Juan Carlos I de España cumple los años el 5 de enero.
Juan Carlos I de España nació el día 5 de enero de 1938.
La edad actual es 86 años. Juan Carlos I de España cumplió 86 años el 5 de enero de este año.
Juan Carlos I de España es del signo de Capricornio.
Juan Carlos I de España nació en Roma.
Juan Carlos I de España (Roma, 5 de enero de 1938) fue rey de España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 18 de junio de 2014, fecha de su abdicación. A las 00:00 del 19 de junio, su hijo Felipe VI accedió a la Jefatura del Estado. Tras su renuncia, Juan Carlos continuó usando el título de rey, con carácter honorífico, y pasó a ser capitán general de las Fuerzas Armadas en la reserva, aunque sin ejercer funciones constitucionales. En 2019 se retiró oficialmente de la vida pública e institucional.
La solemne proclamación por las Cortes franquistas se celebró el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Francisco Franco y de acuerdo con la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947 y la Ley de 22 de julio de 1969 –su padre, Juan de Borbón, legítimo heredero al trono de España, calificó esta ley como "engendro monstruoso" y no renunció a sus derechos dinásticos hasta 1977–. La Constitución española, ratificada por referéndum popular el 6 de diciembre de 1978 y promulgada el 27 de diciembre del mismo año, reconoce explícitamente su persona como rey de España y legítimo heredero de la dinastía histórica de Borbón, y le otorga la Jefatura del Estado. La carta magna confiere a su dignidad el rango de símbolo de la unidad nacional. Antes de su proclamación, debido a la delicada salud de Franco, había desempeñado intermitentemente funciones interinas en la Jefatura del Estado.
La positiva influencia del rey Juan Carlos en la Transición española y su papel durante el intento de golpe de Estado de 1981, así como su apoyo a la integración europea y su contribución a la hora de estrechar relaciones diplomáticas, le hicieron merecedor durante su reinado activo de múltiples homenajes, reconocimientos, premios y galardones internacionales.[cita requerida] A ese respecto, el periodista de la revista Time Howard Chua-Eoan lo consideró «uno de los héroes más improbables e inspiradores de la libertad del siglo xx, al desafiar un intento de golpe militar que pretendía subvertir la joven democracia posfranquista de España».
Sin embargo, la segunda parte de su reinado fue más controvertida. Su imagen ante los medios de comunicación y ante la opinión pública empezó a deteriorarse a raíz del caso Nóos, un juicio por corrupción que implicaba directamente a una de sus hijas, la infanta Cristina, y que culminaría con el ingreso en prisión del esposo de esta, Iñaki Urdangarín. Después, en 2012, el propio monarca sufrió un accidente en Botsuana por el que hubo de ser evacuado a España; por ese percance se supo que había viajado al país africano para participar en una cacería de elefantes patrocinada por influyentes hombres de negocios saudíes y organizada por su entonces amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
En junio de 2014 abdicó en su hijo Felipe, que subió al trono como Felipe VI. Se decretó, sin embargo, que Juan Carlos conservara de forma vitalicia y honorífica el título de rey, el tratamiento de Majestad y honores análogos a los del heredero de la Corona. Cinco años después, en junio de 2019, comunicó que abandonaba definitivamente la vida institucional, y un año más tarde, debido a las crecientes sospechas de corrupción, fue despojado por Felipe VI de la asignación presupuestaria que venía percibiendo de la Casa del Rey.
El 3 de agosto de 2020, la Casa del Rey hizo pública la voluntad de Juan Carlos de abandonar España ante la repercusión pública generada por «ciertos acontecimientos pasados» de su «vida privada», sin precisar el país de destino, aunque dos semanas después fue la propia Casa del Rey la que, ante las crecientes especulaciones mediáticas y políticas, comunicó que Juan Carlos se encontraba en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.
Juan Carlos (Juanito, o don Juanito, entre los más allegados, para diferenciarlo de su padre) nació en Roma en el año 1938, hijo del matrimonio habido entre Juan de Borbón y Battenberg, conde de Barcelona, y de María de las Mercedes de Borbón y Orleans. Al poco de nacer, sus padres se trasladaron a Villa Gloria, una casa de cuatro pisos en el elegante barrio romano de Parioli. Fue bautizado el 26 de enero de 1938 en la capilla del Palacio Magistral de la Orden de Malta de Roma por el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, monseñor Eugenio Pacelli, futuro papa Pío XII, con los nombres de Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón. Su abuela paterna, la reina Victoria Eugenia, fue la madrina, y su abuelo materno, Carlos Tancredo de Borbón-Dos Sicilias, príncipe de las Dos Sicilias e infante de España, el padrino. En 1942 se trasladó junto con el resto de su familia a la ciudad suiza de Lausana.
En una entrevista celebrada el 25 de agosto de 1948 entre Franco y el conde de Barcelona en el golfo de Vizcaya, se acordó que el príncipe se trasladaría a España para cursar allí sus estudios. El 8 de noviembre de 1948, a los diez años de edad, Juan Carlos pisó por primera vez suelo español. Allí estudiaría durante ese año académico. Tras el verano de 1949, sin embargo, el deterioro de las relaciones entre Franco y don Juan llevarían a este último a decidir que su hijo no volviera por el momento a España.
Tras un año en Estoril (junto a Lisboa), Juan de Borbón accedió a que Juan Carlos regresara a España en el otoño de 1950 para continuar sus estudios, en esta ocasión acompañado de su hermano menor Alfonso. Para el verano de 1954, Juan Carlos había terminado el bachillerato. Posteriormente realizó su instrucción militar en la Academia General Militar de Zaragoza (1955-1957), en la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra (1957-1958) y finalmente en la Academia General del Aire de San Javier en Murcia (1958-1959). Completó su formación en la Universidad de Madrid, donde cursó estudios de Derecho Político e Internacional, Economía y Hacienda Pública.
A mediados de marzo de 1956, don Juan había logrado reunir a sus cuatro hijos en Estoril para celebrar la Semana Santa de ese año. El día 29, festividad de Jueves Santo, la familia al completo asistió a los oficios matutinos y después se retiró a su residencia familiar. Juan Carlos, que ya había cumplido 18 años, y su hermano Alfonsito, cuatro años menor que él, subieron al cuarto de juegos mientras esperaban la cena; querían seguir probando un pequeño revólver del calibre 22 que alguien les había regalado unos días antes y que, en contra de la voluntad expresa de su padre, seguían manipulando en secreto.
Poco después de las ocho de la tarde se desencadenó la tragedia. Doña Mercedes recordaría así en sus memorias ese momento: «De repente oí a Juanito que bajaba las escaleras diciéndole a la señorita que teníamos entonces: “¡No, tengo que decírselo yo!”. A mí se me paró la vida». Alarmados, don Juan y doña Mercedes subieron a toda prisa y encontraron a su hijo menor inconsciente y tendido en el suelo en medio de un charco de sangre. Don Juan trató de reanimarlo, pero no lo consiguió; entonces, tomó la bandera de España que presidía el salón y, tras cubrir el cuerpo de su hijo exánime, se volvió hacia su hijo mayor increpándole: «Júrame que no lo has hecho a propósito».
El hermano mayor del conde de Barcelona y tío de Juan Carlos, Jaime de Borbón, solicitaría meses después una investigación judicial del suceso.
Sofía conoció a Juan Carlos en 1954, en un crucero que había organizado su madre, Federica de Hannover, con el fin de hermanar a las familias monárquicas de Europa y, sobre todo, a sus jóvenes generaciones. Seis años después, ambos viajaron a Londres para asistir a la boda de Eduardo de Kent con Catalina Worsley. El protocolo de celebración del evento resultó providencial, pues hizo que ambos quedaran emparejados y que surgiera «el flechazo».
