La Presidencia de Carlos Menem fue un período comprendido entre el 8 de julio de 1989, fecha de asunción como presidente de la Nación Argentina y el 10 de diciembre de 1999, fecha en que terminó su segundo mandato y asumió su sucesor Fernando de la Rúa.
Ganó las elecciones de 1989 en primera vuelta con el 48,51% de los votos y fue reelecto en 1995.
El principal problema que debió enfrentar al asumir la presidencia fue el de una economía en crisis con hiperinflación y en una profunda recesión. En el marco de la fuerte espiral hiperinflacionaria que azotaba a la Argentina desde los últimos años de Alfonsín, Menem se reunió en mayo de 1989 con el directorio del económico, Bunge y Born, a pocos días de haber ganado las elecciones. Miguel Ángel Roig fue nombrado Ministro de Economía, quien hasta ese momento se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo general de Bunge & Born y a partir de su designación se dedicó a diseñar el denominado "Plan BB". Ante el súbito fallecimiento de Roig, Carlos Menem nombró como sucesor al vicepresidente de Bunge & Born, Nestor Rapanelli. El gobierno adoptó parcialmente los principios del Consenso de Washington, para esto introdujo una serie de reformas liberales: se desreguló la economía, reduciendo cupos, aranceles y prohibiciones de importaciones, se estableció la libertad de precios y se produjo la privatización de numerosa empresas estatales.
Con la aprobación de la Ley de Reforma del Estado en agosto de 1989, fue autorizado a privatizar varias empresas estatales. Las primeras privatizaciones fueron las de la empresa telefónica Entel y la de Aerolíneas Argentinas. Las privatizaciones se realizaron rápidamente buscando conseguir con ello réditos mediáticos que instalaran la idea de la voluntad reformista del gobierno, pero dicha rapidez condujo luego a numerosas críticas y denuncias de irregularidades y casos de corrupción. Pronto se privatizaron también la red vial, los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy Canal 7), gran parte de las redes ferroviarias, YPF y Gas del Estado.
Con el aumento de impuestos como el IVA (del 19 al 21 %) y Ganancias aumentó la recaudación fiscal. Aun a pesar de dicho aumento y de los ingresos generados por las privatizaciones, la situación económica se mantenía convulsionada y a fines de 1989, se produjo una segunda hiperinflación. En reemplazo de Rapanelli asumió como Ministro de Economía Erman González, quien impulsó el Plan Bonex (abreviación de BONos EXternos), que consistió en la confiscación de los depósitos a plazo fijo y un cambio de los mismos por bonos de largo plazo en dólares. Así mismo, restringió fuertemente la emisión monetaria y redujo el gasto social. Este plan agravó la recesión económica, pero sirvió para reducir la inflación. Se produjo el cierre de unidades productivas que, en algunas ramas de la actividad, como la textil, fueron masivas, con la subsecuente pérdida de puestos de trabajo. Logró reducir la inflación que terminó en 1990 en 2314 % anual. La inflación disminuyó hasta llegar a valores cercanos al 5 % mensual en el último trimestre del año. La balanza comercial en 1990 obtuvo un superávit extraordinario. Las exportaciones superaron en un 34 % a las del año anterior, mientras que las importaciones sólo fueron un tercio de aquellas. Para 1991 se llevó a delante la eliminación de la actualización monetaria o desindexación, para evitar que se trasladara hacia adelante la inflación pasada.
En enero de 1991 renuncia Erman González y Menem designa como ministro de economía a Domingo Cavallo, quien estableció la Ley de Convertibilidad. Este esquema incluyó la creación de un nuevo signo monetario: el peso convertible, que comenzó a circular en el país desde el 1 de enero de 1992, y reemplazó a la entonces vigente moneda nacional, el austral, con una equivalencia de 1 peso a 10 000 australes. Bajo este sistema, el Banco Central estaba obligado a respaldar con sus reservas una relación de cambio en la que un dólar valía lo mismo que un peso; de esta forma, se restringía la emisión de billetes como medio de financiamiento del Estado. La aplicación del régimen de convertibilidad se prolongó hasta la crisis argentina de fines de 2001 y comienzos de 2002.
En los servicios públicos, las privatizaciones produjeron mejoras de calidad en algunos rubros (electricidad y telefonía, entre otros), mientras que en otros el impacto fue negativo, como en los transportes ferroviarios, este último en particular por el cierre masivo de los servicios de pasajeros de larga distancia. Si bien los servicios de trenes privatizados urbanos del área metropolitana y cargas en general registraron leves mejorías, finalmente con la crisis de 2001 y la posterior devaluación de la moneda desnudaron las frágiles condiciones contractuales que llevaron a las empresas a la quiebra, el posterior vaciamiento de su infraestructura y finalmente a un deterioro del servicio en parte sostenido por subsidios.
Todas estas medidas en su conjunto lograron una estabilidad económica sin inflación significativa que ofreció un clima favorable para el surgimiento de inversiones y el ingreso de capitales desde otros países, produciéndose un marcado crecimiento del producto interno bruto (PIB). La estabilidad económica lograda durante el primer mandato de Menem lo impulsaron a su reelección en 1995 con casi el 50 % de los votos. La mejora fiscal sirvió para lograr el acuerdo del plan Brady (con los acreedores externos). El PBI aumentó un 50 % en 10 años y llegó a 288.194 millones de dólares en 1998. Producto de políticas macroeconómicas consistentes desde el primer trimestre de 1990; sobre 39 trimestres 30 mostraron expansión económica, revirtiendo la historia de los 15 años previos de estancamiento. Tras la salida de Cavallo, y el ingreso de Roque Fernández, se redujo el déficit fiscal llagando al equilibrio presupuestario para 1995 del orden de un superávit del 0.3 por ciento del pbi, manteniéndose en números positivos hasta 1998.
Sin embargo, el crecimiento económico estuvo caracterizado por el incremento del sector de servicios y agropecuario, mientras la industria local se contraía debido a la reducción de aranceles a bienes importados. La estabilidad económica fue, entonces, a costa de un mayor desempleo. Entre 1990 y 1994, la productividad creció un 7,3 % anual, pero la modernización el uso de tecnología, produjo una expansión económica poco intensiva en trabajo. Al asumir Menem el gobierno, los valores de desocupación y subocupación habían alcanzado picos históricos (8,1 % y 8,6 % de la población económicamente activa, respectivamente). Luego de un período de lenta disminución (6,9 % y 8,3 % en mayo de 1992), el desempleo y el subempleo volvieron a crecer durante la crisis del Tequila, hasta alcanzar un pico de 18,4 % y 11,3 % en mayo de 1995, tras lo cual bajaron levemente hasta 12,4 % y 13,6 % en octubre de 1998. Para el final de su gobierno, estas cifras eran de 13,8 % y 14,3 %.
