El terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 fue un período de terrorismo de Estado llevado a cabo en el país que culminó con la última dictadura cívico-militar autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que gobernó desde el 24 de marzo de 1976 hasta la restauración de la democracia en 1983, como parte de la Operación Cóndor. Durante este tiempo el Estado llevó adelante una política de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado . Se estima que durante ese período las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer a aproximadamente 30 000 personas (ver Sección «cantidad de víctimas»).
La denominación también utilizada de «guerra sucia» alude al carácter informal y no reglamentado del enfrentamiento entre el poder militar —desligado de la autoridad civil—, contra la misma población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población. Bajo la tutela de la CIA, las dictaduras de América Latina en la década de 1970 unieron sus servicios de inteligencia para la persecución ilegal de activistas, sindicalistas, guerrilleros, artistas, periodistas, sacerdotes y opositores en general.
Conforme al sitio oficial del Ministerio de Educación y Deportes las notas distintivas del Terrorismo de Estado son:
El jurista español Ernesto Garzón dice que el Terrorismo de Estado es:
También se ha expresado:
La Enciclopedia Encarta define al Terrorismo de Estado como el:
Pocos meses antes del derrocamiento de Juan Domingo Perón, en junio de 1955, aviadores militares de la Armada bombardearon a la Plaza de Mayo causando más de 300 muertos civiles, y marcando un trágico precedente de una fuerza armada que ataca a su propia población. En 1956, ya producido el golpe cívico-militar, una sublevación peronista fue reprimida con el fusilamiento del general Juan José Valle y otros participantes, incluyendo un episodio de fusilamientos clandestinos en la localidad de José León Suárez de Buenos Aires.
En 1959 se produjo la revolución cubana, que tendría una fuerte influencia, sobre todo entre los jóvenes y a través de la figura del Che Guevara, en la promoción de la guerrilla urbana en América Latina, también llamada por entonces «la vía armada». A mediados de ese mismo año apareció la primera fuerza guerrillera, con el nombre de Uturuncos en la provincia de Tucumán.
El 14 de marzo de 1960 el presidente Arturo Frondizi ordenó ejecutar el Plan CONINTES (Decreto 9880/58), militarizando las huelgas y la protesta social, y deteniendo a cientos de opositores bajo jurisdicción militar y con sus derechos constitucionales restringidos.
En 1963 fue secuestrado y hecho desaparecer, el activista sindical Felipe Vallese, perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM-CGT) a quien se considera generalmente el primer desaparecido de la historia argentina contemporánea, aunque algunos autores han señalado la existencia de otros activistas desaparecidos con anterioridad. Fueron juzgados y condenados por ese hecho los comisarios Félix Monzón y Francisco Lozón y sus ayudantes Luis Tixie, Fortunato Desimone, Arturo Lleonart y Santos Barrera. Según Osvaldo Bayer, habría ocurrido otro caso de desaparición forzada en perjuicio de los militantes anarquistas Miguel Arcángel Roscigna, Andrés Vázquez Paredes y Fernando Malvicini en el año 1937.
En 1964 se produjo en Brasil el primero de una serie de golpes de Estado de nuevo tipo que tenían como fin establecer dictaduras militares permanentes, categorizadas por el politólogo Guillermo O'Donnell como Estado burocrático-autoritario. El modelo se extendería por el Cono Sur, promovido desde la Escuela de las Américas de Estados Unidos en Panamá, bajo la llamada doctrina de la seguridad nacional en el marco de la Guerra Fría. El golpe de Estado brasileño fue el primero de los golpes de Estado en América del Sur con influencia directa de Estados Unidos y tenía el nombre en código de Operación Brother Sam.
En 1966 se instaló la primera dictadura cívico-militar de tipo permanente en Argentina: la autodenominada Revolución Argentina (1966-1973), apoyada por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría contra la Unión Soviética.
Durante su curso se disolvieron los partidos políticos y se disparó la violencia política. En las manifestaciones callejeras se comenzó a asesinar manifestantes, cuyos nombres —Santiago Pampillón, Juan José Cabral, Máximo Mena, Adolfo Ramón Bello, Luis Norberto Blanco, Hilda Guerrero de Molina, etcétera— fueron enarbolados bajo lemas como «la sangre derramada no será negociada». Estallaron hechos insurreccionales urbanos masivos que adoptaron nombres como Cordobazo, Rosariazo, Mendozazo, Correntinazo, Tucumanazo, Choconazo, Rocazo, Viborazo, Trelewazo. Se formaron organizaciones guerrilleras como las FAR, FAP, Montoneros y ERP, que realizaron operaciones, copamientos, atentados y asesinatos de alto impacto. Comenzaron a sucederse una serie de asesinatos de líderes sindicales, militares, políticos y empresariales de primer nivel, de alto impacto en la opinión pública —Vandor, Aramburu, José Alonso, Sallustro, Juan Carlos Sánchez, Roberto Mario Uzal, Emilio Berisso— realizados por grupos guerrilleros que, entre 1971 y 1972 asesinaron a 95 policías y algunos militares.
El secuestro y desaparición de Mirta Misetich en 1971 fue el primero en el que se utilizó la metodología de desaparición forzada —incluyendo zona liberada— que se utilizaría sistemáticamente a partir del golpe de Estado del año 1976.
El 22 de agosto de 1972 un grupo de guerrilleros detenidos fueron fusilados clandestinamente en una base militar de Trelew. Este hecho en particular también ha sido considerado como la primera acción concreta del terrorismo de Estado en Argentina.
El alto nivel del conflicto social y las acciones de las organizaciones guerrilleras obligó al gobierno militar a convocar a elecciones en las cuales el 11 de marzo de 1973 se eligió a Héctor Cámpora presidente con casi el 50 % de los votos, el candidato elegido por Perón dada su proscripción.
El gobierno democrático asumió el 25 de mayo. Una de sus primeras medidas fue anunciar un aumento salarial de emergencia e indultar y liberar a unos 600 presos políticos, medida que se completó al día siguiente con una amplia amnistía sancionada por el Congreso Nacional. en nombre de la reconciliación nacional.
El 20 de junio, en ocasión del regreso definitivo de Perón al país, y ante una movilización de millones de personas jamás vista en la historia argentina, se produjo una emboscada conocida como la Masacre de Ezeiza, organizada por la derecha del peronismo, contra las columnas del peronismo revolucionario, en la cual al menos 13 personas fueron asesinadas y 365 resultaron heridas.
En septiembre de 1973 se realizaron nuevas elecciones pero sin proscripción, en las que triunfó la fórmula Juan Domingo Perón-María Estela Martínez de Perón, con el 62 % de los votos. Luego de las elecciones la organización guerrillera ERP permaneció militarmente activa, mientras que Montoneros declaró que suspendía sus operaciones militares.
En octubre de 1973 comenzó a operar un grupo parapolicial conocido como Triple A —Alianza Anticomunista Argentina— asesinando a militantes de izquierda, peronistas y no peronistas. El grupo estaba financiado por el gobierno y dirigido por el Ministro de Bienestar Social José López Rega. En los dos años siguientes asesinaría a 683 personas. El conocimiento de Perón sobre las actividades de la Triple A es materia de debate entre los investigadores.
El 27 de junio, se instaló una dictadura cívico-militar en Uruguay que permanecería en el poder hasta 1985 y el 11 de septiembre de 1973 se produjo un sangriento golpe de Estado en Chile en el cual el general Augusto Pinochet tomaría el poder hasta 1990. De esta forma Argentina quedaba como el único país del Cono Sur donde persistían las instituciones democráticas.
Existieron conexiones estrechas entre las dictaduras militares establecidas en aquellos años en el Cono Sur, que se expresaron en el llamado Plan Cóndor y que en 1974 se manifestaron con el asesinato en Buenos Aires del exvicepresidente de Chile y excomandante en jefe del Ejército de Chile, general de ejército Carlos Prats, por haber sido colaborador del derrocado presidente Salvador Allende.
El 19 de enero, el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo atacó la guarnición militar de la ciudad bonaerense de Azul, lo que motivó una dura respuesta por parte del entonces presidente constitucional Juan Domingo Perón, y contribuyó a que este tendiese a recostarse cada vez más sobre el ala derecha del movimiento justicialista durante sus últimos meses de vida.
Organizaciones parapoliciales de extrema derecha —vinculadas a la Triple A o a su suerte de «filial» cordobesa «Comando Libertadores de América»— asesinaron al dirigente sindical y exgobernador justicialista de Córdoba, Atilio López, además de a los abogados izquierdistas Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi —hermano del derrocado expresidente argentino Arturo Frondizi, quien se había desempeñado como primer mandatario entre el 1.º de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962. También en 1974 fueron asesinados el sacerdote tercermundista Carlos Mugica y decenas de militantes políticos de izquierda.
