La diversidad sexual y de género en Chile ha sido un tema de diversa consideración y cambio a lo largo de la historia del país. Por muchos años, temas como la homosexualidad, la transexualidad o la intersexualidad fueron históricamente temas tabú dentro de la sociedad chilena, y las personas de las diversidades sexuales sufrieron de rechazo y discriminación dentro de una sociedad fuertemente conservadora. Sin embargo, en los últimos años, se ha percibido un cambio considerable en la opinión pública chilena, donde se ha detectado un creciente y mayoritario apoyo al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), siendo uno de los países con mayor nivel de aceptación y tolerancia en América.
Durante gran parte de la historia chilena, la homosexualidad se mantuvo oculta al estar legalmente prohibida, pero sin procedimientos específicos destinados a su represión de forma masiva. La principal excepción fue la persecución de homosexuales durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y la promulgación de la «Ley de Estados Antisociales» de 1954 que afectaba específicamente a vagabundos, mendigos, locos y homosexuales.
Desde la Transición a la democracia en 1990, el activismo LGBT chileno ha logrado, a través de una mayor organización y visibilización, que la clase política haya respondido paulatinamente a sus demandas. La mayor parte de las disposiciones que penalizaban la sodomía fueron derogadas en 1999, siendo el penúltimo país restante de América del Sur en hacerlo. La edad de consentimiento sexual es a partir de los 18 años para hombres homosexuales, mientras que para lesbianas y heterosexuales son 14 años.
En 2012, entró en vigencia la Ley que establece medidas contra la discriminación (conocida como «Ley Zamudio»), que incluye como categorías protegidas la orientación sexual, la identidad de género y, a partir de 2019, la expresión de género. Las Fuerzas Armadas de Chile derogaron todas las normas internas que impedían a homosexuales ingresar al Ejército, adecuando las prácticas y reglamentos de la institución a la legislación vigente, permitiendo desde entonces servir abiertamente a gais, lesbianas, bisexuales y personas transgénero.
En 2015, entró en vigencia la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil, que constituye la primera norma legal que otorga un reconocimiento expreso a parejas del mismo sexo dentro del Derecho chileno, permitiéndoles a quienes contraigan dicha unión ser consideradas explícitamente como «familias».
La Ley de identidad de género, vigente a partir de 2019, reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida, permitiendo a mayores de 14 años el cambio de nombre y sexo en los documentos sin requisitos prohibitivos. Desde 1974, el cambio de sexo registral ha sido posible en el país mediante un proceso judicial, incluyendo a menores de edad.
Pese a la apertura que ha vivido la sociedad chilena y la promulgación de distintas leyes que protegen a las personas LGBT, los casos de homofobia y transfobia persisten, y siguen siendo denunciados cada vez más, evidenciando un empoderamiento de la población para luchar por sus derechos y denunciar actos discriminatorios. Asimismo, ha existido un histórico rechazo de parte de la Iglesia católica y las iglesias evangélicas.
Durante la época precolombina, la homosexualidad era un concepto considerado de diversas maneras por los distintos pueblos indígenas que habitaban el territorio. Para los mapuches, la sexualidad era igualitaria entre hombres y mujeres, por lo que un hombre afeminado no perdía ningún privilegio, poder o estatus, simplemente porque ser hombre no era distinto de ser mujer. Los machis antiguamente eran en su mayoría hombres, adornados y vestidos con elementos de características femeninas, puesto que el poder espiritual estaba asociado a dicho género. Según algunos investigadores, los machis weye, como eran denominados en mapudungun, practicaban la pederastia de forma pasiva, siendo acompañados por jóvenes que actuaban como si fueran sus maridos. En tanto, otros consideran que la idea de que los machis eran homosexuales o pederastas surgió cuando los conquistadores españoles llegaron a Chile e intentaron comprender las actitudes de los machis desde su perspectiva completamente diferente a la mapuche. El Imperio inca, que dominó la mitad norte de Chile, tenía a la homosexualidad asociada a conceptos de carácter religioso y sagrado, siendo practicada normalmente —incluso, las relaciones lésbicas eran bien vistas—; sin embargo, otras fuentes señalan castigos en contra de los homosexuales.
Con la Conquista de Chile por parte del Imperio español desde 1541 y la instauración del régimen colonial, la homosexualidad quedó prohibida y sancionada al igual que en la metrópolis, siguiendo los preceptos de la Iglesia católica. A pesar de ello, no era la Inquisición la encargada de sus castigos, sino los tribunales reales y el obispado.
La alta presencia de hombres en la Capitanía General de Chile producto del conflicto armado con los mapuches y la mayor permisividad sexual otorgada relativo a la metrópolis fomentaban las relaciones sexuales entre hombres, que una vez descubiertas eran castigadas severamente. Hacia 1612, tras sus expediciones durante la Guerra de Arauco, el gobernador Juan de la Jaraquemada recorrió los fuertes existentes y juzgó a diversos implicados en acusaciones de sodomía y traición, condenando a la hoguera a trece soldados en el fuerte de Paicaví y seis en el de Angol.
El influjo de la moral cristiana afectó también a las culturas indígenas: los machis fueron reemplazados en su mayoría por mujeres, e incluso Claudio Gay describiría siglos más tarde que los «indios de Chile», pese a su belicosidad, solo practicaban la pena de muerte para los culpables de «sodomía y hechicería». Los sacerdotes eran los encargados de enseñar y guiar a los habitantes alejados del pecado, especialmente a través de la confesión, el cual contenía un extenso cuestionario que incluía preguntas respecto a la sodomía (incluyendo bajo ese término otros términos como bestialismo, necrofilia y sexo anal); esto muchas veces tenía el efecto contrario y se convertía en una instancia para que los mismos sacerdotes realizaran prácticas prohibidas con los confesados. La práctica del llamado «pecado nefando» por parte de sacerdotes, tanto con feligreses como con pares, fue ampliamente documentada por diversas confesiones ante inquisidores, usualmente obtenidas tras aplicar torturas.
Dentro de la época colonial destaca la historia de Catalina de Erauso, una joven española que se travestía para luchar en la Guerra de Arauco. Tras haber sido expulsada de un convento en San Sebastián, Catalina se embarcó al Nuevo Mundo como hombre para luchar contra las huestes mapuches en 1619. Por su valentía, fue condecorada con el grado de alférez, sin que nadie dudara de su sexualidad masculina. En 1623 confesó su verdadero género y, al comprobarse que era virgen, se la envió a España, siendo entrevistada por el rey Felipe IV de España y el papa Urbano VIII, quienes le permitieron ser tratada como hombre.
Pese a alcanzar su independencia a principios del siglo XIX, la relevancia de las concepciones morales de la época colonial se mantuvieron prácticamente invariables en Chile, incluyendo el rechazo hacia la homosexualidad. Sin embargo, la concepción tras este rechazo a la diversidad sexual cambió a medida que se establecían las ideas que darían cuerpo a la nueva nación. Como forma de marcar una diferencia con el pasado colonial, el país recién constituido comenzó un proceso de modernización ideológica, pasando de una visión de carácter eminentemente religiosa a una de carácter científica. La homosexualidad, antes considerada como pecado, pasó a ser considerada una enfermedad. A esta visión se sumó la idealización de los roles de hombres y mujeres en la sociedad, donde la virilidad se constituía como una virtud masculina que atravesaba y unificaba a las diversas clases sociales, mientras que las conductas homosexuales o afeminadas atentaban contra dicho principio.
Las conductas homosexuales fueron tipificadas como crimen bajo el término inespecífico de «sodomía», nunca definida en el texto legal pero entendida por los penalistas, en general, como penetración anal, sin distinguir entre violación, pedofilia o relaciones consentidas. Esta tipificación fue incluida a través del artículo 365 del Código Penal, vigente desde 1875, que contemplaba una pena de presidio menor en su grado medio (es decir, un rango entre los 541 días y los 3 años de prisión). Durante el siglo XIX, las causas criminales por sodomía aumentaron con respecto a los periodos anteriores y se concentraron principalmente durante el último tercio de dicha centuria. En los juicios incoados por sodomía se realizaban incluso exámenes médicos del ano y del recto de los imputados para poder determinar la veracidad de las acusaciones de sodomía existentes en su contra. La comunidad médica chilena consideraba la homosexualidad como una «aberración» y estaba al tanto de los estudios realizados a nivel internacional sobre el tema, aunque no le prestó gran importancia y la relacionó principalmente con la masturbación.
Dentro de los casos de sodomía durante el siglo XIX, destaca el de dos marineros de la corbeta Esmeralda. En 1873, el guardiamarina segundo Carlos Eledna y el marinero José Mercedes Casanga fueron sorprendidos durmiendo semidesnudos, tras lo que se les acusó de sodomía. Ante los hechos, se realizó un juicio sumario a bordo, siendo parte del jurado el capitán Arturo Prat —quien seis años después sería protagonista del combate naval de Iquique a bordo de la misma nave—. Los acusados fueron condenados a diez años de cárcel y sesenta latigazos en la espalda. Dicho castigo se realizó a bordo de la nave; Casanga no resistió el castigo completo llegando a los cincuenta azotes «antes de desmayarse vomitando hiel por la boca». En este caso, nuevamente el informe médico de los genitales de los acusados fue fundamental para la sentencia.
Como parte de la lucha anticlerical que se puso de manifiesto en el país desde mediados del siglo XIX, muchos críticos de la Iglesia Católica en Chile señalaron a esta como un foco de homosexualidad a través de sus seminarios e internados, los cuales también atentaban contra la imagen de virilidad del hombre chileno a causa del encierro y el celibato. Existieron diversos pasquines en el país que hablaban, entre otras cosas, del desarrollo de la homosexualidad al interior de las congregaciones religiosas, entre las que destacaron, por ejemplo, algunas citas de El padre Padilla.
