Reino de España
España, también denominado Reino de España, es un país transcontinental, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Su territorio, con capital en Madrid, está organizado en diecisiete comunidades autónomas, formadas a su vez por cincuenta provincias; y dos ciudades autónomas.
España se sitúa tanto al sur de Europa Occidental como en el norte de África. En Europa, ocupa la mayor parte de la península ibérica, conocida como España peninsular, y las islas Baleares (en el mar Mediterráneo occidental); en África se hallan las ciudades de Ceuta (en la península Tingitana) y Melilla (en el cabo de Tres Forcas), las islas Canarias (en el océano Atlántico nororiental), las islas Chafarinas (mar Mediterráneo), el peñón de Vélez de la Gomera (mar Mediterráneo), las islas Alhucemas (golfo de las islas Alhucemas) y la isla de Alborán (mar de Alborán). El municipio de Llivia, en los Pirineos, constituye un exclave rodeado totalmente por territorio francés. Completa el conjunto de territorios una serie de islas e islotes frente a las propias costas peninsulares.
Tiene una extensión de 505 370 km², por lo que es el cuarto país más extenso del continente, tras Rusia, Ucrania y Francia. Con una altitud media de 650 metros sobre el nivel del mar es uno de los países más montañosos de Europa. Su población es de 47 329 981 habitantes a 1 de enero de 2020. El territorio peninsular comparte fronteras terrestres con Francia y con Andorra al norte, con Portugal al oeste y con el territorio británico de Gibraltar al sur. En sus territorios africanos, comparte fronteras terrestres y marítimas con Marruecos. Comparte con Francia la soberanía sobre la isla de los Faisanes en la desembocadura del río Bidasoa y cinco facerías pirenaicas.
De acuerdo con la Constitución, y según su artículo 3.1, «el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». En 2012, era la lengua materna del 82 % de los españoles. Según el artículo 3.2, «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos».
El producto interior bruto coloca a la economía española en la decimotercera posición mundial. España es una potencia turística, el segundo país más visitado del mundo en 2018 con 83 millones de turistas, y el segundo país del mundo en ingresos económicos provenientes del turismo, después de Francia. Es, además, el octavo país del mundo con mayor presencia de multinacionales. Tiene un índice de desarrollo humano muy alto (0,904), según el informe de 2020 del Programa de la ONU para el Desarrollo.
La primera presencia constatada de homínidos del género Homo se remonta a 1,2 millones de años antes del presente, como atestigua el descubrimiento de una mandíbula de un Homo aún sin clasificar en el yacimiento de Atapuerca. En el siglo III a. C., se produjo la intervención romana en la Península, lo que conllevó a una posterior conquista de lo que, más tarde, se convertiría en Hispania. En el Medievo, la zona fue conquistada por distintos pueblos germánicos y por los musulmanes, llegando estos a tener presencia durante algo más de siete centurias. No es hasta el s. XV d. C., con la unión dinástica de Castilla y Aragón y la culminación de la Reconquista, junto con la posterior anexión navarra, cuando se puede hablar de la cimentación de España, como era reconocida en el exterior. Ya en la Edad Moderna, los monarcas españoles dominaron el primer imperio de ultramar global, que abarcaba territorios en los cinco continentes, dejando un vasto acervo cultural y lingüístico por el globo. A principios del xix, tras sucesivas guerras en Hispanoamérica, pierde la mayoría de sus territorios en América, acrecentándose esta situación con el desastre del 98. Durante este siglo, se produciría también una guerra contra el invasor francés, una serie de guerras civiles, una efímera república reemplazada nuevamente por una monarquía constitucional y el proceso de modernización del país. En el primer tercio del siglo XX, se proclamó una república constitucional. Un golpe de Estado militar fallido provocó el estallido de una guerra civil, cuyo fin dio paso a la dictadura de Francisco Franco, finalizada con la muerte de este en 1975, momento en que se inició una transición hacia la democracia, cuyo clímax fue la redacción, ratificación en referéndum y promulgación de la Constitución de 1978, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
El nombre de «España» deriva de Hispania, nombre con el que los romanos designaban geográficamente al conjunto de la península ibérica, término alternativo al nombre Iberia, preferido por los autores griegos para referirse al mismo espacio. Sin embargo, el hecho de que el término Hispania no es de raíz latina ha llevado a la formulación de varias teorías sobre su origen, algunas de ellas controvertidas.
Hispania proviene del fenicio i-spn-ya, un término cuyo uso está documentado desde el segundo milenio antes de Cristo, en inscripciones ugaríticas. Los fenicios constituyeron la primera civilización no ibérica que llegó a la península para expandir su comercio y que fundó, entre otras, Gadir, la actual Cádiz, la ciudad habitada más antigua de Europa Occidental. Los romanos tomaron la denominación de los vencidos cartagineses, interpretando el prefijo i como «costa», «isla» o «tierra», con ya con el significado de «región». El lexema spn, que en fenicio y también en hebreo se puede leer como saphan, se tradujo como «conejos» (en realidad «damanes», unos animales del tamaño del conejo extendidos por África y el Creciente Fértil). Los romanos, por tanto, le dieron a Hispania el significado de «tierra abundante en conejos», un uso recogido por Cicerón, César, Plinio el Viejo, Catón, Tito Livio y, en particular, Catulo, que se refiere a Hispania como península cuniculosa (en algunas monedas acuñadas en la época de Adriano figuraban personificaciones de Hispania como una dama sentada y con un conejo a sus pies), en referencia al tiempo que vivió en Hispania.
Sobre el origen fenicio del término, el historiador y hebraísta Cándido María Trigueros propuso en la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona en 1767 una teoría diferente, basada en el hecho de que el alfabeto fenicio (al igual que el hebreo) carecía de vocales. Así spn (sphan en hebreo y arameo) significaría en fenicio «el norte», una denominación que habrían tomado los fenicios al llegar a la península ibérica bordeando la costa africana, viéndola al norte de su ruta, por lo que i-spn-ya sería la «tierra del norte». Por su parte, según Jesús Luis Cunchillos en su Gramática fenicia elemental (2000), la raíz del término span es spy, que significa «forjar» o «batir metales». Así, i-spn-ya sería «la tierra en la que se forjan metales».
Aparte de la teoría de origen fenicio, que es la más aceptada a pesar de que el significado preciso del término sigue siendo objeto de discusiones, a lo largo de la historia se propusieron diversas hipótesis, basadas en similitudes aparentes y significados más o menos relacionados. A principios de la Edad Moderna, Antonio de Nebrija, en la línea de Isidoro de Sevilla, propuso su origen autóctono como deformación de la palabra ibérica Hispalis, que significaría «la ciudad de occidente» y que, al ser Hispalis la ciudad principal de la península, los fenicios y luego los romanos dieron su nombre a todo su territorio. Posteriormente, Juan Antonio Moguel propuso en el siglo xix que el término Hispania podría provenir de la palabra euskera Izpania, que vendría a significar «que parte el mar» al estar compuesta por las voces iz y pania o bania que significa «dividir» o «partir». A este respecto, Miguel de Unamuno declaró en 1902: «La única dificultad que encuentro [...] es que, según algunos paisanos míos, el nombre España deriva del vascuence ezpaña, labio, aludiendo a la posición que tiene nuestra península en Europa». Otras hipótesis suponían que tanto Hispalis como Hispania eran derivaciones de los nombres de dos reyes legendarios de España, Hispalo y su hijo Hispan o Hispano, hijo y nieto, respectivamente, de Hércules.
A partir del periodo visigodo, el término Hispania, hasta entonces usado geográficamente, comenzó a emplearse también con una connotación política, como muestra el uso de la expresión Laus Hispaniae para describir la historia de los pueblos de la península en las crónicas de Isidoro de Sevilla.
La palabra España deriva fonéticamente de Hĭspanĭa, de manera regular a través a la palatalización de la /n/ en /ñ/ ante yod latina -ĭa, la pérdida de la H- inicial (que se da en latín tardío) y la abertura de la ĭ en posición inicial a /e/. Sin embargo, España no puede considerarse la traducción al español de la palabra latina Hispania, ya que el uso moderno designa una extensión diferente.
La evolución de la palabra España es acorde con otros usos culturales. Hasta el Renacimiento, los topónimos que hacían referencia a territorios nacionales y regionales eran relativamente inestables, tanto desde el punto de vista semántico como del de su precisa delimitación geográfica. Así, en tiempos de los romanos Hispania correspondía al territorio que ocupaban en la península, Baleares y, en el siglo iii, parte del norte de África —la Mauritania Tingitana, que se incluyó en el año 285 en la Diocesis Hispaniarum—.
En el dominio visigodo, el rey Leovigildo, tras unificar la mayor parte del territorio de la España peninsular a fines del s. vi, se titula rey de Gallaecia, Hispania y Narbonensis. San Isidoro de Sevilla narra la búsqueda de la unidad peninsular, finalmente culminada en el reinado de Suintila en la primera mitad del s. vii y se habla de la «madre España». En su obra Historia Gothorum, Suintila aparece como el primer rey de Totius Spaniae («toda España»). El prólogo de la misma obra es el conocido De laude Spaniae («Acerca de la alabanza a España»).
En tiempos del rey Mauregato, fue compuesto el himno O Dei Verbum en el que se califica al apóstol como dorada cabeza refulgente de Ispaniae («Oh, vere digne sanctior apostole caput refulgens aureum Ispaniae, tutorque nobis et patronus vernulus»).
Con la invasión musulmana, el nombre de Spania o España se transformó en اسبانيا, Isbāniyā. El uso de la palabra España sigue resultando inestable, dependiendo de quién lo use y en qué circunstancias. Algunas crónicas y otros documentos de la Alta Edad Media designan exclusivamente con ese nombre (España o Spania) al territorio dominado por los musulmanes. Así, Alfonso I de Aragón, «el Batallador», dice en sus documentos que «Él reina en Pamplona, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza» y, cuando en 1126 hace una expedición hasta Málaga, nos dice que «fue a las tierras de España». Pero ya a partir de los últimos años del siglo xii, se generaliza nuevamente el uso del nombre de España para toda la Península, sea de musulmanes o de cristianos. Así se habla de los cinco reinos de España: Granada (musulmán), León con Castilla, Navarra, Portugal y la Corona de Aragón (cristianos).
A medida que avanza la Reconquista, varios reyes se proclamaron príncipes de España, tratando de reflejar la importancia de sus reinos en la península ibérica. Tras la unión dinástica de Castilla y Aragón, se comienza a usar en estos dos reinos el nombre de España para referirse a ambos, circunstancia que, por lo demás, no tenía nada de novedosa; así, ya en documentos de los años 1124 y 1125, con motivo de la expedición militar por Andalucía de Alfonso el Batallador, se referían a este —que había unificado los reinos de Castilla y Aragón tras su matrimonio con Urraca I de León— con los términos «reinando en España» o reinando «en toda la tierra de cristianos y sarracenos de España».
El gentilicio español ha evolucionado de forma distinta a la que cabría esperar (cabría esperar algo similar a «hispánico»). Existen varias teorías sobre cómo surgió el propio gentilicio español. Según una de ellas, el sufijo -ol es característico de las lenguas romances provenzales y poco frecuente en las lenguas romances habladas entonces en la península, por lo que considera que habría sido importado a partir del siglo IX, con el desarrollo del fenómeno de las peregrinaciones medievales a Santiago de Compostela, por los numerosos visitantes francos que recorrieron la península, favoreciendo que con el tiempo se divulgara la adaptación del nombre latino hispani a partir del espagnol, espanyol, espannol, espanhol, español, etc. (las grafías gn, nh y ny, además de nn, y su abreviatura ñ, representaban el mismo fonema) con que ellos designaban a los cristianos de la antigua Hispania. Posteriormente, habría sido la labor de divulgación de las élites formadas la que promocionó el uso de español y españoles: la palabra españoles aparece veinticuatro veces en el cartulario de la catedral de Huesca, manuscrito de 1139-1221, mientras que en la Estoria de España, redactada entre 1260 y 1274 por iniciativa de Alfonso X el Sabio, se empleó exclusivamente el gentilicio españoles.
El Diccionario de la lengua española publicado por la Real Academia Española, en su vigesimotercera edición (2014), asegura que la voz español proviene de la provenzal espaignol, y esta del latín medieval Hispaniŏlus, de Hispania, España.
El actual territorio español aloja dos de los lugares más importantes para la prehistoria europea y mundial: la sierra de Atapuerca (donde se ha definido la especie Homo antecessor y se ha hallado la serie más completa de huesos de Homo heidelbergensis) y la cueva de Altamira (donde por primera vez se identificó el arte paleolítico).
La particular posición de la península ibérica como «Extremo Occidente» del mundo mediterráneo determinó la llegada de sucesivas influencias culturales del Mediterráneo oriental, particularmente las vinculadas al Neolítico y la Edad de los Metales (agricultura, cerámica, megalitismo), proceso que culminó en las denominadas colonizaciones históricas del I milenio a. C. Tanto por su localización favorable para las comunicaciones como por sus posibilidades agrícolas y su riqueza minera, las zonas este y sur fueron las que alcanzaron un mayor desarrollo (cultura de los Millares, Cultura del Argar, Tartessos, pueblos iberos). También hubo continuos contactos con Europa Central (cultura de los campos de urnas, celtización).