El 9 de agosto, un grupo de jóvenes guerrilleros de la denominada Compañía del Monte «Ramón Rosa Jiménez» del ERP —la cual tenía su epicentro de operaciones en la provincia de Tucumán—, bajo el comando de Hugo Irurzún —«Capitán Santiago»—, iniciaron una operación para asaltar el Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 del Ejército Argentino en la capital catamarqueña de San Fernando, al mismo tiempo que otro grupo se preparaba para el copamiento de la fábrica militar de Villa María —en Córdoba—. Dieciséis guerrilleros pertenecientes al primer grupo de ataque fueron sumariamente fusilados después de ser capturados antes de copar la unidad militar. Después de la llamada masacre de Capilla del Rosario en la cual 16 guerrilleros murieron, el ERP anunció que mataría a 16 oficiales del Ejército como represalia, la cual se inició en septiembre. Hasta el 10 de diciembre habían sido asesinados 10 oficiales pero entonces la campaña se suspendió a causa de la muerte de la hija de tres años del capitán Humberto Viola, atrapada en el tiroteo durante el asesinato de su padre, en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 1.º de diciembre anterior. El 6 de septiembre la dirección de Montoneros decidió pasar a la clandestinidad y el 19 de septiembre realizó el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, principales accionistas del poderoso grupo empresarial Bunge & Born. Como resultado de tal operación, dicha organización político-militar obtuvo unos 60 millones de dólares por el rescate.
El 30 de septiembre de 1974, fue asesinado con una bomba en la ciudad de Buenos Aires el general retirado del Ejército de Chile Carlos Prats junto con su esposa Sofía Cuthbert. El autor material del atentado fue el estadounidense Michael Townley, agente de la DINA. Este asesinato ya se considera parte de la Operación Cóndor que coordinaba internacionalmente la acción represiva clandestina, aunque el mismo recién se formalizaría al año siguiente.
Si bien en el año 1975 disminuyó el número de asesinatos de impacto público —John Patrick Egan, cónsul de los Estados Unidos en Córdoba; el general Jorge Cáceres Monié y su esposa—, aumentó en cambio su número hasta alcanzar el punto más alto de las últimas dos décadas. Entre ellas se incluye la masacre conocida como la Masacre del cinco por uno, en la que fueron asesinados Jorge Enrique Videla y de sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo, el 21 de marzo de 1975; 41 años después, el 20 de diciembre de 2016, el TOF n.º 1 de Mar del Plata, sentenció como autores a cadena perpetua, a Mario Ernesto Durquet, al exsuboficial del Ejército Fernando Alberto Otero y al exfiscal Gustavo Demarchi, todos miembros de la organización parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU). Se trata de uno de los pocos casos de enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 24 de marzo de 1976. La lista elaborada por el Grupo Fahrenheit contabiliza 336 personas detenidas-desaparecidas en 1975, frente a 43 del año anterior. La CONADEP por su parte estimó que 359 personas habían desaparecido en 1975.
El hecho más importante vinculado a este tema fue el Operativo Independencia, autorizado por la presidenta María Estela Martínez de Perón en acuerdo general de ministros mediante el Decreto 261/75 del 5 de febrero, en el que se ordenó al Ejército intervenir y «aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán» (art. 1), y más adelante en todo el país, cuando ocupaba provisionalmente la presidencia nacional, el presidente de la Cámara del Senado, Ítalo Lúder, por licencia por enfermedad de Martínez, mediante los Decretos 2770, 2771, y 2772 de octubre de 1975. El 28 de octubre mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión), se dispuso la zonificación militar del país en cinco zonas, divididas a su vez en subzonas y áreas, con sus correspondientes responsables militares. Años después hubo fuertes discusiones sobre el significado y alcance del término «aniquilar» en vinculación directa al concepto de terrorismo de Estado, ya que el resultado concreto de la orden fue el aniquilamiento personal de los insurgentes y no de sus estructuras ni su accionar. La intervención militar en Tucumán estuvo motivada en el control alcanzado por el ERP en esa provincia, hecho que llevó a Mario Santucho —líder de la organización— a declarar una «zona liberada», para pedir apoyo y reconocimiento de los países socialistas como «ejército beligerante». Los enfrentamientos y acciones represivas en esa provincia causaron la muerte de militares y de guerrilleros, así como de civiles no combatientes.
El 25 de noviembre de 1975 fue establecido oficialmente el Plan Cóndor, en una reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, el Jefe de la DINA (policía secreta chilena), y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina (gobernada por María Martínez de Perón), Bolivia, Paraguay y Uruguay —estos últimos con gobiernos militares—.
En los primeros meses de 1976 continuó el alto nivel de violencia política. Los tres Comandantes en Jefe conformaron un gobierno paralelo de hecho y habían intimado a renunciar a la presidenta Isabel Perón, quien se negó a hacerlo para no convalidar el golpe, ni la matanza que causaría, como ya era visible para todos los observadores.
En Tucumán el Ejército Argentino venció el 13 de febrero a la Fuerza de Monte de Montoneros. El 22 de marzo el ERP asesinó al sindicalista de la FOTIA Atilio Santillán. El 23 de marzo el diario La Opinión de Buenos Aires tituló: «Argentina inerme ante la matanza». El 24 de marzo se produjo el golpe de Estado, dando así inicio a la dictadura que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional.
Ha sido probado en los juicios, que luego de iniciado el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, al menos un centro clandestino de detención continuó en actividad en Mar del Plata y que allí fueron mantenidas con vida hasta el año siguiente varias personas desaparecidas, entre ellas Cecilia Viñas Moreno. También se ha revelado que el gobierno de Alfonsín recibió información de un país europeo sobre la existencia de personas desaparecidas vivas en un centro de detención clandestino en Chubut, pero que cuando las fuerzas de seguridad al mando del ministro Antonio Tróccoli llegaron al mismo con el fin de rescatarlas, no encontraron a ninguna.
El 24 de marzo de 1976 asumió el poder, como «órgano supremo de la Nación», la Junta Militar de Gobierno, integrada por los titulares de las tres Fuerzas Armadas: el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. El primero a su vez, fue designado con el título de presidente con la mayor parte de las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo. «En ejercicio del poder constituyente» la Junta estableció un estatuto al que deberían someterse todas las otras leyes incluida la Constitución.
El primer día la Junta Militar dictó 31 comunicados. El comunicado n.º 1 dijo:
El comunicado n.º 19 estableció:
Ese mismo primer día se impuso la pena de muerte y los Consejos de Guerra (Ley 21 264):
El estado de sitio, con la suspensión de las garantías constitucionales, ya había sido declarado durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, por Decreto 1368/1974. Pocos días después el gobierno militar sancionó la Ley 21 275 suspendiendo el derecho constitucional de opción a salir del país (Constitución Nacional, art 23).
La Junta Militar dictó leyes y órdenes discrecionales, entre ellas disponiendo detenciones o cesantías masivas, en las que no se consideraba la razón de los actos (Leyes 21 258, 21 260, 21 262, 21 274, etc). La ley 21 260 dictada el mismo 24 de marzo de 1976, por ejemplo, establecía:
La dictadura estableció una estructura clandestina para la represión de los opositores, que incluía «grupos de tareas», secuestros y desapariciones forzadas, centros de detención y tortura clandestinos, mecanismos ilegales para asesinar personas y disponer de sus cadáveres, instalaciones médicas secretas para atender partos de detenidas-desaparecidas y suprimir las identidades de los niños nacidos en cautiverio, desinformación a través de los medios de comunicación, coordinación con las gerencias de recursos humanos de las grandes empresas para la delación de opositores, etcétera.
Como respuesta a las denuncias por violaciones de derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la dictadura cívico-militar intentó justificar su accionar clandestino sosteniendo que era necesario vincular «el tema de los derechos humanos con la necesidad de reprimir el terrorismo y la subversión como medio para preservar la seguridad nacional».
Según el teniente general Martín Balza, quien fuera jefe del Ejército Argentino entre 1991 y 1999:
El 6 de mayo de 1977, el general de brigada Ibérico Manuel Saint-Jean, gobernador militar de la Provincia de Buenos Aires, declaró al periódico inglés The Guardian:
En las órdenes secretas del 17 de diciembre de 1976 dictadas por el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Roberto Viola, ya no se habla de aniquilar «el accionar» de los subversivos, sino de aniquilar a los individuos:
En el telegrama interno AT 183 de la embajada de Estados Unidos en Argentina del 14 de mayo de 1980 se relata:
En otro documento oficial de los Estados Unidos, un memorándum de conversación titulado «Tuercas y tornillos de la represión gubernamental al terrorismo-subversión» se detalla una charla realizada el 7 de agosto de 1979 entre el consejero político de la embajada de Estados Unidos, William Hallman; el Oficial de Seguridad Regional, James Blystone y un alto jefe militar cuyo alias era Jorge Contreras, y en la que este último detalla largamente la política de represión «por izquierda», término que utiliza para referirse a la acción ilegal:
Más adelante, el mismo documento, en un subtítulo denominado «Organización y Estructura», dice:
La directiva de operaciones represivas 504/77 establecía que la detención de los obreros sospechosos «se efectuará con el método que más convenga fuera de las fábricas y de manera velada».
En el diario La Nación del 3 de noviembre de 1977 se publicó el siguiente comunicado demostrativo de la situación en el país:
Los procedimientos represivos que caracterizaron el terrorismo de Estado en Argentina escandalizaron a la opinión pública mundial y causaron un gran desprestigio internacional de los militares argentinos.
En realidad se estableció un sistema descentralizado de represión, a cargo de las zonas y áreas militares, en el que cada jefe militar tenía carta blanca para ejecutar el plan represivo.
Para implementar la táctica de desaparición forzada de personas el gobierno militar creó cientos de centros clandestinos de detención (CCD).