Hacia 1997 y 1998 la pobreza había afectado a más del 36 % de la población (13,4 millones de personas, se encontraban bajo la línea de pobreza). En tanto que el 8,6 % (3,2 millones de personas) vivían en la indigencia. En las regiones del noroeste, nordeste y Cuyo la pobreza superaba el 50 % de la población y la indigencia rozaba el 20 %.
En el marco de la fuerte espiral hiperinflacionaria que azotaba a la Argentina, Menem se reunió el 23 de mayo de 1989 con el directorio del grupo económico, a pocos días de haber ganado las elecciones. Propusieron un modelo económico basado en los postulados del economista estadounidense Lawrence Klein, y la inversión de US$ 3.500.000.000 por parte de los conglomerados empresariales. Para B&B, propietaria de 89 compañías en ese momento, significó la posibilidad de alcanzar el liderazgo en el país frente a Pérez Companc. La designación de Roig a cargo de la cartera de economía fue anunciada por Menem el 30 de mayo, finalizando la disputa interna que existía con el economista Domingo Cavallo, quien sería designado entonces Canciller.
El 19 de junio, Roig anunció su plan económico, con medidas tales como elevar el valor del dólar y fijarlo en un determinado precio, crear una nueva moneda, hacer autónomo al Banco Central, refinanciar la deuda interna en títulos y bonos de manera compulsiva, emitir líneas de crédito blandas y dar un shock productivo, favoreciendo las exportaciones, flexibilizando el trato a la inversión extranjera y privatizando servicios a cargo del Estado. En cuanto a la creciente deuda externa, se negociaría la postergación del pago de intereses a cambio de facilidades a bancos privados para capitalizar la deuda externa. El 24 de ese mes, el economista designó a Javier González Fraga como futuro presidente del Banco Central.
En los siguientes días, Roig anunció la suba de salarios (una promesa electoral de Menem, divulgada como Salariazo), así como del precio de la nafta, al tiempo que presentó al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Emergencia Económica y se reunió con los grupos empresarios para intentar poner un freno a la inflación, negociando la firma de una tregua de precios. Juró como Ministro de Hacienda el 9 de julio de 1989, y murió el 14 del mismo mes en su automóvil, como consecuencia de un infarto, el día en que se proponía concretar el acuerdo de precios con los grupos empresariales, que sería firmado dos días después.
Ante los problemas inflacionarios y el abultado monto de la deuda externa, el 11 de septiembre se logró destrabar una serie de créditos del Banco Mundial, al tiempo que se consiguió que la entidad apoyara los procesos de privatización de servicios públicos encaradas en el marco de la Ley de Reforma del Estado. El 15 de ese mes, Rapanelli firmó junto a Roberto Dromi que en el marco de las privatizaciones las empresas públicas ENCoTel, Ferrocarriles Argentinos y Yacimientos Carboníferos Fiscales permanecerían cerradas a partir del 1 de enero del año siguiente.
El 20 de septiembre Rapanelli informó al Congreso Nacional sobre las bases del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se ajustarían los salarios de manera semestral de acuerdo a la inflación prevista, se firmaría en el plazo de una semana un crédito stand by por US$ 1500 millones, Argentina destinaría a lo largo de 1990 US$ 3500 millones a pago de intereses de su deuda externa, se llevaría adelante la reforma impositiva y se daría al PBI un crecimiento del 4,5% en el año a comenzar.
Ante el fracaso del Plan BB, Menem designa al frente de la cartera de Economía a Antonio Erman González. La situación económica con la que se encontró el Ministro González era la de una persistente acumulación de deuda interna, con la colocación indiscriminada por parte del gobierno nacional de títulos públicos con intereses gravosos y una creciente acumulación de atrasos en pagos a proveedores, contratistas de obras, y deudas con los beneficiarios del sistema provisional. Para diciembre de 1989, los depósitos a plazo fijo a 30 días se pactaban con tasas por encima del 400%.
Ante esta realidad, el 28 de diciembre de ese año, el gobierno concretó un canje compulsivo de todos los plazos fijos que superaran el millón de australes, a cambio de bonos (denominados Bonex 89) que vencían en 1999 mediante el dictado del decreto 36/90. Adicionalmente se prohibió a las entidades financieras recibir depósitos a plazo hasta nuevo aviso. Se estima que la confiscación alcanzó al 60% de la base monetaria, lo que provocó una fuerte recesión, producto de una importante caída de la liquidez.
La puesta en marcha del Plan Bonex causó un profundo impacto en la población y significó una gran pérdida para los tenedores de plazos fijos. Así mismo, se adoptaron algunas medidas anexas, como prohibir por cuatro meses las licitaciones para la compra de bienes e inversiones del Estado y estableció la obligatoriedad de la autorización previa del Ministerio de Economía para cualquier compra o contratación de organismos del Estado.
Finalmente, en marzo de 1990, el Ministro lanzó una serie de medidas aún más restrictivas:
Con estas medidas, la balanza comercial en 1990 obtuvo un superávit extraordinario: las exportaciones superaron en un 34% a las del año anterior, mientras que las importaciones sólo fueron un tercio de aquellas.
Los rumores de corrupción y denuncias contra algunos sectores del gobierno, provocaron una aceleración de la inflación y la posterior renuncia de Erman González y su equipo en enero de 1991, asumiendo así Domingo Felipe Cavallo, que puso en marcha el llamado Plan de Convertibilidad a través de la sanción de la Ley de Convertibilidad del Austral.
La ley 23.696, conocida comúnmente como Ley de Reforma del Estado, fue una ley sancionada el 17 de agosto de 1989 en Argentina, durante el gobierno de Carlos Menem. Autorizaba al presidente a proceder con la privatización de un gran número de empresas estatales y a la fusión y disolución de diversos entes públicos.
La iniciativa fue impulsada por el oficialista Partido Justicialista y sus aliados, entre ellos la UCeDe, que apoyaron en gran medida su aplicación por el gobierno menemista. Álvaro Alsogaray sostenía por aquel entonces que "Achicar el estado es agrandar la Nación".