La datación más antigua de un hecho histórico en España es la de la legendaria fundación de la colonia fenicia de Gadir (la Gades romana, que hoy es Cádiz), que según fuentes romanas (Veleyo Patérculo y Tito Livio) se habría producido ochenta años después de la guerra de Troya, antes que la de la propia Roma, lo que la situaría en el 1104 a. C. y sería la fundación de una ciudad en Europa Occidental de referencias más antiguas. Las no menos legendarias referencias que recoge Heródoto de contactos griegos con el reino tartésico de Argantonio se situarían, por su parte, en el año 630 a. C. Las evidencias arqueológicas de establecimientos fenicios (Ebusus —Ibiza—, Sexi —Almuñécar—, Malaka —Málaga—) permiten hablar de un monopolio fenicio de las rutas comerciales en torno al Estrecho de Gibraltar (incluyendo las del Atlántico, como la ruta del estaño), que limitó la colonización griega al norte mediterráneo (Emporion, la actual Ampurias).
Las colonias fenicias pasaron a ser controladas por Cartago desde el siglo VI a. C., periodo en el que también se produce la desaparición de Tartessos. Ya en el siglo III a. C., la victoria de Roma en la primera guerra púnica estimuló aún más el interés cartaginés por la península ibérica, por lo que se produjo una verdadera colonización territorial o imperio cartaginés en Hispania, con centro en Qart Hadasht (Cartagena), liderada por la familia Barca.
La intervención romana se produjo en la segunda guerra púnica (218 a. C.), que inició una paulatina conquista romana de Hispania, no completada hasta casi doscientos años más tarde. La derrota cartaginesa permitió una relativamente rápida incorporación de las zonas este y sur, que eran las más ricas y con un nivel de desarrollo económico, social y cultural más compatible con la propia civilización romana. Mucho más dificultoso se demostró el sometimiento de los pueblos de la Meseta, más pobres (guerras lusitanas y guerras celtíberas), que exigió enfrentarse a planteamientos bélicos totalmente diferentes a la guerra clásica (la guerrilla liderada por Viriato —asesinado el 139 a. C.—, resistencias extremas como la de Numancia —vencida el 133 a. C.—). En el siglo siguiente, las provincias romanas de Hispania, convertidas en fuente de enriquecimiento de funcionarios y comerciantes romanos y de materias primas y mercenarios, estuvieron entre los principales escenarios de las guerras civiles romanas, con la presencia de Sertorio, Pompeyo y Julio César. La pacificación (pax romana) fue el propósito declarado de Augusto, que pretendió dejarla definitivamente asentada con el sometimiento de cántabros y astures (29-19 a. C.), aunque no se produjo su efectiva romanización. En el resto del territorio, la romanización de Hispania fue tan profunda como para que algunas familias hispanorromanas alcanzaran la dignidad imperial (Trajano, Adriano y Teodosio) y hubiera hispanos entre los más importantes intelectuales romanos (el filósofo Lucio Anneo Séneca, los poetas Lucano, Quintiliano o Marcial, el geógrafo Pomponio Mela o el agrónomo Columela), si bien, como escribió Tito Livio en tiempos de Augusto, «aunque fue la primera provincia importante invadida por los romanos fue la última en ser dominada completamente y ha resistido hasta nuestra época», atribuyéndolo a la naturaleza del territorio y al carácter recalcitrante de sus habitantes. La asimilación del modo de vida romano, larga y costosa, ofreció una gran diversidad desde los grados avanzados en la Bética a la incompleta y superficial romanización del norte peninsular.
En el año 409 un grupo de pueblos germánicos (suevos, alanos y vándalos) invadieron la península ibérica. En el 416, lo hicieron a su vez los visigodos, un pueblo igualmente germánico, pero mucho más romanizado, bajo la justificación de restaurar la autoridad imperial. En la práctica tal vinculación dejó de tener significación y crearon un reino visigodo con capital primero en Tolosa (la actual ciudad francesa de Toulouse) y posteriormente en Toletum (Toledo), tras ser derrotados por los francos en la batalla de Vouillé (507). Entretanto, los vándalos pasaron a África y los suevos conformaron el reino de Braga en la antigua provincia de Gallaecia (el cuadrante noroeste peninsular). Leovigildo materializó una poderosa monarquía visigoda con las sucesivas derrotas de los suevos del noroeste y otros pueblos del norte (la zona cantábrica, poco romanizada, se mantuvo durante siglos sin una clara sujeción a una autoridad estatal) y los bizantinos del sureste (Provincia de Spania, con centro en Carthago Spartaria, la actual Cartagena), que no fue completada hasta el reinado de Suintila en el año 625.
Isidoro de Sevilla, en su Historia Gothorum, se congratula de que este rey fuera «el primero que poseyó la monarquía del reino de toda España que rodea el océano, cosa que a ninguno de sus antecesores le fue concedida...» El carácter electivo de la monarquía visigótica determinó una gran inestabilidad política caracterizada por continuas rebeliones y magnicidios. La unidad religiosa se había producido con la conversión al catolicismo de Recaredo (587), proscribiendo el arrianismo que hasta entonces había diferenciado a los visigodos, impidiendo su fusión con las clases dirigentes hispanorromanas. Los Concilios de Toledo se convirtieron en un órgano en el que, reunidos en asamblea, el rey, los principales nobles y los obispos de todas las diócesis del reino sometían a consideración asuntos de naturaleza tanto política como religiosa. El Liber Iudiciorum promulgado por Recesvinto (654) como derecho común a hispanorromanos y visigodos tuvo una gran proyección posterior.
En el año 689 los árabes llegaron al África noroccidental y en el año 711, llamados por la facción visigoda enemiga del rey Rodrigo, cruzaron el Estrecho de Gibraltar (denominación que recuerda al general bereber Tarik, que lideró la expedición) y lograron una decisiva victoria en la batalla de Guadalete. La evidencia de la superioridad llevó a convertir la intervención, de carácter limitado en un principio, en una verdadera imposición como nuevo poder en Hispania, que se terminó convirtiendo en un emirato o provincia del imperio árabe llamada al-Ándalus con capital en la ciudad de Córdoba. El avance musulmán fue veloz: en el 712 tomaron Toledo, la capital visigoda; el resto de las ciudades fueron capitulando o siendo conquistadas hasta que en el 716 el control musulmán abarcaba toda la península, aunque en el norte su dominio era más bien nominal que efectivo. En la Septimania, al noreste de los Pirineos, se mantuvo un núcleo de resistencia visigoda hasta el 719. El avance musulmán contra el reino franco fue frenado por Carlos Martel en la batalla de Poitiers (732).
La poco controlada zona noroeste de la península ibérica fue escenario de la formación de un núcleo de resistencia cristiano centrado en la cordillera Cantábrica, zona en la que un conjunto de pueblos poco romanizados (astures, cántabros y vascones), escasamente sometidos al reino godo, tampoco habían suscitado gran interés para las nuevas autoridades islámicas. En el resto de la península ibérica, los señores godos o hispanorromanos, o bien se convirtieron al islam (los denominados muladíes, como la familia banu Qasi, que dominó el valle medio del Ebro) o bien permanecieron fieles a las autoridades musulmanas aun siendo cristianos (los denominados mozárabes), conservaron su posición económica y social e incluso un alto grado de poder político y territorial (como Tudmir, que dominó una extensa zona del sureste).
La sublevación inicial de Don Pelayo fracasó, pero en un nuevo intento del año 722 consiguió imponerse a una expedición de castigo musulmana en un pequeño reducto montañoso, lo que la historiografía denominó «batalla de Covadonga». La determinación de las características de ese episodio sigue siendo un asunto no resuelto, puesto que más que una reivindicación de legitimismo visigodo (si es que el propio Pelayo o los nobles que le acompañaban lo eran) se manifestó como una continuidad de la resistencia al poder central de los cántabros locales (a pesar del nombre que terminó adoptando el reino de Asturias, la zona no era de ninguno de los pueblos astures, sino la de los cántabros vadinienses). El «goticismo» de las crónicas posteriores asentó su interpretación como el inicio de la «Reconquista», la recuperación de todo el territorio peninsular, al que los cristianos del norte entendían tener derecho por considerarse legítimos continuadores de la monarquía visigoda.
Los núcleos cristianos orientales tuvieron un desarrollo inicial claramente diferenciado del de los occidentales. La continuidad de los godos de la Septimania, incorporados al reino franco, fue base de las campañas de Carlomagno contra el Emirato de Córdoba, con la intención de establecer una Marca Hispánica al norte del Ebro, de forma similar a como hizo con otras marcas fronterizas en los límites de su Imperio. Demostrada imposible la conquista de las zonas del valle del Ebro, la Marca se limitó a la zona pirenaica, que se organizó en diversos condados en constantes cambios, enfrentamientos y alianzas tanto entre sí como con los árabes y muladíes del sur. Los condes, de origen franco, godo o local (vascones en el caso del condado de Pamplona) ejercían un poder de hecho independiente, aunque mantuvieran la subordinación vasallática con el Emperador o, posteriormente, el rey de Francia Occidentalis. El proceso de feudalización que llevó a la descomposición de la dinastía carolingia, evidente en el siglo IX, fue estableciendo paulatinamente la transmisión hereditaria de las condados y su completa emancipación de la vinculación con los reyes francos. En todo caso, el vínculo nominal se mantuvo mucho tiempo: hasta el año 988 los condes de Barcelona fueron renovando su contrato de vasallaje.
En 756, Abderramán I (un Omeya superviviente del exterminio de la familia califal destronada por los abbasíes) fue acogido por sus partidarios en al-Ándalus y se impuso como emir. A partir de entonces, el Emirato de Córdoba fue políticamente independiente del Califato abasí (que trasladó su capital a Bagdad). La obediencia al poder central de Córdoba fue desafiada en ocasiones con revueltas o episodios de disidencia protagonizados por distintos grupos etno-religiosos, como los bereberes de la Meseta del Duero, los muladíes del valle del Ebro o los mozárabes de Toledo, Mérida o Córdoba (jornada del foso de Toledo y Elipando, mártires de Córdoba y San Eulogio) y se llegó a producir una grave sublevación encabezada por un musulmán convertido al cristianismo (Omar ibn Hafsún, en Bobastro). Los núcleos de resistencia cristiana en el norte se consolidaron, aunque su independencia efectiva dependía de la fortaleza o debilidad que fuera capaz de demostrar el Emirato cordobés.
En 929, Abderramán III se proclamó califa, manifestando su pretensión de dominio sobre todos los musulmanes. El Califato de Córdoba solo consiguió imponerse, más allá de la península ibérica, sobre un difuso territorio norteafricano; pero sí logró un notable crecimiento económico y social, con un gran desarrollo urbano y una pujanza cultural en todo tipo de ciencias, artes y letras, que le hizo destacar tanto en el mundo islámico como en la entonces atrasada Europa cristiana (sumida en la «Edad Oscura» que siguió al renacimiento carolingio). Ciudades como Valencia, Zaragoza, Toledo o Sevilla se convirtieron en núcleos urbanos importantes, pero Córdoba llegó a ser, durante el califato de al-Hakam II, la mayor ciudad de Europa Occidental; quizá alcanzó el medio millón de habitantes, y sin duda fue el mayor centro cultural de la época. En los años finales del siglo X, el general Almanzor dirigió cada primavera aceifas (expediciones de castigo y para conseguir botín) contra los cristianos del norte (Pamplona, 978, León, 982, Barcelona, 985, Santiago, 997). A su muerte en 1002, tras su derrota ante una coalición cristiana en la batalla de Calatañazor, comenzaron una serie de enfrentamientos entre familias dirigentes musulmanas, que llevaron a la desaparición del califato y la formación de un mosaico de pequeños reinos, llamados de taifas.
El reino de Asturias, con su capital fijada en Oviedo desde el reinado de Alfonso II el Casto, se había transformado en reino de León en 910 con García I al repartir Alfonso III el Magno sus territorios entre sus hijos. En 914, muerto García, subió al trono Ordoño II, que reunificó Galicia, Asturias y León y fijó definitivamente en esta última ciudad su capital. Su territorio, que llegaba hasta el Duero, se fue paulatinamente repoblando mediante el sistema de presura (concesión de la tierra al primero que la roturase, para atraer a población en las peligrosas zonas fronterizas), mientras que los señoríos laicos o eclesiásticos (de nobles o monasterios) se fueron implantando posteriormente. En las zonas en que la frontera fue una condición más permanente y la defensa recaía en la figura social del caballero-villano, lo que ocurrió particularmente en la zona oriental del reino, se conformó un territorio de personalidad marcadamente diferenciada: el condado de Castilla (Fernán González). Un proceso hasta cierto punto similar (aprisio) se produjo en los condados catalanes de la llamada Cataluña la Vieja (hasta el Llobregat, por oposición a la Cataluña la Nueva conquistada a partir del siglo XII).
El siglo XI comenzó con el predominio entre los reinos cristianos del reino de Navarra. Sancho III el Mayor incorporó los condados pirenaicos centrales (Aragón, Sobrarbe y Ribagorza) y el condado leonés de Castilla, estableciendo un protectorado de hecho sobre el propio reino de León. Los enfrentamientos entre las taifas musulmanas, que recurrían a los cristianos como tropas mercenarias para imponerse unas sobre otras, aumentaron notablemente su poder, que llegó a ser suficiente como para someterlas al pago de parias.