Las Fuerzas Armadas clasificaban los CCD en dos tipos:
Los primeros CCD fueron instalados en 1975, antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. En ese año ya estaban en funcionamiento «La Escuelita» en Faimallá (Tucumán) y «El Campito» (Provincia de Buenos Aires). También en 1975 funcionó un CCD en la planta de la empresa Acindar en Villa Constitución, presidida por Martínez de Hoz, como parte de la estructura represiva organizada para reprimir la huelga declarada por el sindicato UOM en mayo de ese año.
En el año 1976 llegaron a existir 610 CCD, pero muchos de ellos fueron temporarios y circunstanciales. Luego de los primeros meses posteriores al golpe de Estado, la cifra se estabilizó en 364 CCD. En 1977 la cantidad se redujo a 60. En 1978 había 45 y en 1979 7 CCD. En 1980 quedaban dos: la ESMA y el Campito (Campo de Mayo). En 1982 y 1983 la ESMA era el único campo de concentración que seguía siendo utilizado.
En Buenos Aires hubo 60 centros, en la provincia de Córdoba 59 y en Santa Fe 22.
Cinco grandes centros fueron el eje de todo el sistema: «La ESMA» y «El Club Atlético» en la Ciudad de Buenos Aires; «El Campito» (Campo de Mayo) y «El Vesubio» en el Gran Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires); y «La Perla» en Córdoba.
A pesar de sus diferencias los CCD fueron organizados con una estructura y un régimen de funcionamiento similar. Todos los CCD contaban con una o más salas de torturas, amplios espacios para mantener a los desaparecidos siempre en condiciones de gran precariedad, y un centro de viviendas para los torturadores y guardias. Casi todos tenían algún tipo de servicio médico. En algunos casos hubo servicios religiosos permanentes para el personal militar.
Los Grupos de Tarea (GT) estaban encargados de realizar los secuestros, generalmente de noche. Inmediatamente los detenidos desparecidos eran llevados al CCD correspondiente, donde permanecían constantemente encapuchados y esposados. Allí eran severamente torturados e interrogados por los mismos integrantes de los GT. El tiempo de este período inicial de tortura variaba considerablemente, pero en términos generales puede decirse que oscilaba entre uno y dos meses. Con posterioridad a ese período inicial de tortura-interrogatorio, se disponía:
Durante su permanencia en el CCD se procedía sistemáticamente a la deshumanización de los detenidos desaparecidos mediante diversos procedimientos: sustitución del nombre por un número, violaciones, animalización, humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de alojamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo, homofobia, etcétera.
También existió una política y un procedimiento común para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En ese caso se postergaba el asesinato y se producía un parto clandestino con supresión de la identidad del bebé quien era entregado para su crianza a personas íntimamente vinculadas al sistema represivo, y en algunos casos partícipes del asesinato de los padres y/o madres biológicos.
El 1 de diciembre de 1977 el diario Clarín publicó una nota titulada «La ardua recuperación» en la que relata extensamente la visita de un grupo de periodistas, invitados por el Ejército, a un centro de detención que no identifica, donde entrevistaron a varias personas detenidas, que tampoco individualiza y que describe como «extremistas que se entregaron voluntariamente». El artículo está acompañado de una fotografía en la que puede verse una joven mujer de espaldas sentada ante una mesa, con un epígrafe en el que dice:
Clarín nunca explicó los pormenores de la nota, ni se puso a disposición de la justicia a los fines de verificar si las personas entrevistadas eran desaparecidas, cuál era el centro de detención visitado por sus periodistas y si los militares que intervinieron pudieron haber estado cometiendo delitos de lesa humanidad. El investigador Marcelo Borrelli de la Universidad de Buenos Aires analizó la publicación y sostiene que «parecía haber sido escrita por las usinas de los servicios de la inteligencia militar». Detalla los mecanismos discursivos del periódico para elogiar el sistema de reclusión de los «extremistas» que se entregaran voluntariamente y la distinción entre «las dos juventudes», por un lado la juventud «extraviada» que tenía preocupaciones políticas y traumas afectivos de origen familiar, y por el otro la juventud apolítica, dedicada por entero a destacarse en su profesión.
La tortura fue un componente central del plan represivo del gobierno militar. Los centros clandestinos de detención (CCD) fueron creados y diseñados para poder practicarla ilimitadamente. Al redactar el famoso informe Nunca Más en 1984, los miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas —CONADEP— no pudieron evitar sobrecogerse ante el «inmenso muestrario de las más graves e incalificables perversiones» que tenían ante sus ojos, y debatieron el modo de evitar que ese capítulo del informe se convirtiera en una enciclopedia del horror.
El Capítulo V (Derecho a la seguridad e integridad personal), punto D (Apremios ilegales y torturas), del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 14 de diciembre de 1979, está dedicado precisamente a registrar los casos de tortura que le fueron denunciados. El mismo puede leerse aquí. Por su parte, el título C, del primer capítulo del Informe Nunca Más de la CONADEP está dedicado las torturas que se practicaban en los CCD, en tanto que se incluye un título especial para referirse a las torturas en el domicilio de las víctimas.
No es posible separar las torturas de todo el resto de análisis del terrorismo de Estado en Argentina. La tortura es un elemento omnipresente del terrorismo de Estado en Argentina. La tortura y sus imágenes se establecieron como el eje del terror, para las víctimas directas, y más allá para los familiares, conocidos y la población en general. Aún años después, décadas después, esas imágenes conmueven hasta lo insoportable a los adultos, y angustian a los niños de las nuevas generaciones.
La picana eléctrica es el instrumento de tortura alrededor del cual se diseñaron y construyeron las salas de tormentos, a las que en todos los CCD llamaban «quirófanos». La picana era denominada «máquina»; en La Perla le llaman «Margarita». En La Perla, la sala de torturas tenía un cartel que decía: «Sala de terapia intensiva - No se admiten enfermos», mientras que en la de El Vesubio estaba colocado un cartel que decía «si lo sabe cante, si no aguante».
La tortura de Norberto Liwsky, sobreseído luego por el tribunal militar que lo enjuició, y que el informe Nunca Más transcribe en extenso es un ejemplo de los padecimientos de los detenidos desaparecidos. En una parte de su testimonio Liwsky dice:
Era habitual combinar violación y tortura. Más allá de la tortura eléctrica y la violación, los instrumentos, métodos y grado de crueldad de los tormentos, excede la comprensión de una persona promedio: simulacros de fusilamiento, «el submarino», estiletes, pinzas, drogas, «el cubo» (inmersión prolongada de los pies en agua fría/caliente), quemaduras, suspensión de barras o del techo, fracturas de huesos, cadenazos, latigazos, sal sobre las heridas, supresión de comida y agua, ataque con perros, rotura de órganos internos, empalamiento, castramientos, sufrir tortura ante o presenciar la tortura de familiares y a veces niños, mantener las heridas abiertas, permitir las infecciones masivas, cosido de la boca…
El sadismo de los torturadores es un dato común. Todos los detenidos desaparecidos eran torturados: hombres, mujeres, ancianos, ancianas, adolescentes, discapacitados, mujeres embarazadas y niños (hay varios casos de niños menores de 12 años torturados frente a sus padres). El conocido periodista y director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, que estuvo detenido desparecido y fue liberado por la presión internacional, escribió en 1982 uno de los primeros libros de denuncia abierta, titulado Prisionero sin nombre, celda sin número. Timerman dice allí que:
El informe de la CONADEP define lo que debieron padecer los desaparecidos como un «descenso al infierno».
Los vuelos de la muerte fueron un sello atroz del terrorismo de Estado en Argentina. Mediante los vuelos de la muerte miles de detenidos desaparecidos fueron tirados al mar vivos y drogados, desde aviones militares.
Ya en 1977, durante el régimen militar, aparecieron varios cuerpos en las costas de los balnearios atlánticos de Santa Teresita y Mar del Tuyú, unos 200 km al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Los cadáveres fueron enterrados raudamente como NN en el cementerio de General Lavalle, pero previamente los médicos policiales que intervinieron informaron que la causa de muerte se debió al «choque contra objetos duros desde gran altura».
En 1995, un marino de la ESMA, Adolfo Scilingo, se quebró emocionalmente y le relató extensamente al periodista Horacio Verbitsky, el modo como se aplicaba una metodología de exterminio denominada por sus propios autores como «vuelos». Su relato fue publicado como libro, con el título de El vuelo. Debido a estas confesiones Scilingo resultó condenado a 640 años de prisión, en España, donde se encuentra cumpliendo su pena.
Scilingo, en sus testimonios, detalla el procedimiento, la autorización de la Iglesia católica, la utilización de inyecciones, el tipo de aviones (Electra, Skyvan), la amplia participación de los oficiales, la utilización del aeropuerto militar que se encuentra en Aeroparque (ciudad de Buenos Aires), entre otros detalles.
En 2015 Javier Penino Viña, hijo de desaparecidos y nacido en la ESMA, contó a la prensa que su apropiador el excapitán de navío Jorge Vildoza, le había contado en detalle como funcionaba ese centro clandestino de detención, así como los vuelos de la muerte, en los que él era uno de los pilotos. Penino Viña confirmó que fue una decisión tomada en el más alto nivel del gobierno cívico-militar, por recomendación de la Iglesia católica, y que las personas eran arrojadas vivas y desnudas.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de las madres de Plaza de Mayo, Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce, Azucena Villaflor, la militante Ángela Auad [3], y la monja francesa Léonie Duquet determinando que las mismas habían sido secuestradas en Buenos Aires, detenidas y torturadas en la ESMA y arrojadas vivas al mar desde un avión frente a las playas de Mar del Tuyú.
