Operativo Independencia nació en Argentina.
El Operativo Independencia se refiere a la actuación ordenada por el Decreto N.º 261/75 del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, al Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina, para «neutralizar y/o aniquilar» el accionar de lo que se definía como «elementos subversivos» en la Provincia de Tucumán. El operativo de contrainsurgencia incluyó combates y actos represivos contra las organizaciones guerrilleras Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) –que buscaba instalar un «foco revolucionario» en el monte tucumano– y Montoneros, partidos políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles y religiosas, y activistas populares en general. En su transcurso, las Fuerzas Armadas instalaron en la provincia un régimen de estado de sitio durante el cual se produjo una serie de combates sangrientos que finalizaron dando hoy a ser reconocidos como actos genocidio, incluyendo gran cantidad de desapariciones forzadas y el establecimiento de centros clandestinos de detención.
El Operativo Independencia estuvo inicialmente al mando del general Acdel Vilas y luego del general Antonio Domingo Bussi. Vilas afirmó que la «guerra» que se desarrollaba era «eminentemente cultural» ya que la guerrilla en el monte era «solo la manifestación armada del proceso subversivo y no la más importante».
Varias décadas después, la justicia argentina comenzó a investigar los delitos cometidos durante el Operativo Independencia y a procesar a los responsables en los crímenes de lesa humanidad. En 2013 se dictó la primera condena por delitos cometidos durante el Operativo Independencia contra el general Luciano Benjamín Menéndez.
A partir del éxito de la Revolución cubana en 1959, algunos grupos revolucionarios eligieron al noroeste argentino para iniciar guerras de guerrillas basadas en la teoría del foquismo. El primer intento fue dado por los Uturuncos en 1959 en los límites de Catamarca y Santiago del Estero.
Nueve años antes de la Operación Independencia, en 1964, la Gendarmería Nacional Argentina eliminó al Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) en Orán. Tras el hecho, los militares argentinos apreciaron a la zona noroeste como una entrada del comunismo internacional. La Gendarmería instaló una unidad en el ingenio Ledesma para controlar el movimiento fronterizo y migratorio en los ingenios de Salta y Jujuy.
Liderado por Mario Roberto Santucho, el PRT-ERP impulsó un foco guerrillero en Tucumán a principios de la década de 1970.
Su primera acción armada en la provincia y ampliamente reportada en el país, tuvo lugar el 6 de septiembre de 1971: un pelotón liberó a doce presos de la cárcel de Villa Urquiza, mató a cinco guardias de la prisión e hirió gravemente a dos policías. Previo a esto, los montoneros que operaban en la provincia habían asesinado el 20 de octubre de 1970 a un agente de policía. Durante los siguientes tres años siguieron las acciones de ambas organizaciones para fortalecer la incipiente guerrilla, durante las cuales mataron a otros ocho miembros de las fuerzas de seguridad en la provincia.
El 30 de mayo, la Compañía «Ramón Rosa Jiménez» hizo su presentación como estructura en Acheral, simbólicamente copando la ciudad. Tomaron la comisaría —en la que solo había tres policías— y la estación ferroviaria, bloquearon el acceso de la ruta 38. En un par de horas, realizaron pintadas, arengaron contra la policía en un bar y robaron dos camionetas.
Hacia fines de ese año, la Compañía «Ramón Rosa Jiménez» estaba formada por noventa hombres y diez mujeres, organizados en cuatro pelotones. Gran parte del ERP fue entrenada en Cuba. El jefe guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, confirmó la presencia de argentinos en campos de entrenamiento militar en Cuba, diciendo: «Quedó entonces formalizada la relación (…) del PRT con el Partido Comunista de Cuba. Acordamos los viajes posteriores de nuevos compañeros para realizar distintos cursos, tanto militares como políticos».