El 13 de septiembre de 1961 se anunció oficialmente el compromiso. Ocho meses después, el 14 de mayo de 1962, la pareja contraía matrimonio por los ritos ortodoxo y católico. La ceremonia nupcial se celebró en la catedral católica de Atenas, y después tuvo lugar en la basílica de Santa María una ceremonia ortodoxa. Con anterioridad a su celebración, Franco había manifestado su interés en que Juan Carlos y Sofía vivieran en España, de modo que, a principios de 1963, y a pesar de la oposición inicial de Juan de Borbón, el matrimonio se trasladaba a Madrid para fijar su residencia en el Palacio de La Zarzuela.
De haberse cumplido las reglas dinásticas, la sucesión habría debido recaer en el padre de Juan Carlos, Juan de Borbón y Battenberg, tercer hijo y heredero de los derechos dinásticos de Alfonso XIII. Sin embargo, las no muy cordiales relaciones entre don Juan y Franco determinaron el salto en la línea de sucesión y el nombramiento de Juan Carlos como príncipe de España, título de nuevo cuño con el que Franco pretendía salvar distancias con respecto a la monarquía liberal. Dicho salto fue aceptado por el príncipe, lo que creó un conflicto interno en la Casa Real de Borbón.
Ese conflicto se hizo explícito el 5 de marzo de 1966. Para esa fecha se había convocado una reunión del Consejo Privado del Conde de Barcelona en el hotel Palacio, en Estoril, con el fin de conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la muerte de Alfonso XIII. La reunión pretendía ser un acto de reafirmación de los derechos dinásticos de Juan de Borbón y, para ello, la presencia del hijo constituiría la renuncia expresa de este a suplantar a su padre. Pero Juan Carlos en los días previos pretextó que sufría una indisposición y declinaba su asistencia. Juan de Borbón consideró aquel desplante la ruptura de la unidad dinástica por parte de su hijo. Y es que en los oídos de don Juan aún resonaban las palabras de Juan Carlos, el 21 enero, al Times: «Yo nunca, jamás aceptaré la corona en tanto mi padre viva».
Finalmente, amparándose jurídicamente en la Ley de Sucesión de 1947, en julio de 1969 Franco designó a Juan Carlos como sucesor a título de rey, nombramiento que sería ratificado por las Cortes Españolas el 22 de julio de 1969. Ante la Cámara, ese mismo día el joven príncipe juró guardar y hacer guardar las Leyes Fundamentales del Reino y los principios del Movimiento Nacional, es decir, el ideario franquista. En cualquier caso, el Conde de Barcelona no renunciaría oficialmente a sus derechos sucesorios hasta 1977.
Juan Carlos I asumió interinamente la jefatura del Estado entre el 19 de julio al 2 de septiembre de 1974, y después desde el 30 de octubre al 20 de noviembre de 1975 por enfermedades de Franco. El 9 de julio de 1974, Franco era ingresado por una flebitis en la pierna derecha. Antes de partir hacia el hospital, llamó al presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, y al presidente de las Cortes franquistas, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, para que prepararan el traspaso interino de poderes al príncipe. Con todo, dos días más tarde, Juan Carlos, que no quería un traspaso interino por parte de Franco, intentó persuadir a Arias para que hiciera ver al dictador que debía traspasarle el poder de manera definitiva. Ante la negativa del presidente del Gobierno, el príncipe pidió a Franco que no firmara el decreto de traspaso. El 19 de julio, el estado del dictador se agravó, por lo que Arias acudió al hospital para que aprobara el traspaso. El yerno de Franco, Cristóbal Martínez-Bordiú, intentó impedir que Arias entrara en la habitación del jefe del Estado. Finalmente consiguió acceder, tras lo cual convenció al dictador para que cediera el poder de manera interina, lo que provocó la furia del marqués de Villaverde y de la esposa del dictador, Carmen Polo. Juan Carlos asumía por primera vez la jefatura del Estado de manera interina.
Tras un nuevo empeoramiento de la salud de Franco, el 23 de octubre de 1975, Valcárcel y Arias Navarro acudieron a La Zarzuela para proponer al príncipe que asumiera de nuevo interinamente la jefatura del Estado. Juan Carlos se negó si la sustitución no era definitiva. El 30 de octubre, Franco padeció una peritonitis. Informado de la gravedad de su estado por el equipo médico que lo atendía, el dictador ordenó su sustitución por parte del príncipe Juan Carlos, lo que este aceptó, una vez tuvo la certeza de que la enfermedad del dictador era terminal.
Al anunciarse la muerte de Franco (20 de noviembre de 1975), Juan Carlos juró acatar los Principios del Movimiento Nacional, destinados a perpetuar el franquismo. Fue proclamado rey de España por las Cortes Españolas como Juan Carlos I de España el 22 de noviembre de 1975 y exaltado al trono el 27 de noviembre con una ceremonia de unción llamada Misa de Espíritu Santo (el equivalente a una coronación), celebrada en la histórica Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid.
Fundándose en las facultades que las propias leyes franquistas le otorgaban —y a las que a la vez estaba sujeto—, impulsó el cambio de régimen en aras de facilitar el advenimiento de la democracia. Uno de sus hombres de confianza, el jurista Torcuato Fernández Miranda, se propuso buscar un respaldo jurídico para el cambio de rumbo político y proteger así al monarca de una posible acusación de perjuro. El resquicio legal lo iba a hallar en la propia Ley de Sucesión, que en su artículo décimo permitía reformar, e incluso derogar, leyes fundamentales:
El «ardid» de Fernández-Miranda, la «llave maestra» que permitiría ir «de la ley a la ley», fue elaborar una nueva (la octava) que derogaba todas las anteriores. Así echó a andar la Ley para la Reforma Política y se iniciaba la Transición.
El 14 de mayo de 1977, su padre, el conde de Barcelona, renunció definitivamente a sus derechos dinásticos históricos. En el solemne acto de abdicación estuvo presente, entre otros, Landelino Lavilla en calidad de notario mayor del Reino; tras la ceremonia Don Juan declaró que renunciaba «con mucho amor a España y cariño por mi hijo». Se reanudaba así en España la Casa de Borbón. Tras la proclamación de Juan Carlos I como rey de España, Felipe se convirtió en heredero de la Corona y el 1 de noviembre de 1977 asumió el título de Príncipe de Asturias.
El 22 de junio de 1977, Juan Carlos I envió una carta al sah de Irán, Reza Pahleví, en la que confirmaba su apuesta por la democracia, pero veía peligrar la monarquía, puesto que Adolfo Suárez, el candidato de su «plena confianza» y que consideraba soporte del sistema monárquico, carecía de las fuentes externas de financiación que disponían otras ideologías como la derecha, los comunistas y los socialistas, recalcando de estos últimos su ideología marxista (el PSOE se definió como tal hasta 1979). Finalmente, el rey solicitaba al sah «en nombre del partido político del presidente Suárez» un préstamo de diez millones de dólares como su «contribución personal al fortalecimiento de la monarquía española». La carta fue desvelada tras la publicación en 1991 del diario de Asadollah Alam, ministro del Interior y primer ministro del sah.
Durante su reinado se aprobó la Constitución española, que define las funciones del rey, suprimiendo toda participación política de la Corona y convirtiendo España en una monarquía parlamentaria; asimismo, el artículo 57 de la Constitución le reconoce como el heredero legítimo de la «dinastía histórica». La Constitución fue ratificada en referéndum del 6 de diciembre y el rey la sancionó el 27 de diciembre.