De igual forma que la Iglesia Católica recibía acusaciones de homosexualidad entre sus filas, algunos grupos de ideología marxista hicieron lo mismo con miembros de la burguesía chilena. En otras ocasiones, las acusaciones de sodomía eran utilizadas como pretexto y catalizador para discusiones políticas de diversa índole. Entre 1904 y 1905, estalló una acusación de violación de un menor de 11 años por parte de un sacerdote en un exclusivo colegio perteneciente a una congregación católica, lo que pondría en la discusión pública la legitimación de la educación laica y el fin del financiamiento estatal a los colegios religiosos. El sacerdote, en medio del revuelo público, fue condenado a 54 años de presidio, una pena bastante mayor a la que tenían otras situaciones de similares características pero de menor impacto público, con el fin de ser una condena ejemplificadora.
A partir de la década de 1920, la homosexualidad comenzó lentamente a ser aceptada en Chile, principalmente por parte de la aristocracia, fruto de los procesos de liberalización que se vivían entonces en Europa, principalmente en París, Londres y Berlín, los principales referentes culturales de la oligarquía. En el mundo aristocrático y en los ambientes culturales asociados, la homosexualidad era tolerada aunque reprimida. Muchos hombres gais se encontraban casados con mujeres, pero mantenían frecuentemente encuentros sexuales con otros hombres de su entorno.
Otra característica de estos aristócratas eran los encuentros sexuales con personas de niveles inferiores en la escala social. Era común que los acaudalados de Valparaíso bajasen al puerto a tener sexo con marineros, mientras que los de Santiago tenían su equivalente en la Plaza Yungay; para los santiaguinos, el Día del roto chileno se llegaba a convertir incluso en una festividad de corte homosexual. A lo largo del país, era habitual entre los pescadores tener sexo con aristócratas, incluso vanagloriándose de aquello como un entretenimiento, sin considerarse atraídos sexualmente por personas de su mismo sexo.
La caleta de Horcón, sin embargo, se convirtió en una imagen emblemática de dichas situaciones, transformándose durante gran parte del siglo XX en un lugar frecuente de encuentro sexual entre homosexuales y pescadores, quienes practicaban usualmente el rol activo. Horcón era una de las localidades más pobres de los alrededores de Valparaíso, y a ella llegó a instalar su residencia veraniega el acaudalado empresario Federico Claude, heredero de Federico Schwager y sus compañías de carbón. Junto a Claude arribaron varios de sus amigos, quienes habitualmente tenían sexo con los pescadores a cambio de beneficios, como alimentos o variados enseres, ejerciendo una suerte de prostitución implícita y que las mujeres de la caleta debieron soportar para poder subsistir. La llegada del hippismo durante los años 1960, las mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la localidad y el aumento de las libertades para homosexuales en el país, produjo un declive en las actividades homosexuales en Horcón, lo que ha llegado a convertirse actualmente en un tabú para dicha caleta.
En los círculos artísticos y literarios chilenos, radicados principalmente en Santiago, la homosexualidad era vivida libremente, aunque no públicamente, e incluso diversos homosexuales eran muy influyentes, destacando personajes como Augusto D'Halmar, Hernán Díaz Arrieta (Alone) y Benjamín Subercaseaux. La literatura chilena de principios del siglo XX comenzó a desarrollar profusamente historias de temática homosexual, las que se iniciaron con la única novela de Alone, editada en 1915, donde se incluyó el primer personaje afeminado de la literatura nacional. Posteriormente, la novela Pasión y muerte del Cura Deusto, publicada en 1924 por D'Halmar —ganador del primer Premio Nacional de Literatura en 1942—, narraba el trágico amor de un sacerdote por otro hombre. Aunque la novela fue publicada inicialmente en España, es considerada como la primera que habla explícitamente de la relación entre personas del mismo sexo en Latinoamérica. En 1935, Joaquín Edwards Bello describió en La chica del Crillón a un personaje lésbico, tema que fue pocas veces mencionado. Varios autores heterosexuales, como Alejandro Jodorowsky y Enrique Lafourcade —este último dedicó importantes roles a la homosexualidad dentro de sus primeras obras como Pena de muerte (1952) y Para subir al cielo (1959)—, compartieron con homosexuales que impulsaron sus carreras. La relativa apertura del tema en los círculos aristocráticos, intelectuales y artísticos, influida por los sucesos en Europa, permitió la publicación de algunas obras extranjeras que también trataron la homosexualidad.
Pese a esta relativa apertura, el rechazo fuera de estos círculos era generalizado, por lo que muchos autores de importancia ocultaron su homosexualidad ante el gran público. Este fue el caso de José Donoso y Gabriela Mistral, dos de los más grandes escritores de la literatura en el país. Solamente tras la muerte de ambos y la publicación de su obra epistolar personal a comienzos del siglo XXI, se pudo comprobar la compleja relación de ambos con su propia sexualidad, lo que había sido largamente un tema tabú. Tanto Donoso como Mistral reflejaron en sus cartas el dolor de no poder vivir sus relaciones personales, que en el caso de la ganadora del Premio Nobel de Literatura se reforzaba asociando su lesbianismo a su carácter feminista; Donoso, en tanto, abordó el tema en diversas publicaciones catalogadas por algunos como un enmascaramiento de sus tendencias sexuales.
Como contrapartida, María Luisa Bombal en El árbol plasmó sus sentimientos sobre su matrimonio con el pintor homosexual argentino Jorge Larco (1897-1967), con el que carecía de amor y vida sexual.
Al contrario de la tolerancia vivida en algunas esferas aristocráticas, en la mayoría del país se manifestó un fuerte rechazo hacia la homosexualidad. Si bien la sodomía ya era penalizada en el Código Penal, la llegada de Carlos Ibáñez del Campo al poder en 1927 profundizó las políticas de persecución contra los homosexuales.
La dictadura de Ibáñez se caracterizó por una fuerte represión a sus opositores, aunque no hay indicios de una política de exterminio planificado. Pese a que su administración contaba con personas consideradas como homosexuales, incluyendo los ministros Pablo Ramírez y José Santos Salas, Ibáñez del Campo aplicó efectivamente varias redadas masivas a homosexuales durante su primer gobierno, y hay constancia de que era profundamente homofóbico —según algunos, debido a que su hijo Carlos era homosexual—. El hundimiento de un barco con homosexuales a bordo (intencionado o accidental) parece ser un mito de dudoso origen; podría tratarse, como lo indica el historiador Leonardo Fernández, de una sucesión de datos que provienen de distintas épocas y que fueron configurando un mito.
Lo que sí es efectivo es que varios detenidos por sodomía fueron enviados al presidio de Pisagua, en el norte del país, antes de que este se constituyera en campo de concentración en 1948. De hecho, fue una política aplicada en 1941, durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Con posterioridad, Pisagua se convirtió en un lugar masivo de confinamiento, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, la segunda administración de Carlos Ibáñez y de Augusto Pinochet.
En el caso de Ibáñez del Campo, este continuó con sus políticas represivas en su segundo gobierno, a partir de 1952. Durante su gobierno fue promulgada la Ley 11625 sobre Estados Antisociales y Medidas de Seguridad (1954), propuesta inicialmente durante el gobierno de su antecesor González Videla. La ley estableció diversas medidas de seguridad (como internaciones curativas, multas y presidio) contra grupos de «peligrosidad social», incluyendo a vagos, toxicómanos y homosexuales, entre otros. Esta ley requería de la dictación de un reglamento que permitiera su aplicación; si bien este reglamento nunca fue dictado y la ley fue derogada en 1994, tuvo una aplicación irregular, quedando registro de algunos homosexuales trasladados a localidades como Chanco y Parral.
La antigua libertad vivida en los círculos artísticos y en la aristocracia hasta los años 1950, prácticamente desapareció como efecto de las persecuciones del gobierno de Ibáñez. Un ejemplo de ello fue el actor Daniel Emilfork, que se radicó en Francia. Muchos prefirieron emigrar a Europa y los Estados Unidos en busca de mayor libertad.
En los gobiernos posteriores, aunque la represión por parte del Estado disminuyó considerablemente, no fue así en la de la sociedad. Un ejemplo de ello fue el trato dado por los medios de comunicación a los homosexuales o cómo utilizaban la homosexualidad como una forma de desprestigio. El caso más claro fue el vivido por el presidente de Chile entre 1958 y 1964, Jorge Alessandri. Alessandri fue el primer presidente soltero en la historia de Chile, lo cual generó una serie de rumores en un país tan conservador como Chile sobre su sexualidad; el rumor de su homosexualidad fue utilizado por la satírica revista Topaze y por el periódico Clarín, quienes denominaban al derechista Alessandri como «La Señora».
Durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) militar que logró llegar al poder tras un golpe de Estado en 1927 y gobernó hasta 1931, durante su régimen dio origen a la ley 11.625 sobre Estados Antisociales que consideraba los homosexules como delincuentes habituales pero con la diferencia que se les considera como enfermos a los cuales se podía rehabilitar internándolos o sometiéndolos a la vigilancia del Patronato de Reos
En 1970, fue elegido Salvador Allende como presidente de Chile, liderando el gobierno de la Unidad Popular, una coalición que contaba con socialistas, comunistas y otros partidos de izquierda. Pese a que su gobierno representaba un quiebre respecto a las ideologías conservadoras, esto no se reflejó respecto a la situación de las diversidades sexuales. La abierta homofobia en algunos movimientos de izquierda la idealización de la virilidad, asociada al hombre revolucionario y al obrero esforzado. Durante el gobierno de Allende bajo su presidencia que se realizó la primera marcha del movimiento de la diversidad y dándose la apertura de los primeros locales LGBT en los barrios obreros de Santiago y Valparaíso. La oposición de derecha, en tanto, aprovechaba la imagen de la femeneidad, visible en las manifestaciones de cacerolazos. La homosexualidad quedaba, por tanto, contraria a ambas concepciones.
Quizás el emblema más importante de la homofobia mediática fue el periódico Clarín, de corte popular, sensacionalista y de izquierda, la cual continuamente publicaba notas sobre homosexuales de forma denigrante, titulando usualmente con notas de crónica roja cometidas por «colipatos», «locas» o «yeguas», como usualmente denominaba a los gais.