Roberto Dromi justificaba la necesidad de la ley de la siguiente manera:
La privatización de Entel fue una de las primeras y más importantes del gobierno menemista, dirigidas por el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, José Roberto Dromi y conducido por la ministra de la UCD María Julia Alsogaray quién sería condenada a cuatro años de prisión por fraude a la administración pública. Se destacó por el incremento del valor de las tarifas telefónicas de manera abrupta. El 7 de febrero de 1990 el aumento fue del 112 %, elevándose a más del 300 % a fines del mismo mes. El valor de ENTel fue fijado en USD 1.672 millones, cuando según estimaciones, su valor real de los activos duplicaba esa suma. A Entel le siguió la privatización de Aerolíneas Argentinas, la red vial, los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy Canal 7), gran parte de las redes ferroviarias, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Gas del Estado, Subterráneos de Buenos Aires, el CEAMSE, la Casa de la Moneda, etc. que condujeron a numerosas críticas y denuncias de irregularidades.
Una de las áreas donde las privatizaciones tuvieron un impacto positivo fueron las telecomunicaciones que experimentaron un proceso de modernización. A fines de los 80 la instalación de una línea telefónica se debía esperar hasta 15 años. El desorden administrativo llegó ser de tal magnitud que a fines de 1984 estaban instaladas 2.582.103 líneas, pero 252.992 estaban muertas y no funcionaban, existían 1.161.140 solicitudes de instalación que inútilmente esperaban durante 15 años que se les instalara un aparato. ENTel solo tenía capacidad para instalar 77.400 líneas por año. El sistema telefónico colapsó a fines de los ´80 y se hizonecesario proceder a una privatización. Las compañías licenciatarias procedieron a instalar nuevos cables de fibra óptica, digitalizaron las líneas telefónicas e instalaron centrales automáticas de última generación. Con ello fue posible pasar de un período de instalación de 15 años a 24 o 48 horas en la mayoría de los casos. Se incorporó el servicio celular y el acceso a Internet.
La privatización de las empresas proveedores de servicios de agua y cloacas habría reducido la mortalidad infantil en aproximadamente un 8%. Dicha reducción de la mortalidad infantil habría sido del 26% en las áreas más pobres donde la red de servicios de agua potable y cloacas más se extendió. Esto surge de un estudio que compara municipios que privatizaron sus servicios de agua y cloacas con aquellos que no lo hicieron usando la técnica estadística de diferencias en diferencias. Aquellos municipios que privatizaron sus servicios tuvieron un rápida reducción de la mortalidad infantil luego de la privatización en comparación con municipios que no privatizaron. La mortandad infantil se ve fuertemente afectada por la calidad de los servicios de agua y cloacas debido a que los niños tienen gran exposición al agua y menor conocimiento sobre cómo usarla de forma higiénica. De hecho, durante los ´90s en Argentina, la diarrea, septicemia e infecciones gastrointestinales eran 3 de las 10 causas más frecuentes de muerte en niños menores de 5 años.
Para lograr la estabilidad el Gobierno menemista llevó adelante, desde 1990, un replanteo integral de la organización económica. Ella incluyó la apertura generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales, la desregulación económica y la privatización de empresas públicas, la reducción del aparato burocrático del Estado, la reorganización del sistema tributario y la creación de un nuevo régimen monetario. Sin embargó la inflación alcanzó el 2314 % en 1990.
Según Domingo Cavallo:
El proceso de desinflación fue continuo y sostenido, pasando de 2314 % en 1990 a 84 % en 1991, 17.5 % en 1992, 7.4 % en 1993, 3.9 % en 1994, 1.6 % en 1995 y 0 % en 1996.
Sin embargo, pese al fuerte aumento del PBI, el nivel de empleo había crecido relativamente poco.[cita requerida] Según los funcionarios del Gobierno, esto se debía a una recuperación significativa de la productividad media del trabajo, ya que hasta los años ochenta existían numerosos empleos de baja productividad o llanamente improductivos que se habían creado artificialmente durante el período del Estado de bienestar.[cita requerida] La tasa de desocupación aumentó a partir de 1992, para alcanzar el pico de 18.4 % de la población activa desocupada, en mayo de 1995.
Aunque se esperaba que en el mediano y largo plazo, el aumento del ahorro interno, reflejado en un fuerte crecimiento de los depósitos bancarios, así como en la acumulación de aportes a los fondos de pensiones, se transformara en oferta de crédito hipotecario para viviendas.
Para 1994 la Ley de Convertibilidad y la Ley de Reforma del Estado, parecían exitosas: habían logrado erradicar la inflación que había azotado a la economía durante más de cuatro décadas, habían logrado recuperar niveles de inversión y de crecimiento que solo se habían visto a comienzos del siglo XX. La primera gran prueba de la Convertibilidad se produce con el Efecto Tequila (crisis de la economía mexicana), que generó una fuerte salida de capitales y un aumento en el desempleo. La desconfianza creada por la devaluación del peso mejicano, dio lugar a una fuerte caída en el nivel de reservas que habían pasado de 17 930 millones a fines de 1994 a 12 496 millones de dólares para marzo de 1995. A su vez, el déficit fiscal reapareció en el segundo semestre de 1994.
La recesión en la Argentina duró un año y en el segundo trimestre de 1996 la economía ya mostraba signos de reactivación a un ritmo del 3 % anual. Las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis lograron restablecer la confianza y hacia fines de junio de 1996, las reservas ya superaban los 20 000 millones de dólares.
La Ley de Convertibilidad del Austral, Ley 23.928, fue decretada el 27 de marzo de 1991 por el Congreso de la República Argentina, durante el gobierno de Carlos Menem, bajo la iniciativa del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, y estuvo vigente durante casi 11 años hasta su derogación el 6 de enero de 2002.
El gobierno de Carlos Saúl Menem, llevó adelante desde 1990 un replanteo integral de la organización económica. Ella incluyó la apertura generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales, la desregulación económica, la privatización de empresas públicas, la reducción del Estado y la reorganización del sistema tributario. La inflación en 1990 fue del 2314%. El nuevo régimen monetario logró estabilizar la economía tras la grave crisis hiperinflacionaria del gobierno de Alfonsín.