El terrorismo de Estado en Argentina fue parte de una operación continental. La Operación o Plan Cóndor fue el nombre con el que se designó el plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia), con conexiones con las fuerzas militares de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y cooperación y apoyo operativo de los Estados Unidos. La Operación Cóndor constituyó una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado a escala continental.
La Operación Cóndor ha podido ser descubierta básicamente a partir de los documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados en época del presidente Bill Clinton.
Fue concebida y diseñada por el entonces coronel chileno Manuel Contreras quien en 1975, redactó un extenso documento con las proposiciones para su funcionamiento. El primer paso hacia la organización se produjo a mediados de 1975 cuando el coronel chileno Mario Jahn, viajó a Paraguay y entregó al coronel paraguayo Benito Guanes, el documento de organización del mecanismo y lo invitó a participar en la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, realizada en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975. En esa reunión se decidió organizar la Operación Cóndor entre los seis países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Luego se sumarían, con distintos grados de compromiso, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Tuvo su centro de operaciones en Santiago de Chile y su principal coordinador fue Manuel Contreras, quien era conocido como "Cóndor Uno".
Entre decenas de secuestros y atentados contra opositores, la Operación Cóndor concretó acciones de gran resonancia pública como:
El 26 de abril de 2000 el exgobernador de Río de Janeiro Leonel Brizola sostuvo que los expresidentes del Brasil, João Goulart y Juscelino Kubitschek, fueron asesinados en el marco del Plan Cóndor, simulándose un ataque cardíaco y un accidente, respectivamente y que ello debía ser investigado.
La Fuerza Aérea Uruguaya ha reconocido oficialmente la realización de vuelos de la muerte conjuntos con el régimen militar argentino. Alrededor de 110 uruguayos fueron detenidos-desaparecidos en la Argentina entre 1976 y 1983.
El gobierno de Estados Unidos participó activamente de la Operación Cóndor. El 22 de agosto de 1978 el servicio de inteligencia estadounidense envió a sus principales embajadas en Sudamérica la siguiente advertencia:
Orgánicamente, la Operación Cóndor comenzó a ser desmontada cuando cayó la dictadura argentina en 1983. Sin embargo, los contactos y los asesinatos coordinados continuaron. En abril de 1991, se puso en marcha la Operación Silencio para impedir el enjuiciamiento de los responsables.
El 31 de mayo de 2001, mientras Henry Kissinger se encontraba en París, fue notificado por el juez Roger Le Loire que debía presentarse a declarar sobre su participación en la Operación Cóndor, lo que provocó la inmediata salida del exsecretario norteamericano, de Francia. Pocos meses después, Kissinger debió cancelar una visita a Brasil, porque el gobierno no podía garantizarle inmunidad judicial.
El 22 de diciembre de 1992, se descubrió en una estación de policía de Lambaré, Asunción (Paraguay), los llamados Archivos del Terror, expedientes en los que existen constancias documentales sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur. Según los archivos descubiertos en Lambaré (Asunción) en 1992, el plan Cóndor causó 50 000 muertos, 30 000 desaparecidos y 400 000 presos..
En febrero de 2004, el periodista estadounidense John Dinges, publicó Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur, donde entre otras cosas revela que los militares uruguayos intentaron asesinar al diputado estadounidense Edward Koch en 1976.
A partir de 1979 el régimen militar argentino se comprometió activamente en desarrollar el terrorismo de Estado en Centroamérica, capacitando a fuerzas militares y paramilitares de contrainsurgencia en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y exportando la experiencia argentina.
Los militares argentinos comenzaron a realizar operaciones encubiertas que la CIA ya no podía realizar bajo la administración demócrata del presidente James E. Carter y en sintonía con los grupos más conservadores norteamericanos, comenzaron a proclamar que Estados Unidos había dejado inerme al hemisferio frente al comunismo y que ellos debían cumplir ese papel.
El Operativo Centroamérica fue ejecutado a partir del grupo de militares que ya actuaban en la Operación Cóndor.
En 1979, se produjo el triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua y ese mismo año el presidente de la Junta Militar argentina, el general Viola, expuso ante la XIII Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Bogotá, un plan de latinoamericanización del modelo terrorista estatal.
Pero será fundamentalmente el general Galtieri quien, en consonancia con el triunfo de Ronald Reagan en Estados Unidos, llevaría a la Argentina a comprometerse plenamente en el Guerra Sucia Centroamericana, bajo los lineamientos estratégicos norteamericanos. Galtieri presentaba como un valor su capacidad para llevar el Terrorismo de Estado hasta las últimas consecuencias tanto militar, como política y culturalmente.
Pocos días antes de asumir como presidente de la Junta Militar, Galtieri expuso en un corto discurso pronunciado en Miami, la decisión del gobierno militar argentino de constituirse en un aliado incondicional de Estados Unidos en la lucha mundial contra el comunismo:
A principios de 1982 Estados Unidos y la dictadura argentina planearon la creación de un gran ejército latinoamericano, que sería liderado por un militar argentino, con el objetivo de invadir Nicaragua y aniquilar a los sandinistas. Paradójicamente, la guerra de las Malvinas decidida por el propio Galtieri puso fin a la intervención argentina en Centroamérica, pero el Terrorismo de Estado en la región continuó hasta bien entrados los años 1990 con un saldo de cientos de miles de desaparecidos.
Las personas que fueron asesinadas, desaparecidas o torturadas, así como las que debieron exiliarse provenían de todos los sectores y estratos de la población; una parte importante aunque no bien determinada estaba integrada por combatientes, pertenecientes mayoritariamente a las organizaciones guerrilleras y también, aunque en menor número, a las fuerzas militares y policiales.
El gobierno militar proclamó que el blanco de la represión era el terrorismo, pero dándole un alcance por el cual virtualmente podía comprender a cualquier persona. El general Videla declaraba en 1978 al Times de Londres que "un terrorista no es solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana".
El informe Nunca Más contiene una descripción de los desaparecidos por su grupo de referencia; más de la mitad eran trabajadores; en especial fueron asesinados los sindicalistas pertenecientes a comisiones internas de fábricas, como en los casos emblemáticos de Ford y Mercedes Benz. En muchos casos las familias de obreros y obreras desaparecidas no habían hecho la denuncia, como quedó en evidencia en el juicio contra el Grupo de Tareas n.º 5 que actuó en las zonas industriales de Berisso, Ensenada y La Plata. Entre los desaparecidos y asesinados existe una importante cantidad de adolescentes; en este caso es emblemático el secuestro y desaparición del grupo de adolescentes conocido como la Noche de los Lápices, así como los alumnos desaparecidos en la Escuela Carlos Pellegrini que documenta el filme Flores de septiembre o la del militante comunista Floreal Edgardo Avellaneda. También fueron detenidos-desaparecidos y asesinados personas discapacitadas, ancianas, sacerdotes y monjas (como la Masacre de San Patricio de los padres palotinos, o de las Monjas Francesas Léonie Duquet y Alice Domon), sindicalistas (como Oscar Smith o Jorge Di Pascuale), periodistas (como Julián Delgado o Rafael Perrotta), artistas (como Héctor Oesterheld o Haroldo Conti), militares (como Bernardo Alberte), deportistas (como la jugadora de hockey Adriana Acosta), abogados (como el laboralista Norberto Centeno o de derechos humanos, como Sergio Karakachoff), etc. En algunos casos se trataban de familiares o simplemente personas nombradas por otros detenidos sometidos a tortura; en algunos casos se trató de funcionarios que simpatizaban con el régimen militar como Elena Holmberg o Héctor Hidalgo Solá; en otros casos se trató de simples casos de robo y extorsión como con el empresario Fernando Branca, o de intentos de ocultar errores como en el caso de la adolescente sueca Dagmar Hagelin y del pianista brasileño Francisco Tenório Júnior. Entre las víctimas notables también se encuentran las madres fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce.
También se ha dado a conocer que al menos 400 personas fueron detenidas-desaparecidas a causa de su orientación o su identidad sexual LGBTI (lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual). Estos casos a su vez fueron intencionalmente excluidos del Nunca más.
En cuánto al momento en que terminaron las detenciones ilegales y asesinatos, la última constancia de una persona desaparecida con vida es el caso de la delegada sindical marplatense Cecilia Viñas, que aún estaba con vida en febrero de 1984 y se comunicó varias veces con su familia desde su lugar de cautiverio, cuando Raúl Alfonsín ya era presidente.
Un caso especial de víctimas son los niños desaparecidos-secuestrados, entregados a familias que, con o sin conocimiento de esa circunstancia, sirvieron para convalidar la sustracción de identidad, y que en algunos casos fueron cómplices del asesinato de sus padres. Existe la certeza de que la mayoría de esos niños siguen con vida y para encontrarlos un grupo de abuelas y abuelos de detenidos-desaparecidos crearon la organización Abuelas de Plaza de Mayo, dirigida por Estela de Carlotto. Desde que se estableció la democracia en 1983 y hasta junio de 2016, las Abuelas habían encontrado a 121 de esos niños desaparecidos. Las Abuelas de Plaza de Mayo estiman que fueron secuestrados y privados de su identidad alrededor de 500 niños que hoy ya son adultos y enfrentan dificultades psicológicas sumamente complejas debido a que las personas a quienes consideraban sus padres, en quienes naturalmente confiaban, les habían negado su identidad y origen, y en algunos casos fueron cómplices o conocieron a los asesinos de sus padres biológicos.