Según Paul H. Lewis, hacia fines de 1974, el ERP tenía unos dos mil quinientos simpatizantes esparcidos por toda la provincia y había en 1975 unos 400 hombres que apoyaban directamente a los guerrilleros. En 1975, Montoneros destacó unos treinta observadores al frente rural del ERP en esa provincia y formó una Unidad Básica de Combate Logística (UBCL) con la que apoyó a la Compañía de Monte «Ramón Rosa Jiménez» ese año. Para septiembre, la Policía Federal, la Guardia de Infantería y la Policía Montada realizaban incursiones en los montes, bajo cobertura aérea de helicópteros del Ejército. Si bien no se produjo ningún enfrentamiento armado, unas treinta y siete personas fueron detenidas.
El 5 de enero de 1975, un avión de transporte militar DHC-6 Twin Otter matriculado AE-259 que efectuaba tareas de reconocimiento se estrelló en la ladera del Cerro Ñuñorco Chico, cerca de Tafí del Valle, producto de un ataque sufrido por un grupo subversivo del momento. Las trece personas a bordo murieron carbonizadas durante el posterior incendio, incluyendo los oficiales que iban a estar a cargo del operativo: los comandantes del III Cuerpo de Ejército y de la V Brigada de Infantería, generales Enrique Eugenio Salgado y Ricardo A. Muñoz respectivamente, además de miembros del Estado Mayor de Salgado. Como consecuencia de este hecho fue designado el general Acdel Vilas —un militar con buena llegada a López Rega y al sindicalismo peronista— al frente de la V Brigada.
Un mes después, la presidenta María Estela Martínez de Perón firmó el decreto que ordenaba al Ejército conducir el plan de ataque contra la guerrilla en Tucumán. El despliegue de mil quinientos soldados se inició a las 06:00 del 9 de febrero y se completó esa misma tarde, estableciendo el Comando Táctico de Vilas en la comisaría de la ciudad de Famaillá, a treinta y cinco kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán y a diez de los cerros donde se concentraba la guerrilla. El grueso de los efectivos se instalaron en los poblados a lo largo de la ruta 38 para cortar los lazos de la guerrilla con la población civil y evitar el abastecimiento. De esta manera se extendió el teatro de operaciones a la población civil, buscando desarticular el movimiento social tucumano. Se creó el primer centro clandestino de detención en una escuela de Famaillá, por donde se calcula pasaron un total de mil quinientos detenidos.
El primer enfrentamiento fue el Combate de Río Pueblo Viejo, el día 14: en una emboscada tendida por el ERP, cayó muerto un teniente primero, siendo heridos otros tres militares; perecieron también dos guerrilleros. El 24 de febrero, una avioneta Piper PA-18 del Ejército, que apoyaba operaciones de control en un sector selvático cercano al pueblo de Ingenio Santa Lucia, cayó a tierra, causando la muerte de los dos militares que lo tripulaban. Sus restos no serían encontrados hasta agosto de 1977. El 28 de febrero, un suboficial murió al inspeccionar un coche bomba en Famaillá.
Durante el mes de marzo se percibió cierto pesimismo en el alto mando del Ejército, debido a la falta de resultados concretos. Mientras tanto, a través de una publicación editada en París, el ERP afirmó que era un éxito haber logrado aferrar a una brigada entera del Ejército de cuatro mil hombres con solo trescientos guerrilleros.
En abril de 1975, el Ejército capturó a un número de guerrilleros. Por su parte, el portavoz del ERP, en una conferencia de prensa realizada en Lisboa, informó sobre la creación de un «Comando Conjunto Operacional» junto con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) de Uruguay y el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia.
En mayo, mientras el Ejército lograba capturar a varios miembros del ERP en la zona de operaciones, Isabel Martínez de Perón, como presidente, visitó la provincia de Tucumán acompañada por el ministro de Bienestar Social, José López Rega. La presidenta reemplazó como comandante general del Ejército al teniente general Leandro Enrique Anaya con el general de división Alberto Numa Laplane, quien fue ascendido a teniente general. El 11 de ese mes, un subteniente murió durante una emboscada en un control en la Ruta 301.