Los territorios de Sancho el Mayor fueron distribuidos entre sus hijos tras su muerte. Fernando obtuvo Castilla. Su matrimonio con la hermana del rey leonés y el apoyo navarro le permitieron imponerse como rey de León tras la muerte de su cuñado en la batalla de Tamarón (1037). A la muerte de Fernando se volvió a realizar un reparto territorial que multiplicó el número de territorios que adquirieron el rango regio: reino de León, reino de Galicia, reino de Castilla, así como la ciudad de Zamora. Sucesivamente se produjeron reunificaciones y divisiones, siempre revertidas, excepto en el caso del condado de Portugal, convertido en reino. La conquista de Toledo por Alfonso VI (1085) permitió la repoblación de la amplia región entre los ríos Duero y Tajo mediante la concesión de fueros y cartas pueblas a concejos con jurisdicción sobre amplias zonas (comunidad de villa y tierra) sobre los que ejercían una especie de «señorío colectivo». Un proceso similar se produjo en el valle del Ebro, repoblado (en parte con mozárabes emigrados del sur peninsular) a partir de la conquista de Zaragoza (1118) por Alfonso I el Batallador, rey de Navarra y Aragón, que incluso llegó a ser rey consorte de Castilla y León (en un accidentado matrimonio con Urraca I de Castilla, que terminó anulándose). A su muerte sin herederos directos se separaron definitivamente sus reinos: mientras que Navarra quedó marginada en la Reconquista, sin crecimiento hacia el sur, Aragón se vinculó con Cataluña en 1137 por el matrimonio de la reina Petronila con el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona y formaron la Corona de Aragón.
Por su parte, la conformación de la Corona de Castilla como conjunto de reinos, con un único rey y unas únicas Cortes, no se consolidó hasta el siglo XIII. Los distintos territorios conservaban diversas particularidades jurídicas, así como su condición de reino, perpetuada en la intitulación regia: «rey de Castilla, de León, de Galicia, de Nájera, de Toledo,... señor de Vizcaya y de Molina», añadiendo sucesivamente los títulos de soberanía de los nuevos reinos que se fueran conquistando o adquiriendo. Alfonso VII adoptó el título de Imperator totius Hispaniae. La repoblación de la amplia zona entre el Tajo y Sierra Morena, relativamente despoblada, se confió a las órdenes militares (Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa).
Los avances cristianos hacia el sur fueron confrontados sucesivamente por dos intervenciones norteafricanas: la de los almorávides (batallas de Zalaca, 1086, y Uclés, 1108) y la de los almohades (batalla de Alarcos, 1195), que unificaron bajo una concepción más rigorista del Islam a las taifas, cuyos gobernantes eran acusados de corruptos y contemporizadores con los cristianos. Sin embargo, la batalla de las Navas de Tolosa (1212) significó una decisiva imposición del predominio cristiano y los pocos años quedó un único reducto musulmán en la península, el reino nazarí de Granada. La decadencia política y militar de al-Andalus fue simultánea a su mayor esplendor en los campos artístico y cultural (palacio de la Aljafería, Alhambra de Granada, Averroes, Ibn Hazm).
La Corona de Castilla, con Fernando III el Santo, conquistó en los años centrales del siglo XIII la totalidad del valle del Guadalquivir (reinos de Jaén, de Córdoba y de Sevilla) y el reino de Murcia; mientras la Corona de Aragón, tras frustrarse su expansión al norte de los Pirineos (cruzada albigense), conquistaba los reinos de Valencia y de Mallorca (Jaime I el Conquistador). El acuerdo entre ambas coronas definió las respectivas zonas de influencia, e incluso enlaces matrimoniales (de Alfonso X el Sabio con Violante de Aragón). La repoblación por los cristianos de estas zonas, densamente habitadas por musulmanes, muchos de los cuales permanecieron tras la conquista (mudéjares), se realizó mediante el repartimiento de lotes de fincas rurales y urbanas de distinta importancia según la categoría social de los que habían intervenido en la toma de cada una de las ciudades. La convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos produjo un intercambio cultural de altísimo nivel (escuela de traductores de Toledo, tablas alfonsíes, obras de Raimundo Lulio) al tiempo que se abrían varios studium arabicum et hebraicum (Toledo, Murcia, Sevilla, Valencia, Barcelona) y los studia generalia que se convirtieron en las primeras universidades (Palencia, Salamanca, Valladolid, Alcalá, Lérida, Perpiñán).
A partir de las vísperas sicilianas (1282), la Corona de Aragón inició una expansión por el Mediterráneo en la que incorporó Cerdeña, Sicilia e incluso, brevemente, los ducados de Atenas y Neopatria. En competencia con Portugal, la Corona de Castilla optó por una expansión atlántica, basada en su control del Estrecho. En 1402 comenzó la conquista de las islas Canarias, hasta entonces habitadas exclusivamente por los guanches. La ocupación inicial fue llevada a cabo por señores normandos (Juan de Bethencourt) que rendían vasallaje al rey Enrique III de Castilla. El proceso de conquista no concluyó hasta 1496, culminado por la propia acción de la corona. El deslindamiento de las zonas de influencia portuguesa y castellana se acordó en el tratado de Alcaçovas (1479), que reservaba a los portugueses las rutas del Atlántico Sur y por tanto la circunnavegación de África que permitiera una ruta marítima hasta la India.
La gran mortandad provocada por la Gran Peste de 1348, particularmente grave en la Corona de Aragón, precedida de las malas cosechas del ciclo de 1333 (lo mal any primer), provocaron una gran inestabilidad tanto económica y social como política e ideológica. En Castilla se desató la Primera Guerra Civil Castellana (1351-1369) entre los partidarios de Pedro I el Cruel y su hermanastro Enrique II de Trastamara. En Aragón, a la muerte de Martín I el Humano, representantes de los tres Estados de la Corona eligieron como sucesor, en el Compromiso de Caspe (1412), a Fernando de Antequera, de la castellana Casa de Trastámara. La expansión mediterránea aragonesa continuó con la conquista del Reino de Nápoles durante el reinado de Alfonso V el Magnánimo. La crisis fue particularmente intensa en Cataluña, cuya expresión política fueron las disputas entre Juan II de Aragón y su hijo, Carlos de Viana, aprovechadas por las instituciones representativas del poder local (la Generalidad o comisión permanente de las Cortes y el Consejo de Ciento o regimiento de la ciudad de Barcelona) para manifestar el escaso poder efectivo que la monarquía aragonesa tenía sobre el particularismo (pactismo, foralismo) de cada uno de sus territorios, donde prevalecían las constituciones, usos y costumbres tradicionales (usatges, observancias) sobre la voluntad real. Simultáneamente estallaron las tensiones sociales entre la Busca y la Biga (alta y baja burguesía de la ciudad de Barcelona) y las revueltas de los payeses de remença (campesinos sometidos a un régimen de sujeción personal particularmente duro), todo lo cual hizo estallar la compleja Guerra Civil Catalana (1462-1472). El debilitamiento de Barcelona y Cataluña benefició a Valencia, que se convirtió en el puerto marítimo que centralizó la expansión comercial de la Corona de Aragón y alcanzó los 75 000 habitantes a mediados de siglo XV, con un auge cultural que permite definirlo como Siglo de Oro valenciano. El reino de Aragón, sin salida al mar y centrado en actividades fundamentalmente agropecuarias, limitó su desarrollo económico y social. Los privilegios de ricoshombres y nobleza laica y eclesiástica impidieron el desarrollo de una burguesía pujante, y su peso relativo en el equilibrio entre los Estados de la Corona aragonesa disminuyó.
En 1479, con la subida al trono de Fernando el Católico, segundo hijo y heredero de Juan II, y rey consorte de Castilla por su matrimonio con Isabel la Católica, las tensiones sociales se redujeron, incluida la conflictividad campesina (Sentencia Arbitral de Guadalupe, 1486). El creciente antisemitismo, estimulado por predicadores como San Vicente Ferrer o el Arcediano de Écija, había explotado en la revuelta antijudía de 1391, que al provocar conversiones masivas originó el problema converso: la discriminación de los cristianos nuevos por los cristianos viejos, que llegó incluso a la persecución violenta (revuelta anticonversa de Pedro Sarmiento en Toledo, 1449) y suscitó la creación de la Inquisición española (1478).
El matrimonio de Isabel y Fernando (1469), y la victoria del bando que les apoyaba en la Guerra de Sucesión Castellana, determinaron la unión dinástica de las coronas de Castilla y Aragón. La unificación territorial peninsular se incrementó con la Guerra de Granada (1482-1492) y la anexión de Navarra (1512), y se prosiguió la expansión territorial por el norte de África e Italia. La política matrimonial de los Reyes Católicos, que casaron a sus hijos con herederos de todas las casas reales de Europa occidental excepto con la francesa (Portugal, Inglaterra y los Estados Habsburgo) provocó una azarosa concentración de reinos en su nieto Carlos de Habsburgo (Carlos I como rey de España -1516-, Carlos V como emperador -1521-), que junto con la enorme dimensión territorial de la recientemente descubierta América (1492), convertida en un verdadero imperio colonial, hizo de la Monarquía Hispánica la más poderosa del mundo. En el mismo annus mirabilis de 1492 se decretó la expulsión de los judíos y apareció la Gramática castellana de Antonio de Nebrija.
El poder de los «imperiales» no se afianzó en Castilla sin vencer una fuerte oposición (Guerra de las Comunidades), que evidenció la centralidad de los reinos españoles en el Imperio de Carlos. A pesar de su triunfo en las guerras de Italia frente a Francia, el fracaso de la idea imperial de Carlos V (en gran medida causado por la oposición de los príncipes protestantes alemanes) llevó al emperador a planificar la división de sus Estados entre su hermano Fernando I (Archiducado de Austria e Imperio germánico) y su hijo Felipe II (Flandes, Italia y España, junto con el imperio ultramarino). La alianza entre los Austrias de Viena y los Austrias de Madrid se mantuvo entre 1559 y 1700. La hegemonía española se vio incluso incrementada con la unión ibérica con Portugal, mantenida entre 1580 y 1640; y fue capaz de enfrentarse a conflictos abiertos por toda Europa: las guerras de religión de Francia, la revuelta de Flandes (1568-1648, que terminó con la división del territorio en un norte protestante -Holanda- y un sur católico -los Países Bajos Españoles-) y el creciente poder turco en el Mediterráneo (frenado en la batalla de Lepanto, 1571). El dominio de los mares fue desafiado por holandeses e ingleses, que consiguieron resistir a la llamada Armada Invencible de 1588. Dentro de España se sofocaron con dureza las alteraciones de Aragón (1590) y la rebelión de las Alpujarras (1568). Esta fue una manifestación de la no integración de los moriscos, que no encontró solución hasta la radical expulsión de 1609, ya en el siguiente reinado, que en zonas como Valencia causó una grave despoblación y la decadencia de la productiva agricultura característica de este grupo social.
La revolución de los precios del siglo XVI fue provocada por la masiva llegada de plata a Castilla, que monopolizaba el comercio americano, y causó el hundimiento de las actividades productivas locales, mientras se realizaban importaciones de productos manufacturados europeos. La crisis del siglo XVII afectó especialmente a España, que bajo los llamados Austrias menores (Felipe III, Felipe IV y Carlos II) entró en una evidente decadencia. Simultáneamente, el arte y la cultura española vivía los momentos más brillantes del Siglo de Oro. Superada la coyuntura crítica de la crisis de 1640, en que estuvo a punto de disolverse (revuelta de los catalanes, revuelta de Masaniello en Nápoles, alteraciones andaluzas, independencia de Portugal), la Monarquía Hispánica se redefinió, ya sin Portugal y con la frontera francesa fijada en el tratado de los Pirineos (1659).
La Guerra de Sucesión Española (1700-1715) y los tratados de Utrecht y Rastadt determinaron el cambio de dinastía, imponiéndose en el trono la Casa de Borbón (con la que se mantuvieron los pactos de familia durante casi todo el siglo XVIII), aunque significara la pérdida de los territorios de Flandes e Italia en beneficio de Austria y onerosas concesiones en el comercio americano en beneficio de Inglaterra, que también retuvo Gibraltar y Menorca. Dentro de España se impuso un modelo político que adaptaba el absolutismo y centralismo francés a las instituciones de la Corona de Castilla, que se impusieron en la Corona de Aragón (decretos de Nueva Planta). Únicamente las provincias vascas y Navarra mantuvieron su régimen foral. En el contexto de una nueva coyuntura de crecimiento, se procuró la reactivación económica y la recuperación colonial en América, con medidas mercantilistas en la primera mitad del siglo, que dieron paso al nuevo paradigma de la libertad de comercio, ya en el reinado de Carlos III. El motín de Esquilache (1766) permite comparar el diferente grado de desarrollo sociopolítico con Francia, que en una coyuntura hasta cierto punto similar desembocó en la Revolución, mientras que en España la crisis se cerró con la sustitución del equipo de ministros ilustrados y el freno de su programa reformista, la expulsión de los jesuitas y un reequilibrio de posiciones en la corte entre las facciones de golillas y manteístas.