El 22 de abril de 1973 ocurrió en la Plaza de Armas de Santiago la primera manifestación de homosexuales en Chile. Cerca de unos veinticinco homosexuales y travestis que usualmente recorrían en las noches las calles Huérfanos y Ahumada en el centro de Santiago se reunieron para protestar por los abusos de Carabineros, que los apresaban continuamente por «faltas a la moral y las buenas costumbres», los golpeaban y rapaban la cabeza. Pese a esta represión, la manifestación se realizó con normalidad; sin embargo, los medios de comunicación se encargarían de los ataques a través de sus crónicas. Incluso, el intendente de la provincia de Santiago, Julio Stuardo, dijo que utilizaría «de la fuerza pública y de todos los resortes que [le] da el mandato constitucional» con tal de impedir una nueva manifestación programada esta vez en el Barrio Alto de la capital.
Pese a los casos de homofobia registrada, el período de la Unidad Popular presenció el primer caso registrado de personas transexuales. En 1973, Marcia Torres se convirtió en la primera persona en América Latina en realizar una cirugía de reasignación de sexo, tras lo cual pudo rectificar su acta de nacimiento.
El 11 de septiembre de 1973, un golpe de estado realizado por las Fuerzas Armadas y de Orden bombardeó el Palacio de La Moneda. Pese a la superioridad numérica y de poderío militar que enfrentaban, algunos grupos de apoyo al gobierno de Allende intentaron resistir al golpe. Dentro de este grupo se encontraba Mario Melo Pradenas, quien fuera parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria hasta su expulsión producto de su homosexualidad. Según cuenta la propia secretaria de Allende, Melo se subió a la azotea del Palacio para defender el gobierno, incluso luego de ser expulsado del MIR. Algunos días después, Melo fue apresado por fuerzas del régimen y pasó a formar parte de los miles de detenidos desaparecidos que no han sido encontrados hasta la fecha. Según algunos relatos, Melo habría sido asesinado en el campo militar de Peldehue y su cuerpo lanzado al mar. Registrándose cientos de casos donde travestis que fueron golpeados y asesinados en los primeros días de la dictadura y represión directa en lugares de encuentro de travestís.
Al ser derrocado el gobierno de Salvador Allende, se inició una dictadura militar al mando de Augusto Pinochet que se extendería hasta 1990. La dictadura militar estableció una fuerte represión en toda la sociedad chilena por cerca de diecisiete años, y la comunidad homosexual y transexual no estuvo exento de ello. El establecimiento del toque de queda en el país afectó directamente a la vida bohemia donde se expresaba con más fuerza la comunidad homosexual, mientras que las fuerzas militares y policiales realizaron continuas redadas a locales, con mucha violencia especialmente hacia los transexuales, muchos de los cuales debían esconderse en muebles para no ser atacados. Las persecuciones particularmente hacia homosexuales generaron una fuerte estela de desconfianza y miedo entre las personas. En muchos casos, la violencia se manifestó en tratos denigrantes, detenciones, torturas y asesinatos por el solo hecho de ser homosexual. El historiador Gabriel Salazar muestra cómo la dictadura militar endureció los conceptos de hombría y feminidad; a través del culto de la personalidad de la pareja presidencial se promociona la figura de la mujer como ama de casa, relegada al ámbito privado, casero y a las tareas domésticas mientras el macho esta presentado como el dirigente, fuerte y viril. El modelo patriarcal difundido desde la dictadura militar reduce a las personas en dos roles únicos: hombre y mujer, y a una sexualidad única: la heterosexualidad. La homofobia, la lesbofobia, y la transfobia fueron realidades en los hechos perpetuados por el régimen y que corresponde a las normas sociales demostradas por el dictador Pinochet.
A la fecha, solo un caso de violaciones a los derechos humanos contra personas LGBT ha sido procesado oficialmente: el de un hombre homosexual sin identificar que habría sido descubierto teniendo relaciones sexuales con un soldado conscripto en los polvorines ubicados bajo el morro de Arica y que luego fue ejecutado por agentes de la Armada en la cuesta de Acha, en 1975. Este caso surgió recién en 2010, cuando uno de sus asesinos confesó lo ocurrido.
Los organismos represivos como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, f. 1974) y la Central Nacional de Informaciones (CNI, f. 1977) investigaron en muchas ocasiones a personas homosexuales o que podían serlo. Un caso paradigmático es el acápite especial sobre «homosexualismo» en la investigación realizada entre 1976 y 1978 a Jaime Guzmán, uno de los principales ideólogos del pinochetismo y de la constitución de 1980 y fundador del partido conservador Unión Demócrata Independiente. El informe, que intentaba vigilar a uno de los principales adversarios del director de la DINA Manuel Contreras dentro del gobierno, establecía un perfil del abogado y en él se especificaba la cercanía de Guzmán con personas reconocidas por su homosexualidad, y aunque no mencionaba literalmente que éste lo fuera, muestra el nivel de intolerancia que existía en las altas esferas del gobierno hacia diversas orientaciones sexuales.
Pese a la violenta represión, en esta época comenzaron a crearse las primeras organizaciones para comunidades homosexuales aunque de manera ilegal y oculta. La primera, llamada «Movimiento Integración», fue creada en 1977 por un grupo de profesionales vinculados a la Pontificia Universidad Católica de Chile y apoyada por el sacerdote holandés Cornelio Lemmers —afín a la Teología de la Liberación— y realizaba diversos encuentros en viviendas privadas o en un local llamado El delfín, así como también un congreso en 1982, pero finalmente se disolvió al año siguiente. El año 1983 vio el nacimiento de Ayuquelén (pretendiendo significar «la alegría de ser» en mapudungun), el primer grupo lésbico feminista nacional. Aunque su nacimiento se originó luego de la visita de algunas feministas chilenas a la segunda Reunión de Feministas de América Latina y el Caribe realizada en Perú el año anterior, el punto de inflexión fue el asesinato de la escultora y artista Mónica Briones ese año. Según la investigación realizada por la periodista y activista lésbica, Érika Montecinos Urrea, Mónica Briones fue asesinada en la insersección de las calles Irene Morales con Merced luego que un individuo "con pinta de militar" la atacó a golpes hasta desangrarla, según relató la único testigo, Glorial del Villar, amiga de la víctima Ayuquelén estuvo desde sus inicios ligada al movimiento feminista, aunque sus relaciones fueron difíciles, pues temían una identificación conjunta de ambos movimientos. En esa época también entraron en contacto con grupos internacionales como el ILIS y el ILGA. En Concepción, en tanto, surgió el Colectivo SER hacia fines de la década de los años 1980 y del cual nació también Lesbianas en Acción. En los noventas nació la Coordinadora Lésbico Feminista y a inicios de 2000, la revista lesbofeminista, hoy agrupación, Rompiendo el Silencio.
El secretismo en el que se organizaban grupos homosexuales contrastó con la apertura que llegó de la mano del libre mercado instaurado por los Chicago Boys y la disminución en la represión al ocaso de la dictadura. Así, desde inicios de los años 1980 comenzaron a proliferar diversas discotecas y bares gais. Aunque se mantenían las redadas y los locales mantenían oculta su orientación al público homosexual, discotecas como Fausto y Quásar (inauguradas en 1979 y 1980, respectivamente) tenían una gran convocatoria en Santiago.
La única acción pública por parte de personas homosexuales fue a través del colectivo cultural Las Yeguas del Apocalipsis, formado por los artistas Francisco Casas y Pedro Lemebel. El grupo, cuyo nombre hacía mofa de los conceptos asociados a la homosexualidad y el sida, se caracterizó por presentaciones espontáneas basadas en el travestismo, generando gran polémica en el contexto de la época. Casas y Lemebel, abiertamente opositores a la dictadura, participaron además en una serie de actos contrarios a Pinochet en vísperas del plebiscito nacional de 1988. Las fuertes e intempestivas acciones de Las Yeguas contaron con un fuerte rechazo, incluso de los grupos opositores que ellos apoyaban. Durante la proclamación de Patricio Aylwin como candidato de la Concertación para la elección presidencial de 1989 que ponía fin a la dictadura, Lemebel y Casas colgaron un lienzo que decía «Homosexuales por el cambio». Los dirigentes democristianos expulsaron a ambos del acto en el teatro Cariola y prohibieron la difusión del hecho en los medios de prensa.
Sin embargo, esta condición de gueto tolerado se vería rápidamente puesto en jaque. La aparición del sida durante esos años generó aún una mayor discriminación dentro de la sociedad, que catalogó a la población homosexual como la causante de este síndrome. La primera víctima registrada en el país de la en ese entonces denominada «peste rosa» fue en agosto de 1984, al año siguiente se totalizaron 10 casos y hacia finales de la década llegaron a 79. El temor al contagio de esta enfermedad de la que poco se conocía provocó un aumento en las redadas, generando detenciones masivas en los locales que habían abierto sus puertas algunos meses antes. En agosto de 1985, el artista plástico Ernesto Muñoz dio una entrevista a la revista Apsi intentando desmitificar la enfermedad y de paso declarando abiertamente su homosexualidad, en un hecho inédito para el país. El cantante Eduardo Valenzuela, que representó al país en la OTI 1987 y era una de las voces más promisorias del ambiente chileno, vio su carrera destruida luego de que se diera a conocer que padecía de sida.
El fin de la dictadura militar en 1990 y el inicio de la transición chilena a la democracia generaron una oportunidad para los colectivos LGBTIQ+ para la manifestación y la reivindicación de sus derechos. En 1991, en la ciudad sureña de Coronel se realizó el primer Congreso Homosexual Chileno, que contó con la participación de diversas organizaciones nacidas durante la dictadura como Ayuquelén. En dicho congreso participaron representantes de Santiago que, el 28 de junio de ese año, darían vida al Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), que se convertiría posteriormente en una de las principales agrupaciones de activismo LGBTIQ+.
En 1992, el gobierno chileno decidió realizar las primeras campañas de prevención del sida, pese al rechazo de la jerarquía de la iglesia católica en Chile. Esto fue aprovechado por diversos colectivos para poner en el tapete el tema de la homosexualidad en el país, participando en entrevistas en periódicos y, por primera vez en televisión, durante el programa Unas y otras de Pamela Jiles y Delia Vergara en Televisión Nacional de Chile. Ese mismo año, por primera vez se trató la muerte de homosexuales durante la dictadura: en una marcha en conmemoración de la publicación del Informe Rettig sobre las violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990, diez homosexuales enmascarados y de luto portaron un lienzo con el mensaje «Por nuestros hermanos caídos - Movimiento de Liberación Homosexual» mientras marchaban, recibiendo muestras tanto de apoyo como de rechazo por otros manifestantes. Un año después, en la marcha organizada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, más de 300 homosexuales y travestis participaron por primera vez a cara descubierta, logrando gran repercusión mediática.