Uno de los momentos más graves a los que tuvo que hacer frente el rey Juan Carlos I fue el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el conocido como «23-F». Ese día, durante la segunda votación de la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, se produjo la toma del Congreso de los Diputados por parte de fuerzas de la Guardia Civil al mando del teniente coronel Antonio Tejero. Simultáneamente en la Capitanía General de la III Región Militar (Valencia) el teniente general Jaime Miláns del Bosch ocupó las calles de la ciudad con tanques y hubo diversos conatos en otros puntos, tales como la toma de los estudios de Televisión Española en Prado del Rey.
La intervención televisiva de Juan Carlos I desautorizando el golpe acabó con la insurrección, que pensaba contar con el apoyo de la Corona, y contribuyó a aumentar su carisma entre sectores políticos que hasta entonces no eran muy afines a la forma de gobierno monárquica. Después de este conflicto la monarquía quedó consolidada.
El 9 de febrero de 2012, el semanario alemán Der Spiegel publicó un cable diplomático desclasificado por Alemania según el cual el rey habría mostrado simpatía por los golpistas durante un encuentro con el entonces embajador de Alemania en España, Lothar Lahn. En respuesta, Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey, desmintió esta atribuida simpatía y afirmó: «Ni su Majestad el Rey ni esta Casa acostumbran a valorar escritos u opiniones de terceros, que son responsabilidad exclusiva de sus autores, y que en este caso concreto no se compadecen con la realidad de unos hechos cuyo desarrollo y corolario final son de público conocimiento».
El 21 de septiembre de 1992, el entonces príncipe Salmán bin Abdulaziz de Arabia Saudí y Juan Carlos I de España inauguraron la mezquita de la M-30, financiada con 2000 millones de pesetas del rey Fahd de Arabia Saudí.
En 1992, ante las especulaciones acerca de que Juan Carlos mantenía una relación sentimental con la mallorquina Marta Gayá, tanto el jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, como el presidente del Gobierno, Felipe González, manifestaron su preocupación sobre que se pudiera haber orquestado una campaña contra el rey.
La publicación en 1993 por el aristócrata José Luis de Vilallonga de El Rey, última biografía autorizada hasta el momento por el rey Juan Carlos, suscitó controversia, por cuanto la edición española omitía comentarios de Juan Carlos I acerca del 23-F que sí aparecían en otras ediciones europeas del libro, del mismo modo que ponía en boca de Vilallonga comentarios que en otras ediciones se atribuían al propio Juan Carlos. Vilallonga había declarado meses antes en una entrevista que el rey le había pedido que, respecto del 23-F, en el libro, «dijese yo [por Vilallonga] casi todas las cosas».
El 12 de diciembre de 2011, tras las informaciones aparecidas en los medios de comunicación acerca de la probable imputación por malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales del yerno del rey, Iñaki Urdangarin, duque consorte de Palma de Mallorca, La Zarzuela anunció que lo apartaba de todos los actos institucionales, por entender que su conducta no había sido «ejemplar». Además, durante su tradicional mensaje de Nochebuena, el rey insistió en la necesidad de un comportamiento ejemplar por parte de todas las personas con responsabilidades públicas, tras lo que afirmó que «la justicia es igual para todos», lo que se interpretó como una alusión a la probable imputación de su yerno. Con todo, tras su discurso en la solemne apertura de la X Legislatura, el 27 de diciembre, Juan Carlos lamentó que se hubiera personalizado su mensaje de Navidad. Dos días más tarde, el juez instructor José Castro imputaba a Iñaki Urdangarin.
Durante su declaración ante el juez instructor en Palma, los días 25, 26 y 27 de febrero de 2012, Urdangarin manifestó que el rey le había pedido que abandonara sus negocios en marzo de 2006. Sin embargo, el 16 de abril de 2012, se hicieron públicos tres correos electrónicos escritos por Urdangarin y aportados al juez instructor por su exsocio, Diego Torres, que implicarían al rey en negocios a favor de su yerno con posterioridad a esa fecha.
El 14 de abril de 2012, Juan Carlos I sufrió una fractura de cadera durante una cacería de elefantes a la que había sido invitado en Botsuana, lo que levantó críticas desde distintos ámbitos debido a que ocurrió en la peor semana de la crisis económica y tras un discurso en el que el rey había pedido "rigor" y "sacrificios" a los españoles. Mientras que Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español no quisieron valorar públicamente el percance, Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia y Esquerra Republicana de Catalunya anunciaron que preguntarían al Gobierno por este asunto en el Congreso de los Diputados. El lendakari, Patxi López, afirmó que «no estaría mal» una disculpa pública por parte del monarca. El 18 de abril, al salir del hospital donde fue intervenido, el rey se disculpó públicamente por esos hechos, situación sin precedentes desde que comenzara su reinado, calificada como un episodio absolutamente nuevo en toda la historia de la realeza.
En el año 2013, a raíz de salir a la luz la «estrecha relación» que el rey mantenía con la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, algunos medios de comunicación hicieron público que la Casa del Rey, utilizando dos millones de euros procedentes de fondos públicos de Patrimonio Nacional, remodeló profundamente la finca La Angorrilla —lugar muy cercano al Palacio de la Zarzuela, donde durante varios años habría vivido Corinna.
El 2 de junio de 2014, Juan Carlos I manifestó su deseo de abdicar en su hijo Felipe. Para ello, según el artículo 57 de la Constitución Española, que es el que regula la sucesión al trono, se precisaba la aprobación de una ley orgánica por parte de las Cortes Generales reunidas en sesión solemne. Así sería dictada dos semanas después la Ley Orgánica 3/2014,[2] que en el Congreso de los Diputados obtuvo 299 votos a favor, 19 votos negativos y 23 abstenciones y en el Senado 233 votos a favor, 5 votos en contra y 20 abstenciones.
El mismo día de hacerse público el anuncio, los principales partidos republicanos, como IU, BNG y ERC, así como movimientos sociales antimonárquicos y radicalistas,como la Coordinadora 25-S y el Movimiento 15-M, convocaron manifestaciones en las principales capitales del país y en otras localidades para reivindicar la república y la celebración de un referéndum sobre la forma de Estado. En Cataluña y en otras comunidades se sumaron fuerzas independentistas. La respuesta fue multitudinaria. Unos días después, el sábado 7 de junio se impulsaron nuevas protestas, que, sin embargo, registraron una participación sensiblemente menor.
En cualquier caso, bajo la consideración de «rey emérito» siguió ostentando un notable papel institucional. Además de intervenir en una treintena de actos públicos, acudió a unos cien eventos en representación de la Familia Real e, incluso, del Estado, como el funeral de Fidel Castro, la toma de posesión de Mauricio Macri o la apertura solemne de las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC.
Durante este periodo disponía de su propia secretaría y continuó residiendo en el Palacio de la Zarzuela.
A finales de mayo de 2019, Juan Carlos comunicó oficialmente a Felipe VI que se retiraba definitivamente de la vida pública y que ya no participaría en actos oficiales.
En marzo de 2020, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y otros partidos registraron en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que solicitaban la creación de una comisión de investigación; el objetivo era determinar las responsabilidades «civiles, éticas y políticas» del exjefe de Estado en relación a una «donación» de 100 millones del año 2012 y relacionada con el entonces monarca, su amiga Corinna Larsen y la adjudicación de grandes obras en Arabia Saudita.
El mismo mes, fue el propio rey, Felipe VI, el que emitió un comunicado en el que renunciaba a la herencia de su padre, «así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad y los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada». Según los estatutos de las sociedades Fundación Lucum y Fundación Zagazka, Felipe sería el beneficiario directo en caso de fallecimiento de su padre y encargado del sostenimiento del resto de la familia. Comunicó asimismo que retiraba a su padre la asignación que cobraba de los presupuestos de la Casa del Rey.