Durante la dictadura militar, más de cien jóvenes fueron secuestrados y desaparecidos, mientras cumplían con el servicio militar obligatorio, los mandos militares los declararon desertores en ese entonces.
El 29 de marzo del 2010, se realizó una ceremonia en honor de los soldados desaparecidos en la dictadura. Fue presidido por la ministra de Defensa Nilda Garre y se colocó una placa con los nombres de dichos soldados, en la plaza de armas del Edificio Libertador. Ante los familiares de los conscriptos, la ministra señaló «Lo importante era corregir los legajos y explicar que esas personas están desaparecidas, pero dejando el falso testimonio de que eran “desertores” como prueba de la ignominia». En su discurso, Sara Steimberg agradeció a la ministra «por este acto que nunca imaginé ni en mis mejores sueños». Sara era madre del soldado conscripto Luis Steimberg quien desapareció junto con Luis Daniel García mientras cumplían el servicio militar en 1976. Ambos eran militantes de la Federación Juvenil Comunista y luego de ser torturados fueron arrojados al mar.
En la cultura popular se ha establecido el número de 30 000 desaparecidos, suma que es sostenida por las organizaciones de derechos humanos, las fuerzas políticas de izquierda y centro-izquierda, las organizaciones estudiantiles y los sindicatos, a las que pertenecían la mayor parte de las víctimas. La inteligencia militar argentina estimó, entre muertos y desaparecidos, 22 000 víctimas entre 1975 y 1978. Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, sobre la base de las personas que percibieron indemnizaciones del Estado hasta 2003, tiene registradas 13 000 personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. La CONADEP en 1984 seleccionó 9089 casos de desapariciones forzadas. En el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado ubicado en el Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires se habían colocado hasta abril de 2016 los nombres de 8805 personas.
Otro indicador de cantidad fueron los hábeas corpus presentados para obtener la libertad de personas detenidas ilegalmente. Solo en la Capital Federal, con una población de aproximadamente el 10 % del total del país, se presentaron entre 1976 y 1983, la cantidad de 8335 hábeas corpus, sin contar las reiteraciones.
También fueron contabilizados unos 12 000 detenidos-desaparecidosque luego de estar mantenidos en centros clandestinos "a disposición del P.E.N." (Poder Ejecutivo Nacional, era una categoría que permitía mantener a la gente incomunicada en cárceles, sin acusación formal ni juicio, y por tiempo indeterminado), fueron legalizados y posteriormente liberados por la presión internacional.
Existen abundantes evidencias de que el gobierno militar llevaba detallados registros de los detenidos-desaparecidos y la suerte que corrieron, que no han podido ser hallados. El documento más importante encontrado hasta 2006 sobre los registros clandestinos y la cantidad de desaparecidos y asesinados durante el régimen militar es un informe del agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel (fue jefe de la policía secreta chilena en Buenos Aires), cuyo nombre clave era Luis Felipe Alemparte Díaz, que fue hallado por John Dinges en 2002 entre más de 1500 hojas que le habían sido confiscadas por los jueces federales argentinos en 1978 y que permanecieron guardadas entre los archivos del tribunal desde entonces. Al final de su informe, realizado en julio de 1978, el informa que el Ejército Argentino tenía computados hasta ese momento 22 000 muertos y desaparecidos. El documento dice textualmente:
Existe un conflicto sobre la consigna «30 000 desaparecidos» entre 1976 y 1983. En 2003 la actriz y política Elena Cruz, desde una perspectiva favorable al teniente general Jorge Rafael Videla y a los demás condenados por crímenes de lesa humanidad, afirmó que la cifra de 30 000 desaparecidos era falsa y que «solo habían desaparecido 2400 personas». Por su parte, el excomandante del Cuerpo de Ejército II general de división Ramón Genaro Díaz Bessone admitió que 7000 personas fueron torturadas y ejecutadas bajo la dictadura militar.
En 2009, Luis Labraña, un exguerrillero que luego opinó que los militares encarcelados en Campo de Mayo sin ninguna condena judicial respalda su encarcelamiento eran «presos políticos», afirmó que «cuando en los Países Bajos se decide darle una mano a las Madres de Plaza de Mayo, estaba Hebe de Bonafini, se formaba la organización Solidaridad con las Madres Argentinas y para pedir el subsidio, ellas habían llevado la cifra de 3800 desaparecidos con sus nombres. La gente de Holanda dijeron que era poco que era necesario llamar la atención pública. Ahí surgió la cifra de 30 000», aunque la misma agrupación fue la que se negó a recibir subsidios del gobierno de Carlos Menem, al que consideraba continuador de las políticas económicas de Martínez de Hoz. Labraña también sostiene que en Argentina no hubo terrorismo de Estado en las décadas de 1970 y 1980, sino un «enfrentamiento de dos campos patrióticos».
A partir de 2016 varios periodistas, funcionarios gubernamentales y editoriales de medios de comunicación comenzaron a poner en primer plano el cuestionamiento al número de 30 000 desparecidos que tradicionalmente había sido tomado como referencia simbólica del terrorismo de Estado en Argentina. Las organizaciones de derechos humanos han criticado esta tendencia a focalizar el debate en el recuento individualizado de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, como una forma de negacionismo.
El 26 de enero de 2016 el espacio Margen del Mundo, dirigido por el periodista Luis Majul publicó que el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Darío Lopérfido, perteneciente a Cambiemos, había dicho «En Argentina no hubo 30 000 desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada». Lopérfido luego declaró que sus dichos había sido sacados de contexto por Margen del Mundo, pero el hecho desencadenó un fuerte debate público, sobre el negacionismo del terrorismo de Estado en Argentina, en el que incluso se pronunciaron exigiendo la renuncia del funcionario, personalidades internacionales como Joan Manuel Serrat, Chico Buarque y Silvio Rodríguez.
El 11 de agosto de 2016 el propio presidente de la Nación Mauricio Macri, opinó sobre el debate en un reportaje concedido a la empresa estadounidense BuzzFeed, afirmando que «no tenía idea» si habían sido 9000 o 30 000 los desaparecidos y sosteniendo que es «una discusión que no tiene sentido»:
Bajo la presidencia de este último, la Secretaría de Derechos Humanos elaboró un informe con una nómina de 7010 personas desaparecidas. El informe no contaba a los sobrevivientes y a los hijos recuperados, y el propio secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, afirmó que «30 000 es una “construcción simbólica”». El informe fue tomado como parte de «una campaña de bastardeo y desprestigio» por parte del gobierno a las organizaciones de derechos humanos.
La violación de derechos humanos en Argentina entre 1976 y 1983 fue parte de un plan de represión sistemática decidido en los más altos niveles de la dictadura cívico-militar.
La estructura para la ejecución directa de la represión ilegal se organizó fundamentalmente a través de «grupos de tareas», «centros clandestinos de detención», equipos de interrogación y tortura, y equipos de exterminio y desaparición de cadáveres. Estos equipos a menudo estaban vinculados y actuaban en el ámbito de las zonas y subzonas militares y bajo órdenes de sus respectivos jefes.
Los equipos de represión ilegal estaban integrados por personal de las tres fuerzas armadas, policía, prefectura, médicos, sacerdotes y en algunos casos personal paramilitar. Adicionalmente altos directivos de empresas privadas y dependencias públicas, así como directores y profesores de colegios y universidades, colaboraron activamente con los mecanismos ilegales de represión.
En algunas zonas y subzonas militares, paradigmáticamente en Córdoba y Tucumán, los jefes militares dieron la orden de que todo el personal militar se viera comprometido directamente en la violación de derechos humanos.
En Argentina, como en otros casos de violaciones masivas de derechos humanos, se produjo un debate sobre el alcance y gravedad de la responsabilidad penal para los autores directos, en relación al lugar que cada uno ocupaba en la cadena de mando. En total se calcula que 1180 policías, militares y civiles fueron autores directos de crímenes de lesa humanidad.
Por circunstancias diversas la identidad de algunos represores ha tomado un mayor estado público:
El Proceso de Reorganización Nacional era conducido por la Junta Militar de Gobierno de la que dependía un presidente. En los siete años que duró se sucedieron cuatro juntas; solo en la última el presidente no perteneció nunca a la Junta.
Una vez establecida la democracia el presidente Raúl Alfonsín ordenó el Juicio a las tres primeras Juntas, que se realizó en 1985, en el que resultaron condenados Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini. Luego se vieron beneficiados por los indultos realizados por Carlos Menem en 1990.
Con posterioridad han sido nuevamente enjuiciados por otros delitos como los relacionados con los robos de bebés, delito no alcanzado por los indultos. Algunos de ellos también han sido procesados en España por delitos de terrorismo y genocidio; en 2006 su extradición aún estaba pendiente.
Los miembros de la última junta y el último presidente han sido procesados por la redacción del llamado Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo de la destrucción de documentos sobre desaparecidos y la sanción de una ley de autoamnistía, debido a que ello ha encubierto el secuestro de niños.