El 28 de mayo se libró el llamado combate de Manchalá, en el que 117 miembros del ERP, bajo órdenes del Hugo Irurzún, capitán Santiago, fueron derrotados por 23 efectivos del ejército mientras se dirigían a atacar el puesto de comando en la ciudad de Famaillá. Luego de intercambiar disparos por más cuatro horas,dos guerrilleros murieron y tres resultaron heridos. El ejército, por su parte, tuvo cinco heridos. Los guerrilleros se retiraron dejando atrás vehículos, armamento y documentos. Consecuentemente, el Ejército pasó a tener la iniciativa en la contienda: hacia julio, las compañías de comandos llevaban a cabo misiones de búsqueda y destrucción en los montes.
El 2 de agosto, un teniente y cuatro conscriptos fueron heridos en un enfrentamiento. El 5 de agosto, un teniente murió mientras intentaba desactivar una trampa cazabobos. El día 7, murió en otro combate un teniente, y en otra misión de patrulla murió un cabo primero. El 12 de ese mes, la Compañía A del Regimiento de Infantería de Monte 28 entró en acción contra un pelotón del ERP, al que derrotó cerca del pueblo de Los Dulces. El 16 de agosto, murió un cabo primero en un enfrentamiento en la localidad Las Mesadas, acción en la que los guerrilleros tuvieron seis bajas.
El 28 de agosto, en lo que fue la Operación Gardel en apoyo al ERP, Montoneros colocó una bomba de aproximadamente 150 kg en la pista del Aeropuerto Teniente Benjamín Matienzo, que detonó cuando un C-130 (matrícula TC-62) despegaba, transportando 114 miembros de fuerzas especiales de la Gendarmería Nacional, con un resultado de seis soldados muertos y 29 heridos.
El 3 de septiembre, una emboscada en Potrero Negro por parte de la guerrilla se saldó con dos soldados muertos y tres heridos, y el 10 de septiembre, un policía fue muerto en un enfrentamiento con el ERP. Al día siguiente, el grupo paramilitar «Comando José Rucci» asesinó a un militante montonero.
Durante los días 8 y 9 de octubre tuvieron lugar dos enfrentamientos con la Compañía de Monte del ERP en la zona de El Quincho y Santa Elena, durante los cuales fueron muertos el comandante guerrillero, Juan Carlos Molina (Comandante Pablo), y su segundo, Manuel Negrín. El ejército sufrió 5 muertos y 6 heridos graves.
El 10 de octubre, en Acheral, un UH-1H del Ejército fue alcanzado por fuego hostil mientras realizaba un vuelo de reconocimiento, siendo muerto su ametrallador y dañado su sistema eléctrico. Sin embargo, el aparato logró aterrizar, tras lo cual se desató un feroz combate en tierra, en el que murieron doce combatientes del ERP. En una misión de patrullaje, el 17 de octubre, en proximidades de Los Sosas, un pelotón fue emboscado por los guerrilleros, dejando un saldo de cuatro soldados muertos y dos heridos. El 24 de octubre, en el arroyo Fronteritas, se produjo un enfrentamiento nocturno entre una patrulla del Ejército y militantes del ERP, donde murieron tres militares. A fines de ese mes, siete guerrilleros fueron abatidos en otra escaramuza.
A pesar de las derrotas sufridas, el ERP continuaba siendo una formación efectiva y en noviembre la Fuerza Aérea entró en acción por primera vez en respaldo del Ejército: cuatro aviones A-4B Skyhawk de la V Brigada Aérea atacaron al asentamiento con bombas de fragmentación y cañones de calibre 20 mm. Durante la siguiente semana tuvieron lugar otros dos enfrentamientos, que dejaron tres muertos más en el Ejército. Ese mismo mes y a requerimiento de Vilas, elementos del Regimiento de Infantería 4 llegaron a la zona. Establecida en Monteros, la Compañía B llevó a cabo patrullas de combate y de seguridad con sus pelotones en Lules, Concepción y Famaillá, y sería relevada a principios de febrero de 1976 por la Compañía A.