Pese a estos signos de apertura, no cambiaron los prejuicios contra la homosexualidad dentro de la población chilena. El ejemplo más claro y recordado de ello fue el incendio que afectó a la discoteca Divine en Valparaíso, el 4 de septiembre de 1993, y en el cual las actitudes homofóbicas de la población se manifestaron tanto por parte de las víctimas como de las instituciones destinadas a proteger a estas. Aunque se especuló de un posible atentado, la justicia chilena cerró el caso sin culpables y solo en 2008 logró ser reabierto. Algunos estudios de opinión realizados hacia fines de la década demostraban una fuerte violencia verbal y física contra los homosexuales por parte de la ciudadanía (especialmente desde y hacia hombres), mientras que la prensa, si bien ya no realizaba descalificativos directos como antaño, mantenía discursos enjuiciantes y condenatorios a través de la ironía y otras formas implícitas. Un estudio de opinión pública determinó que 43,6% de la población adulta de la Región Metropolitana estaba de acuerdo con la prohibición de la homosexualidad por antinatural y un 74% aceptaba «poco» o «en absoluto» la homosexualidad.
En este contexto, la principal lucha de las organizaciones de apoyo a las minorías sexuales fueron la despenalización de la sodomía a través de las modificaciones al Artículo 365.° del código penal chileno. El proyecto fue presentado por el gobierno con el apoyo de la coalición gobernante, la Concertación de Partidos por la Democracia, en agosto de 1993 en la Cámara de Diputados de Chile. Sin embargo, el proyecto generó un fuerte y largo debate, incluso dentro del oficialismo. En el debate se planteó desde la despenalización a la retipificación de la sodomía, la edad del sujeto pasivo y la posibilidad de contemplar a la mujer como el sujeto activo del delito, entre otras materias. Finalmente, se llegó a un acuerdo referente a restringir la sodomía como delito únicamente cuando el sujeto pasivo era un varón menor de 18 años de edad. Si bien la reforma legal promulgada en junio de 1999 legalizó definitivamente la homosexualidad en Chile, el mantenimiento en caso de menores de edad ha sido criticada hasta la fecha como discriminatorio, pues para relaciones heterosexuales la edad de consentimiento sexual era de 12 años en ese momento (aumentada posteriormente a 14 años).
En las elecciones municipales de 1996, se presentaron las primeras candidaturas homosexuales en las comunas de Santiago, Concepción y Antofagasta con el apoyo del MOVILH y el Centro Lambda, aunque sin éxito. Este acuerdo entre ambas organizaciones permite posteriormente la fusión de ambas que daría origen al Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS), actualmente llamado Movimiento por la Diversidad Sexual, pero que enfrentaría una escisión que daría origen al actual Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). Al alero del MUMS, en 2000 se articuló Traves Chile, la primera agrupación de transgéneros en el país que alcanzaría su autonomía un año más tarde, transformándose en la primera en su tipo con un estatus jurídico-legal en Chile.
En enero de 1995 se inició la publicación de Lambda News, primera revista chilena dedicada especialmente al público LGBT, desarrollada por el Centro Lambda Chile y que estaba enfocada principalmente en entregar informaciones sobre la prevención y atención del VIH/SIDA.
Con el advenimiento del siglo XXI, la aceptación de la homosexualidad comenzó a aumentar rápidamente en la población chilena y las muestras públicas de homofobia comenzaron a declinar. La influencia de la televisión fue de gran importancia para ello: algunos rostros conocidos del mundo artístico salieron del clóset, visibilizando la existencia de homosexuales para una parte importante de la ciudadanía, dando paso luego a programas (principalmente, de ficción) que mostraban la vida de personajes homosexuales. El primer hito al respecto fue la sitcom Vivir al día de La Red, emitida en 1998 y que por primera vez presentaba un personaje homosexual (interpretado por Nicolás Huneeus) que poseía pareja, salía del clóset con su grupo de amigos y no era caricaturizado en la historia. Otro hito importante fue la telenovela Machos, producida en 2003 por Canal 13 y la primera en contar con un rol protagónico de un homosexual. Pese a que Machos no mostró explícitamente la vida homosexual del personaje interpretado por Felipe Braun, dejó de lado la caricaturización de la homosexualidad presente en producciones anteriores, aunque con una conservadora aproximación, y permitió la aparición de otros personajes sexualmente activos, en el contexto de la principal señal televisiva católica del país, la cual en ese entonces pertenecía todavía en su totalidad a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Televisión Nacional de Chile casi simultáneamente con su teleserie Puertas adentro producida en 2003, mostró una pareja de homosexuales, interpretada por Luis Alarcón y José Soza, que ha ocultado su atracción por años, hasta que aparecen unas cartas y su relación se conoce, enfrentando la discriminación y el rechazo de la gente. Así mismo lideró el proceso en las telenovelas nocturnas locales, los productos de mayor consumo televisivo en el país: Los treinta mostró el primer beso entre hombres en horario prime en 2005, y El señor de La Querencia a la primera pareja lésbica en 2008. Al año siguiente, ¿Dónde está Elisa?, la nocturna más vista en la historia de la televisión chilena, fue la primera en mostrar una relación sexual entre dos hombres, y, además, fue la trama que terminó de consagrar al escritor homosexual Pablo Illanes. En tanto, la vespertina Cómplices (2006) trajo a la primera pareja homosexual de relevancia en una telenovela y Los exitosos Pells (2009) fue la primera telenovela chilena en mostrar un beso entre dos hombres en horario apto para menores.
En los primeros años de los años 2000, nacen además los primeros sitios digitales para lesbianas en Chile. Uno de ellos fue la revista digital de cultura lesbiana Rompiendo el silencio fundado por la periodista Erika Montecinos Urrea. Posteriormente, el año 2008 esta revista logra imprimirse y venderse en quioscos a lo largo de todo Chile, cuya última edición fue impresa en el año 2010. Desde febrero de 2013, el grupo que organizaba la publicación de la revista se convierte en la Agrupación Lésbica Rompiendo el silencio siendo una de las principales organizaciones en la actualidad que lucha por los derechos humanos y la visibilidad de las mujeres lesbianas y bisexuales. Algunos de sus logros son haber incorporado en el plan de acción de violencia hacía las mujeres 2014-2015, la violencia contra las mujeres por su orientación sexual y haber presentado en conjunto con otras organizaciones lesbofeministas (Visibles, Corporación Humanas, Familia es Familia), el proyecto de ley de derechos de filiación para hijos de parejas del mismo sexo. En mayo de 2002 surge OpusGay, primer periódico impreso dedicado principalmente al público LGBT chileno, que editó 8 números hasta diciembre del mismo año y posteriormente continuó como periódico digital, apoyado por el Movilh.
La sociedad chilena aumentó fuertemente su tolerancia, dentro de lo aceptable, y se puede decir que de a poco dejó de condenar, de manera general, como un conjunto, a la homosexualidad y las personas homosexuales, aunque las expresiones abiertas de este tipo se mantuvieron restringidas. De acuerdo a un estudio realizado por el Pew Research Center en 2007, un 64% de los chilenos opinaba que la homosexualidad debía ser aceptada, contra un 31% de rechazo, cifras similares a las de países como Italia (65%), Brasil (65%) y México (60%), superiores a las de Perú (51%), Estados Unidos (49%), Venezuela (47%) y Polonia (45%), pero inferiores a las de Argentina (72%) y gran parte de Europa (desde un 86% en Suecia hasta un 71% en el Reino Unido). La tendencia además aumenta en los jóvenes: un 76% de las personas entre 18 y 39 años está en favor de la aceptación del "estilo de vida homosexual", contra un 56% de los mayores de 40 años.
Las marchas del orgullo gay que comenzaron tímidamente a fines de la década de 1990, lograron mayor relevancia. La primera marcha del orgullo en Santiago se realizó a lo largo de la Alameda el 27 de junio de 1999, en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT. Esta fecha, sin embargo, fue trasladada al año siguiente al mes de septiembre para evitar el invierno austral. En paralelo, Movilh organizó la «Gay Parade» en noviembre. En sus primeros años, estos eventos no superaron las 5000 personas, pero a medida que mejoró la aceptación dentro de la sociedad, el número de asistentes creció. En 2010, la «Gay Parade» congregó a más de 40 000 asistentes en el Paseo Bulnes, y este tipo de eventos se replicaron en otras ciudades de Chile, aunque a menor escala.
De igual forma, el «ambiente gay» en Chile ha aumentado considerablemente durante los años 2000, concentrándose principalmente en Santiago de Chile, el Gran Valparaíso y en el Gran Concepción en menor grado, aunque notoriamente más bajo que en las grandes ciudades de países cercanos, como Buenos Aires o Río de Janeiro. Las discotecas santiaguinas se concentran en el sector del Barrio Bellavista y el Barrio Lastarria.
Durante la campaña presidencial para las elecciones de 2009, todos los candidatos se mostraron favorables a impulsar una legislación en favor del reconocimiento de las uniones de hecho, tanto homosexuales como heterosexuales, que beneficiaría a cerca de 2 millones de personas.
En 2011, grupos a favor de los derechos del colectivo LGBT convocaron a la «Marcha por la igualdad» el 25 de junio; de acuerdo a cifras no oficiales, esta convocó alrededor de 50 mil personas a lo largo de la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins para demandar, entre otras cosas, que «se reconozca la unión civil de parejas gais». En octubre, la Iglesia evangélica Luterana manifestó su apoyo al proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), lo que fue calificado por el Movilh como «un gesto de reconocimiento inédito de parte de una institución religiosa hacia la diversidad sexual». El mismo año, el expresidente de la Juventud Renovación Nacional, Óscar Rementería, asumió públicamente su homosexualidad, convirtiéndose en uno de los primeros políticos de derecha en realizar ese tipo de declaraciones. Posteriormente se incorporó a la vocería del Movilh.