A partir de abril de 1991, tras la aprobación de la Ley de Convertibilidad (ley N° 23.928), se estableció una paridad fija de 10 000 Australes por cada dólar y, a partir del 1 de enero de 1992, con el Peso convertible. El Banco Central se convirtió en una virtual Caja de conversión con la obligación de respaldar a cada peso en circulación de manera que cada peso en circulación pudiese ser canjeado por un dólar estadounidense. El plan produjo graves consecuencias en la industria argentina. La industria metalúrgica junto con la textil y la del calzado fueron sectores muy castigados. Los segmentos de mano de obra intensiva son los primeros que sufrieron las consecuencias.
La apertura comercial de los años 1990, el atraso cambiario de la convertibilidad, el menguado poder de compra interno por la destrucción del empleo y los bajos salarios, entre los principales factores, causaron estragos en la mayoría de los sectores industriales en aquella etapa.
En el período 1991-2000 la política fiscal arrojó un déficit promedio anual de 4,1% del PBI, con un total acumulado de 108.634 millones de pesos/dólares. En su primera etapa 1991-1994, ya había crecido 120%, pasando de los 32 mil millones a 70 mil millones de pesos/dólares. El gasto creció, junto a una financiación del déficit en el exterior.Se adoptó una política de endeudamiento que llevó la deuda externa pública durante su gestión de 45 000 millones de dólares (en 1989) hasta 145 000 millones (en 2000).
Durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad, debido al crecimiento exponencial de la deuda pública, el gasto público pasó de 46.351 millones de dólares en 1991 a 82.842 millones de dólares en 2001, un aumento del 79%, produciendo un constante y creciente déficit fiscal. En el caso específico de Argentina, la deuda pública externa pasó de $60.000 millones a $105.000 millones a pesar de que se vendieron la mayor parte de las empresas públicas.
La fuerte demanda de divisas para importaciones provocada por el atraso cambiario y la apertura de la economía se había compensado inicialmente gracias a una fuerte repatriación de capitales y al proceso de privatizaciones. Sin embargo, luego de un tiempo la única opción del sector público cubrir esta brecha era endeudarse en moneda extranjera, lo que a su vez condujo a un crecimiento en la carga de intereses dentro del gasto público.
Domingo Cavallo justificó entonces que el resurgimiento del déficit fiscal se había generado por aumentos automáticos del gasto en materia de seguridad social (por la crisis internacional), así como también había influido la eliminación o reducción de impuestos «distorsivos», particularmente aquellos que se aplicaban sobre la nómina salarial, con el objetivo de alentar la productividad y el empleo. Al observar las estadísticas, se deduce que el gasto destinado al funcionamiento del Estado siempre se mantuvo relativamente estable (entre 1993 y 2001 pasó del 6.2 % al 6.4 % del PBI), mientras que el gasto público social creció muy levemente, del 20.3 % en 1993 al 21.8 % en el 2001. En contrapartida, los intereses que el Estado debía abonar por sus deudas, habían crecido significativamente del 1.8 % al 5.3 % del PBI entre 1993 y 2001. Por lo tanto, el origen del déficit estaba en la carga de intereses de la deuda que se había elevado considerablemente, aunque el ministro Cavallo prefirió realizar ajustes por el lado de los gastos de funcionamiento del Estado y los servicios sociales.
Desde principios de 1995, y frente a los riesgos de desfinanciamiento, el Gobierno le puso un límite a los gastos de seguridad social y en julio de 1996, acentuó estas medidas restrictivas, limitando las asignaciones familiares y los gastos del sistema de salud de los jubilados. En materia impositiva se aumentó la tasa del IVA (impuesto al valor agregado) del 18 al 21 % (dispuesta en abril de 1995), mientras se analizaba eliminar exenciones en varios impuestos, para así aumentar la recaudación. Más allá de todas estas medidas, a partir de julio de 1996, el déficit fiscal se mantuvo constante, en el orden del 2 % de PBI.
Parte de este importante y constante déficit se explica por la reforma previsional de 1994, que produjo la privatización de dicho sistema. Hasta ese momento, el régimen previsional había sido una fuente gratuita de ingresos para el Estado, que se perdió repentinamente tras la aparición de las nuevas AFJPs. Ante esta merma en los ingresos públicos, el Estado debió endeudarse recurriendo, entre otros, a las propias AFJPs, aunque a cambio de estos créditos debía pagar tasas de interés. La fuga de depósitos también afectó seriamente a los bancos provinciales desde principios de 1995. A contramano de las limitaciones impuestas por la Ley de Convertibilidad al Banco Central y al Tesoro Nacional, las instituciones provinciales habían seguido proveyendo financiamiento a sus respectivos Gobiernos durante la primera mitad de los años noventa. Obligadas por el desfinanciamiento, las provincias debieron aceptar el ofrecimiento hecho por el Gobierno federal, que las obligaba a privatizar sus bancos y empresas públicas, y a reformar el régimen de seguridad social de sus empleados.
La depreciación del Real brasileño y de otras monedas en 1995, determinó una clara sobrevaluación del peso por estar fijado al dólar. La imposibilidad de competir con las importaciones procedentes de Brasil (libres de aranceles tras la creación del Mercosur), golpeó mucho a las empresas nacionales.
A mediados de 1997 se desató una nueva crisis económica que afecto al modelo de la convertibilidad, a raíz de la crisis en el sudeste asiático, que, por efecto de la globalización, pronto se extendió a otras regiones del mundo.
En agosto de 1998 la crisis estalló en Rusia, con una fuerte devaluación del Rublo, lo que provocó el colapso de la deuda de ese país. y Brasil, donde el Real fue devaluado en enero de 1999.
Argentina sufrió la embestida de los inversores, que se reflejó en una retracción crediticia a nivel local, afectando tanto al sector público como al privado. Las provincias y la Nación sufrieron un aumento en las tasas de interés de sus préstamos, mientras que la falta de crédito para pequeñas y medianas empresas provocó una reducción en los niveles de inversión y de empleo. Finalmente, en el mes de octubre de 1997 el Gobierno debió soportar tanto la derrota en las elecciones legislativas como los efectos de una nueva crisis que venía extendiéndose rápidamente desde el sudeste asiático.
La segunda crisis de la convertibilidad ocurrió en 1998-1999, con la crisis de Rusia y la devaluación de Brasil.