El 3 de agosto de 2020, la Casa del Rey hizo pública una carta en la que Juan Carlos, dirigiéndose a su hijo el rey, informaba de su voluntad de salir del país debido a la repercusión pública creciente de «ciertos acontecimientos pasados» de su «vida privada». Con ello parecía aludir a las investigaciones abiertas en Suiza y en España sobre los supuestos fondos de Juan Carlos I acumulados en paraísos fiscales. Por su parte, el rey, a través del mismo comunicado, resaltaba la importancia histórica del reinado de su padre y le mostraba su «agradecimiento» por la decisión tomada.
Tras conocerse la noticia, diversos medios especularon con la posibilidad de que cuando la carta se hizo pública Juan Carlos en realidad ya había abandonado el país. En un primer momento, ni desde la Casa del Rey ni desde la presidencia del Gobierno se quiso desvelar el paradero del rey emérito. El Gobierno, a través del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, vino a reconocer que el Estado español seguía asumiendo el coste del dispositivo de seguridad del padre del rey en el nuevo lugar de destino. Pero el 17 de agosto de 2020 finalmente la Casa Real española confirmó que Juan Carlos I se encontraba en los Emiratos Árabes Unidos desde el 3 de agosto, el mismo día que fue anunciada su decisión de abandonar España y fijar su residencia en otro país.
Coincidiendo con la aparición de estas informaciones, más de setenta ex altos cargos españoles suscribieron un manifiesto en apoyo al rey emérito por su reinado. Entre los firmantes se encontraban políticos retirados como Rodolfo Martín Villa, Alfonso Guerra, Matilde Fernández, Josep Piqué y Esperanza Aguirre o historiadores como Juan Pablo Fusi y Carmen Iglesias.
Entre historiadores y cronistas de la época hay un consenso generalizado en que con la primera parte de su reinado Juan Carlos dejó un legado «histórico», para el pueblo español, que a su vez agradecía su carisma y su contribución a la modernización del país.
En contraste, a ese periodo le siguió otro más turbio, plagado un sinfín de conductas irregulares; el periodista José Antonio Zarzalejos describe así este comportamiento:
Según diversos sondeos de opinión, durante la mayor parte de su reinado el rey gozó de un nivel de popularidad muy elevado en España y en ciertas partes de Iberoamérica, donde llegó a ser considerado el líder más popular en 2008. Su figura, considerada una garantía de orden y estabilidad, siempre gozó de un elevado apoyo popular, incluso durante los primeros años de la crisis económica iniciada en 2008, mientras se producía un profundo desencanto ciudadano hacia el resto de instituciones del Estado.
Sin embargo, esta tendencia sufrió el primer cambio drástico en abril de 2012, tras saberse que había participado en una cacería llevada a cabo en Botsuana durante los peores momentos de la crisis económica. En aquel momento, el apoyo de la población, que se encontraba en el 74 %, cayó hasta el 52 %. A pesar de que el porcentaje de aprobación creció lentamente y se situó en diciembre del mismo año en el 58 %, en 2013 este porcentaje se desplomó. En abril de aquel año, por primera vez, y pese a seguir siendo la figura del sistema político español con mejor valoración —por encima de los ayuntamientos, el Parlamento, el Gobierno, los partidos políticos y los representantes políticos—, la mayoría de la población (53 %) desaprobaba la forma en que el rey desempeñaba sus funciones, frente al 42 % que sí la aprobaba. No obstante, dos meses después de este dato, la confianza ciudadana subió ocho puntos porcentuales hasta situarse en el 50 % de aprobación. A pesar de situarse lejos de los datos obtenidos en años anteriores, el apoyo ciudadano seguía siendo superior al obtenido por el resto de instituciones del sistema político español y también superior al obtenido por otros jefes de Estado en sus respectivos países (como en Estados Unidos, Francia o Italia).
En un sondeo de opinión realizado en junio de 2014, pocos días después de anunciarse su abdicación, el rey Juan Carlos obtuvo un 6,9 sobre 10 a la hora de calificar el respeto que inspiraba su figura entre la ciudadanía.
A pesar de la renuncia, la institución de la Corona no recuperó la popularidad perdida; de hecho, en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de abril de 2015 apenas obtenía un 4,34 sobre 10. Desde ese año, el organismo ya no pregunta a los españoles sobre la Jefatura del Estado.
Algunas ONG y movimientos sociales sostuvieron que, en sus visitas a Marruecos, el rey actuaba como intermediario del Gobierno español en la venta de armas a este país que habrían sido utilizadas para reprimir al pueblo saharaui. También se le ha criticado su conocida amistad con las familias reales de países de Oriente medio como Arabia Saudí, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos, países con regímenes autoritarios, destacando el caso de Arabia Saudí, cuya monarquía absoluta controla todos los organismos del Estado y ha sido durante años acusada de corrupción masiva y de constituir un régimen feudal y no libre.
Dentro de las críticas al rey a menudo también se han incluido a los medios de comunicación españoles, que según sus críticos dan una imagen deliberadamente positiva de su figura, que incluso algunos medios extranjeros han señalado como un auténtico culto a la personalidad.
Otras críticas se refirieron a la irresponsabilidad penal del monarca, consagrada en la Constitución Española, que lo hacían inimputable por cualquier delito que pudiera cometer. Además, diversos autores han señalado el tabú existente en los medios de comunicación españoles en torno a la figura del rey. También ha sido criticado en algunos sectores su papel en el 23-F, el fallido golpe de Estado que tuvo lugar en 1981, pues el rey habría sabido previamente de su existencia o incluso podría haber sido partícipe. Del mismo modo, algunos autores consideraron inadecuado el ¿Por qué no te callas? que el rey espetó al presidente venezolano Hugo Chávez en la XVII Cumbre Iberoamericana.
En el año 2007, The Times, uno de los periódicos más importantes del Reino Unido, criticó el "lujoso estilo de vida" del rey y la "idealización" que se ha hecho de su figura durante 30 años, al tiempo que lo calificaba de "playboy".
Según una investigación periodística del diario Público, que tuvo acceso a documentos clasificados, publicada en 2014, el rey Juan Carlos I habría intermediado entre la dictadura militar de Jorge Rafael Videla en Argentina y el gobierno de España presidido por Adolfo Suárez desde 1976. Según la investigación y los documentos confidenciales, España habría proporcionado ayuda económica a través de acuerdos comerciales y diplomáticos. A su vez, el rey también habría hecho de intermediario entre la dictadura argentina y grandes empresarios y banqueros españoles, entre los que se encontraría Emilio Botín padre, propietario del Banco Santander. La necesidad de Argentina por obtener divisas provendría de los grandes gastos que suponían en esos años sus programas de represión política (véase Vuelos de la muerte y Desaparecidos durante el Proceso de Reorganización Nacional). La investigación también señalaba el intercambio de regalos y condecoraciones entre altos cargos de ambas naciones —por ejemplo el rey en 1978 le concedió a Videla la gran cruz de la Orden del Mérito Militar y el collar de la Orden de Isabel la Católica, mientras que el entonces príncipe Felipe (Felipe VI) fue nombrado por la Armada Argentina Guardiamarina Honoris Causa en 1981—. España también habría dado cursos a 33 militares argentinos entre 1976 y 1983 (ya en democracia) partícipes de la represión en su país.