La Edad Contemporánea no empezó muy bien para España. En 1805, en la batalla de Trafalgar, una escuadra hispano-francesa fue derrotada por el Reino Unido, lo que significó el fin de la supremacía española en los mares en favor del Reino Unido, mientras Napoleón Bonaparte, emperador de Francia que había tomado el poder en el país galo en el complejo escenario político planteado tras el triunfo de la Revolución Francesa, aprovechó las disputas entre Carlos IV y su hijo Fernando y ordenó el envío de su poderoso ejército a España en 1808. Su pretexto era invadir Portugal, para lo que contaba con la complicidad del primer ministro del rey español, Manuel Godoy, a quien había prometido el trono de una de las partes en las que pensaba dividir el país luso. El emperador francés impuso a su hermano José I en el trono, lo que desató la Guerra de la Independencia Española, que duraría cinco años. En ese tiempo se elaboró la primera Constitución española, de marcado carácter liberal, en las denominadas Cortes de Cádiz. Fue promulgada el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, por lo que popularmente se la conoció como «la Pepa». Tras la derrota de las tropas de Napoleón, que culminó en la batalla de Vitoria en 1813, Fernando VII volvió al trono de España.
Durante el reinado de Fernando VII la Monarquía Española experimentó el paso del Antiguo Régimen al Estado Liberal. Tras su llegada a España, Fernando VII derogó la Constitución de 1812 y persiguió a los liberales constitucionalistas, dando comienzo a un rígido absolutismo. Mientras tanto, la Guerra de Independencia Hispanoamericana continuó su curso, y a pesar del esfuerzo bélico de los realistas, al concluir el conflicto únicamente las islas de Cuba y Puerto Rico, en América, seguían bajo gobierno español. Terminada la Década Ominosa y con el apoyo de los políticos liberales a la Pragmática Sanción de 1830, España se organizó nuevamente en monarquía parlamentaria. De esta forma ambos procesos revolucionarios dieron origen a los nuevos Estados nacionales existentes en la actualidad. El final del reinado de Fernando VII señaló también la extinción del absolutismo en todo el mundo hispánico.
La muerte de Fernando VII en 1833 abrió un nuevo período de fuerte inestabilidad política y económica. Su hermano Carlos María Isidro, apoyado en los partidarios absolutistas, se rebeló contra la designación de Isabel II, hija de Fernando VII, como heredera y reina constitucional, y contra la derogación del Reglamento de sucesión de 1713, que impedía la sucesión de mujeres en la Corona. Estalló así la Primera Guerra Carlista. El reinado de Isabel II se caracterizó por la alternancia en el poder de progresistas y moderados, si bien esta alternancia estaba más motivada por los pronunciamientos militares de ambos signos que por una pacífica cesión del poder en función de los resultados electorales.
La Revolución de 1868, denominada «la Gloriosa», obligó a Isabel II a abandonar España. Se convocaron Cortes Constituyentes que se pronunciaron por el régimen monárquico y, a iniciativa del general Juan Prim, se ofreció la Corona a Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia. Su reinado fue breve por el cansancio que le provocaron los políticos del momento y el rechazo a su persona de importantes sectores de la sociedad, a lo que se sumó la pérdida de su principal apoyo, el mencionado general Prim, asesinado antes de que Amadeo llegara a pisar en España. Seguidamente se proclamó la Primera República, que tampoco gozó de larga vida, aunque sí muy agitada: en once meses tuvo cuatro presidentes: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Durante este convulso período se produjeron graves tensiones territoriales y enfrentamientos bélicos, como la declaración de independencia del Cantón de Cartagena, máximo exponente del cantonalismo. Finalizó esta etapa en 1874 con los pronunciamientos de los generales Martínez-Campos y Pavía, que disolvió el Parlamento.
La Restauración borbónica proclamó rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II. España experimentó una gran estabilidad política gracias al sistema de gobierno preconizado por el político conservador Antonio Cánovas del Castillo, que se basaba en el turno pacífico de los partidos Conservador (Cánovas del Castillo) y Liberal (Práxedes Mateo Sagasta) en el gobierno. En 1885 murió Alfonso XII y se encargó la regencia a su viuda María Cristina, hasta la mayoría de edad de su hijo Alfonso XIII, nacido tras la muerte de su padre. La rebelión independentista de Cuba en 1895 indujo a los Estados Unidos a intervenir en la zona. Tras el confuso incidente de la explosión del acorazado USS Maine el 15 de febrero de 1898 en el puerto de La Habana, los Estados Unidos declararon la guerra a España. Derrotada por la nación norteamericana, España perdió sus últimas colonias: Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico.
El siglo xx comenzó con una gran crisis económica y la subsiguiente inestabilidad política. Hubo un paréntesis de prosperidad comercial propiciado por la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial, pero la sucesión de crisis gubernamentales, la marcha desfavorable de la Guerra del Rif, que se agudizó como consecuencia de la oposición tribal autóctona al Protectorado español de Marruecos, la agitación social y el descontento de parte del ejército, desembocaron en el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923. Estableció una dictadura militar que fue aceptada por gran parte de las fuerzas sociales y por el propio rey Alfonso XIII. Durante la dictadura se suprimieron libertades y derechos, lo que sumado a la difícil coyuntura económica y el crecimiento de los partidos republicanos, hicieron la situación cada vez más insostenible. En 1930 Primo de Rivera presentó su dimisión al rey y se marchó a París, donde murió al poco tiempo. Le sucedió en la jefatura del Directorio el general Dámaso Berenguer y después, por breve tiempo, el almirante Aznar. Este período es conocido como «dictablanda».
Decidido a buscar una solución a la situación política y establecer la Constitución, el rey propició la celebración de elecciones municipales el 12 de abril de 1931. Estas dieron una rotunda victoria a las candidaturas republicano-socialistas en las grandes ciudades y capitales de provincia, si bien el número total de concejales era mayoritariamente monárquico. Las manifestaciones organizadas exigiendo la instauración de una república democrática llevaron al rey a abandonar el país y a la proclamación de la misma el 14 de abril de ese mismo año. Durante la Segunda República se produjo una gran agitación política y social, marcada por una acusada radicalización de izquierdas y derechas. Los líderes moderados fueron boicoteados y cada parte pretendió crear una España a su medida. Durante los dos primeros años, gobernó una coalición de partidos republicanos y socialistas. En las elecciones celebradas en 1933 triunfó la derecha y en 1936, la izquierda. Los actos violentos durante este período incluyeron la quema de iglesias, la sublevación monárquica del militar José Sanjurjo, la Revolución de 1934 y numerosos atentados contra líderes políticos rivales. Por otra parte, es también durante la Segunda República cuando se inician importantes reformas para modernizar el país —Constitución democrática, reforma agraria, reestructuración del ejército, primeros Estatutos de Autonomía…— y se amplían los derechos de los ciudadanos como el reconocimiento del derecho a voto de las mujeres, instaurándose el sufragio universal.
El 17 y 18 de julio de 1936 se sublevaron contra el gobierno de la República las guarniciones militares del África española, golpe de Estado que triunfó solo en parte del país. España quedó dividida en dos zonas: una bajo la autoridad del Gobierno republicano —en la que se produjo la Revolución social de 1936— y otra controlada por los sublevados. La situación desembocó en la Guerra Civil Española, en la que el general Francisco Franco fue investido jefe supremo de los sublevados. El apoyo alemán de Hitler e italiano de Mussolini a los sublevados, más firme que el soporte soviético de Stalin y mexicano de Lázaro Cárdenas a los republicanos, y los continuos enfrentamientos entre las distintas facciones republicanas, entre otras razones, desembocaron en la victoria de los franquistas el 1 de abril de 1939.
La victoria del general Franco supuso la instauración de un régimen dictatorial. El desarrollo de una fuerte represión sobre los vencidos obligó al exilio a miles de españoles y condenó a otros tantos a la muerte o al encarcelamiento. El apoyo de España a las Potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial la condujo a un aislamiento internacional de carácter político y económico. No obstante, el anticomunismo del régimen español hizo que durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados, el régimen franquista fuera tolerado y finalmente reconocido por las potencias occidentales. A finales de los años 1950 finalizó su aislamiento internacional con la firma de varios acuerdos con los Estados Unidos que permitieron la instalación de bases militares conjuntas hispano-estadounidenses en España. En 1956, Marruecos, que había sido protectorado español y francés, adquirió su independencia y se puso en marcha un plan de estabilización económica del país. Ese mismo año Franco decide participar en la Revolución húngara con el envío de armas e incluso con un desembarco de unos 100000 soldados. Finalmente, solo pudo haber un apoyo monetario y de alimentos pues no había manera de llegar al país magiar si no haciendo escala en países contrarios al Régimen. En 1968, Franco concedió la independencia a la Guinea Española y al año siguiente nombró a Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, como su sucesor a título de rey. A pesar de que el régimen mantuvo una férrea represión contra cualquier oposición política, España experimentó un desarrollo industrial y económico muy importante durante los años 60 y 70.
Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y Juan Carlos I fue proclamado rey dos días después. Se abrió entonces un período conocido como transición a la democracia. Adolfo Suárez fue nombrado presidente del Gobierno por el rey y consiguió aprobar la Ley para la Reforma Política en las Cortes franquistas. En 1977 se celebraron elecciones democráticas. En 1978 se promulgó la Constitución española que estableció un Estado social y democrático de derecho con la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. En 1979, tras las primeras elecciones bajo la nueva constitución, la coalición centrista Unión de Centro Democrático (UCD) obtuvo mayoría simple en el Congreso de los Diputados y Adolfo Suárez fue investido presidente de Gobierno. El 29 de enero de 1981 dimitió por presiones internas de su propio partido.
Durante este periodo la banda terrorista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) cometió un gran número de atentados, especialmente contra miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad, así como otros de carácter indiscriminado. Durante la sesión de votación de investidura del sucesor de Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD), el 23 de febrero de 1981, tuvo lugar un intento de golpe de Estado promovido por altos mandos militares. El Palacio de las Cortes fue tomado por el teniente coronel Antonio Tejero, pero la intentona golpista fue abortada el mismo día por la intervención del rey Juan Carlos en defensa del orden constitucional. En 1981 se firmó en Bruselas el protocolo de adhesión de España a la OTAN, dando inicio al proceso de integración en la Alianza que terminó en la primavera de 1982, durante el Gobierno de UCD.
En las elecciones generales de 1982 venció por mayoría absoluta el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) liderado por Felipe González, que fue nombrado presidente del Gobierno y se mantuvo en el poder durante cuatro legislaturas. En 1986, España se incorporó a la Comunidad Económica Europea, precursora de la Unión Europea, y se celebró un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN en el que ganó el sí. En 1992, España apareció de forma llamativa en el escenario internacional, ofreciendo una imagen de un país sólido y moderno, con la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, la declaración de Madrid como Ciudad Europea de la Cultura y la celebración en Sevilla de la Exposición Universal.
Durante este período se produjo una profunda modernización de la economía y la sociedad españolas, caracterizada por las reconversiones industriales y la sustitución del modelo económico tardofranquista por otro de corte más liberal —lo que condujo a tres importantes huelgas generales—, la generalización del pensamiento y los valores contemporáneos en la sociedad española, el desarrollo del Estado autonómico, la transformación de las fuerzas armadas y el enorme desarrollo de las infraestructuras civiles —como la multiplicación de la red de autovías—. Sin embargo, hubo también una situación de elevado desempleo y hacia el final del mismo se produjo un importante estancamiento económico, que no inició su recuperación hasta 1999 —cuando la tasa de desempleo descendió del 23 % al 15 %—. 1994 y 1995 fueron dos de los peores años en democracia por la multiplicación y descubrimiento de los casos de corrupción: el terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el caso Roldán, las escuchas del CESID, etc.
En las elecciones generales anticipadas de 1996 venció el Partido Popular (PP) abriendo una nueva etapa política en España. No obstante, no obtuvo la mayoría absoluta por lo que José María Aznar tuvo que pactar con los partidos nacionalistas para poder ser investido presidente de Gobierno. Su Gobierno tuvo ante sí un reto clave: la mejora de los datos económicos que permitiera a España formar parte de los países miembros de la Unión Europea que compartirían la nueva moneda única, el euro, hito conseguido a finales de 1997. El terrorismo de ETA continuó activo. El 10 de julio de 1997 ETA secuestró al concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco y amenazó con asesinarle si el Gobierno no cumplía sus exigencias. Dos días después, los etarras acabaron con su vida. Su muerte provocó un multitudinario movimiento de repulsa en el País Vasco y en el resto de España conocido como el Espíritu de Ermua.
El siglo XXI empezó con una brutal escalada terrorista de ETA en el año 2000 y con los efectos de los ataques terroristas del 11-S en Estados Unidos, que provocaron que España apoyara las intervenciones militares estadounidenses en Afganistán (2001) e Irak (2003). Esta última se realizó sin el apoyo de la ONU y pese a recibir múltiples manifestaciones en contra por parte de la opinión pública española y mundial.
En 2002 el euro entró en circulación en España y en otros once países que conformaron la eurozona, sustituyendo a la peseta y a las respectivas monedas nacionales. Este cambio monetario provocó la subida encubierta de los precios. Entre 1994 y 2007 se produjo una importante expansión de la economía española, basada fundamentalmente en el sector de la construcción. A finales del siglo XX y a lo largo del siglo XXI España recibió una gran cantidad de inmigrantes de países iberoamericanos como Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú o República Dominicana, así como de diferentes zonas de África, Asia y Europa. El fuerte crecimiento económico de tipo expansivo que presentó el país desde 1993 requirió una gran cantidad de mano de obra.