Para diciembre, el teatro de operaciones tucumano del ERP había quedado reducido a algunos pelotones, ya que las compañías de comandos del Ejército les estaban presionando fuertemente. El Operativo Independencia comenzaba a tener éxito: según Paul H. Lewis, entre febrero y diciembre de 1975, murieron 163 miembros de la guerrilla rural y 53 de las fuerzas de seguridad en Tucumán.
El 18 de diciembre de 1975, Vilas fue relevado y tomó el mando Antonio Domingo Bussi -en ese momento con el grado de general de brigada y luego destituido del mismo al ser condenado como autor de crímenes de lesa humanidad. Poco después, este le decía a Vilas por teléfono: «Vilas, usted no me ha dejado nada por hacer». Durante el gobierno de facto del general Bussi, entre marzo de 1976 y diciembre de 1977, se perpetraron 371 desapariciones forzadas, y luego llegaría a afirmar que las Fuerzas Armadas argentinas llevaron a cabo en Tucumán una verdadera «epopeya contra la agresión marxista-leninista que acosaba al país». Según el profesor de antropología Antonius Robben, la violencia armada en Tucumán provocó la muerte de 164 combatientes durante el tiempo en que la 5.ª Brigada actuó en esa provincia entre 1975 y 1977; 84 pertenecían a las fuerzas armadas o de seguridad y 80 eran guerrilleros.
Bussi trasladó el centro clandestino de detención que su predecesor había instalado en Famaillá al Ingenio Nueva Baviera y ordenó la descentralización de las torturas, multiplicando y profesionalizando los grupos de tortura existentes. El informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las violaciones de los Derechos Humanos en la Provincia de Tucumán calificó la gestión de Bussi como un vasto aparato represivo, que orienta su verdadero accionar a arrasar con las dirigencias sindicales, políticas y estudiantiles, que eran totalmente ajenas al accionar de la guerrilla; se emplearon explosivos para atacar la Universidad Nacional de Tucumán, la Legislatura provincial, las sedes de la Unión Cívica Radical, del Partido Comunista, del Partido Socialista y el Colegio de Abogados, varios de cuyos alumnos fueron asesinados. Médicos, sindicalistas y políticos fueron también objeto de secuestro, prisión ilegal, vejaciones y tortura.
El 29 de diciembre de 1975, Bussi había lanzado la Operación La Madrid I contra el ERP. Las unidades de la Brigada de Infantería V se internaron en sus campamentos en el monte por primera vez y se multiplicaron las patrullas de rastrillaje en la selva. Envió también a sus tropas a San Miguel de Tucumán, haciendo desaparecer en los primeros meses de 1976 a 194 militantes montoneros y simpatizantes de la guerrilla.
En la primera semana de enero de 1976, las tropas del ejército descubrieron siete campamentos del ERP, algunos con capacidad hasta para albergar a cuarenta guerrilleros. Entre los días 19 y 25 de enero de 1976, se llevó a cabo la Operación La Madrid II. Esta consistió en un rastrillaje de todos los cursos de agua, desde la zona montañosa hasta el río Salí. Como los guerrilleros los utilizaban para orientarse en los movimientos, se buscaba emboscarlos a lo largo de los mismos y sobre sus márgenes. Dos días después, se dio inicio a la Operación La Madrid III, que duró hasta el 25 de febrero.
Para este momento, existían catorce centros clandestinos de detención, y las operaciones de rastrillaje indicaban un cambio de táctica del Ejército, ahora subían al monte a perseguir al ya debilitado ERP. Con el fin de aliviar la presión que Bussi ejercía sobre Santucho, Montoneros abrió un nuevo frente, destacando a El Cadillal una unidad denominada Fuerza de Monte del Ejército Montonero. El 13 de febrero, 65 miembros de la misma emboscaron a una patrulla del Regimiento de Infantería Aerotransportada 14, siendo muertos dos militares y diez guerrilleros, entre ellos Juan Carlos Alsogaray, jefe de la unidad e hijo del que fuera comandante en jefe del Ejército Argentino entre 1966 y 1968, General Julio Alsogaray.