El país se había dividido en 5 zonas militares, correspondientes a los cinco cuerpos en que se dividía el Ejército. Al comandante de cada cuerpo del Ejército le correspondía hacerse cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en subzonas y áreas. Cada uno de los jefes de zona, subzona y área tenía mando directo para la represión ilegal en su jurisdicción. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires era una subzona, ubicada dentro de la Zona 1; a su vez la subzona Ciudad de Buenos Aires, estaba dividida en 6 áreas.
Los jefes de zona y subzona actuaban con total autonomía. Su capacidad para tomar decisiones que implicaran violaciones de derechos humanos era absoluta. El general Martín Balza los definió como «señores de la guerra… verdaderos señores feudales…».
Fueron, en algún momento, jefes de zona los siguientes generales:
El general Balza ha declarado que estos militares «son de los pocos que pueden saberlo todo».
Alfredo Astiz es el caso más emblemático de la represión ilegal. Era capitán de la Armada Argentina y perteneció al Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Se infiltró entre las Madres de Plaza de Mayo simulando ser familiar de desaparecidos. Actuó como secuestrador de las Madres de Plaza de Mayo, de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, de la adolescente argentino-sueca Dagmar Hagelin, entre otros casos de trascendencia mundial. Se vio beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego de anuladas, en 2003, fue procesado y detenido en 2006. En Francia fue condenado en ausencia a prisión perpetua. En enero de 1998 la periodista Gabriela Cerruti le realizó una histórica entrevista publicada por la revista Tres Puntos, donde reconoce las secuestros, los centros clandestinos de detención, las ejecuciones ilegales, la infiltración en las Madres de Plaza de Mayo, declara que no sintió arrepentimiento y amenaza con una respuesta violenta militar si continuaban las investigaciones:
Miguel Etchecolatz es un expolicía que fue la mano derecha del exgeneral de brigada Ramón Camps, jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Fue el responsable directo del operativo de la Noche de los Lápices. Inicialmente fue condenado a 23 años de prisión como responsable de haber ejecutado 91 tormentos pero la Corte Suprema anuló la sentencia por aplicación de la Ley de Obediencia Debida. Fue condenado y cumplió una condena de siete años por la supresión de identidad de un hijo de desaparecidos. En 2006 fue enjuiciado nuevamente y condenado a reclusión perpetua.
Jorge Eduardo Acosta, conocido como «el Tigre», era un capitán de corbeta jefe del grupo de tareas 3.3.2 que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y de ese centro clandestino de detención. Era quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA. En particular fue quien tomó la decisión de arrojar al río al grupo de monjas francesas Duquet y Domon y las madres de Plaza de Mayo Villaflor, Ballestrino y Ponce, así como la muerte de Dagmar Hagelin. Está procesado por delitos contra la humanidad en Italia y España. Con la anulación de la Ley de Obediencia Debida se reabrieron las causas en las que está involucrado.
Julio Simón, el Turco Julián, fue un integrante de la Policía Federal Argentina que actuaba como torturador en el CCD el Olimpo. En El Olimpo llevaba una cruz esvástica como llavero. Está condenado por el secuestro de niños y torturas.
El general de brigada Ramón Camps estuvo a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Tuvo bajo su dirección varios de los centros clandestinos de detención (CCD) ubicados en la provincia. Entre los casos en los que intervino se encuentran el Caso Timerman y la Noche de los lápices. Se caracterizó por su antisemitismo acérrimo. Fue condenado a la pena de 25 años de prisión hasta que fue indultado en 1990. Murió en 1994.
Raúl Guglielminetti, alias «Mayor Guastavino», fue un agente de inteligencia perteneciente al Batallón 601 que ha sido relacionado con múltiples actividades criminales clandestinas. A partir de 1978 condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE) que organizó la colaboración del régimen militar argentino con la guerra sucia en Centroamérica, conocida como Operación Charlie. Fue integrante de la denominada «Banda de Aníbal Gordon», fue relacionado con el secuestro del empresario Osvaldo Sivak en 1985, y ha sido vinculado al tráfico de armas y de drogas.
Este represor argentino, prófugo de la justicia, llegó a México, ocupando el cargo de director general de Registro Nacional de Vehículos. En el año 2000, fue detenido en el aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y permaneció en prisión hasta que fue autorizado su traslado a España. Actualmente, se encuentra extraditado, de regreso a Buenos Aires, Argentina, donde sigue su proceso judicial.
También hubo algunas empresas cómplices de crímenes de lesa humanidad. Se habla de la participación de altos directivos de las siguientes empresas: Ford, Mercedes Benz, Acindar, Dálmine Siderca, Ingenio Ledesma, y Astarsa.
Victoria Basualdo, de la Universidad de Columbia, investigó la complicidad entre grandes empresas y fuerzas armadas. Encontró seis empresas en las que fueron secuestrados y torturados decenas de representantes sindicales, muchas veces detenidos dentro de las empresas y trasladados a centros clandestinos de detención (CCD) en vehículos provistos por las empresas. En el caso de Dálmine Siderca, se había instalado un CCD al lado de la fábrica, a la que se comunicaba por una puerta. En el caso de Acindar ya durante el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón en 1975 se instaló dentro mismo de la empresa un centro de detención e interrogatorios por parte de la Policía Federal.
La jueza Alicia Vence tuvo a su cargo la investigación de los actos de terrorismo de Estado cometidos en instalaciones y con la participación de autoridades de las empresas Ford y Mercedez Benz, esta última dirigida entonces por el excorredor de carreras Juan Manuel Fangio, involucrado en los actos por los testigos. En 2015 la investigación fue elevada para que se realizara el juicio oral contra los acusados. En 2017 fue elevada a juicio la Causa Ford por delitos de lesa humanidad en Argentina.
José Alfredo Martínez de Hoz, presidente de la empresa metalúrgica Acindar, quien fuera Ministro de Economía entre 1976 y 1980, fue enjuiciado penalmente en el caso del secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, propietarios de la algodonera SADECO. Martínez de Hoz había viajado a Filipinas donde un grupo chino le habría solicitado intervenir para que los empresarios argentinos cumplieran un contrato comercial de dos millones y medio de dólares. Los Gutheim (padre e hijo) fueron secuestrados poco después de que Martínez de Hoz volviera de Filipinas, y durante su secuestro fueron llevados en dos oportunidades a negociar con los acreedores chinos y en una oportunidad a reunirse con el ministro. En 1990 Martínez de Hoz fue indultado por el presidente Carlos Menem. El 4 de septiembre de 2006 un juez declaró la nulidad del indulto y reabrió el caso que finalmente fue cerrado al fallecer el acusado.
Se encuentra probada la participación directa de religiosos católicos en la comisión de crímenes de lesa humanidad. La periodista Miriam Lewin testimonió que mientras era trasladada encadenada y encapuchada en la La Esma, donde se encontraba detenida-desaparecida, pudo ver fugazmente a una persona con ropa de obispo o arzobispo.
Uno de los campos de concentración de la Marina era una Casa de Ejercicio Espirituales de la Iglesia católica en el Delta del Paraná. La Iglesia ha sostenido que no conocía lo que allí sucedía porque le habían vendido el inmueble a la Marina.
En el libro El Vuelo, se incluye el siguiente diálogo en el que el represor Adolfo Scilingo relata como fue aconsejado por el capellán de la ESMA para proceder a eliminar a los detenidos-desaparecidos mediante los vuelos de la muerte:
—¿Cuál fue la explicación cristiana?
Christian Von Wernich es un caso paradigmático. Es un sacerdote católico, que se desempeñó como capellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires y solía visitar los centros clandestinos de detención, y fue condenado a cadena perpetua en 2007 por secuestros, torturas y homicidios que se consideraron delitos de lesa humanidad.
Documentos secretos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos han revelado que Henry Kissinger sabía de los crímenes de lesa humanidad que se cometían en Argentina, que amparó deliberadamente a la dictadura militar para evitar que la presión internacional pudiera evitar las violaciones de derechos humanos, y que le recomendó al gobierno argentino asesinar a los opositores antes de que asumiera el presidente James Carter.
A partir de la Segunda Guerra Mundial se ha definido como colaboracionistas a aquellas personas que colaboran con las fuerzas de ocupación que cometen crímenes de lesa humanidad, los justifican y comparten su ideología.
En esta situación se encuentran varias personas y organizaciones que colaboraron activamente con el gobierno militar aún sin cometer ellos mismos crímenes de lesa humanidad.
La participación del sector empresario en el Proceso de Reorganización Nacional fue amplia y protagónica al punto de coorganizar el golpe de Estado y el gobierno. En algunos casos participaron directamente en la violación de derechos humanos (ver Autores: Empresarios y empresas). En otros casos muchos empresarios simplemente aprovecharon la ausencia de estado de derecho para desconocer los derechos laborales. Muchos empresarios y empresas colaboraron más activamente con la dictadura, justificando y dando apoyo técnico al gobierno, y haciendo caso omiso de las violaciones de derechos humanos, aún conociendo su existencia.