El jueves 11 de marzo de 2004 se produjeron en Madrid los atentados del 11M, el mayor atentado terrorista de la historia de España, que provocó la muerte de 192 personas y cerca de 1500 heridos. Se produjeron diez explosiones casi simultáneas en cuatro trenes en hora punta de la mañana en la red ferroviaria de cercanías de Madrid. Los ataques fueron revindicados por la organización terrorista islámica Al Qaeda. La consternación social ante los atentados y ante la discutida reacción del Gobierno causó una enorme movilización popular, en la que 11 millones de ciudadanos se manifestaron por las calles de casi todas las ciudades del país. Tres días después de los atentados se celebraron las elecciones generales de 2004. La agitación popular resultó definitiva en la resolución de las elecciones en las que el PSOE obtuvo la victoria. José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en el quinto presidente del Gobierno.
Con Zapatero como presidente del Gobierno se retiraron las tropas españolas que combatían en Irak. Ello ocasionó un considerable enfriamiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Se firmó la Constitución Europea y se realizó el referéndum de la Constitución Europea, en el que los ciudadanos españoles aprobaron el tratado. Sin embargo, el rechazo en referéndum en Francia y Holanda hizo que fracasara. También se aprobó el matrimonio homosexual, entre otras reformas de carácter social prometidas en el programa electoral de los socialistas.
El 22 de marzo de 2006, la organización terrorista ETA anunció su segundo alto al fuego, que rompió el 30 de diciembre de ese mismo año con la colocación de una furgoneta bomba en la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, atentado en el que dos personas perdieron la vida.
Las elecciones de 2008 dieron la victoria de nuevo al PSOE y Zapatero formó su segundo Gobierno. Estas elecciones consolidaron y reforzaron el bipartidismo: los dos grandes partidos ocuparon 323 de los 350 escaños del Congreso. Ese mismo año se celebró en Zaragoza la Expo 2008, cuyo eje temático fue el agua y el desarrollo sostenible. La Gran Recesión mundial y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria provocaron una gravísima crisis económica en España. A partir de mayo de 2011 aparecieron movimientos sociales conocidos como «indignados» o 15-M que reclamaban una democracia más participativa. En septiembre se reformó la constitución con el objeto de garantizar la estabilidad presupuestaria de la administración pública. El 20 de octubre de 2011, la organización terrorista ETA anunció el «cese definitivo de su actividad armada» e hizo efectiva su disolución el 3 de mayo de 2018.
Ante la difícil situación económica, se celebraron elecciones generales anticipadas en 2011 en las que el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta y Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno. Rajoy tuvo que afrontar una situación económica y social particularmente difícil, tensiones territoriales en Cataluña y un creciente descrédito de la clase política. En 2012, aprobó un severo plan de recortes sociales y en junio solicitó a la Unión Europea el rescate de las entidades financieras, tras la quiebra de Bankia. En el primer trimestre de 2013, el número de parados en España tocó techo al superarse por primera vez los seis millones de desempleados.
El 2 de junio de 2014, el rey Juan Carlos I expresó su intención de abdicar la Corona en favor de su hijo. Felipe VI fue proclamado rey de España ante las Cortes Generales el 19 de junio del mismo año, tras hacerse efectiva la abdicación.
Las elecciones generales de 2015 vio la entrada de dos nuevos partidos: Podemos y Ciudadanos, conduciendo a un escenario de cuatro partidos que no consiguieron investir a un presidente del Gobierno. Rajoy rechazó ir a la investidura y el socialista Pedro Sánchez fracasó en su intento. En 2016, se volvieron a celebrar elecciones generales con resultados parecidos. Rajoy, apoyado por Ciudadanos, se presentó a la investidura pero fue rechazado. Finalmente, la abstención de un PSOE sumido en una profunda crisis interna permitió a Rajoy ser investido y formar su segundo Gobierno luego de diez meses de Gobierno en funciones.
España volvió a ser víctima de un atentado yihadista en Cataluña cuando en los días 17 y 18 de agosto de 2017, terroristas del Estado Islámico asesinaron a 16 personas en Barcelona y Cambrils.
El 1 de octubre, se realizó un referéndum de independencia de Cataluña no reconocido por el Estado; el parlamento catalán proclamó la independencia (27 octubre) y el Gobierno aplicó el artículo 155 de la Constitución y convocó elecciones autonómicas; el presidente del gobierno de Cataluña Carles Puigdemont huyó del país y fue detenido en Alemania en marzo de 2018, pero la Justicia alemana le negó a España la extradición.
El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno tras una moción de censura a Rajoy. Aún sin una mayoría parlamentaria estable, el PSOE venció en las elecciones generales anticipadas del año siguiente, pero el fracaso en la investidura de Sánchez, vuelve a llevar a los españoles a las urnas (por cuarta vez desde 2015), en unas elecciones que vuelve a ganar el PSOE. Durante esos meses de gobierno en funciones, cabe resaltar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y la sentencia del Tribunal Supremo a los miembros del procés que derivaron en una semana de protestas en Cataluña.
En enero de 2020, Sánchez fue investido presidente y formó el primer gobierno de coalición desde la Segunda República con Unidas Podemos. En el mes de marzo, el país, como el resto del planeta, sufrió la pandemia de COVID-19, lo que provocó la declaración del estado de alarma con medidas de severa restricción al movimiento de personas y la actividad económica, los españoles permanecerían semanas en cuarentena.
España es un Estado social y democrático de derecho que tiene como forma política la monarquía parlamentaria. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
El jefe de Estado es el rey, quien arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, además de simbolizar la unidad y permanencia de la nación. En cualquier caso, no tiene iniciativa propia en sus actos políticos, dado que no es responsable de ellos y siempre deben estar refrendados por la autoridad política competente.
El poder ejecutivo —la política interior y exterior y la administración civil y militar—, así como la potestad reglamentaria, son ejercidos por el Gobierno. El Consejo de Ministros es presidido por el presidente del Gobierno, que designa a sus ministros y tiene las funciones propias de un jefe de Gobierno en un sistema parlamentario. Es responsable ante las Cortes Generales. Al comienzo de cada legislatura, el rey realiza una ronda de consultas con los líderes de los grupos políticos y propone a un candidato a la Presidencia del Gobierno. El Congreso de los Diputados vota la investidura del presidente del Gobierno, que requiere de mayoría absoluta en primera votación o de mayoría simple en segunda votación. Hasta ahora siempre ha resultado elegido presidente del Gobierno el líder del partido o coalición preelectoral que ha obtenido un mayor número de votos y escaños. Aunque es posible la formación de un gobierno de coalición, desde 1977 todos los gobiernos han sido «monocolores» —formados por un solo partido o coalición preelectoral—, incluso aunque solo dispusieran del respaldo parlamentario de una mayoría relativa. El Congreso de los Diputados puede deponer al presidente del Gobierno mediante una moción de censura constructiva en la que se determina quién le sustituye en su puesto.
El poder legislativo es ejercido por las Cortes Generales, el órgano supremo de representación del pueblo español. Las Cortes Generales son un parlamento bicameral compuesto por el Congreso de los Diputados —Cámara Baja— y el Senado —Cámara Alta—. Las elecciones generales se celebran cada cuatro años por sufragio universal, en el que tienen derecho al voto los españoles mayores de 18 años. El Congreso de los Diputados está formado por 350 miembros elegidos mediante escrutinio proporcional plurinominal con listas cerradas y bloqueadas. Los escaños se reparten entre las candidaturas mediante el sistema D'Hondt. La circunscripción electoral es la provincia. El Senado es la cámara de representación territorial y cuenta actualmente con 266 miembros elegidos mediante un sistema mixto, 208 de elección directa y 58 designados. Los senadores de elección directa son elegidos mediante escrutinio mayoritario plurinominal parcial con listas abiertas. Los senadores designados son elegidos por los órganos legislativos autonómicos, en momentos distintos a los de las elecciones generales, también por un período de cuatro años.
El poder judicial está formado por el conjunto de juzgados y tribunales, integrado por jueces y magistrados, que tienen la potestad de administrar justicia en nombre del rey. Los jueces son funcionarios de carrera cuya cúspide es la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes excepto en materia de garantías constitucionales, gobernados por el Consejo General del Poder Judicial, que controla sus nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Los miembros de esa institución, así como los del Tribunal Constitucional —que como órgano constitucional ajeno al poder judicial resuelve los recursos de inconstitucionalidad y los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas del país—, son elegidos por distintas instancias políticas; lo que ha devenido en una vinculación implícita de cada uno ellos al partido político que los designa, en contradicción con su teórica independencia, circunstancia explícitamente puesta de manifiesto por los medios de comunicación y el debate político e intelectual.
Palacio de las Cortes, sede del Congreso de los Diputados.
Palacio de la Moncloa, residencia oficial del Presidente del Gobierno.
Convento de las Salesas Reales, sede del Tribunal Supremo.
España es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1986.
Además, forma parte de organizaciones internacionales como ser la Organización de las Naciones Unidas (desde el 14 de diciembre de 1955), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (desde el 30 de mayo de 1982) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; continentales como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el tratado de la Unión Europea Occidental y de la Agencia Europea de Defensa; y organizaciones que estrechan lazos históricos y culturales del vínculo transatlántico como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Unión Latina, la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la ABINIA.
El Gobierno español contribuye a la financiación de la ONU en un 2,52 % de su presupuesto anual (2006).
Las Fuerzas Armadas Españolas son las responsables de la defensa nacional, que según lo establecido en el artículo octavo de la Constitución, tienen por cometido «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».
Estas se han dividido tradicionalmente en tres armas: el Ejército de Tierra, la Armada, y el Ejército del Aire. En la actualidad, a estas armas se suman la Guardia Real —un cuerpo protocolario segregado, al servicio del rey, que realiza labores fundamentalmente de seguridad— y la Unidad Militar de Emergencias —un cuerpo integrante que tiene por misión intervenir de forma rápida en cualquier lugar del territorio nacional en caso de catástrofe u otras necesidades públicas—, estando ambas formadas por personal de los tres ejércitos principales.
España es una de las naciones más importantes de la Fuerza de la Unión Europea (EUFOR) y del Eurocuerpo. Asimismo, ocupa una posición destacada en la estructura de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en la que ingresó en 1982. Además, posee la sexta armada más poderosa, el cuerpo de Infantería de Marina más antiguo del mundo y las dos unidades militares permanentes más antiguas del mundo: el Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey n.º 1 y el Regimiento de Infantería Ligera «Soria» n.º 9.
En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos (HRC), España ha firmado o ratificado:
En la firma y ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT) y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), España ha reconocido la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial perteneciente a la Comisión de Derechos Humanos.
España es en la actualidad lo que se denomina un «Estado de las autonomías» o «Estado autonómico», un país formalmente unitario que funciona como una federación sui géneris descentralizada de comunidades autónomas, cada una de ellas con diferentes niveles de autogobierno. Las diferencias dentro de este sistema se deben a que el proceso de traspaso de competencias del centro a la periferia fue pensado en un principio como un proceso asimétrico, que garantizase un mayor grado de autogobierno solo a aquellas comunidades que buscaban un tipo de relación más federalista con el resto de España (Andalucía, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco). Por otro lado, el resto de comunidades autónomas dispondría de un menor autogobierno. A pesar de ello, a medida que fueran pasando los años, otras comunidades como Comunidad Valenciana o Canarias fueran adquiriendo gradualmente más competencias.
Hoy en día, España está considerada como uno de los países europeos más descentralizados, ya que todos sus diferentes territorios administran de forma local sus sistemas sanitarios y educativos, así como algunos aspectos del presupuesto público; algunos de ellos, como el País Vasco y Navarra, además administran su financiación pública sin casi contar (a excepción del cupo) con la supervisión del gobierno central español. En el caso de Cataluña, Canarias, Navarra y el País Vasco, están equipados con sus propios cuerpos policiales, totalmente operativos y completamente autónomos que reemplazan las funciones de la Policía Nacional en estos territorios, salvo en Navarra y Canarias, todavía en proceso de traspaso.
España es una nación organizada territorialmente en diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. El Título VIII de la Constitución establece la organización territorial del Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas, estas con competencias para gestionar sus propios intereses con un amplio nivel de autonomía, poderes legislativos, presupuestarios, administrativos y ejecutivos en las competencias exclusivas que el Estado les garantiza a través de la Constitución y de cada Estatuto de Autonomía. Aunque Navarra no se constituyó propiamente en comunidad autónoma, siendo de iure una comunidad foral, y no habiendo desarrollado un Estatuto de Autonomía, sino articulando un amejoramiento de sus fueros tradicionales, es considerada comunidad autónoma a todos los efectos, según la interpretación del Tribunal Constitucional.
Cada comunidad autónoma está formada por una o varias provincias, haciendo un total de cincuenta.
Desde 2003 se ha adoptado la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas, o unidades NUTS, de tres niveles, con fines meramente estadísticos basados en las normativas europeas y fijados por el Eurostat. Las cincuenta provincias españolas y las dos ciudades autónomas se encuentran clasificadas en los niveles NUTS-3; las diecisiete comunidades autónomas se encuentran clasificadas en los niveles NUTS-2; y para los niveles NUTS-1 se han creado los grupos de comunidades autónomas.
