disparó contra civiles desarmados que protestaban contra ellos en la calle, como muestran varios vídeos en la red.
Durante la mañana del 26 de mayo, combatientes prorrusos capturaron los edificios de la terminal del Aeropuerto Internacional de Donetsk y exigieron la retirada de las fuerzas gubernamentales de la zona. También bloquearon la carretera al aeropuerto. Poco después, la Guardia Nacional de Ucrania emitió un ultimátum a los insurgentes, en el que decía que debían rendirse de inmediato. Esto fue rechazado, lo que provocó que los paracaidistas lanzaran un asalto al aeropuerto, acompañado de ataques aéreos contra posiciones prorrusas. También se utilizaron helicópteros de ataque para atacar las armas antiaéreas de los insurgentes. Se vieron camiones con refuerzos de Donetsk dirigiéndose hacia el aeropuerto. Al caer la tarde, las fuerzas gubernamentales expulsaron a los combatientes de Donetsk. Luego lanzaron un contrataque que fue repelido por las fuerzas gubernamentales. Se escucharon disparos esporádicos durante la noche, por lo que no quedó claro si los soldados del gobierno tenían el control total del aeropuerto.
Continuaron los bombardeos del ejército ucraniano sobre Donetsk y el 29 de agosto los milicianos derribaron 4 aviones de ataque a tierra Su-25, dos de ellos sobre Donetsk, uno en Voikovo y otro en Merezhki, y destruyeron 20 unidades de blindados y unidades de transporte de la Guardia Nacional. La artillería de las milicias de Donetsk atacó las posiciones ucranianas en Zhdanivka, destruyendo un tanque de guerra y varios vehículos ucranianos. Las milicias de Lugansk lograron el completo control de las localidades de Novosvitlivka y Jriashuvate, y se enfrentaron las tropas ucranianas en Metalist. El día siguiente, estas milicias tomaron las localidades de Oríjivka, Sholkovaia y Protoka. El día siguiente, las autodefensas de Donetsk lograron avanzar hacia el norte y cerrar completamente el cerco a las tropas ucranianas acantonadas en el aeropuerto de la ciudad. También el 31 de agosto, las autodefensas de Lugansk tomaron el aeropuerto de esa ciudad, así como la localidad de Georgiivka.
El 2 de noviembre de 2014, se celebraron elecciones generales en las Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk —en ese momento confederadas en la Nueva Rusia—. Como resultado de la guerra en el este de Ucrania iniciada el mismo año, estas entidades no reconocidas internacionalmente controlan de facto partes de las regiones de Donetsk y de Lugansk en la región del Dombás. Las elecciones, las primeras de su tipo desde el establecimiento de ambas repúblicas, se llevaron a cabo para elegir a sus órganos ejecutivos y parlamentos. En la República Popular de Donetsk, el actual líder Aleksandr Zajárchenko ganó el puesto de Jefe de Estado de la República Popular de Donetsk, y su partido República de Donetsk ganó la mayoría en el parlamento. En la República Popular de Lugansk, el actual líder Ígor Plótnitski ganó el puesto de Jefe de Estado, mientras su partido Paz para la Región de Lugansk ganó una mayoría en el parlamento.
Minsk II es el nombre del acuerdo, firmado el 12 de febrero de 2015, en el que los gobernantes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania buscaron aliviar la guerra del Donbás. La conferencia que llevaron a cabo, supervisada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), fue organizada como respuesta al fracaso del primer cese de fuego. Algunas de las medidas acordadas incluían un alto el fuego incondicional para ser observado por la OSCE, a partir del 15 de febrero, la retirada de las armas pesadas del frente de combate, la liberación de los prisioneros de guerra, y la reforma constitucional en Ucrania.