En la madrugada del viernes 13 de abril de 2012, Juan Carlos sufrió una caída al tropezar en la oscuridad con un escalón, y este percance doméstico desencadenaría la mayor crisis de su reinado hasta entonces. La razón era que se había producido en un bungaló de lujo en Botsuana, adonde el rey se había desplazado con unos amigos para practicar la cacería de elefantes mientras que España se encontraba sumida en una grave crisis económica iniciada en 2008.
Dada la gravedad de la caída y la avanzada edad del monarca (74 años), se decidió repatriarle a España. Fue ingresado en el hospital USP San José, de Madrid, donde hubo de ser sometido a dos operaciones quirúrgicas para sustituir una prótesis de cadera y reparar una triple fractura de fémur. Al salir de la habitación tras recibir el alta hospitalaria, se dirigió a una cámara de televisión que le aguardaba y pidió disculpas con estas palabras: «Lo siento mucho; me he equivocado y no volverá a ocurrir». Esta frase se convertiría con el tiempo en una de las más célebres de su reinado.
En un principio, ni la Casa del Rey ni el Gobierno informaron del viaje, y nunca se dio versión oficial fidedigna alguna de lo que había sucedido a lo largo de esos cinco días de estancia en el país africano. La información disponible proviene de investigaciones periodísticas. Así se supo que la comitiva había partido de Montecarlo en un jet privado que trece horas después aterrizó en Maun, al norte del país africano, donde tomó un helicóptero hasta el campamento Qorokwe, en el delta del río Okavango. Juan Carlos iba acompañado de su amante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de su amigo Philip Adkins (primer marido de Corinna) y de Mohamed Eyad Kayali, magnate sirio de la construcción, representante de la Casa Real de Arabia Saudí en España y hombre de confianza del príncipe Mohamed bin Salmán. Con Corinna viajó también su hijo Alexander, de diez años de edad, al que Juan Carlos había invitado como regalo por su décimo cumpleaños.
El día 11, el monarca abatió a un elefante de cincuenta años tras dispararle siete veces con su rifle Rigby Express del calibre 470. El día 12, el magnate sirio dio cuenta de un segundo ejemplar y, al día siguiente (mientras el resto de la expedición retornaba de urgencia a España), de un tercero, que en principio estaba destinado a Adkins.
Según informaciones del diario digital El Español, el coste por persona era de al menos 50 000 euros. Para ABC, cazar un elefante costaba en 2012 unos 37 000 euros. Por su parte, Ana Romero, en su libro Final de partida, sostiene que «entre elefantes, campamento, acompañamiento, helicópteros, el jet que los llevó desde Montecarlo a Maun y los extras de los escoltas y el médico, el safari de apenas seis días rondó los tres cuartos de millón de euros».
Todos los protagonistas aseguraron que fue Kayali quien corrió con todos los gastos excepto el avión, que fue pagado por Adkins. Pero esas declaraciones no mitigaron el malestar de ciertos medios: primero hacia el monarca, por aceptar regalos tan onerosos; y después hacia el Gobierno, por no informar del coste de haber desplazado a África a los escoltas y al médico intensivista que, como siempre, viajaron con él.
La fotografía del monarca y el director de Rann Safaris posando delante de un elefante muerto y con la trompa colocada contra un árbol fue recogida en portada por numerosos medios informativos y significó el comienzo del declive de su reinado ante la opinión pública española.
En aquellos días de abril, la situación política y económica en España era muy delicada. La ciudadanía estaba perdiendo poder adquisitivo debido a la subida de impuestos mientras asistía a la aplicación de una amnistía fiscal decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy, el paro alcanzaba el 27 por ciento de la población activa y la economía española estaba a un paso de ser intervenida por la Unión Europea. Precisamente, el miércoles 11, el mismo día en que el monarca cobró su presa, la versión impresa del diario El País titulaba a cinco columnas: «Los mercados acentúan el ataque», y en subtítulos añadía: «El anuncio del Gobierno de nuevos recortes no consigue calmar a los mercados» y «El Ibex cae a su mínimo en tres años y la prima de riesgo se dispara a 433 puntos».
Había disgusto, decepción y hasta enfado hacia el monarca, sobre todo si se recordaban algunas de sus últimas declaraciones: en un discurso pronunciado apenas un mes antes del viaje había manifestado: «El 50% de los jóvenes está en paro y eso es algo que a veces me quita el sueño»; y en su último mensaje de Navidad había declarado: «Sobre todo las personas con responsabilidades públicas tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar».
En un editorial publicado el sábado 14, el diario El Mundo sentenciaba:
La imagen de la monarquía se desplomó a mínimos históricos. En el barómetro del CIS de abril de 2013, los españoles calificaron su confianza en la institución con un 3,68 sobre 10, en contraste con el 7,48 que había cosechado en noviembre de 1995.
El fondo soberano de la Saudi Arabian General Investment Authority, inicialmente bautizado Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras (SSIF, por sus siglas en inglés), se gestó durante la visita oficial de Juan Carlos a Arabia Saudí en abril de 2006 y quedó sellada dos meses después, cuando el monarca saudí devolvió la visita a España. Ideado en principio como un consorcio de empresas hispano-saudí, fue presentado en el Palacio de El Pardo en junio de 2007, aunque para entonces ya se había fijado su sede social en la isla de Guernsey, un paraíso fiscal ubicado en el canal de la Mancha. La invitación a los inversores españoles se había tramitado directamente desde el Palacio de la Zarzuela. El proyecto consistía en crear un fondo de inversión de 1000 millones de dólares «para el desarrollo de inversiones en infraestructuras de energía (en particular de energías renovables), transporte y telecomunicaciones», y como intermediaria de operaciones figuraba, entre otros consultores, Corinna Larsen.
Tres años después, los inversores españoles se quejaron a los gestores del fondo sobre los reiterados retrasos en las aportaciones por parte de sus socios saudíes. El consorcio español llevaba desembolsados más de 15 millones de dólares cuando decidió suscribir un acuerdo de cancelación: a cambio de liquidar completamente los compromisos contraídos, los empresarios defraudados renunciaban a las cantidades ya desembolsadas y, además, abonarían el 0,85 % de las aportaciones totales comprometidas. El montante total de las pérdidas ascendió a 21 millones de dólares. En esa cantidad se incluía la minuta de la empresaria germano-danesa, que ascendió a cerca de cinco millones de dólares.
En julio de 2018 los medios digitales OkDiario y El Español hicieron públicas las grabaciones de un encuentro que había tenido lugar tres años antes en Londres entre Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el comisario José Manuel Villarejo y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, amigo común de ambos. En esos audios, Corinna acusa a Juan Carlos I de cobrar comisiones, que ascenderían a 100 millones de euros, por la adjudicación de las obras de construcción de la línea de tren de alta velocidad La Meca-Medina, así como de ocultar en Suiza su supuesta fortuna sirviéndose de testaferros y de sociedades pantalla.
Durante la conversación, la empresaria germano-danesa afirma que el rey la había utilizado para comprar numerosas propiedades (en Marruecos y en otros países), incluso a espaldas de ella, y que no lo hacía por generosidad, sino porque Corinna tenía su domicilio fiscal en Montecarlo. Una vez terminada la relación sentimental, el rey le habría exigido traspasar los bienes a su primo Álvaro de Orleans y Borbón, residente también en Mónaco. En los audios parece traslucirse el temor de la empresaria de que si efectuaba el traspaso se vería implicada en un delito de lavado de dinero.