En las elecciones municipales de 2012 fueron elegidos como concejal Jaime Parada por Providencia y Miguel Garcés por la comuna de Antuco, convirtiéndose en los primeros hombres abiertamente gay en asumir un cargo público en Chile. En la comuna de Valparaíso fue elegida como concejala la transgénero Zuliana Araya, y en Lampa fue reelegida la transexual conocida como Alejandra González (Felipe González Pino).
El 17 de mayo de 2013, en el marco de las celebraciones del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, y de manera inédita en el país, las comunas de Providencia, Santiago, La Reina, Independencia, San Antonio y Coquimbo izaron la bandera arcoíris en sus respectivas municipalidades. El 28 de junio realizó lo mismo la municipalidad de Antofagasta en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT. En 2014 el número de comunas que realizó dicha actividad aumentó a 25, y en 2015 a 37, incluyendo además en dicho año de forma inédita las sedes del Partido Humanista y Renovación Nacional.
En las elecciones parlamentarias de 2013 Claudio Arriagada (militante del Partido Demócrata Cristiano) se convirtió en el primer candidato abiertamente homosexual en ser elegido como diputado. Arriagada había asumido su homosexualidad en julio del mismo año.
El 27 de agosto de 2014, el marino Mauricio Ruiz fue el primer militar chileno en reconocer públicamente su homosexualidad y contó con el apoyo de sus superiores.
El 17 de mayo de 2016, el Palacio de La Moneda se transformó en la primera sede de gobierno de América Latina (y la segunda en América después de la Casa Blanca) en iluminarse con los colores del arcoíris en conmemoración al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.
En las elecciones municipales de 2016, tres hombres abiertamente homosexuales y dos mujeres transgénero fueron elegidos como concejales por primera vez en sus respectivas comunas. Ricardo Cantín en Coyhaique, Hernando Durán Palma en Talca, Esteban Barriga en Temuco, Juliana Bustos Zapata en Collipulli y Almendra Silva Millalonco en la comuna de Cisnes. Por su parte, Jaime Parada y la transgénero Zuliana Araya fueron reelegidos como concejales para el período 2016-2020.
En 2017 según una encuesta realizada por Cadem (empresa demoscópica y de investigación de mercado), El 64% de los chilenos se muestra a favor del matrimonio igualitario, l os más reacios al matrimonio igualitario, tal y como se desprende de la citada encuesta, son los evangélicos: con un 41% a favor y un 28% en contra. Entre los católicos, los partidarios ascienden al 66%. Aunque son los chilenos que se declaran como agnósticos o ateos los que de forma más mayoritaria apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo: concretamente, un 71% de ellos. Otra encuesta, publicada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) en junio de 2017, señalaba que el 40 por ciento apoya y un 39 por ciento rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que un 34 por ciento de los encuestados cree que una pareja de hombres homosexuales debe tener derecho para adoptar, mientras que un 65 por ciento cree que solo un padre y una madre pueden criar a un niño. En paralelo, un 37 por ciento cree que una pareja del mismo sexo puede criar a un niño igual que los heterosexuales.
En Chile, de acuerdo al "XIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual", elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, entre 2002 y 2015 fueron reportados 1623 casos donde están involucradas la homofobia y la transfobia. Treinta y dos de esos casos fueron asesinatos, mientras que los demás incluyeron ataques físicos, discriminación laboral y escolar, acosos, abuso policial, declaraciones homofóbicas, entre otros.
Aún existen altos grados de homofobia por parte de diversas instituciones en Chile. La Iglesia Católica en Chile y algunas comunidades evangélicas han manifestado su rechazo a la apertura hacia la homosexualidad, mientras el Movilh las ha calificado dentro de las instituciones chilenas con mayor grado de homofobia junto a la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el partido político de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI).
Diversos casos de homofobia han aparecido en el país durante los últimos años, siendo los más conocidos el caso de los jueces Karen Atala y Daniel Calvo. Atala perdió la custodia de sus hijos en 2003 por convivir con su pareja lésbica y el caso actualmente está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a la discriminación manifestada por su orientación sexual. En el caso de Calvo, éste fue alejado de su investigación en el Caso Spiniak (sobre prostitución infantil) tras ser captado por una cámara escondida de Chilevisión ingresando a un sauna gay, y suspendido por 4 meses de su cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, finalmente fue trasladado a la 4.ª Fiscalía Judicial del Corte de Apelaciones de Santiago, es decir, dejó su puesto de ministro de Corte y asumió funciones auxiliares en el mismo tribunal.
Uno de los casos más emblemáticos de homofobia ocurrió en marzo de 2012, cuando el joven Daniel Zamudio fue atacado y torturado por un grupo homofóbico en el Parque San Borja, en el centro de Santiago. Tras 25 días internado, falleció producto de las graves heridas. El ataque a Zamudio generó una ola de indignación transversal en la sociedad chilena y puso en el tapete por primera vez la necesidad de detener la homofobia y los delitos de odio contra las minorías sexuales. La repercusión llegó a niveles inesperados y el presidente Sebastián Piñera repudió directamente el hecho y reafirmó el compromiso de su gobierno con terminar con los crímenes de odio. El caso fue tratado por organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien instó al Gobierno chileno investigar los hechos de manera «inmediata y seria», mientras la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó una nota llamando a las autoridades chilenas a legislar en contra de la discriminación siguiendo estándares internacionales.
Tras encontrarse con la familia del fallecido, el ministro Rodrigo Hinzpeter anunció que pondrían suma urgencia al proyecto de Ley Antidiscriminación que se discutía en el Congreso Nacional desde 2005. El Movilh valoró el anuncio, sin embargo, manifestó que no se debía aprobar «cualquier ley», pues el proyecto que estaba en discusión presentaba diversas falencias. En noviembre de 2011, el artículo 2.º del proyecto, que incluía referencia a minorías sexuales, fue votada a favor por 23 senadores —incluyendo 7 PDC, 3 RN y 1 UDI— y en contra por 13 senadores —1 DC, 6 RN y 6 UDI—.
En octubre de 2019 estalla en Chile la mayor revuelta social tras el fin de la dictadura militar. Luego de la declaración de Estado de emergencia y toque de queda en la mayor parte de la población chilena surgieron diversas denuncias de abusos y excesos ejercidos por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y las unidades de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público canalizaron dichas denuncias.
Si bien entre los excesos identificados son varios, se encuentran los siguientes específicamente dirigidos contra la Población de Diversidad Sexual:
Las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) en Chile pueden enfrentar desafíos no experimentados por personas no LGBT. La actividad homosexual, tanto femenina como masculina, es legal. Desde el 22 de octubre de 2015, mediante una unión civil, las parejas del mismo sexo y las familias encabezadas por parejas homosexuales, poseen la mayoría de las protecciones legales disponibles para los matrimonios heterosexuales.
El artículo 373 del Código Penal, basado en "las ofensas al pudor, la moral y las buenas costumbres" ha sido usado durante años por la policía para detener en forma arbitraria y acosar a homosexuales y transexuales. Sin embargo, el "XIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual" del año 2015, elaborado por el Movilh, destaca en su capítulo relacionado con atropellos policiales y detenciones arbitrarias, que “por primera vez en siete años no se registraron atropellos policiales contra personas LGBTI, positiva realidad en la que ha incidido la labor del Departamento Derechos Humanos de Carabineros, que ha reaccionado rápidamente a cualquier denuncia sospechosa de homofobia y transfobia, además de promover entre los funcionarios variadas charlas de capacitación”.
La homosexualidad en Chile se penalizó de jure con la promulgación del Código Penal. El artículo, redactado originalmente en 1875 versaba sobre las prácticas de sodomía y las tipificaba como delito. Se estipulaba para los culpables una pena de presidio menor en su grado medio, es decir, un rango entre los 541 días y los 3 años de presidio. Dicho artículo, en su redacción original, se mantuvo vigente por más de 120 años. En 1994, a fines del gobierno de Patricio Aylwin, comenzaron los primeros intentos por modificar dicha ley, pero solo en julio de 1999 se logró eliminar el carácter de delito de las relaciones homosexuales carnales entre adultos.
En Chile, la edad de consentimiento para los hombres homosexuales es de 18 años, mientras que para heterosexuales y lesbianas es de 14 años. El artículo 365 del Código Penal establece:
En 2011, el Tribunal Constitucional de Chile rechazó, en una dividida votación, un requerimiento de inaplicabilidad del artículo. Sin embargo, la sentencia esclareció que la norma no es aplicable a mujeres, por lo que la edad de consentimiento sexual para lesbianas es igual a las de los heterosexuales. En agosto de 2018, por 5 votos a favor y 5 votos en contra, el Tribunal Constitucional nuevamente rechazó declarar el artículo 365 como inconstitucional, validando por segunda vez en su historia que la edad consentimiento sexual para hombres gais sea de 18 años, mientras para heterosexuales y lesbianas es de 14 años.
En Chile, las personas transgénero son a menudo asociadas con la homosexualidad. A partir del siglo XXI, los derechos de esta comunidad han comenzado a ser reconocidos legalmente. Desde 2012, la Ley N° 20.609 reconoce expresamente la valoración y protección jurídica de la identidad de género, prohibiendo discriminaciones sobre tal base. A partir de diciembre de 2019, la Ley de identidad de género permite a las personas trans mayores de 14 años cambiar su nombre y sexo legal. Anterior a dicha ley, el cambio de nombre y sexo legal era posible, cuando los mismos no coincidan con la identidad de género autopercibida de la persona, mediante un proceso judicial. Según datos oficiales del Servicio de Registro Civil e Identificación, entre 2007 y 2016, 186 personas han cambiado su sexo registral, incluyendo a menores de edad.