Desde 1998 la recesión económica se profundizó y la desocupación comenzó a crecer. Para 1999 estaba claro que la situación no podía mantenerse sin tomar alguna medida de fondo. El problema más grave del país era la pesada carga de la deuda pública que se había acumulado como consecuencia de los elevados déficit fiscales que se arrastraban desde 1995.
Los recurrentes problemas de este modelo económico determinaron una recesión desde 1998 que estalló a finales de 2001, y terminaron por provocar el fin de la Ley de Convertibilidad con importantes secuelas de crisis económica, política y social. El producto bruto interno a precios corrientes de 268.697 millones de dólares en 2001 se redujo casi un 64%. En el periodo recesivo y posterior crisis (junio de 1998 a 2002 inclusive), este sufrió una pérdida del 19,5% acumulada, registrándose el mayor descenso en el último año de la crisis con un decrecimiento del 10,9%.
El plan Brady se implementó en Argentina en 1992. Fue una exigencia para adquirir créditos internacionales y para limpiar los balances que los bancos no pudieran cobrar. Tenía el plan claúsulas como que los Estados renunciaban a la soberanía de los activos en el exterior de manera irrevocable y perpetuamente, con excepción de las reservas internacionales y los bienes públicos. En diciembre de ese año se canjearon deudas por un total de 21 000 millones de dólares y se adicionó más de 8300 millones de intereses adeudados a través de la emisión de tres bonos:
Al 31 de diciembre de 1995 la deuda del Estado nacional era de 87 091 millones y para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, en julio de 1996, la misma ya se había elevado a 90 472 millones. Ni los 23 948 millones de dólares (11 441 millones en efectivo y 12 508 millones en rescate de títulos públicos) recaudados por el Gobierno durante aquellos años a través de las privatizaciones habían logrado revertir el crecimiento de la deuda.
En 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación, que extendió la obligatoriedad de la educación a diez años y reorganizó la educación secundaria mediante la creación del polimodal.
La Carpa Blanca fue una de las protestas más extensas de la década de 1990 en la República Argentina, llevada a cabo por los sectores docentes, quienes reclamaban un aumento en los fondos económicos destinados a la educación,a través de la sanción de una Ley de Financiamiento Educativo y la derogación de la Ley Federal. La carpa fue instalada frente al Congreso Nacional en 1997 y levantada tras incluso un simbólico enrejado en 1999.
En agosto de 1995 se promulgó la Ley de Educación Superior, que mantuvo la gratuidad universitaria para las carreras de grado pero admite los aranceles para posgrados. Además crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) para la acreditación de las carreras universitarias.
Durante su gestión se crearon nuevas universidades nacionales, principalmente en el área del Gran Buenos Aires: La Matanza (1989), Quilmes (1989), San Martín (1992), Gral. Sarmiento (1993), La Rioja (1993), Patagonia Austral (1994), Lanús (1995), Tres de Febrero (1995) y Villa María (1995).
Los antecedentes de la CONEAU se pueden reconocer en la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación que en el año 1993 firma un convenio con algunas universidades (de gestión pública y privada) en relación a convenios para planificar y elaborar mecanismos en conjuntos que ayuden a la evaluación institucional. Estos acuerdos ya preveían los procesos de autoevaluación a cargo de las mismas instituciones, que servirían de marco para las evaluaciones externas. En 1994 se crea en el seno del ministerio la Comisión de Acreditación de Posgrados (CAP) que a principios de 1995 realizó una convocatoria para la acreditación voluntaria de maestrías y doctorados, a la que respondieron alrededor de 300 programas en total, lo que significó la evaluación y acreditación de un número importante de carreras de posgrado (Fraca, 2010).
En 1995 el Congreso aprueba la ley 24.521 de Educación Superior (LES), que dispone la creación de la CONEAU. El Ministerio de Educación transfirió en 1996 las tareas de la CAP a la CONEAU. La CONEAU institucionalizó las funciones que le corresponden legalmente de manera progresiva. Desde 1996, evalúa proyectos institucionales; a partir del año 1997, evalúa informes anuales de instituciones universitarias con autorización provisoria, realiza evaluaciones externas y acredita posgrados; desde 1999, evalúa solicitudes de reconocimiento definitivo y solicitudes de agencias privadas de evaluación y acreditación de carreras de grado (CONEAU, 2012).
Durante de la gestión del presidente Carlos Menem (1989 – 1999) se producen algunas transformaciones en el sistema científico-tecnológico nacional en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias. En 1996 se decreta una reestructuración del CONICET, dándole estatus de ente autárquico y descentralizado bajo la jurisdicción de la Secretaría de Ciencia. Aunque se convocó a elecciones para el directorio del organismo, las autoridades nunca asumieron en su cargo debido a que fue intervenido por la Secretaría de Ciencia, primero a cargo de Domingo Liotta y luego de Juan Carlos del Bello. El cierre de los ingresos al organismo hacia mediados de la década produjo una fuga de cerebros hacia países desarrollados y un envejecimiento de la planta de científicos nacionales.
Luego de que el gobierno ordenara la cancelación del programa del Cóndor, que hubiera dotado a la Argentina de su propio lanzador satelital la CNIE se disuelve y le da paso a la CONAE, creada el 28 de mayo de 1991 por el gobierno de Carlos Menem.
Esta heredó las instalaciones aeroespaciales de la Fuerza Aérea situadas en la ciudad de Buenos Aires, las bases en Falda del Carmen, provincia de Córdoba, así como parte del personal civil involucrado en el proyecto cancelado. También la base Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados Chamical donde se retomaron los experimentos.
SAC-B fue lanzado en noviembre de 1996. Los objetivos del SAC-B, como primer satélite científico argentino, fueron el estudio avanzado de la física solar y la astrofísica, mediante la observación de fulguraciones solar, erupciones de rayos gamma y radiación X del fondo difuso y átomos neutros de alta energía. La misión permitió el entrenamiento de un grupo humano importante tanto para la preparación de los centros de control (hardware y software) como para el control de los satélites.
El proyecto SAOCOM fue presentado en el año 1998, con el objetivo de brindar información de suelos, aguas y vegetación, así como prevención y gestión de catástrofes mediante observaciones con su radar en banda L.
El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) es un ente descentralizado argentino que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, cuya misión es promover el desarrollo tecnológico en el área minera considerando los aspectos sociales y ambientales.
En el área de transporte la política del gobierno de Menem siguió los lineamientos de la Ley de Reforma del Estado, produciendo la privatización de las empresas estatales que operaban ferrocarriles y aerolíneas.