En primer lugar, la colaboración empresaria con el golpe de Estado se organizó a través de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). La APEGE fue fundada en agosto de 1975, pocos meses antes del golpe, por las principales asociaciones empresariales, con un fin claramente desestabilizador del gobierno democrático y de creación de una instancia única de diálogo con las Fuerzas Armadas. El 16 de febrero de 1976 organizó una huelga empresaria que es considerada como el inicio de la cuenta regresiva del golpe.
La APEGE estaba integrada por el Consejo Empresario Argentino (CEA), la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), y la mayoría de las cámaras patronales sectoriales.
Las organizaciones empresariales apoyaron abierta y explícitamente al gobierno militar. José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino (CEA), fue ministro de Economía. El gobierno militar le entregó la Secretaría de Ganadería a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta (el padre de Máxima Zorreguieta) activo lobista de la SRA y activista de la APEGE.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Celedonio Pereda, dijo el 31 de julio de 1977:
El gobierno militar le entregó el Banco Central a la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA). El presidente de ADEBA, Narciso Ocampo, dijo ante la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo de 1976:
El amplio apoyo que el sector empresario brindó al golpe de Estado se vio claramente en la reacción del mercado financiero. La Bolsa reabrió sus actividades el 5 de abril de 1976 con un aumento de las acciones de 250% en una sola jornada.
Más recientemente, el 21 de agosto de 2005, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, en un acto público expresó su solidaridad con Juan Carlos Demarchi, un dirigente ruralista que fue Jefe de Inteligencia del Área Militar 2.3.1, que fue procesado y detenido por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Los socios de la entidad empresaria le brindaron su apoyo con un aplauso cerrado
Bibliografía específica sobre participación empresaria en el gobierno militar: ver.
Entre los colaboradores civiles se encuentran los funcionarios civiles del gobierno militar que no cometieron ellos mismos crímenes de lesa humanidad. Algunos de esos funcionarios han sido muy conocidos como Domingo Cavallo, Roberto Alemann, Oscar Camilión, Alberto Natale, Américo Ghioldi, etc.
Un caso paradigmático de «condena social» es el de Jorge Zorreguieta, padre de la princesa Máxima de Holanda lobista empresario de la Sociedad Rural Argentina quien llegó a ser Secretario de Agricultura durante la dictadura, a quien el gobierno neerlandés le impuso restricciones para estar presente en actos públicos debido a su condición de exfuncionario del régimen militar.
Se ha discutido hasta que punto funcionarios de menor jerarquía pueden ser considerados colaboracionistas. Entre las personas cuestionadas se encuentran la dirigente del ARI Elisa Carrió, que se desempeñó como asesora de la fiscalía de Estado y secretaria de la Procuración del Superior Tribunal en la provincia del Chaco, el juez Eugenio Zaffaroni quien continuó desempeñándose como juez durante el gobierno militar, y el dirigente del PJ Juan José Álvarez quien se desempeñó en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) entre 1981 y 1984.
En términos generales puede decirse que, en mayor o menor medida, los medios gráficos padecieron la censura y también la autocensura y colaboraron con el régimen militar, encubriendo los crímenes y justificando su proceder, como los casos de los grandes periódicos Clarín (bajo la direcciòn de Ernestina Herrera de Noble, la suprevisión de Rogelio Julio Frigerio y la gerencia general de Héctor Magnetto) y La Nación (dirigido por Bartolomé Mitre), la revista Gente (dirigida por Samuel Chiche Gelblung), el diario La Opinión, La Voz del Interior o El Día. Otros, como el diario La Tarde, creado el 16 de marzo de 1976 por Jacobo Timerman y dirigido por su hijo Héctor Marcos Timerman, azuzaron el golpe. El diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca dirigido por Diana Julio de Massot, donde fueron asesinados los delegados sindicales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, fue denunciado por la participación de sus autoridades en los crímenes.
Los diarios La Nación y Clarín, inauguraron junto a la dictadura, la planta monopólica Papel Prensa, incrementando su participación accionaria a costa del Grupo Graiver cuyos miembros habían sido detenidos-desaparecidos por el propio gobierno militar. Ambos diarios acordaron también con la dictadura no permitir que otros diarios formen parte de la empresa.
También colaboraron conductores y periodistas televisivos o radiales como Mirtha Legrand, José María Muñoz, Bernardo Neustadt, Mariano Grondona, o Samuel «Chiche» Gelblung.
En septiembre de 1976, el escritor Jorge Luis Borges viajó a España donde declaró a la prensa internacional:
Entre las pocas excepciones se destacan la valiente posición de dos diarios, el conservador La Prensa y el liberal Buenos Aires Herald, que denunciaron desde sus páginas la situación de violación masiva de los derechos humanos (el último por medio de su editor, el periodista británico Robert Cox.).
En los partidos políticos existieron dirigentes que colaboraron abiertamente con el gobierno militar y en muchos casos fueron funcionarios. En la Unión Cívica Radical Ricardo Balbín en mayo de 1976 buscó apoyo internacional en la reunión de la Internacional Socialista en Caracas donde rechaza la violencia guerrillera y se pronuncia por la vuelta de la democracia a la Argentina;; tuvo -según Felipe Pigna- una actitud de "tácita adhesión", dijo que Jorge Rafael Videla era un general de la democraciay manifestó el 13 de abril de 1980: "creo que no hay desaparecidos, creo que están muertos, aunque no he visto el certificado de defunción de ninguno [...] lo que me preocupa es aliviar dolores, pero también evitar nuevos dolores. No tiene remedio. Fue así. Algún día se escribirá el capítulo de las responsabilidades”.En el Partido Socialista Democrático su secretario general Américo Ghioldi fue embajador en Portugal. El Partido Comunista Argentino tuvo una posición de apoyo a los gobiernos de Videla y Viola a quienes propusieron un gobierno de convergencia cívico-militar. El dirigente peronista Santiago de Estrada fue Subsecretario de Seguridad Social. Alberto Natale, diputado nacional del Partido Demócrata Progresista, fue intendente de Rosario entre 1981-1983, mientras que Rafael Martínez Raymonda, presidente del PDP se desempeñó como embajador en Italia. Por su parte, la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO) intentó presentarse como partido del Proceso de Reorganización Nacional, hecho que resultó en la designación de Horacio Guzmán como gobernador de Jujuy.
El 1 de diciembre de 1978, un grupo de ex-legisladores realizó una cena de homenaje al general Videla. Mientras que el peronismo con la firma de su presidente Deolindo F. Bittel rechazó el evento, la dirección del radicalismo asistió en pleno: Ricardo Balbín, Juan Carlos Pugliese, Rodolfo García Leyenda, Rubén Rabanal, Antonio Tróccoli, Francisco Rabanal, Carlos Raúl Contín, Juan Trilla, Cándido Tello Rojas y Aldo Tessio. A la reunión también asistió oficialmente el Partido Comunista representado por Fernando Nadra, miembro del Comité Central, y Juan Carlos Comínguez, exdiputado nacional, y algunos peronistas como Luis Rubeo en contra de la resolución de su partido. En cambio no concurrieron Luis León, Fernando de la Rúa, Carlos Perette y Raúl Alfonsín.
Muchos dirigentes de partidos políticos aceptaron ser intendentes del gobierno militar. Abajo se transcribe la cantidad de intendentes militares que pertenecían a partidos políticos:
La Iglesia católica argentina brindó un importante apoyo al gobierno militar y a la preparación del golpe de Estado, y en algunos casos religiosos participaron directamente en los crímenes de lesa humanidad. En 2002 la Iglesia católica pidió perdón por los pecados cometidos durante la dictadura militar de 1976-1983. Sin embargo hasta 2006 la Iglesia católica argentina se ha negado a abrir sus archivos, entre los que se encuentran los informes de los capellanes militares que podrían brindar información sobre las personas desaparecidas.
La Iglesia tuvo una importante actuación durante la represión pero también tuvo sus víctimas, algo negado por las autoridades eclesiásticas. Las fuerzas armadas pusieron su mira en los sectores progresistas de la Iglesia católica considerándolos subversivos. Según Emilio Mignone, entre 1974 y 1983, fueron asesinados o desaparecieron definitivamente 19 sacerdotes católicos y un obispo católico asesinado más dos obispos fallecidos en accidentes dudosos. Además, por lo menos sesenta y dos sacerdotes fueron detenidos, torturados, liberados y expulsados del país y numerosos clérigos tercermundistas perseguidos, detenidos y tantos otros exiliados sin haber sido apresados. Numerosos civiles que trabajaban con estos sacerdotes fueron detenidos-desaparecidos. En una reunión con la junta militar, en mayo de 1976, monseñor Tortolo solicitó que se avisase al obispo cuando se iba a detener a un sacerdote.
A mediados de 1975 el enfrentamiento de Isabel Perón con los militares había acelerado "los rumores de golpe militar",y el clima reinante a fines de 1975 hacía inminente el desplazamiento de Isabel Perón, estando los rumores de golpe militar a la orden del día.Años después diría Ítalo Luder: "a esa altura de los acontecimientos yo estaba convencido de que la decisión de las Fuerzas Armadas de tomar el gobierno era irreversible"."