El 3 de marzo de 2020 el diario ginebrino Tribune de Genève desveló que, a raíz de la difusión de las grabaciones del comisario Villarejo a Corinna Larsen en Londres en 2015 (caso de las cintas de Corinna), el fiscal jefe (premier procureur) del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, estaba llevando a cabo una investigación penal secreta por un posible delito de blanqueo de capitales agravado: la causa judicial P14783/2018, también conocida por la prensa transalpina como «los papeles secretos de Ginebra». Se trataba de averiguar una supuesta donación de 100 millones de dólares del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá Bin Abdelaziz, que había sido ingresada el 8 de agosto de 2008 en una cuenta de una sucursal bancaria panameña del banco privado ginebrino Mirabaud. La cuenta había sido abierta el día anterior por el gestor de fondos helvético Arturo Fasana a nombre de una entidad instrumental llamada Fundación Lucum, radicada también en Panamá. El beneficiario era el entonces rey de España, Juan Carlos I.
El fiscal suizo sospechaba que había una relación entre el «obsequio» del monarca saudí y la adjudicación de las obras del «AVE» a La Meca. Una de las hipótesis que se barajaban era que el importe fuera un porcentaje que el rey saudí hubiera «reservado» al monarca y la comisionista Larsen a cambio de convencer al consorcio de que redujera sustancialmente su propuesta. Como este finalmente accedió a la rebaja, la pareja recibió su comisión por parte de los saudíes. En palabras del periodista de El País José María Irujo en el documental «El virus de la corona»,
Para María Peral, de El Español, se trataría de una sobrecomisión pagada por los adjudicatarios. Aunque la operación no se formalizó hasta octubre de 2011, la licitación, acordada en 6736 millones de euros, se produjo en 2006.
Las investigaciones de Bertossa se encaminaron en primer lugar hacia los presuntos intermediarios utilizados para la gestión y disponibilidad del dinero. Además de la propia Corinna, en esas maniobras estaban implicados:
Fue constituida el 31 de julio de 2008 por el gestor Arturo Fasana, que abrió una cuenta bancaria, con el número 505523, en una sucursal panameña de la banca Mirabaud vinculada a esta sociedad. Como presidente figuraba el propio Fasana, y como secretario y asesor jurídico, Dante Canonica. Sin embargo, según los estatutos internos firmados por estos y rubricados por Juan Carlos, los verdaderos beneficiarios económicos eran el propio rey y, en caso de fallecimiento de este, su hijo Felipe. Una semana después se registró el ingreso de la donación sospechosa.
Cuatro años más tarde, los ejecutivos de Mirabaud, ante las posibles repercusiones negativas para la reputación de su entidad, sobre todo tras el accidente de Botsuana, pidieron a Fasana y Canonica que la fundación rescatara los fondos y se desvinculara del banco. El rey, que tampoco «se sentía cómodo» con la colaboración creciente de la banca suiza con las autoridades supervisoras de la Unión Europea, comenzó entonces a vaciar la cuenta. Entre sus movimientos «menores» quedó registrado el de un millón de euros otorgado a una amante ginebrina y dos millones a su examante y amiga Marta Gayá. Sin embargo, la mayor parte, 65 millones de euros, fue a parar a una cuenta de la Solare Investors Corporation (detrás de la cual estaba Larsen), en el banco Gonet y Cie, en Nasáu (Bahamas). El periodista de El País José María Irujo, en el documental «El virus de la corona», afirma que, a su vez, 39 de esos millones fueron traspasados a un banco de Estados Unidos.
Finalmente, en septiembre de 2012 se canceló la cuenta y se disolvió la sociedad.
Zagatka fue fundada en 2003 en la capital de Liechtenstein, Vaduz, por Álvaro de Orleans, primo del rey. El 28 de julio de 2009, Arturo Fasana, en representación de esta sociedad, abrió en una sucursal ginebrina de la banca Credit Suisse la cuenta bancaria numerada 0251-798208-9, con Álvaro de Orleans como beneficiario «efectivo» o «indirecto». Según The Telegraph, entre las condiciones de contratación se hizo constar una disponibilidad de hasta 150.000 euros cada dos meses «para necesidades personales y facturas». De esta manera, cualquier persona con una tarjeta de crédito vinculada a la cuenta podía sacar dinero en metálico de un cajero o endosar los gastos de su actividad social sin dejar rastro.
Según las pesquisas del fiscal de Ginebra, Zagatka sirvió de pantalla para contratar anónimamente jets privados y facturas de hoteles para Juan Carlos; solo en vuelos, se abonaron entre 2016 y 2019 cinco millones de euros. El periodista Manuel Cerdán, de OK Diario, averiguó que De Orleans daba en todas sus operaciones con Zagatka el domicilio del rey emérito: «Palacio de la Zarzuela, 28071-Madrid». El aristócrata siempre ha defendido que su objetivo era ayudar a familias reales europeas.
El caso puso en alerta a diversas instancias políticas y judiciales en España:
El 3 de noviembre de 2020, el diario digital elDiario.es desveló que la Fiscalía Anticorrupción española estaba rastreando los movimientos financieros de varias tarjetas de crédito no nominales (black) que habían estado usando varios miembros de la familia real, entre ellos el rey emérito. Los movimientos sospechosos correspondían a los años 2016-2018, por lo que, en caso de ser punibles, no estarían amparados por la inviolabilidad constitucional que había protegido al monarca hasta 2014. Dado que el volumen que había circulado por este canal opaco superaba en al menos tres ejercicios los 250 000 euros anuales, el presunto fraude por transferencias no declaradas a la Hacienda pública pasaría a considerarse delito fiscal, castigado en España con hasta cinco años de prisión.
Además de Juan Carlos, usaron esas tarjetas la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y los hijos de Elena. Entre los gastos cargados aparecían viajes, comidas y alojamientos en hoteles de lujo. Sofía pagaba así sus viajes a Londres, su residencia habitual. Por su parte, las hermanas y los sobrinos de Felipe VI habrían cargado numerosos recibos por trayectos en taxi, compras en centros comerciales y clases de piano. Asimismo, la infanta Elena compró con cargo a esos fondos una yegua de competición para su hija, Victoria Federica. Sobre la operación de compra del animal, bautizado con el nombre de Dibelunga, y los elevados gastos que acarreaba su cuidado, se abrió una investigación por posible delito de blanqueo de capitales.
Las primeras diligencias se habían iniciado en secreto a principios de 2019 por la Fiscalía Anticorrupción dentro del expediente 12/2019, antes de pasar a la fiscalía del Tribunal Supremo. Como resultado de las pesquisas se supo que los fondos provenían del empresario mexicano-británico Allen de Jesús Sanginés-Krause y que, para ocultar a la Agencia Tributaria española el rastro del destino real del dinero, las transferencias no se efectuaban directamente, sino a través de un colaborador de la Casa del Rey, el coronel del Ejército del Aire y ex ayudante de campo del monarca Nicolás Murga Mendoza.
Las donaciones procedían del empresario mexicano-británico Allen de Jesús Sanginés-Krause, exdirectivo de Goldman Sachs e inversor inmobiliario. Las relaciones personales y de negocios entre ambos se remontan a 2006. Sanginés trabajó activamente en la creación del fondo SSIF, y también en el intento del conglomerado petrolero ruso LUKoil de entrar como socio mayoritario en el accionariado de la española Repsol en el año 2008. Sanginés trató de convencer a los accionistas rusos para aportar los 9000 millones de euros necesarios para materializar la adquisición, mientras que Juan Carlos se encargó de presionar al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, para que diera luz verde a la operación. Finalmente, el Gobierno, a través de los ministros de Industria, Miguel Sebastián, y de Economía y Hacienda, Pedro Solbes (avalados además por informes negativos del CNI), acabó rechazando el proyecto, que, según fuentes gubernamentales, amenazaba con «comprometer la españolidad de Repsol» y «poner en manos del Gobierno ruso el interruptor de la calefacción de las casas españolas».