Una vez consumado el golpe de Estado, el nuevo comandante de la Compañía Ramón Rosa Jiménez, Lionel MacDonald, recibió la orden de permanecer en el monte sin presentar combate. El 30 de marzo, un sargento de policía fue abatido mientras realizaba un patrullaje en el centro de la capital de Tucumán.
El 10 de abril, los guerrilleros abatieron a un conscripto en una emboscada y a un policía que cumplía funciones de guardia en un hospital de la capital tucumana. El 20 de abril, un cabo de la policía fue muerto en un tiroteo con Montoneros. El 26 de abril, en otro hecho que se atribuyó a Montoneros, tres autos interceptaron al del inspector general de la Policía provincial, Juan Sirnio, que fue acribillado por los ocupantes de estos.
El 5 de mayo, un UH-1H del Ejército que brindaba apoyo aéreo a una fracción terrestre se estrelló a orillas del río Caspichango, unos 4 km al norte de Santa Lucía. El aparato impactó contra el follaje del monte mientras volaba a baja altura. Murieron cinco de sus siete tripulantes. Dos días después, en un enfrentamiento contra guerrilleros, perdió la vida un cabo primero.
Entre los días 9 y 17 de mayo, cuatro conscriptos fueron asesinados en hechos fraguados por elementos de inteligencia militar y las muertes atribuidas a la guerrilla.
El 28 de julio, tres combatientes de Montoneros y un policía murieron durante un enfrentamiento en la capital.
Tras varios días de persecución, Lionel MacDonald fue abatido por el Ejército el 19 de octubre, cerca del paraje El Soloco.
El 20 de abril de 1977, el Comando en Jefe del Ejército emitió la Directiva 507 (Continuación de las ofensiva contra la subversión durante el período 1977/1978). A continuación se reproduce el punto 5:
Las Fuerzas Armadas se desplegaron en el territorio de la más pequeña de las provincias argentinas para aplicar, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, la metodología de la llamada guerra contrarrevolucionaria, que habían aprendido de los franceses primero y de los estadounidenses después. Sus ejes supuestos fueron la localización de los campamentos de adiestramiento de los guerrilleros y su captura, o bien abatirlos en combate. La superioridad logística y operativa del ejército, logró diezmar en menos de un año a los combatientes del ERP.
El general de brigada Acdel Edgardo Vilas, primer jefe militar de la contienda, fue comandante de la V Brigada de Infantería —con asiento en Tucumán— y precedió del general de brigada Antonio Domingo Bussi en la continuidad de la represión a la guerrilla rural. Vilas estaba convencido de que la clave no era subir con sus tropas a los cerros para desgastarlos en combate con los guerrilleros, sino que la mejor forma de combatir a los guerrilleros era buscar a sus simpatizantes dentro la población tucumana. Asimismo, afirmaba los detenidos no debían pasar por los Tribunales.
Luis Mattini, integrante del ERP, luego recordaría las discusiones que mantenía con Santucho:
Se puede resumir el modus operandi de las fuerzas represivas de la siguiente manera:
Los militares intentaron justificar su accionar represivo basándose en los decretos de aniquilamiento autorizados por el entonces presidente interino Ítalo Argentino Luder (María Estela Martínez de Perón se encontraba de licencia), disponiendo que «el comando general del Ejército procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán.» (decreto del Poder Ejecutivo Nacional 261/1975). Lúder, presidente provisional de la Cámara de Senadores, hizo extensivo el operativo a todo el país durante su breve interludio al frente del PEN —merced a una licencia por razones de salud de la presidente—, mediante los Decretos de aniquilamiento 2770/1975, 2771/1975, y 2772
El exconscripto Domingo Jerez aseguró frente al juez Carlos Jiménez Montilla, el 24 de febrero de 2010, que fue testigo de cómo el general Bussi mató a garrotazos a dos hombres en el campo de concentración ubicado en Timbó Viejo. «Vi cuando pusieron un fusil en la vagina de una mujer embarazada», relató entre varios hechos aberrantes de esa época. Asimismo, también declaró que las muertes de varios soldados habían sido ordenadas por sus propios superiores, especialmente el aparato de inteligencia militar, y luego atribuidas al combate.