Los sucesivos intentos de resolver la guerra del Donbás no tuvieron resultados hasta el inicio del mes de febrero de 2015. Si bien el Protocolo de Minsk del 5 de septiembre de 2014 redujo significativamente los combates en la zona de conflicto durante varios meses, pequeñas escaramuzas continuaron. Al principio de enero de 2015, el conflicto entre las fuerzas separatistas de la República Popular de Donetsk (RPD), la República Popular de Lugansk (RPL) y las fuerzas ucranianas se intensificó, lo que resultó en el colapso total del alto el fuego acordado en el Protocolo de Minsk. El 21 de enero de 2015, después de intensos combates, el simbólicamente importante Aeropuerto Internacional de Donetsk fue capturado por las fuerzas de la RPD. El aeropuerto era la última parte de la ciudad de Donetsk que había estado bajo el control de Ucrania. Tras esta victoria, las fuerzas separatistas pulsaron su ofensiva en el importante nudo ferroviario y de carreteras de Debáltsevo a finales de enero. La reanudación de estos intensos combates causó gran preocupación en la comunidad internacional.
El 14 de febrero de 2015, horas antes del inicio de la nueva tregua de Minsk II, el área de Debáltsevo sufrió importantes combates y la guerra se aproximaba nuevamente más a las alrededores de Mariúpol. Dos días después, el presidente de la República Popular del Donetsk, Aleksandr Zajárchenko, recibió un disparo durante una batalla contra las fuerzas ucranianas en el centro de Debáltsevo. La batalla se desarrollaba en las calles centrales de la ciudad.
Durante la anexión rusa de Crimea, desde el 23 febrero hasta el 19 de marzo de 2014, seis personas fueron asesinadas. Las muertes incluyen: tres manifestantes (dos prorrusos y uno proucraniano), dos soldados ucranianos y un soldado ruso paramilitar cosaco. El 10 de agosto de 2016, Rusia acusó a las Fuerzas Especiales de Ucrania de realizar una operación cerca de la ciudad crimea de Armiansk en la que murieron dos militares rusos. El gobierno de Ucrania rechazó el informe como provocación. Diez personas fueron desaparecidas a la fuerza entre 2014 y 2016, aún se encontraban en ese estado en 2017.
El número global de muertes confirmadas en la guerra del Dombás, el cual empezó el 6 de abril de 2014, estuvo estimado de 13 100 a 13 300 hasta el 31 de enero de 2021. Según el gobierno ucraniano, 14 000 fueron asesinados hasta el 13 de mayo de 2021.
Inicialmente, el número conocido bajas de militares ucranianos varió ampliamente debido a que el ejército ucraniano subestimó drásticamente sus bajas, reportado por médicos, activistas y soldados, así como un legislador. Varios funcionarios médicos informaron de que estaban desbordados por el drástico número de bajas. Finalmente, el Ministerio de Defensa ucraniano declaró que las cifras registradas por el Museo Nacional de Historia Militar eran las oficiales, aunque todavía incompletas, con 4 629 muertos (4 490 identificados y 139 sin identificar) catalogados hasta el 1 de diciembre de 2021.
A mediados de mayo de 2014, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe en el que observaba un «deterioro alarmante» de los derechos humanos en el territorio controlado por insurgentes. La ONU informó de una creciente falta de ley en la región, documentando casos de asesinatos selectivos, tortura y secuestros, llevados a cabo principalmente por las fuerzas de la República Popular de Donetsk. También informó de amenazas, ataques y secuestros de periodistas y observadores internacionales, así como palizas y ataques contra simpatizantes de la unidad ucraniana. En respuesta, Rusia condenó el informe de la ONU, afirmando que ignoraba los abusos cometidos por el gobierno ucraniano y acusando a sus autores de seguir «órdenes políticas» para encubrir a los nuevos líderes ucranianos pro-occidentales.
En mayo de 2014, la Misión de Observación de Derechos Humanos las Naciones Unidas denunció detenciones ilegales, secuestros e intimidación de funcionarios electorales, y pidió una acción urgente para evitar una guerra similar a la de Yugoslavia. También advirtió de una crisis humanitaria debido al corte de los servicios sociales en la región, y un éxodo de personas de las zonas afectadas. Dijo que Donetsk estaba «al borde del colapso de sus servicios sociales» debido a la escasez de los suministros cruciales, incluyendo medicinas como la insulina. El Primer Ministro Arseni Yatseniuk habló también de la escasez de medicinas.