La privatización ferroviaria en Argentina fue un proceso comenzado en 1991 durante la presidencia de Carlos Menem, tras la aprobación de la Ley de Reforma del Estado que autorizaba al ejecutivo a privatizar y disolver entes estatales.
Desde la nacionalización de los ferrocarriles en 1946 y 1947 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, la red había sido operada por la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos (FA), que abarcaba las seis divisiones relativamente independientes, los ferrocarriles Sarmiento, Mitre, Urquiza, San Martín, Belgrano y Roca.
Antes de la privatización, FA tenía una red nacional de alrededor de 35 000 kilómetros y 92 000 empleados y un déficit operativo de 450 millones de dólares por año (cuyo valor actualizado por inflación al 2020 es de casi 850 millones de dólares). En la práctica, la red de vías férreas existentes presentaban un gran deterioro en su infraestructura, incluyendo locomotoras y vagones de carga y pasajeros. Este escenario, combinado con la baja densidad demográfica y la creciente necesidad de recursos financieros para subsidiar su funcionamiento, hicieron de la privatización de los ferrocarriles una salida con resultados mayoritariamente positivos a la crisis que presentaba el sector.
En 1990, luego de que se cambiara su tipo societario de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima (ARSA), la empresa fue vendida por el gobierno de Carlos Menem a la estatal española Iberia. La compañía se transfirió sin ningún pasivo, ya que antes el Estado absorbió su deuda. Los españoles pagaron 1610 millones de dólares en títulos públicos y apenas 260 millones en efectivo, para conseguir el dinero se endeudaron y transfirieron el pasivo a la cuenta de la propia Aerolíneas Argentinas. Tras comprar toda la compañía los españoles comenzaron a liquidar prácticamente todo. Vendieron oficinas comerciales en el país y el exterior, los simuladores de vuelo y las 28 aeronaves que conformaban la flota. También desmantelaron los talleres y levantaron decenas de rutas y escalas. La situación no mejoró y en el año 2000 se declararon en convocatoria de acreedores.
Durante esta etapa se vendieron aeronaves antiguas y muchas propiedades y algunos activos fueron dados en préstamo. Los problemas internos de Iberia y de sus filiales la llevaron a la bancarrota en 1994, momento en el que las acciones de Aerolíneas pasan a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, ente público de participaciones industriales del Estado español. Durante esta etapa Aerolíneas unió sus operaciones con la línea aérea de cabotaje argentina Austral Líneas Aéreas. Hacia fines de los años 1990 la empresa estuvo técnicamente en bancarrota. El gobierno español intentó vender sus acciones a American Airlines, que manejó la aerolínea por nueve meses, pero desestimó la oferta.
En junio de 2001, Aerolíneas sufrió la peor crisis en su historia, se suspendieron vuelos a siete destinos internacionales y la aerolínea entró en convocatoria de acreedores (suspensión de pagos). En julio del mismo año, la aerolínea Aero Continente presentó a la SEPI una oferta de compra de la empresa argentina por 100 millones de dólares.
En la década del ‘90 se produjo una consolidación de los trasplantes en el país, al promoverse desde el Estado políticas sanitarias que impulsaron nuevas instancias de coordinación. Se crearon organismos jurisdiccionales de procuración en la mayoría de las provincias argentinas, y de esta manera se optimizó la cobertura territorial. En 1990, con la sanción de la Ley 23.885, el CUCAI se convirtió en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), pasando a ser un organismo descentralizado con autarquía y conservando su dependencia del Ministerio de Salud de la Nación.
A principios de los noventa se destacó el crecimiento de la procuración en la provincia de Buenos Aires, y se puso en funcionamiento oficialmente dentro del sistema público de salud el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Buenos Aires (CUCAIBA). En ese momento comenzó un crecimiento sostenido aunque diverso en las distintas regiones del país.
La secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca estuvo ocupada durante casi toda la presidencia de Menem por Felipé Solá (1989-1991, 1993-1999). Durante su gestión se autorizó por primera vez el uso de soja transgénica, tratándose de una variedad con resistencia al herbicida glifosato. La campaña contra la fiebre aftosa iniciada en 1989 permitió que país tuviera su último brote de la enfermedad en abril de 1994 y fuera declarado como libre de la enfermedad en 1996. Al año siguiente la Argentina volvió a exportar carne fresca.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es un organismo sanitario del estado argentino encargado sobre todo de la fiscalización y certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y residuos agroquímicos, así como la prevención, erradicación y control de enfermedades de animales, incluidas las transmisibles al ser humano, y de las plagas vegetales que afectan a la producción agropecuaria del país.
En 1991 María Julia Alsogaray fue nombrada al frente de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, cargo que ocuparía hasta 1999. Durante su gestión prometió "limpiar el Riachuelo en 1000 días", clamando que al término de ese período "se tiraría a nadar" en el contaminado río. La calidad del agua nunca mejoró. Desde 1996 hasta el año 2000, el Comité del Riachuelo manejó más de 35 millones de dólares, de los cuales casi 22 fueron a parar el rubro "servicios técnicos y profesionales", es decir consultoras cercanas a Alsogaray que hicieron estudios sobre el origen de la contaminación.
Durante la presidencia de Menem se crearon seis nuevos parques nacionales: Sierra de las Quijadas (1991), Predelta (1992), Los Cardones (1996), Quebrada del Condorito (1996), Talampaya (1997) y San Guillermo (1999).
En 1996 se creó el Plan Nacional de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En 2012 fue renombrado como Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
En materia judicial, la reforma de la Constitución en 1994 introdujo nuevas instituciones como el Consejo de la Magistratura que se encarga de la selección de jueces. Durante su gestión se amplió el número de jueces de la Corte Suprema a nueve y se nombraron un total de 10 jueces, de los cuales cuatro renunciaron antes de 1999. Cinco de los jueces nombrados conformaron lo que los medios denominaron la «Mayoría automática» que fallaba a favor del gobierno en los casos más resonantes.
En materia de derechos humanos el gobierno de Menem se promulgaron los indultos a militares involucrados en la última dictadura militar. Por pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. También se destaca la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Durante la presidencia de Carlos Menem se conoció bajo el nombre de mayoría automática a un grupo de magistrados que integraron la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina debido a que parte de la prensa afirmaban que siempre fallaban a favor de los intereses del gobierno. El grupo estaba integrado por Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo López y Antonio Boggiano, quienes habían sido nombrados por Menem tras la ampliación de la Corte a nueve miembros.