Entre 1974 y 1979, 656 personas fueron desaparecidas en Tucumán. De acuerdo al Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones a los Derechos Humanos de Tucumán «la estadística indica que el mayor porcentaje (75 %) de personas secuestradas y desaparecidas desde el Operativo Independencia correspondió a obreros de fábrica y surco de la industria azucarera, peones rurales y obreros de la construcción». Osvaldo Humberto Pérez, sobreviviente del campo de concentración Arsenal Miguel de Azcuénaga —de Tucumán—, declaró que allí en un año fusilaron «entre ochocientas y mil personas». En ese sitio operaba el capellán Jose Mihalchyk, que fue sobreseído de la acusación penal que se le formuló.
Un informe de 2015 de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estima que de las 296 víctimas judicializadas en la causa del Operativo Independencia, alrededor del 42 % fueron trabajadores de la provincia y sus familiares directos, el 15 % fueron dirigentes sindicales y gremiales, el 8 & fueron comerciantes y personas de oficio, otro 8 % fueron empleados públicos, el 5 % fueron profesionales independientes, el 4 % eran estudiantes universitarios, el 2 % fueron militantes políticos de izquierdas y un 7 % acreditaba un vínculo con el PRT-ERP o Montoneros.
Una de las personas que figuran en la lista de desaparecidos en Tucumán es Diana Irene Oesterheld, hija del escritor y guionista Héctor Oesterheld (1919–1978), quien estaba embarazada de seis meses en el momento de su desaparición. Ante los jueces del Tribunal Oral Federal, el testigo Julio César Marini reveló que vio un mes después del secuestro al jefe de la división de la policía provincial, el comisario Roberto «El Tuerto» Albornoz usurpando la casa en la que vivían Diana Oestherheld y su esposo Raúl Araldi, quienes desaparecieron durante la ocupación militar de la provincia de Tucumán. Ambos eran militantes montoneros y desaparecieron el 7 de agosto de 1976: Raúl fue asesinado en 1977 y Diana fue asesinada en Campo de Mayo (Buenos Aires). El padre de Diana, Héctor Oesterheld, fue secuestrado en 1977 y asesinado en 1978.
En diciembre de 2009, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de dos personas desaparecidas en la provincia de Tucumán en 1976. Estos desaparecidos fueron identificados como Juan Carlos Aguirre y Guillermo José Ernst, quienes fueron asesinados por la Brigada V ese mismo año, en dos supuestos enfrentamientos declarados por el Cuerpo de Ejército III en comunicados oficiales. Se convirtieron así en los primeros desaparecidos en ser reconocidos en esa provincia. Los restos fueron exhumados de una fosa común del Cementerio del Norte, junto con otros 55 esqueletos. Aguirre, acusado de ser un montonero por la Quinta Brigada, fue detenido el 12 de junio de 1976, en pleno centro de la capital tucumana, junto a Margarita Azize Weiss, una militante de Montoneros. La muerte de Ernest fue anunciada oficialmente el 17 de agosto de 1976. El comunicado militar afirmaba que Ernest estuvo a cargo de la destrucción del avión Hércules C-130 en el aeropuerto local.
Detenidos-desaparecidos en el arsenal Miguel de Azcuénaga entre otros:
Por la presencia de la resistencia armada guerrillera en la provincia de Tucumán, la Junta Militar desaprobó la postulación de San Miguel de Tucumán como uno de los cinco lugares donde celebrar la Copa Mundial de Fútbol de 1978.
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