La Ley 21.120 que Reconoce y da protección al derecho a la Identidad de género, presentada en 2013 y promulgada en 2018, establece un procedimiento legal que permite el cambio de nombre y sexo registral en documentos oficiales. Para solteros mayores de 18 años el cambio se solicita presentando una solicitud ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, sin ser requisitos acreditar terapia de sustitución hormonal o someterse a una cirugía de reasignación de sexo. Los menores de 18 y mayores de 14 años deberán efectuar el trámite ante tribunales de familia, ya sea a través de su representante legal o por sí mismos, si es que el juez acepta esta última modalidad. Para tales efectos, deben acompañarse antecedentes sobre el contexto psicosocial y familiar del adolescente y de sus parientes. Los menores de 14 años, si bien no podrán hacer el cambio de sexo registral mediante la ley, sí son reconocidos en su condición de trans. La Ley garantiza como principios básicos la no patologización, la no discriminación arbitraria, la confidencialidad, la dignidad en el trato, el interés superior del niño y la autonomía progresiva. Además, para que entre en vigencia, la ley establece la creación de dos reglamentos que comprenden programas de acompañamiento de transición de género para menores de edad, y otro sobre los requisitos y acreditación para el cambio de nombre y sexo registral. Por último, se agrega a la Ley Zamudio la expresión de género como categoría protegida de la discriminación.
Luego de cinco años de discusión, el 5 de septiembre de 2018, el Senado aprobó el proyecto de ley por 26 a votos a favor y 14 en contra. El 12 se septiembre la Cámara de Diputados hizo lo mismo con 95 a favor y 46 en contra. El 25 de octubre de 2018, el Tribunal Constitucional declara la constitucionalidad de la ley aprobada. El 28 de noviembre de 2018, el Presidente Sebastián Piñera firma y promulga la ley. El 10 de diciembre de 2018, la ley es publicada en el Diario Oficial. El 13 de agosto de 2019, se publica en el Diario Oficial el Reglamento que regula el procedimiento administrativo de rectificación de nombre y sexo ante el Registro Civil. El 29 de agosto de 2019, es publicado el Reglamento sobre acompañamiento a menores de edad. La ley entró en vigencia el 27 de diciembre de 2019, 120 días después de la publicación del último reglamento.
En 1974, Marcia Alejandra Torres se convirtió en la primera persona en Chile en cambiar legalmente su nombre y sexo registral en su certificado de nacimiento luego de someterse a una cirugía de reasignación de sexo. Previamente, en marzo de 1973, Marcia era la primera persona en el país en someterse a una operación para reasignar su sexo de masculino a femenino.
Hasta 2018 que fue promulgada la Ley de identidad de género, en Chile no existía una normativa específica que regulara el procedimiento, ni requisitos específicos, para lograr el cambio de sexo legal en los documentos. Se debía iniciar un proceso legal para cambiar el nombre y sexo registral ante un Tribunal Civil, haciendo uso del procedimiento de cambio de nombre contemplado en la Ley N.º 17.344. Para ello, se debían presentar testigos y adjuntar, de acuerdo a los requisitos de cada juez, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, y certificados que acrediten eventuales intervenciones quirúrgicas (histerectomía, mastectomía, implantes mamarios, cirugía de reasignación de sexo) o terapia de sustitución hormonal. El o la demandante era sometido a evaluaciones solicitadas por los Tribunales al Servicio Médico Legal. La resolución de la sentencia quedaba a criterio del Tribunal, que podía eventualmente aprobar solo el cambio de nombre, dejando el mismo sexo biológico asignado al nacer, o modificar ambos.
En mayo de 2007, el activista trans Andrés Rivera Duarte logró mediante sentencia judicial el cambio de su nombre y sexo registral. Anteriormente, en enero de 2007, una mujer transgénero había logrado modificar su nombre de acuerdo a su identidad de género. En ambos casos, por primera vez, no fue requisito necesario someterse a una cirugía de reasignación de sexo. Diversos fallos judiciales han permitido el cambio de nombre y sexo en los documentos, donde una cirugía de cambio de sexo no ha sido requisito para el juez.
En 2001, el Registro Civil emitió un instructivo que permite a las personas transexuales de todo el país sacar su cédula de identidad sin necesidad de modificar su apariencia. El año 2009, la Dirección Nacional de Gendarmería ordenó el término de la sanción disciplinaria contra reclusos transexuales que les impedía vestir de acuerdo a su identidad de género.
En 2011, el Ministerio de Salud (Minsal) emitió la Circular N.º 34 instruyendo a todos los centros asistenciales del país el uso del nombre social de las personas trans durante el trato y la atención, así como también en los registros de identificación, ficha clínica, exámenes, recetas y otros procedimientos, y considerar la hospitalización según la expresión de género de la persona. En 2012, la Circular N.º 21 reiteró las instrucciones de 2011 sobre la atención de las personas trans en la red asistencial.
En 2012, el Servicio Médico Legal emitió la Circular N° 1297 que instruye el cumplimiento de la "Guía Técnica Pericial de Sexología Forense para casos de personas trans e intersex". El documento tiene por objeto salvaguardar la integridad física y mental de las personas y garantizando la protección de la dignidad, ante las pericias que solicitan los tribunales civiles por cambio de nombre y sexo registral.
En 2013, se oficializó el financiamiento de los procesos médicos de readecuación corporal a personas transgénero, a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Las etapas en el sistema de salud para adecuar el cuerpo a la identidad de género son la asistencia psicológica, la adecuación corporal hormonal y la adecuación corporal quirúrgica. Anteriormente, en 2011, el Minsal emite el primer protocolo que regula a nivel nacional los procedimientos médicos paras las cirugías de reasignación corporal.
En abril de 2017, el Ministerio de Educación emitió la circular ministerial titulada "Derechos de las niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación", que establece que los establecimientos educacionales deben respetar los derechos de los estudiantes trans, y adoptar medidas de apoyo de acuerdo a su identidad de género, entre ellas, garantizar el uso del nombre social en todos los espacios educativos, el derecho a llevar uniformes, ropa deportiva o accesorios de acuerdo a su identidad de género, y facilitar instalaciones para el uso de baños y duchas según las necesidades específicas. El documento se dirige a los sostenedores y directores de establecimientos educacionales del país y señala que el incumplimiento de las medidas constituye una infracción sancionada conforme a la gravedad de la misma.
De acuerdo a cifras oficiales del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, entre 2006 y 2017, 269 niños han sido inscritos bajo la categoría de "sexo indefinido" al no poder inscribir al recién nacido en la categoría de hombre o mujer. El Registro Civil indica que los nacimientos indeterminados, corresponden a nacimiento que según comprobante de parto suscrito por profesional médico, el sexo del recién nacido es ambiguo. La legislación no establece plazo para determinar el sexo.
En diciembre de 2015, el Ministerio de Salud emitió la Circular N.º 18 de 2015 ordenando a los centros médicos detener toda intervención quirúrgica a niños y niñas intersexuales: “Se instruye a que se detengan los tratamientos innecesarios de “normalización” de niños y niñas intersex incluyendo cirugías de genitales irreversibles hasta que tengan edad suficiente para decidir sobre sus cuerpos”, indica la circular firmada. Sin embargo, en agosto de 2016 el Ministerio emite la Circular N.º 7 de 2016 complementando la anterior, pero volviendo a permitir cirugías. La Circular indica que la anterior recomendación que alude a no realizar cirugías genitales innecesarias, no se refiere a patologías en que existe un sexo claramente determinado, tanto genética y/o somáticamente como por ejemplo criptorquidia, hipospadias aisladas, malformaciones cloacales y extrofias.
El proyecto de Ley de Garantías y Derechos de la Niñez, establece que ningún niño, niña o adolescente podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de sus características sexuales. El texto fue aprobado por la Cámara de Diputados en mayo de 2017, y actualmente se encuentra en la Comisión de Salud del Senado.
En marzo de 2015, el Departamento de Extranjería lanzó una circular que permite a los matrimonios igualitarios y uniones civiles contraídos en el extranjero, optar a la residencia temporaria en Chile. La residencia temporaria habilita a vivir en el país y realizar cualquier actividad lícita, sin limitaciones especiales. Tras dos años se puede acceder además a la residencia definitiva.
En agosto de 2011, el presidente Sebastián Piñera presentó al Congreso el proyecto de ley sobre el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), siendo la primera propuesta oficial del Gobierno de Chile para otorgar reconocimiento legal a las uniones del mismo sexo.
El 28 de enero de 2015, el Congreso chileno aprobó el proyecto de ley que permite las uniones civiles de parejas del mismo sexo, conocido ahora como Acuerdo de Unión Civil (AUC). El proyecto fue aprobado por 25 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones en el Senado, y 78 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones en la Cámara de Diputados.
La nueva ley fue promulgada el 13 de abril de 2015 por la Presidenta Michelle Bachelet. "Hoy es un día en que avanzamos como sociedad, estamos dando un paso fundamental en este camino de derechos, de justicia, y de respeto a la libertad individual", sostuvo la jefa de Estado. La ley de Acuerdo de Unión civil entró en vigencia el 22 de octubre de ese mismo año.
El 28 de agosto de 2017, la presidenta Michelle Bachelet firmó el Proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario, cumpliendo una promesa de campaña y como parte del «Acuerdo de Solución Amistosa» que firmó el Estado de Chile con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en el marco de la demanda presentada frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El proyecto modifica la definición de matrimonio del artículo 102 del Código Civil, reemplazando la frase que lo determina como la unión «entre un hombre y una mujer», por «la unión entre dos personas». Además, la iniciativa contempla el derecho de adopción conjunta y filiación para parejas del mismo sexo, y la eliminación de la conducta homosexual como causal de divorcio por culpa.
En Chile, las personas interesadas en adoptar deben postular al proceso de adopción y ser aprobadas por el Servicio Nacional de Menores (Sename), la principal institución que se encarga de la adopción en el país y que posee el registro de niños y niñas declarados susceptibles de ser adoptados. La aprobación final es concedida por los Tribunales de Familia.
La Ley de Adopción, vigente desde 1999, establece que personas solteras pueden adoptar, independiente de la orientación sexual. El estado civil de «conviviente civil» no está contemplado en la actual ley. Las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero pueden postular al proceso de adopción de un menor como solteros, sin impedimento de tener una pareja del mismo sexo. Sin embargo, si el solicitante y su pareja son declarados idóneos para adoptar, legalmente solo uno de ellos será el padre o madre del menor.