El Consejo de la Magistratura fue incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 durante la presidencia de Carlos Menem. El artículo 114 de la constitución reformada establece:
La figura del Defensor del Pueblo proviene del derecho escandinavo (concretamente de Suecia) y fue introducida en el orden normativo argentino en la reforma constitucional de 1994. El art. 86 de la Constitución Nacional establece:
El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.
La Auditoría General de la Nación fue creada en octubre de 1992 mediante la Ley 24156. Esta ley le otorga a la AGN la función específica de intervenir "necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos". Con respecto al organigrama del organismo, define que debe estar conformado por siete (7) miembros llamados Auditores Generales. Estos deben ser de nacionalidad argentina, con título universitario en el área de Ciencias Económicas o Derecho, con probada especialización en administración financiera y control.
Dos años después de la sanción de la ley que dio lugar a su creación, la AGN adquirió máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico argentino. En el Artículo 85 de la Constitución de la Nación Argentina, surgida tras la reforma en 1994, se estipula:
El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación.
Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
El 5 de julio de 1995, durante la Presidencia de Carlos Menem, se sancionó la Ley 24.515 creando el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que comenzó sus tareas en 1997. Su primer presidente fue el periodista Víctor Ramos.
Cuando Menem anunció su propósito de hacer aprobar una ley que declarara la necesidad de convocar a una convención constituyente que modificara la Constitución Nacional y permitiera su reelección, se planteó un conflicto interpretativo respecto del artículo 30 de dicha Constitución. Menem sostenía —al igual que lo había hecho Perón en 1949— que la mayoría de dos tercios de los miembros del Congreso requerida para ello debía calcularse sobre los que estuvieran presentes en la sesión, en tanto la oposición sostenía —tal como lo había hecho la Unión Cívica Radical en 1949— que se necesitaban dos tercios del número de representantes que integraba cada Cámara. El punto era crucial porque los partidarios de la reforma no alcanzaban la mayoría necesaria si se aplicaba esta última interpretación.Cuando Menem anunció su propósito de hacer aprobar una ley que declarara la necesidad de convocar a una convención constituyente que modificara la Constitución Nacional y permitiera su reelección, se planteó un conflicto interpretativo respecto del artículo 30 de dicha Constitución. Menem sostenía —al igual que lo había hecho Perón en 1949— que la mayoría de dos tercios de los miembros del Congreso requerida para ello debía calcularse sobre los que estuvieran presentes en la sesión, en tanto la oposición sostenía —tal como lo había hecho la Unión Cívica Radical en 1949— que se necesitaban dos tercios del número de representantes que integraba cada Cámara. El punto era crucial porque los partidarios de la reforma no alcanzaban la mayoría necesaria si se aplicaba esta última interpretación.
Menem presionó con utilizar la interpretación que lo favorecía e incluso convocó a un plebiscito no vinculante para que la ciudadanía opinara sobre la reforma, pero finalmente entró en negociaciones con el líder de la oposición radical, el expresidente Raúl Alfonsín, quien aceptó que se convocara a una Convención para la reforma de la Constitución Nacional que incluyera, además del tema de la reelección, otras cláusulas que le interesaban, tales como la elección de un tercer senador por la minoría, el establecimiento de la figura del Jefe de Gabinete y la incorporación a la Constitución de diversos convenios internacionales, entre otros puntos, todo lo cual configuró el llamado Pacto de Olivos.
El Caso Carrasco fue un proceso judicial llevado a cabo para esclarecer la muerte de Omar Carrasco, asesinado en 1994 mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en la guarnición militar de Zapala, provincia de Neuquén, Argentina.
La historia oficial dice que su muerte se produjo apenas tres días después de su ingreso como consecuencia de un hemotórax producto de una golpiza que le dieron dos conscriptos durante un «baile», el eufemismo de la jerga militar que alude al castigo físico. Según esa misma historia oficial, la orden habría sido dada por un subteniente.
El ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina sucedió el martes 17 de marzo de 1992 y causó 29 muertos y 242 heridos. El ataque destruyó completamente la sede de la embajada y del consulado, ubicadas en los números 910 y 916 de la calle Arroyo de la ciudad de Buenos Aires. El atentado fue investigado por la Corte Suprema de Justicia, sin identificar ningún sospechoso y sin que hasta 2021 se haya elevado la causa a juicio.
El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba (suposición) que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lunes 18 de julio de 1994.
En política exterior, desde el inicio mismo de su mandato se promovió un alineamiento automático con los Estados Unidos, de modo tal que Argentina abandonó el Movimiento de Países No Alineados. El Ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, se refirió a dicho alineamiento en forma humorística como las «relaciones carnales», pero más adelante el término sería tomado por los críticos de esta política internacional para referirse a la misma en forma denigratoria. Las relaciones que mantuvo el gobierno menemista con los Estados Unidos causaron que Argentina fuera nombrada un aliado importante extra-OTAN en 1998, durante la administración de Bill Clinton.
El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción, que adoptó el nombre Mercosur, le dio una estructura institucional básica y estableció un área de libre comercio.
En junio de 1992, en Las Leñas, se estableció el cronograma definitivo hacia la constitución del mercado común.
Desde ese punto de vista, reorganizó las relaciones con Gran Bretaña, que nunca se habían recuperado desde la Guerra de las Malvinas, poniendo "bajo un paraguas" la disputa por la soberanía de las islas Malvinas que seguía – y sigue – pendiente con ese país. Paralelamente, intentó una política de "seducción" de los habitantes de las islas – los kelpers – por medio de obsequios enviados por correo en Navidad; especialmente ositos de felpa y tarjetas de Navidad. Su logro principal fue hacer que los isleños tuvieran permanentemente presente la presencia y el interés de los argentinos en las islas, pero no logró mejorar la imagen del país entre ellos.