El psicoanalista Hugo Vezzetti sostiene que "En vísperas del golpe, cuando las acciones de la guerrilla urbana se dirigieron abiertamente contra las Fuerzas Armadas y de seguridad era claro que no era el daño militar lo que buscaban sino una reacción que, ilusoriamente, debería profundizar la escalada hacia una futura confrontación mayor. La línea seguida suponía, brevemente, que el colapso del sistema institucional llevaría a una dictadura más brutal que la anterior, que sería incapaz de contener una oposición creciente y frente a la cual las organizaciones guerrilleras surgirían en una posición de liderazgo.Por su parte, Pilar Calveiro, politóloga y exdetenida-desaparecida que mantiene una posición crítica hacia la práctica de las organizaciones armadas en Argentina, afirma que "la táctica del terrorismo indiscriminado terminó cumpliendo un papel no menor en la modalidad y extensión de los procedimientos represivos de la dictadura".
Refiriéndose a las consecuencias de lo que denomina "suposición del triunfo inexorable" de las organizaciones guerrilleras, Pilar Calveiro opinó que "Bajo esta idea, la organización Montoneros, igual que el ERP, consideró que el golpe de 1976 era benéfico para sus objetivos puesto que agudizaría las contradicciones y se aclararía un enfrentamiento que resultaba difuso, dadas las prácticas de represión ilegal provenientes de un gobierno elegido democráticamente; se esperaba que todo ello permitiera acelerar el momento del triunfo. Firmenich dijo sobre el golpe: "no hicimos nada por impedirlo porque, en suma, también el golpe formaba parte de la lucha interna en el movimiento Peronista".
La comunidad internacional como tal fue incapaz de detener o condenar la violación masiva de derechos humanos en la Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia. Esa incapacidad se debió en gran medida al bloqueo sistemático de todo intento de sancionar a la Argentina que realizaron tanto Estados Unidos como la Unión Soviética.
En el caso de Estados Unidos, su participación en el golpe de Estado y el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad fue una política consciente propuesta por Henry Kissinger. Los documentos secretos del gobierno norteamericano desclasificados no dejan lugar a dudas sobre la complicidad directa de Estados Unidos y Kissinger personalmente en la violación masiva de derechos humanos.
En el Memorándum de Conversación del Departamento de Estado de los Estados Unidos del 7 de octubre de 1976 se registra una conversación entre Henry Kissenger y el canciller argentino contralmirante César Augusto Guzzetti en donde Kissinger pronuncia la siguiente frase:
La actitud de los Estados Unidos cambió completamente cuando el demócrata James Carter fue elegido presidente especialmente a través de la acción de Patricia Derian, Subsecretaria de Derechos Humanos, condecorada en 2006 por el gobierno argentino en reconocimiento a su desempeño durante la dictadura. Durante su gestión (1977-1981) se desarrolló una intensa presión política que se concretó en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a la Argentina en 1979, de gran importancia para limitar las violaciones de derechos humanos. Por el contrario Kissinger, desalojado ya del gobierno, viajó a Argentina en 1978 para elogiar a los militares por sus "esfuerzos" en lo que denominada "combatir el terrorismo".
Con la elección del republicano Ronald Reagan EE. UU. estableció una política de renovado apoyo a la dictadura militar organizando en forma conjunta la guerra sucia en Centroamérica (Operación Charlie), hasta la Guerra de las Malvinas.
La Unión Soviética por su parte estableció una estrecha relación comercial con la dictadura militar durante los gobiernos de Videla y Viola. A raíz de ello, el Partido Comunista Argentino defendió el carácter progresista de estos militares y la URSS bloqueó las sanciones que se solicitaban contra la Argentina en los foros internacionales.
Isidoro Gilbert en su libro El Oro de Moscú: historia secreta de la diplomacia, el comercio y la inteligencia soviética en la Argentina escribe:
Cuba también mantuvo una posición tolerante frente a la violación de derechos humanos en Argentina actuando como interlocutor del gobierno militar tanto ante los países del bloque soviético como el Movimiento de Países No Alineados.
El bloque soviético y especialmente Cuba y el Movimiento de Países No Alineados jugaron un rol clave para frenar toda resolución de condena a la dictadura Argentina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y en especial en la sesión de febrero de 1979. Un informe del gobierno militar argentino realiza la siguiente conclusión sobre el Movimiento de Países No Alineados:
En varios países de Europa, principalmente Francia, se apoyaron actividades de denuncia de las violaciones de derechos humanos en la Argentina. En 1978, el célebre futbolista neerlandés Johan Cruyff tomó la decisión de no participar en la Copa del Mundo realizada en la Argentina como una forma de protesta.
En 1980, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, un luchador por los derechos humanos, que constituyó una importante medida para poner en evidencia la situación. En 1981 el grupo musical Queen realizó cuatro recitales en Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, en el que criticaron abiertamente a la dictadura militar y pronosticaron su caída, que tuvo gran impacto en la juventud.
Varios países tuvieron una actitud de recepción y protección de los exiliados argentinos. Entre ellas se destacaron México, Costa Rica, Venezuela, España, Francia, y Suecia.
A pesar de las condiciones extremas de represión varios grupos políticos, sindicales, de derechos humanos, mantuvieron una actividad de resistencia y oposición a la dictadura militar dentro del país.
En primer lugar se destacaron los organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Servicio de Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Movimiento Judío por los Derechos Humanos, entre otros.
Varios sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvieron también una activa posición opositora, declarando decenas de huelgas. En 1979 la Comisión de los 25 declaró la primera huelga general y en septiembre de 1981 la CGT convocó a la primera manifestación abierta contra la dictadura militar. Aún antes, con las huelgas prohibidas, se buscaron distintas formas de lucha como el "trabajo a tristeza" que desarrollaron militantes gremiales en Luz y Fuerza, ferroviarios y automotrices, que motivaron una ola de secuestros, entre ellos Víctor Vázquez del segundo, y Mario Marrero, joven comunista obrero de General Motors.
Entre los partidos políticos, mantuvieron una activa oposición varios grupos del Partido Justicialista, Franja Morada y el Movimiento de Renovación y Cambio pertenecientes a la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista Popular, el Movimiento al Socialismo, el Partido Intransigente, el Partido Comunista Revolucionario, entre otros. En 1980 las juventudes de estos partidos reorganizaron las Juventudes Políticas como instancia de acción conjunta, participando de las mismas las juventudes radical, peronista, socialista, comunista e intransigente. En 1981 cinco partidos (Justicialista, Radical, Intransigente, MID y demócrata-cristiano) con el apoyo del Partido Socialista Popular, organizaron la Multipartidaria para presionar al gobierno militar a retirarse y establecer un régimen democrático.
El movimiento estudiantil también mantuvo una precaria organización clandestina fundamentalmente a través de la Federación Universitaria Argentina. Una investigación más seria del período permite ubicar en los primeros años del golpe esfuerzos importantes por parte de los secundarios, principalmente las prohibidas y perseguidas revistas estudiantiles, que llegaron a más de un centenar en todo el país, y fueron base de la reorganización de los prohibidos centros estudiantiles. En el caso universitario el motivo movilizador fue la lucha contra el arancelamiento que impulsó el ministro Moyano Llerena, llegándose en 1980 a juntar 20 000 firmas en petitorios. En ambos casos, secundarios y universitarios, la coordinación entre las juventudes políticas fue decisiva, y aún más cuando se tomó la decisión de volver a ganar las calles, con movilizaciones de las agrupaciones en Rosario y Capital que fueron violentamente reprimidas.
En la Iglesia católica argentina, a pesar de la pasividad general de sus autoridades, existieron varios grupos y personas que adoptaron una activa posición de defensa de los derechos humanos. Entre ellos pueden destarcarse las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, los padres palotinos de Belgrano, el obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli, entre muchos otros. En el exterior se organizaron grupos de exiliados entre los que se destacaron la Casa Argentina en México y Madrid, así como los grupos organizados en París.
Las organizaciones guerrilleras Montoneros y ERP fueron perdiendo presencia hasta quedar sumamente debilitadas. El 30 de marzo de 1982 las fuerzas opositoras, con el liderazgo de la CGT y la Multipartidaria, organizaron una gran manifestación popular contra la dictadura que produjo la primera gran fisura del régimen.
Si bien se discute la capacidad operativa de las organizaciones guerrilleras con posterioridad a 1975, las mismas realizaron algunas acciones hasta 1979. Después del golpe, Montoneros realizó una serie de ataques con bombas, en una de las cuales resultó muerto el general Cesáreo Cardozo, al mando de la Policía Federal. El 2 de junio de 1976, una bomba explotó en el comedor de la Policía Federal; hubo entre veinticinco y treinta muertos y casi sesenta heridos. El 12 de septiembre explotó, por control remoto, un automóvil cuando pasaba un colectivo de policía; murieron nueve policías y dos civiles. El 9 de noviembre, una bomba puesta por montoneros explotó en el Cuartel General de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el saldo fue un muerto y once policías heridos.
El 18 de febrero de 1977, el ERP ejecutó un atentado fallido contra el avión presidencial de la cabeza de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, que recibió el nombre de Operación Gaviota. El 5 de abril, un grupo guerrillero hizo estallar una bomba en la sede del comando de la Fuerza Aérea, dañando estructuralmente el Edificio Cóndor de Buenos Aires, dende estaba ubicado. El 7 de mayo Montoneros realizó un atentado contra el Vicealmirante César Augusto Guzzetti, Ministro de Relaciones Exteriores, en el cual recibió graves heridas que le causaron la muerte pocos años después. Ese año murieron 36 policías en Buenos Aires en atentados o enfrentamientos con grupos guerrilleros.
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