Los programas de «Familias de Acogida Especializada» (FAE) que desarrolla el Sename y organismos colaboradores, incluyen a parejas del mismo sexo. Su objetivo es brindar un hogar temporal a niños gravemente vulnerados en sus derechos y que se encuentran separados de su medio familiar por Tribunales, mientras se restituye su derecho a vivir en una familia definitiva. También existe la posibilidad de que la familia de acogida pueda iniciar una adopción, en caso de que el menor no esté en proceso de ser parte de un nuevo hogar.
El 8 de mayo de 2019, la Cámara de Diputados aprobó por 104 votos a favor, 35 en contra y 4 abstenciones, el Proyecto de ley de "Reforma integral al sistema de adopción en Chile" que permite y garantiza la adopción conjunta y por integración por parte de parejas del mismo sexo, unidas de hecho o con unión civil y la adopción por parte de personas LGBTI solteras. Además, prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los procesos de adopción. El proyecto de ley sigue su tramitación en el Senado
Durante el gobierno de Ricardo Lagos, se aprobó en la Cámara de Diputados el "Proyecto de Acuerdo contra los Delitos por Homofobia e Identidad de Género". El texto constituye el primer pronunciamiento del Poder Legislativo sobre las minorías sexuales, y pide al gobierno, los tribunales y las policías actuar sin discriminación, y con la máxima rigurosidad, en los delitos que afecten a esta comunidad.
La Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, presentada en la Cámara de Diputados por el gobierno de Ricardo Lagos en marzo de 2005, incluye entre sus categorías protegidas a la orientación sexual y la identidad de género. La Ley de Identidad de Género, promulgada en noviembre de 2018, agrega a la expresión de género como categoría protegida de la discriminación.
En marzo de 2012, el gobierno encabezado por Sebastián Piñera puso urgencia a la tramitación del proyecto de ley luego de que el joven Daniel Zamudio fuera asesinado a causa de una brutal tortura. Finalmente, en mayo de 2012 la ley fue aprobada por el Congreso Nacional de Chile siendo promulgada a través del Diario Oficial de la República de Chile en julio de 2012.
El 30 de julio del mismo año, una pareja de lesbianas denunció que el Motel Marín 014 les había impedido el ingreso en razón de su orientación sexual, ante lo cual presentaron un recurso de protección, en el marco de una acción de no discriminación. El Tercer Juzgado Civil de Santiago acogió la denuncia presentada y falló a favor de la pareja, convirtiéndose en la primera condena en el marco de la denominada «Ley Zamudio», sentando un precedente para que a ninguna persona se le niegue un servicio o producto en razón de su orientación sexual o identidad de género. La sentencia dispone que el recinto deberá abstenerse de prohibir o restringir de cualquier modo el ingreso de parejas homosexuales a sus establecimientos, y asimismo, deberá pagar una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), cerca de 4.000 dólares.
La reforma laboral que modifica el Código del Trabajo, promulgada en septiembre de 2016, prohíbe explícitamente la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. La Ley 21.015 de Inclusión Laboral promulgada en mayo de 2017, que modifica la Ley sobre Estatuto Administrativo, prohíbe todo acto de discriminación arbitraria que se traduzca en exclusiones o restricciones, basadas en la orientación sexual y la identidad de género.
En 2004, el Ministerio de Trabajo y la Dirección del Trabajo al objeto de prevenir las exclusiones laborales por orientación sexual o identidad de género, emitió un dictamen donde reconoce expresamente que los principios de no discriminación garantizados en el Código del Trabajo y la Constitución son aplicables a las minorías sexuales. El 2014 el dictamen fue actualizado, de acuerdo a los efectos de la Ley Antidiscriminación.
En diciembre de 2015, el Juzgado de Letras del Trabajo condenó a la Municipalidad de Talca a pagar una alta suma de dinero por despedir a tres funcionarios debido a su orientación sexual. El fallo del tribunal obliga además al alcalde Juan Castro Prieto, y otros funcionarios, a capacitarse en "Derechos fundamentales dentro de la empresa y el sector público".
En 2009, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, se aprobó una nueva Ley General de Educación, que incluyó los principios de no discriminación y de respeto a la diversidad, además de prohibir que una institución educativa expulse a un alumno por ser homosexual. La Ley Sobre Violencia Escolar, promulgada en 2011, tiene un impacto positivo directo en el combate contra la homofobia y la transfobia en las aulas. En 2015, el Ministerio de Educación dio a conocer que la política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018, incluye a la diversidad sexual. Además, la incorporación del "Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia" en el Calendario Escolar 2016, donde se pide a los colegios desarrollar acciones educativas, artísticas, culturales o deportivas de conmemoración.
La Ley de Inclusión Escolar, que comenzó a regir en marzo de 2016, garantiza la no discriminación por orientación sexual e identidad género.
El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo emitió el 2009 un instructivo donde extendió en forma oficial el beneficio de subsidio habitacional para cónyuges a parejas constituidas por personas del mismo sexo, además de reconocer la condición de familia de este tipo de vínculos. Tras ello, todos los subsidios para parejas y familias dejaron de hacer distinciones por la orientación sexual o la identidad de género. En 2013, el mismo Ministerio confirmó que el subsidio para el arriendo beneficia a todas las familias y parejas jóvenes que viven de allegadas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Desde 2016 el nuevo Registro Social de Hogares, cuyo objetivo es proporcionar beneficios sociales, reconoce a parejas convivientes del mismo sexo.
En 2013, el Ministerio de Salud emitió un nuevo reglamento, la "Norma General Técnica que regula el procedimiento de atención a donantes de sangre", que termina definitiva y formalmente con las restricciones para que las personas puedan donar sangre en bancos públicos y privados en razón de su orientación sexual.
La Ley de Migración y Extranjería, promulgada el 11 de abril de 2021, prohíbe la discriminación arbitraria por razón de orientación sexual y la identidad de género. Además, ofrece protección a inmigrantes LBGT que soliciten asilo.
El Artículo 10 sobre "Protección complementaria" establece que "A los extranjeros solicitantes de refugio que no les fuere reconocida tal calidad, se les podrá otorgar protección complementaria". Ningún extranjero titular de protección complementaria podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de género.
En mayo de 2014 se promulgó la Ley 20.750 que permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre, modificando la ley que crea el Consejo Nacional de Televisión, cuya función principal es velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión. A los efectos de esta ley, se entiende por el correcto funcionamiento de estos servicios el respeto permanente, a través de su programación, al pluralismo, el cual se entenderá como el "respeto a la diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de género, de orientación sexual e identidad de género, siendo deber de los concesionarios y permisionarios de servicios de televisión, regulados por esta ley, la observancia de estos principios".
La Ley que Crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, promulgada el 2015, contempla un Plan Nacional de Derechos Humanos que, entre sus fines, busca prevenir la discriminación, con expresa mención a la Ley Antidiscriminación.
El artículo 17 de la Ley contra la discriminación, tipifica los delitos de odio modificando el Código Penal, agregando una nueva agravante de responsabilidad criminal. El artículo 12 del Código Penal, establece en su numeral 21 lo siguiente:
La Ley que tipifica el delito de tortura, aprobada en octubre de 2016, introduce modificaciones en el Código Penal. Se sustituye el artículo 150-A, estableciendo:
La Ley 21.212 conocida como "Ley Gabriela", promulgada en marzo de 2020, modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres. La norma considera que el asesinato de una mujer por razones de género existe cuando la muerte se produzca en la circunstancia de haberse realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima.
Desde 2012 en el Ejército de Chile, el entonces comandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, informó la derogación de todas las reglas y normas internas que impedían el ingreso de personas LGBT a sus filas. También pidió sus “más sinceras disculpas” por las homófobas normas y se convirtió en el primer máximo representante del Ejército en reunirse con el movimiento LGBTI, hecho inédito en América. La cita con El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), tuvo lugar tras conocerse dos instructivos, uno del Ejército y otro de las Fuerzas Armadas de Chile, que impedían el ingreso de homosexuales a sus filas. Fuente-Alba reiteró que dichos instructivos ya han sido eliminados.
En 2014, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Defensa, creó el Comité por la Diversidad y la no Discriminación que tendrá como meta avanzar en medidas concretas para erradicar las exclusiones arbitrarias de las Fuerzas Armadas. La instancia, que está conformada por representantes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
El mismo año, el marino Mauricio Ruiz se convirtió en el primer uniformado de las Fuerzas Armadas en asumir públicamente su orientación sexual con el apoyo de la Armada de Chile.
En 2015 las transformaciones continuaron profundizándose. Al inicio de año el comandante en Jefe, Humberto Oviedo, marcó la pauta en su primer reporte de gestión institucional, donde hizo referencia a la realidad de variados sectores discriminados, como las mujeres, los pueblos originarios, las personas con capacidades diferentes y la diversidad sexual. “En temas de diversidad sexual, no podemos desconocer que ha habido hechos que, tras la promulgación de la ley antidiscriminación, nos impulsaron a revisar nuestra reglamentación y nuestras disposiciones, pero la política institucional es clara: todos los que quieran servir a Chile a través del Ejército lo pueden hacer”, enfatizó Oviedo.
Consciente de que la temática antidiscriminatoria requiere de una regulación más específica, y por cierto de un cambio cultural al interior del Ejército, Oviedo emitió el 29 de mayo de 2015 una Orden de Comando para ampliar y complementar el documento que el 10 de septiembre del 2012 había derogado todas las normas contrarias a la Ley Antidiscriminación. Ahí se estableció, enfáticamente, que el “Ejército de Chile, como institución que se debe y pertenece a todos los chilenos sin excepción, no discrimina arbitrariamente en razón de raza o etnia, situación socioeconómica, religión o creencia, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, filiación, apariencia personal o cualquier otra razón”. A la par sostuvo que las conductas discriminatorias de sus funcionarios se encuentran “expresa y definitivamente prohibidas”. Si alguien infringe dicho principio, incurrirá “en gravísima falta, independiente del grado condición jerárquica, categoría y/o modalidad contractual”, señala la Orden de Comando.
En abril de 2016, un suboficial de Carabineros fue el primer uniformado chileno en contraer una unión civil con su pareja del mismo sexo.