España reclama históricamente la retrocesión de la colonia, actualmente con estatus de territorio británico de ultramar, de Gibraltar, si bien se ha mostrado últimamente favorable a fórmulas de soberanía compartida. La reclamación comenzó desde el momento en que tropas angloholandesas tomaron la plaza en nombre del archiduque Carlos durante la Guerra de Sucesión Española (1704), pasando posteriormente a manos británicas mediante el Tratado de Utrecht (1713). La reivindicación, que incluyó operaciones militares, fue particularmente intensa durante el siglo XVIII, languideció durante el XIX y la primera mitad del XX y fue llevada por el gobierno franquista a la Organización de las Naciones Unidas durante la década de 1960. Allí, encuadrada en los procesos descolonizadores, España obtuvo el respaldo a su postura al reconocer las resoluciones al efecto (2231 y 2353) que el proceso descolonizador debía respetar el derecho a la integridad territorial de España y que los intereses, y no los deseos de los gibraltareños, debían ser respetados (véase Historia de Gibraltar). España no reconoce, sin embargo, la soberanía británica sobre el istmo que une el continente con el peñón.
Por otra parte, Portugal no reconoce la soberanía española sobre la comarca pacense de Olivenza, que incluye los municipios de Olivenza y Táliga (si bien no reclama activamente su soberanía), cedida por Portugal a España mediante el Tratado de Badajoz (1801). Las resoluciones del Congreso de Viena son interpretadas de forma divergente por ambos países. Mientras que Portugal estima que aquellas obligaban a España a devolver Olivenza, España opina que se trata de una simple declaración de buenos deseos, sin capacidad resolutiva, razón por la que Olivenza siguió unida a España. Finalmente, aunque España reconoce la soberanía portuguesa sobre las islas Salvajes (un diminuto archipiélago deshabitado en el Atlántico, a 160 kilómetros al norte de Canarias y a 280 al sur de Madeira), se opone a la pretensión de Portugal de establecer una zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas en torno al territorio, reconociendo solo 12 millas de mar territorial.
También la soberanía sobre la deshabitada isla de Perejil se encuentra disputada con Marruecos. Aunque desalojada tras el incidente armado de 2002, por acuerdo entre ambos países no se encuentra asentada allí ninguna fuerza militar o policial, sin que ninguna de las partes haya renunciado a sus pretensiones de soberanía. Por otra parte, Marruecos reclama informalmente la cesión de las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, así como las denominadas plazas de soberanía en el continente africano. Algunos movimientos irredentistas en Marruecos, como el Partido Istiqlal, reclaman la inclusión en el denominado Gran Marruecos de las islas Canarias.
En 1975, mediante el Acuerdo Tripartito de Madrid, el Estado español renunció formalmente a la administración del Sahara Occidental, territorio no autónomo según el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, pasando esta a ser temporalmente marroquí y mauritana. La propia ONU, en su documento S/2002/161, establece:
Por tanto, España seguiría siendo la potencia administradora sobre el territorio. Incluso en 2014, la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional española, en la investigación de dos causas en las que se investigan posibles crímenes de genocidio y lesa humanidad que habrían cometido altas autoridades marroquíes contra la población del territorio, estableció que «por la legalidad internacional, ese territorio no puede ser considerado marroquí» y, en consecuencia, «España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora», criterio que asumió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Situada en Europa Occidental y en el norte de África, ocupa la mayor parte de la península ibérica y, fuera de ella, dos archipiélagos principales (el de las islas Canarias en el océano Atlántico y el de las islas Baleares en el mar Mediterráneo), dos ciudades, Ceuta y Melilla, en el norte de África, la isla de Alborán y una serie de islas e islotes se encuentran frente a las costas peninsulares, como las islas Columbretes. Además, consta de territorios menores no continentales como las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera y el peñón de Alhucemas, todos frente a la costa africana.
En extensión territorial es el cuarto país de Europa, por detrás de Rusia, Ucrania y Francia, y el segundo de la Unión Europea.
Los límites físicos de España son los siguientes: al oeste, Portugal y el océano Atlántico; el mar Mediterráneo al este; el estrecho de Gibraltar, océano Atlántico y mar Mediterráneo al sur; y los Pirineos, junto con el golfo de Vizcaya en el mar Cantábrico al norte.
España tiene un clima muy diverso a lo largo de todo su territorio. Predomina el carácter mediterráneo en casi toda su geografía. Las costas del sur y mediterráneas tienen un clima denominado mediterráneo de costa que también posee el valle del Guadalquivir: temperaturas suaves, precipitaciones abundantes casi todo el año excepto en verano.
A medida que se adentra en el interior, el clima es más extremo debido a que se trata del clima mediterráneo continental, el cual abarca casi toda la península ibérica, temperaturas bajas en invierno, altas en verano y precipitaciones irregulares (dependiendo de la posición geográfica). Por lo general, las comunidades occidentales reciben más precipitaciones que las orientales. Así pues, Galicia y el Cantábrico poseen un clima oceánico, caracterizado por la abundancia de precipitaciones durante todo el año especialmente en invierno, y unas temperaturas frescas.
El clima de montaña se puede observar en altitudes altas, Cordillera Cantábrica, Montes de León, Pirineos, altos puntos de la Cordillera Ibérica, Sistema Central y Cordilleras Béticas, así como en altitudes altas en Canarias, donde se dan temperaturas bajas (inviernos fríos o muy fríos) y precipitaciones generalmente abundantes.
Los climas áridos o semiáridos (menos de 300 mm anuales) los encontramos en ciertos puntos peninsulares del este: Almería (famoso el desierto de Tabernas) o el parque natural del Cabo de Gata-Níjar (donde se registran menos de 200 mm anuales), Granada (Guadix), Murcia, Alicante y valle del Ebro donde el efecto Foehn es el principal causante de tan bajas precipitaciones.
El carácter subtropical es característico de las islas Canarias, con unas temperaturas cálidas durante todo el año y pocas precipitaciones (más abundantes en las islas occidentales). Sin embargo, este clima también se da en las costas sureñas de la península (Málaga, Granada, Almería), donde tienen temperaturas relativamente suaves durante todo el año, aunque las precipitaciones son algo más abundantes que en Canarias.
Todos los informes publicados por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC) establecen que España padecerá un incremento de las lluvias torrenciales, más olas de calor, un aumento de la salinidad del mar y nevadas menos copiosas.
El relieve de España se caracteriza por ser bastante elevado, con una altitud media de 660 metros, y montañoso si se compara con el resto de países de Europa, con excepción de Suiza, Austria y los microestados de Andorra y Liechtenstein, cuya altitud promedio es bastante mayor. En la España peninsular, el relieve se articula en torno a una gran Meseta Central que ocupa la mayor parte del centro de la península ibérica y que tiene una altitud media de 660 metros. Fuera de la meseta, está la depresión del río Guadalquivir, situada en el suroeste de la península, y la del río Ebro, en el noreste de la misma. Los principales sistemas montañosos son: Pirineos, sistema Ibérico, cordillera Cantábrica, Montes de León, sistema Central y cordilleras Béticas (Subbética y Penibética)
La vegetación de España varía en función de factores como el relieve, el clima o la latitud, entre otros. El territorio español se reparte en diferentes regiones fitogeográficas (boreoalpina, eurosiberiana, mediterránea y macaronésica —esta última, representada en España por las Islas Canarias—), cada una con características florísticas propias resultantes en buena medida de la interacción de diferentes factores bióticos y abióticos.
Dentro del territorio europeo, España cuenta con el mayor número de especies vegetales (7.600 plantas vasculares) de todos los países europeos.
La fauna de España presenta una amplia diversidad que se debe en gran parte la posición geográfica de la península ibérica, entre el Atlántico y el Mediterráneo; y entre África y Eurasia, y la gran diversidad de hábitats y biotopos, consecuencia de una variedad considerable de climas y regiones bien diferenciadas.
Ciertas especies autóctonas se han extendido por todo el mundo, como lo hizo en la Antigüedad el conejo (Oryctolagus cuniculus), animal que dio nombre a la propia España, o el canario (Serinus canaria) en la Edad Moderna.
Desde el año 1996, se han incrementado las emisiones de dióxido de carbono (CO2) notablemente, incumpliendo de largo con los objetivos del Protocolo de Kioto sobre el cambio climático sobre emisiones generadoras de efecto invernadero y contribuyentes del cambio climático. Los informes de medio ambiente sugeridos por las recomendaciones de revisión del inventario español llevados a cabo por la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (SCMCC) arrojan el siguiente resultado de dióxido de carbono (equivalente en gigagramos):
España es un país especialmente afectado por el fenómeno de la sequía: durante el período 1880-2000 más de la mitad de los años se han calificado como de secos o muy secos. En la década de los 80, siete años se han considerado secos o muy secos y cinco en los años 1990. El cambio climático preludia para España gravísimos problemas medioambientales, agravando los rasgos climáticos más extremos. Según el Premio Nobel de la Paz, Al Gore, España es el país europeo más vulnerable al cambio climático. Por otro lado, Ban Ki-moon ha pedido a España un «liderazgo todavía más activo» en la lucha contra el cambio climático.
Según la OMS, más del 23% de las muertes en el mundo, pueden estar causadas por la contaminación atmosférica. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en los países europeos podrían ser 800.000 las muertes prematuras al año, por diversos contaminantes en el aire. El CSIC, confirma la relación entre polución del aire y el riesgo de muerte. En España, si bien, los diferentes estudios sobre causas de muerte por contaminación, exponen cifras de 2.700 y hasta 30 000 muertes cada año, una cantidad cercana a 10 000 muertes prematuras al año, podría ser una cifra equilibrada.
España se encuentra geográficamente en el huso horario UTC±0:00, ya que por su territorio cruza el meridiano de Greenwich. Sin embargo, desde 1940 utiliza el huso UTC+1:00 —conocido como hora central europea—, excepto en Canarias, que por su ubicación tienen una hora menos (UTC±0:00). Asimismo, en verano se adelanta una hora (UTC+2:00).
La utilización de un horario que no es el correspondiente por zona geográfica proviene de la dictadura de Francisco Franco. Por orden publicada en el Boletín Oficial del Estado se consideró que el 16 de marzo de 1940 se adelantara la hora legal en sesenta minutos, «considerando la conveniencia de que el horario nacional marche de acuerdo con los de otros países europeos», lo que se traducía en situar a España en la órbita de sus aliados del Eje, Alemania e Italia.
El Instituto Nacional de Estadística estimó en 47 007 367 habitantes la población a 1 de enero de 2019. Del conjunto de población estimada, 41 982 103 eran de nacionalidad española, y 5 025 264 extranjeros, lo que representaba un 10,70 %. La densidad de población, de 93,14 hab./km², es menor que la de la mayoría de los otros países de Europa Occidental y su distribución a lo largo del territorio es muy irregular: las zonas más densamente pobladas se concentran en la costa, el valle del Guadalquivir (y en menor medida del Ebro) y la zona del área metropolitana de Madrid, mientras que el resto del interior se encuentra muy débilmente ocupado.
Población por municipio (2018)
Densidad de población (2018)
Crecimiento de la población entre 1998 y 2008
Crecimiento de la población entre 2008 y 2018
Población según datos del Instituto Nacional de Estadística.
La creación de entidades administrativas que agrupen a los municipios que constituyen un área metropolitana está en manos de las comunidades autónomas. Según datos del registro de Entidades Locales, a octubre de 2012, existían tres áreas metropolitanas constituidas, una en la provincia de Barcelona (Área metropolitana de Barcelona) y dos en la de Valencia (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos). El Área Metropolitana de Barcelona había sido suprimida en 1987 por la Generalidad de Cataluña. Según el Ministerio de Fomento, las áreas metropolitanas en sentido demográfico que sobrepasaban en 2013 los 700 000 habitantes son las siguientes:
Islas españolas por población, según datos del Instituto Nacional de Estadística (2018):
En los últimos años España presenta una considerable disminución en la tasa de inmigración neta, dejando de poseer una de las mayores tasas de inmigración de Europa (en 2005, de 1,5 % anual, solo superado en la UE por Chipre). En la actualidad[¿cuándo?] su tasa de inmigración neta es del 0,99 %, ocupando el puesto n.º 15 en la Unión Europea. Es además, el 9° país con mayor porcentaje de inmigrantes dentro de la UE, por debajo de países como Luxemburgo, Irlanda, Austria o Alemania. En 2005 recibió el 38,6 % de la inmigración extracomunitaria hacia la UE, sobre todo de ciudadanos de origen iberoamericano, de otros países de Europa Occidental, de Europa Oriental y del Magreb. En 2009, un 12 % de la población residente es de origen extranjero, con un mayor número de rumanos (796 576 personas), marroquíes (710 401) y ecuatorianos (413 715). Los ciudadanos de la Unión Europea representan un 40,5 % del total de ciudadanos extranjeros.
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Madrid
Barcelona
Valencia
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Zaragoza
Málaga
Murcia
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Las Palmas de G.C.
Bilbao
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Córdoba
Valladolid
Vigo
Gijón
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Hospitalet de Llobregat
Vitoria
La Coruña
Elche
Granada
Oviedo
Badalona
El idioma oficial y el más hablado en el conjunto de España, por un 99 % de la población, es el español, lengua materna del 89 % de los españoles, que puede recibir la denominación alternativa de castellano. La estimación del número de hablantes en todo el mundo va desde los 450 a los 500 millones de personas, siendo la segunda lengua materna más hablada tras el chino mandarín, y tercera si contamos los que lo hablan como segunda lengua. Se prevé que se afiance como segunda lengua de comunicación internacional tras el inglés en el futuro, y es la segunda lengua más estudiada tras el inglés.