El 23 de julio, el Comité Internacional de la Cruz Roja, basado en Ginebra, dijo que consideraba que Ucrania estaba en un estado de guerra civil. Esta clasificación oficial significa que los participantes en los combates entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, podrían en el futuro ser procesados por crímenes de guerra en los tribunales internacionales". El 24 de julio, Human Rights Watch acusó a las fuerzas del gobierno de Ucrania así como los batallones de voluntarios pro-gubernamentales de ser responsables por ataques indiscriminados con lanzacohetes múltiples "Grad" (cohetes imprecisos y no guiados) contra zonas civiles, afirmando que "El uso indiscriminado de cohetes en zonas pobladas viola el derecho internacional humanitario, o las leyes de la guerra, y puede ascender a crímenes de guerra. Aunque el gobierno de Ucrania niega el uso de cohetes Grad, una investigación de Human Rights Watch descubrió que tanto el gobierno como las fuerzas separatistas han utilizado este sistema de cohetes en y alrededor de Donetsk.
El Consejo de la Unión Europea acordó el 17 de marzo imponer sanciones (durante seis meses) contra 21 funcionarios de Ucrania y Rusia, incluyendo la prohibición de viajar y la congelación de activos. El 20 de marzo, la Unión Europea amplió la “lista negra” que incluyó un total de 33 personas sancionadas a causa de la cuestión ucraniana.
En abril, la Unión Europea acordó ampliar en 15 personas la lista de rusos y ucranianos a los que decidió congelar sus bienes y prohibir el visado para acceder a territorio comunitario por su implicación en la guerra del Dombás. El 12 de mayo, los ministros de Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea impusieron sanciones contra 13 ciudadanos rusos y dos empresas crimeas. No obstante, Grecia, Chipre, Bulgaria, Hungría, Luxemburgo, Austria, España, Portugal, Malta y Finlandia, votaron en contra de activar restricciones económicas y comerciales a Rusia.
El Consejo Europeo impuso restricciones a la cooperación económica con Rusia en julio de 2014. Solicitó al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que suspendiera la firma de nuevas operaciones de financiación en Rusia, y los Estados miembros acordaron coordinar sus posiciones en el consejo de administración del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) con vistas a suspender también la financiación de nuevas operaciones. Además se revaluó la aplicación de los programas de cooperación regional y bilateral de la UE con Rusia y se suspendieron varios programas.
Una de las consecuencias de las sanciones de la UE a Rusia son dificultades económicas para compañías rusas como RUSAL, especializado en la exportación de aluminio. Por otro lado, las sanciones también han perjudicado en el interior de la UE, como es en el caso de los agricultores españoles que exportaban a Rusia, que en 2017 denunciaban pérdidas por un valor de 1 500 millones de euros. Las sanciones también afectaron a la economía de Alemania que en 2015 contrajo en un 35 % sus relaciones comerciales y cerca de 400 empresas con capital alemán dejaron de operar en Rusia. Pese a las sanciones, Alemania continúa siendo uno de los mayores inversores que según datos del Banco Central de Rusia, alcanzan una cifra cercana a los US$13 000 millones.
A mediados de marzo, el presidente estadounidense Barack Obama anunció sanciones contra siete funcionarios rusos (del gobierno y de ambas cámaras del Parlamento ruso) y contra el primer ministro de Crimea, el presidente del Consejo Supremo de Crimea y Víktor Yanukóvich, el presidente depuesto de Ucrania. La medida supuso el bloqueo de propiedades y cuentas que los sancionados tengan en Estados Unidos así como la prohibición de su entrada en suelo estadounidense. Esta medida generó reacciones en Rusia, donde los sancionados declararon que no poseían ni bienes ni cuentas en Norteamérica.