Así valoraba el periodista Diego Rodríguez Veiga en El Español las maniobras del entonces rey de España:
Tanto por razones de amistad como por negocios, Juan Carlos celebró con Sanginés-Krause diversas reuniones fuera de agenda en el Palacio de la Zarzuela y en la casa de campo de La Angorilla, que había sido rehabilitada para servir de residencia a Corinna Larsen. Por su parte, el financiero mexicano, con ocasión de su 58 cumpleaños, invitó en 2017 a su castillo de Killua (Irlanda) a Juan Carlos, que acudió en compañía de su examante y amiga Marta Gayá. Tres años después, la Fiscalía española, en el marco de las investigaciones que había emprendido sobre gastos personales del emérito sufragados de forma irregular por Sanginés, se interesó por los detalles económicos de ese viaje.
El 9 de diciembre de 2020, el bufete del abogado Javier Sánchez-Junco, en representación del rey emérito, presentó una declaración tributaria «sin requerimiento previo» de la que resultó una deuda de 678.393,72 euros. La estrategia era eludir la imputación de un delito de blanqueo de capitales sobre su cliente, aunque ello supusiera también el reconocimiento implícito del delito. En febrero, el monarca emérito realizó una segunda transacción de más de 4 millones de euros para regularizar su situación con la Agencia Tributaria, por dinero ganado en ejercicios anteriores, algunas fuentes apuntan a que este segundo pago eliminaría la posibilidad de juzgar a Juan Carlos de forma penal.
Según informaciones del diario El Confidencial del día 20 de julio de 2020, Juan Carlos I, para celebrar su 78 cumpleaños, disfrutó en enero de 2016 de un viaje a la Polinesia Francesa cuyos gastos del desplazamiento habían sido sufragados con dinero de dudosa procedencia. Dichos gastos, correspondientes a cinco billetes de avión de ida y vuelta para Juan Carlos y sus cuatro escoltas a la capital, Papeete, ascendieron a unos 32 900 euros.
En noviembre del año anterior, el entorno del rey emérito, a través del abogado Dante Canonica, se puso en contacto con la fundación Zagatka para que esta sociedad se hiciera cargo del desembolso. Credit Suisse, banco que gestionaba la cuenta asociada, pagó la cantidad estipulada a la sociedad offshore Fathomless Advisory Services Limited y, de esta, a otra llamada Cadenza Evening Limited. Esta última estaba administrada por Philip Adkins, primer marido de Corinna y amigo del rey, que fue quien un mes antes había comprado los billetes de avión.
De confirmarse el origen ilícito del capital de Zagatka, el rey emérito, que por aquellas fechas ya había perdido la condición de inviolable, podría enfrentarse a acusaciones de blanqueo de capitales.
En septiembre de 2012, el diario neoyorkino The New York Times publicó un artículo titulado «Un escarmentado rey busca la redención para España y su Monarquía». En el texto, difundido cinco días después de que el monarca visitara al periódico para explicar la situación española y mejorar la imagen del país, se indicaba, entre otros datos, que «la fortuna de la Familia Real española ha sido estimada en hasta 2.300 millones de dólares [casi 1.800 millones de euros]». Fuentes del diario neoyorquino indicaron posteriormente que el cálculo no había sido producto de una investigación propia, sino que se basaba en un promedio de cifras ya publicadas.
Las únicas publicaciones que, hasta esa fecha, habían incluido una cifra para la fortuna del rey de España, habían sido las revistas Eurobusiness (2000 y 2002) y Forbes (2003). Precisamente, esta última justificó la inclusión del monarca español en sus listas de 2003 por el dato que un año antes había publicado Eurobusiness. Eurobusiness fue la primera en hablar de 1.790 millones de euros en la lista que publicó en 2002 con las 400 personas más ricas de Europa. Aunque en el suplemento anterior, publicado en el año 2000, el rey ya había aparecido con una fortuna estimada en unos 1681 millones, el dato pasó desapercibido y las reacciones no llegaron hasta que se publicó el número del año 2002, donde se afirmaba:
En aquella ocasión el Gobierno y la Casa del Rey sí tuvieron conocimiento de la información y reaccionaron desmintiéndola. El embajador español en Reino Unido, país en el que se editaba la revista, envió una carta al director de la misma en la que le transmitía «el estupor de la Casa de Su Majestad el Rey de España» y calificaba de «disparatada» la estimación de Eurobusiness, a lo que añadía la posible explicación al «erróneo» cálculo de la revista:
Sobre la cuestión de si los bienes inmuebles de Patrimonio Nacional fueron incluidos en la estimación de la fortuna, el artículo de The New York Times sentencia: «una suma [los 2.300 millones de dólares] que sus defensores afirman que fue inflada por la inclusión de propiedades del gobierno».
La prensa generalista española que analizó la información sobre la supuesta fortuna, alineó sus tesis con el dictamen del Gobierno, calificando el dato de «exorbitante» e «inverosímil», de «cálculo incorrecto», «cifra equivocada» e «inflada» o de «chocante». Sin embargo, en España, otras voces, como el economista y catedrático de la UPM, además de antiguo consejero delegado de Campsa, Roberto Centeno, que se presenta a sí mismo como asesor de la campaña de Donald Trump en España, dio por válida la cifra del New York Times, y acusó al monarca y su antiguo administrador, Manuel Prado y Colón de Carvajal, de cobrar comisiones por el petróleo importado por el Estado procedente de países de Oriente Medio —de 1 a 2 dólares por barril, es decir, unos dos millones de euros por buque— desde finales de la década de 1970. En 2015 se filtró una conversación, grabada por el Centro Nacional de Inteligencia, donde el empresario Javier de la Rosa afirmaba que el bróker Arturo Fasana, implicado en varias tramas de corrupción y lavado de dinero, «guardó» en algún momento 300 millones a Juan Carlos I.
Con todo, uno de los más analistas más críticos respecto a las actividades de Juan Carlos es el ingeniero, economista y escritor español Roberto Centeno. Colaborador del diario Alerta Digital, su trayectoria profesional había discurrido en diversas empresas públicas relacionadas con el sector energético. Centeno sostiene que, tras hacerse él responsable, en el ejercicio de sus responsabilidades, de la contratación de un cargamento de petróleo kuwaití, el entonces ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, le hizo llegar una llamada de atención para que no volviera a formalizar contrato de suministro de petróleo alguno en Oriente Próximo porque —le advirtió— ese terreno estaba «reservado» para Manuel Prado y Colón de Carvajal. Según el economista, Fernández Ordóñez llegó a decirle: «Mira, ha estado aquí Manolo Prado, que se ha enterado de que estabas en Kuwait y me ha montado un pollo que no puedes imaginar; me ha dicho que Arabia Saudí y los Emiratos son exclusivamente suyos y nadie más que él puede negociar ni un barril, así que ni se te ocurra volver a hacer nada parecido». Y termina asegurando que Juan Carlos I, a través de su representante y administrador privado, Manuel de Prado, «tenía el monopolio de nuestros suministros extra durante la crisis del petróleo», y que «Hacienda pagaba por el petróleo lo que ponía en la factura, sin entrar en averiguación alguna y menos cometer la ordinariez de decir que se podía comprar más barato cuando el conseguidor era Prado».