Además se hablan otras lenguas que, de acuerdo con lo establecido por la Constitución, pueden ser oficiales en sus regiones si así lo establecen sus Estatutos de Autonomía. Ordenadas por número de hablantes nativos, estas lenguas son:
También se hablan una serie de lenguas o dialectos románicos que no tienen estatus de lengua oficial, aunque según los casos, sí diferentes grados de reconocimiento legal:
Por otra parte, el portugués en algunas localidades fronterizas extremeñas prácticamente ha desaparecido.[cita requerida]
España ratificó el 9 de abril de 2001 la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales del Consejo de Europa.
El artículo 16.3 de la Constitución define el Estado como aconfesional: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal». Sin embargo, garantiza la libertad religiosa y de culto de los individuos y asegura relaciones de cooperación entre los poderes públicos y las confesiones religiosas.
El catolicismo es la religión predominante en el país. La Iglesia católica es la única mencionada expresamente en la Constitución, en el mismo artículo 16.3 —«[…] y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones»—. Según el barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizado en febrero de 2017, el 68,4 % de los españoles se consideran católicos, los no creyentes suponen el 16,8 %, los ateos el 9,6 % y los adscritos a otra religión el 2,3 %. No obstante, el porcentaje de practicantes es mucho menor. Según el mismo estudio, los católicos o creyentes de otra religión que dicen no ir a misa o a otros oficios religiosos casi nunca son el 62,3 %, el 13,9 % dice ir varias veces al año, mientras el 12,1 % dice acudir a oficios religiosos casi todos los domingos y días festivos, el 8,6 % lo hace alguna vez al mes, y un 2,3 % dice acudir varias veces por semana. Por otra parte, según un estudio del 19 de abril de 2005 del New York Times, solo el 18 % de los españoles acude a misa de forma regular, y entre los menores de 30 años, ese porcentaje se reduce al 14 %. El estudio del CIS demuestra también el constante proceso de secularización de la sociedad española. Según el barómetro de opinión realizado en octubre de 2014, los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años que dicen ser no creyentes o ateos (50 %) superan en número a aquellos que manifiestan ser católicos (46 %). En España hay 32 556 922 católicos.
En cuanto a miembros, la segunda religión en importancia es el protestantismo, que suma cerca de 1 500 000 miembros. Le sigue la religión musulmana, de la cual se calcula que existen 1 919 141 fieles, procedentes fundamentalmente de las recientes olas de inmigración del norte de África. Destacan también los testigos de Jehová, con más de 191 000 fieles, y los mormones, que son alrededor de 20 000; por su parte, la comunidad judía en España no supera los 45 000 fieles. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, llegó a España en los años 60 y actualmente tiene unos 53 000 seguidores.
En España existe el concepto de religión de notorio arraigo, un estatus concedido por el Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Asuntos Religiosos tras el informe correspondiente de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Además del catolicismo, tienen el carácter de religiones de notorio arraigo las siguientes (por orden de acuerdo): protestantismo, judaísmo, islam (todas desde 1992), mormones, testigos de Jehová y budismo (con 85 000 fieles), esta última aceptada en 2007.
España es actualmente la decimotercera potencia económica mundial, pero ha llegado a ser la octava, e incluso la séptima según el PIB nominal. La economía española es una de las más abiertas de la eurozona y una de las economías con más internacionalización en sus productos financieros, servicios, etc. Tradicionalmente España ha sido un país agrícola y aún es uno de los mayores productores de Europa occidental, pero desde mediados de la década de 1950 el crecimiento industrial fue rápido y pronto alcanzó un mayor peso que la agricultura en la economía del país.
Una serie de planes de desarrollo, que se iniciaron en 1964, ayudaron a expandir la economía, pero a finales de la década de 1970 comenzó un periodo de recesión económica a causa de la subida de los precios del petróleo, y un aumento de las importaciones con la llegada de la democracia y la apertura de fronteras. Con posterioridad, se incrementó el desarrollo de las industrias del acero, astilleros, textiles y mineras. En la actualidad, la terciarización de la economía y de la sociedad española queda clara tanto en el producto interior bruto (contribución en 2005: un 67 %) como en la tasa de empleo por sectores (65 %). Los ingresos obtenidos por el turismo permiten equilibrar la balanza de pagos. Desde que España ingresó como miembro de pleno derecho en la Unión Europea las políticas económicas han evolucionado en función de esta gran organización supranacional (PAC, IFOP,...).
España es uno de los países industrializados con una de las más altas tasas de pobreza infantil, de acuerdo a un estudio realizado por la Unicef. En 2017, al menos 1 400 000 niños en España permanecen en situación de pobreza severa.
La agricultura fue hasta la década de 1960 el soporte principal de la economía española, pero actualmente emplea aproximadamente solo el 5 % de la población activa. Los principales cultivos son trigo, cebada, remolacha azucarera (betabel), maíz, patatas (papas), centeno, avena, arroz, tomates y cebolla. El país tiene también extensos viñedos y huertos de cítricos y olivos. En 2005 la producción anual (expresada en t) de cereales fue de 14 millones; de los cuales 3,8 fueron de trigo, 8,3 de cebada, 4 de maíz y 126 100 t de centeno. La producción anual de otros importantes productos era: 6,7 millones de toneladas de remolacha azucarera, 2,6 millones de patatas, 5,9 millones de uvas, 3,9 millones de tomates, casi 3 millones de naranjas, y algo menos de 1 millón de cebollas.
Las condiciones climáticas y topográficas hacen que la agricultura de secano sea obligatoria en una gran parte de España. Las provincias del litoral mediterráneo tienen sistemas de regadío desde hace tiempo, y este cinturón costero que anteriormente era árido se ha convertido en una de las áreas más productivas de España, donde es frecuente encontrar cultivos bajo plástico. En el valle del Ebro se pueden encontrar proyectos combinados de regadío e hidroeléctricos. Grandes zonas de Extremadura están irrigadas con aguas procedentes del Guadiana por medio de sistemas de riego que han sido instalados gracias a proyectos gubernamentales (Plan Badajoz y regadíos de Coria, entre otros). Las explotaciones de regadío de pequeño tamaño están más extendidas por las zonas de clima húmedo y por la huerta de Murcia y la huerta de Valencia.
En especial la ovina y la porcina, tiene una importante trascendencia económica. En 2005 la cabaña ganadera contaba con 22,7 millones de cabezas de ganado ovino, 25,1 millones de ganado porcino, 6,5 millones de ganado vacuno, 3 millones de ganado caprino, 240 000 cabezas de ganado caballar y 131 millones de aves de corral. En España se produjeron cerca de 32 millones de kilogramos de miel en el año 2001.
El corcho es el principal recurso forestal de España y en 2001 la producción fue de 57 581 toneladas. La producción de pulpa de papel y madera de los bosques españoles es insuficiente para cubrir las necesidades del país.
La industria pesquera es menos importante hoy para la economía española que en tiempos pasados, a pesar de que ocupa los primeros puestos entre los países europeos tanto por el volumen de su flota como el de las capturas. La captura anual ascendió a 1,2 millones de toneladas en 2004 y estaba formada principalmente por atún (26 % de almadraba, España pesca el 60 % de las capturas totales de la UE, casi 230 000 t, siendo el segundo productor mundial), calamares, merluza, sardinas (Vigo e Isla Cristina), anchoas (puertos del Cantábrico), caballa, pescadilla y mejillones. Desde hace unas décadas la acuicultura (marina y continental) ha tenido un gran desarrollo, destacando la cría de dorada, lubina, mejillón, truchas, rodaballo y salmón; la producción total en 2003 fue de 311 287 toneladas.
La minería española desde 1996 ha estado marcada por la reducción progresiva y obligada en la extracción de carbones, un cierto estancamiento en la minería metálica y el crecimiento constante de los minerales y rocas industriales (celestina, sulfato sódico, sepiolita, fluorita, yeso, feldespato, pizarra, mármol, granito…) cada vez con mayor peso en el sector minero. En 2003 la producción minera anual (en toneladas) englobaba unos 20,6 millones de carbón y lignito, 265 000 de mineral de hierro, 70 000 de concentrados de cinc, 2000 de plomo, 6,5 millones de yeso, y 2 409 554 barriles de petróleo crudo al año.
En 2001 los principales productos mineros energéticos fueron el lignito y la hulla; entre los minerales metálicos destacó el cinc y entre las rocas y minerales industriales, la sal común y las arcillas especiales. Las principales minas de carbón están en la provincia de Asturias, en el norte de la provincia de León y en la provincia de Teruel; los principales depósitos de mineral de hierro se encuentran alrededor de Santander y Bilbao; Almadén, en la provincia de Ciudad Real fue muy productiva en la extracción de mercurio; y Andalucía destaca por la minería metálica, con más de la mitad de la producción del país.
En España se producen, entre otros, textiles, hierro y acero, vehículos de motor, productos químicos, confección, calzado, barcos, refino de petróleo y cemento, destacando por su valor los sectores industriales de la alimentación, bebidas y del material de transporte, entre los que cabe destacar el sector del automóvil y el sector industrial aeronáutico. España arrojó una cifra de producción de 2 733 201 millones de vehículos en el año 2015, de los que el 80 % van destinados al mercado exterior. Suponen un peso del sector en el PIB del 7,6 %, empleando al 9 % de la población activa, entre empleos directos e indirectos. España es el primer productor mundial de vino, cava y aceite de oliva.
Es junto con Estados Unidos pionero en el incipiente sector de la gamificación, que es el arte de convertir en juegos problemas, de la empresa o la educación. Posee una combativa industria del videojuego con varias empresas con éxitos de títulos y colaboraciones con grandes estudios.
España ha tenido un importante peso en la modernización del ferrocarril y sobre todo los trenes modernos, siendo Talgo su principal actor, al crear su tren articulado, precursor de toda la industria posterior, que basa su desarrollo en su original solución. En la actualidad siguen produciendo en España, centrados en la alta velocidad y acompañados por otras empresas del sector de vagones, metros y tranvías, como CAF.
La industria siderúrgica, antes de su reconversión de la década de 1990, estuvo concentrada en Bilbao, Santander, Avilés y parte de Zaragoza, teniendo un gran peso para el país. La reconversión en el País Vasco se ha producido de manera inteligente, al invertir gran parte de los fondos recibidos en I+D. En Zaragoza, su especialización metalúrgica, además de su posición geográfica, favoreció la llegada de OPEL.No hubo tanto éxito con el fabricante de automóviles Santana Motor, en sus inicios Metalúrgica de Santa Ana, que, ubicada en Linares, se vio disuelta en 2011. Cabe destacar el Valle de Escombreras, en Cartagena, uno de los polos energéticos más importantes del país y que ha recibido la mayor inversión en industria de la historia de España.
En el sector industrial de la moda que engloba al textil y calzado, se ha de destacar a las industrias del grupo INDITEX, líder mundial textil e ideólogo de la moda accesible y de temporada, Camper y sus zapatos, que ha sabido sortear la crisis del sector, la cual ha causado estragos en Aranda, Elche, Mallorca y otras zonas productoras, así como Castañer, que ha sabido encontrar un hueco para sus alpargatas en la moda moderna. Mención especial merecen los ya fallecidos maestros diseñadores Balenciaga y Manuel Pertegaz.
El turismo es uno de los pilares de la economía española. En el año 2017, España fue el segundo país del mundo en afluencia de turistas extranjeros, según datos de la Organización Mundial del Turismo, por detrás de Francia y rebasando a Estados Unidos, lo que supone el quinto año consecutivo con récord de turistas. En total recibió 82 millones de turistas, casi un 9 % más que el año 2016. Desde 2012, España ha conseguido un aumento de 30 millones de turistas.
Entre las comunidades autónomas, Cataluña fue la comunidad que más turistas recibió con 18,2 millones. A esta le siguen las Islas Baleares con 13,7 millones, las Islas Canarias con casi 13 millones y Andalucía con 11 millones. Valencia y Madrid recibieron 8,5 y 6,2 millones de turistas respectivamente, mientras que las comunidades autónomas del País Vasco, Castilla y León y Galicia se aproximaron a los 1,5 millones.
Las regiones menos turísticas fueron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y La Rioja, siendo, además, las únicas que perdieron turistas con respecto al año anterior.
La Organización Mundial del Turismo tiene su sede en Madrid.
La unidad monetaria es el euro, emitido por el Banco de España en coordinación con el Banco Central Europeo. Desde el 1 de enero de 1999, el euro se vinculó al valor de la peseta, con un cambio fijo de 166,386 pesetas por euro. El 1 de enero de 2002, se introdujeron los billetes y monedas de euro, y el 28 de febrero del mismo año, la peseta dejó de circular, pudiendo los ciudadanos canjear sus divisas por euros en el Banco de España hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha límite marcada por la institución.
El país cuenta con un potente sistema bancario, con gran número de bancos comerciales y cajas de ahorros, que en total alcanzan una capitalización 183 740 000 000 euros. Dos bancos españoles se sitúan entre los cuarenta primeros del mundo por capitalización bursátil: el Grupo Santander (12.º) y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (34.º). Además, estos dos bancos se encuentras entre los cincuenta primeros del mundo por activos, 22.º y 46.º, respectivamente. Las principales bolsas se encuentran en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. En otras ciudades operan bolsines.