La Casa Blanca anunció el 28 de abril nuevas sanciones contra Rusia, incluyendo medidas contra 7 ciudadanos rusos y 17 empresas. En la lista de individuos sancionados figuran, entre otros, el presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma rusa, Alekséi Pushkov, el director ejecutivo de Rosneft, Ígor Sechin, Oleg Beláventsev, representante presidencial en el Distrito Federal de Crimea y el viceprimer ministro ruso, Dmitri Kózak. Además, el Departamento de Comercio y el de Estado anunciaron una nueva política que permitiría rechazar cualquier exportación de alta tecnología «que pueda contribuir a las capacidades militares de Rusia». En cuanto a la lista de empresas rusas sancionadas se incluía a la compañía de ingeniería rusa Stroytransgaz y los bancos Investcapitalbank y Sobinbank.
En respuesta a las sanciones establecidas por los Estados Unidos y la Unión Europea, la Duma rusa aprobó el 18 de marzo —por unanimidad— una resolución pidiendo que todos los miembros de la Duma sean incluidos en la lista de sanciones. El jefe de la oposición del partido Rusia Justa, Serguéi Mirónov dijo que estaba orgulloso de ser incluido en dicha lista. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia publicó una lista de sanciones hacia ciudadanos estadounidenses, que consistía en 10 nombres, incluyendo John Boehner, John McCain, Robert Menéndez, Mary Landrieu y dos asesores de Obama. Varios de los sancionados respondieron con orgullo por su inclusión en la lista.
El 25 de marzo, activistas rusos lanzaron en Internet un proyecto donde cualquier ciudadano podía suscribirse para incluirse voluntariamente a la lista de sancionados por Estados Unidos. Hacia mediados de abril habían firmado más de 52 000 personas. El 17 de abril se llevó a cabo un mitin cerca de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, después de que la lista fuese presentada en la misión diplomática.
A finales de abril, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió que podría reconsiderar la participación de las empresas energéticas occidentales en su economía, e incluso expulsarlas de suelo ruso, si Estados Unidos y la Unión Europea insistían en imponer sanciones unilaterales contra su país. El mandatario también instó a los BRICS en a «protegerse de ataques con sanciones» de Estados Unidos.
El 24 de marzo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso introdujo sanciones contra 13 altos funcionarios de Canadá, entre parlamentarios y otros funcionarios públicos.
La resolución 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (llamada Integridad territorial de Ucrania) fue aprobada el 27 de marzo de 2014 en respuesta a la crisis de Crimea. Aprobada por 100 países, la resolución afirmó el compromiso de las Naciones Unidas para reconocer a Crimea como parte de Ucrania, rechazando el referéndum sobre el estatus político.
La resolución fue presentada por Canadá, Costa Rica, Alemania, Lituania, Polonia y Ucrania. La adopción de la resolución fue precedida por intentos infructuosos del Consejo de Seguridad por buscar una solución a la crisis, los cuales se encontraron con el veto ruso.
El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba la Resolución 73/194 denominada Problema de la militarización de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania), así como partes del mar Negro y el mar de Azov.
La 40.ª Cumbre del G7 se celebró en Bruselas, Bélgica, entre el 4 y 5 de junio de 2014. Estaba previsto que la reunión fuese realizada en Sochi, Rusia, pero debido a la crisis resultante de la adhesión de Crimea a este país, la cita fue trasladada a la ciudad belga ya que los otros siete miembros del grupo decidieron que la cumbre se celebraría sin Rusia.
El 6 de marzo, hombres no identificados impidieron la entrada de un equipo de analistas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que iban a analizar el estado de las Fuerzas Armadas ucranias en Crimea y comprobar la existencia de tropas rusas desplegadas en la región. El grupo de analistas trató repetidamente y sin éxito en días posteriores de acceder a la zona, siendo rechazada su presencia por milicias armadas prorrusas.
En la tercera reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Ucrania a prncipios de marzo de 2014, el representante permanente de Rusia ante esta organización, Vitali Churkin, afirmó que el destituido presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich, había pedido al gobierno ruso emplear las Fuerzas Armadas para restaurar el orden jurídico en Ucrania.
El 11 de marzo, durante una rueda de prensa en Rostov del Don, Yanukóvich comentó la intención estadounidense de prestar ayuda financiera al nuevo Gobierno de Ucrania y dijo que dicho país «no tiene derecho a destinar dinero a los bandidos según sus propias leyes». Ya el 28 de marzo, Yanukóvich pidió la celebración de referéndums para determinar el estado de cada región dentro de Ucrania.