Cuando su política de diplomacia fue criticada como frívola, Di Tella contestó que:
Simultáneamente, la Argentina se plegó a toda la política exterior de los Estados Unidos; votó sistemáticamente a favor de las iniciativas de este país en las Naciones Unidas.[cita requerida]
La política para con los Estados Unidos llegó a ser considerada demasiado obsecuente por la oposición, a lo que Di Tella contestó con su conocida frase, en que calificaba las relaciones con ese país como "relaciones carnales". Los beneficios políticos y económicos de esa política fueron descriptos por el propio Di Tella:
Por último, dirigió la política de cesación de las disputas limítrofes con Chile: se firmó un acuerdo el 2 de agosto de 1991, que definía la resolución del Litigio del Campo de Hielo Patagónico Sur por medio de una línea poligonal, que dividió la zona en disputa –parte del Campo de Hielo Patagónico Sur– aproximadamente en partes iguales entre ambos países. El tratado no fue ratificado, y fue modificado parcialmente por otro, de 1998, que definió con más precisión el límite, entre el Cerro Daudet y el Monte Fitz Roy.
La venta de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia-Herzegovina fue un escándalo político que tuvo lugar durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) en Argentina, y se refiere a una serie de ventas ilegales de armamentos fabricados en la Fábrica Militar de Río Tercero en Argentina, utilizados por Croacia y Bosnia-Herzegovina en las Guerras Yugoslavas y por Ecuador en la Guerra del Cenepa contra el Perú. La operaciones ilegales incluyeron la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995, que mató a siete personas, hirió a más de trescientas y destruyó parte de esa ciudad, que tramitó en un juicio diferente, donde se dictó sentencia condenatoria en 2014.
En 2010 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió oficialmente perdón al Perú, en nombre del Estado y el pueblo argentinos.
Las explosiones de Río Tercero de 1995 fueron una serie de detonaciones sucedidas en la ciudad argentina de Río Tercero, provincia de Córdoba, el 3 de noviembre de 1995, durante la presidencia de Carlos Menem. Ese día estalló la Fábrica Militar de Armamentos que se encontraba en esa ciudad, destruyendo el establecimiento y parte de la ciudad, causando la muerte de siete personas, hiriendo a más de trescientas y dañando seriamente la salud mental de la mayor parte de la población de la ciudad.
Se conoció con el nombre de Marcha Federal a una manifestación masiva que tuvo lugar en Argentina el 6 de julio del año 1994, durante el gobierno presidente de la Nación Argentina por el Partido Justicialista, Carlos Menem, y atrajo alrededor de 50 mil manifestantes provenientes de diversos puntos del país.
La marcha fue organizada por organizaciones gremiales creadas por entonces, como la CTA, el MTA o la CCC, las cuales buscaban distanciarse de la CGT. La marcha partió de La Quiaca y fue recibiendo columnas de manifestantes a lo largo del país, finalizando en la Plaza de Mayo. Contó con la participación de distintos sectores, como docentes, estudiantes, pequeños productores y empresarios, representantes de comunidades indígenas y jubilados, entre otros; así como de los principales partidos opositores, la Unión Cívica Radical y el Frente Grande, y numerosos autoconvocados.
Las puebladas de Cutral Có y Plaza Huincul, también conocidas como cutralcazos, fueron una serie de protestas populares en las ciudades argentinas aledañas de Cutral Có y Plaza Huincul sucedidas principalmente en 1996 y 1997.
Tienen importancia histórica por ser consideradas el inicio de los movimientos de desocupados y piqueteros aparecidos para luchar contra las políticas económicas neoliberales aplicadas en la década de 1990 por el presidente Carlos Menem en el marco de Consenso de Washington de 1989.
El conglomerado urbano Cutral Có - Plaza Huincul, ubicado en la provincia de Neuquén, surgió a partir de la década de 1930 como base de apoyo urbana para la explotación de los ricos yacimientos de petróleo y gas natural que existen en la zona. Las puebladas tuvieron su causa en los despidos masivos dispuestos luego la privatización de las empresas públicas de petróleo y gas natural, YPF y Gas del Estado, que generaron un estado general de pobreza y desocupación masivas en esas ciudades.
La primera pueblada se extendió entre el 20 de junio y el 27 de junio de 1996. Se desencadenó debido a la decisión del gobernador de la provincia de Neuquén de rechazar la instalación de una fábrica de fertilizantes en Cutral Có y finalizó con un acta acuerdo de trece puntos entre los manifestantes y el gobernador.
El caso IBM y Banco Nación es un caso de corrupción en Argentina, en el que la filial local de la empresa estadounidense IBM sobornó a funcionarios del Banco de la Nación Argentina, con el fin de obtener el contrato para informatizar la entidad bancaria por un monto de 250 millones de dólares. La casa matriz de IBM aceptó pagar en Estados Unidos una multa por dichos sobornos.
El escándalo de los sobornos de Siemens AG en Argentina se refiere a los pagos ilegales que realizó la empresa Siemens AG en relación a una licitación pública convocada en 1996 por el gobierno argentino que incluía la impresión de los nuevos Documentos Nacionales de Identidad, de los padrones electorales y la informatización de los pasos fronterizos. Siemens AG declaró que los pagos tuvieron inicialmente el propósito de ganar la licitación y que más adelante se hicieron otros para tratar de evitar que las nuevas autoridades argentinas rescindieran el contrato.
Cuando a raíz de la crisis económica el Congreso Argentino dispuso en noviembre de 2000 la revisión de todos los contratos del Estado, el nuevo presidente, el radical Fernando de la Rúa realizó una renegociación en un clima de presiones por parte del gobierno alemán pero el acuerdo no pudo concretarse por la cerrada negativa de Siemens de revelar su estructura de costos. El gobierno rescindió el contrato en mayo de 2001 y la empresa inició juicio reclamando una importante indemnización de Argentina.
Como consecuencia de una investigación realizada en los Estados Unidos, que hacía peligrar sus negocios en ese país, Siemens AG reconoció en el año 2008 que había realizado dichos pagos ilegales e individualizó a algunos de los receptores de los mismos que, según su versión, incluían entre otros funcionarios al presidente Carlos Saúl Menem y a su Ministro del Interior Carlos Corach, ambos del entonces gobernante Partido Justicialista, quienes a su vez negaron categóricamente el hecho. A raíz de estas revelaciones se inició en Argentina una investigación judicial que todavía está en marcha.
El Yomagate fue un escándalo político que tuvo lugar en Argentina en 1991, durante el gobierno de Carlos Menem. El nombre del mismo combina el apellido de la implicada Amira Yoma (si bien luego fue sobreseída), y el uso del sufijo "-gate", de habitual uso en el periodismo luego del Watergate (EE. UU., 1972-1974).
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