El 14 de mayo de 1962 se casó en Atenas con la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca, con la que tuvo tres hijos:
El rey Juan Carlos participó como regatista en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 compitiendo en la clase Dragon con su embarcación Fortuna. Sus dos tripulantes fueron Félix Gancedo y Gonzalo Fernández de Córdoba. Posteriormente formó parte del equipo Bribón. Tras varias décadas de alta competición, incluyendo un breve retiro entre 2011 y 2016, Juan Carlos I se proclamó campeón del mundo de vela en 2017, a los setenta y nueve años de edad, en la categoría de embarcaciones clásicas de 6 metros en el Mundial de Vancouver (Canadá).
Otra de sus grandes pasiones ha sido el esquí, que le ha costado algunos percances.
Además de la vela y el esquí, su tercera gran afición ha sido la caza, aunque esta ha suscitado frecuentes polémicas: así, además de la desatada a raíz de su viaje a Botsuana en 2012, el 8 de octubre de 2004 participó en una cacería de osos en Rumanía; en 2004 pagó 7000 euros por matar en Polonia uno de los últimos bisontes vivos de Europa; y en 2006, distintos medios de Rusia lo acusaron de haber matado a un oso drogado, lo que llevó a la apertura de una investigación por parte de las autoridades rusas. La Casa del Rey calificó de «ridículas» tales informaciones. A raíz de esas polémicas, el 21 de julio de 2012 la sección española del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) decidió retirarle el cargo de presidente de honor, cargo que había ostentado el rey desde la fundación de la ONG.
Durante un tiempo fue radioaficionado.
El excoronel del Ejército español, diplomado de Estado Mayor, historiador militar y escritor Amadeo Martínez Inglés atribuía en 2008 a la monarquía juancarlista dos debilidades principales: por un lado, «el rápido (por no decir meteórico), incomprensible, y presuntamente delictivo, enriquecimiento de la Casa Real española»; y, por otro, «la escandalosa vida sentimental de su titular, el rey Juan Carlos I, que se ha traducido a lo largo de los años en multitud de turbias relaciones extramatrimoniales». También el íntimo amigo del monarca Manuel (sic) Bouza, para justificar esta actitud de don Juan Carlos, comentó que un rey «está mucho más expuesto que cualquiera de nosotros a asedios y propuestas» y, además, «lo tenía muy fácil: la corona impresiona con su brillo».
A la largo de todo su reinado, Juan Carlos ha mantenido diversas relaciones sentimentales fuera del matrimonio. A continuación se citan las más conocidas.
Liliane Sartiau (institutriz). El romance se inició en París en la primavera de 1956. Tras casi diez años de encuentros esporádicos, cuando el entonces príncipe ya era padre de Elena y Cristina, Liliane quedó embarazada de una niña, Ingrid, que en 2012 promovió una demanda en que pretendía que el monarca la reconociera como hija natural. Su petición llegó hasta el Tribunal Supremo, que finalmente la desestimó.
Marta Gayá (decoradora). Divorciada, procedía de una acaudalada familia mallorquina de ascendencia catalana y filipina. La revista Tribuna fue el primer medio en hacerse eco, en 1990, de la «íntima amistad» que existía entre ellos. Para algunos medios, este ha sido el gran y verdadero amor de Juan Carlos. Su entorno más cercano los consideraba una pareja estable, «una especie de segundo matrimonio».
Bárbara Rey (vedette). Fue el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, quien se la presentó en 1976 en un acto de campaña de su partido, Unión de Centro Democrático. Bárbara Rey (seudónimo de María García García) era entonces una «actriz de destape de belleza impactante, muy sexy, con las piernas largas, una voz sensual, una simpatía desgarrada, y un descaro lleno de picardía». Ambos se solían citar en un piso ubicado en una urbanización de Boadilla del Monte, siempre bajo el «control» y la «protección» de los servicios de la seguridad del Estado, el Cesid (hoy denominado CNI). En 1994 el rey trata de romper la relación, y entonces ella decide chantajearle con vídeos de sus encuentros íntimos que había grabado con ayuda de un familiar. La extorsión continuó hasta mayo de 1996, en que el presidente José María Aznar ordenó la paralización inmediata de los pagos. Bárbara Rey ofreció un acuerdo definitivo: cobrar de una sola vez un «generoso finiquito» y olvidarse para siempre del asunto. El Gobierno temía, más que el escándalo sexual, la revelación de secretos de Estado que el rey habría compartido con ella en la intimidad, como su papel en el 23-F. (Al parecer, según la periodista Rebeca Quintáns, una de las cintas había registrado una llamada telefónica en la que el monarca le habría advertido: «¡Oye, el lunes, 23, procura no salir de casa!, porque puede pasar algo…»). Ante el temor de que el escándalo forzara el fin de la legislatura y su recién estrenada mayoría absoluta, Aznar accedió a las pretensiones de la actriz. Según antiguos altos mandos del Cesid, los pagos se abonaban a través de una cuenta del Kredietbank de Luxemburgo y de otras cuentas opacas: «En Suiza habíamos abierto cuentas secretas a nombre de identidades falsas y de sociedades interpuestas. Tanto el dinero como las joyas y los regalos se pagaban en su mayoría desde la propia Presidencia del Gobierno con cargo a los fondos reservados».
Sol Bacharach (empresaria). Mujer de amplio currículum y dilatada vida profesional, visitaba en ocasiones el Palacio de la Zarzuela en representación de la asociación internacional United World College, que ella había fundado, pero nadie sospechaba de la relación hasta que se difundieron las grabaciones de Corinna en 2015. La relación duró tres años.
Corinna Larsen (empresaria). Juan Carlos I conoció a Corinna zu Sayn-Wittgenstein en una cacería en febrero de 2004, en la que ella acudía en calidad de directora gerente y relaciones públicas de la empresa organizadora. Cuando se estaba preparando la cena, el monarca le pidió: «Siéntate a mi lado, que esa es un putón verbenero que viene a cazarme». Juan Carlos se enamora de ella. Mes y medio después, Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador de Zarzuela, fue encarcelado por delitos económicos y Corinna pasó a asumir algunas de sus funciones. «En seguida [Juan Carlos] se puso a encargarle cosas y, en poco tiempo, se había convertido en su consultora, ayudante personal, relaciones públicas de altura, mediadora… Como Prado, Corinna zu Sayn-Wittgenstein disfrutaba de pasaporte diplomático». El rey se hacía acompañar por su amante en sus encuentros con la alta sociedad española e, incluso, formando parte de su séquito en los viajes de Estado. En el año 2004 ayudó a Iñaki Urdangarín en el Valencia Summit, auspiciado por el instituto Nóos, y organizó la luna de miel del príncipe Felipe con Letizia Ortiz por varios países del mundo. Asimismo, participó en operaciones comerciales para grandes empresas españolas, como la OHL de los grandes amigos del rey, Juan Miguel Villar Mir, y del príncipe Felipe, Javier López Madrid. Cobraba comisiones de en torno al 3 por 100. En 2010, a Juan Carlos se le detectó un nódulo en un pulmón y el monarca pensó que iba a morir de cáncer. Aunque el amor había decaído, la alemana continuó a su lado. Afortunadamente, el tumor era benigno. Luego la relación sentimental y de negocios repuntó. La reina Sofia ya residía en Londres cuando Corinna se instaló en La Angorrilla, una casa de campo dentro del complejo de La Zarzuela. La pareja también pasaba largas temporadas en un dúplex de lujo que había adquirido en Suiza. En 2012 sucedió el accidente de Botsuana. La pareja puso punto final a su relación en noviembre del año 2014.
Juan Carlos I ha sufrido a lo largo de su vida diversos de problemas de salud y percances físicos que en numerosas ocasiones le han obligado a entrar en el quirófano:
A lo largo de los años, la figura de Juan Carlos I se ha convertido en personaje de películas y telefilmes en España, pudiendo mencionarse los siguientes:
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