La primera semana de marzo de 2014, Estados Unidos envió al Mar Negro un grupo de portaaviones que incluyó al USS George H. W. Bush —que transportaba 90 aviones y helicópteros de varios tipos— además de otras diecisiete naves y tres submarinos (al menos uno era de la clase Ohio con misiles balísticos). Turquía concedió el paso a un buque de guerra estadounidense —con un límite de 21 días de estancia en el Mar Negro— pero no al citado portaaviones, cumpliendo con ello los estándares de peso de la Convención de Montreux. Adicionalmente, El Pentágono envió seis aviones de combate y un avión de reabastecimiento de combustible para aumentar los cuatro que ya participan en la misión Policía Aérea del Mar Báltico. El 6 de marzo, se anunció que 12 combatientes y 300 miembros del personal de servicio irían a Polonia.
En los días siguientes se publicaron en internet videos donde aparecía personal militar de la compañía privada estadounidense Blackwater Worldwide en las calles de Donetsk. Al mismo tiempo, aviones de la OTAN comenzaron a vigilar la frontera de Kaliningrado con Polonia y Lituania. Además, el 10 de marzo el destructor de la Armada estadounidense cruzó el estrecho del Bósforo hacia el Mar Negro como parte de los esfuerzos de El Pentágono por mostrar «apoyo a los aliados de Europa del Este, preocupados por la concentración de las tropas rusas en la frontera con Ucrania». Ya el 12 de marzo, Bulgaria, Rumanía y Estados Unidos realizaron una serie de ejercicios conjuntos en la parte occidental del Mar Negro, en unas maniobras que formaban parte de la preparación conjunta de las flotas de los tres países.
El 19 de abril de 2014, el ministro de Defensa polaco anunció que Estados Unidos desplegaría sus tropas en Polonia en respuesta al «despliegue ruso» en el este de Ucrania. El 2 de mayo, una flotilla de buques dragaminas de la OTAN llegó a Klaipeda, en Lituania, para «fortalecer» las fuerzas en la región en respuesta a la crisis ucraniana. El Ministerio de Defensa de dicho país informó que «esta visita del grupo de dragaminas a la zona del mar Báltico tiene como objetivo garantizar la seguridad marítima en la región y la disponibilidad de la OTAN para responder a cualquier incidente». La flotilla está compuesta por cinco embarcaciones de Noruega, Países Bajos, Bélgica y Estonia y llevarán a cabo en aguas territoriales de Letonia entrenamientos entre el 9 y 22 de mayo. Al mismo tiempo, partieron hacia Estonia una unidad británica de infantería compuesta por 100 efectivos. Además, la primera ministra de Letonia, Laimdota Straujuma, dijo que le gustaría ver efectivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses en una base permanente en el territorio de su país, siendo justificadas por la situación en Ucrania. Anteriormente, la OTAN ya había intensificado patrullas de «policía aérea» en los países bálticos, Polonia y Rumanía, por la situación en Ucrania.
Según manifestó el Grupo Helsinki de Moscú a comienzos de marzo de 2014, la decisión del Consejo de la Federación que permitió al presidente Vladímir Putin usar la fuerza militar en el territorio de Ucrania se tomó sobre la base de una información sin confirmar referente a las víctimas civiles en Crimea.
En el transcurso del mismo mes se llevaron a cabo varias manifestaciones en Rusia. El 2 de marzo, 15 mil personas en San Petersburgo, 12 mil personas en Krasnodar, y 27 mil en Moscú se manifestaron en apoyo a los ucranianos de habla rusa y/o de origen ruso. También hubo otras protestas en Rostov del Don, Briansk, Bélgorod y de otras ciudades rusas. Todas estas contaron con el apoyo de funcionarios y políticos rusos, así como de personalidades de la cultura y del deporte y miembros de organizaciones. Ya el 7 de marzo, unas 65 000 personas se manifestaron en el centro de Moscú para apoyar la adhesión de Crimea a Rusia, culminando la manifestación con un mitin en los alrededores del Kremlin.