En 2013, España importó productos por valor de 250 195,2 millones de euros y las exportaciones ascendieron a 234 239,8 millones de euros, con un saldo comercial de -15 955,4 millones de la misma moneda, lo cual representa prácticamente la mitad que el año anterior. Entre las principales importaciones se encontraban: tecnología industrial; industria química (productos químicos); medio ambiente y producción energética; moda.Por lo que respecta a las principales exportaciones, tecnología industrial; industria química (productos químicos); moda; materias primas, semimanufacturas y productos intermedios.
Los principales intercambios comerciales de España tienen lugar con los demás países de la Unión Europea (destacando Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido y los países del Benelux), Estados Unidos en América, Argelia en África y China en Asia.
A partir de estos datos podemos destacar que la mayor parte del comercio de España con el resto del mundo se produce con los estados europeos, especialmente con los de la eurozona.
Los ingresos por turismo rozaron los 77 625 millones de euros en 2016 y el número de personas que visitó el país en ese mismo año fue de unos 75,6 millones, lo que le valió al país para mantenerse como tercera potencia mundial en visitantes internacionales; mientras que los españoles gastaron en sus desplazamientos al exterior unos 18 248 millones de euros, con una diferencia favorable de unos 59 400 millones de la misma moneda que ayudaron a compensar el déficit de la balanza comercial española.
Junto con la crisis económica de 1981 que llevó a la reconversión industrial y al desmantelamiento de gran parte de la industria pesada en España, pasando el sector servicios a ser una parte más importante de la economía, la crisis económica mundial comenzada en 2008 tuvo consecuencias especialmente graves en España. Uno de los motivos es que entre 1997 y 2008, la economía de país había experimentado una burbuja inmobiliaria muy importante, por lo que una gran parte del empleo dependía del sector de la construcción y sectores relacionados.
Inicialmente se produjo un gran desempleo, un estancamiento posterior y una nueva caída a partir del último trimestre de 2012. Como consecuencia de ese proceso, se alcanzaron tasas históricas de desempleo. La difícil situación de la economía llevó a una caída de los ingresos fiscales y a un aumento de ciertos gastos financieros, lo que llevó, primero al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y después al de Mariano Rajoy, a aplicar los recortes presupuestarios más drásticos desde la restauración de la democracia en el país en 1978. Esto fue acompañado de una crisis social, institucional, territorial y política, gran conflictividad social, un aumento de la pobreza y la desigualdad en el país.
En 2017, España tiene más del doble de «súper ricos» que antes de la crisis. 0,4 % de la población concentran casi la mitad del PIB del país.
El sector energético en España supone aproximadamente un cinco por ciento del Producto interior bruto del país, su importancia va más allá de su participación en la producción total, al constituir un sector de carácter estratégico del que necesitan todas las ramas de la actividad económica, siendo la energía considerada necesaria para cualquier clase de producción de bienes y servicios. Uno de los elementos más destacados del sector energético en España, en los dos últimos siglos, ha sido la escasez y pobreza de los recursos energéticos existentes en el territorio nacional. Esta escasez ha condenado tradicionalmente al sistema energético nacional a una situación de déficit y dependencia exterior. El grado de autoabastecimiento exterior se cifraba en 2008 en un 25 %, que se deriva de un consumo de energía primaria en 2008 de 142 070 ktep, con un descenso del 3,1 % sobre el de 2007 y una producción de solo 30 348 ktep.
La demanda energética en España desde el año 2002 ha ido creciendo en torno al 3,5 % anual, con algunas variaciones, como en el año 2003, con un crecimiento próximo al 7 %. Con un incremento de consumo desde los 211 500 GWh de 2002 a los 253 600 de 2006. En 2008, el 50 % de la energía producida en España fue de origen nuclear (15 368 Ktep o miles de toneladas equivalentes de petróleo), el 15 % procedió del carbón, el 6 % de la energía hidráulica y el 29 % de otras energías renovables.
En energías renovables, desde hace unos años en España es mayor la capacidad teórica de generar energía eólica que nuclear, con 16 740 MW instalados en 2008. En 2003 España llegó a ser el mayor productor mundial, pero se prevé que Estados Unidos, Alemania y China estarán por delante en 2010. España y Alemania también llegaron a producir en 2005 más electricidad desde los parques eólicos que desde las centrales hidroeléctricas. (Para más información, véase Energía eólica en España). Respecto a la energía solar fotovoltaica, a principios de 2013 la potencia instalada en España ascendía a 4381 MW. La producción de energía hidráulica en España puede llegar a los 2220 MW en 2010. La segunda mayor producción de la UE tras Italia. Según un informe de Ernst & Young de octubre de 2008, España es el quinto país del mundo más atractivo para invertir en energías renovables, tras Estados Unidos, Alemania, India y China.
España tenía un parque de 26 018 179 viviendas a finales del año 2011, según datos del Ministerio de Fomento de España, correspondiendo 17 909 691 a viviendas principales, mientras que el resto, 8 108 488 son viviendas secundarias.
Considerando la cifra global, indica un promedio de 1,55 viviendas por familia española. Según fuente del Banco de España, el 86 % de las viviendas en España son de propiedad y el restante 14 % se disfruta en régimen de alquiler o cesión.
El precio medio de la vivienda nueva es de 2212 €/m², según datos de la Sociedad de Tasación a 31 de diciembre de 2012. El precio de la vivienda, sin embargo, varía ostensiblemente en función de las comunidades autónomas y las capitales de provincia, encontrándose la de mayor valor en Cataluña (3146 €/m²), y en contraposición las de Extremadura y Murcia (1271 €/m²).
España cuenta con 51 aeropuertos situados en las distintas regiones, de los que 46 son operados por AENA. De ellos 33 son internacionales, donde operan más de 250 líneas aéreas, siendo el más importante el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras su ampliación, este pretende ser uno de los aeropuertos de conexión más importantes del mundo y tener una capacidad para 70 000 000 de viajeros (casi 30 millones más que en 2005). Barajas realiza un importante papel de «hub» o conexión entre capitales de provincia y el extranjero, principalmente entre Europa y América Latina. El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, tras la inauguración de la nueva Terminal T1 en 2008 cuenta con capacidad para 55 000 000 pasajeros, con lo que pretende llegar a ser el segundo aeropuerto más importante del sur de Europa.
Las vías y estaciones de la red de ancho ibérico son gestionadas por ADIF. En ellas ofrece sus servicios la compañía ferroviaria estatal Renfe Operadora. Además, existen diversas redes de ancho internacional (FGC) y algunas líneas de ancho métrico (FEVE). El sistema ferroviario español es fundamentalmente radial con centro en Madrid. La ciudad de Barcelona permite conectar España con París, Zúrich y Milán entre otras ciudades europeas.
Los servicios de Alta Velocidad Española (AVE) prestados por Renfe Operadora reducen a la mitad el tiempo de desplazamiento en coche y alcanzan más de 250 km/h. La velocidad máxima comercial de sus trenes es de 300 km/h y su velocidad punta es de 356,8 km/h.
La red de metro está disponible en diez ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Málaga, Granada y San Sebastián. En Zaragoza, Parla, Murcia, Barcelona, Tenerife, Sevilla, Sóller, Valencia, Barcelona, Bilbao, Vitoria y Madrid existen redes de tranvía, mientras que en Jaén, la Bahía de Cádiz, Alcalá de Guadaíra y Baracaldo están siendo construidos o en periodo de pruebas. En Dos Hermanas hay un proyecto de construcción de una línea tranviaria. La red de metro más extensa y con mayor número de pasajeros al año es la de Madrid (320 km de red y 685 millones de viajeros en 2008), seguida por la de Barcelona (166 km en 2021 y 407 millones de viajeros en 2018).
La red de carreteras española está formada por unos 370 000 km. Esta red comprende autopistas de peaje, autopistas libres, autovías, carreteras de doble calzada y carreteras convencionales. En esta cifra no están incluidas las carreteras y calles en medio urbano, ni las carreteras o caminos agrícolas o forestales. Pero refiriéndose a autopistas y autovías solamente, tiene una red que casi llega a los 13 200 km, lo que convierte a España en el tercer país del mundo en este aspecto, solo por detrás de Estados Unidos y China.
Asimismo, España goza de numerosas comunicaciones marítimas con más de 53 puertos internacionales en las costas atlántica y mediterránea. Cabe destacar el puerto de Algeciras, el único de España considerado de primer orden mundial por su elevado movimiento de viajeros y mercancías, así como el puerto de Vigo, siendo también uno de los más activos en cuanto a tráfico de mercancías, capturas vivas de pescado y congelados. El puerto de Sevilla es el único de carácter netamente fluvial que existe en el país, pues aunque la ciudad está en el interior, tiene salida al mar a través del río Guadalquivir. El vecino puerto de Cádiz es un punto estratégico para el embarque de mercancías hacia el archipiélago atlántico de Canarias. El puerto de Barcelona, por ser líder del Mediterráneo en tráfico de cruceros, y el segundo en ámbito mundial.
España posee una buena red de telecomunicaciones; a la extensa red de cable de fibra óptica convencional hay que añadir una de las mayores redes de cable submarino y conexión vía satélite con los cinco continentes.
El operador mayoritario en telefonía y acceso a Internet es la multinacional Telefónica, con sede en Madrid, que opera tanto en telefonía fija como móvil, y procede del monopolio estatal de la telefonía. Sin embargo, el mercado de telecomunicaciones está abierto a la competencia en todos sus sectores desde la ruptura del monopolio, en 1994 para la telefonía móvil con la aparición de Airtel (actualmente, Vodafone) y en 1998 en fija con la salida al mercado de Retevisión (actualmente, Vodafone).
En telefonía fija y acceso a Internet, en la actualidad existe un mercado de acceso por cable organizado por demarcaciones en la mayor parte de las cuales opera Vodafone, además de algunas empresas de ámbito regional en sus respectivas demarcaciones. Además, el operador dominante (Telefónica) está obligado a permitir a terceras empresas la prestación de servicios en su red mediante el alquiler de los pares de cobre de su propiedad y de espacio en sus centrales.
En telefonía móvil, existen cuatro operadores con red propia —Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo— y un número considerable de operadores móviles virtuales que se reparten un mercado en el que, desde 2006, hay oficialmente más líneas que habitantes. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor extensión y calidad de cobertura; según un estudio del Ministerio de Industria de 2006, el 98 % del territorio español cuenta con cobertura GSM, por delante de países como Francia, Italia o Alemania.
De acuerdo al Estudio General de Medios, realizado entre abril de 2015 y marzo de 2016 por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, la televisión es el principal medio de comunicación del país. Los tres principales operadores de televisión del país son la sociedad mercantil estatal Radio Televisión Española y los operadores privados Atresmedia Corporación y Mediaset España. Las principales cadenas generalistas en términos de audiencia en España son La 1, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta. Todas ellas que acaparan algo más del 50 % de cuota de pantalla. La lista se completa con el conjunto de cadenas digitales y canales públicos autonómicos agrupados en la FORTA. Tras efectuarse en 2010 el llamado «apagón analógico», el único sistema de transmisión de la señal es digital. A este respecto, existen tanto canales digitales de libre acceso como plataformas digitales de pago.
Los principales periódicos de pago no deportivos del país por lectores son El País y El Mundo, a los que se suman La Vanguardia, La Voz de Galicia, El Periódico y ABC, además del gratuito 20 minutos. En la prensa deportiva, destacan Marca, As, El Mundo Deportivo y Sport.
En cuanto a la radio, las emisoras principales del país son Cadena SER, COPE, Onda Cero y Radio Nacional de España.
Por lo que se refiere al tercer sector de la comunicación (medios de comunicación sin ánimo de lucro, principalmente locales, y dedicados a dar un servicio a su comunidad) muchos de ellos están agrupados en la Red de Medios Comunitarios, con sede en Cuac FM (La Coruña).
Los diferentes pueblos que pasaron por España a lo largo de la Historia, la situación fronteriza de la península ibérica entre dos continentes con tradiciones culturales diversas, el largo período de influencia política de la monarquía hispánica, y la expansión de la misma en el continente americano, han determinado que el acervo cultural y artístico de España sea uno de los más ricos, variados e influyentes de Occidente. Destaca la gran riqueza patrimonial que conserva España, tanto en yacimientos arqueológicos, templos, palacios, fortalezas, jardines históricos, conjuntos urbanos monumentales, patrimonio etnográfico o museos, entre los que están varios de los más conocidos y visitados del mundo, como el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía, como en otra serie de manifestaciones culturales.
España ha sido cuna de grandes autores en prácticamente todas las disciplinas artísticas, siendo muy relevante la aportación española al campo de la pintura, con genios de significación universal, como Velázquez, Goya, Pablo Picasso o Salvador Dalí, y de la literatura, que ha dado los nombres imprescindibles de Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo, Galdós o Lorca, entre otros muchos.
España está bien equipada en términos de una red de Infraestructura Científico y Técnica Singular (ICTS), habiendo proliferado en los últimos años los parques tecnológicos en las principales áreas industriales, así como en torno a las universidades y centros de investigación y desarrollo (I+D). Actualmente existen 41 parques tecnológicos (12 en funcionamiento y 29 en proyecto). En estos parques están establecidas 1080 empresas, 108 centros de I+D y 12 incubadoras. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el gasto en investigación se cifró, en 2013, en 13 012 millones de euros, lo que supone el 1,24 % del producto interior bruto. La administración pública disminuyó su gasto en un 4,7 % respecto a 2012, al igual que la enseñanza superior (-1,8 %) y el sector empresarial (-2,6 %).