En 2020, el Ejército de Chile incorporó oficialmente por primera vez en sus filas a un hombre transgénero, el joven Benjamín Barrera Silva.
La homosexualidad, caracterizada históricamente como un tema tabú dentro de la sociedad chilena, ha vivido desde finales del siglo XX hasta la actualidad una sistemática aceptación, manifestando la opinión pública una tolerancia y apoyo cada vez mayor al reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y de género.
Según un estudio efectuado por la Fundación Ideas en 1997, el 70,6 % de los chilenos declaraba que «los médicos deberían investigar más las causas de la homosexualidad para evitar que sigan naciendo gais». Asimismo, el 45,2 % consideraba que la homosexualidad debiera estar prohibida por ser antinatural. Tres años después, el mismo estudio demuestra un aumento sostenido de la tolerancia de la opinión pública. El 57,3 % de los chilenos pensaba que los médicos deberían investigar más la homosexualidad mientras que el 31,6 % quería que la homosexualidad volviera a ser prohibida.
En 2004, un estudio de Fundación Chile 21 denominado "Opción Sexual y Discriminación" aplicado en diez ciudades del país, reveló una caída en la intolerancia hacia homosexuales. Según la investigación, el 94 % reconoció que los gais y lesbianas “son discriminados en el país”, mientras el 84 % estimó que la homofobia es injustificada por cuanto "todos somos iguales, con los mismos derechos", "es una opción de vida que hay que respetar", o "porque los homosexuales también son ciudadanos". Solo el 15 %, en tanto, estimó que la homofobia se justifica ya sea porque las minorías sexuales "no son un buen ejemplo para los jóvenes", "son personas enfermas" o "son inmorales y causan desconfianza". Un claro índice de disminución de los prejuicios se apreció en el hecho que el 85 % de los encuestados sostuvo que la pedofilia no tiene relación con las minorías sexuales, pues tal delito "lo pueden cometer por igual personas homosexuales y heterosexuales". Además, el 72 % votaría por un candidato gay o lesbiana si comparte sus puntos de vista.
De acuerdo a una investigación del Centro de Investigaciones Pew de 2013, en Chile el 68 % estuvo de acuerdo con la opción «La homosexualidad debe ser aceptada por la sociedad». Las mujeres se mostraron más favorables a esta afirmación que los hombres, con el 74 % y el 62 % respectivamente. Chile se ubicó en el 11.º lugar de 39 países encuestados alrededor del mundo, como uno de los más tolerantes hacia la homosexualidad.
En 2016, un estudio mundial de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA) que incluyó a Chile, reveló que ante la pregunta «¿Conoce usted personalmente a alguien que se siente atraído por personas del mismo sexo o que se identifica como gai, lesbiana o bisexual?», el 64 % de los encuestados respondieron "Sí", el 25 % dijo "No", y el 11 % declaró no saber. Además, el 38 % de los chilenos declaró conocer personalmente a alguien que se identifica como transgénero, mientras que el 47 % reconoció no conocer a alguien que se identifique con el sexo opuesto. El estudio demuestra, ante una serie de interrogantes, una percepción positiva y un mayoritario apoyo hacia las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.
Respecto a la unión civil, aunque históricamente han existido menos estudios al respecto, la ciudadanía se ha mostrado consistentemente a favor de estas. Según la encuesta de Cadem realizada en noviembre de 2014, el 65 % de los chilenos se muestran a favor del Acuerdo de unión civil aprobado en enero del año siguiente. Mientras que el derecho de las parejas homosexuales a adoptar un niño recibe el 44 % de apoyo y el 51 % de rechazo.
Con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, encuestas recientes muestran que la mayoría de la población está a favor. En 2004 solo el 24 % se mostraba a favor del matrimonio homosexual, pero en 2009 este apoyo creció al 33,2 % sumado al 26,5 % de apoyo a la adopción por parte de parejas homosexuales. La encuesta LAPOP 2010 para Chile mostró un apoyo del 38 % de los encuestados. El apoyo era más fuerte entre las mujeres, donde llega al 42 %, mientras en los hombres es del 34 %. También existían notorias diferencias comparando por niveles socioeconómicos (53 % en clase alta y 33 % en clase baja) y por nivel de escolaridad (48 % para egresados de educación superior, mientras 26 % en los que solo obtuvieron educación primaria). En Santiago, el apoyo sería superior al promedio nacional, llegando al 41 % de apoyo en 2011.
El apoyo entre la población más joven es mayor: de acuerdo con el Instituto Nacional de la Juventud, en 2009 el 56 % de los jóvenes entre 15 y 29 años apoyaba el matrimonio homosexual y el 51,3 % la adopción por parte de parejas homosexuales. Cinco años después, en un estudio realizado hacia el mismo grupo etario que abarcó diferentes aspectos sobre la diversidad sexual y su relación con la juventud, el 70 % de los jóvenes se mostraba de acuerdo con permitir el matrimonio igualitario, mientras que el 29% se manifestaba en desacuerdo. El apoyo es mayor entre las mujeres (75 %) que entre los hombres (65 %), en la gente de clase alta (75 %), versus los jóvenes de clase media (73 %) y de clase baja (64 %), entre quienes viven en Santiago (72 %), que entre la gente del resto del país (68 %) y entre quienes son poco o nada religiosos (77 %) versus quienes son algo (73 %), mucho y bastante religiosos (50 %). Respecto a la unión civil (llamada Acuerdo de vida en pareja en el momento de la encuesta) el 79 % se mostró de acuerdo mientras el 19 % dijo estar en desacuerdo con la iniciativa.
La encuesta que hasta el momento ha demostrado un mayor apoyo hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo fue realizada por Cadem en enero de 2017 y muestra que el 64 % de los chilenos está a favor, mientras que el 32 % se manifiesta en contra. El apoyo es mayor entre quienes declaran no tener religión (71 %) y entre los católicos (66 %), mientras que es más bajo entre los evangélicos (41 %). Al mismo tiempo, quienes se identifican con la centro-izquierda (72 %) y el centro (71 %) muestran mayor adherencia a aprobar el matrimonio igualitario que quienes se identifican como independientes (64 %) y como de centro-derecha (55 %)
La homosexualidad en el cine chileno es una temática que se ha retratado en pocas ocasiones y de una manera más explícita a partir del siglo XXI. El primer personaje homosexual en una película chilena, fue interpretado por el actor Luis Alarcón en Caluga o menta (1990).
Dentro de las películas que abordan en un sentido amplio la temática LGBT se incluyen: Muñeca (2008), Lokas (2009), Des/Esperando (2010), Drama (2010), Gatos viejos (2010), Mapa para conversar (2011), Otra película de amor (2011), Joven y alocada (2012), Mi último round (2012), La visita (2014), En la gama de los grises (2015), Locas perdidas (2015), Nasty Baby (2015), cinta chileno-estadounidense; Días contados (2016), Jesús (2016), Nunca vas a estar solo (2016), Rara (2016), Hazlo como hombre (2017), Una mujer fantástica (2017), Cola de mono (2018), Marilyn (2018), El príncipe (2019), Los fuertes (2019) y Tengo miedo torero (2020).
Los cortometrajes LGBT incluyen: El regalo (2002), Blokes (2010), La santa (2012), Iglú (2013), Solsticio de primavera para un primer amor (2013), Plutón (2014), San Cristóbal (2015) y Aguas abajo (2015).
Desde 2008 se celebra anualmente en Santiago el «Festival Internacional de Cine LGBTI (Cine Movilh)», siendo la más amplia muestra de cintas nacionales y extranjeras, con temáticas de la diversidad sexual en el país. Tras finalizar el Festival, las cintas recorren diversas ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, La Serena, Chillán y Puerto Montt, con proyecciones que son organizadas por diversos grupos de la Federación Chilena de la Diversidad Sexual (Fedisech). Desde 2016 se realiza el Festival Internacional de Cine LGBT AMOR, de carácter independiente, que se divide en la competencia internacional y una muestra de producciones chilenas.
Como parte del proceso de apertura experimentado por la televisión chilena a partir de los años 2000 en términos de visibilidad de la homosexualidad en series y telenovelas, sumado a la aparición de personajes abiertamente gay en otro tipo de programas, al ser uno de los medios de comunicación más difundidos e influyentes en todo el país, es en 2015 cuando se transmite por primera vez programación de producción nacional en la señal abierta con contenido exclusivo LGBT: Happy Together, un docureality de TVN sobre el proceso de formar una familia homoparental por parte de una pareja viviendo en Chile y The Switch Drag Race, un programa de talentos y reality show de Mega acerca del arte del transformismo.
En octubre de 2016, se constituye la primera Cámara de Comercio y Turismo LGBT y Diversidad de Chile (Cclgbt), apoyada por las Subsecretarías de Economía y de Turismo, cuyo objetivo principal es impulsar y vigilar las políticas en materia laboral y comercial que favorezcan los intereses de la comunidad LGBT.
A pesar de que Chile no cuenta con un destino turístico reconocido popularmente en donde se concentre una alta afluencia de público gay, es en Santiago, la capital y área metropolitana más poblada del país, donde se ha desarrollado, de manera paulatina y en menor medida en comparación a las otras capitales del Cono Sur (Buenos Aires y Montevideo), una cultura LGBT urbana que se debe a una mayor aceptación social de la homosexualidad, reflejada con la aparición de una oferta orientada específicamente hacia el turismo homosexual, como lo son exposiciones artísticas con temática o interés LGBT, bares gay, discotecas, hoteles, cafés, restaurantes, saunas, etc. Pese a que no existe un barrio gay propiamente tal, los barrios Bellavista y Lastarria son considerados como «zona rosa», debido a la considerable concurrencia de personas LGBT al ser un sector con diversos puntos de interés cultural y entretenimiento bohemio de la ciudad. De acuerdo a estadísticas, los turistas homosexuales gastan hasta ocho veces más que uno promedio en el país, siendo sus principales destinos turísticos de interés general las Torres del Paine, las rutas del vino chileno, San Pedro de Atacama, Valparaíso e Isla de Pascua. Adicionalmente, en 2019 fue inaugurado en Pucón el primer hotel boutique gay del país, mientras que al año siguiente, se abrió el primer camping LGBT de Chile en la misma localidad.
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