Por su parte, el diario Védomosti citó una encuesta del Centro Levada de finales de marzo en la que se afirmaba que el 67 % de los rusos estaría de acuerdo con la incorporación de diferentes regiones ucranianas a Rusia si sus habitantes apoyan esa decisión. Un 58 % también respaldó el derecho de Moscú de permitir la adhesión de territorios de los Estados postsoviéticos donde viven rusos porque debía «defender a los suyos». Mientras que un 28 % se manifestó en contra.
Poco antes de las 06:00 hora de Moscú (UTC+3) del 24 de febrero, se emitió en los canales rusos un mensaje a la Nación de Putin en la que informaba su decisión de lanzar una «operación militar especial» en el este de Ucrania ya que, en sus palabras, «Rusia no puede sentirse segura ante la amenaza ucraniana». Putin añadió que intentaría «desmilitarizar y desnazificar Ucrania», justificando la agresión militar con el objetivo de proteger a los habitantes de las autoproclamadas República Popular de Lugansk (RPL) y República Popular de Donetsk (RPD) —en la región predominantemente de habla rusa de Dombás— del supuesto genocidio por parte del gobierno ucraniano. En su discurso, Putin afirmó que no había planes para ocupar el territorio ucraniano y que apoyaba el derecho de los pueblos de Ucrania a la autodeterminación. Al final del discurso, Putin advirtió a terceros países que no interfirieran en el conflicto y dijo que «la respuesta de Rusia será inmediata y los llevará a consecuencias que nunca han experimentado en su historia», una frase que generó debate sobre su eventual referencia al uso de armas nucleares por parte de Rusia.
Inmediatamente después del ataque, el gobierno ucraniano anunció la introducción de la ley marcial; esa misma noche ordenó una movilización general de todos los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años. Las tropas rusas ingresaron a Ucrania desde cuatro direcciones principales: al norte por la frontera bielorusa, en dirección a Kiev; al noreste desde la frontera rusa, en dirección a Járkov; al este por la antigua línea de frente de la RPD y la RPL; y al sur por la región de Crimea.
El 7 de abril, las tropas rusas se retiraron de la ofensiva de Kiev para un aparente reabastecimiento y posterior redespliegue a la región de Dombas para reforzar la los frentes sur y este en un renovado frente de invasión del sureste de Ucrania. Al día siguiente, el general Aleksandr Dvórnikov fue puesto a cargo de las operaciones militares durante la invasión. En julio, las fuerzas invasoras anunciaron haber tomado el control total sobre Lugansk.
A finales de febrero de 2014, el presidente interino de Ucrania Oleksandr Turchínov comparó las acciones militares de Rusia en Crimea a la situación de la guerra ruso-georgiana (2008), en la que las tropas rusas ocuparon los enclaves separatistas de Abjasia y Osetia del Sur donde se establecieron administraciones apoyadas por Rusia. Turchínov también hizo un llamado al presidente ruso Vladímir Putin para que retirase sus tropas de Crimea y declaró que Ucrania debía «preservar su territorio y defender su independencia». El 1 de marzo, el líder ucraniano advirtió que «la intervención militar sería el comienzo de la guerra y el fin del las relaciones entre Ucrania y Rusia».
En 2014, Duguin dijo que Rusia era la principal fuerza impulsora de la guerra del Dombás. En este sentido, ya antes de que estallara la guerra ruso-georgiana (2008), el analista visitó Osetia del Sur y predijo: «Nuestras tropas ocuparán la capital georgiana, Tiflis, todo el país, y quizás incluso Ucrania y la península de Crimea, que históricamente forma parte de Rusia». Después dijo que «Rusia no debería detenerse en la liberación de Osetia del Sur, sino que debería ir más allá [...] tenemos que hacer algo similar en Ucrania». Ya en 2008 afirmó que Rusia debería repetir el escenario de Georgia en Ucrania y no ocultó su enfado con Putin, que «no se atrevió a dejar caer el otro zapato» y «restaurar el Imperio».
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Primera fase de la guerra ruso-ucraniana (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)